En proceso de formalización minera indicamos que en el país
se calcula que hay entre 300 mil y 500 mil mineros que no se han formalizado y
siguen en lo mismo. Si incluimos a sus familias, bordean una cifra cercana al millón y
medio de personas. Existe entonces con ello un enorme problema económico, ambiental y social, pero
también político...del cual fuerzas oscuras pretenden aprovecharse en el presente proceso electoral presidencial en Perú aplicando una suerte de clientelaje político sustentado en los votos de mineros en proceso de formalización y sus respectivas familias.
Sería entonces trivial que la minería ilegal movilice millones de dólares anualmente; destruido más de 50 mil hectáreas de
bosques amazónicos en Madre de Dios, generado mas de 20 delitos conexos y otras externalidades detalladas en Historia de la minería ilegal en el Perú.
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| Minería ilegal afecta patrimonio peruano |
¿Refundar la lucha contra la minería ilegal?
En consecuencia, resulta paradójico tomar conocimiento de una propuesta electoral hecha por una candidata presidencial que sustenta derogar normativas sobre minería informal para empezar de cero.
En estricto esta medida implicaría retrotraerse a las Leyes de Indias y no sólo al año 2012, donde el Ejecutivo expidiera los decretos 1099,
1100, 1011, 1102 y 1103, referidos a la minería informal, que luego fueran
ratificados por el Congreso de la República. En ellos se plantearon nuevas reglas de juego para
la formalización de la minería y la incorporación en el Código Penal de esta
actividad realizada de manera informal.
Bajo la premisa del borrón y cuenta nueva, no sólo se estaría privilegiando el accionar de ciudadanos que estarían actuando por encima de las leyes y soslayando la firme decisión de luchar contra la minería ilegal, lacra
que viene depredando el medio ambiente y destruyendo el Patrimonio
Nacional de todos los peruanos.
