Powered By Blogger

lunes, 27 de noviembre de 2017

Ingeniería especializada para solucionar problemas de EPS

Una interesante síntesis del problema que vienen afrontando actualmente las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en Perú es redactada por Roselló abogados y publicada en el diario Gestión, bajo el título : Problemática de las EPS ¿ Un problema con solución?.
Con el agregado del problema de la contaminación química del agua, en sus diversas formas, que presentan EPS y el entendimiento sobre lo que significa el monopolio natural, economía escala,inversiones eficientes y la intervención de ingeniería especializada para darle solución a los problemas de EPS; convengo en términos generales con lo propalado en la siguiente forma :
"Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS)son, casi exclusivamente, empresas públicas de propiedad municipal. De acuerdo a la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento – D.Leg. 1280, las Municipalidades Provinciales son las responsables de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano a través de las EPS.
En nuestro país existen 2 excepciones a esta regla: Sedapal y Atusa. Sedapal (Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima es una empresa estatal del gobierno central bajo el ámbito de Fonafe y Atusa (Aguas de Tumbes S.A.) es una empresa privada a la que se le otorgó la concesión para la prestación de los servicios de saneamiento en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.
El OTASS (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento) efectúa, como parte de sus funciones, una evaluación de la gestión de las EPS bajo su ámbito (todas menos Sedapal y Atusa). De acuerdo al informe publicado por el OTASS, de la evaluación efectuada a 49 EPS en Gobernabilidad y Gobernanza 2014 se encontró lo siguiente: 1. EPS con calificación de buen desempeño:0 (cero);2. EPS con calificación de regular desempeño: 9 ; 3. EPS con calificación de bajo desempeño:12; 4. EPS con calificación de muy bajo desempeño: 28.
Como se puede apreciar, los problemas en la gestión de las EPS son evidentes. Lamentablemente, las EPS presentan deficiencias en: (i) calidad del agua potable; (ii) continuidad en la prestación del servicio (a veces se brinda el servicio sólo por horas); (iii) no dar un adecuado tratamiento a las aguas residuales; etc. Todos estos problemas redundan en una menor calidad de servicio al usuario. A su vez, las EPS presentan problemas de gestión tales como la cobranza (el ratio de morosidad) y habitualmente el monto de las tarifas es insuficiente para cubrir los costos de operación y mantenimiento y además realizar las inversiones necesarias para mejorar el servicio.
El cobro de una tarifa que sea suficiente para brindar un mejor servicio es difícil de poner en práctica por lo siguiente: (i) la resistencia social que genera cualquier anuncio de incremento de tarifas; (ii) para el cobro de tarifas se requiere sustentar técnicamente ante la SUNASS las razones que llevarán a dicho incremento, el plan de inversiones y el mejoramiento del servicio. Muchas veces las EPS no logran sustentar adecuadamente ante la SUNASS las razones para que se apruebe un incremento de tarifa, o por lo menos, no en la magnitud que se requeriría para mejorar significativamente el servicio. Al no lograrse sustentar adecuadamente, la SUNASS no aprueba los incrementos tarifarios necesarios y persiste la situación en que la EPS no puede mejorar la calidad del servicio. Todo ello además del problema social que significa el incremento de tarifas. Otro de los problemas que dificulta un buen desempeño de las EPS es el relacionado a los sueldos y salarios. Habitualmente se pagan salarios muy bajos, en comparación con el mercado, para los puestos gerenciales. Se requiere personal capacitado y experimentado para que gerencie las EPS y para los puestos tales como gerente de operaciones o gerente de inversiones o infraestructura. Sin embargo, las EPS están atadas de manos puesto que el rango salarial que pueden pagar es muy limitado y ello no les permite contratar al personal idóneo. El no poder aplicar las tarifas que técnicamente se requieren impide que las EPS tengan recursos para que hagan las inversiones que permitan brindar un buen servicio. Así por ejemplo, para mejorar la calidad del agua potable, se requiere invertir en mejorar la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Para incrementar la continuidad del servicio se requiere invertir en obras de captación, conducción y derivación de agua, o en pozos subterráneos o alguna otra alternativa que permita contar con mayor volumen de agua. Asimismo, para mejorar la distribución y reducir las pérdidas, se requiere invertir en los colectores y tubería de distribución, reemplazando la que se requiera y dándole mantenimiento a la que sea necesaria. De otro lado, para reducir la contaminación del mar y de los ríos y para cumplir con la normatividad ambiental, se requieren grandes inversiones en el tratamiento de las aguas residuales. Todo ello requiere inversión, recursos frescos y no se pueden conseguir si no se cobra una tarifa técnicamente determinada.Todo lo anterior conduce a muchas EPS a entrar en un “círculo vicioso” en donde cada eslabón de la cadena contribuye a que perdure en el tiempo el mal desempeño de la EPS y la mala calidad del servicio.

