sábado, 30 de abril de 2011

Gestión del Estado y PBI en el tema de las sobreganancias mineras

La minería peruana logró captar inversiones por más de dieciocho mil millones de dólares en los últimos quince años, lo que le ha permitido crecer a una tasa superior a la del PBI nacional.
Ciertamente el PBI minero peruano creció en 260 por ciento en las últimas dos décadas (Su crecimiento fue superior al PBI nacional que logró crecer 135 por ciento desde 1990), impulsado por las mayores inversiones que ha habido en el sector.
La minería representa más del sesenta por ciento de las exportaciones totales del país y más del cuarenta por ciento del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que recauda el Estado.
El sector minero genera más de 128 mil empleos ocupados directos y 500 mil indirectos, y realiza compras anuales por un valor del orden de los 13,000 millones de nuevos soles en el mercado nacional.
Entre Enero del 2007 a Julio del 2010  se distribuyó entre los Gobiernos Regionales mas Gobiernos Locales la suma de dieciséis mil trescientos treinta y seis millones de nuevos soles.
Todo esto y más es lo que ha trascendido como cifras sin llegar al detalle de la auténtica situación en que se encuentra el sector minero.
No llegar al sinceramiento de información que rodea a los logros alcanzados permitió un distanciamiento entre la minería y la mayoría de una población peruana que no se siente partícipe de los beneficios propalados.
Por ello, causa sorpresa en algunos actores sociales saber que en los últimos años existe una contracción del PBI minero, pues difiere de la información generalmente aceptada por la población peruana.  (% PBI MINERO (Var%real) : -1.4 (2009) y -4.9 (2010)).
En este contexto, decir que el indicador de la evolución negativa del PBI minero resulta ser un efecto de las causas ligadas a la cada vez mas crecientes limitaciones existentes en la exploración y explotación minera, no resultaría ser un exceso.
Recordemos que Perú posee una riqueza geológica que brinda múltiples oportunidades de inversión y que a la fecha sólo el 1.3 por ciento del territorio nacional se usa para desarrollar trabajos de exploración o explotación minera, cifra que se mantiene casi sin mayores progresos en el tiempo, pese a que las áreas concedidas a la actividad minera representan 13.8% del territorio nacional.
En esencia lo consiguieron: el debate de la sobreganancias mineras está en el nivel de la decisión de grupos políticos que virtualmente tomarán la administración del país, pues hicieron eco de una buena parte de la población creyente que echando mano de estos fondos resolverán los problemas inherentes a la canasta familiar.
No estuviéramos escribiendo de esta forma si no hubiera un número significativo de peruanos  que piensan que con la sobreganancias mineras se puede financiar gran parte del presupuesto del país.
Todo ello sin perjuicio de conocer que el aporte de la minería a la economía peruana nacional es importante, pero que sin embargo sólo equivale al 6.4 % del PBI nacional.
Surge entonces la pregunta respecto al comportamiento y justo tratamiento de los otros sectores estratégicos en su aporte al PBI para el desarrollo nacional. 
La prensa lo sabe y lo explota. Aquellos a los que se les supone oficio para seleccionar la información, para acreditar su veracidad y no dar pie  a rumores sin fundamento.
Primó entonces el discurso mediático sustentado en que los precios internacionales de los metales se han disparado y con ello las ganancias y la rentabilidad de las mineras han aumentado en grandes dimensiones, por lo que el Estado tendría legítimo derecho a una participación proporcionada.
A la inadecuada comunicación entre el Estado peruano, los mineros y la mayoría de la población en lugares sin tradición minera, se le incorpora su deplorable gestión en  organismos competentes que no pudieron neutralizar a la burocracia insensible persistente en la administración pública. Podríamos revisar el manejo minero en Madre de Dios si quedara alguna duda sobre el particular.
Sin embargo, a medida que nos acercamos a identificar la causas de las demandas socio ambientales que se van incrementando en forma recurrente, llegamos a deducir que muchas de las situaciones existentes son ajenas al inversionista minero.
