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viernes, 31 de diciembre de 2021

Desafío para el 2022 : mitigar pasivos ambientales activados por cambio climático

El Estado peruano, tras los años 2020 y 2021 , tiene como agenda pendiente atender la salud pública reduciendo la morbimortalidad de su población que supera los 33 millones de habitantes, impactada por la pandemia del COVID-19 que reporta a la fecha 6021 muertes por millón de habitantes, manteniéndose la tasa de mortalidad per cápita mas alta del mundo en la pandemia.  
Las cifras reportadas evidencian la necesidad de mejorar la situación de la salud ambiental del país, particularmente en localidades ubicadas en la franja costera comprendida entre las ciudades de Tumbes y Arequipa.
El mayor número de defunciones en Perú se producen en franja costera entre Tumbes y Arequipa
Es importante que la actual administración del Estado, en sus tres niveles de gestión, articulen políticas públicas que contengan soluciones ambientales basadas en la naturaleza contemplando medidas inmediatas de rápido impacto para atender con los servicios básicos a los espacios geosociales ubicados en cuencas hidrográficas que se ven impactadas por pasivos ambientales activados por el cambio climático.
En ese sentido, nuestras oraciones se elevan rindiendo homenaje a los caídos en esta lucha contra el enemigo invisible y pidiendo al altísimo que ilumine a nuestros gobernantes a los efectos de sentar las bases para armonizar la relación hombre y su medio ambiente donde viven.   

martes, 21 de diciembre de 2021

POLÍTICA AMBIENTAL EN PERÚ AL 2030

El conversatorio online organizado por el grupo ATHENA y Perú Sostenible, que fuera programado para el día de hoy a las 8 PM (hora de Lima) quedó postergado para el 28 de diciembre a las mismas horas a fin de incorporar mayores elementos para el análisis; el tema sobre la Política ambiental en Perú al 2030 generó saludables opiniones diversas que merecen todas la debida atención en democracia, motivo por el cual  en este espacio se permiten comentarios que serán tomados en cuenta tanto por la doctora Nathaly Torres López y el suscrito Dr. Javier Prado Blas.
Los andes peruanos y la amazonia como reserva del recurso agua dulce en el planeta.
Un adelanto del conversatorio online
Hoy es un día muy especial, pues nos encontramos en el día 21 del año21 del siglo21; a ocho (8) años para llegar al 2030 y al hacer un ejercicio prospectivo de la política ambiental en el Perú, es necesario recrear un escenario ubicándonos en tiempo y espacio.
En este contexto se necesita auscultar los alcances, cumplimientos y tendencias de las actividades realizadas en el pasado a la luz de la política nacional y sectorial ambiental, es así que acudimos a indicadores para ver el cumplimiento del país para alcanzar los ocho (8) objetivos de desarrollo del Milenio (ODM/2000-2015) incidiendo en el extremo del objetivo 7 para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; asimismo, los diecisiete (17) objetivos de desarrollo sostenible (ODS/2015-2030) focalizando en el objetivo 6 para garantizar agua limpia y saneamiento, objetivo 11 impulsando ciudades y comunidades sostenibles y el Objetivo 13 vinculado con la acción por el clima; los mismos que al concordar con indicadores que muestran el progreso social me lleva afirmar que en el país se percibe en la praxis la ausencia de una política ambiental de Estado, existiendo en su lugar una suerte de hoja de ruta con esfuerzos dispersos para dar cumplimiento a políticas ambientales fijados por cada gobierno de turno.
Transcurridos los últimos ocho (8) años, en el periodo 2014-2021, donde se sucedieron seis (6) administraciones: Humala-PPK-Vizcarra-Merino-Sagasti y Castillo, observamos que con esta alta rotación, las administraciones en turno están lejos de sentar las bases para un eficiente planeamiento y dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos para mejorar la calidad ambiental transfrontera y dentro del territorio nacional.
Lo expresado por el suscrito es sin perjuicio de la denominada Política de Estado N° 19 desarrollo sostenible y gestión ambiental, del acuerdo nacional que establece el compromiso del Estado peruano a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del país.
La respuesta a la pregunta qué hacer con el ambiente en el Perú, vinculando al hombre con su medio ambiente en equilibrio con la naturaleza, pasa por diversas etapas, que van desde la época pre Inca, el imperio Inca, la colonia y la vida republicana que este año se encuentra cumpliendo su bicentenario.
El avance tecnológico y satelital que nos da la modernidad nos permite observar el territorio que ocupa actualmente el Perú con sus 159 cuencas hidrográficas y podemos contrastar con el manejo que se dio en la época del imperio incaico, sobre un área andina tres veces mayor que la actual, teniendo en cuenta que Perú es un país andino y amazónico, el cual comparte los recursos que otorga la cuenca más grande del planeta conjuntamente con siete países de la región.
Adicionalmente, la cordillera de los Andes alberga ingentes recursos que hacen del Perú un país con recursos mineros, sumados a los recursos ictiológicos de un mar peruano reconocido mundialmente por su diversidad y que por sus 38 climas y múltiples pisos altitudinales le dan disponibilidad y acceso al agua-alimentos y energía, sin embargo, de acuerdo a su evolución demográfica, presenta problemas de distribución y gestión de los recursos agua, suelo y aire, los cuales agravan los impactos de origen natural y antrópicos, principalmente por la presión demográfica de las grandes ciudades situadas en la costa desértica peruana y en particular su capital Lima, cuyo crecimiento desordenado le ha hecho altamente vulnerable a impactos ambientales.
En este espacio geo social se sucedieron los ciclos de bonanza económica : oro, plata, guano y salitre, caucho, algodón y azúcar, petróleo, pesca y minería; también las pandemias de la peste bubónica (1720), El Cólera (1820), la gripe española (1920) y el Covid-19 (2020) con el añadido de la epidemia de El cólera de 1991 y la serie de enfermedades endémicas con registro  epidemiológico generalmente soslayado por los gobiernos de turno, observándose una salud pública venida a menos por el desequilibrio ambiental que se agudiza a través del tiempo por efecto de malas prácticas del ser humano que afectan la conservación o rehabilitación de los ecosistemas naturales.
La débil gobernanza y gobernabilidad del país se agrava con los problemas del ordenamiento territorial, los límites referenciales y su división política que a través del tiempo no resuelve los cuellos de botella que se forman con el centralismo de zonas urbanas y la atomización de poblaciones aisladas y dispersas en zonas rurales, donde la conectividad y operatividad de los servicios básicos son escazas, en no pocas de las cuales la ausencia del Estado formal se evidencia.
En este escenario se perciben en el país los efectos del cambio climático, así como con las externalidades resultantes en el planeta de los mil millones de habitantes que cada doce años incrementan la presión sobre los recursos naturales y los residuos que se generan.   
Así, dentro de ocho años la población peruana para el año 2030, estaría alcanzando 37 millones de habitantes, los cuales necesitan tener un ambiente sano para poder vivir adecuadamente. Las generaciones pasadas hicieron lo suyo y es tarea de las actuales generaciones el poder ordenar la casa común, el planeta tierra y en particular, el territorio peruano.
La actual constitución política del Perú del año 1993, la ley orgánica del poder ejecutivo, así como el decreto legislativo 1013 del año 2008, dieron espacio al Ministerio del Ambiente para diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial del ambiente, el cual desde su creación y pasados trece años, contó con diez ministros que se encargaron en su momento de gestionar una cartera compleja que no termina de constituirse, lo que ralentiza sus actividades; el 2009 mediante DS N° 012-2009-MINAM se aprobó la Política Nacional del Ambiente, teniendo como objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables en el largo plazo y cuenta en la actualidad con el DS N° 023-2021-MINAM del 25 de julio del año 2021 para establecer la Política Nacional del Ambiente al 2030.   
Los esfuerzos legislativos sobre medio ambiente son de larga data, sin embargo tienen bajo cumplimiento de parte, tanto de los productores como de los consumidores legales, dada la informalidad que cubre con su manto de impunidad la contaminación producida por actividades que no se ajustan a los compromisos asumidos por las políticas, planes, programas y proyectos que tienen como objetivo cautelar la salud pública y mantener un espacio armónico en la relación del hombre con su medio ambiente que lo rodea.
Diversos indicadores permiten asociar los impactos generados por pasivos ambientales, el cambio climático y el Covid-19, destacándose la tendencia creciente de defunciones a nivel nacional en el último quinquenio, donde se duplicó el número de defunciones; pasando de cien mil a doscientos mil defunciones y a la espera de cien mil nuevas defunciones como efecto del eventual sismo de 8,8 magnitud momento a producirse en Lima.
Cabe precisar que la relación hombre-medio ambiente contaminado influye sustantivamente en el incremento de muertes, las mismas que se focalizaron para este mismo periodo en la franja costera entre Tumbes y Arequipa. En ese orden de influencia, se tiene a ciudades con problemas en la gestión de agua y disposición sanitaria de residuos sólidos: Piura, Lambayeque e Ica como las localidades que presentan la más alta letalidad por Covid-19 en el país más afectado por muertes per cápita del mundo.
Los problemas especificados en el diagnóstico de situación del problema público reporta una merma en el bienestar de la población, para lo cual se debe enfrentar los problemas ocasionados por la pérdida de la diversidad biológica, el deterioro de la calidad ambiental, el incremento de riesgos e impactos ante peligros de origen natural y antrópicos, débil gobernanza, aumento de procesos productivos de bienes y servicios no sostenibles, y finalmente los comportamientos ambientales no sostenibles de los ciudadanos.
Los precitados problemas se mantienen subsistentes y se agudizan porque, entre otros se distingue un  marco normativo ambiental no armonizado entre los sectores, situación que origina inseguridad jurídica percibida por la inversión privada participante del modelo económico que impulsa a la economía social de mercado donde las industrias extractivas generan pasivos ambientales que el Estado, por diversos factores y consideraciones, no atiende oportunamente.
Para ver la inercia con que se maneja este tema, basta revisar el presupuesto nacional del sector público en un periodo que no alcanza a las últimas dos décadas, donde éste se cuadruplicó pasando de 44 mil a 197 mil millones de soles , priorizando el gasto corriente y el servicio de la deuda , castigando al gasto de capital que se encuentra en el orden del 24% , lo que hace materialmente inviable atender las urgentes necesidades que demanda el país para atender a sectores prioritarios para dinamizar su economía y por consiguiente, soslayando el componente ambiental en el desarrollo nacional.
La política ambiental de los sucesivos gobiernos aplicada en Perú, se encuentra alejada a las soluciones basadas en la naturaleza, en rigor se encuentra llenas de inconsistencias pues no reflejan la real situación ambiental del país que evidencia la pandemia del Covid-19. En ese sentido se hace necesario el sinceramiento de las cifras y socializar las mismas, poniendo sobre la mesa  la cara real de los problemas que impactan sobre la salud de las personas y su medio ambiente. La transición de estrés hídrico a escasez de agua, el retroceso de glaciares, la contaminación de aguas subterráneas, la pérdida de suelos por erosión ante la salvaje deforestación de bosques de protección, así como de bosques amazónicos ante el peligroso avance de cultivos de coca, entre otros.
La descentralización y manejo del presupuesto público para el tema ambiental sólo es la punta del iceberg donde se percibe las brechas existentes en la concentración del PBI, el uso del presupuesto público y grandes diferencias en el índice de desarrollo humano existentes en los antes denominados departamentos y hoy regiones del país.
Este 2021, la sociedad peruana dejó un mensaje claro al votar por el cambio estructural en el manejo de la cosa pública, para que los gobernantes de turno puedan revertir la forma demagógica con que se presentan los objetivos prioritarios y lineamientos de la política nacional del ambiente sin tener la capacidad de materializar las recomendaciones de la organización para la cooperación y el desarrollo Económico y mucho menos atender los problemas estructurales que la población reclama en las calles con las protestas socioambientales, algunas extremas que afectan los derechos de terceros, entre ellos a capitales de países amigos y socios comerciales del Perú.