Asociaciones Público Privadas

Una de las alternativas que se utiliza en otras partes del mundo para mejorar significativamente la calidad de los servicios de saneamiento es la utilización de las APP (Asociaciones Público Privadas) para que, con la participación intensiva del sector privado, se pueda revertir esta situación: efectuar las grandes inversiones necesarias, contar con personal capacitado, mejorar la calidad del agua potable, garantizar la continuidad del servicio y cumplir con las normas y estándares ambientales. Así por ejemplo, podemos mencionar que desde 1990 se han suscrito más de 260 contratos para otorgar a operadores privados la gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano en los países en vías de desarrollo. Las ventajas de una APP medianamente bien diseñada son muchas dado que el enfoque de las APP es por resultados.
En ese sentido con una APP se puede lograr: (i) que el sector privado provea el financiamiento necesario para ejecutar las inversiones necesarias; (ii) que el sector privado ejecute las inversiones asumiendo el riesgo de diseño y construcción; (iii) que el sector privado se comprometa a brindar un servicio de agua potable con calidad y continuidad,estableciendo fuertes incentivos y penalidades o deducciones en caso de no cumplir con el nivel de servicio estipulado; (iv) que el sector privado,igualmente, se haga responsable por el cumplimiento de los estándares ambientales.
Habiendo dicho esto, debemos señalar también que sería difícil implementar un programa agresivo de APP en el sector saneamiento en nuestro país, por lo menos bajo la modalidad de encargarle todos los servicios de saneamiento a un operador privado, debido a la resistencia social y política que ello podría generar. En efecto, existen sectores de la sociedad civil y actores políticos que se oponen rotundamente a la participación del sector privado en el sector saneamiento. Desconocer ello sería una necedad.
Por tanto, si mañana se anunciará que se entregará en concesión los servicios de saneamiento de 5 o 10 provincias, seguramente se iniciarán protestas sociales y no faltarán dirigentes políticos que se opondrán a estas medidas utilizando el estribillo de “privatización”. Otra de las razones por las cuales no sería sencillo implementar este tipo de APP, es debido al desempeño de la única EPS entregada en concesión en el norte del país. Lamentablemente, dicha EPS no ha presentado los resultados esperados y, entre otras razones, debido al diseño del contrato y al esquema de inversiones planteado, no se han realizado las inversiones necesarias para lograr una mejora significativa del servicio en beneficio del usuario final. Por tanto, la percepción de los pobladores de las provincias atendidas por dicha EPS no es óptima.
Ante esta situación, la alternativa por la que se ha optado desde hace algunos años, es la de brindar un apoyo desde el gobierno central a favor de las EPS, tanto en la gestión como en la dotación de recursos para las inversiones necesarias.
En efecto, mediante la Ley 30045 – Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento se creó el OTASS, como un órgano encargado de evaluar el desempeño de las EPS a nivel nacional y, de ser el caso que incurran en las causales previstas en la norma, incorporarlas en el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT,un régimen bajo el cual es el OTASS el que interviene para mejorar la administración y gestión de las EPS.
Bajo dicho marco legal la primera EPS que se incorporó al RAT fue la EPS Moquegua en febrero de 2015. Luego de 2 años de vigencia del régimen y tomando en consideración que durante una primera etapa se realizó un diagnóstico de la situación de la empresa y un plan de acción, se han ido logrando los siguientes resultados: (i) incremento en la cobertura del servicio de agua potable; (ii) incremento en la continuidad del servicio en sectores críticos; (iii) medidas de mejora en el ambiente y calidad de vida de la población (evacuación de lodos y limpieza de las lagunas de oxidación); (iv) mejora en la captación y producción de agua; (v) mejora en la recaudación comercial de la empresa; y, (vi) mejora en la atención al cliente; entre otros. Como se puede apreciar la experiencia en la EPS Moquegua ha obtenido resultados positivos.
Sin embargo, debemos señalar que el camino para consolidar dichas mejoras no es fácil puesto que se requiere de recursos humanos, materiales y financieros. Actualmente ya se encuentran incorporadas en el RAT 13 EPS. En cada una de ellas el OTASS está adoptando las medidas necesarias para mejorar el servicio a favor de los usuarios, aunque para ello requieren de transferencias de recursos para financiar las inversiones necesarias. Los esfuerzos del OTASS resultan encomiables y sirven para mejorar, paulatinamente, la gestión, la solvencia económica y la calidad del servicio de las EPS. Sin embargo, debemos buscar medidas adicionales para garantizar de manera sostenible un servicio de calidad en las EPS a nivel nacional. Para ello,no debemos descartar alternativas, evaluando la posibilidad de utilizar APP integrales, es decir, de encargar al sector privado la totalidad de los servicios de saneamiento de una EPS, previo estudio y diseño adecuado del contrato, bajo el marco legal de las APP. Asimismo, se tiene que continuar apoyando la labor del OTASS, impulsando las mejoras que sean necesarias al marco legal vigente y dotándola de suficientes recursos. El camino por recorrer es largo, pero se deben continuar con las acciones necesarias para mejorar la calidad de los servicios de saneamiento, para incrementar la cobertura, para garantizar su continuidad y para cumplir con las normas y estándares ambientales. Sólo de esa manera podremos sentar las bases para un desarrollo sostenible".

