viernes, 27 de marzo de 2015

¿Ocaso de Tía María?

El proyecto, que planeaba producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre anuales, estuvo paralizado por más de dos años.
A pesar que Southern Copper logró la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto en agosto del 2014 y obtuvo los permisos para iniciar la construcción de la minera en enero de este año, ahora decidió cancelar el proyecto.
En esta semana, se desarrolló un paro violento de cuatro días en contra del proyecto, que escaló en un muerto, doce heridos y la retención de agentes policiales. Tres de los seis alcaldes distritales de Islay suscribieron un pronunciamiento para respaldar la medida de fuerza.
Aunque la preocupación por el agua en el valle del Tambo siempre ha estado presente en la población desde el inicio, Julio Morriberón, director de Relaciones Institucionales de Southern Perú, sostuvo que el conflicto ahora se ha politizado.
En diálogo con RPP, Morriberón criticó la suspensión continua del proyecto y la falta de decisión de las autoridades competentes, y denunció un “terrorismo minero” que afecta a varios proyectos del país.
Asimismo, indicó que, por el momento, no devolverán la concesión.

EL DATO

Entre sus planes para este año, Southern Copper Corporation tenía un programa de gastos de capital ascendente a US$ 2,687 millones para dos proyectos mineros en el país -Tía María y la ampliación de Toquepala- y otro en México.

LA POSICIÓN DEL EJECUTIVO PERUANO

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, señaló hoy que el proyecto minero Tía María sigue en marcha con una inversión prevista de 1,400 millones de dólares, según lo expresado por el presidente de Southern, Óscar Gonzáles Rocha.
Ortiz manifestó que Gonzáles Rocha estaba extrañado con el comunicado del vocero de Arequipa.
La ministra detalló que actualmente Southern forma parte de las mesas de desarrollo en las que se encuentra dialogando con autoridades, dirigentes y pobladores de Arequipa, región donde está asentado el proyecto minero Tía María.
"Estas conversaciones podrían extenderse entre tres y cuatro meses para llegar a un acuerdo y que el proyecto continúe, pues es de interés de Southern", dijo finalmente.

jueves, 26 de marzo de 2015

¿Activar gasto de inversión pública?

El Gobierno peruano habilitó proyectos de inversión por más de 1,000 millones de nuevos soles, mediante la emisión de una serie de normas orientadas a revertir la caída en el gasto de inversión pública de los gobiernos subnacionales, informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura.
Detalló que el Gobierno está a punto de aprobar un decreto supremo, que facilitará la habilitación de proyectos por 250 millones de nuevos soles adicionales. Agregó que estas iniciativas también serán coordinadas para ayudar a los gobiernos subnacionales en su realización.

domingo, 22 de marzo de 2015

Planes de inversión del Cobre

En Precio del Cobre & minería peruana manifestamos nuestras reservas frente al anuncio de los diez grandes proyectos cupríferos que sustentarían el proyectado crecimiento de la producción del metal rojo para el Perú en el año 2015. Complementando los argumentos antes mencionados, el diario Gestión nos recuerda que "han pasado pocos años desde que las grandes compañías mineras anunciaban inversiones de miles de millones de dólares para satisfacer el enorme apetito de minerales que tenía China, pero la desaceleración económica que ahora vive ese país los ha obligado a abandonar sus proyectos.
“China está pasando de un modelo de crecimiento no sostenible, impulsado por las inversiones, a un modelo más sostenible organizado en torno al consumo, la innovación”, dijo Nic Brown, experto en la industria minera de Natixis.
Por citar un ejemplo, en el 2011, BHP Billiton invirtió US$ 20,000 millones en actividad en el petróleo y el gas en los Estados Unidos, una suma colosal que, sin embargo, estaba por debajo de sus beneficios netos anuales de entonces.
Ese mismo año, Vale de Brasil anunció un plan de inversión récord de US$ 21,500 millones para el año 2012, el año en que Glencore y Xstrata lanzaron una megafusión para dar nacimiento a la cuarta empresa mundial de minería.
Sin embargo, desde hace cuatro años, los precios de los metales han caído, con lo que el precio del cobre pasó de más de US$ 4.43 la libra a mediados de enero del 2011 a unos US$ 2.61 la libra en marzo del 2015.
“La transición económica en China y la incapacidad de otros mercados emergentes para llenar este vacío han provocado una desaceleración de la demanda”, dijo Ivan Szpakowski, en un informe publicado por el banco Citi.
La oferta minera es demasiado abundante por culpa de las inversiones masivas de los últimos años, y eso baja los precios, sobre todo del carbón térmico, el acero y sus componentes (mineral de hierro y carbón), que dependían mucho de sus ventas a sectores chinos como la industria, la construcción de infraestructuras o los bienes raíces.
El Gobierno chino prevé un crecimiento de 7% en 2015 después del 7.4% en 2014, una desaceleración sin precedentes en 25 años para este país, la locomotora de la actividad mundial cuyo crecimiento era superior 10% a comienzos de esta década.
Esto ha asustado a los actores de los mercados del cobre, el aluminio, el níquel, el plomo o el zinc, de los que China todavía consume casi la mitad de la producción mundial.
“El paradigma tradicional de análisis de la demanda de materias primas, que se basa en Estados Unidos, China y Europa, será cada vez menos útil porque los generadores de la demanda vendrán cada vez más de ‘los cinco emergentes’: India, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Medio Oriente, Latinoamérica y África”, estimó el analista de Citi.
Pero esta nueva demanda no será suficiente para compensar la caída en los pedidos de China, impulsando a las compañías mineras a recortar sus planes de inversión y buscar fuentes de ahorro para estos tiempos difíciles condenados a durar.
Vale recientemente anunció que recortaría sus inversiones en 2015 por cuarto año consecutivo, y Anglo American sufrió una amortización de US$ 3,900 millones debido a la caída de los precios de las materias primas".

viernes, 20 de marzo de 2015

PDAC_Inversión minera a largo plazo

La delegación peruana coordinó para nuevamente ser un “país auspiciador”, denominación que tuvo por primera vez el año pasado. Se trata de una estrategia de marketing para captar inversionistas, una suerte de in PERÚ minero.
Las conferencias y discusiones estuvieron envueltas del optimismo propio de una delegación que busca promocionar al país, por lo que se enfatizaron los aspectos positivos del Perú como plaza minera y no se trataron algunos problemas claves como las modificaciones a los contratos de estabilidad tributaria de las mineras –que aumenta el riesgo de la inversión para las operaciones actuales.
Uno de los momentos más interesantes fue el panel internacional sobre el atractivo minero del país. Tras el optimismo inicial sobre las bondades del Perú, se pidió a los panelistas realizar recomendaciones a los inversionistas mineros que deseen ingresar al Perú. Estas y otras consideraciones fueron presentadas por Semana Económica.
El panel ofreció una cuota de realismo y consejos prácticos para los inversionistas.

PACIENCIA Y BUENAS RELACIONES

Deben estar preparados para realizar una inversión a largo plazo en el Perú”, afirmó Stephen Benoit, jefe de la región Andina de Export Development Canada. En la práctica, el tiempo requerido para desarrollar un proyecto termina siendo 4 a 6 veces más que el inicialmente estimado, dijo. Sin bien reconoció los esfuerzos del gobierno para reducir la lentitud en la aprobación de estudios y permisos para iniciar la construcción del proyecto, advirtió que implementar estos cambios tomará un “largo tiempo”. Por ello recomendó a los inversionistas realizar presupuestos de inversión considerando un plazo largo.
Otro punto clave en el que varios ejecutivos coincidieron fue el desafío para obtener la llamada licencia social, es decir, el apoyo de la comunidad. Pese a que pueda haber apoyo del gobierno nacional, “al final del día lo que sucede a nivel local es que determina el [éxito del] proyecto”, sostuvo Lance Crist, jefe de Industrias extractivas del IFC (brazo financiero del Banco Mundial que financia proyectos mineros). Crist recomendó que las empresas mineras inicien su relación con las comunidades cercanas al proyecto desde la etapa inicial de exploración. Enfatizó que este aspecto no puede ser dejado de lado incluso las compañías de exploración (juniors) con poca caja en la actual coyuntura, tras la caída de los precios de los metales.
Más que prometer beneficios desde el inicio, la clave consiste en manejar las expectativas de la comunidad y comunicar constantemente sobre los avances del proyecto. “Cada vez que visito una mina, la cantidad de desinformación es increíble”, dijo. Carlos Casas, director ejecutivo del nuevo Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, coincidió en que se debe buscar una relación sostenible con la comunidad. “Aquellas empresas que han priorizado el largo plazo y el desarrollo de la comunidad como objetivo más importante son las que han sido las que han obtenido más beneficios y mejores resultados [en el desarrollo de sus proyectos]”, sostuvo.
Este tipo de riesgos desincentivan a los inversionistas porque implican incertidumbre sobre el éxito de sus proyectos. “Las empresas mineras aman la predictibilidad y odian las sorpresas”, dijo Glen Ives, jefe de minería para las Américas de la firma consultora Deloitte. Sin embargo, los riesgos existen en todos los países en donde existe minería. De lo que se trata es de manejarlos y mitigarlos. “Hay que ser previsores”, agrega Carlos Casas. Prepararse para la incertidumbre permitirá a las empresas enfrentar estas “sorpresas” y evitar que sus proyectos terminen entrampados.

miércoles, 18 de marzo de 2015

Análisis por escenarios prospectivos

Este análisis, permite una mirada a los conflictos en el tiempo buscando una visión hacia un objetivo común que se traza en el proceso de planeamiento y permite evaluar escenarios para conjugar el resultado mediante las acciones necesarias. 
La opinión de un experto ambientalista, como es en el caso de Felipe Injoque Espinoza, que además tiene una vasta experiencia en manejo de conflictos socioambientales, nos dará luces a cerca del escenario en que se mueven actualmente las inversiones de las actividades extractivas en Perú :
"Aplicando la idea en retrospectiva, hemos visto el proceso social peruano que se viene escribiendo matizado por distintas perspectivas profesionales y políticas. Autores como Peter Klaren en “Nación y Sociedad en la Historia del Perú”, ponen en perspectiva la presencia de las comunidades indígenas del Perú en su historia y permite rastrear conflictos sociales asociados a ellas desde el siglo XIX en el período Republicano y nos permite ver como el país se relaciona con los procesos de la revolución industrial y el capitalismo durante varias etapas de su historia, empezando con la economía del guano, la economía del salitre, la economía del caucho y el sesgo mercantil que nos dejó la colonia.
Ya en el oncenio de Legía hubo un proceso de apertura económica al mercado de norteamérica que permitió el ingreso de la Cerro de Pasco Corporation y otros, que generó reacciones contrarias al final de su gobierno y permitió el desarrollo del aprismo y de la izquierda bajo pensadores como Mariátegui.
Recientemente leía el libro "Los Dueños del Perú" de Carlos Malpica Silva Santisteban, en el que se presentaba el mapa del poder en el país en la década del sesenta, antes de la Revolución de Velazco Alvarado. Se presenta en este libro a un primer poder relacionado con los poseedores de tierra, los grandes hacendados o las grandes haciendas, productoras primarias de productos de exportación. Conjuntamente con las empresas exportadoras y las empresas mineras, controlaban el flujo de divisas del país, según el estudio realizado por Jorge Bravo Bresani (Gran Empresa, Pequeña Nación) citado por el autor.
En un enfoque de perspectiva, el autor nos presenta su diagnóstico del sistema económico imperante en el país en esos tiempos, las reformas que se instauran en el Velazcato y luego los procesos de reacción que se dieron en el segundo gobierno de Belaunde. Lamentablemente el citado autor fallece tempranamente y la década del noventa, con el crecimiento económico, el neoliberalismo desarrollado con resultados económicos crecientes durante los últimos 25 años, convivió con cambios en la relación de los poderes y enfoque social descritos por el autor.
Se hará necesaria una visión integradora de algún estudioso, que pueda tomar la posta para analizar como se han dado estos cambios en relación a una visión de país dividida entre los defensores del modelo económico de mercado y los de modelos defendidos cuando existía la guerra fría y los postulados de la izquierda revolucionaria se sostenían en el gigante soviético o en el chino, que postulaban modelos estatistas y contratistas de la economía que han quedado atrás con el derrumbamiento del muro de Berlin y la desaparición de la Unión Soviética.
Sin embargo la impronta de la izquierda no ha quedado ahí, sino que se ha reciclado bajo el liderazgo de pensadores como Martha Harnecker, que ha planteado nuevas formas de enfocar el socialismo, integrando el discurso ambiental, el de derechos humanos y el de los derechos de las comunidades indígenas propugnado por el Tratado 169 de la OIT, como estrategia para desestabilizar a las empresas, a las fuerzas del orden y al sistema en sí mismo.
Toda esta estrategia ha calado en un mundo que buscaba respuestas y soluciones y que enfocó también los temas ambientales, los temas de derechos humanos y los de las comunidades indígenas, por lo que lo planteado como una fórmula para desestabilizar un orden establecido, apoyándose en movimientos nacionalistas que llegan al poder en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, esta estrategia se encontró con una agenda similar en el otro lado del escenario, con instituciones que se han ido fortaleciendo en el control y manejo ambiental desde su nacimiento con el acta de protección ambiental de 1970 de los Estados Unidos y que en el Perú se inicia en la década de los noventas con el Código del Medio Ambiente, con un proceso de deslinde y titulación de tierras que provocó la consolidación legal de la propiedad de tierras comunales en sierra y selva acá en Perú, que alivió la presión social en el escenario de las comunidades indígenas, aunque quedó pendiente el espacio de la amazonía. Y en cuanto a derechos humanos, esto se ha convertido a través de la gobernanza corporativa en medios de limitar el accionar de empresas transnacionales en lo que se refiere a derechos humanos, comunidades y medio ambiente, que se asocia ahora a los temas de financiamiento de proyectos.
Entonces, la confrontación de ideas o de sistemas de pensamiento político entre un modelo renovado de izquierda y un modelo neoliberal, que incluyen temas ambientales, de comunidades y de derechos humanos no es el fondo del problema, como aparentemente nos podrían hacer creer los lideres de uno u otro grupo, sino que es el marco en el que se desenvuelve la sociedad del país, digamos, las condiciones naturales y sociales que forman la historia, geografía y sociedad del país. Porque existe una cordillera de los andes que conformó las condiciones climáticas de costa, sierra y selva, existe la corriente de Humboldt que determina las condiciones climáticas de la costa, existió esta configuración desde el deshielo de fin del Pleistoceno y en este espacio geográfico y climático se desarrolla la sociedad y la cultura del país.
En estas “condiciones” se han desarrollado las culturas preincas, los incas, la colonia y la República, alternando poderes y formas de gobierno, en sintonía con el mundo que influyó más o menos a la sociedad peruana. Es un todo dinámico en el que convive una sociedad heredera de ayllus y otra heredera de migrantes extranjeros que se hicieron peruanos durante los casi dos siglos de la existencia de la República.
Hoy estamos viviendo la gran migración asiática, con una cada vez mayor presencia de inversiones y migrantes chinos, coreanos, etc.  Ese crisol genera diversidad, genera oportunidades, que se han dado no solo en Lima, sino también en distintas partes del país donde en distintos momentos, migrantes de distintos lugares crearon riqueza dejando una impronta que se sumó a la del país. Palestinos, chinos, japoneses, italianos, etc.
Hoy asistimos a una etapa de cambio de condiciones de mercado que empezó en 2013 y la caída de precios de los commodities en el mercado mundial ha hecho que se empiece a desinflar una economía que había sostenido crecimientos de 6 % anual y hoy alcanza solo el 2 %.
Paralelamente, el chorreo que se había venido dando a través de las compras locales, formación de empresas comunales y desarrollo de iniciativas empresariales locales, convenios y otros mecanismos, también se viene afectando, por lo que los intereses de esta nueva clase económica, de antiguas comunidades que pugnan por modernizarse y donde el interés particular y el comunal comparten espacio, vienen sumando su cuota a la conflictividad en algunas zonas de influencia de las empresas extractivas.
El caso de Pichanaki, en el campo petrolero, el caso de Tia María en el espacio minero y recientemente el caso de Apurímac por el lado de las empresas eléctricas, como ejemplos. Todo ello sumado a un escenario electoral, donde las ideologías son bandera para la búsqueda del poder en la justa por venir.
Lo que debe tener claro el país es lo que se quiere, la meta a la que se busca llegar en el mediano y largo plazo, para poder orientar acciones consensuadas para ir corrigiendo rumbos. La agenda es la misma en las distintas canteras que entrarán en justa. Gobernar un país tiene que ver con generar riqueza, promover inversión, educar, generar salud, cultura, pero cobra vigencia el trabajo de Carlos Malpica Silva Santisteban, sobre los Dueños del Perú, porque estamos seguros que hoy no son los mismos dueños, hoy mas peruanos son dueños, más comunidades tienen propiedad, más peruanos tienen acceso a la educación y a fuentes de trabajo o de riqueza.
Lo que pasa es que el proceso es desordenado y conflictivo, debido a la visión colonial, a la postergación de más de 100 años de la población local y la falta de una visión integradora del país que respetara la cultura existente mirando al país como por conquistar y no por integrar.
El proceso de crecimiento constante del país en los últimos 25 años ha sido posible porque se ha ido internalizando el tema ambiental y el tema social en consonancia con corrientes internacionales. Empresas y Estado han ido juntos dando pasos que han permitido inversión con respeto y este proceso debe continuar a pesar de la coyuntura de precios bajos. Por ello el gobierno está impulsando grandes proyectos y obras que mantengan la tendencia de crecimiento y permita seguir creciendo al país.
La coyuntura electoral y el riesgo que aparentemente se genera en los espacios sociales de los proyectos indicados y de otros, se da como señal de que existen cosas que deben seguir corrigiéndose para seguir mejorando.
El caso de Pluspetrol pone en evidencia no solo la necesidad de internalizar pasivos ambientales por la empresa y por el Estado, sino el fondo referente al problema de propiedad no resuelto en la amazonía con las Comunidades Indígenas o nativas. El caso de Tia María seguramente tendrá que seguir la agenda de apertura que se ha tenido y ha involucrado a mayor cantidad de población a favor del proyecto, buscando evitar la satanización de la oposición, haciéndolos participar siempre con presencia también del Estado, pero en el marco de construcción de confianza mutua. Hay un dicho que dice: “conversar no es pactar”, que refleja el nivel de empatía y comunicación que debe propiciarse por empresas, estado y comunidad. El caso de Apurímac que está hoy en agenda, deberemos irlo estudiando para poder entender el motivo o detonante que seguramente está detrás de este problema, sin desmedro del escenario pre electoral". 

martes, 17 de marzo de 2015

Cartera de proyectos mineros

En Nuevas normas ambientales para minería e hidrocarburos en el Perú  de Noviembre del 2014, indicamos que la Minería e hidrocarburos representan dos terceras partes de las exportaciones de Perú, y según datos del Gobierno, el país cuenta para los próximos años con proyectos valorados en 60.000 millones de dólares (más de 48.000 millones de euros).
La cartera actualizada de proyectos mineros suma casi US$ 64,000 millones, de los cuales más de 45% (cerca de US$ 29,000 millones) cuenta con estudios de impacto ambiental (EIA) aprobados y casi 15% corresponden a ampliaciones, informó la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.
Aun cuando en el 2014 la inversión minera sufrió una caída a US$ 8,654 millones (de US$ 9,927 millones en el 2013), la ministra afirmó que aparte de su gran potencial geológico, el Perú cuenta con ventajas, frente a otros países, en cuanto a su atracción a la inversión minera.Entre ellos destacan los bajos costos de producción, gracias a una energía barata (el cuarto más bajo a nivel mundial), además de libertades plenas para remesar utilidades, y garantías a la propiedad privada. Estas fortalezas, dijo, más que compensan las caída de los precios de los minerales, el retraso de algunos proyectos (por conflictos sociales y otros).

Perspectivas

La ministra sostuvo que este año se consolidará el producto de grandes inversiones que se vienen realizando desde el 2013, sobre todo en cobre, con los proyectos Toromocho y su ampliación (US$ 4,500 millones), Constancia (US$ 1,850 millones), Las Bambas (US$ 7,000 millones), US$ 4,600 millones, por un total de US$ 17,950 millones de inversión, además de otros seis proyectos de oro y plata cuya inversión conjunta asciende a US$ 1,844 millones.
Las metas son duplicar la producción actual de cobre al 2016 y lograr 146 millones de onzas de plata en el 2017, para convertirnos en el segundo productor mundial en ambos casos.

