viernes, 20 de julio de 2012

Conga : Improvisación & desconfianza

En Enero del 2011 y con el título de "Improvisación y conflicto de intereses" manifestábamos nuestra preocupación respecto al impacto directo e indirecto que esté generándose en la Evaluación de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental, Monitoreos Ambientales que pudieran derivarse de una deficiente selección de recursos humanos que ocupen cargos de dirección técnica en la función pública. Téngase presente el efecto sistémico que involucra la dimensión ambiental, trascendiendo a una sola determinada "autoridad ambiental competente en Perú".
La recurrencia de este defecto anotado en el Ejecutivo, se replica en la presente administración; si en la anterior gestión la Dirección General de Salud Ambiental estaba a cargo de médicos cirujanos en la actualidad esta a cargo de una nutricionista, con el agregado que esta vez si alguien del Congreso de la República cuestionó esta situación.
No entraremos al detalle de abundar en la calificación del perfil del cargo público, pero si en la necesidad que debiera corregirse; sin embargo, los efectos de tan desatinadas medidas se observan en la desconfianza generada en la población que ya no cree en la capacidad del funcionario publico relacionado con  asuntos ambientales.
Es mas, los cuestionamientos y dudas alcanzan a la propia alta dirección de la administración del Estado peruano que cuestiona la diligencia con la que estarían actuando sus propios funcionarios públicos nombrados por ellos mismos.
Viabilidad de proyectos mineros deben analizarse según leyes  vigentes.
Un ejemplo de esta situación se puede apreciar en la revisión de un proceso aprobado que terminó con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para el caso CONGA en Cajamarca y que _coincidentemente_ un ex funcionario de la presente administración del Estado lo explica en los siguientes términos: 
El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, sostuvo que el peritaje hecho a Conga despertó el cuestionamiento a todos los proyectos de inversión minera en el país. Revisión –opinó– debió ser “unilateral”.
Si el Estado acepta que se debe revisar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ya ha sido aprobado, es abrir la caja de pandora”, sostuvo el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, haciendo un análisis sobre los conflictos sociales en torno al proyecto Conga.
Herrera aseguró que el peritaje sobre el EIA respecto a Conga originó que todas las inversiones que hay en el Perú sean susceptibles de ser cuestionadas, sobre todo cuando los argumentos ponían en duda la imparcialidad del estudio.
“Entonces, había que salvar el tema del EIA y, en todo caso, no volverlo a realizar, porque finalmente es como un cuestionamiento. En ese sentido, y al igual que cualquier hecho administrativo, pudo ser auditado”, refirió Herrera.
El exministro agregó que la viabilidad del proyecto debía que ser analizada en función a la normatividad que existe, dentro del marco legal, y no a la preferencia de los peritos.
Y culminó: “Sin embargo, no se hizo de esa forma y se le dio el matiz del peritaje, el cual tenía sus riesgos. Una auditoría podía ser unilateral, mientras que un peritaje es para que se resuelva algo, y para ello, las dos partes tenían que haber acordado hacer el estudio y respetar sus resultados”.
Uno de esos riesgos constituye la postergación del proyecto minero Conga , "opción" que en opinión de los 'facilitadores del diálogo' -el padre Gastón Garatea y el monseñor Miguel Cabrejos- ayudaría a buscar una solución al conflicto social en Cajamarca.
Sin embargo, precisaron que la posibilidad debe ser acordada por las partes involucradas y que el diálogo tomaría, por lo menos, un año.
“Los pobladores tienen miedo de que les quiten el agua. Será muy difícil convencerlos, no será una tarea nada fácil. Aquí hay que entender que hubo mucha mentira en el pasado, por eso la gente no está dispuesta a soportar más mentiras”, agregó Garatea.
En este contexto, queda claro que la postergación del proyecto Conga es la resultante de una improvisación de funcionarios en la función pública y la desconfianza de un pueblo que demanda claridad en el mensaje de sus autoridades en los diferentes niveles de gestión.
Hacemos votos para que este proyecto como otros que se encuentran detenidos, puedan realizarse en la segunda mitad del presente año o en su defecto, durante el resto del mandato de la actual  administración del estado peruano.