martes, 29 de noviembre de 2011

Antiminería & conflictos sociales

La posición radical antiminera en Perú generó, genera y generará conflictos sociales en menor o mayor escala y viéndola como un objeto de la experiencia sensible recurrente debemos interpretarla como un fenómeno humano, como una manifestación del sistema de interrelación en que vive y se desarrolla la sociedad peruana através de los tiempos.
Se debería entonces analizar los procesos y administrar los conflictos estudiándolo como un todo, como un sistema, tomando en consideración que lo que sucede en un espacio del país, afecta a las otras partes y recíprocamente.
Los conflictos disfuncionales antimineros se inician cuando la población percibe que "el sector minero" -sin discriminar entre la minería formal,minería informal y minería ilegal- la afecta de manera negativa o que está potencialmente en riesgo y a punto de disminuir desfavorablemente alguno de sus intereses.
Es en este contexto, que en nuestro siguiente análisis, lo precitado es considerado como una condición de trabajo. 
La percepción de los actores sociales pudieran estar en función a diversos principios : acción-reacción, tiempo-respuesta; a la cosmovisión de la sociedad andina y aplicación de paradigmas que aterrizan en un escenario que encuentra al dubitativo accionar de una incipiente presencia del estado,derechos de propiedad,redistribución de bienes y la falta de participación efectiva en los beneficios producidos por la minería, atribuidos a variopintos intereses de grupo.
El punto es que estos conflictos tensan las relaciones de las partes de tal modo que desestabilizan la relación armónica de cara al futuro.
Generan además del descontento, una desconfianza generalizada principalmente en los stakeholders (producto de frustraciones y temores),afectando el equilibrio emocional y físico de las colectividades, reduciendo su productividad,eficacia personal y en estricto su competitividad.
Por ello, sostenemos que los conflictos socioambientales de origen minero desarrollados en el Norte del país, influyen en el accionar del sur, centro, sur-este, así como en otras coordenadas del territorio nacional y viceversa.
La secuencia última de conflictos socio ambientales mineros ocurridos en algunas provincias de Puno-Arequipa-Madre de Dios-Apurimac-Cajamarca,lo demuestran.
En ese orden de ideas, el agua constituye un factor de vital importancia para aumentar o reducir los niveles de desconfianza generalizada con visos de pánico que vienen causando en las poblaciones del interior del país. El grado de pánico asociado es proporcional a la relación existente entre el hombre del ande y su madre tierra (Pachamama), así como a la  indivisibilidad tierra-agua bajo su cosmovisión para la vida humana; tema que es utilizado por activistas ambientales y desestabilizadores en contra del régimen de turno.
Un claro ejemplo sobre el particular se puede situar en las voces levantadas en contra del proyecto Minero Conga (Cajamarca), se oponen porque dicen que "la minería trabajará desde la cabecera de la Cuenca(hidrográfica) y con ello se provocará su deterioro(del agua),atentando contra la naturaleza al contaminar el medio ambiente y degradar los procesos naturales de vida (en los bofedales) y el proceso ecológico sin los cuales la vida será imposible".
Tal aseveración no es correcta por las consideraciones técnicas que pasamos posteriormente a sustentar con bases científicas, sin embargo debemos ubicarnos en las coordenadas y dimensión del análisis en que nos situamos inicialmente. 
ANTECEDENTES
Los problemas últimos de contaminación por minería en Cajamarca datan de cuatro décadas atrás, cuando las ya desaparecidas empresas mineras nacionales dejaron externalidades como los pasivos ambientales que dañaron en mayor grado algunas localidades como Maygasbamba, Arascorgue  y Llaucano.
Cuando, en 1992, ingresó la minera Yanacocha, tuvo problemas inicialmente para la compra de terrenos dada la falta de confianza en las comunidades aledañas al proyecto minero.