lunes, 16 de marzo de 2015

Caída sostenida en precio de metales

La caída sostenida en el precio de los metales en el mercado internacional afectará sin duda a los potenciales grandes proyectos mineros previstos para iniciarse en el corto plazo en Perú y las Américas. Esta posibilidad es presentada por Semana Económica según el siguiente análisis:
"La industria minera parece ir de mal en peor. “Estamos en una de las crisis más largas y profundas”, afirma Miguel Cardozo, referente del sector y CEO de la compañía minera de exploración (junior) Alturas Minerals.
Hasta ahora, el 2015 es el cuarto año en que los precios de los metales continúan su caída desde que alcanzaron su pico histórico en el 2011. Atrás quedaron los tiempos en los que el precio del oro se acercaba a los US$1,900 la onza. Hoy en día cotiza cerca de $1,050/oz. Los empresarios y analistas del sector, acostumbrados a que una caída tan sólo dure unos años, están desconcertados. “Han cambiado las reglas de juego”, señala Héctor Collantes, analista jefe de acciones en el Perú de Credicorp Capital.
Ese desconcierto se sintió hace unas semanas en Toronto, donde a inicios de marzo se celebra la convención anual de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), uno de los eventos mineros más importantes del mundo y un termómetro de la industria. Este año la asistencia cayó 7%.
Hasta el 2014, los mineros seguían esperando una recuperación de los precios. “Ahora se piensa es que el oro ha tocado fondo pero no se sabe cuándo ni cómo se recuperará”, agrega Veljko Brcic, asociado de Sattva Capital, banco de inversión boutique de Canadá. Tras cuatro años de precios en caída, ahora sí los ejecutivos mineros están seriamente preocupados.
Aún más preocupante resulta que los mineros ya habían intentado adaptarse a la caída, principalmente mediante recortes en gastos de exploración y la postergación de nuevos proyectos. Sin embargo, para muchas mineras, sobre todo las de oro y plata, los precios apenas superan sus costos. Sus márgenes están apretados y tienen que hacer frente a deudas significativas, asumidas durante la época de precios altos. Barrick, la minera de oro más grande del mundo, tiene una deuda neta de aproximadamente US$10,000 millones.
En el actual panorama, varias mineras finalmente han pasado de la esperanza al realismo y han implementado drásticas medidas para adaptarse a la nueva coyuntura de precios, desde reestructuraciones y escisiones hasta cambios de estrategia.
Así las cosas, será difícil que los grandes proyectos mineros del Perú que aún no inician construcción vean la luz en el corto y mediano plazo".

viernes, 13 de marzo de 2015

Sector saneamiento en zona rural

En Gasto público y proveedores nos referíamos en cierta forma a la dimensión de las distorsiones que venían tomando los niveles de inversión pública en Perú y nos enfocamos en las obras de Saneamiento: construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. Asimismo, en Inversión Sectorial en Saneamiento  citamos los miles de millones de dólares invertidos para el sector en los últimos veinticinco años (periodo comprendido entre 1985 a la primera mitad del año 2011).
En este orden de avances realizados, se suma la inversión realizada por la actual administración Humala que supera los seis mil setecientos treinta millones de nuevos soles a partir de mediados del 2011 hasta la actualidad (mas de dos mil millones de dólares). Sin embargo, en términos reales se observa que el avance en el sector saneamiento es lamentablemente limitado. Las causas son atribuidas a diversas etiologías, algunas de las cuales se encuentran por determinar en procesos abiertos en el poder judicial por gestiones de ex presidentes regionales como es en el caso de Tumbes, Ancash, Moquegua, Huancavelica, Cerro de Pasco, entre otros.
En este contexto, según fuentes oficiales indican que si bien ocho de cada diez personas tienen acceso a los servicios de agua y saneamiento en el país, el mayor avance en los últimos dos (2) años se ha dado en las zonas rurales, en las cuales el acceso a estos servicios se ha duplicado. Justamente en estas zonas rurales es donde las poblaciones con servicios básicos insatisfechos se constituyen en potenciales opositores a los proyectos de inversión de las industrias extractivas.

LECCIONES APRENDIDAS 

En el pasado reciente, quedo documentado que muchas obras del programa de agua para todos en su componente para zonas rurales, quedaron inconclusas o sin financiamiento o personal para su operación y mantenimiento. Ciertamente la sostenibilidad de las obras construidas no se valoraron en verdadera magnitud y esa debilidad persiste hasta la actualidad.Las fuentes de financiamiento han sido fundamentalmente recursos del Tesoro Público y empréstitos y recursos no reembolsables de la cooperación internacional, con baja contraparte de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).

FORTALECER A LAS JASS

Es como una verdad científica que muchas EPS del país se encuentran técnicamente quebradas, por lo que su atención se concentran básicamente a las zonas urbanas y es por tanto necesaria la creación y/o fortalecimiento de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) que son organizaciones elegidas voluntariamente por las comunidades y se forman con el propósito de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento de uno o más centros poblados del ámbito rural.
Las zonas rurales en Perú, demandan un mínimo conocimiento de su realidad, antes de la ejecución de una obra y es fundamental un trabajo de intervención social que trabaje el componente socio-económico previo. La concepción del proyecto deberá ceñirse a la realidad concreta de la localidad rural, las mismas que en su mayoría no cuentan con la organización ni los recursos económicos y financieros suficientes para poder operar y mantener un sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado ; y mas aún si fueron dimensionados con características de zonas urbanas. Es claro que una JASS verá muy difícil manejar un sistema que fuera proyectado y construido sin aprovechar la fuerza de la gravedad para la evacuación de sus aguas residuales por ejemplo. La fuerza de la gravedad es gratuita, en tanto que la energía eléctrica demanda costos que muchas veces las tarifas de operación y mantenimiento no llegan a cubrirlas.

EL CASO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS

El centro poblado de San Marcos, se encuentra en Soritor-Moyobamba, región San Martín, ubicada entra las regiones que mas han crecido y desarrollado sostenidamente en Perú. El trayecto para llegar a San Marcos se hace con una hora de vuelo desde Lima _la capital de la República_ sumadas 2 horas por carretera hasta llegar a Moyobamba y desde allí un lapso para llegar a Soritor y posteriormente trasladarse en el tiempo al centro poblado. El tiempo que demanda llegar dependerá de las condiciones de la naturaleza, en un espacio donde las condiciones naturales aún se conservan.
Naturaleza prístina en espacios conservados en el centro poblado San marcos
Las protestas sociales en el centro poblado, de conocimiento de la presidencia del Consejo de Ministros del Perú, están siendo atendidas en el marco de la legalidad y el proceso pasa por visualizar los presuntos y eventuales malos manejos de algunos funcionarios locales.
Según criterios técnicos del ordenamiento legal en materia de saneamiento y medio ambiente, se evidencia que existen gruesas fallas en la elaboración del proyecto y construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de San Marcos; las mismas que se pueden resumir en los comentarios e imágenes siguientes:
Buzones recientemente construidos en zonas inundables.
No es necesario ser experto para imaginar cuál será el comportamiento de los habitantes de las viviendas situadas en una zona baja en la cual se descarga el desagüe de una localidad , donde los olores fétidos son diseminados por las condiciones climáticas de altos niveles pluviométricos y elevados grados de temperatura.   
De otro lado, el tratamiento de las aguas residuales implica el desarrollo de criterios elementales de la descomposición de la materia orgánica, balance de masas, entre otros detalles que no se observa en el embalse construido como sistema de tratamiento.
En la figura siguiente se podrá apreciar que no existe un medidor de caudales tipo parshall o similar para las lagunas y estas están a cielo abierto almacenando las aguas de lluvias que en esta época del año son apreciables.
Embalses a modo de lagunas de estabilización. 
Las zonas rurales, tanto en la selva alta, como en la selva baja del oriente peruano, las crecidas de los ríos son esperadas anualmente y muy normales, pero en ocasiones de avenidas, se producen inundaciones  importantes en las margenes de los ríos y cuerpos de agua; motivo por el cual, los proyectos deben respetar la información hidrológica que manejan las instituciones estatales y privadas asentadas en la zona de influencia de la jurisdicción.
Zonas inundables en San marcos ante avenidas y eventos pluviales intensos.
En estricto, las obras de Saneamiento Rural en el país deben apuntar a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria y no generar conflictos sociales por deficiencias en las etapas de diseño, ejecución y supervisión de obras. 
Existen responsabilidades compartidas en obras similares en las que pese a las evidencias , se recepcionen las obras mal realizadas en zonas rurales, dando la apariencia que en el sector se está avanzando para llegar a coberturar el servicio de agua potable y alcantarillado. 
Obras como la realizada en la localidad de San Marcos podrían haberse proyectado y ejecutado adecuadamente si es que se respetara no solamente la información contenida por ejemplo en los detalles de los riesgos geológicos difundidos por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico ( INGEMMET) , sino que , se respete a la naturaleza.
Con la aplicación de técnicas de sifonaje y detalles proporcionadas por un número adecuado de calicatas se podría ajustar criterios para determinar el manejo del suelo, niveles de permeabilidad,infiltración de agua y comportamiento del flujo de agua subterránea para mejorar y rehabilitar esta obra recientemente construida en zona rural.