martes, 21 de noviembre de 2017

Minería informal de oro avanza en el norte peruano

De los resultados de mis investigaciones sobre los impactos en agua -generados por los pasivos mineros en el norte del país- vemos con suma preocupación que podría escalar sus efectos sobre la salud pública.
La voz de alerta también fue dada antes, a través de informes elaborados por la defensoría del pueblo  y que replica en parte el diario la República en los siguientes términos:
"La minería informal en el norte del país concentra aproximadamente el 10% de la producción nacional de oro (20 toneladas anuales), esta cifra corresponde a los sectores de explotación en sectores pequeños y artesanales que se ubican en regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad y Áncash.
Eduardo Ballón, investigador de Desco y coordinador del Grupo Propuesta, sostuvo que desde el punto de vista medioambiental son precarios los esfuerzos que realiza el Ejecutivo para incorporar al mercado formal este tipo de minería. Sin embargo, desde la mirada económica esta exportación representaría fuertes pérdidas en ingresos para el país por concepto de canon minero.
“Las autoridades regionales no tienen capacidades y recursos para paralizar el movimiento del oro informal. Muchos focos de la minera informal trabajan fuera de las normas ambientales e incumplen con las obligaciones de cualquier organización”, refirió.
Líneas seguidas, añadió que existen cerca de 60 mil familias y 300 mil personas que dependen de la minera informal, y un gran porcentaje se dedica a la extracción de oro en el norte.
También precisó que los focos de minería informal en el norte se concentran en sectores de Cajabamba (Cajamarca); Ayabaca, Sechura y Tambogrande (Piura); Pataz, Huamachuco y Otuzco (La Libertad); Casma, Huarmey y Pallasca (Áncash). En estos no existe una supervisión y control por parte de las autoridades regionales y locales.
“El futuro de la minería informal en el norte depende de las acciones del Ejecutivo. Si esta actividad no se corrige puede provocar conflictos sociales, por el peligro que puede significar para los recursos naturales. Incluso podrían aumentar los focos de minería informal”, comentó y añadió que el 51% de conflictos están relacionados a este tipo de actividades.