Sin embargo, los problemas de desconfianza generalizada crecieron en la medida que los niveles de credibilidad de la explotación y desarrollo minero se fue minando porque inicialmente las actividades mineras no se equipararon con los estándares medioambientales internacionales establecidos para las labores mineras con las características desarrolladas en ese entonces para Cajamarca.
De otro lado se produjeron una secuencia de hechos que se resume en el siguiente reporte descriptivo sobre Yanacocha, que en buena parte ratifica lo antes mencionado:
En un lapso de siete años -periodo comprendido entre  1993 al 2000- se cuestionó a Yanacocha por derrames de sustancias químicas que eventualmente pudieron ser causantes de mortandad de truchas en zonas como El Milagro, Tembladera, Chilite, Granja Porcón, Puruay.
En junio del año 2000, Yanacocha enfrentó un conflicto  por el derrame de aproximadamente ciento cincuenta kilogramos de mercurio. Más de trescientos pobladores de Choropampa, San Juan y Magdalena fueron afectados.
En Septiembre del 2004, se presentó otro conflicto para Yanacocha en el cerro Quilish, que movilizó más de 40 mil personas en un paro a nivel de la Región Cajamarca.
Esta causa obligó al Gobierno Central  a postergar la exploración de Yanacocha en esa zona. De igual forma, la Administración del estado peruano terminó cediendo a las presiones desarrolladas por movimientos regionales como sucediera en Puno. 
CONSTRUYENDO CONFIANZA
El Estado peruano al no actuar coordinadamente, resulta con claros desfaces en sus distintos niveles : Nacional, Regional y Local. La actuación descoordinada le hace presentar ante las comunidades como un Estado débil con la necesidad de generar espacios de confianza.
La debilidad del estado peruano no solamente se traduce con una falta de presencia de los servicios básicos  a la población localizada en las zonas de influencia de los proyectos mineros, también su debilidad parte por que sus esfuerzos mayormente legislativos tienen poca aceptación y escazo o nulo cumplimiento tanto a nivel de productores como de los consumidores legales.
Las últimas sucesivas administraciones del estado peruano buscaron en la desconcentración y descentralización de funciones a cerca del tema minero una opción fallida para darle solución a este tipo de conflictos sociales que van escalando a medida que se producen nuevas concesiones y denuncios de yacimientos mineros.
El Estado peruano se ve arrinconado en alguna forma por las suscesivas declaraciones de paros regionales con toma de locales públicos y cierre de carreteras donde las fuerzas públicas se ven superadas por las masas. Y lo que es más crítico, las propias autoridades locales y regionales -que legalmente forman parte de esa organización juridicamente establecida como Estado- están contra el mismo aparato del Estado, una suerte del enfrentamiento de Estado vs Estado. No pocas de las autoridades, se han involucrado como promotores o agitadores políticos en campañas y movilizaciones en contra de los proyectos de inversiones mineras. "Esta situación es verdad aunque usted no lo crea".
No puede soslayarse en el tema de confianza, la responsabilidad de las autoridades regionales y locales, a las que se les ha transferido mayores funciones, y recursos del canon minero, entre otros tributos.
También es inadmisible que ministros encargados de dos portafolios que se reunen con el Presidente de la República en múltiples consejo de ministros, salgan a ventilar públicamente através de los medios de comunicación  masivos del país, discrepancias y contradiciones de carácter interno sobre la necesidad de examinar para corregir, ampliar,enmendar o reparar "sin llegar a revisar" un Estudio de Impacto Ambiental que legalmente ya fuera aprobado por el propio Estado.
La probable fuga de información pudo haber generado la renuncia de algún vice ministro de uno de los portafolios que intervinieron en este episodio que ayuda poco en retomar la confianza en las instituciones del país.
