jueves, 28 de febrero de 2013

Conectividad en la siembra de agua

En Perú se estanca las inversiones en proyectos mineros  aunque  la  expectativa  de inversiones  en exploración mantiene su vigencia , un indicador de ello es que según algunas recientes publicaciones sólo en Canadá habría "un universo de trescientas empresas junior que están interesadas en Perú, las cuales todavía no han venido".  
Conocemos como minera  Junior en Perú a las encargadas de realizar exploraciones,desarrollar proyectos y operar minas en lapso no mayor a tres años. 
En Julio del 2011 comentábamos a cerca de los efectos de incertidumbre generados por los conflictos sociales  y consideramos que las causas que la originaron en ése entonces subsisten.
Una de las causas principales tiene que ver con el tema agrícola y los usos del agua, que bajo la cosmovisión ancestral de los habitantes Andinos, constituye un eje fundamental para su existencia.

Lagunas naturales de agua existentes en las partes altas Andinas.
En esta dimensión sistémica inficiona la posición antiminera para generar controversias entre la agricultura y minería,indicando que la minería acabará con el agua necesaria para el uso agropecuario pues la sola presencia de exploraciones mineras contaminarán los cuerpos de agua en sus respectivas jurisdicciones.
Los primeros resultados del IV Censo Nacional Agropecuario confirman lo evidente " La superficie agrícola en Perú, varía entre departamentos ( hoy cambiada de nombre a regiones políticas) que conforman las grandes regiones naturales,se ha expandido en la Costa en razón de las nuevas áreas ganadas por las grandes obras de irrigación, las cuales son manejadas por grupos empresariales, sin dejar nuevos espacios para más agricultores familiares o medianos agricultores; los cuales optaron por incrementar mayores unidades agropecuarias en la Sierra y Selva.


Se debe poner en valor el agua almacenada sin ser aprovechada adecuadamente.

Es así que el tema del recurso agua toma mayor preponderancia en la Sierra, pues es conocido que en Selva existe mayor cantidad  del recurso hídrico del país.
En este contexto se mantiene en el tiempo la pugna por el agua entre Agricultura y Minería; por cierto, el tema es recurrente y se intensifica dada la condición de los regímenes climáticos temporarios que originan muchas veces que la falta de agua en la sierra no sea tal, sino que esta agua existente se pierda sin ser almacenada y aprovechada adecuadamente.
Para reducir la conflictividad generada por el tema agua, es importante entonces incrementar la inversión en infraestructura para mejorar la "Conectividad del agua sembrada ya sea natural o artificialmente", de modo tal que las poblaciones andinas situadas en las mal denominadas "cabeceras de cuencas", puedan desarrollar sus actividades  ancestrales sin perjuicio de las labores mineras que pudieran ejecutarse en la zona de influencia.


Cuerpos de agua que podrían ser mejor aprovechados en el país
Un inventario actualizado en materia de cuerpos de agua existentes en las zonas estratégicas de los Andes es prioritario y la determinación de líneas bases reales sobre el particular _para determinar la infraestructura necesaria a desarrollar en el tiempo_ ayudarían  hacer despegar a las inversiones mineras estancadas y potenciales en el territorio nacional. 

martes, 26 de febrero de 2013

Impacto económico de conflictos

Como ocurre actualmente en otros países de la región de las Américas, en Perú se empieza a sentir los efectos ocasionados por las protestas ambientales en contra la minería formal.
El retraso en el cronograma de nuevas inversiones en el sector minero constituye un indicador que no solamente obedece a una reducción de los precios internacionales de los minerales sino que fundamentalmente recoge la demora de los permisos para proyectos nuevos ante la presión ejercida por la población asentada en las zonas de influencia minera
Las movilizaciones para proteger sus recurso naturales en tanto no visualicen la forma de cómo participarán en la "distribución de la bonanza económica", representa en buena parte el origen del impase subsistente en este extremo del tema minero.
La externalidades generadas impactan sobre el nivel de producción de algunos de sus minerales de "exportación bandera", como es en el caso de la plata y el cobre, sin perjuicio de la producción del oro que también se ve afectada.
En suma, el efecto dominó impactará sobre las expectativas de los ingresos del Estado por conceptos tributarios de impuestos atribuidos al sector minero.
El sector privado y los inversionistas están haciendo su parte, pues las inversiones en minería para el 2012 alcanzaron US $ 8,549 millones , que representa un incremento de dieciocho por ciento respecto al año 2011; pese a los conflictos sociales acontecidos en ese lapso.
El Ejecutivo _a través del sector público peruano_ tiene la palabra, ya que las últimas modificaciones en la legislación laboral y la intensificación de los conflictos sociales son eventos concurrentes a las trabas burocráticas que finalmente afectan a la competitividad del país trascendiendo a otros sectores colaterales de la dimensión minera.

lunes, 18 de febrero de 2013

Tendencias & Nuevas concesiones

A inicios de la presente administración del estado peruano, referíamos que existía un retroceso de la minería producto de los conflictos socio ambientales existentes en el país. 
Pasados casi veinte meses de la nueva gestión, la tendencia a postergar los proyectos mineros ligados a la gran minería se mantiene.
Sin embargo _ a Enero del 2013_ el gobierno peruano a través de Ingemmet  otorgó ciento veinticinco (125) concesiones mineras brindando las facilidades previstas por el ordenamiento legal vigente a los denuncios mineros.
Entre los países participantes en las concesiones se encuentran : China (HBDK EperMining), Japón (Sumitomo Metal Mining Perú), México (Fresnillo Perú), Perú (Minera Paragsha SAC) y otros.
Las regiones que otorgaron mas concesiones en minería fueron Áncash (17), Cusco (16), Lima (13) y Huánuco (12).

jueves, 14 de febrero de 2013

LCP & Caja negra minera

Los comunicados de prensa donde se consignan importantes inversiones en operaciones mineras en Perú a un ritmo vertiginoso, dan cuenta por ejemplo que la empresa estadounidense Southern Cooper está planeando realizar una expansión con un monto de mil seiscientos millones de dólares en sus minas de Toquepala y Tía maría.Freeport-McMORan ha aprobado una expansión de cuatro mil millones de dólares en sus operaciones de Cerro verde en Arequipa; Antamina considera invertir mas de mil millones de dólares en labores de expansión; de otro lado, Anglo American planea invertir tres mil millones de dólares en Quellaveco, todo ello sin perjuicio de las inversiones previstas en los proyectos mineros altamente publicitados por las disputas entre las "comunidades situadas en las zonas de influencia en general" y las compañías mineras.
En este contexto, surgen las consecuencias prácticas del "derecho" que asiste a las "comunidades indígenas o las denominadas Comunidades originarias" y el "derecho " de las compañías mineras formales.
Es así que los eventos se producen al interior de una suerte de Caja negra minera que  invita a mirar los límites de la propiedad de la tierra.
No podemos soslayar entonces, que los primeros resultados del censo agropecuario nos dicen que ya no hay un millón 750 mil unidades agropecuarias sino que existen actualmente dos millones 300 mil y que estas unidades tendrían menos de una hectárea y se encuentran fundamentalmente ubicadas en la sierra, es decir, compiten con la minería por la tierra y el agua en sentido estricto por encontrarse sistémicamente ligadas.
Es evidente que la agenda pendiente del Estado peruano pasa por dar luces respecto a la necesaria información que demandan tanto las comunidades originarias y los potenciales inversionistas.
En esa línea de pensamiento, presentamos el editorial presentado por el prestigioso diario El Comercio, titulado "sombras nada mas" que hace referencia a un problema que finalmente no sólo afecta a las inversiones mineras en Perú.
"La Ley de Consulta Previa (LCP) fue aprobada por el Congreso en agosto del 2011. A la fecha, todavía no se publica la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la misma (como se sabe, no todas las comunidades cumplen estos dos requisitos).
Con esta larga negligencia, el Estado está haciendo aun más grande la estela de incertidumbre y de expectativas mal fundadas que creó con la aprobación de la referida ley.
En efecto, la LCP vino al mundo con una falla de fábrica (siendo la “fábrica”, en este caso, un convenio de la OIT). Así, la ley da el derecho a las comunidades indígenas y originarias a ser consultadas antes de la realización de cualquier proyecto privado o estatal que pudiese afectar su “identidad cultural, calidad de vida o desarrollo”, pero otorgando al mismo tiempo al Estado la potestad de decidir discrecionalmente si se continúa o no con el proyecto aun cuando haya habido un “no” como resultado de esta consulta.
En otras palabras, da un “derecho” que, propiamente hablando, no es tal, pues su ejercicio no tiene efectos vinculantes para nadie, pero que al ser llamado “derecho”, sí crea una justificada sensación de empoderamiento en quien lo recibe.
 A nuestro entender, esta es la fórmula de una guerra avisada (y, a juzgar por lo que pasó en Bagua, de la que sí mata gente). Nada asegura mejor que no habrá paz que la falta de claridad sobre hasta dónde alcanza el derecho de cada quien.
Así las cosas, no publicar la lista en cuestión es algo así como permitir a la bruma entrar en una habitación que ya estaba llena de humo.
Gracias a esta continuada omisión, el problema no es solo que ni las comunidades originarias ni los inversionistas puedan tener claro cuando el “no” de las primeras podrá detener un proyecto (todo dependerá del valor que el Gobierno de turno decida otorgar a esa negativa), sino también que no hay manera de saber quiénes tienen el derecho a dar ese “no” en primer lugar.
No es el caso, por lo demás, que aun antes del humo y la bruma hubiese alguna claridad en esta habitación. Como se sabe, es extremadamente común que los padrones de las comunidades no estén actualizados y, por ende, que no se sepa nunca con seguridad quiénes son los comuneros calificados para formar la voluntad de una comunidad en su asamblea y dar un “sí” o “no” válido a cualquier cosa. En la práctica, entonces, tenemos que las decisiones de las comunidades –y los acuerdos con ellas– siempre acaban sujetos a la posibilidad de ser objetados bajo el argumento de que no asistieron o votaron en la asamblea el suficiente número de personas dado el “verdadero” número de miembros de una comunidad. Es cierto que este último problema no se aplica solo a la consulta previa, sino a cualquier decisión que tome una comunidad (como otorgar, por ejemplo, el derecho a usar su superficie para hacer una exploración), pero es igualmente cierto que se aplica también a ella. Con lo que acabamos teniendo respecto de la consulta previa la siguiente situación: nadie sabe bien hasta dónde llega el “derecho” (cuándo acabará siendo vinculante y cuándo no), nadie sabe bien qué comunidades lo tienen, y lo único que sí se sabe bien es que, aun cuando se conociese cuáles son estas últimas, no habría manera de saber con seguridad quiénes son las personas que la forman.
En suma, la consulta previa, que estaba planeada para que haya mayor paz social, ha acabado siendo, al menos hasta el momento, una habitación oscura en la que a todos los que están adentrocomunidades e inversionistasles será muy fácil tropezarse sin poder saber siquiera con quién. 
Considerando que fue el Estado quien metió a todo el mundo en ese cuarto en primer lugar, imaginamos que no ha de ser mucho pedir que le ponga un poco de luz".

lunes, 11 de febrero de 2013

Desafíos en concesiones mineras

Discutiendo el tema de las concesiones y la informalidad minera organizada, nos referíamos al antecedente ligado a la compañía Manhattan , quien inició sus estudios en Tambogrande (Mayo,1999) cuando tomó una concesión  del Estado a tres años para explorar la zona en Piura, al norte de Lima. 
Las pretensiones de la empresa Manhattan era de reubicar una parte del pueblo para ejecutar el proyecto de explotación de los recursos polimetálicos que se hallan bajo su suelo.
La explotación sería mediante tajo abierto, para lo cual tendría que reubicar a veinticinco mil habitantes, lo cual fue rechazado por la comunidad pues la población se mostró contraria a una posible reubicación. 
Bajo una inadecuada relación comunitaria por el tema de la reubicación y la información que desplegaron los activistas ambientales sobre problemas por disponibilidad de agua, y la contaminación de los recursos, se llegó finalmente a determinar el rechazo de la minería por estos y otros riesgos que se plantearon.
En el extremo último citado, recordamos un detalle que levantamos in situ haciendo la consulta a la población periférica de la zona, nos indicaban ante la pregunta del porqué tanto temor a la presencia minera, obteniendo por respuesta: "además de no poder abandonar a nuestros antepasados en el cementerio, la minera traerá las antenas de teléfono y estas radiaciones producirán  infertilidad en los hombres", adujeron.
Ciertamente estas dudas no fueron adecuadamente aclaradas y en esa oportunidad no se neutralizó el discurso antiminero promovido por cierto sector agroindustrial exportador que creyó verse afectado por la presencia de la minería formal.
El espacio dejado por la minería formal, fue cubierto en parte por la minería ilegal, dejando con ello una muestra de la capacidad de los operadores ante las concesiones mineras en otras localidades del territorio peruano.
Transcurrida más de una década, se presenta un caso similar , pero con otro escenario y  resultado diferente, tratado por el diario El Comercio que toma un interesante artículo de Financial Times  respecto a un análisis de los desafíos políticos para sacar adelante las inversiones mineras en los siguientes términos para el Perú
"Situada a una altitud de 5.200 metros en Los Andes peruanos, la recién construida ciudad, que pronto será bautizada como Nueva Morococha se ve incongruente, sus filas inmaculadas de tejados rojos dominan el valle en forma de cuenca.
Chinalco, la empresa minera china, construyó el asentamiento para reubicar a unas 3.500 personas de la localidad de Morococha -un ex campo de explotación minera construido sobre un vertedero a inicios de los 1900.
Nueva Morococha tiene calles pavimentadas, parques infantiles, escuelas, iglesias y plantas de procesamiento de agua, lo que contrasta con la antigua y precaria aldea.
El motivo de Chinalco para trasladar a los habitantes del pueblo se aprecia en grietas en forma de cono que se han cavado en la montaña, color ocre, que se cierne sobre el viejo pueblo.
Es aquí, en Toromocho, que Chinalco está invirtiendo US$2.200 millones en una mina de cobre y planta de procesamiento.
Los pobladores de Morococha están, simplemente, en el camino.
Según la empresa, 77% de los hogares, cerca de 900 familias, acordaron reubicarse.
Chinalco dice que aún está calculando el costo de la reubicación, pero se estima entre US$150 y US$ 200 millones.
El problema es que no todo el mundo está listo para moverse de inmediato. Marcial Salomé, alcalde de la ciudad, ha desafiado a Chinalco y prometió no trasladarse al nuevo pueblo hasta que consiga lo que, él cree, le corresponde al pueblo. “Yo no estoy en contra de la medida, sólo quiero que la empresa nos dé lo que es justo”, dice Salomé. Él representa a una minoría, unos cien residentes, que se ha resistido a los términos de la reubicación. Salomé quiere que Chinalco garantice puestos de trabajo en la nueva mina y que la empresa compense a su pueblo con US$300 millones por la destrucción de su aldea. “Esta es nuestra casa, tenemos que defender lo que es nuestro”, añade.

AMBICIOSOS OBJETIVOS DE LIMA

Si Perú recibe todas las inversiones que tiene en proyecto en los próximos 10 años -alrededor de US$53.000 millones por 52 proyectos- (produciendo así 5 millones de toneladas anuales para 2025) el país se ubicará inmediatamente después de Chile, el mayor productor mundial de cobre, con una producción de 5,7 millones de toneladas.
Perú es actualmente el tercer productor de cobre más grande, ya que produce alrededor de 1,3 millones de toneladas. La minería es la columna vertebral de la economía de rápido crecimiento y representa el 15% del PIB. 
Sin embargo, la explotación de las reservas de cobre presenta un desafío político complicado para el presidente Ollanta Humala.
Si bien muchas de las minas de Chile se encuentran en zonas remotas o despobladas como el Desierto de Atacama, el cobre de Perú se ubica frecuentemente cerca de pueblos y comunidades indígenas. Esto ha obligado a Humala a realizar un delicado acto de equilibrio. 
El presidente ganó la elección comprometiéndose a apoyar a los pobres en los conflictos mineros. No obstante, Humala es consciente de que los miles de millones de dólares de inversiones mineras prometidas son cruciales para mantener el magnífico 6% de crecimiento económico del país.
Esto genera los ingresos extras que necesita para programas sociales, que apoyan a más de un cuarto de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza -gente como los habitantes de Morococha vieja.
“Perú tiene potencial minero para ser una superpotencia cobre y está mucho más cerca de ese estatus que lo que estaba hace 20 años. Se está moviendo en esa dirección”, sostuvo Anthony Bebbington, un ex consultor del Banco Mundial. “La pregunta es, entonces, ¿se puede avanzar sostenidamente hacia adelante? ¿Y cuáles serían las condiciones sociales y políticas institucionales que permitan que eso suceda?” El gobierno admite a más de 200 conflictos.
Los que más a menudo se vuelven violentos están relacionados a la minería y cada vez más se centran en el uso del agua. Minas Conga, Tintaya-Antapaccay de Xstrata, en la región sur del Cusco y el proyecto Cañariaco de Candente Copper en Lambayeque, son los mayores conflictos. 
El gobierno está tratando de enfriar las disputas mediante la participación de autoridades regionales directamente en la gestión de conflictos y los procesos de resolución, así como su inclusión en las negociaciones de los proyectos.
Finalmente, la administración está poniendo su fe en una ley de consulta previa, que recogerá las impresiones de las comunidades locales antes que se inicien grandes proyectos mineros, aunque hay muchos escépticos. En tanto, el gobierno recibirá a los inversionistas con los brazos abiertos.
El año pasado (2012) concedió 4.668 permisos de explotación minera a 582 empresas, frente a 3.100 en 2011".

viernes, 8 de febrero de 2013

Plazos & Control de contaminación

Existe una polémica generada en razón de las recientes medidas tomadas por el Ejecutivo peruano respecto al tratamiento sobre el tema del Control de la Contaminación en la Gran y Mediana minería y su equivalente en la minería informal.
Ya con fecha 10 de noviembre de 2012, se había publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo Nº 007-2012-MINAM, donde se aprueba el Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de las labores de explotación, beneficio, transporte  y almacenamiento de concentrados de minerales.
Mediante este dispositivo se actualiza la Escala de Sanciones, aumentándose el tope máximo de 600 UITs de multa hasta 10,000 UITs, conforme a lo establecido por la Ley General del Ambiente. Este Decreto Supremo se encuentra en plena vigencia desde el once (11) de Noviembre de 2012.
Ante una lectura de una supuesta ampliación de plazos para la formalización de la minería informal, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, precisó que el Gobierno no ha ampliado el plazo de formalización para la minería ilegal, a propósito de los decretos supremos emitidos el miércoles otorgando plazos adicionales para presentar algunos documentos necesarios para la formalización.
En ese sentido explicó_ según lo propalado por los diarios Gestión y Expreso entre otros medios de comunicación_ que el plazo para presentar las declaraciones de compromiso a nivel nacional ya venció y estos decretos supremos emitidos ayer “no permiten que se presente una más”. “El proceso de formalización a nivel nacional vencerá en abril de 2014 y ese plazo no se ha cambiado. No se ha extendido un día más”, dijo.
Sin embargo, el prestigioso diario Gestión, aclaró que el mismo día en que el Ministerio del Ambiente publicaba su norma, el Ministerio de Energía y Minas emitía otra similar _ Decreto Supremo_ que modificó el art.3° del Decreto Legislativo N° 1100, fijando que el Gobierno Regional de madre de Dios deberá conducir y culminar el proceso de formalización hasta el 19 de Abril del 2014.
Asimismo, precisa que  el art.3° del Decreto Legislativo N° 1100, publicado el 15 de marzo del 2012, señalaba que el proceso de formalización en Madre de dios se daría hasta marzo de este año (2013).

jueves, 7 de febrero de 2013

Proceso de formalización minera

A lo anteriormente anotado en Plazos para la minería informal  añadimos que en virtud a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1105 _publicado el 19 de abril del 2012 _ se estableció las Disposiciones para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal, con el objeto establecer normas complementarias para implementar el proceso de formalización de la actividad minera informal de la pequeña minería y de la minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas actividades a nivel nacional;en este contexto los titulares de las concesiones mineras tenían inicialmente un plazo para presentar la declaración de actividad minera informal en el área de su concesión hasta el 17 de Julio del 2012.
Mediante Ley N° 29910, se estableció un plazo adicional de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del 06 de Setiembre del 2012 para que los sujetos de formalización, cumplan con presentar la Declaración de Compromisos, con el objeto de acogerse al marco del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.
Con fecha 05 de febrero del 2013 se dio el Decreto Supremo N° 001-2013-MINAM ampliando el plazo a los sujetos materia de regulación para presentar el “instrumento de Gestión Ambiental Correctivo” ante el correspondiente Gobierno Regional hasta el 05 de octubre de 2013
Asimismo, según lo dispuesto por el Decreto Supremos 003-2013-EM, dada en la misma fecha que el instrumento legal precitado,05 de febrero del 2013, los sujetos a la norma deberán cumplir con presentar hasta el 5 de setiembre de 2013 la acreditación de titularidad , el contrato de cesión y el acuerdo o contrato de explotación que tengan sobre la concesión minera. 
De otro lado, también deberán presentar la acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial hasta el próximo 16 de setiembre del 2013, en tanto que la autorización de uso de aguas se podrá acreditar hasta el 25 de setiembre del 2013.
Sin perjuicio de la precisión de las fechas establecidas :05,16 ó 25 de Setiembre del 2013  o eventualmente el mes siguiente 05 de octubre del 2013, se hace evidente que el presente año 2013 se torna crucial para ver el cumplimiento del ordenamiento legal vigente peruano para formalizar a la minería ilegal.
De no lograr su objetivo, es muy probable que exista un crecimiento exponencial de esta ilícita actividad en el país, pues el desborde de las leyes tendrá que ser regulada con los instrumentos pertinentes como son la interdicción y represión en contra de los sujetos que se colocaron fuera del proceso y en consecuencia continúan en flagrante ilegalidad.
Una adecuada política de Estado sobre el particular es necesario que se internalice en el país de cara a la administración de futuros gobiernos, a efectos de armonizar el crecimiento y desarrollo de la sociedad peruana en general.

miércoles, 6 de febrero de 2013

Inversiones mineras & Redistribución

El diario Perú 21 difundió detalles de la entrevista realizada en canal 2 televisión a un connotado empresario minero peruano en los siguientes términos:
Roque Benavides,CEO de la minera Buenaventura, criticó la gestión del premier Juan Jiménez, y dijo que tiene un sesgo que le impide abocarse a promover las inversiones en el país, al cuestionar que el jefe del gabinete juan-jimenez-y-gregorio-santos no haya hablado sobre el futuro del proyecto Conga en la reunión que sostuvo con el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos.
El problema de Cajamarca es el minero, los recursos de Cajamarca vienen del sector minero. ¿Cómo es posible que no se haya hablado del sector minero como si fuera un apestado?. Yo creo que debió hablarse de las posibilidades de desarrollo de Conga , de cómo se va a mantener las operaciones de Yanacocha y otras mineras”, manifestó.
Las cosas hay que hablarlas:los seres humanos nos diferenciamos de los animales en que podemos hablar de todo”, agregó en tono irónico en el noticiero “Abre los ojos” de Frecuencia Latina.
En ese sentido, puso en entredicho la gestión de primer ministro en cuanto a la promoción de inversiones se refiere. “Juan Jiménez es un hombre que está muy abocado al tema anticorrupción.
Creo que es un sesgo que tiene. A mí me gustaría verlo más abocado a la atracción de inversiones, a fomentar de que haya mucha más actividad económica”, refirió. Benavides recalcó que debió hablarse del desarrollo de proyectos mineros en Cajamarca como La Granja (minera Rio Tinto), Michiquillay (minera Anglo American), Galeno (Lumina Copper), Tantahuatay, entre otros. Buenaventura contó que ha visto a Gregorio Santos en dos oportunidades y que en ambos la autoridad regional lo desairó. “Él salió y me paré para saludarlo, pero se pasó de largo. La otra ocurrió en Conga cuando fueron tres ministros, él le dio la mano a las autoridades y cuando estiré mi mano, se dio la media vuelta y se fue”, contó.
De otro lado,  el  diario  Gestión  indicaba a su  vez  que  la gestión del primer ministro, Juan Jiménez, volvió a ser criticada, aunque  esta  vez  no  por  un  sector radical sino por el bando empresarial.
Benavides cuestionó el desempeño del estado en la distribución de la ganancia minera."Que el sector minero genere recursos,pague sus impuestos,se los entregue al estado y que no haya redistribución,ese no es problema de los privados. Se pretende que hagamos más cuando no manejamos el presupuesto de la nación, anotó".

lunes, 4 de febrero de 2013

Desarrollo rural en el 2013

En la siguiente entrevista_presentada en cepes rural_Carlos Monge, Coordinador Regional de America Latina de Revenue Watch Institute, analiza el concepto de desarrollo rural que maneja el actual gobierno, así como la necesidad de que la pequeña agricultura sea una de las palancas para lograr el desarrollo rural. También insiste en que la gran minería no se propone hacer ningún tipo de desarrollo rural en el país, y que los lobbys mineros, en la actualidad,están impidiendo la promulgación de una ley de ordenamiento territorial. 

