Mina de cobre Cobriza se vendió a Empresa China

La empresa china Andes Natural Resources Group adquirió la mina de cobre Cobriza con una propuesta de US$20.1 millones, más IGV, según lo publicado por el diario El Comercio.

Cobriza era uno de los dos activos principales de Doe Run Peru.

Andes Natural Resources es un vehículo de Cyber Credit Natural Resources, conglomerado financiero y tecnológico que desarrolla el proyecto de cobre Rico Leonmag 3, en el departamento de Huancavelica.

La venta de Cobriza se gesta tras once años de crisis e insolvencia de Doe Run Peru, y tras infructuosos intentos de subasta pública y remates, organizados por cuatro sucesivos liquidadores: Right Business, Profit, Dirige y Carrizales; lográndolo Sierra Alta a las seis semanas de su ingreso a la administración concursal.

Se tomó conocimiento que el reto de la empresa china es reiniciar las operaciones de Cobriza (detenidas desde fines del 2019) y volver a producir 9.200 toneladas métricas diarias de cobre.

Tucuy Ricuy y ONAGI en Perú

El TucuyRicuy (“ El que todo lo ve, quien todo lo oye”) era una especie de agente secreto de los incas.Eran funcionarios estatales que viajaban de incógnitos por las diferentes regiones del imperio,observando la forma como se aplicaban las leyes y disposiciones del Inca.En el momento preciso se identificaban ante los habitantes por medio de unos hilos de la mascaypacha del Inca, luego de lo cual empezaban su labor visitaba los lugares de su responsabilidad para informar al Cuzco. Visitaba también las obras públicas y solía correr con  la información de todo  lo observado y actuado, al Hijo del Sol, cuando las cosas iban bien o mal y este tomaba las medidas respectivas oportunamente.

Hoy por hoy su nuevo mundo en Perú, sus herederos ya no son más parte de los incas ahora pertenece al sistema de las nuevas gobernaciones que dependen del ministerio del interior del ejecutivo peruano.Estos vendrían a ser los ojos y oídos de la presidencia de la república y en la actualidad se articulan en la oficina nacional de gobierno interior (ONAGI), representando al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción y fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio nacional, coadyuvando a la gobernabilidad, al seguimiento y ejecución de las Políticas Nacionales, al mantenimiento del orden interno y orden público, y a la paz social.

En este contexto, ONAGI es un organismo público ejecutor, con autonomía administrativa, funcional y económica, que en el ejercicio de sus funciones, contempla la presencia del Estado en todo el territorio nacional.  Tanto  el Decreto Legislativo 1140, (10/12/ 2012) y el Decreto Supremo 003-2013-IN, formalizan la estructura orgánica de ONAGI.

ONAGI, conforme a su reglamento de organización y funciones , se compone de cuatro direcciones generales, como órganos de línea : La Dirección General de Autoridades Políticas; La Dirección General de Autorizaciones Especiales;La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones; y la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Evaluación. Es en este contexto que la prevención de conflictos sociales, socioambientales y afines, en sectores estratégicos como es en el caso del sector energía y minas debiera estar atendido oportunamente, tarea que al parecer no se estuviera ejecutando adecuadamente a la luz de los resultados presentados en el evento de enfrentamientos entre la policía y trabajadores mineros del paralizado complejo metalúrgico de Doe Run.

Transparencia para el caso Doe Run

Una definición de transparente es: Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.En el sentido de esta  acepción, debemos indicar que los actores principales en el tema Doe Run Perú (DRP), parecieran no estar actuando con la debida transparencia. Si fuera este el caso, la situación debe corregirse en el extremos del lado peruano a fin de poder cautelar oportunamente  tanto de los elevados intereses de la nación como de las futuras inversiones y la población local afectada (léase trabajadores directos e indirectos).

En nuestro comentario referido a los conflictos sociales y minería, decíamos que “La actuación discrecional del gobierno de turno en sus diferentes niveles no debiera terminar alimentando el ruido político, para lo cual es preciso que la administración del estado peruano, no solamente debe ser transparente, sino también; parecerlo.