Resulta que el inversionista minero paga sus impuestos al Estado y estos no en pocas veces son utilizados adecuada ni oportunamente en las comunidades que sienten no percibir ninguna inversión social.
A este escenario se incorpora el hecho que desde Enero del 2007 a Enero del 2011, las mineras han depositado un mil setecientos setenta y seis millones de nuevos soles por aporte voluntario.
Lo antes mencionado podría contemplar una elevada carga ideológica confrontacional , pues involucran posiciones encontradas respecto a externalidades provocadas por el tema de la contaminación actual generada por la actividad minera o los pasivos ambientales y el tema de responsabilidad social.
Las compañías mineras contribuyen - además del pago de impuestos, canon, regalías, aporte voluntario - mediante proyectos de apoyo a comunidades aledañas a su área de influencia con infraestructura de servicios básicos salud, electricidad, educación, carreteras, saneamiento : agua potable y alcantarillado, etc, en el marco de su responsabilidad social empresarial. También contribuyen con su aporte a las universidades nacionales beneficiarias directas del canon minero. (Reciben el 20% del monto que perciben los gobiernos regionales para ejecutar investigaciones científicas y tecnológicas).
Sin embargo, no pueden efectuar acciones de gran escala que supondría sustituir la labor que le corresponde realizar al Estado.
Las solicitadas obras con gran impacto en la población, requieren además del procedimiento estipulado por Ley, de un tiempo de planificación y la concurrencia de voluntades de ámbito macroregional, por consiguiente escapan del área de influencia de una compañía minera en particular.
Cierto es que hay climas políticos como en el periodo electoral que favorecen la calumnia, el escarnio o la mentira, el clientelismo político y asistencialismo favoreciendo el incremento de la corrupción y también cierto que los medios de comunicación a menudo favorecen que columnistas y opinadores expertos les hagan el trabajo sucio, suelten sesudos "análisis científicos" en aras de la libertad de expresión aquello que no se sienten impelidos a demostrar: es una opinión, ¡su docta opinión!.
Todo con tal de animar un espectáculo que sólo conduce a la toma de carreteras y lamentables muertes que se han producido con cierta frecuencia últimamente en nuestro país.
Para el mitificador de la minería cualquier argumento es válido para hacer daño y desviar la atención al terreno de las dudas y murmuraciones.
Los más burdos echan mano del insulto, los más sofisticados apelan a la filosofía o la ciencia para llegar a la misma conclusión, que hay un grupo de compañías mineras que se levantan en peso las riquezas del país y que no dejaran nada para las futuras generaciones. Que se acabarán o contaminarán el agua necesaria para los agricultores y por ende perjudicarán la calidad de sus productos y sus ganados.
El mitificador de la minería no suele rendirse. Si la duda ha sido resuelta técnicamente, si se demostrara que el inversionista no es responsable de las protestas ciudadanas y se llegara a un razonable acuerdo con la nueva administración del gobierno peruano respecto a los contratos, el mitificador contesta, ¡eureka!, ahora, habrá que averiguar si han pagado las multas por contaminación y el daño ambiental provocado desde los albores de la minería en territorio nacional; recordándonos épocas de bonanza de la economia peruana (Guano de la Isla,Caucho,Pesca,etc.) y cómo es que no supimos defender el patrimonio nacional.
Y aunque sea difícil creerlo para las personas racionales, los nuevos rumores tendrán su público, porque siempre hay público para la cosa facil, y no hay autoridad o evidencia que borre de la mente de un público sediento de echarle la culpa de los errores del pasado.
Sobre el presente, también es dificil creer que existirían más de cincuenta mil millones de nuevos soles que pertenecen a las regiones por canon y regalias mineras y que no son utilizados , encontrándose en tránsito hacia su destino final de la comunidad beneficiaria, ya sea porque se encuentran estacionados en el Banco de la Nación o Bancos Privados , o que el Estado no tiene la menor idea de donde invertirlos ante la ausencia de proyectos.
 

