sábado, 30 de junio de 2012

Relación de confianza & minería

Un tema central para buscar un punto de inflexión en la tendencia incremental de los denominados “conflictos socio ambientales” y oxigenar al sector minero, es recuperar la confianza de la población y pasa por un proceso de manejo comunicacional adecuado en los distintos niveles de gestión de gobierno, considerando la actitud valorativa del derecho ambiental como instrumento de gestión que permita visualizar el acatamiento de las leyes ambientales.
Partiendo de la premisa que este acatamiento constituye:
a) Un proceso mediante el cual la autoridad, en cualquiera de sus niveles realiza un acto potestativo imparcial, que tiene como objetivo que los responsables de las actividades reguladas por las normas ambientales acaten las mismas.
b) Una actitud activa por parte del estado, un "hacer cumplir las normas" o "hacer eficaz el orden jurídico", y se basa en la legitimidad, efectividad y ejecutoriedad de la norma.
De otro lado, considerando el supuesto que el accionar del Estado peruano actúa prioritariamente a través de sus tres poderes:
a) Poder Ejecutivo: aplicación de las leyes y la promulgación y aplicación de normas administrativas.
b) Poder Judicial: aplicando la legislación vigente en la resolución concreta de controversias; y,
c) Poder Legislativo, en la sanción de instrumentos legales ambientales adecuados.
CAMBIAR CON FRECUENCIA NORMAS AMBIENTALES NO GARANTIZA SU MAYOR CUMPLIMIENTO
La restricción al acceso de información Jurídica ambiental afecta la actitud activa por parte del estado para la aplicación y el cumplimiento de las normas ; la escasa, inapropiada y en algunos casos nula recepción de normas legales ambientales resta legitimidad, efectividad y ejecutoriedad de la norma ; y , las definiciones empleadas en Leyes ambientales planteadas en lenguaje de difícil comprensión para el ciudadano, limitan su accionar para impedir la violación o incumplimiento de la ley ambiental .
Estimamos que un bajo acatamiento de las Leyes Ambientales en Perú es una consecuencia de una legislación ambiental dispersa y que no toda la sociedad civil peruana conoce, es más, el desconocimiento alcanza a mucho de los funcionarios públicos encargados de aplicar y hacer cumplir leyes ambientales ya sea influidos por la inestabilidad recurrente de las normas ambientales marco o por la discontinuidad de los cargos en la función pública. En cuatro años pasaron tres Ministros del Ambiente (desde la creación del cargo en mayo del 2008).
Algunos peruanos no acatan las leyes ambientales porque simplemente desconocen, no se sienten notificados, no la entienden o no les interesa por el descrédito que rodea al sistema jurídico ambiental peruano en bolsones y zonas excluidas del país.
Es muy probable que luego del ejercicio mental de los datos mencionados en nuestro artículo Cumplimiento de leyes ambientales (Julio del 2010) concordemos en que buena parte de los peruanos en zonas excluidas se sienten confundidos y sólo escucha a quienes están próximos _ ante la ausencia del Estado_ brindando su mensaje radical antiminero.
Ante este escenario, ¿cómo es que por asomo pretendemos que haya una participación masiva de una ciudadanía cabalmente informada confrontando posiciones trasnochadas antimineras?
La vulnerabilidad de la población desinformada para que exista algún sesgo de la consulta ambiental ciudadana, es real y una constante en el tiempo.
Una década atrás estimábamos que en el mejor de los casos solo 44% de la población peruana era susceptible de acatar las normas ambientales;en los últimos años se avanzó pero no lo suficiente y actualmente es indispensable revertir esta situación, para lo cual entre otras, podría considerarse las siguientes acciones:
• El productor jurídico ambiental debería realizar sus actividades teniendo como referencia inmediata las necesidades, urgencias y preocupaciones del consumidor jurídico ambiental.
Sólo desplazando la importancia de la actividad jurídica ambientales hacia el usuario, se puede empezar a generar la credibilidad en un tipo de derecho ambiental nuestro.
• Armonizar en nuestra legislación ambiental la terminología empleada para articular al productor jurídico con el consumidor jurídico ambiental fortaleciendo además del factor seguridad jurídica y evitando que se legisle aplicando reglamentos para llenar vacíos que no fueron contempladas en su momento por la ley, contradecir o frenar la aplicación de un dispositivo legal. La terminología ambiental debe internalizarse en los mecanismos de prevención y solución de conflictos, conciliación, concertación y otras negociaciones similares previas a los procedimientos judiciales. Asimismo debe establecerse mecanismos de retroalimentación de la terminología ambiental basados en la identificación de los grados de percepción, entendimiento, aceptación y cumplimiento del consumidor jurídico.
• Las políticas de Estado deberán mejorar el acceso de la ciudadanía a la información jurídica ambiental a través de los medios masivos de comunicación considerando la realidad del país.
Coordinación entre la autoridad real ambiental con el Congreso de la República, que permita la interpretación adecuada del espíritu de la legislación ambiental internacional para que pueda acondicionarse y aplicarse a la realidad peruana utilizando para ello una terminología de fácil entendimiento por las grandes mayorías en el Perú.
• Las múltiples “autoridades ambientales competentes” actuales de los diversos sectores, deberán utilizar la terminología genérica integral, transversal, transectorial y multidisciplinaria con capacidades de trascender en el tiempo y fundamentalmente de ser generalmente entendida.
• Internalizar en el componente educativo, la dinámica y evolución del sistema jurídico ambiental a través del tiempo en función de los procesos adaptativos en el desarrollo humano que requiera homogeneizar la terminología ambiental, especialmente en los distintos grupos de interés y comunidades locales para permitir una adecuada normalización.
• Las Diversas instancias educativas, tanto de los sectores públicos y privados deberían implementar mecanismos que promuevan en todo lo que signifique transmisión de conocimientos en todos los niveles, el manejo adecuado de la información ambiental traducida en la precisión de los principios que sustentan los conceptos y terminología ambiental usada.
Debería partirse de un proceso de aprendizaje de nosotros mismos, de aceptar nuestras diversidades ecosistemicas, geosociales, culturales, políticas, económicas e idiosincrasia propias y contextuales de nuestros pueblos, reconociendo las limitaciones y potencialidades de los sectores económicos, que nos ayude a responder acertadamente a los cambios.
La tarea es titánica pero es urgente impulsar un cambio de actitud para elevar los niveles de cumplimiento de las Leyes ambientales, aspiramos que este problema sea considerado y atendido en la agenda ambiental pendiente y al escuchar propuestas concretas de quienes tienen la responsabilidad de dirigir y conducir el tema educativo en diversos niveles , para poder contribuir en los esfuerzos de hacer sostenible la credibilidad en el sistema jurídico ambiental del país.

jueves, 28 de junio de 2012

Mito de la norma & Minería

Con fecha 25 de Julio del 2011, en Due diligence & conflictividad minera  hacíamos referencia a que "ciertas autoridades regionales, apuntan a modificar el escenario actual y plantean normas de nivel local para construir un nuevo rol a la minería". En ese entonces citábamos a Junín, hoy podría llamarse Cajamarca , mañana podria ser Cusco o Puno y tal vez madre de Dios, ésta última donde la presencia de minería informal e ilegal es reconocida por tirios y troyanos. 
También decíamos que la nueva administración del Estado peruano, que iniciaría labores a partir del 28 de Julio del 2011, tenía una agenda pendiente por atender y hacíamos votos por que se desarrollen en los mejores términos para mantener el crecimiento del sector minero y del país en general dentro del marco de un desarrollo sostenible.
Ad portas de cumplir un año de gestión, la administración actual anuncia una nueva relación con la minería y en esa línea el  Gobierno oficializa Comisión Multisectorial para mejorar normatividad ambiental. Antes de cambiar las reglas de juego en que los capitales nacionales y extranjeros invirtieron en minería y continúan invirtiendo en territorio peruano, es preciso detenernos para entender el porque del bajo acatamiento de la Leyes ambientales en el país.
Es así, que la precitada comisión_en un plazo de 30 días_ entregará propuestas normativas orientadas a mejorar las condiciones ambientales y sociales bajo las cuales se desarrollan las actividades económicas, especialmente las industrias extractivas.
Creemos entender entonces que se refiere especialmente a la "minería", entre otras.
Para intentar tratar de explicar las causas de la actual crisis ambiental en Perú medido por los reportes de conflictos sociales de la defensoría del pueblo que se constituye en los últimos años como una tendencia a incrementarse en número y con él la predominancia de los denominados conflictos socioambientales; debemos preguntarnos por el proceso histórico del deterioro ambiental .
Toda sociedad ha afectado su entorno en busca de elementos necesarios para su reproducción. Desde que el hombre apareció en la tierra , los recursos naturales han sido la base permanente de provisión de alimentos, vestidos, herramientas, etc. Sin embargo, el proceso de crecimiento y densificación poblacional en centros urbanos y la consiguiente atención de sus necesidades dieron paso a un excesivo uso de recursos derivando en una crisis ambiental.
Los efectos nocivos de la contaminación y de la destrucción del ambiente se evidenciaron en las normas legales de pueblos como el egipcio, hindú, romano, hasta la primera Ley para el control del humo dictada por Eduardo I de Inglaterra en 1273. Siguiendo ese orden de ideas se encuentra la publicación del libro de John Evelyn, “Fumifugium” en 1661, el primero que trata sobre contaminación del aire por efectos del uso de la leña.
A partir de 1848, en Inglaterra se dan un conjunto de leyes de salud pública que se preocupan por la sanidad urbana y previenen la tugurización.
El éxito económico del Japón resultó del  respeto del derecho y el dominio de la tecnología.
Los trabajos de investigación sobre derecho ambiental son escazos en diferentes especialidades y los que hay, con honrosas exepciones, se caracterizan por partir de un planteamiento instrumental, conciben el valor del derecho como la capacidad de la norma legal para canalizar la consecución efectiva de determinados objetivos sociales planteados por el legislador.
El derecho tiene una particular manera de manifestarse en America Latina, lo que representa para los pobladores de estas tierras no es para otras.
Sólo hace 520 años atrás, nos incorporamos al escenario histórico de los hechos de resonancia mundial, este ingreso tardío determinó que nos sea impuesto un derecho.
En los Andes Centrales - en lo que es hoy el Perú - se concentró antiguamente la mayor densidad de población en Sudamérica, con singulares manifestaciones en la hidráulica y los sistemas productivos agrícolas. Estos peruanos respondieron con una ciencia y tecnología compatible con esta geografía y donde también elaboraron una cosmovisión holística y animada por el respeto a la naturaleza.
La llegada de los españoles a inicios del siglo XVI rompió la organización política, social, económica del Imperio incaico y por consiguiente el desarrollo armónico Hombre-Naturaleza.
Luego de que se fundara la primera ciudad en América por los Españoles en 1496, se estableció un orden jurídico propio del nuevo mundo denominado derecho indiano. Este fue propio de las colonias americanas y comprendió tanto las leyes emitidas por la corona española como las dictadas por autoridades españolas residentes en el nuevo mundo. Junto a estas rigió el derecho castellano con carácter supletorio, así como las costumbres americanas vigentes en ese entonces, que tambien formaron parte del derecho indiano. En 1542 se promulgaron las Leyes nuevas, una suerte de Constitución Política del Nuevo Mundo, que constituyeron un hito en el derecho indiano.
En el Estado Inca, por ejemplo, no existió el derecho de propiedad en los términos-exclusivos e individualistas- elaborados por el derecho privado occidental. Pero la conquista Española obligó a los antiguos peruanos a aceptar una forma de transmisión hereditaria de la propiedad que no sólo atentó contra su concepción de la familia, sino contra la célula social básica, el Ayllu y los recursos naturales , entre ellos la tierra o mamapacha.
A los Españoles, por razones obvias, más que la agricultura les interesaba desarrollar la minería. Pero cuando las ciudades empezaron a crecer y la agricultura empezó a cobrar importancia debieron organizar su uso. De esta forma, fue necesario aplicar inicialmente las normas de España y luego, con el transcurrir del tiempo fueron dándose normas adecuadas a nuestra realidad, sobre todo reglamentos para la Costa en los tiempos de los cuarenta virreyes desde 1544 hasta inicios de 1824, lapso que duro el Virreinato en el Perú.
Luego de proclamada la independencia, en 1824, la joven República Peruana siguió aplicando las normas que habían estado vigentes durante el Virreinato, sentando las bases con las que administraron posteriormente los sesenta y seis gobernantes que tuvo el Perú hasta la actualidad.
Este derecho ajeno a la realidad peruana se transmite a través de un método escolástico y dogmático que nos condena a ser receptores pasivos de una imposición cultural. Nos obliga a pensar que somos otros. Restringe y esclaviza la razón del espíritu racional, impidiendo el nacimiento del espiritu científico en nuestra sociedad. Por ello es que no existe una cultura de investigación en ella. Ha generado pues una cultura jurídica aislada de su realidad.
Los hombres que tienen que ver con el derecho, han desarrollado un metaleguaje que se levanta como un muro de incomprensión entre el derecho y el ciudadano. Quien al judicializarse el tema suele espectar cómo su problema no solo no se soluciona , sino que es traducido a un idioma esotérico que lo margina y, por si fuera poco, lo convierte en mercancía.
Un derecho que es ininteligible para las mayorías es perverso, inútil, frustante y, sobre todo, antisocial.
El derecho ambiental importado disfraza su parálisis insinuando una evolución a través de la "mejora de la normatividad ambiental". El mito de la norma escrita viene dejando una profunda huella en el quehacer jurídico nacional. Así, se presume que la realidad es modificada por la nueva norma desde el momento en que ésta decreta que los hechos no son sino lo que ella dice que deben ser.
Debido al influjo ideológico de su origen , el derecho ambiental en el Perú _como en otras partes de America Latina_ se ha reducido a una permanente gestación legislativa hecha desde el poder, por el poder y para el poder. Expresado en términos propios de una sociedad de consumo, el productor jurídico elabora normas desde su perspectiva y para el ejercicio pleno del control político.
Es en este contexto percibimos que nuestra legislación ambiental cambiada a pedido del poder de turno comprende información jurídica impregnada de un sofisticado contenido teórico que diverge, aleja y divorcia el hecho del derecho.
Por ello somos de la opinión que no es significativamente necesario realizar mayores “cambios estructurales de las leyes ambientales” como pregonan algunos, bastaría que las leyes vigentes en Perú se cumplan y de esta forma se restituya la relación de confianza no solamente con la población que demuestra su inconformidad con las "protestas socioambientales", sino también con los actuales y potenciales inversionistas del sector minero responsable que actuando en el marco de la formalidad, demandan reglas claras y estables para continuar caminando juntos en el futuro buscando el bien común y el desarrollo armónico de los pueblos del Perú.

