miércoles, 13 de julio de 2011

Estrategias para hacer sostenible la inversión privada en minería

La nueva administración del estado peruano se encuentra diseñando estrategias para hacer sostenible la inversión privada en las actividades extractivas.
Está por descontada la importancia que se le atribuye a la necesidad de captar la inversión privada para generar crecimiento y desarrollo sostenible del país.
En la agenda pendiente del nuevo gobierno está el hacer sostenible la inversión privada.
Estado de situación previo al nuevo gobierno
  • Niveles de evasión tributaria en lo que respecta al Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) se encuentran en 37 % y 49 %.
  • Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, resuelve casos atrazados de hasta tres años, tiene miles de demandas por resolver -mayormente demandas de ciudadanos respecto a municipios   -  y para cobrar más de 14 mil millones de soles, de los cuales son recuperables sólo el 40 %.
  • Los organismos creados para manejar el tema ambiental respecto de las evaluaciones y fiscalizaciónes en las diversas cuencas no funcionaron adecuadamente, prueba de ello el incremento de conflictos socioambientales generados que en número de 118 fueron reportados de un total de 217 conflictos existentes en el país (Junio 2011).
  • Las cuencas de los ríos: Santa, Rímac, Llaucano y Mantaro, son los que albergan al mayor número de pasivos ambientales y no se cuenta con acciones efectivas que reduscan estos pasivos.
  • Los costos que demandan la remediación de pasivos ambientales mineros existentes no son considerados en forma integral - sólo alcanza al inventario nacional de minas inactivas - a efectos de recuperar los recursos naturales que son sustento de la existencia de las poblaciones locales.
  • Existen 49,141 concesiones en vigencia,ya sea para efectuar actividades de explotación o exploración de nuevos yacimientos mineros.
  • El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que a partir de julio del 2010 asumiera la supervisión y fiscalización ambiental de la gran y mediana minería formal, entre septiembre y diciembre del 2010 ha realizado más de 126 supervisiones a unidades mineras a nivel nacional, respecto de un universo de 169 unidades.
  • La administración del estado saliente estaría transfiriendo al nuevo gobierno una cartera de once (11) proyectos de gran minería que ejecuta el sector privado por US$ 16,589 millones, que cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados.
  • Existirían una cartera de proyectos mineros que superan los US$ 41,000 millones.
A todo lo mencionado, se le añade un artículo periodístico (Sistema para vigilar los vertimientos mineros a ríos es obsoleto) que resumiría en el siguiente párrafo lo descrito anteriormente:  "Las dos principales entidades estatales encargadas de evaluar y proteger nuestros ríos de la contaminación minera no cumplen a cabalidad su labor", refiriéndose al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) y a la Autoridad nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG).
Objetivos estratégicos 
  • Empoderamiento de la Autoridad Tributaria.
  • Aumentar la eficiencia en la recaudación de los tributos.
  • Empoderamiento de la Autoridad Ambiental.
  • Incrementar la eficiencia en la Regulación, Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Acciones sugeridas
  • No crear  ningún impuesto nuevo.
  • Empoderamiento de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para hacerla eficaz en la reducción de la evasión y elusión tributaria.
  • Creación de oficinas de conciliación previas para reducir las cargas procesales del Tribunal Fiscal a nivel de los gobiernos Regionales.  
Algunas propuestas adicionales

  • La inversión privada en minería debe contar con la comunidad como socio estratégico para mantener la calma social, de tal forma que caminen juntos replicando experiencias exitosas ejecutadas en territorio peruano.
  • Creación de la Superintendencia del medio Ambiente como organismo público descentralizado adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM).