En "Fomento de política de Estado para saneamiento" precisamos el problema sectorial radicaba en la inadecuada gestión del sector que
tenía un fuerte componente político penetrando sus estructuras, desestabilizando
el instrumento de derecho en la población para poder contar con agua y
saneamiento en forma sostenible.
El modelo de gestión así planteado simplemente no funciona en el Perú, no se trata de aplicar mayor inversión para lograr mayores coberturas , con eso sólo se ha logrado conducir mas agua entubada y construir mas plantas de tratamiento de aguas residuales que no cumplen con los estándares generalmente aceptados en el país y en el extranjero.
El cólera como lección
Quienes estuvimos sirviendo al Estado peruano por el sector saneamiento frente a la epidemia de El cólera, iniciada a fines del mes de enero de 1991, en Chancay - Perú, pudimos ser testigos que por deficiencias en la calidad del agua y la falta de saneamiento, la bacteria logró extenderse rápidamente a otras ciudades como Chimbote, Piura, Callao, Lima y
posteriormente a casi todos los departamentos en la Costa, Sierra y Selva del
Perú y luego a casi todo América.
El paradigma de la cobertura de agua
La necesidad de lograr la cobertura al 100% de la población peruana se vendió en el inconsciente colectivo, generando en los tomadores de decisiones una carrera simultánea por construir infraestructura de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y rurales, sin perjuicio de la factibilidad técnica y las formalidades de la especialidad. Primó el aspecto de obras civiles constructivas soslayando materias relacionadas con la química y ciencias biológicas, casi dejando de lado prácticas de laboratorio.
El rol del regulador
Pese a los esfuerzos desplegados desde su creación por la Superintendencia del agua y saneamiento en Perú, se ha visto incapacitada de hacer frente a la intervención política en la gestión del sector y en la praxis resulta maquillando cifras nacionales al promediar su impacto en términos del servicio prestado en espacio geosociales donde se circunscriben las empresas sujetas a regulación. Sigue siendo una incógnita el nivel de prestación de servicios de saneamiento en aquellas localidades donde se actúan bajo el radar de las normas sanitarias.
El control sobre la empresas prestadoras de servicios de saneamiento
"El primer compromiso del
presidente Pedro Pablo Kuczynski con el Perú es llevar agua potable y
saneamiento a todos los peruanos. La meta trazada es ambiciosa pues busca
llevar agua potable y saneamiento de calidad, las 24 horas del día, a todos los
peruanos para el 2021, aunque ha indicado que realistamente esto será posible
en 7 años. El anuncio es relevante pues es la primera vez que es fijado como
objetivo de la política –que ha pedido sea de Estado, no de gobierno- el
servicio, y no la cobertura. Anteriormente, era la cobertura lo señalado por
los presidentes, y en consecuencia la acción del Estado estaba concentrada en
la construcción de redes de agua potable y alcantarillado, y no necesariamente
en un buen servicio, es decir, que el agua potable entregada sea de calidad –la
pueda directamente tomar del caño- y esté disponible las 24 horas. Ahora el
objetivo es servicios de calidad para todos los peruanos, en las ciudades y en
el campo.
Lo anterior, ha señalado, será
posible a través del “Programa Integral Agua Limpia” que implica construcción,
generación de empleo e incorporación de tecnología en el tema.
La propuesta señala que el sector
saneamiento enfrente un insuficiente financiamiento de las inversiones, un
modelo de gestión –municipal- colapsado, y demasiadas organizaciones públicas
involucradas en el tema (superposición administrativa), y que por ello es
necesaria una planificación integrada y la promoción del uso racional y no
contaminación del agua por parte de la sociedad. El Programa busca modernizar
la gestión, fiscalizar el uso del agua y promover sistemas no tradicionales
para la prestación del servicio a nivel urbano y periurbano.
La propuesta de PPK enfrenta
desafíos en tres ámbitos: (i) político, pues el control de la prestación del
servicio está en manos de los municipios, quienes son los propietarios; (ii)
económico-financiero, pues las Empresas Prestadoras (EPS) están en la práctica
quebradas por la mala gestión de sus responsables y muchas son inviables porque
son empresas muy pequeñas; y (iii) ambiental, pues el servicio agua potable y
saneamiento tiene impactos ambientales importantes, en la construcción y en la
disposición de las aguas residuales, entre otros.