La ausencia de Proyectos en lugares carentes de servicios básicos 
generan en su lugar construcciones faraónicas con fondos mineros.

El sector minero peruano tiene una cartera de proyectos que supera los 46 mil millones de dólares que se deben hacer realidad en los próximos años, hacemos votos para que el interés por invertir en Perú subsista, asi como el concenso en mantener un cuidado ambiental estricto y no descuidar la agenda social pendiente para reducir los conflictos socio-ambientales producidos ante el crecimiento del sector minero visto como articulador con el desarrollo sostenible de las regiones mineras y el país en general.

jueves, 28 de abril de 2011

De las negociaciones en torno a las sobreganancias mineras

Es altamente probable que en el corto plazo la próxima administración del gobierno peruano convoque a las empresas mineras para negociar sobre el impuesto a las sobre ganancias mineras, toda vez que las dos alternativas de gobierno central que pasaron a definir quien se hará cargo del gobierno central peruano, optaron por financiar parte de sus propuestas de gestión del Estado aplicando los fondos económicos obtenidos de estas sobreganancias.
Es importante entonces conocer  lo que significaría este tipo de negociación para el país.
En los últimos cinco años (Periodo 2006-2010), las exportaciones totales del país fueron US$  145,691 MM, de los cuales las exportaciones mineras significaron US$  88,714 MM , es decir, el aporte de la minería  representa el 61% de las exportaciones totales que tiene el país. 
Asimismo, las exportaciones mineras se elevaron de US$  14,735 MM (2006) a  US$  21,723 MM (2010) , incrementándose en 67.8 % en ese lapso.
Estas cifras frías difundidas en el contexto de la campaña electoral, hacen considerar en el común de los ciudadanos que el marco legal es diametralmente asimétrico, favorable para las inversiones mineras y desfavorable para los derechos de las poblaciones.
Lo que estaría por verse son las condiciones reales en las cuales se sentarían a negociar las partes, una de las cuales tiene que ver con la evolución del PBI minero.
El porcentaje del PBI Minero (Var% real) presenta una tendencia negativa.
En el periodo antes mencionado se tienen las siguientes cifras : % PBI MINERO (Var%real) 1.1 (2006) ,1.7 (2007),  7.3 (2008), -1.4 (2009) y  -4.9 (2010). 
En Enero del 2011, el PBI minero sufrió una contracción de -6.8 % por la caida en la producción de minerales como el estaño (-24.7%) , Plomo (-23.6%) y Oro (-17.4%) entre otros.
Otro de los elementos a tomar en consideración es que a pesar de la importante inversión realizada en los últimos años para mitigar la pobreza y desarrollar las zonas donde operan las mineras (aporte de la minería através del impuesto a la renta , canon minero y de los aportes voluntarios a las regiones y localidades donde realizan sus actividades) no se percibe una reducción de conflictos; por el contrario, éstas se han incrementado. Es preciso remediar los factores generadores de los problemas sociales y ambientales recurrentes en Perú y no dejar a las empresas mineras solas para que mediante proyectos de responsabilidad social puedan derrotar a la pobreza extrema persistente aún en algunos lugares del país.
Cabe tomar nota que actualmente la carga impositiva en el Perú supera  a directos competidores en el tema minero como es el caso de chile y Australia.
Lo que estaría pendiente en agenda, es la necesidad que las mineras mantengan su competitividad construyendo una relación de confianza y de comunicación adecuada con el futuro gobierno peruano, con capacidades de sostener la cartera de proyectos mineros prevista o las mejore con las alternativas que se brinden para continuar y/o empezar operaciones en el país.

martes, 26 de abril de 2011

Riesgos en clima Jurídico e Inversiones mineras

El martes primero de Febrero del 2011 comentaba en este espacio características del Instituto FRASER y nos  referiamos al reporte de encuestas producto de las investigaciones  hechas en la percepción sobre el atractivo para el inversionista, como destino de la inversión minera.
Decíamos entonces que el índice de percepción del potencial minero puro, definido por la apreciación de los inversionistas sobre la riqueza geológica de determinado territorio, ubicaba al Perú en primer lugar entre sesenta y cuatro países (encuesta 2005-2006), y , cuando a éste indicador se le incorporaba las restricciones al acceso o uso de los terrenos superficiales y/o subterráneos y las regulaciones en general, como las tributarias, sociales y ambientales, el Perú caía a la posición número cuarenta y tres (43).
Una reciente encuesta realizada por este prestigioso instituto, da cuenta que invertir en Perú presenta mayores riesgos.
Actualmente (Abril 2011) se encuentra en la posición número cuarenta y ocho.
En este lapso bajó cinco puestos debido al ruido político generado por las señales inadecuadas que los líderes políticos están enviando a los inversionistas de todo el mundo sobre la incorporación de un nuevo tratamiento legal para gravar las sobreganancias mineras o eventuales mayores regalías.
De otro lado - según informes de distintos medios de comunicación- se aprecian demandas sociales y ambientales que buscan desincentivar la exploración y explotación minera en determinadas áreas del territorio nacional sujetas a presiones de índole social y a la actuación de sus propias autoridades políticas, las cuales terminan generando serias dudas respecto a la estabilidad jurídica de cara al futuro. 
Las señales antes mencionadas, ponen en riesgo los niveles de competitividad de la minería.     
Hacemos votos para que los medios difundan las expresiones políticas en su verdadera dimensión -que constituye el marco del proceso electoral democrático que vive el país - sin deformar la bien ganada imagen de país moderno en el tema minero, gracias a una bien ganada posición con respecto al medio ambiente responsable, un marco legal que favorecen las inversiones, permitiendo al país continuar ubicado entre los países privilegiados en términos de recepción de inversiones.

lunes, 25 de abril de 2011

Experiencia en concesiones y asociación público-privada.