Este año 2013 ha sido bautizado por el gobierno como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, lo cual nos lleva a preguntar ¿qué entiende el gobierno sobre desarrollo rural?

Yo no he escuchado, de parte del gobierno, una especie de gran definición conceptual: «esto es lo que entiendo por rural, esto es lo que entiendo por desarrollo, y en consecuencia esta es mi política supra, grande, orientadora sobre desarrollo rural». A mi me ilustra más bien lo que el gobierno está haciendo. Y lo que veo en relación con el mundo rural ─no solamente agrario, sino el mundo rural de manera más amplia─ es que hay una política sectorial agraria que ha estado fuertemente centrada en la promoción de la mediana y gran agricultura de exportación en la costa.


Ha seguido la inercia de anteriores gobiernos…

Sí, de acuerdo. Incluso tu lo ves en la selección de los últimos tres ministros: Miguel Caillaux, que ha sido presidente de Conveagro pero que es un líder de medianos agroindustriales costeños; Luis Ginocchio, un conocedor de la agricultura costeña y de la plataforma agroexportadora del norte; y ahora Milton von Hesse, un técnico que viene del MEF.


 ¿Y el perfil de estos tres ministros que te da a entender…?

Me da la impresión de que ha habido una continuidad por la consolidación de la plataforma agroexportadora costeña. Y el caso emblemático es Olmos. Que un Ministerio de Agricultura con cuadros progresistas, con gente que viene de la izquierda, y con mucha cercanía con Conveagro, haya dejado que ocurriera lo de Olmos, en mi opinión, fue una barbaridad. Olmos es un proyecto diseñado para reconcentrar tierra, donde premias al que compra más y no había ningún espacio para promover el acceso a pequeña y mediana propiedad. En mi opinión, los perfiles de las personas y las políticas más significativas tienen que ver con la continuidad.

¿Ha habido un excesivo apoyo a la agricultura industrial en desmedro de la pequeña agricultura?

No digo que la descarten ─porque creo que también se debe tener una plataforma agroexportadora exitosa, ojalá democratizada, ojalá no tan concentrada─ pero que por lo menos le presten mayor o igual atención a los problemas de inversión, crecimiento económico, desempeño, y productividad de la sierra andina, de la sierra campesina empobrecida. Yo veo un Ministerio de Agricultura muy costeño. Y ahí no está ni la mayor ni la peor pobreza. Ahí no están los gravísimos problemas estructurales del  minifundio, de la interculturalidad, de la complejidad de la geografía. Veo un ministerio centrado en costa que no tiene un gran liderazgo, ni un gran discurso, ni una gran apuesta en relación a la sierra. Sin embargo, lo que sí veo en políticas para la sierra es una incesante y enérgica promoción de una gran minería en el espacio andino, y, por otro lado, la promoción de programas de lucha contra la pobreza.
¿La pequeña agricultura continúa siendo la actividad económica que servirá de palanca para superar la pobreza rural? ¿O el actual gobierno está concibiendo otras actividades económicas?
En la práctica, lo que el gobierno está haciendo en ese mundo rural pobre, de pequeños productores parceleros, comunitarios, quechuahablantes, es promover la minería y focalizar los programas sociales. Yo no veo que esté haciendo una apuesta por esa pequeña agricultura comunal, familiar, parcelaria. Esa es mi crítica. Parece que en la imaginación del gobierno, el desarrollo rural de las zonas pobres y, por tanto, la superación de la pobreza, no va a venir de la agricultura misma sino de un cheque del Programa Juntos, con su Cuna Más, su Pensión, su Beca, es decir, la suma de todos los programas. Ciertamente ahora cuentan con técnicos más calificados y con más respeto por la dignidad de las personas. Los equipos que ahora manejan el MIDIS no manosean la dignidad de las personas, con los niveles del clientelismo que había durante Fujimori, e incluso también con Toledo y García. Pero, finalmente, lo que veo es harta minería y harto programa social, y poca política que saque al campesino de la pobreza a partir de su condición de ser campesino. Yo creo que la única salida de la pobreza ─que sea sostenible, permanente y con dignidad─, es que el campesino sea exitoso en el mercado. Así de simple. Cuando un campesino pueda vender sus carnes, sus lanas, su fibra, su artesanía, sus papas, sus quinuas en el mercado ─sin necesidad de un cheque mensual que lo sostenga, como colgado de los pelos, encima de la línea de la pobreza─, entonces yo creo que ahí va haber inserción social.
¿Para caminar hacia este anhelado desarrollo rural, la pequeña agricultura tiene que ser necesariamente la palanca? ¿Por qué no puede serlo también la gran minería?
No, porque la gran minería plantea tres problemas fundamentales. El primero es que la gran minería compite por la tierra ─y sobre todo por el agua─ con esa misma población campesina, parcelera, comunera. La gran minería, en algunos casos, destruye fuentes de agua al hacer tajo abierto en las praderas altoandinas. Y, en muchos casos, contamina el agua que no consume, devuelve aguas contaminadas o tira relaves. Entonces, hay un primer problema de que la minería compite con la agricultura en el tema de acceso a ciertos recursos. En segundo lugar, la minería genera poco empleo directo, y no se puede reconvertir a 600 mil pobladores de Cajamarca en trabajadores mineros. No hay manera. La minería grande y formal es una operación muy intensiva en capital, que requiere mano de obra calificada, que no puede ser provista por las poblaciones locales. Y en tercer lugar, la gran minería tiende a no abastecerse de los agentes económicos locales, es decir, tiene poco contenido local, porque hasta la comida la traen de afuera. El Estado no tiene ninguna política para promocionar que las empresas mineras compren en los mercados locales. Cero políticas al respecto.
¿Crees que las actuales políticas del gobierno están dirigidas a una convivencia entre la gran minería y la agricultura en determinadas zonas?
Creo que el gobierno apunta por la gran minería porque es fuente de renta, esa es la razón principal. Una fuente de renta que le va a permitir sostener sus programas sociales, porque en la concepción del gobierno la lucha contra la pobreza pasa, fundamentalmente, no por el Ministerio de Agricultura ni por el Ministerio de la Producción, sino por el MIDIS. Pero al final están repartiendo plata y eso requiere un presupuesto. ¿Te acuerdas de la frase del presidente Humala?: «Conga garantiza la gran transformación». Bueno, Conga es la fuente de renta para los programas sociales y eso es lo que él quiso decir. Yo no sé si el gobierno sabe cuán compatible es ese gran proyecto minero con la pequeña agricultura. Su visión fundamental es: «necesitamos meter el paquete de 56 mil millones de dólares de inversión minera porque esa es la renta que nos va a permitir atender la pobreza». Esa es su compresión de lucha contra la pobreza y todo lo demás es secundario.
Hace unas semanas se firmó un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas para buscar una buena relación o convivencia entre la pequeña agricultura y la minería. ¿Esto qué implica?
El mismo término “convivencia” me preocupa. Es como que están juntos y no se tocan, no es una relación mutuamente beneficiosa. Creo que es un gesto político más que algo real. Mi preocupación es que quieren sacar adelante proyectos ─tipo Conga o Tía María─ a como dé lugar y sin importar el tema del agua que es fundamental para la agricultura. Por otro lado, tampoco tienen ninguna política que le diga, a esos mismos agricultores del valle Río Tambo o de las cuencas de Celendín, que la mina les va a comprar o que fomentarán un proceso de asociatividad, capacitaciones o asistencia técnica. Eso no hay, no existe, ni forma parte de una política gubernamental. Lo que sí hay es: «te impongo el proyecto minero», y lo demás librado a la buena de Dios…
¿Necesitamos la gran minería para aspirar a un desarrollo rural integral?
No, para nada. Lo que el gobierno dice es que la minería genera renta y con esa renta hacemos escuelas, vías de comunicación, etc. Pero la minería, per se, no genera ningún tipo de desarrollo rural, incluso en algunos casos lo perjudica. Nosotros hemos investigado cómo, en muchos casos, la rentabilidad minera se traduce en presupuesto municipal a través del canon; y el alcalde ─desesperado por gastar y con el afán de hacerse reelegir─ paga jornales tres o cuatro veces más altos de los que paga la agricultura. Entonces tienes problemas de falta de competitividad de la agricultura porque le distorsionas el mercado de mano de obra por la vía de la obra municipal en la infraestructura. Eso ya lo hemos documentado en varios casos en el país. Hablemos claro: en primer lugar, la minería no se propone hacer desarrollo rural. La minería podrá manejar un concepto de responsabilidad social corporativa y preocuparse por el bienestar social de su entorno ─en algunos casos más y en otros menos─, pero su objetivo fundamental no es el desarrollo rural. En segundo lugar, no hay ninguna política pública que busque una mejor articulación de la minería con su entorno rural.