jueves, 16 de diciembre de 2021

Protestas que afectan inversiones mineras de China en Perú

China Minmetals Corporation es una empresa comercializadora de metales y minerales de China con sede en Beijing y siendo una corporación estatal China con inversiones en Las Bambas, es una de las afectadas con los sucesos acontecidos en esa unidad minera. 
La paralización de las Bambas, generará externalidades de cara al futuro.
Como es conocido, Las Bambas pasó a su actual administración en abril del 2014 tras una operación de US$ 7 mil millones de dólares americanos, realizada por el consorcio conformado por MMG Limited (62,5 %), empresa filial de China Minmetals Corporation, junto a Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %).
Promesas incumplidas por exfuncionarios de la administración Castillo gatillaron las protestas.
Con sede en Beijing y fundada en 1950, China Minmetals Corporation es una empresa de metales y minería controlada por el Estado Chino, un importante socio comercial peruano que además de las Bambas cuenta con el proyecto Galeno en Cajamarca; asimismo otras inversiones chinas en el sector minero como es en el caso de Shougang , Toromocho , Minas Justa, Río Blanco  y Pampa de Pongo; inversiones que se encuentran en estado de alerta ante las protestas sociales que se vienen suscitando en Perú con la toma de carreteras por parte de una población que demanda atención del Estado peruano.

Efecto dominó en las protestas anti labores mineras formales

En este espacio y en diversos foros, pudimos presentar iniciativas como una alerta temprana para que pudiera atenderse las justas reclamaciones de una población que viene siendo soslayada por el Estado empírico en Perú, que este año cumple su bicentenario de vida republicana.
Se sucedieron indicadores que mostraban medidas de protestas radicales como el presentado en Ayacucho y luego en Ica con la quema de campamentos mineros y toma de carreteras, frente a una evidente falta de reflejos de la autoridad competente en los diferentes niveles de gestión del Estado.
Evento suscitado en Ayacucho como preludio a las acciones en otras unidades mineras.
La aplicación del principio de autoridad por parte del Estado se hace necesario para cautelar derechos. 

Agenda pendiente

Los funcionarios del Estado peruano no puede ponerse de perfil ante situaciones que ponen en riesgo su estado de derecho, afectando la gobernanza y gobernabilidad de un país que se esfuerza para recuperarse de los estragos ocasionados por la pandemia del COVID-19.
Estas protestas no hacen mas que corroborar el desastre de la política ambiental peruana y que demanda respuestas en el corto, mediano y largo plazo.
Es preciso abordar un planeamiento estratégico que permita armonizar el estado de situación del hombre y su medio ambiente, de tal modo que permita elevar la calidad de vida de la población que se siente prostrada ante la presión demográfica de las grandes ciudades en desmedro de las zonas aisladas y dispersas que sufren directamente los embates de los pasivos ambientales.
El expediente de Las Bambas es sólo la punta del iceberg que se presenta en el espacio de la industria minera formal, y que pende como una espada de Damocles sobre otras unidades mineras formales; así como trasciende sobre otras industrias con pasivos ambientales desatendidos como en el caso de hidrocarburos, pesca, y otros donde los residuos tóxicos y peligrosos afectan tanto a la salud pública como a la economía del país entero.
Bajo estas consideraciones, el Estado peruano tiene que retomar su rol protagónico de promoción y fomento de las inversiones tanto nacionales como extranjeras, cautelando con ello las inversiones de países amigos y socios comerciales como es en este caso China, garantizando que sus actividades se desarrollen dentro de las condiciones normales de operatividad.

miércoles, 15 de diciembre de 2021

Política ambiental en el Perú de cara al 2030

Informo a ustedes - mis ilustres colegas, amigos y alumnos todos- que estaré participando en la próxima realización del conversatorio on line denominado "La Política Ambiental en el Perú de cara al 2030" a efectuarse este martes 21 de diciembre  a horas 8 pm (hora de Lima-Perú) que tendrá libre acceso vía plataforma Zoom a través del link de acceso: https://bit.ly/3oVctru
El precitado evento es organizado por el grupo jurídico ATHENA y la organización Perú Sostenible, contando con la fina presencia de la doctora Nathaly Torres López, experta en medio ambiente y actual presidenta  de la comisión ambiental de la sociedad peruana de derecho.