Canon minero

Los ingresos por concepto de canon minero para los gobiernos regionales de La Libertad, Cajamarca y Áncash ascendieron a S/ 4,500 millones este año, una cifra superior que equivale al 41% de los ingresos transferidos a nivel nacional durante los años 2016-2017.
Sobre lo anterior, el experto explicó que solo este año en Cajamarca, La Libertad y Áncash la inversión minera ascendió a más de $ 14 mil millones ($ 55 mil millones a nivel nacional), mientras que en Piura la inversión se mantuvo en un nivel intermedio".

jueves, 16 de noviembre de 2017

Investigación criminal para garantizar el acceso al recurso agua

El resultado de mis investigaciones sobre la gestión del recurso agua en Perú, un país sumamente complejo dada su indudable diversidad, me llevó en las últimas décadas a relacionar las causalidades resultantes en los ecosistemas deteriorados por las restricciones políticas de la ocupación y uso del territorio que responden a múltiples intereses. El uso de los recursos naturales y el agua en particular, gestan superposiciones en la toma de decisiones por parte de las autoridades para gestionar los impactos generados;agudizándose  por el cambio climático que afecta la sostenibilidad requerida por el país en términos de gobernanza y gobernabilidad. 
El registro histórico de la gestión de agua en Perú reporta elevados sobrecostos.

Vulnerabilidad en fuentes de agua

Parte de las evidencias que proporcionamos investigadores en el transcurso del tiempo, son registradas por instituciones transfrontera, tales como BID,BM...; éste último suscribe que el 22% de la superficie glaciar en el Perú desapareció en los últimos treinta (30) años.
Un impacto paisajístico que relaciona la pérdida en fuentes de agua producto de los nevados de las altas cumbres, puede ser mensurada en forma masiva por la población que se percata de este hecho al transitar por la carretera central en "Ticlio" o abra de Anticona (paso en la cordillera de los Andes a 4818 msnm ó 15807 pies), donde se visualiza la pérdida paulatina de nieve hasta la ausencia sostenida de las mismas durante algunos meses del año. 

Retroceso y desaparición de Glaciares en Perú_Vista de Los Andes Centrales
En este contexto, la población que se abastece y depende exclusivamente de fuentes de agua proveniente de los glaciares es altamente vulnerable y sus situación se agudizará en áreas con glaciares proveedores de agua en cinco cadenas montañosas que podrían desaparecer en los próximos veinte (20) años.

Necesidad del fortalecimiento en investigación criminal

La teoría del delito como parte del Derecho Penal, permiten determinar con precisión si existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos gestados en el proceso social que acompaña al Derecho humano-como es el derecho al acceso al agua para uso primario según Ley 29338 - donde la capacitación en investigación criminal deviene en fundamental,sustentado en las consideraciones del proceso histórico seguido.
El Estado peruano, mediante Ley 24949 (1988) y su modificatoria Ley 28078 (2003),buscó integrar sus fuerzas policiales y desaparecer la duplicidad de funciones para ofrecer un mejor servicio a la sociedad; sin embargo, como efecto colateral se produjo una reducción en la capacidad de investigación criminal. La policía entonces se vio en la necesidad de adecuar su forma y singularidad al carácter propio de la Nación en las ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas que conforman el territorio peruano, en donde la naturaleza y alcance de la misión asignada a la policía estaba relacionada con las especificidades del espacio geosocial en el cual operaban.
Al globalizarse la fórmula regulatoria jurídico-legal de  la criminalidad en este extremo, desligó a la policía del poder judicial para ponerla al servicio del Ejecutivo, bajo el marco de insuficiencia en la investigación del delito.
La nueva modalidad de gobernanza se sustentó desplegando la intervención del Ministerio Público desde la etapa policial; sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público la circunscribe al ámbito de investigación preliminar. Las restricciones subsistentes se trataron de resolver mediante sendas normas, la Ley 27934 (2003) y el Decreto Legislativo 989 (2007) que regulan la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. 
Los efectos residuales impactan en la administración de justicia,donde conceptos de celeridad y especialidad  en los procesos resultan extraños al desempeño de órganos jurisdiccionales especializados en delitos  ambientales en Distritos Judiciales del país.
En el escenario descrito, germinaron los impases en la capacidad y calidad del gasto público para agua y saneamiento, alimentados por la débil gobernanza permisiva con la baja rentabilidad para el Estado, pues los espacios generados por altos índices de corrupción mantuvieron al país -hasta la actualidad- sin lograr la cobertura de agua y saneamiento  anhelada por sucesivas administraciones del Estado.