jueves, 21 de junio de 2012

Balance de 2 años consecutivos

Desmitificando la minería en el Perú se empezó a difundir por el ciberespacio un día sábado 3 de Julio del año 2010,pudiéndose dar lectura en sesenta y tres (63) idiomas.
Al transcurrir casi dos años tiene un importante número de lectores que siguen la secuencia de como evoluciona el sector minero, considerado por no pocos como uno de los pilares del llamado milagro económico peruano.
El nivel de lectoría no se circunscribe a sectores especializados que involucran a las empresas mineras que desarrollan labores al interior del país y en países que son socios comerciales con el Perú; sino que trasciende fronteras del sector minero y llega al público en general, con especial énfasis de estudiosos situados en distintos países del planeta que miran con marcada expectativa el desempeño socio ambiental, crecimiento y desarrollo peruano.      
Es así que registros de datos quedan como condición de trabajo : haber superado hiper inflación, sufrida la epidemia de cólera con mas de 322 mil casos y 2909 defunciones, miles de muertos y otras tantas víctimas por terrorismo y violencia política, con más de 3 mil muertos por año en la última década debido a accidentes de tránsito, elevados niveles de corrupción que llevaron a altos funcionarios de la administración pública a ser sentenciados por el poder judicial, catalogado primer productor de hoja de coca en el planeta, casi medio millón de mineros informales peruanos extrae oro (3% de la Población Económicamente Activa), entre otros antecedentes que dieron paso  al actual nivel de discusión de la dinámica económica extractiva de recursos que caracteriza al modelo económico aplicado en un país que transitara por desastres de origen antrópico y naturales.
Sin embargo, la síntesis del análisis técnico reconocido por organismos internacionales deja ver a un país de oportunidades donde la estabilidad jurídica existente permite el crecimiento logrado en los últimos tiempos.
Lectoría de Desmitificando la minería en el Perú (verde) en el contexto mundial. 
La agenda pendiente en Perú pasa por alcanzar el equilibrio entre la explotación responsable de recursos naturales y garantizar el bienestar de su población, mejorando en la distribución de sus riquezas, y optimizando la gestión en los distintos niveles de gobierno : Nacional, Regional y Local, a efectos de alcanzar el desarrollo sostenible.
Importancia de identificar el daño ambiental generado antes de sancionar fue el título del primer envío. En ese entonces se comentaba el balance y resultados 2007-2009 de la supervisión a la gran y mediana minería formal dado a conocer por el regulador. Decíamos que un incremento de posibles sanciones que acaban en multa abre un espacio discrecional a la autoridad administrativa que con facilidad puede actuar arbitrariamente priorizando la recaudación de la multa en menoscabo de la remediación ambiental.Observábamos las deficiencias generadas en el tema de supervisión y Fiscalización Minera que pasaban de OSINERGMIN al nuevo Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente.Esta nueva forma de mirar a la minería  generó impactos con su desfase y que la protesta popular terminó presionando  al tiempo que demanda un proceso administrativo sancionador.
Quedaban sendas tareas : de un lado, revisar las fortalezas y debilidades de los instrumentos de regulación ambiental, y, de otro, la instauración de la necesaria rigurosidad técnica para identificar la gradualidad del daño ambiental generado previo a la sanción.
Nos preguntábamos en ese entonces ¿ Cuál sería su impacto en el Ministerio de Ambiente, las nuevas inversiones y el estado del medio ambiente en el país?.
Transcurridos dos años podemos indicar que las deficiencias señaladas subsisten y nos conduce a un Ministerio de Ambiente y OEFA que no terminan por despegar, sumadas a una Autoridad Nacional del Agua emergente, que en conjunto ponen en estado de reflexión a las nuevas inversiones mineras.
La capacidad de amortiguamiento de la megabiodiversidad del territorio peruano,su resiliencia y su aptitud de filtrar,absorber y neutralizar sustancias contaminantes coadyuvan en que las precitadas deficiencias no se perciban en verdadera dimensión.
Lo paradójico viene a ser la trajedia de los fondos comunes existentes en el país, en la medida que Perú cuenta con mayores recursos económicos que distribuir, la problemática aumenta puesto que una inadecuada gestión pública del tema económico en términos de falta de capacidad,oportunidad y calidad en el gasto público referenciado al canon minero, se traduce en un problema socio ambiental traducido en incremento de protestas  que levantan las banderas ambientalistas en contra de la gran minería formal y soslayan los niveles de contaminación producidas por la informalidad que funciona por abajo del radar de las leyes ambientales peruanas y las poblaciones cercanas a operaciones mineras, quienes llegan a percibir efectos de contaminación más por razones paisajísticas y consideraciones políticas que por daño ambiental o cuestiones de riesgos extremos a la salud colectiva.
Hacemos votos porque el Ejecutivo y su publicitada "nueva relación con la minería" en Perú resuelvan en el mas breve plazo los problemas subsistentes entre el hombre y la naturaleza en este país que tiene ingentes recursos naturales con capacidades de lograr su desarrollo armónico en un tiempo no muy lejano. 

sábado, 16 de junio de 2012

Nueva relación con la minería

Catherine Gréze, diputada francesa del Parlamento europeo, cuestionó al presidente peruano Ollanta Humala por su manejo de los conflictos sociales en el país, en especial por los desarrollados en Cajamarca y Cusco, según muestra el siguiente video difundido en Internet.


El cuestionamiento lo realizó en los siguiente términos:
“Quisiera expresarle mi preocupación por algunos proyectos mineros actuales en el Perú, los cuales, dada la situación, han originado 250 conflictos socio-ambientales en el país, ciudadanos que no ven los beneficios”.
“La reforma parece que no es suficiente todavía. Hay problemas de salud, de agua contaminada (…) También estoy preocupada por el uso sistemático de la violencia, incluso con armas letales”.
“Quisiera pedirle que haga prioridad para darle una solución pacífica a estos conflictos (…) Mi interrogación es si usted nos puede explicar cómo va a hacer para aplicar esa ley (de consulta previa) para que la población local y no las multinacionales sean los únicos beneficiados”.
La agencia EFE difundió este sábado _ a modo de respuesta a las precitados cuestionamientos_ que el presidente de Perú, Ollanta Humala, o que su Gobierno dirigirá una "nueva relación con la minería" en la que "se investigarán todas las dudas que la población tenga sobre contaminación ambiental en sus localidades".
"Tenemos que mantener el Estado de derecho", afirmó Humala, quien sin embargo, manifestó: "tenemos que resolver todas las dudas que pueda tener la gente" sobre los proyectos mineros en marcha y su impacto en el agua y el medio ambiente.
El mandatario hizo estos comentarios al ser consultado sobre la instalación de una mesa de diálogo con los líderes de la provincia de Espinar, que rechazan las actividades de la minera Xstrata en el yacimiento de cobre de Tintaya en la región Cuzco.
El Gobierno peruano afronta actualmente 245 conflictos sociales, la mayoría de los cuales están movidos por reclamos debido a la contaminación ambiental producida aparentemente por empresas del sector minero y energético.
Precisamente, dos de los conflictos más graves que atraviesa el Gobierno actualmente son las protestas contra el proyecto aurífero Conga, en la región Cajamarca, que lleva 17 días en paro, y las que encabeza la provincia de Espinar, en la región Cuzco, contra la minera suiza Xstrata, que extrae cobre.
"Hay que investigar si hay contaminación ambiental o es una mentira", agregó el presidente en declaraciones a los periodistas, al terminar una visita de trabajo en el distrito de Carabayllo.
Humala manifestó: "no podemos permitir que la incertidumbre perjudique a la gente".
El alcalde de la provincia de Espinar, Óscar Mollohuanca, comentó sobre el anuncio de la reunión el próximo jueves con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que espera un "diálogo fructífero" para atender sus demandas de solución a la aparente contaminación medioambiental en su localidad.
El alcalde desechó la condición de que el Gobierno levante el estado de excepción en Espinar, decretado tras las protestas que causaron dos muertos en mayo pasado, para sentarse a dialogar con la comisión liderada por Pulgar Vidal.