miércoles, 4 de marzo de 2015

Gestión y subsidios del agua

En riesgo en la provisión de agua potable  describimos la situación crítica por la que se encuentran pasando las empresas prestadoras de servicio de saneamiento en el país y puntualizábamos que la suerte de su gestión caminaba de la mano del devenir político de la autoridad local. Lo lamentable es que esto sucede actualmente, cuando aún existen millones de peruanos sin acceso al agua para consumo humano.
Es así que este problema es histórico en Perú y no es deficiencia de un solo gobierno o responsabilidad exclusiva del gobierno de turno. 
Es recurrente que el tema se ponga sobre el tapete y más aún en un año pre electoral como el presente. Los conflictos entre usuarios del recurso hídrico (como es el caso de las juntas de regantes del agro) se acrecientan en este lapso y el impacto sobre las industrias extractivas, como acontece en el sector minero y energético se incrementan sustantivamente al interior del país. Entre tanto, en la capital de la República Lima y callao acontece lo que sostiene Nicole Bernex, presidenta emérita de Global Water Partnership Perú : que los limeños malgastan el agua porque no les cuesta nada por ser subsidiada y propuso venderla a su precio real.
“El agua la tenemos gratis, la mayoría de los limeños, casi 9 millones, tienen el agua subsidiada y no les cuesta nada. Gastan más de 250 litro por habitante al día”, señaló a RPP Noticias para el informe 360.
“En época de verano la mal usan con los carnavales  y cuando ponen las piscinas en las calles como en el Callao”, añadió.
Piscinas portátiles en vías públicas de zonas populares de Lima y Callao.
Bernex argumentó que una de las soluciones es pagar el precio correcto por el agua. “Para la luz, pagamos el precio justo; para el teléfono, pagamos el precio justo; por qué para el agua no”, cuestionó la presidenta emérita de Global Water.
“En cualquier capital del mundo no se gasta más de 150 litros al día por habitante y en otras mucho menos”, añadió.
Por otro lado, indicó que otro problema del agua en nuestro país es que solo se reutiliza en menos 10% mientras que, en países como Israel, el agua se usa dos veces.

sábado, 28 de febrero de 2015

Panorama de Fiscalización ambiental

En importancia de identificar el daño ambiental antes de sancionar  que publicáramos en el mes de Julio del año 2010, explicamos el espacio discrecional abierto a la autoridad administrativa que con facilidad pudiera actuar arbitrariamente priorizando la recaudación de la multa en menoscabo de la remediación ambiental.
Nuestros pensamientos en esa línea fueron transmitidos desde mucho antes, en diversos escenarios, que incluyeron las aulas universitarias y a connotados especialistas ambientales con quienes compartimos experiencias de gestión cuando el suscrito asumiera la dirección en lo que fuera una suerte de organismo para control y fiscalización ambiental formando parte del Ministerio de Salud. Muchos de ellos continuaron en la función pública conformando _ en ese entonces_ el nuevo Ministerio del Ambiente. Algunos se mantienen actualmente en cargos estratégicos ambientales. Evidentemente ganó la posición burocrática sancionadora de las diversas autoridades ambientales competentes.
La prospectiva estratégica planteada nos ayudó en el análisis y el tiempo nos dio la razón, en la actualidad con mayor experiencia en regulación pública y privada, podemos afirmar categóricamente, sobre aquella burocracia estatal en Perú  que apuesta exclusivamente por el control,supervisión y fiscalización sustentados básicamente en los Límites Máximos Permisibles (LMP) aporta muy poco en el crecimiento y desarrollo del país.
En estricto, lo que produce los LMP así concebidos y aplicados en el país, específicamente en las empresas extractivas es, por un lado, un incumplimiento del nivel que afecta la autoridad real de la "autoridad ambiental competente" y por otro, no mitiga la conflictividad social ambiental de los pueblos que protestan por el "estado de contaminación ambiental en que viven". En suma, las sanciones por supuesta transgresión de LMP  sólo alimentan la insatisfacción de poblados excluidos , no remedian el impacto del eventual daño ambiental generado y afectan la competitividad del país. La inversión privada negativa registrada en el año 2014 por el Banco Central de reserva del Perú, no se contrapone con lo antes mencionado.
El diario La República presenta una investigación en este contexto:
“Es cuestión de sentido común. Durante su trabajo habitual, las empresas mineras tienen permitido emitir cierto porcentaje de elementos químicos  (plomo, arsénico, zinc, etc.) en cantidades mínimas que no afecten ni a las personas ni al ambiente que los rodea.
Pero el sentido común no es suficiente. Se necesita un instrumento que sirva para medir este porcentaje. Ese instrumento, en nuestro país, es el Límite Máximo Permisible (LMP). Sin embargo, a la luz de información obtenida por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se ha podido comprobar que la mayoría de empresas incumplen y exceden los LMP.
Este exceso del LMP es solo una de las muchas faltas en las que distintas empresas han incurrido, según las resoluciones de sanción por incumplimientos detectados por el OEFA. En total, se trata de 363 empresas de los más diversos sectores. Quienes se disputan la mayor cantidad de sanciones son las empresas del sector minero y de hidrocarburos.
Esta información, de carácter público, se encuentra almacenada en el Registro de Actos Administrativos del OEFA. Sin embargo nunca había sido ordenada de manera tal que pudiera otorgar un panorama general del cumplimiento y la fiscalización ambiental en el Perú. De acuerdo con el registro del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del OEFA –la última instancia administrativa–, actualizado hasta el 15 de octubre del 2014, la empresa minera Volcan es la que tiene el mayor número de resoluciones de sanción. En total, 34.
En segundo lugar aparece Pluspetrol Norte, con 15 resoluciones firmes. Luego, la Compañía Minera Ares con 14 resoluciones. En cuarto lugar empatan Doe Run Perú, Petroperú y Santa Luisa con 11 sanciones. En quinto lugar, la empresa Minera Los Quenuales y Raura S.A. con 10 sanciones (Ver cuadro).
Empresas extractivas sancionadas hasta el 15-10-2014
La mayoría de sanciones se debe a la falta consistente en no brindar información (212 veces). La segunda más recurrente tiene que ver con el LMP: incumplimiento del LMP en efluentes. En total esta falta se repite 184 veces. Le siguen el Incumplimiento de Normas de Protección Ambiental (168 veces) e Incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental (138).