En lo político, luego de la
descentralización del sector a fines de los 80, las EPS pasaron a ser propiedad
de los municipios provinciales y distritales. Esta situación no ha cambiado con
los años, y aunque se han hecho ajustes en la conformación de los Directorios
–hoy hay representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS), del Gobierno Regional y de la sociedad civil-, las EPS siguen estando sujetas
a las decisiones de las autoridades políticas, que en muchos casos han actuado
con criterios político partidarios o agendas personales, por ejemplo, no
aplicando incrementos tarifarios necesarios para darle sostenibilidad al
servicio. Cualquier acción sobre el sector, para que sea efectiva y permanente
en el tiempo, pasa por cambiar las reglas en lo referido al gobierno de las
EPS, y eso implica modificar el actual esquema controlado por los Municipios.
El quitar a los Municipios el control sobre las EPS es un desafío político
mayúsculo, y parece el único camino posible pues desde los 90 a la actualidad
todos los esfuerzos por lograr que los Municipios tengan un comportamiento
alineado con la buena gestión de las EPS no han tenido el éxito esperado.
En lo económico-financiero, el
desafío está en encontrar una nueva forma de organizar la industria del agua,
pues en la actualidad es inviable con 50 EPS distribuidas a lo largo del país,
en donde en muchas casos los ingresos que reciben no son suficientes para darle
sostenibilidad a la empresa, por lo que la integración de las EPS es un paso
lógico pero complejo debido a los temas de propiedad –cómo sería repartidas las
acciones de los Municipios en la empresa integrada-, y un nuevo modelo de
gestión, distinto del modelo municipal actual, y que permita incorporar la
iniciativa privada en la prestación del servicio.
La frase del Presidente referida
a que “no hay tiempo para discursos ideológicos” puede entenderse como la
intención de impulsar la participación privada en la prestación del agua. Más
allá de las consideraciones ideológicas –que no es poca cosa- la participación
privada en el servicio ya existe en el país y ha sido muy importante para
atraer inversión como es el caso de las plantas de tratamiento de agua potable
y de aguas residuales de SEDAPAL, para Lima, y el desafío es extender estas
iniciativas fuera de Lima –como es el caso de SEDAPAR en Arequipa-, y no solo
para la construcción y operación de plantas de tratamiento sino para la
prestación del servicio, a través de esquemas como la tercerización del proceso
de facturación y atención de desperfectos menores en la red.
Los esquemas de Asociación
Público Privada (APP) son viables para la etapa la construcción, operación y
mantenimiento, pero el desafío es extenderlos para el propio servicio, es
decir, de un modelo de gestión privado del agua o público-privado para la
prestación del servicio –una versión mejorada de lo que ocurre en Tumbes. Y
también es necesario pensar en un modelo de gestión público –sea municipal,
regional o nacional- para la prestación del servicio, pues no todas las EPS son
atractivas para la inversión privada.
A partir de una industria más
integrada y con modelos de gestión orientados a la sostenibilidad del servicio
es posible pensar que la inyección de recursos económicos –por subsidios
estatales a la construcción y tarifas- va a permitir mejorar la calidad del
servicio de forma sostenible. Pensar que la inyección de recursos económicos –a
partir de reducir el ciclo de inversión pública o aprobaciones automáticas-, el
reflotamiento de las EPS en su condición actual, el reordenamiento de las
responsabilidades públicas o la incorporación de tecnología no tradicional al
sector va a mejorar el servicio, en realidad, es más de lo mismo que la
evidencia demuestra que no ha funcionado.
En lo ambiental, la construcción
de plantas de tratamiento tiene implicancias ambientales negativas, que deben
ser mitigadas en el caso de la instalación de las propias plantas, y positivas,
en lo relacionado a las plantas de tratamiento de aguas residuales pues reducen
la contaminación del agua. La contaminación de los ríos proviene principalmente
de los residuos de los centros poblados y ciudades que están en su camino, y
por ello la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales –y de
residuos sólidos- y el incrementar la conciencia de la sociedad sobre la
contaminación y el uso racional del agua son aspectos que deben ser
transformados, como se ha afirmado, en prioridades públicas.
Hay que cambiar las “reglas de
juego” en el sector para orientarlo -como ha señalado el Presidente- a la
prestación de un servicio de calidad las 24 horas, pasando de un política
pública promotora de la construcción a una política pública promotora de un servicio
de calidad, pues la construcción es el medio, no el fin".