viernes, 15 de junio de 2012

Impuestos & uso de canon minero

Seguidamente compartimos una publicación de REUTERS sobre el tema minero en Perú :Los gobiernos regionales de Perú están sentados sobre unos 3.500 millones de dólares de impuestos mineros que por ley deberían estar usando para construir escuelas, hospitales y carreteras en las mismas zonas donde miles de personas exigen no quedar marginados del boom económico que vive el país.
Buena parte de ese dinero, calculado con cifras obtenidas por Reuters y datos del Ministerio de Economía, surge de un impuesto que pagan las mineras para promover el desarrollo económico de las zonas donde operan y fue diseñado para financiar obras de infraestructura de impacto social.
Una efectiva utilización del llamado "canon minero", que se nutre del 50 por ciento del impuesto a la renta que pagan las firmas del sector, podría ayudar a apagar muchos de los conflictos sociales que ponen en riesgo proyectos mineros por unos 53.000 millones de dólares.
Perú, el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc, así como el sexto de oro, necesita de esos emprendimientos para seguir haciendo rodar la economía, que lleva una década creciendo a un promedio anual del 6 por ciento.
El mal uso del canon minero por parte de los gobiernos regionales y las protestas antiminería complican al presidente Ollanta Humala, que tiene como uno de sus caballos de batalla políticos lograr una mejor distribución de la riqueza para aminorar el creciente malestar social.
"En las zonas donde se recibe canon la gente ve que entra un montón de dinero y dice ‘al final a mí tampoco me sirve de nada". Es un factor que contribuye a generar mayor conflictividad social porque hay zonas que reciben y no tienen la capacidad de gastarlo", dijo el ex viceministro de Economía Carlos Casas, un experto en el canon minero.
Mientras tanto, el dinero se acumula en cuentas bancarias y se multiplican las protestas, protagonizadas muchas veces por empobrecidos sectores rurales que ven al boom minero como un fenómeno ajeno.
El mayor símbolo del conflicto es el emprendimiento de oro y cobre Minas Conga en el norte peruano, donde la estadounidense Newmont planea invertir 4.800 millones de dólares. El proyecto fue temporalmente suspendido por masivas protestas antimineras.
Desde el 2001, los gobiernos regionales y locales están obligados a invertir en infraestructura los fondos que reciben por el canon minero, pero ninguna administración ha cumplido en los últimos años con ese objetivo en un país con casi un tercio de su población viviendo en la pobreza.
Las regiones mineras del país andino han acumulado en la última década unos 9.500 millones de soles (cerca de 3.500 millones de dólares) procedentes de los tributos que pagan las empresas por extraer recursos naturales en el país, según cifras obtenidas por Reuters.
Además del canon minero, una fracción de ese monto corresponde a los impuestos pagados por firmas energéticas y pesqueras.
En el 2011, las 16 regiones mineras en Perú invirtieron en promedio en infraestructura sólo el 45 por ciento de los cerca de 5.000 millones de soles (unos 1.862 millones de dólares) que tuvieron disponible para utilizar del canon minero, según cálculos de Reuters usando los números del portal de transparencia del ministerio.
La ley no plantea sanciones para las autoridades que incumplen con los parámetros de inversión.
"Tenemos que ver cómo podemos avanzar hacia un mejor uso de estos recursos que tienden a estar embalsados en cuentas de bancos y que no se convierten en recursos bien utilizados en obras que el país requiere", dijo recientemente el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla.
La Defensoría del Pueblo identificó casi 250 conflictos hasta mayo, de los cuales más de la mitad está relacionada con protestas socioambientales. Las regiones más abrumadas por estos conflictos son Ancash, Puno, Cajamarca y Cusco, todas con operaciones mineras.
El Gobierno ha dicho que las recientes protestas sociales son azuzadas por ultraizquierdistas. La fiscalía ha abierto una investigación contra el presidente regional de Cajamarca Santos por la supuesta utilización de fondos públicos para financiar las protestas.
El Gobierno también evalúa un plan a nivel nacional bajo el cual se adelantarán obras públicas con el dinero de futuros emprendimientos mineros en un intento por frenar las protestas, mientras redefine cómo se distribuye el canon minero para que abarque a las regiones sin esta actividad extractiva.
UNA PLAZA DE MARMOL
En muchas ocasiones, la porción del canon que efectivamente es invertida se usa ineficientemente o en obras sin gran utilidad social.
"El gobierno regional no invierte en obras (...) hacen falta hospitales, carreteras. Necesitamos un presidente (regional) capacitado para hacer esas cosas", dijo Juan Villanueva, de 57 años, un pequeño empresario de la norteña región de Cajamarca.
En algunas de las localidades más pobres del país se han construido plazas de mármol y piscinas olímpicas temperadas.
De otro lado, se tienen curiosas construcciones como es el caso de plaza en honor a la Hoja de Coca.
"Pocas regiones concentran el canon y esas regiones lo gastan mal (...) Al gastarlo mal no ves los beneficios en servicios públicos, y lo que gastan casi siempre es fierro y cemento", dijo Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres.
"Hay todo un tema de la calidad de la obra y quién la supervisa. La Contraloría no se da a basto para controlar 26 regiones y 1.839 distritos y provincias", agregó.
La ley les impide a los gobiernos locales utilizar los fondos para financiar gasto corriente e inclusive les prohíbe echar mano de los intereses que genera esa enorme masa de dinero para cualquier otro motivo que no sea proyectos de infraestructura.
Además de Minas Conga, la región de Cajamarca, con casi el 49 por ciento de su población viviendo en la pobreza, alberga una de las minas auríferas más grandes de Latinoamérica, Yanacocha, controlada también por Newmont.
Su presidente, Gregorio Santos, derivó el año pasado sólo el 34 por ciento del canon a proyectos de inversión, según las cifras del ministerio.
"Aquí lo que se ve claramente es que dinero hay, pero lo que falta es tener buenos operadores en los gobiernos regionales y locales", dijo el ex viceministro Casas.
Este panorama se replica en otras regiones. En la sureña región de Tacna, donde opera la minera Southern Copper -una de las mayores cupríferas del mundo-, el gobierno regional usó el año pasado en proyectos de inversión apenas el 28 por ciento del canon minero.
Y en la costa central de Ica -que aún no se recupera de un devastador sismo en el 2007 y donde funciona la única productora de hierro del país, Shougang- se destinó el año pasado a proyectos de inversión sólo un 13 por ciento.
Los presidentes regionales de Ica, Tacna y Cajamarca no estuvieron disponibles en varias ocasiones para dialogar sobre este tema con Reuters.
Sin embargo, el presidente regional de Cajamarca Santos culpó recientemente al "centralismo" del Gobierno y su lentitud en aprobar los proyectos por la baja ejecución de los presupuestos locales.
"Hay que renegociar contratos, hay que revisar aportes y enseñarles a las empresas (mineras) como tiene que ser una verdadera responsabilidad social, de inclusión económica y productiva, no como ahora de saqueo irracional", dijo Santos.
FRENOS BUROCRÁTICOS
El dinero del canon minero se reparte entre los gobiernos regionales, que reciben el 25 por ciento, y los gobiernos locales, que obtienen el restante 75 por ciento.
Algunos presidentes regionales aseguran que usarán los fondos tan pronto como el Gobierno les autorice obras de infraestructuras.
En la norteña La Libertad, donde opera la gigante aurífera Barrick, el presidente regional José Murgia explicó que con el saldo acumulado del canon minero se financiará una importante carretera.
"Tenemos una especie de ahorro de cerca de 60-70 millones de soles. ¿Por qué? Porque estamos esperando conseguir la aprobación del Ministerio de Transporte de una carretera muy importante para La Libertad", dijo Murgia.
Y también en el norte, en la región de Ancash, el presidente regional César Alvarez dijo que utilizará el gran saldo de canon minero que tiene en grandes proyectos.
Ancash es la región que más canon minero recibe -principalmente por el tributo pagado por la empresa de cobre Antamina de BHP Billiton y Xstrata- y paradójicamente es la que más malestar social registra con casi una treintena de conflictos, según el informe de la Defensoría.
Alvarez, que el año pasado destinó el 48 por ciento del canon a proyectos de inversión -uno de los porcentajes de ejecución del canon minero más altos-, lo atribuyó a la ineficiencia de las autoridades locales.
"Yo no puedo decirle qué hacer a ningún alcalde. Tengo alcaldes con los que me la paso peleando porque hacen plazas de toros, coliseos de gallos", afirmó.
Carlos Monge, coordinador regional de la ONG Revenue Watch, dijo que con el paso de los años los gobiernos locales han comenzado a gastar mejor el río de dinero del canon minero recibido en la pasada década.
"Hay que entender (...) la municipalidad de San Marcos, en Ancash, cuando Antamina comenzó a pagar, esta municipalidad invertía 500.000 soles al año. Al año siguiente recibió 210 millones de soles", explicó.
Monge agregó que también es necesario que el Gobierno central acelere los programas sociales enfocados en los pobres para aplacar el malestar social. El Gobierno de Humala ha puesto en marcha una batería de programas destinados a los niños, ancianos y a las familias con hijos en edad escolar en busca de reducir la pobreza.
"Los conflictos recientes muestran que en nuestro país lamentablemente ha habido una ausencia de un Estado que esté presente en todas partes del país y que sea especialmente efectivo en funcionar", dijo el ministro de Economía Castilla.
"La población en las áreas de influencia (de los proyectos mineros) tiende a culpar a la empresa de sus males o de la falta de acceso a servicios básicos porque no hay a quién más echarle la culpa", afirmó.