SIN LÍMITES

Exceder los LMP no es otra cosa que emitir una cantidad de gases superior a lo establecido, ya sea en cuerpos de agua o en superficies terrestres. Por ejemplo, en el caso de Volcan, el incumplimiento de los LMP se ha repetido 26 veces a lo largo de los últimos cuatro años. Pero, tal vez, lo más preocupante es que, en varios casos, esta falta se ha cometido en los mismos lugares.
Seis de los incumplimientos se han producido sobre la misma unidad minera, en Carahuacra, Junín; cinco en Cerro de Pasco; cinco en Andaychagua, Junín; cinco en San Cristóbal, Junín; cuatro en Ticlio; y uno en San Cristóbal en Cajamarca.
Al respecto, César Ipenza, especialista en temas ambientales y mineros, señala que una falta ambiental que se produce de manera repetitiva y sobre el mismo lugar debería llamar la atención del organismo fiscalizador, o sea el OEFA, y tal vez llevarlos a evaluar la calidad del aire del lugar impactado.
–Eso debería encender las alarmas porque se estaría hablando de un mismo lugar que recibe la misma presión –explica Ipenza–. Por algo se ponen los límites, no vas a estar superándolos todo el rato. Las empresas han asumido cumplir con esos estándares, si no los pueden cumplir es porque no están haciendo bien su trabajo o sus equipos no están funcionando correctamente.
En algunas de las resoluciones de la Dirección de Sanción y Fiscalización del OEFA, Volcan se defiende señalando que el exceso no ha producido un daño ambiental y que, por tanto, no deberían ser objetos de sanción. Sin embargo, Carol Mora, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), puntualiza:
–Por más que se trate de un exceso mínimo, desde el punto de vista ambiental, cuando estos efectos se ven de manera acumulada, se puede ver la presión y el impacto sobre determinada zona –señala–. No puede haber excepciones.
Además, Sandra Rossi, procuradora del OEFA, explica que “la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, ya ha establecido que el incumplimiento del LMP causa daño en el ambiente”.
Nos contactamos con representantes de Volcan para obtener, directamente, su versión. No obtuvimos respuesta.

EL INCUMPLIMIENTO ES NORMA

El exceso de LMP no es la única falta. Veamos el caso de la empresa de hidrocarburos Pluspetrol Norte, que ocupa el segundo puesto con 15 resoluciones de sanción del Tribunal Forestal del OEFA.
En esta empresa –cuya concesión sobre el lote 8 se extiende hasta el año 2025 y aquella sobre el lote 1AB, hasta agosto del próximo año–, la mayor cantidad de faltas se debe al incumplimiento de las normas de protección ambiental. Por esto tiene seis resoluciones de sanción. Aquí, llama la atención que cuatro de estas faltas se hayan producido sobre la misma unidad ambiental: el Lote 1AB.
Uno de los últimos casos más emblemáticos de Pluspetrol Norte fue el derrame de petróleo en la Laguna Shanshococha, que originó una masiva movilización de las comunidades quechuas de la cuenca del río Pastaza, al norte de Loreto.
Consultada al respecto, Pluspetrol nos alcanzó una carta de respuesta:
“Es importante recalcar que en ninguno de los casos citados, se ha sancionado a la empresa por afectaciones al medio ambiente. Pluspetrol es la operadora de hidrocarburos más grande del Perú, que produce el 39% del petróleo y el 95% del gas del país. De esta manera, no es de extrañar que tengamos procesos abiertos donde las autoridades comprueban la eficiencia de nuestras operaciones”.
Pero esto no es lo único. Pluspetrol Perú Corporation, la otra empresa del grupo, tiene 5 resoluciones de sanción, aparte de las 15 de Pluspetrol Norte. En su caso, la falta más recurrente es el incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental, que se repite tres veces, seguido del incumplimiento de las normas de protección ambiental, que figura dos veces.
Los casos de Volcan y Pluspetrol no son únicos. Algunas de las más importantes empresas de minería e hidrocarburos como Los Quenuales de la Corporación Glencore Perú o incluso Petroperú –que no pertenece al sector privado– figuran en el top del ranking. Esto llama la atención sobre todo cuando, como señala Ipenza, se está experimentando algo muy similar a un debilitamiento en la legislación.
–En este país todo puede pasar –dice el especialista–. Esto ya ha ocurrido antes, cuando el Ministerio del Ambiente redujo los estándares de calidad de aire (ECA) y terminó favoreciendo a  Southern y Doe Run.
Por cierto, Doe Run Perú –que se encuentra en un proceso de liquidación– tiene 11 resoluciones de sanción. En su caso, el incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental es el que más se repite: 4 veces.
No obstante, aquí no acaba todo. Si las empresas no están de acuerdo con las sanciones (multa incluida) impuestas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, pueden recurrir al Poder Judicial para apelar esta decisión. Pero ese es otro cantar.

CONTRA EL APORTE POR REGULACIÓN

En junio del 2014, un grupo de empresas mineras demandó al OEFA ante Indecopi y el Poder Judicial para evitar pagar el aporte por regulación (APR). Este concepto, que recién se empezó a cobrar a partir del año pasado, para el sector minero, es un mecanismo novedoso que, de acuerdo a estimados del OEFA, debe generar S/. 42 millones para implementar las acciones de fiscalización y que estas se puedan realizar de manera constante e imprevista. Es decir, fortalecer esta función.
Las mineras decidieron atacar en tres frentes: cuatro lo hicieron ante Indecopi, 32 presentaron acciones de amparo cuestionando la legalidad del APR (10 de estas acciones ya fueron desestimadas por el Poder Judicial), y, además, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) presentó una acción popular también cuestionando el aporte.
Una carta de la Defensoría del Pueblo expresó, en su momento, la preocupación por este posible recorte de presupuesto. Sin embargo, hace unos meses, Indecopi falló a favor de las cuatro mineras. El proceso continúa y será la Sala de Defensa de la Competencia quien tome la decisión final.
–El objetivo es ponerle trabas a la fiscalización–, dice Sandra Rossi, procuradora pública del OEFA.
De acuerdo a información consensuada por la Dirección de Fiscalización, Sanción e Incentivos, y el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, actualizado hasta el 30 de octubre del 2014, 32 de las 36 empresas mineras que cuestionan el APR han sido sancionadas al menos una vez por haber incurrido en faltas ambientales. Además, dos de las mineras que demandaron al OEFA ante Indecopi –la minera Caudalosa y Sociedad Minera Corona– se encuentran entre las diez primeras con más sanciones. El resto de empresas  también tienen un historial de incumplimientos.
La empresa Pan American Silver S.A., de la Mina Quiruvilca, ocupa el primer lugar de la lista de empresas demandantes, con 22 sanciones firmes ¿Los motivos? Haber excedido los Límites Máximos Permisibles en efluentes, no haber cumplido con las recomendaciones de la supervisión, verter directamente al ambiente, sin tratamiento previo, el efluente producido por el lavado de vehículos menores que contienen hidrocarburos, aceites y grasas, etc.
Le sigue la compañía Minera Ares con 19 sanciones firmes también por haber excedido los LMP, no haber impedido que se efectúen derrames de concentrado en el suelo natural del sector, entre otras faltas. En tercer lugar se encuentra Buenaventura con 18 sanciones firmes, otra vez, por haber excedido los LMP en efluentes, “por no haber evitado la dispersión por acción eólica del relave procedente del Depósito de relave”.
Esta información, más allá  de acusaciones contra las empresas sancionadas, debiera ayudarnos a ver el panorama completo de cómo es que viene funcionando la fiscalización ambiental en el Perú, y cómo es que las empresas extractivas responden ante ella.
Queda claro que ante un alto número de faltas ambientales, daños potenciales y reales, urge que la función de control y fiscalización del sector ambiental se fortalezca”.