Perú cuenta con experiencia en el tema de concesiones y modalidades de asociación público-privada para las inversiones que han hecho posible la realización de una gran variedad de obras de infraestructura necesarias para su crecimiento y desarrollo.
Este escenario permitió un espacio participativo a empresas que forman parte ya del crecimiento histórico que viene ejecutándose en diversas partes del territorio nacional.
A modo de ejemplo , presentamos una síntesis descriptiva de la partición de una de ellas, ejecutando proyectos para sectores estratégicos como : minería, transporte, electricidad y saneamiento.
Para continuar por la senda del crecimiento que tanto esfuerzo costó a las pasadas generaciones de peruanos, es preciso que las sucesivas administraciones del estado, mantengan las seguridades jurídicas y estabilidad macro económicas muy necesarias  para lograr el desarrollo del país.

jueves, 21 de abril de 2011

Perú como proveedor de energía limpia y renovable de Sudamérica

En 1997, el Estado Peruano convocó a concurso público internacional para la concesión y operación del proyecto de la línea de transmisión de energía eléctrica Mantaro-Socabaya, a fin de interconectar el sistema interconectado centro norte (SICN) con el sistema interconectado del sur (SIS) y constituir el sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN).
En 1998, la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas (Promcepri) adjudicó la buena pro del concurso público internacional para la concesión eléctrica del sistema de transmisión Mantaro-Socabaya a Consorcio Transmantaro S. A. (CTM).
El operador estratégico para operar la Línea Mantaro-Socabaya fue Hydro-Québec International Inc.
Posteriormente, el 2006, Interconexión Eléctrica SA ESP (ISA) se convirtió en el operador estratégico de la compañía, siendo los accionistas de Consorcio Transmantaro ISA y Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB).
En este contexto, Perú podría convertirse en proveedor de energía limpia y renovable en Sudamérica al entrar en operación las actividades previstas para CTM.
CTM es una empresa dedicada a desarrollar transmisión eléctrica como concesionaria de la línea de transmisión Mantaro-Socabaya, para unir el Sistema Interconectado Centro-Norte con el Sistema Interconectado Sur. Asimismo, la construcción, operación y mantenimiento de redes de transmisión de energía, y el desarrollo de sistemas, actividades y servicios de telecomunicaciones.
El ministro de energía y Minas Pedro Sanchez explica seguidamente todo este planeamiento que se piensa seguir a largo plazo para hacer competitiva actividades como las desarrolladas en el sector minero.

martes, 19 de abril de 2011

Contratos de garantías mineras y altos precios internacionales de minerales

Los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera han sido firmados por las empresas mineras y el Estado Peruano, al amparo del artículo setentiocho de la Ley General de Minería (DS Nº 014-92-EM).
Una posición actual (2011) que viene difundiéndose bajo el escenario del incremento de precios internacionales de los minerales es que debe modificarse la Ley de Minería para que los nuevos contratos permitan un eventual reparto equilibrado de las utilidades y las sobreganancias entre las empresas mineras y el Estado Peruano.
Asimismo, los contratos de estabilidad precitados están amparados por el artículo sesentidos de la Constitución Política de 1993, el cual establece que los contratos sólo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes. Por consiguiente, el acuerdo entre las partes es condición sine qua non para cualquier eventual modificación.
El supuesto que alienta la modificación es el hecho que las empresas mineras estarían obteniendo ganancias imprevistas por los altos precios y el Estado no estaría obteniendo la participación que le debería corresponder por impuesto a la renta y regalías.
Este cambio se realizaría sin perjuicio de la existencia del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, también llamado “óbolo minero”, que no extendería su vigencia durante la próxima administración del Estado peruano.
Es así que el próximo gobierno (A partir de Julio del 2011) decidirá sobre la continuidad del aporte voluntario, abriéndose la posibilidad de crear un impuesto a las sobreganancias mineras, toda vez que tal propuesta quedó entre los candidatos presidenciales que van a la segunda vuelta electoral.
Ambas opciones que podrían administrar los destinos del Perú por los próximos cinco años: Gana Perú y Fuerza 2011 ratificaron sus posiciones de incorporar más impuestos a las empresas mineras que vienen realizando operaciones en territorio peruano. Las propuestas coinciden en gravar las sobre ganancias mineras. La propuesta de Gana Perú considera que no renovará los contratos de estabilidad, además que eliminará esa figura de la Constitución Política. En este contexto, se estaría considerando eliminar el óbolo minero. Por su parte, la propuesta de Fuerza 2011 es establecer regalías variables sobre la base del margen operativo, de manera que cuando haya más ganancias habrá más regalías.  El óbolo minero se creó en el año 2006, como resultado de un convenio entre el Ejecutivo y treinta y nueve empresas mineras, en vista de la presión de la campaña electoral de los entonces candidatos Alan García y Ollanta Humala, quienes proponían gravar las sobreganancias.
En ese acuerdo se comprometía a las empresas extractivas a donar el 3.7% de sus utilidades para inversiones sociales, sumando en conjunto alrededor de S/. 500 millones de nuevos soles al año. Es así que desde enero del 2007 (inicio de su vigencia) hasta enero del 2011, las mineras han depositado S/. 1,776 millones por este concepto, según el informe de la Comisión Sectorial del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Este monto no corresponde a los S/. 2,500 millones previstos por las mineras en cinco años, y alcanzarían sólo S/. 2 ,300 millones. Las inversiones ejecutadas representarían el 62% del total depositado. El informe del MEM menciona que la ejecución del “óbolo minero” se concentró en proyectos de infraestructura (32.94%), cadenas productivas (15.66%) y educación (15.23%), seguidos de inversiones en salud (11.95%) y nutrición y alimentación (11.01%).
Respecto a los contratos duran 15 años y se podrán observar en el Portal del Ministerio de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/).
Veremos que los contratos de Barrick (Pierina), Cerro Verde y Yanacocha (Cerro Yanacocha) vencen en los años 2012, 2013 y 2014, respectivamente. El contrato con Antamina, por US$ 2,094 millones, vence el año 2015. Posteriormente viene Barrick (Alto Chicama), que vence el 2020, y también de Chinalco (Toromocho), que debe empezar su inversión en el 2012, por lo que su contrato concluye el año 2027.
A los mencionados debería sumarse el de Xstrata (Las Bambas), firmado en el año 2009 al amparo de los DL 662 y DL 757 del año 1991 (la inversión debe comenzar el 2011).
El sustento de las modificaciones radicaría en las nuevas condiciones económicas y sociales en beneficio de la estabilidad económica y social de las partes.
Nos preguntamos si sería suficiente sustento para ambas partes y si esta contingencia no retraería las inversiones previstas de cara al futuro en Perú. 

jueves, 14 de abril de 2011

Impases subsistentes sobre el proyecto cuprífero Tia Maria

La compañía minera Southern Copper Corporation, en su oportunidad, informó que el proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa) demandaría una inversión de 949 millones de dólares, produciendo unas 120 mil toneladas de cátodos de cobre al año.
Detalles técnicos del proyecto se podrán ver en la siguiente presentación:
Habida cuenta que el conflicto recurrente entre la Agricultura y la minería sobre el proyecto Tia María aparece en Agosto del año 2009, consideramos que ha habido tiempo suficiente para tratarlo de manera adecuada a través de procesos de diálogo.
Sin embargo, las reuniones que se plantearon fueron hechas solo en momentos en que se presentaban situaciones de crisis, es decir, no existió una continuidad en el tratamiento dialogante de este conflicto.
El dia 21 de Enero del 2011 se realizó una reunión informativa en la provincia de Islay sobre el proyecto minero Tía María con una asistencia aproximada de seiscientas personas que pudieron informarse sobre la metodología a emplearse, el uso del agua y lo que traería este proyecto por el desarrollo de la agricultura y otras actividades que se realizan en la provincia de Islay y el valle de Tambo.
Sin embargo, no fue suficiente para evitar ver resurgir las violentas protestas; la última de las cuales derivara en la decisión de declarar inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la autoridad competente.
Los argumentos contemplados para tomar esta decisión se explica seguidamente :
La administración del gobierno peruano había contratado a UNOPS a efectos de evaluar el EIA presentado por la compañía minera, habiéndose reportado ciento treintiocho (138) observaciones en el estudio presentado.
Correspondía entonces levantar las observaciones o explicar detalles técnicos por parte de la compañía minera a efectos de tomar la decisión que corresponda de acuerdo a derecho.
Cortando el proceso, y haciendo uso de una decisión soberana, se tomó la decisión de declarar inadmisible el EIA.
El estado de derecho que existe en Perú, demanda difundir para conocimiento público los términos que sustentan a la Resolución Directoral que adelanta el procedimiento y le hace encontrar elementos insalvables en este proyecto y que estarían aplicados con arreglo a Ley.
El antecedente servirá para obviar situaciones que generan ruido político en ulteriores actividades propias del sector minero.

miércoles, 13 de abril de 2011

Demanda por cierre de operaciones mineras en Perú.

Las firmas Renco Group Inc. y Doe Run Perú (DRP) iniciaron una demanda arbitral (7 Abril 2011) bajo un proceso de arbitraje contra el Estado peruano y exigirán una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
La demanda fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial.
Según Renco, el gobierno peruano vulneró el artículo 10.5 del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU.
Alegan que recibieron un trato injusto respecto de la ejecución del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
La firma dice que el Gobierno les exigió responsabilidades adicionales, lo que los obligó a solicitar varias prórrogas y que, debido a la negativa a extender el PAMA, no pudieron terminar con el proyecto faltante (Construcción de la planta de ácido sulfúrico).
Un segundo argumento es que el Gobierno Peruano trató con mayor dureza a DRP que a la empresa nacional Activos Mineros, a pesar de que esta última tampoco cumplió con las obligaciones que le correspondían del PAMA.
Para Renco, este hecho constituye un trato discriminatorio y vulnera el artículo 10.3 del TLC.
El tercer alegato de Renco es que está con problemas de financiamiento, lo que lo llevó a un proceso concursal ante INDECOPI.
Señala que están buscando financiamiento, lo que les permitirá pagar a sus acreedores.
Aduce que el Gobierno peruano pretenda ser reconocido como el mayor acreedor en la junta ante INDECOPI(por incumplimiento del PAMA), constituye para DRP un intento de expropiación que vulneraría el artículo 10.7 del TLC.
De otro lado, retoman el argumento que ha sido uno de los ejes centrales de su campaña publicitaria: el Gobierno peruano y la empresa Activos Mineros deben asumir la responsabilidad por las denuncias presentadas por los daños a la salud y el ambiente, ya sea que se presenten en el Perú o en los Estados Unidos.
Como antecedente se tiene que existe una denuncia contra Renco que fue admitida en un Tribunal de Missouri (USA) por un grupo de pobladores de La Oroya y que, según la empresa, es de entera responsabilidad del gobierno peruano.
Este es el primer caso de demanda de un inversionista contra el Perú que se ampara en el precitado Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EEUU.

Impuestos en sector minero Peruano

En el marco del proceso electoral que viene realizándose en Perú (Abril 2011), ambas opciones que podrían administrar los destinos del país por los próximos cinco años : Gana Perú y Fuerza 2011 ratificaron sus posiciones de incorporar más impuestos a las empresas mineras que vienen realizando operaciones en territorio peruano.
Ollanta Humala (Gana Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza 2011) como contendores en la segunda vuelta electoral, ambos tienen distintas propuestas para llegar a Palacio de Gobierno, pero coinciden en gravar las sobreganancias mineras.
Para Gana Perú, la mayor renta minera servirá para aumentar el presupuesto de los sectores educación y salud, así como generar fondos de garantías en créditos a las medianas y pequeñas empresas.
La propuesta de Gana Perú considera que no renovará los contratos de estabilidad, además que eliminará esa figura de la Constitución Política.
De otro lado, en los contratos de estabilidad que concluyan se aplicará a las mineras la tasa del Impuesto a la Renta que corresponde, y deberán pagar regalías , según esta propuesta de administración del estado peruano.
En este contexto, se estaría considerando eliminar el aporte voluntario minero.
Por su parte,la propuesta de Fuerza 2011 es establecer regalías variables sobre la base del margen operativo, de manera que cuando haya más ganancias habrá más regalías.