jueves, 14 de junio de 2012

PAMs & FONAM

Los pasivos ambientales mineros (PAMs) son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. PAMs pueden ser botadero de desmontes, deposito de relaves o escorias, pilas de lixiviación, labores subterráneas, tajos abiertos, entre otros.Los concesionarios mineros  responsables de  PAMs suscriben contratos de remediación con el Ministerio de Energía y Minas_Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA). Los responsables de los PAMs deben preparar estudios para  controlar, mitigar o eliminar los efectos negativos de los PAMs (conseguir la estabilidad física y química del terreno), asimismo, controlar o mitigar permanentemente sus efectos negativos.En el caso de los PAMs a cargo del Estado, el financiamiento de la remediación ha sido delegado al Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), una institución creada ad hoc para estos fines.Se asigna al FONAM la responsabilidad de obtener los fondos y el financiamiento para la remediación y rehabilitación de los mismos.En el caso de los PAMs cuyos terrenos requieren tratamiento permanente para mantener su estabilidad, las empresas del sector privado depositan al FONAM una contribución mensual con el fin de pagar el costo del mantenimiento perpetuo de aquellos generados por su actividad.Según la Ley de PAMs y su marco normativo, estos recursos deben provenir de acuerdos de cooperación financiera internacional, canjes de deuda y otras fuentes, sin recurrir a fondos públicos ni afectar el presupuesto nacional.El problema pendiente en Perú es que no siempre es fácil acceder a los mecanismos de cooperación internacional en medio ambiente.Parte de la base legal que regula los PAMs está conformada por: Ley que regula los Pasivos Ambientales Mineros (Ley No. 28271), Reglamento de Pasivos Ambientales Mineros (D.S. No. 059-2005-EM), Ley de Planes de Cierre de Minas (Ley No. 28098) y Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley No. 27444).La remediación de PAMs implica: proceso de identificación de los PAMs; responsabilidad de su remediación y/o rehabilitación;creación de un mecanismo de financiamiento, y mitigación de los impactos negativos que hayan causado sobre la salud, el ecosistema y la propiedad.