En medio de este proceso de descentralización ¿los diversos gobiernos regionales están acogiendo la actividad minera como parte de sus planes de desarrollo?
Creo que hay de todo. Es difícil hablar de “los gobiernos regionales” porque hay una enorme heterogeneidad. Existen algunos como el de Cajamarca que se han tirado frontalmente en contra, presionados por su base social.  Y además Yanacocha es una mala marca, tiene una mala imagen. Pero tienes casos como los de Moquegua y Tacna donde los gobiernos regionales entran en la lógica de la negociación, siempre en torno al agua, y buscando proteger a una base social que es fundamentalmente agraria y que compite con la mina, o que siente que la mina, más bien, compite con ellos por el agua. Entonces en un caso un gobierno regional dice: «o sacamos Pasto Grande o no hay Quellaveco»; y en otro caso un gobierno regional dice: «desaliniza agua de mar, aunque bajes tu tasa de ganancia, o sino, no hay ampliación de Cuajone y Toquepala». En ambos casos es un gobierno regional el que ingresa al debate, aunque no tiene ninguna competencia, pero como actor político entra al debate y pone en el centro del problema el tema del desarrollo rural ─buscando proteger una dotación de agua para el desarrollo rural─ y planteando soluciones creativas.
Sin embargo, ¿no suena utópico plantear que se impida el ingreso de la gran minería sabiendo la alta rentabilidad que en la actualidad tiene esta actividad?
Bueno, puede sonar utópico pero en Costa Rica ya lo hicieron. Ahí te prohíben la minería de tajo abierto; te prohíben el uso de mercurio y cianuro; y apostaron por la pequeña y mediana agricultura. Esas son sus bases de generación de empleo, de ingresos públicos y de renta pública. Y Costa Rica es un país moderado, tirando para conservador, nada izquierdista, casi una colonia norteamericana, culturalmente hablando. Entonces, ¿por qué va a ser totalmente utópico? Me parece más bien realista el pensar que no es posible que el país siga absorbiendo todo un paquetón de inversiones mineras. El gobierno debe bajar un poco el ritmo. Allí donde no se puede, pues no se puede. Y más bien debe empezar a pensar qué se puede hacer con esa pequeña y mediana producción. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, ¿cuál ha sido la acción del gobierno ante el proyecto Conga? Yo no veo un Ministerio de Agricultura interviniendo con la misma energía para recuperar la ganadería lechera, las cuencas, la alfalfa. Eso no hay. Solo es minería, minería, minería.
Entonces… ¿cuál es la visión de desarrollo que tiene el gobierno de Ollanta Humala? o mejor dicho ¿tiene una visión de desarrollo rural?
Yo no creo que tenga una visión de desarrollo rural. Creo que lo que ha tenido son ministerios con visiones parciales. Creo que el Ministerio de Agricultura ha estado muy concentrado en la agricultura de costa, eso es lo que sus cuadros conocen, eso es lo que los ministros conocen. Creo que la sierra se la han encargado al Ministerio de Energía y Minas y al MIDIS, y que ellos vean como hacen. Yo no conozco un discurso central que me haya impactado y que me diga que existe un conjunto de intervenciones del sector público en comunicaciones, transporte, agricultura, trabajo, pequeña y mediana empresa, destinadas a recuperar la competitividad de la pequeña agricultura y crearle condiciones mínimas para salir adelante. No veo eso.
¿De qué manera una Ley de Ordenamiento Territorial ayudaría a ver el camino  para alcanzar ese desarrollo rural?
Ese tema es súper importante. La Ley de Ordenamiento Territorial, si se hace bien, va a terminar de definir la metodología y las competencias para hacer un proceso previo de zonificación ecológica y económica. Eso es totalmente fundamental porque, si se hace bien y de manera participativa, permitirá combinar los saberes técnicos con los saberes populares para generar una suerte de acuerdo, de consenso, de pacto social respecto de cuáles son los recursos que hay en ese territorio y cuáles son los prioritarios; para qué se deben usar; en qué partes del territorio y para quién; y por la misma razón, cuáles son las cosas que no se pueden hacer.
¿Estamos maduros, políticamente hablando, para ejercer una ambiciosa ley de este tipo? Es decir, la madurez de actores sociales de una zona para reunirse y tomar una decisión consensuada sobre el futuro económico de su territorio…
Pero son madureces que también se construyen. Es decir, no se debe tener un gobierno central que reaccione con miedo cuando Cajamarca hace su zonificación. Por ejemplo, en el gobierno anterior el ministro Brack la declaró ilegal porque no la hizo él ni estuvo bajo su control, o porque le tuvo miedo, o porque las mineras se quitaron del proceso y la denunciaron como una conspiración comunista en contra de la inversión. ¡Y eso que el proceso fue acompañado por la GIZ, por Dios! La GIZ es la misma que colabora con el Ministerio de Agricultura, con la Defensoría del Pueblo, con el MEF y con medio mundo. Pero no, la reacción no es de liderazgo. La reacción no es de: «vengan, hagamos esto, encerrémonos una semana, juntemos a los técnicos, veamos cuáles son las bases mínimas de acuerdo». Yo parto de la premisa de que son madureces que se construyen en la búsqueda del consenso, con la intencionalidad de sacar esto adelante. Siempre habrán discrepancias, obviamente, en un proceso participativo. El conflicto es parte de la vida social. Habrá intereses contrapuestos pero también mecanismos institucionales para resolverlos. Pero yo sí creo que el ejercicio mismo puede generar bases de consensos más grandes de lo que podría aparecer a primera vista.
¿Y cuál es la posición actual de los lobbys mineros sobre el ordenamiento territorial? ¿Permitirán que salga una ley de este tipo?
Yo entiendo que su posición es que «mientras menos mejor y si no hay una, muchísimo mejor». Y en algunos de los debates, a uno de sus representantes le he escuchado decir: «el único ordenamiento territorial que hay es el resultado de la exploración que te dice si hay o no hay minerales». Es decir que, para ellos, la única lógica de ordenamiento territorial es la rentabilidad de esa inversión en el mercado. O sea, «si hay minerales y es rentable, esa es una zona minera, y el resto son vainas. Eso del ordenamiento territorial es un invento de los ambientalistas agitadores, ultras, extranjeros…». Es decir que, para ellos, el destino de un territorio lo decide la rentabilidad en el mercado de los recursos que contiene. Yo estoy absolutamente seguro que el lobby minero está ahí, trabajando contra el ordenamiento territorial y estoy seguro que tiene al MEF y al Minem de su lado.