El estado peruano está aún en proceso de aprender de sus errores del pasado y mantiene compartimentos estancos entre los sectores Salud, Agricultura,Ambiente, haciendo ineficaz e ineficiente la labor de control, supervisión, fiscalización y regulación de las actividades extractivas entre las que se encuentran las labores mineras.
En síntesis, para resolver los conflictos socio ambientales de origen minero o de otra etiología, es imprescindible construir espacios de concertación y diálogo para hacer retornar la confianza entre las partes. 
EL AGUA COMO ELEMENTO CONCILIADOR
Al cambio de la Ley General de Aguas por la Ley de Recursos Hídricos, se propuso mejorar la administración y gestión de los cuerpos de agua en el país, con persistentes graves deficiencias en su manejo.
Sin embargo, el proceso quedó inconcluso básicamente por el factor de los recursos humanos calificados en el sector público. No pagar sueldos adecuados a los técnicos calificados, ni asegurar los  recursos necesarios para generar información consistente en temas estratégicos como en el caso del Agua, permitieron que hasta en la actualidad se continúe tomando como referencia información producida en la década de los ochenta, un ejemplo es la producción de la fenecida institución denominada ONERN (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales), cuyos datos se usan para realizar proyectos y proyecciones al futuro como referencia el CEPLAN.    
Para conciliar posiciones respecto al estado de situación del Agua en Perú, se requiere datos duros a fin de poder revertir la campaña de desinformación que impulsan quienes están en contra de las inversiones mineras.
Es preciso que las autoridades competentes sean alimentadas de información por las instituciones que correspondan a efectos de aclarar datos sobre la real situación de los cuerpos de agua en el país a la opinión pública de las comunidades en conflicto.
Es así que el Gobierno tiene que responder de forma contundente técnicamente y con la verdad para recuperar credibilidad política y hacer viable la explotación minera responsable, no dejando  que sólo cada inversionista ( sea nacional o extranjero) pueda defenderse como pueda .
Volviendo al proyecto Conga en Cajamarca, presenta su punto más complejo el que implica trasladar lagunas, ubicadas en las cabeceras de cuenca. Es decir, nuevamente el Agua.
En este contexto, y como la información debe manejarse con una visión de cuencas, es que la Administración del Estado peruano, como parte de una política de educación e información de Estado,debería dar la información adecuada del caso a las personas que desconocen los procesos del ciclo hidrológico del agua, así como el concepto de áreas de drenaje.
Es así como se informarán que el agua se origina por las lluvias que caen sobre una área o superficie.Las aguas discurren por la superficie terrestre por escorrentía superficial y forma los ríos o por el interior de los suelos formando ríos subterráneos y los niveles de napa freática. Ambos cursos de agua, a lo largo de todo su recorrido hasta que desembocan en otros cuerpos de agua, ya sean otros ríos, lagos, lagunas o el mismo mar o los océanos, reciben agua que pueden ser de las lluvias en mayor o menor intensidad sobre las áreas de drenaje.
Por ello es imprescindible el conocimiento de lo que sucede con el agua -vista tanto en cantidad como en calidad- en determinadas cuencas (altas-medias-baja) o micro cuencas del país.Otro hecho, que debería merituarse por justicia y legitimidad, es que históricamente en Perú se han desarrollado importantes obras hidráulicas que produjeron el trasvase de aguas de una cuenca hidrográfica a otra ubicada en la costa donde se ubica gran parte de la población peruana, que utiliza el agua para diversos usos.
En consecuencia, no existe un argumento científico,técnico ni legal, basado en el uso del agua que impida el uso racional del agua  en la industria minera en el país.Lo que sí existe es la desconfianza en que las empresas mineras puedan comportarse como en el pasado, cuando tenían un estado económicamente débil y sin capacidades para cautelar los adecuados niveles de calidad y cantidad para garantizar la vida y lograr el anhelado desarrollo humano con inclusión social.

jueves, 24 de noviembre de 2011

Proyecto Conga & punta de un Iceberg

Seguidamente reproducimos un artículo de actualidad publicado -en el diario La República- por el periodista Augusto Alvarez respecto a lo mucho que está en juego en el paro cajamarquino previsto en contra del proyecto Conga.
Hoy (24 de Noviembre del 2011) es un día trascendental para el país pues el paro indefinido contra el proyecto Conga que se inicia en Cajamarca va a determinar, de un modo positivo o negativo, mucho de lo que suceda en los planos político, económico y social durante este lustro en el Perú.
La reacción es contra la voluntad del presidente Ollanta Humala de que se ejecute el proyecto de Minas Conga bajo condiciones que aseguren la calidad de vida del ciudadano de la región, incluyendo la protección del medio ambiente.
La inversión proyectada en Conga es US$ 4,800 millones.
A lo anterior debe agregarse la conclusión del actual Ministerio de Energía y Minas de que la evaluación que ya ha realizado ese organismo durante el gobierno anterior es positiva para la ejecución de Minas Conga.
El anuncio fue recibido de modos distintos. Para el empresariado, constituye una rectificación positiva frente a las posiciones iniciales que tuvo al inicio de la campaña electoral y porque significa un claro respaldo a la inversión privada.
Para las dirigencias regionales como las de Cajamarca, entre muchas otras, así como para un segmento relevante de sus poblaciones, la decisión presidencial constituye una traición por parte del candidato por el que votaron hace solo unos meses.
Ese es el marco general de este choque de visiones que se ha estado produciendo en Cajamarca por el proyecto de Conga, al igual que en varias otras regiones, y que ahora se enfrentarán en el paro indefinido convocado para hoy.
Un escenario optimista del paro es que discurra por un par de días de un modo relativamente pacífico –dentro de la trifulca propia de estos eventos– y que desfogue tensiones creando el espacio propicio para un debate con las autoridades regionales que conduzca a la ejecución del proyecto pero ofreciendo todas las seguridades para el interés del ciudadano.
El escenario pesimista, sin embargo, es que el paro produzca un enfrentamiento con víctimas que no solo tenga consecuencias lamentables en vidas sino, también, en el entrampamiento del diálogo minero por mucho tiempo en el país.
Conga es relevante por la inversión involucrada de US$4.800 millones. Pero lo es mucho más porque su evolución –que dependerá mucho de lo que suceda con el paro de hoy– influirá bastante en todo el proceso futuro de inversión privada en el país, así como en el modo de relacionarse del gobierno con la población de las regiones y de enfrentar la conflictividad social.
Así, Conga solo es la punta de un iceberg ubicado en el Ande peruano que esconde debajo decisiones trascendentales para el Perú durante el lustro 2011-2016.

sábado, 19 de noviembre de 2011

Minería e inclusión social

La agenda política actual en Perú, registra un debate interesante con la intervención de diferentes puntos de vista y propuestas sobre la relación existente entre Minería,medio ambiente e inclusión social.
De las múltiples intervenciones, recogemos una que sintetiza - a nuestro juicio - la posición que va tomando cuerpo entre la mayoría de ciudadanos y ésta se sustenta en el empeño en que están los esfuerzos, no entre el agua y el oro, sino fundamentalmente entre el progreso y la asimilación de los marginados, en razón de cautelar la heredad, que es la naturaleza entregada al ser humano para su servicio, la cual debe ser respetada, pero debe ser compartida y debe ser cuidada porque así la hemos recibido de quienes nos antecedieron.
En este orden de ideas se viene gestando iniciativas que involucran a interesantes modelos de gestión  - plausible de replicarse - donde se involucra la participación activa de las comunidades 
Un  ejemplo es la asociación  propuesta por la Compañía Minera  Kuri  Kullu  S.A.  
filial de la canadiense Minera IRL Limited– a la asamblea general de la Comunidad Campesina de Ollachea, provincia de Carabaya (Puno), representada por su presidente Edwin Tito Checmapuco.
Como antecedente se tiene que cuatro años atrás, la Compañía Minera Kuri Kullu y la comunidad de Ollachea, firmaron un primer convenio sobre uso de tierra para exploración y explotación de minería artesanal y que actualmente se ha visto ratificado con el respaldo de la comunidad hacia el proyecto minero.
Es así que la comunidad ha decidido respaldar el desarrollo de una mina de oro subterránea y una planta de tratamiento para producir más de cien mil (100.000) onzas de oro anuales, de la que serán socios en un cinco por ciento (5%) cuando la mina empiece su producción.
Es la primera vez que en nuestro país se suscribe un acuerdo de esta naturaleza, de manera voluntaria y no por imposición de leyes que pueden ahuyentar la inversión.
El resultado no puede ser mejor: se evitan innecesarios conflictos y la comunidad   –tras sus propios mecanismos de diálogo y debate internos– decide convertirse en socio activo que se beneficiará, también, con el éxito comercial del proyecto.
La noticia fue difundida por el diario El Comercio (19 Nov. 2011) y da cuenta que mediante mecanismos como el referido, las comunidades pueden empezar a confiar en las empresas, en los beneficios del desarrollo social y en la minería ambientalmente responsable.
De este modo, también, las comunidades se podrán incorporar al mercado, comprender su dinámica y convertirse en empresarios vigilantes de que “sus” proyectos marchen adecuadamente para el bien de sus familias y del espacio en el que habitan.
En esencia, el ejercicio de inclusión de las comunidades como accionistas de proyectos que se albergan en el subsuelo de sus tierras es una medida innovadora,acertada, respetuosa, justa y podría constituirse en un mecanismo que evite los conflictos socioambientales que generan algunos nuevos emprendimientos mineros.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Gobierno peruano declara de interés nacional lucha contra la minería ilegal

La agencia de noticias oficial peruana ANDINA, difundio que el gobierno ha decidido declarar de interés nacional la lucha contra la minería ilegal en todo el territorio nacional, informó hoy (16/11/2011) el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.
“De esta manera, todos los sectores involucrados deberán desplegar sus esfuerzos para combatir actividades ilegales que dañan nuestro medioambiente y se introducen en zonas de reservas naturales por lo que tenemos que ponerle un alto”, consideró.
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal genera más de 1,000 millones de dólares al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún genera canon minero en beneficio de Perú y sus regiones.
El presidente del Comité Aurífero de la SNMPE, José Miguel Morales, precisó que de dicho monto alrededor de 750 millones de dólares están ligados a la explotación informal de oro.
En la actualidad se realizan actividades de extracción ilegal de minerales en 13 regiones, entre las cuales están Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.
También se estima que más de 100 mil personas están involucradas en la minería ilegal, y mujeres y niños son sometidos a un trabajo forzoso por los promotores de la extracción ilegal de minerales.

martes, 15 de noviembre de 2011

Suspensión de concesiones mineras y la búsqueda de una minería sostenible

El proceso social en búsqueda de una minería sostenible en Perú, tiene como un antecedente legal al Decreto Supremo Nº 026-2011-EM -publicando el 29 de Mayo del 2011 en el diario oficial El Peruano- que dispuso la suspensión de la admisión de petitorios mineros en el territorio de las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo del departamento de Puno por un plazo de doce (12) meses.
Esta medida se dictó como resultado del proceso de diálogo desarrollado entre representantes del Poder Ejecutivo del anterior gobierno nacional y las autoridades regionales y locales de Puno, departamento en el que se acató una huelga por 18 días en contra de las actividades mineras en la zona sur peruana.
Similar método se sigue actualmente en las Provincias de Andahuaylas y Chincheros para lograr que la administración del gobierno peruano en funciones, genere un Decreto Supremo reforzando la posición de no tener minería en esas jurisdicciones territoriales.



En este proceso, se trata de hacer una minería sostenible respetando el medio ambiente y las necesidades de las poblaciones que se encuentran alrededor de los proyectos mineros.
Para alcanzar esa minería sostenible, no se debería soslayar responsabilidades compartidas evidentes para lograr un real y efectivo ordenamiento territorial.
Las protestas se incrementan porque no se llega a distinguir a la mineria formal de la minería informal y/o ilegal ; no se toma conocimiento pleno de la regulación correspondiente a los planes de cierre con que cuentan las mineras formales, las cuales garantizan a la población que una vez terminada la vida útil de la mina, se podrá continuar con las actividades normales de las poblaciones aledañas sin afectar negativamente su calidad de vida.
La poblaciones reclaman del Estado peruano una participación de los beneficios que otorga el sector minero formal, ya que no percibe mayor mejoramiento de su calidad de vida pese a que la minería tiene marcada presencia através de los años en sus localidades.
De otro lado, consideran que no pueden seguir siendo juez y parte en las decisiones que involucran a sectores productivos y a los que cautelan el medio ambiente.
La suspensión de concesiones mineras sólo estaría retardando la toma de decisiones que deberá tomar el país en forma consensuada sobre qué es lo que le conviene  y sobre todo a las nuevas cuencas mineras y aquellas cuencas que tienen larga tradición minera.
Las opciones son conocidas, optar por dejar los ingentes recursos mineros en donde se encuentran actualmente también constituye una opción válida, sin embargo, la decisión pasa por la libre determinación de los pueblos que cautelan los intereses nacionales  de las grandes mayorías actuales y de las futuras generaciones de peruanos.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Imperio de la Ley & minería ilegal

Actualmente, la administración del Estado Peruano se encuentra en un proceso de establecer con mayor énfasis el orden y llevar el imperio de la Ley en zonas del territorio nacional donde existen marcadas evidencias de actividades ilícitas y que en particular algunas tienen relación con labores de mineros informales y/o ilegales.
Uno de los soportes utilizados por el Estado de Derecho , considera  como  instrumento  legal a la Resolución Suprema N°511-2011-DE del cuatro de noviembre del 2011 y publicada en la misma fecha en el diario oficial El Peruano, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las provincias del Manu,Tambopata y Tahuamanu del Departamento de Madre de Dios, para prevenir actos de violencia que pudieran suscitarse por las intervenciones de la fuerza pública contra la minería ilegal.
Es así que se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la PNP del cinco de noviembre al cuatro de diciembre del 2011. 
Inmediatamente después que la impecable intervención de la Autoridad Nacional en la Región Madre de Dios se difundiera através de los medios masivos de comunicación,los mineros informales y/o ilegales -que actúan también en otras partes del país- se pusieron a buen recaudo, protegiéndose mediante las protestas que elevaron los conflictos sociales tanto en número como en intensidad.
En la escalada de protestas promovidas como una actitud reactiva de los mineros informales y/o ilegales ante el orden aplicado, utilizan a los agricultores y entre ellos a las asociaciones de regantes para dar una imagen de descontrol de la minería en su conjunto -sin discriminar la minería formal de la informal-  focalizando sus protestas en contra de las concesiones mineras supuestamente por poner en riesgo sus propiedades al venir ocupando mayores espacios de territorio y generar con sus actividades descontroladas eventuales impactos ambientales negativos que afectarían a los recursos hídricos y con ellos a sus productos agrícolas y ganaderos. 
Su discurso tiene acogida entre los campesinos ya que ciertamente la minería informal y/o  ilegal, generan altos niveles de contaminación no solamente en las cabeceras de cuencas , sino en los cuerpos de agua donde intervienen, reduciendo la calidad de vida de las poblaciones aledañas a este tipo de labores mineras.
Debemos precisar que esta minería ilegal, salvaje , invasiva y contaminante no permite ni cuenta con regulación alguna por parte de la autoridad ambiental en todos sus niveles de gestión que pueda controlar,supervisar y/o fiscalizar sus actividades.
El ordenamiento legal peruano, establece que la atención de la mediana minería y minería artesanal es competencia de los gobiernos regionales, sin embargo, algunas regiones no estarían cumpliendo con este mandato legal y por consiguiente con sus funciones específicas en este extremo.
En este contexto, la minería ilegal -para subsistir- utiliza las legítimas y justas demandas de la población afectada por las actividades contaminantes y se aprovecha de la inacción de algunas autoridades regionales y locales del país.
La evidente estrategia que utiliza la minería informal y/o ilegal pasaría por dilatar los proyectos mineros formales que si pasan por controles diversos por parte de la autoridad,de tal modo que puedan transitar por la consulta previa, libre e informada que tienen que ver con las concesiones mineras, volver a revisar las concesiones mineras y participar de una reglamentación que impida a la minería formal actuar en espacios del territorio peruano liberados de minería. 
En estricto lo que se buscaría es sacar de los espacios concesionados a la minería formal  y continuar en su lugar con  labores mineras en un ambiente informal y/o ilegal.
Para citar un ejemplo actual de lo anteriormente descrito, nos situamos en la protesta antiminera de los agricultores que se realiza en las localidades de chincheros y Andahuaylas, el hecho es que en esa zona de desborde social, no se encuentra operando ninguna minería formal, es mas, en la actualidad no se esta procesando por parte de la autoridad competente minera ninguna concesión en la zona de influencia de las protestas.
Es así que el accionar del gobierno central tiene al frente no solamente a una población que es virtualmente  la  población  afectada  por  el  ordenamiento  minero -que tenían las actividades informales y/o ilegales mineras-sino que al mismo tiempo debe enfrentar a algunas equivocadas autoridades regionales y algún Congrecista de la República en búsqueda de notoriedad,que por evidentes acciones populistas, se pliegan a las protestas en contra de los proyectos mineros y en defensa del agua y la vida, sin diferenciar a que tipo de minería se refieren.

Esta confusión, debe ser oportunamente aclarada por la administración del gobierno peruano, o en todo caso, difundir su accionar con mas precisión a los efectos de no generar mayores dudas a la población objetivo y con ello dar fuertes señales a los capitales tanto nacionales como extranjeros para no afectar los niveles de inversiones del sector minero previstas para el país.

martes, 8 de noviembre de 2011

Reacción por el ordenamiento minero

La adecuada actuación de la actual administración del Gobierno peruano para ordenar la minería informal e ilegal en el país causaron diversas reacciones por parte de sectores de la población que ejecutaban sus labores económicas ligadas directa o indirectamente a éstas actividades. 
Un primer escenario es Madre de Dios (Acciones en respuesta del Decreto de Urgencia Nº 012-2010), donde los mineros informales del sector de La Pampa bloquearon este domingo 6 de Noviembre tres kilómetros de la vía Interoceánica durante seis horas.
Lo hicieron en protesta por la operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional del sábado 5 de noviembre, que destruyó finalmente más de 75 balsas dragas y similares.
Desde las 10 a.m. alrededor de cinco mil (5.000) mineros y algunos comerciantes tomaron la carretera que une Puerto Maldonado con Cusco y levantaron barricadas con llantas, mesas de plástico y madera entre los kilómetros 107 y 110.
Esta acción sería parte del paro indefinido que planean los mineros informales en Puerto Maldonado en las que se integrarían unas 30 mil personas que desarrollan labores mineras en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata.
El segundo escenario es Apurimac ( Acciones en respuesta a la Resolución Directoral Nº 049-2011 GR-DREM-APURIMAC/ RD), donde se resuelve paralizar en el ámbito de las provincias de Andahuaylas y Chincheros actividades mineras metálicas y no metálicas de productores mineros informales ubicados en cabeceras de cuenca, humedales, ojos de agua, riberas de ríos y zonas agrícolas, extendiéndose su vigencia hasta iniciarse el proceso de zonificación y ordenamiento territorial.
Motivo por el cual los agricultores de la provincias de Andahuaylas y chincheros (región Apurímac), iniciaron desde el 03 de noviembre una huelga indefinida en rechazo a la explotación minera ilegal.Los manifestantes bloquearon las vías de acceso desde Andahuaylas hasta Abancay y la región Cusco.Hasta el momento habría más de 5 mil comerciantes afectados por la medida.
Al restituirse el imperio de la ley en las labores mineras de carácter informal y/o ilegal, los mineros informales afectados por las medidas estarían tratando de confundir a la opinión pública sobre la necesidad de aplicarse la Ley de Consulta Previa y esperar su reglamentación para adecuarse a la misma, entre tanto, continuar operando en la informalidad.
En este contexto, no se debería confundir los hechos que generan los conflictos sociales con las motivaciones y características antes descritas con otros eventuales conflictos sociales ambientales del sector minero que se desarrollan respetando el marco de las Leyes vigentes en Perú. 

sábado, 5 de noviembre de 2011

Ordenamiento Minero

La anterior administración del gobierno peruano dictó  el Decreto de Urgencia Nº 012-2010 de febrero del 2010 , declarando de interés nacional el ordenamiento minero en  Madre de Dios , considerando una serie de medidas inmediatas y fijando el  plazo de su implementación en doce meses contados a partir de su entrada en vigencia, con lo cual se pretende ordenar la minería informal e ilegal identificados  en la zona.
Es en este contexto que funcionarios del gobierno dan cuenta de la destrucción de cinco (5) Dragas balsas en una intervención conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la que participaron alrededor de mil quinientos (1500) efectivos.
Las zonas de influencia de la intervención involucran a los ríos afluentes del río Madre de Dios : Malinowski (Llamada Río Alto Tambopata),Tambopata,Inambari y el propio río Madre de Dios, que pertenecen a la cuenca del río Amazonas.
Se tiene como meta destruir cincuenta (50) dragas balsas cuando se esté culminando la operación para ordenar la minería informal e ilegal en la región. 

