lunes, 30 de junio de 2014

Faltas y delitos ambientales en Perú

Los casos más comunes con delito ambiental en Perú corresponden a las empresas petroleras y mineras. Este hecho tiene que ver con lo establecido por los límites máximos permisibles (LMP) para industrias, así como el ajuste de los estándares de calidad ambiental (ECA), por parte del Ministerio del Ambiente (Minam) y otras autoridades competentes.
También tiene marcada influencia la filosofía anti industrias extractivas que induce presiones mediáticas debido a su dimensión vinculante con la política económica sustentada en un modelo primario exportador que caracteriza al país de los Incas.
Según las normas peruanas, en caso de infracciones ambientales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental _ OEFA, puede imponer hasta 30,000 unidades impositivas tributarias (UITs)  a la empresa infractora. Para el año 2014, el valor de una UIT  es S/. 3,800 nuevos soles. Asimismo, la pena por un delito de contaminación es de hasta seis años de privación de la libertad o cárcel.
Contaminación Industrial no petrolera , ni minera;
impactando  la Napa freática en humedal peruano.
En este escenario, el diario Gestión indica que “el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Ambientales de Piura abrió 323 procesos por presuntos delitos contra el ecosistema en diversas regiones del norte del país. Según informó, 23 de los casos están relacionados a la minería informal y cinco de estos fueron cometidos en el distrito de Tambogrande, Piura. El órgano jurisdiccional fue creado hace cinco meses y sus competencias alcanzan a los distritos judiciales de Piura, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque y Sullana”.
Recordemos que el primer proyecto de grandes inversiones paralizado en el país por conflictos sociales fue en Tambogrande, en el año 2002. La oposición de grupos antimineros llevó a que se retire la empresa Manhattan; sin embargo, los daños ambientales se realizaron por intervención de otras industrias productivas, las cuales se mantuvieron en operación , sin una marcada oposición de ONGs ambientalistas y laxa participación de las autoridades ambientales competentes.