Complejo Metalúrgico de La Oroya

El Complejo Metalúrgico de La Oroya fue operado por la Compañía Doe Run y cuyas operaciones se encuentran paralizadas desde mayo del año 2009.

Importantes medios de comunicación del país, como es el caso de El Comercio, dan cuenta que la minera Doe Run Perú estaría buscando una nueva ampliación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por 36 meses con la finalidad de implementar acciones que le permitan retomar sus operaciones en este Complejo Metalúrgico.

Según una nota de prensa difundida por la consultora de comunicaciones Llorente y Cuenca a nombre de los acreedores no vinculados de Doe Run Perú, esta constituiría la tercera ley de prórroga que el Estado le daría a Doe Run y la sexta ampliación en 14 años de operaciones de la minera.

Las firmas Renco Group Inc.  (propietario de Doe Run) y Doe Run Perú habían iniciado formalmente el 07 de Abril del 2011 un proceso de arbitraje contra el Estado peruano exigiéndole una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

A cambio de la ampliación del PAMA, Doe Run habría ofrecido al Gobierno suspender el proceso de arbitraje iniciado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Asimismo, habría solicitado que el Estado Peruano sustituya al grupo Renco en los juicios iniciados en Estados Unidos en su contra por pobladores de La Oroya que piden ser indemnizados por la intoxicación con plomo a causa de las operaciones de Doe Run.

Este planteamiento no solo habría sido dado a conocer al Gobierno, sino también a los acreedores mineros que abastecían de concentrados a la fundición de Doe Run, pues a ellos la empresa les habría solicitado un crédito de seis meses que le permita seguir operando sus instalaciones, petición que no habrían aceptado.