Remediación de impactos restaurando y mejorando el medio ambiente con reforestación.
La administración del Estado debería demostrar que los PAMs ocupan un lugar prioritario y que destinará los recursos necesarios para enfrentar el problema. La credibilidad de esta posición requiere una solución coordinada entre los diferentes niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local.
La actualización del inventario de PAMs debería ser contínua en el tiempo contemplando , entre otros, los siguientes criterios :El Estado debería conducir la remediación de sus PAMs, campaña de alerta temprana sobre los riesgos de los PAMs, priorizar los niveles de riesgo a la salud, monitoreos contínuos descartando filtraciones, establecimiento de centros de referencia para garantizar la calidad técnica y optimizar la gestión del FONAM.

miércoles, 13 de junio de 2012

Mineria peruana & economía

Compartimos parte del artículo del británico Financial Times titulado Déficit en el Perú : ¿Señal de alerta? que refiere el rol de la actividad minera peruana sobre el déficit comercial registrado en abril del 2012 :
¿Perú tiene que empezar a utilizar sus reservas internacionales y fondos de reserva en algún momento futuro no muy lejano?.Un sombrío abril sugiere que sí.
El segundo mayor productor mundial de plata …y sexto mayor productor de oro ha registrado su primer déficit comercial mensual desde abril de 2008, así como una fuerte caída en la producción de oro.
Los minerales representan el 60 por ciento de las exportaciones peruanas, cualquier caída sostenida de la demanda de China, Estados Unidos y Europa tendrá consecuencias en una economía que se prevé crezca un 6 por ciento este año.
Ollanta Humala, el presidente de Perú, ha sorprendido agradablemente los mercados y los inversores hasta el momento con un fuerte compromiso con la política económica ortodoxa ...
Las reservas internacionales se ubicó en $ 58.6 billones a finales de mayo y el país había guardado $ 5,6 mil millones en su " fondo de estabilización fiscal" para ayudar a compensar las perturbaciones externas.
Los flujos privados de inversión siguen siendo fuertes, un aumento del 13,7 por ciento, con US $ 53 billones en los compromisos hasta el año 2016.
La inversión pública también se ha incrementado 36,9 por ciento en tasa interanual, con un fuerte crecimiento en la agricultura y un crédito en curso y auge de la construcción.
Sin embargo, la minería sigue siendo la columna vertebral de la economía, por lo que la mayor parte de la caída de un 11 por ciento de las exportaciones en abril, lo que resultó en un déficit comercial de $ 144 millones La producción de oro en el mismo mes bajó 9,69 por ciento, según el Ministerio de Energía y Minas.
De otro lado, es evidente que los observadores tanto nacionales como extranjeros seguirán analizando estos indicadores en busca de signos de desaceleración del país.

martes, 12 de junio de 2012

Emergencia,contaminación y daño

Actualmente se habla mucho sobre la Emergencia que debería plantearse por la contaminación de los cuerpos de agua en Perú (ríos lagos y océano), producto de la actividad minera informal que genera daño ambiental, extendiendo la atención a la gran minería y a los nuevos proyectos de inversión minera responsable.
La presión mediática ejercida por algún sector de la prensa hace las veces de caja de resonancia a extremistas convertidos en “ambientalistas” magnificando eventuales situaciones de contaminación que no necesariamente pudieran causar daño ambiental.
Esta situación distorsiona los denominados Planes o Programas de monitoreo ambiental que se vienen ejecutando en aplicación de la legislación ambiental del país y que diera la impresión que recién se iniciara obligada por las demandas y conflictos socioambientales.
El espacio focalizado y tiempo en que se realiza el precitado monitoreo ambiental focalizado tiene el loable objetivo de tranquilizar a la opinión pública en el marco de un "transparente monitoreo ambiental participativo".
Sin embargo, el muestreo puntual, podría generar datos dispersos que distorsionen la información y  la percepción de las poblaciones localizadas en  áreas de intervención minera, creando en la praxis a la “minería peruana bajo ataque“ un frente adicional en el conflicto de baja intensidad que viene afrontando.
A los frentes radicales ya conocidos, se unen de un lado el frente al interior del Estado peruano: la figura de enfrentamiento entre presidente de Gobierno regional en contra de otros funcionarios del ejecutivo peruano y de otro lado, un frente ideológico infiltrado en la actual administración del Estado peruano que obedece la táctica de hostigar a la “minería peruana” en su propio terreno utilizando la figura legal de “Emergencia Ambiental”.
La normatividad peruana registra como antecedente el Decreto de urgencia N° 070-2009 que hace tres años declaró en Estado de Emergencia “la infraestructura para la prestación de los servicios de Saneamiento” en la zona denominada Taboada en la provincia Constitucional del Callao por el término de seis (06) meses y en el presente año se dictó la Resolución Ministerial N° 117-2012-MINAM que declara en Emergencia Ambiental algunas localidades del departamento de Pasco para “determinar los posibles riesgos en la salud”, por un plazo de noventa (90) días. Ambos estados de Emergencia obedecieron a la decisión Política del momento en que se aplicaron.
En síntesis, no es ajena en Perú la figura de aplicación legal de un Estado de Emergencia, sin embargo, no sería extraño que en el actual escenario, los reportes e informes técnicos que resulten de ésta última declaración de Emergencia para determinar riesgos en la salud, den cuenta de datos puntuales que consideren niveles de contaminación y a partir de éste análisis por extensión se considere que “la minería peruana” produjera contaminación y en consecuencia  “daño ambiental”.
Esta posibilidad reforzaría la posición de las fuerzas principales del frente anti minero peruano que ampliaría sus demandas por la “ocurrencia de un daño ambiental súbito y significativo ocasionado por causas naturales o tecnológicas” a los lugares donde existieran labores mineras en territorio nacional.
Es verdad que existe contaminación en el medio ambiente peruano y son generadas por fuentes diversas, hecho que venimos sosteniendo hace décadas y es de público conocimiento ; podríamos citar algunos indicadores y  cifras que se manejan por la carencia del servicio de saneamiento en el país, sin embargo consideramos que las evidencias son mas elocuentes que los números: diariamente miles de toneladas de residuos sólidos y miles de metros cúbicos de desagüe sin tratamiento alguno van a parar a estos cuerpos de agua por una razón muy simple, la insuficiente cobertura de rellenos sanitarios y Plantas de Tratamiento de aguas residuales, a esto se le agrega la manipulación política en la gestión municipal originando serias deficiencias en muchas Empresas prestadoras de servicio de saneamiento en el país, en el extremo que algunas están técnicamente quebradas.
Residuos Sólidos Municipales arrojados a cuerpos de agua del país.
Aguas residuales municipales sin tratamiento son descargadas a cursos de ríos.
El progreso y estabilidad económica en Perú, lograda en los últimos años permitió un avance sustantivo en el tema del manejo de la contaminación producida por estas deficiencias de larga data, pero el cual aún es insuficiente para lograr niveles aceptable de coberturas en el sector saneamiento.
Actualmente, en las propias zonas urbanas del país  a vista y paciencia de las autoridades competentes del nivel nacional, regional y local, el medio ambiente es infectado por las aguas residuales municipales arrojadas sin tratamiento alguno del sistema de alcantarillado público de las ciudades y así mismo, por el arrojo de residuos sólidos.
Sin embargo, la desinformación creada por la filosofía antiminera, le asignan responsabilidades de "contaminación difusas" a las labores mineras desarrolladas en territorio nacional.
La falta de recursos económicos suficientes para ejecutar proyectos de saneamiento y la burocracia enquistada en las instituciones del estado son algunos de los temas pendientes por resolver, entre tanto, las inversiones mineras responsables _ que han realizado su labor para el crecimiento económico del país_ no deberían ser hostigadas por un sector del ejecutivo para calmar la posición antiminera porque consideramos que las leyes ambientales en Perú deben cumplirse sin perjuicio de presiones de gobiernos locales o regionales politizados y en tal sentido, labores de inspecciones, control , supervisión, fiscalización y vigilancia ambiental que deriven en eventuales sanciones administrativas o penales, debieran desarrollarse en el marco jurídico que da estabilidad a las inversiones y no por presiones de políticas transfrontera que obedecen a intereses de ideologías que no representan a las grandes mayorías del pueblo peruano ni de la región de las américas.