Capacidad y calidad del gasto público 

Aplicando el modelo de gestión que permitió festinar procesos,presionar en la cadena de pagos, socializar los "diezmos" y contribuir a que Perú pierda aproximadamente tres mil millones de dólares cada año por efectos de corrupción se produjo la inversión sectorial en saneamiento que gastó el orden de cinco mil millones de dólares en el lapso de veinticinco años (1985-2010) ; y estando a los actuados para cerrar la brecha en area urbana hacia el año del bicentenario de la independencia del país (2021) demanda gastar el orden de dieciséis mil millones de dólares en los cuatro años que restan.
Los cuellos de botella dinámicos registrados, evidenciaron una falta de capacidad en el gasto público en el periodo 2011-2016, donde solamente se pudieron invertir seis mil seiscientos sesenta y dos millones de soles ( de los S/. 11.600 millones de soles asignados ) para ejecutar proyectos y obras de agua y saneamiento. Siguiendo el mismo criterio, en el transcurso 2009-2014 el Gobierno Central transfirió dieciocho mil millones de soles a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento, comprobándose que la calidad de los servicios no mejoraron en dichas entidades. 
En síntesis, la dinámica del modelo en el marco del paradigma para lograr "coberturas", impusieron la necesidad de gastar compulsivamente hasta diez veces mas, sin contar con suficientes especialistas, a quienes se llegó a diferenciar en sus remuneraciones del nivel gerencial en EPS hasta por diez veces menos en ciudades del interior del país contrastando con su capital,Lima.
No será complicado entonces entender el porque existen las empresas filiales de la antigua SENAPA (1981)  hoy convertidas en empresas municipales que se encuentran-en su mayoría- recurrentemente quebradas técnica y financieramente, pese a recibir intermitente apoyo económico y financiero del Estado; operando formas de corrupción bajo el manto de incompetencia, inficionadas con procedimientos de recepción de obras ineficientes  que emergen con problemas de operación y mantenimiento, afectando en la calidad del sistema integral y convirtiéndolas en Empresas insostenibles. 
Como corolario se tiene a una importante cantidad de obras sometidas a control y fiscalización por el Sistema Nacional de Control, vistas por el ministerio público y siendo judicializadas sólo algunas. El punto es que en tanto el proceso sancionador, como las obras inconclusas, paralizadas y cuestionadas por la población beneficiaria demandan años de inercia que les mantiene sin acceso al recurso agua; de los miles de funcionarios pasibles de sanción muy pocos son alcanzados por el brazo de la Ley tal como lo presenté en Inversiones,corrupción e impunidad.

Cobertura del servicio de agua en cuarenta y nueve (49) meses

La presión ejercida para alcanzar la meta de cerrar la brecha de agua en zona urbana del país en aproximadamente cuarenta y nueve meses (aprox. un mil quinientos días), evidencia las debilidades en términos de recursos humanos especializados que tratara de cubrirse a través de redefinir el sector por el Ejecutivo con el Decreto Legislativo 1280 (2016) aprobando la Ley marco de gestión y prestación de servicios de saneamiento y que el Legislativo modificara y derogara en parte por Ley 30672 (2017).