jueves, 26 de febrero de 2015

Manejo de conflicto en Pichanaki

En Agitadores & Actividades extractivas  describimos ,como antesala, algunos detalles que rodearon la toma de pozos operados por la empresa Pluspetrol.
Seguidamente, presentamos la opinión especializada del consultor socio ambiental Felipe Injoque Espìnoza, sobre el conflicto social en Pichanaki :
"El conflicto social desatado en Pichanaki a raíz del paro del 09 de febrero (2015), con la secuela de violencia lamentable, es un tema que ha despertado mucho interés desde varias aristas en las redes sociales, como la referida al rol del Estado, la referida al comportamiento de la empresa o la orientadas a satanizar el comportamiento de algunos líderes sociales involucrados.
Sin embargo es importante también poner en perspectiva que este es un Lote concesionado por el Estado para exploración por hidrocarburos. Es el Lote108, que abarca Junín, Pasco y Ayacucho, con más de 300 km de largo, en el cual la empresa ha focalizado su interés en la zona norte, lejos de la conflictiva zona del VRAE y donde Pichanaki ha sido un punto logístico para acceder a sus áreas de mayor interés.
En los días que han pasado, en las noticias, la empresa Pluspetrol ha sido ampliamente entrevistada, por lo que se puede tener claridad en cuanto a sus planes de negocio y la orientación del trabajo que han realizado, así como el foco de interés que tienen. No está claro sin embargo, el como han actuado con respecto a los líderes que han desarrollado el conflicto, para poder hacer un símil con otros conflictos. Pero estoy seguro que han trabajado con la gente en muchos sitios, donde no hay molestias, sino todo lo contrario, apoyo a su proyecto y conocimiento apropiado debido a un proceso de consulta ciudadana realizado por la empresa.
Porqué entonces un punto en el mapa, como Pichanaki, que para Pluspetrol es un punto logístico, se convierte en un problema social o más bien sociopolítico. Porque Pichanaki no es una comunidad campesina, no es una comunidad indígena, sino una población o ciudad con muchos años de historial de ser un lugar donde existe desorden, por decir lo menos y donde las oportunidades para hacer negocios fuera de la ley, permiten el florecimiento de clanes que no son precisamente aliados de la formalidad de una empresa como Pluspetrol y otras. También está el hecho de que al sur del Lote, como se ha mencionado está presente uno de los enclaves cocaleros, que también está seguramente buscando evitar que la formalidad se acerque a su zona, con lo que encontraríamos causales de interés para generar conflictos.
Entonces debemos colegir que ante una situación de esta naturaleza, la estrategia de una empresa extractiva, que está en etapa de exploración no es la estrategia que pueda responder a un escenario complejo, como el planteado. Relaciones comunitarias solamente, o agreguemos también Relaciones Públicas, no puede ser sino un brazo formal de una estrategia de la empresa mucho más amplia que no conocemos, pero que por las evidencias, probablemente no se está manejando adecuadamente aun.
Hace unos años tuvimos oportunidad de ver un proyecto hidroeléctrico en una zona de características similares y un operador muy grande cuya estrategia abordó una alianza con el Estado y un manejo social muy estrecho en la zona tanto cercana como en el ámbito macro del proyecto, con resultados muy positivos, al no haberse creado ningún conflicto durante su desarrollo. Claramente un enfoque distinto seguramente debido a que mientras en el caso de Pluspetrol, se está ante un tema de riesgo de exploración, en el otro era la construcción de una infraestructura hidroeléctrica, con todo seguro en el futuro, por lo que asegurar la variable política o socio política es clave.
Seguramente veremos a Pluspetrol enrumbando hacia una estrategia similar conforme el proyecto aterrice sus reservas y el nivel de inseguridad y riesgo baje, afianzándose la inversión en el largo plazo.