Inseguridad jurídica de normas ambientales

Los socios comerciales de Perú en el mundo, haciendo una visión prospectiva se preguntan si es que continuará la alta rotación de presidentes de la república y que sucederá con la Política Ambiental en Perú dentro de los próximos ocho años, teniendo como antecedente que en los últimos ocho años del periodo 2014-2021 se sucedieron las administraciones Humala-PPK-Vizcarra-Merino-Sagasti y Castillo.
La inestabilidad política que genera externalidades en la gobernanza y gobernabilidad de un país que presenta cifras alarmantes de muertes por COVID-19 en el mundo, se encuentra pasando por un periodo donde el incremento de las protestas socioambientales con recurrentes tomas de carreteras, dan cuenta de la inseguridad jurídica de normas ambientales que impactan en ámbitos estratégicos de la economía, como es en el caso del sector minero, donde una serie de unidades mineras vienen ralentizando sus actividades y algunas hasta llegar a paralizar momentáneamente.
Las Bambas, que arrastra un conflicto de larga data.

Cerro Lindo, una de la unidades mineras paralizadas recientemente.
Estos y otros temas de actualidad registrados en el decreto supremo que aprueba la política nacional del ambiente al 2030 - DS N° 023-2021-MINAM, se estarán tocando en el conversatorio del 21 de diciembre. 

lunes, 6 de diciembre de 2021

Las Bambas, responsabilidad de un Estado empírico que genera conflictos sociales

No sólo es incumplimiento de convenios suscritos o el inadecuado uso del informe técnico sustentatorio (ITS) permitiendo cambios importantes en un proyecto, como es en el caso del cambio del minero ducto previsto y cambio del nivel de una carretera a vía nacional; sino que las promesas incumplidas de funcionarios estatales improvisados y el festinamiento de procedimientos administrativos que en pocos días resultan en autorizaciones que generan externalidades tanto a los inversionistas como a las poblaciones afectadas, causando el efecto dominó en otras unidades mineras formales del país que se encuentran en alerta roja.

El expediente Las Bambas

Situado a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar entre las provincias de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac, el yacimiento de una de las minas de cobre más grandes del mundo localizada en Perú, se mantiene en recurrente conflicto.
El 2004, la compañía anglo suiza Xstrata Copper obtuvo la licencia para explorar Las Bambas, el 2008 finalizó la etapa exploratoria y el 2010,se realiza la primera audiencia pública del estudio de impacto ambiental (EIA) en Challhuahuacho y se suscribe el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado  por 5 mil millones de dólares, convirtiéndose en titular del yacimiento.
Xstrata Copper, inicialmente operaba dos unidades mineras, una en Cusco (Tintaya) y la otra en Apurímac (Las Bambas). Entre estas dos unidades mineras separadas por un  corredor de 200 kilómetros, donde se preveía instalar un mineroducto considerado en un EIA que fuera concordado en el año 2011, fecha en que  el Estado peruano aprobó este EIA con lo que se inició el proceso de construcción de la inversión propuesta.
El 2013, el grupo de minería y metales Glencore International PLC completó su fusión con Xstrata PLC para formar la nueva empresa : Glencore Xstrata PLC que sería la cuarta minera más grande del mundo y después Xstrata Las Bambas S.A. entregó al Ministerio de Energía y Minas un ITS sobre modificaciones a “componentes auxiliares” del proyecto, especificando la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado, tras cuatro días de presentado, el documento fue aprobado.
La operación final de venta de Las Bambas en abril del 2014 fue por US$ 7 mil millones de dólares, siendo favorecida con la compra el consorcio conformado por MMG Limited (62,5 %), empresa filial de China Minmetals Corp, junto a Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). La inversión real del proyecto fue de  US$7,400 millones, el monto restante de los US$10,000 millones anunciados corresponde a gastos relacionados a la transacción comercial.
Desde allí se evidenciaron los problemas que desencadenaron lo que se vive hoy en Apurimac.
Los nuevos dueños pidieron una modificación del EIA, que incluyó la cancelación del mineroducto y la construcción de una planta de molibdeno.
Ya en octubre del 2015, en este espacio explicaba que durante la administración Humala, el poder ejecutivo había declarado el estado de emergencia tras la protesta contra el proyecto minero Las Bambas, que dejó 4 muertos y 15 heridos a esa fecha.
En Agosto del 2016,ya con la nueva administración PPK, se reactiva este conflicto latente con bloqueo de carreteras, pues transitan el orden de 200 volquetes por día, generando externalidades a los poblados en la zona de influencia, quienes observan el cambio a vía nacional de la carretera con otro ITS.
En el año 2019 a través del Decreto Supremo N°169-2019-PCM la administración Vizcarra declaró el estado de emergencia en parte del corredor vial Apurímac – Cusco – Arequipa.
En este escenario, el expediente Las Bambas no ha podido ser resueltos por cuatro administraciones del Estado peruano pasadas : Humala-PPK-Vizcarra-Sagasti, y actualmente en el 2021, con la administración Castillo, se mantienen hasta el momento infructuosas tratativas para reducir las protestas sociales con la toma de carreteras que llevó a MMG suspender sus actividades hasta que se den las condiciones para reanudar sus operaciones.