Medidas integrales de rápido impacto

La frase “Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país, pero se llevaron la plata", pasa por el ciclo "protesta-propuesta-acción", y  a diferencia de las medidas de rápido impacto en saneamiento que acrecentaron el forado sectorial en las arcas del tesoro público- las medidas integrales de rápido impacto u otras que pudiera implementar el Estado a través de diversas instituciones como en el caso de OTASS para garantizar el acceso al recurso agua en el plazo previsto; no debiera desestabilizar Empresas, hacer atractivo el sector a profesionales especializados, formalizar las cadenas de pago, entre otras medidas a tomar ; y para ello es imprescindible fortalecer como componente transversal a la investigación criminal  a efectos de identificar y sancionar a los corruptores, de esta forma se podría mitigar el impacto que generan las asociaciones ilícitas para delinquir y los sobrecostos producidos por la corrupción en el sector.  

El Dato

  • Casos emblemáticos de falta de capacidad de respuesta en el proceso de reconstrucción como en los casos del Terremoto en Pisco (2007) y El Niño Costero (2016-2017), generan altos niveles de desconfianza en los actores sociales que ralentizan la ejecución de obras y por consiguiente la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas.
  • Tres meses al año se presentan con diversa intensidad los impactos generados por el Fenómeno El Niño. Lo que en cuatro años implicarían retrasos por doce meses en obras civiles destinadas a cobertura de servicios, sin perjuicio del tiempo que demande reparar los daños adicionales que pudieran ocasionar los embates de la naturaleza.

lunes, 13 de noviembre de 2017

Glencore invierte $734 millones en Volcan Compañía Minera

La agencia oficial Andina, publicó que la suiza Glencore, el mayor negociante de materias primas del mundo, anunció hoy que ha cerrado los trámites para aumentar su participación en la peruana Volcan Compañía Minera,en una operación en la que ha invertido 734 millones de dólares.
Volcan es una compañía que produce particularmente zinc,pero de sus minas también se extraen plata y plomo. Glencore lanzó el pasado octubre una oferta pública de adquisición por hasta un 48,19 % del total de acciones clase A (con derecho a voto) de la minera, ofreciendo 1,215 dólares por unidad.
La oferta le ha permitido hacerse con un 36,92 % de títulos de esa categoría.Con ese conjunto de adquisiciones,la multinacional ahora detenta el 55,03 % de acciones A de Volcan Compañía Minera. 
De esta manera, la multinacional tiene ahora un interés económico en la minera peruana equivalente al 23,29 % (incluyendo acciones clase B, pero excluyendo títulos de tesorería).
Volcan es una minera que opera desde la década de los años cuarenta y cuenta con diversas operaciones ubicadas en la zona andina del centro de Perú, con un total de doce minas, siete plantas concentradoras y una planta de lixiviación.

domingo, 12 de noviembre de 2017

Alberto Benavides, Buenaventura y Oro en Perú

El País, presenta una significativa remembranza de lo que significó Alberto Benavides de la quintana y Buenaventura en los siguientes términos:
“En febrero de 1952, con 31 años y un posgrado de Harvard, el geólogo peruano Alberto Benavides de la Quintana recorría una pequeña mina de plata ubicada a 4.200 metros de altura y unos 450 kilómetros al sureste de Lima con la intención de resolver un dilema. La disyuntiva era si arrendar esa explotación o seguir con su más seguro puesto como jefe de exploraciones de la Cerro de Pasco ­Copper Corporation, que entonces era la mayor minera del país. Más de seis décadas después, su renuncia se ve como un gran acierto. La Cerro, el jugador dominante de la minería peruana durante medio siglo, fue estatizada en 1974, mientras que Buenaventura, la empresa que fundó el exfuncionario, no ha parado de crecer hasta convertirse en la mayor productora de metales preciosos e industriales del país sudamericano, que es el segundo productor de plata del mundo y el sexto en oro.
A lo largo de más de seis décadas, con el desarrollo de minas propias o mediante asociaciones, la empresa ha sumado una decena de operaciones a lo largo de los Andes peruanos, en las que emplea a 12.700 personas y produce unas 620.000 onzas anuales de oro, 30 millones de onzas de plata, 130.000 toneladas finas de cobre y más de 55.000 toneladas finas de zinc.