Tierra y Agua

A la luz de la continua aparición de temas periodísticos referidos a Pluspetrol y los nativos, a Pichanaki o el tema ambiental, se puede apreciar que el tema que ahora está en el tapete es el de propiedad y el de agua, que como dice un dicho, es causal de violencia.
Parecería que hay una secuencia articulada de acciones de las comunidades nativas de Loreto por el Lote 109 (antes Lote 1AB), a continuación de la que las organizaciones sociales de la Selva Central (Lote 108). Primero por un tema que produjo la caída de un ministro y que ahora devela el interés que subyace en la lucha social emprendida. Analicemos pues la agenda tierra y agua, que parece sugerirnos esta secuencia de hechos y veamos hacia adonde apunta y quienes están involucrados.
Para nadie es desconocido que nuestro país (Perú) nació de la independencia de una colonia española, la cual se implantó sobre una cultura autóctona milenaria que en el momento de la conquista estaba en su fase llamada panperuana tardía, con la expansión del imperio incaico. Luego de tres siglos de colonia, en la cual la corona española reconoció títulos a las Comunidades de Indígenas, como lo atestiguan los Garashipos en cuero de oveja que mantienen algunas comunidades muy antiguas en la sierra, la naciente patria peruana, desconoció títulos españoles y cambió radicalmente el trato y reconocimiento a los indígenas, propiciando que durante una centuria hasta la Constitución de 1920 crecieran las haciendas y latifundios a expensas de los terrenos comunales, antiguamente reconocidos por la colonia. Desde 1921 que se crea la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, muchas de estas antiguas comunidades de indígenas fueron registrándose y  volviendo a adquirir personería jurídica, mediante un representante o personero que actuaba de interlocutor con las autoridades de la república. Si leemos a Scorza y estudiamos el tema, efectivamente las Comunidades fueron elevando su voz en una guerra silenciosa por lograr el reconocimiento a sus antiguos títulos de propiedad. Finalmente explotó la lucha a fines de los cincuentas y comienzo de los sesentas, con masacres y enfrentamientos cruentos entre comunidades y autoridades, lo cual propició el crecimiento de la ideología de izquierda reinvindicativa, que se calzó en la ancestral lucha por las tierras de las comunidades campesinas, de forma similar al proceso de sincretización religiosa que se dió durante la colonia.
En Lima siempre mirando al mar y hacia afuera del país, muchas veces ni se veía todo este proceso interno cargado de dolor, de resentimiento, que dificultaba la viabilidad del país. En este proceso social las postergadas comunidades exigieron con creciente fuerza una mayor presencia en la vida política del país y una agenda paritaria con el sistema. Los hitos que hicieron posible su crecimiento fueron las luchas de los sesentas, la revolución de 1968, la llegada del aprismo en 1985 al poder y la aprobación de la ley de deslinde y titulación de tierras comunales, así como luego la ley de tierras de 1994 que prácticamente limitó la posibilidad de expropiar tierras con fines mineros.  Este proceso de igualación dió pie a que en la década de los 2000, se presentaran con mayor fuerza y evidencia los procesos de conflictividad socioambiental que ahora tenemos constantemente en agenda. 
Ahora ¿nos sorprende que en la Selva los nativos de las comunidades quieran lo mismo?, cuando ellos fueron postergados por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 con una inclusión incompleta en el proceso de titulación de tierras, dejando la gran mayoría de sus tierras como propiedad del Estado, para concesiones forestales o petroleras. ¿Coincidencia que los principales conflictos con nativos se han dado con el tema forestal en Bagua y con temas extractivos de minería y petróleo ahora? Creo que bajo esta perspectiva, la agenda está clara, los amigos líderes comunales de la sierra, después de exitosa labor durante 20 años, están apoyando a las comunidades nativas, marginadas en la legislación de los setentas.
La agenda del agua, contaminación, daño ambiental, es agenda común de presión que todas las comunidades utilizan para reclamar sus derechos, el cual analizamos brevemente a continuación.
En el caso del lote 108, se menciona en el Comercio el vertimiento de agua de perforación por años, con altos contenidos salinos, los cuales han dañado el ecosistema que da sustento a los nativos y que motiva el reclamo indemnizatorio que hacen conjuntamente con el reclamo de retribución por el uso de las tierras.
Cual es el tamaño del pasivo del Estado que no se sincera y aunque la OEFA viene sancionando a Pluspetrol, no se menciona el daño actual proveniente de los pasivos de Petroperú, que no tienen a quien ser asignados.  Creo que el Estado, la OEFA y la autoridad ambiental no se puede poner en la posición de fiscalizador de lo que el mismo Estado ha creado en tiempos en que no existía la legislación ambiental. Porqué no afronta el tema como en otros países financiando la remediación y lo necesario para recuperar las áreas dañadas, en vez de querer endosar a Pluspetrol o cualquier empresa su enorme parte en la responsabilidad.
Creo que el Estado tiene una enorme cuenta que saldar y no lo hará con la clásica política de avestruz para lo que quiere esconder como su responsabilidad por lo realizado por Petroperú en el tema ambiental y social y la de atropellar cuando quiere hacer lo que le da la gana, como el querer volver a que Petroperú sea operador. Todavía recuerdo años atrás a fines de los ochentas e inicios de los noventas a funcionarios de Petroperú cuando querían entrar al Parque Nacional del Manu para promover un lote, con argumentos de que por unos cuantos nativos, animalitos y plantitas no se puede parar el desarrollo. Esa forma de pensar tiene que ser erradicada del Estado para mirar al futuro con viabilidad, que solo puede nacer de la equidad con los hermanos nativos, con la maravillosa naturaleza amazónica con que hemos sido privilegiados como país.
Yo creo que es hora que las empresas petroleras, forestales y otras sean aliadas del desarrollo de la mano con las poblaciones y no contra las poblaciones, cuidando la naturaleza, internalizado su costo  y no externalizándolo como se ha venido haciendo desde que los antiguos Bandeirantes asolaron la amazonía de Maynas en la época de las primeras misiones y colonización en plena colonia española. Qué clase de negocio es uno que genera bien estar fuera de la zona donde se genera y luego no tiene fondos para cubrir el daño creado por la externalización ambiental y social realizada.
Las comunidades nativas bien asesoradas por los exitosos líderes de las batallas ganadas en las comunidades campesinas, vuelven a ser las comunidades de indígenas que artificialmente se separaron y lucharán sin duda por años para lograr equidad. Es hora de darnos cuenta y no rasgarnos vestiduras sin ver la pintura completa, como de alguna forma estamos tratando de mostrar. Hay una agenda pendiente que debe ser trabajada para que el país sea viable en el largo plazo. Ahora todos somos peruanos, pero no podemos despreciar nuestro pasado, nuestra antigua sociedad y poblaciones ancestrales. Debemos igualar como dice la Constitución a estos compatriotas que fueron marginados por un sistema que no viene al caso juzgar, debemos mirar adelante, dialogar, corregir, respetar y crear condiciones para el bienestar de ellos y del resto del país, pero con su participación.

El Paradigma de la Propiedad Comunal

Un tema a investigar para tener claridad en el caso de Pichanaki, en la Selva Central, Lote 108 y en Loreto, Lote 109, donde Pluspetrol se ha convertido en un motivo o detonante de una lucha mucho mayor de reclamo al Estado, es el de propiedad comunal en la Amazonía. 
Los conceptos han sido manejados de distinta forma a los aplicados en el resto del país, porque la Amazonía no dejó de verse como una frontera a conquistar, tanto por un Estado lejano en su modelo costeño y de latifundio durante muchos años de la historia republicana, como por la Iglesia, que consideraba a los nativos como un objetivo de evangelización y no solo la Iglesia Católica, sino también de otras confesiones más recientemente.
En lo que a propiedad se refiere hubo una política de colonización durante la república que inicialmente persiguió a los nativos como mano de obra, lo que se agudiza en la época del caucho y fue práctica común bajo la idea de culturizarlos, catequizarlos, pero no se habló de propiedad de los nativos, porque por el lado del Estado era una frontera y por el lado comunal, su estilo de vida silvestre impedía que formaran parte de la nación en términos de ciudadanía por lo que no poseían derechos. Ya luego de la Constitución de 1920 que inicia un proceso de reconocimiento a las Comunidades de Indígenas y luego durante el gobierno revolucionario de fines de los sesentas, se legisló sobre comunidades nativas y se promovió los asentamientos, que impulsó durante varios gobiernos la titulación de comunidades nativas solo en relación a sus poblados con el objetivo de asentar a poblaciones de costumbres itinerantes en un amplio territorio comunal, que fue considerado como territorio del Estado, susceptible a concesiones.
Mientras en la selva baja se configuraba un trato en base a concesiones forestales, concesiones petroleras, básicamente, en la selva alta una mayor densidad de ocupación y presencia de colonos que llegan desde la sierra y desde el exterior, configura un modelo de transición en el que se da la propiedad y un registro predial, dentro del marco jurídico nacional, como es en la zona de la Selva Central, pero también se dan comunidades, también se dan concesiones, según la accesibilidad y la densidad de ocupación.
Una mirada en perspectiva nos proporciona más claridad para entender el fondo de esta conflictividad que se da en poblaciones que, si bien no han tenido un registro de conflictividad muy evidente, aparecen en "Historia de la Gobernación y Comandancia General de Maynas" de Waldemar Espinoza, donde los Huambisas y los Aguarunas tuvieron tempranas rebeliones a inicios de la República.
Finalmente como escribió Adam Kahane en "Como Resolver Problemas Complejos", el planeamiento por escenarios, basado en el estudio y análisis más amplio, como el esbozado, permite aproximaciones que lleguen a reconocimientos y consensos evitando conflictos innecesarios".