jueves, 2 de diciembre de 2021

Planificación ante efectos del cambio climático & eventos naturales

Las externalidades que se presentan en el planeta por efecto del cambio climático y los impactos de origen antrópico, exigen a los líderes mundiales, mirar con atención la realidad peruana para no verse reflejados en sus experiencias sufridas, que por falta de una adecuada planificación estratégica, viene  siendo impactado dramáticamente ante eventos de origen antrópico y naturales , poniéndose en recurrentes estados de urgencia y emergencia.

Urgencias y emergencias

En los últimos tiempos, la población peruana viene tomando con normalidad las publicaciones hechas por sus autoridades sobre declaratorias de  estado de excepción originadas por estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria a nivel nacional. Ya expliqué antes en este espacio, sobre la necesidad de no confundir temas urgentes con emergencias . La carencia de sistemas de alerta temprana e imprevisión se hacen evidentes con los indicadores irrefutables, algunos que dan cuenta del nivel de talla mundial referido a la actual pandemia del covid-19 que registra 5.984 muertes por millon de habitantes, la mayor del planeta.
Países megadiversos como es el caso peruano, se encuentran altamente vulnerables en la medida que no lleguen a internalizar la necesidad de asociar al hombre con su medio ambiente que lo rodea.

Hechos recurrentes

El cambio climático influye sustantivamente en los diferentes pisos altitudinales del país andino y amazónico , que cuenta con 38 climas en sus 159 cuencas hidrográficas; las cuales responden en forma distinta a los eventos naturales como es en el caso del fenómeno de El niño, sequías, sismos, entre otros.
En los doscientos años de su vida republicana, el Perú tiene identificado sus pasivos ambientales como producto de sus actividades económicas, las cuales afectan la salud pública y la calidad de vida,  particularmente en las zonas donde la contaminación ambiental no se encuentra regulada por el Estado.
Cancha de relave de minería informal colapsada en área andina peruana.
En este contexto, la mezcla de la informalidad, el desconocimiento de información científica y la inadecuada gestión pública, constituyen un cóctel que gatilla las protestas socioambientales, haciendo que la contaminación se incremente y con ellos, aumente los costos de remediación.
Las inundaciones en el país se hacen mas frecuentes integrados a otros eventos.
Las soluciones intermedias no resultan adecuadas ante una realidad que es más que evidente, por lo cual en estas zonas inundables no pueden funcionar los sistemas de disposición de residuos sólidos en depósitos que deben ser enterrados, debiendo utilizar otro tipo de sistemas de manejo y gestión que nos brinda la modernidad y el desarrollo tecnológico.
Estos sistemas son altamente ineficientes que afectan al medio ambiente y la salud humana.
   Los pasivos ambientales deben ser gestionados oportunamente evitando externalidades negativas.