martes, 12 de junio de 2012

Emergencia,contaminación y daño

Actualmente se habla mucho sobre la Emergencia que debería plantearse por la contaminación de los cuerpos de agua en Perú (ríos lagos y océano), producto de la actividad minera informal que genera daño ambiental, extendiendo la atención a la gran minería y a los nuevos proyectos de inversión minera responsable.
La presión mediática ejercida por algún sector de la prensa hace las veces de caja de resonancia a extremistas convertidos en “ambientalistas” magnificando eventuales situaciones de contaminación que no necesariamente pudieran causar daño ambiental.
Esta situación distorsiona los denominados Planes o Programas de monitoreo ambiental que se vienen ejecutando en aplicación de la legislación ambiental del país y que diera la impresión que recién se iniciara obligada por las demandas y conflictos socioambientales.
El espacio focalizado y tiempo en que se realiza el precitado monitoreo ambiental focalizado tiene el loable objetivo de tranquilizar a la opinión pública en el marco de un "transparente monitoreo ambiental participativo".
Sin embargo, el muestreo puntual, podría generar datos dispersos que distorsionen la información y  la percepción de las poblaciones localizadas en  áreas de intervención minera, creando en la praxis a la “minería peruana bajo ataque“ un frente adicional en el conflicto de baja intensidad que viene afrontando.
A los frentes radicales ya conocidos, se unen de un lado el frente al interior del Estado peruano: la figura de enfrentamiento entre presidente de Gobierno regional en contra de otros funcionarios del ejecutivo peruano y de otro lado, un frente ideológico infiltrado en la actual administración del Estado peruano que obedece la táctica de hostigar a la “minería peruana” en su propio terreno utilizando la figura legal de “Emergencia Ambiental”.
La normatividad peruana registra como antecedente el Decreto de urgencia N° 070-2009 que hace tres años declaró en Estado de Emergencia “la infraestructura para la prestación de los servicios de Saneamiento” en la zona denominada Taboada en la provincia Constitucional del Callao por el término de seis (06) meses y en el presente año se dictó la Resolución Ministerial N° 117-2012-MINAM que declara en Emergencia Ambiental algunas localidades del departamento de Pasco para “determinar los posibles riesgos en la salud”, por un plazo de noventa (90) días. Ambos estados de Emergencia obedecieron a la decisión Política del momento en que se aplicaron.
En síntesis, no es ajena en Perú la figura de aplicación legal de un Estado de Emergencia, sin embargo, no sería extraño que en el actual escenario, los reportes e informes técnicos que resulten de ésta última declaración de Emergencia para determinar riesgos en la salud, den cuenta de datos puntuales que consideren niveles de contaminación y a partir de éste análisis por extensión se considere que “la minería peruana” produjera contaminación y en consecuencia  “daño ambiental”.
Esta posibilidad reforzaría la posición de las fuerzas principales del frente anti minero peruano que ampliaría sus demandas por la “ocurrencia de un daño ambiental súbito y significativo ocasionado por causas naturales o tecnológicas” a los lugares donde existieran labores mineras en territorio nacional.
Es verdad que existe contaminación en el medio ambiente peruano y son generadas por fuentes diversas, hecho que venimos sosteniendo hace décadas y es de público conocimiento ; podríamos citar algunos indicadores y  cifras que se manejan por la carencia del servicio de saneamiento en el país, sin embargo consideramos que las evidencias son mas elocuentes que los números: diariamente miles de toneladas de residuos sólidos y miles de metros cúbicos de desagüe sin tratamiento alguno van a parar a estos cuerpos de agua por una razón muy simple, la insuficiente cobertura de rellenos sanitarios y Plantas de Tratamiento de aguas residuales, a esto se le agrega la manipulación política en la gestión municipal originando serias deficiencias en muchas Empresas prestadoras de servicio de saneamiento en el país, en el extremo que algunas están técnicamente quebradas.
Residuos Sólidos Municipales arrojados a cuerpos de agua del país.
Aguas residuales municipales sin tratamiento son descargadas a cursos de ríos.
El progreso y estabilidad económica en Perú, lograda en los últimos años permitió un avance sustantivo en el tema del manejo de la contaminación producida por estas deficiencias de larga data, pero el cual aún es insuficiente para lograr niveles aceptable de coberturas en el sector saneamiento.
Actualmente, en las propias zonas urbanas del país  a vista y paciencia de las autoridades competentes del nivel nacional, regional y local, el medio ambiente es infectado por las aguas residuales municipales arrojadas sin tratamiento alguno del sistema de alcantarillado público de las ciudades y así mismo, por el arrojo de residuos sólidos.
Sin embargo, la desinformación creada por la filosofía antiminera, le asignan responsabilidades de "contaminación difusas" a las labores mineras desarrolladas en territorio nacional.
La falta de recursos económicos suficientes para ejecutar proyectos de saneamiento y la burocracia enquistada en las instituciones del estado son algunos de los temas pendientes por resolver, entre tanto, las inversiones mineras responsables _ que han realizado su labor para el crecimiento económico del país_ no deberían ser hostigadas por un sector del ejecutivo para calmar la posición antiminera porque consideramos que las leyes ambientales en Perú deben cumplirse sin perjuicio de presiones de gobiernos locales o regionales politizados y en tal sentido, labores de inspecciones, control , supervisión, fiscalización y vigilancia ambiental que deriven en eventuales sanciones administrativas o penales, debieran desarrollarse en el marco jurídico que da estabilidad a las inversiones y no por presiones de políticas transfrontera que obedecen a intereses de ideologías que no representan a las grandes mayorías del pueblo peruano ni de la región de las américas.