viernes, 1 de junio de 2012

Minería peruana bajo ataque

El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, denunció en el Programa Ampliación de Noticias (Radio Programas del Perú), que existen campañas financiadas desde el extranjero (frente externo) por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se oponen al desarrollo de la actividad minera en el Perú.
Añadió que hay una corriente ideológica que no quiere a la minería “y que por todos los medios desinforma a la población y está causando estos conflictos que, como en el caso Espinar (Cusco), tienen bases que no están probadas”. Asimismo indicó que “Hay campañas, inclusive financiadas desde el extranjero por ONGs, que simplemente han encontrado una forma de vida, una tecnología del conflicto para que no haya minería y, por lo tanto, que no haya desarrollo”.
Esta corriente ideológica involucraría a "Chavistas",Nacionalistas",entre otros grupos "Bolivarianos" organizados con alguna presencia en el país y que tienen su correlato  en funcionarios de la actual administración del Gobierno Local, Regional y Central Peruano.
La estrategia de desinformación pasa,de un lado,por confundir a las comunidades campesinas, nativos y poblaciones originarias sobre conceptos que definen al daño,riesgo,degradación o contaminación ambiental y vincular las demandas de los pueblos localizados en zonas de tradición minera involucrados en las negociaciones para obtener mayor participación en los beneficios generados por las actividades mineras y por otro lado, generar pánico en las nuevas áreas concesionadas para neutralizar la presencia de capitales nacionales y extranjeros en proyectos mineros.
Las evidencias indican que se estaría enfrentando Estado Vs Estado, infiltrando los poderes del Estado y agudizando contradicciones en espacios geosociales megadiversos ; allí donde está en proceso de adecuación una arquitectura legal ambiental y la presencia real del propio sistema estatal.
Se trata de diseminar los puntos críticos a fin de establecer un virtual "Estado de emergencia ambiental Nacional" supuestamente generado por la actividad minera.
Por ello se ataca el "modelo económico extractivista peruano" donde se sustenta la mayor parte de las inversiones de la actualidad : La minería.
Se integran a esta corriente grupos organizados y diseminados en el territorio nacional (frente interno) con intereses de mantener niveles de anarquía que posibiliten la presencia ilegal de labores mineras de oro, narcoterrorismo, los movimientos regionales y organizaciones políticas que no desean ser fiscalizadas en gestiones pasadas y quienes desean lograr un espacio político en las futuras elecciones democráticas.
Como respuesta al ataque de fuerzas "pseudo ambientalistas" coordinadas que buscan desestabilizar al país, el Ejecutivo peruano emitió el Decreto Supremo N° 056-2012-PCM, que declaró el estado de emergencia en la provincia de Espinar del departamento del Cusco por treinta días, asignando a la Policía Nacional el control del orden interno y publicó la Resolución Suprema N° 231-2012-DE, mediante la cual se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú del 29 de mayo al 25 de junio de 2012, en las provincias de Cajamarca, Celendín y Bambamarca del departamento de Cajamarca . Como está precisado, el estado de emergencia No está dictado para todo el país y sólo es por determinado lapso.
Recordemos que en Perú se explotaba o exploraba 1.23% del total de su territorio y actualmente menos del 1% de las áreas concesionadas están siendo plenamente utilizadas por la industria minería. Es probable que en el futuro próximo se abran nuevos frentes antimineros para hacer colapsar el modelo económico con el mito de no existir minería responsable en Perú.En este contexto, el sector minero responsable debería estar preparado redoblando sus esfuerzos para comunicar apropiadamente a las comunidades y sociedad peruana en general , los trabajos que desarrollan en el tema socio ambiental, dejando que el Gobierno peruano realice su tarea de brindar las garantías necesarias que les permitan continuar apostando por el desarrollo sostenible del país.