jueves, 3 de noviembre de 2011

Proyecto Conga según Reuters

Líderes de una región en el norte de Perú dijeron el miércoles (02 de Noviembre del 2011) que fracasó el esfuerzo del Gobierno para limar posiciones entre la estadounidense Newmont y pobladores que quieren la suspensión del desarrollo de un proyecto minero de 4.800 millones de dólares.
El proyecto de oro y cobre Minas Conga, desarrollado por Newmont y la peruana Buenaventura, representa la mayor inversión minera en el país andino y su viabilidad o no podría marcar la pauta en la relación del presidente izquierdista Ollanta Humala con los capitales privados.
Tres ministros de Estado llegaron a la región minera de Cajamarca y se reunieron con representantes de la compañía, dirigentes y autoridades de la zona que temen que la operación de Minas Conga reduzca la afluencia de agua local.
El presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, dijo a Reuters que en la cita no se llegó a un acuerdo entre las partes y los pobladores mantienen su posición para que se suspendan las actividades de Minas Congas, que produciría entre 580.000 y 680.000 onzas de oro anuales desde el 2014.
Perú, cuya minería es clave para la economía local, es el segundo productor mundial de cobre y el sexto de oro.
"No ha habido mayor conclusión, nuestro pedido es que se suspenda el proyecto Minas Conga, es el pedido de las municipalidades, del Gobierno regional", afirmó.
Santos dijo que los representantes de las zonas cercanas al proyecto se reunirán el jueves para evaluar las recientes conversaciones con el Gobierno y la empresa.
El funcionario refirió que planean realizar un paro regional el 9 de noviembre para hacer respetar la posición de las comunidades.
Miembros del equipo negociador del Gobierno, que sobrevolaron en un helicóptero la zona donde se encuentra el proyecto Minas Conga, no hablaron sobre un fracaso de las conversaciones en la jornada. Representantes de Newmont no estuvieron disponibles para realizar comentarios del tema.
NO QUIEREN VIOLENCIA
Los dirigentes han dado hasta el jueves para que se retire el campamento minero y la minera Newmont teme una invasión a su propiedad donde tiene maquinarias y personal laborando.
Wilfredo Saavedra, líder de un frente de defensa ambiental de Cajamarca, afirmó a Reuters que para el jueves esperan movilizar unas 5.000 personas hacia una localidad cerca a Minas Conga, para escuchar a sus dirigentes y evaluar el tema.
"El país ya vivió las épocas de violencia y hemos aprendido que no es la forma de resolver las diferencias. Todas las opiniones las escucho y son respetables, por eso hemos venido aquí a visitar diversas zonas de la región", dijo a periodistas en Cajamarca el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera.
En muchas zonas mineras de Perú, los pobladores suelen protestar en demanda de mayores beneficios por parte de las empresas, que actualmente gozan de altos precios de los metales, y en medio de temores medioambientales, con manifestaciones que en ocasiones derivan en violencia.
"La posición del Gobierno es que al Gobierno le interesa la inversión, pero no a cualquier precio", dijo Herrera.
El rechazo a Minas Conga surgió apenas días después de que pobladores en Cajamarca bloquearan el acceso a la mina de oro Yanacocha de Newmont y Buenaventura, para presionar a la firma de un "acuerdo social" por unos 73 millones de dólares.
Esa protesta, que también derivó en violencia con la quema de maquinaria, llevó al cese temporal del yacimiento de oro.
"Hay interés en la inversión minera, el Perú es un país minero, pero queremos una minería responsable que cumpla con las obligaciones sociales y ambientales", dijo Herrera.
PROYECTOS BAJO LUPA
El Gobierno de Humala busca aplacar los conflictos sociales relacionados con unos 200 proyectos mineros y de petróleo en el país, donde un tercio de la población vive en la pobreza a pesar del auge económico de los últimos años.
Minas Conga forma parte de los proyectos por unos 45.000 millones de dólares que importantes mineras avanzan en el país rico en recursos naturales y que son amenazados por el persistente malestar social.
Además del proyecto Minas Conga, pobladores de Cajamarca rechazan otros proyectos ubicados en cabeceras de cuencas.
Entre los proyectos mineros que rechazan los comuneros figuran los proyectos auríferos La Zanja, de Buenaventura, y Tantahuatay, también de Buenaventura y la cuprífera Southern Copper, los que ya están en operación.
En el 2003, campesinos de una zona en la región norteña de Piura atacaron y expulsaron a la canadiense Manhattan Minerals, que abandonó su proyecto de cobre y oro Tambogrande cuya inversión ascendía en ese entonces a 315 millones de dólares.
Los pobladores en Piura, quienes protestaron por meses, temían que la mina contaminara sus cultivos de limones y mangos, en uno de los principales valles frutícolas del país.
Cabe acotar - para el caso de Piura - la minería informal ingreso a operar apenas la minería formal abandonara su proyecto con los resultados lamentables ya conocidos en el país.