Este año, beneficios

Este año, la minera espera dejar atrás un ciclo de resultados negativos. Los menores precios de los metales significaron números rojos en los últimos cuatro balances cerrados. En 2016, las cotizaciones de sus principales productos empezaron a subir, pero aun así la compañía registró una pérdida de 327 millones de dólares. "Fueron números muy negativos, pero solo en términos contables, porque tuvimos que registrar una provisión por el potencial cierre de (la mina) Yanacocha, que se estimó para 2020, y ahora estamos trabajando para extender la vida hasta 2025 o 2026", explica Victor Gobitz, gerente general de Buenaventura, que espera cerrar 2017 con beneficios netos del orden de los 200 millones de dólares.
En dos años, la ratio de deuda neta sobre ebitda bajó de 5,3 veces al actual 1,5. En Buenaventura explican que las pérdidas de 2015, de 375 millones de dólares, se debieron en parte a las inversiones que hizo la compañía mientras los precios de sus productos declinaban. Una de sus máximas es que sacrificar la exploración para lograr buenos resultados en los años malos no es beneficioso en el largo plazo. "Somos una industria cíclica y cuando vienen los precios bajos la tentación es reducir los costes parando las exploraciones, pero, si uno hace eso, está acortando la vida del negocio", afirma Gobitz.
La buena noticia, destaca el primer ejecutivo, es que el año pasado lograron inaugurar Tambomayo, una nueva mina de oro en la provincia de Caylloma (región de Arequipa). La nueva explotación es el último avance en una historia de crecimiento permanente.
Las cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos indican que Perú produjo 4.100 toneladas de plata en 2016, solo por detrás de las 5.600 toneladas de México. En el caso del oro, la producción peruana fue de 150 toneladas, una cantidad que lo posiciona en el sexto lugar, por detrás de China, Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Las ventas de oro de Buenaventura representaron el 43% de la facturación en 2016, dentro de un total de 1.044 millones de dólares.
En las últimas tres décadas, los principales proyectos de la compañía se han desarrollado mediante asociaciones. En 1993, junto con Newmont, una de las mayores productoras auríferas del mundo, de origen estadounidense, y la Corporación Financiera Internacional (CFI), un organismo del Banco Mundial, comenzó a explotar Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica. "Tenemos el 44% de las acciones, que es un activo muy importante dentro del portafolio de Buenaventura", afirma Gobitz. La CFI tiene el 5%, mientras que Newmont es el mayoritario con el 51%.
Las privatizaciones de activos estatales emprendidas por el Gobierno peruano en esos años abrieron nuevas oportunidades. El ímpetu de la empresa en los años noventa la llevó a Wall Street en 1996. Buenaventura, que cotizaba en la Bolsa de Lima desde 1971, se convirtió así en la primera minera de América Latina en listarse en Nueva York. "Hemos precedido incluso a la brasileña Vale (la mayor productora mundial de mineral de hierro)", destaca el gerente general. La familia del fundador conserva alrededor del 30% de las acciones y su hijo Roque Benavides Ganoza es el presidente del directorio. Hasta principios de año, ejercía a la vez el cargo de gerente general, pero los roles fueron separados, en una decisión que destacan como la última de una serie de mejoras en sus prácticas de gobierno corporativo que comenzó con el doble listado.
Por el momento, no hay intenciones de dar un salto internacional. "No descartamos ir a otros países de la región, pero al menos en los próximos dos años tenemos el foco en Perú", señala Gobitz”.