En la confusión generada para el caso DRP se le llega a denominar como “minera” y permite espacios a dudas sobre la existencia de supuestos actos discriminatorios que puedan insinuarse como que el Gobierno Peruano busque una expropiación, nada más alejado a la verdad.

En esta línea de pensamiento, algunos empiezan a comentar sobre posibles cambios en el modelo económico, de recuperación, nacionalización o estatización; soslayando el hecho que la economía peruana viene teniendo treinta (30) meses de crecimiento consecutivo porque su estabilidad política y económica se sustentan en el irrestricto cumplimiento de sus obligaciones y compromisos asumidos, independientemente de la administración de turno.  

DRP se trata de un Complejo Metalúrgico operado en La Oroya desde 1997(además tiene labores en la mina Cobriza - Huancavelica, desde 1998).

Por temas estrictamente gremiales,en el año 2009 DRP fue suspendida por una asociación civil empresarial no gubernamental, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y  al año siguiente (Enero del 2010), expulsada.

En julio del 2010, al vencer los reiterados plazos de ley dado por el Congreso de la República para que DRP cumpla con sus compromisos asumidos con el país, es que se agudiza la controversia entre las partes.

Una de las partes, DRP aduce que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno peruano no habría cumplido con su compromiso de remediar los suelos en La Oroya y así mismo, considera que los actos discriminatorios sufridos han afectado sus inversiones y operaciones.En Enero del 2011, la estadounidense Renco Group y su filial DRP , iniciaron entonces un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en contra del Estado peruano por la disputa empresarial del precitado complejo metalúrgico del país.De otro lado - como resultado de las operaciones de DRP en La Oroya - existe una demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación contra Renco Group, el principal accionista de DRP, de modo tal que con la anarquía creada, se pretende que el país asuma las obligaciones para con los demandantes.El aparente desorden, da la impresión que los temas centrales del incumplimiento del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y el capital de trabajo que necesita el complejo metalúrgico para adecuarse a este instrumento de gestión para reiniciar sus actividades, no estuviera adecuadamente difundido.En el presente año 2012, la Junta de Acreedores de DRP no aprobó el Plan de Reestructuración que propuso la administración del complejo metalúrgico y votó por la liquidación de la empresa y se encuentra adoptando una modalidad de liquidación con negocio en marcha que permite que la empresa siga operando hasta por un periodo de 12 meses, lapso en que se tratará de vender los activos de la empresa como una unidad productiva a un tercero.El estado de situación actual está en que DRP no podría iniciar labores pues no cumpliría con los estándares de contaminación previstos por Leyes ambientales peruanas que están acordes con las normas generalmente aplicadas internacionalmente.

En este contexto, la opinión pública nacional y mundial, deben ser apropiada y oportunamente ilustradas por el Estado peruano, a través de sus instancias correspondientes.

Malas prácticas que impactan sobre la minería formal_II

Luego que DOE RUN Perú presentara a una junta de acreedores su plan de reestructuración y que éste fuera rechazado por el gobierno peruano en los siguientes términos:

“Exigimos que DOE RUN cumpla con sus obligaciones ambientales (…) Cualquier reestructuración pasa por el cumplimiento de estas exigencias" y en esta línea de conceptos  "DOE RUN tiene obligación de cumplir sus obligaciones ambientales sin estar iniciando procesos judiciales por todos lados".

Como respuesta surgen las conocidas malas prácticas, manipulando a Pobladores y trabajadores mineros para que estos procedan a bloquear la Carretera Central y dar inicio al paro como protesta - es una forma tradicional de arrinconar al ejecutivo de turno - exigiendo el reinicio de operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya.

Es inadmisible desde todo punto de vista que los manifestantes suspendan de manera total el tránsito por esta zona, atentando con el libre tránsito de ciudadanos que desean desplazarse a doce distintos lugares hacia los cuales se impide el acceso libre.

Los manifestantes reclaman al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, el reinicio de operaciones del complejo metalúrgico para el 1 de mayo y la aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

El estado de derecho y el principio de autoridad deben imponerse de manera soberana, de tal modo que los reclamos se puedan ver en las instancias que correspondan y no proseguir con prácticas ilegales y punibles que deben ser literalmente desterradas de los procedimientos para alcanzar objetivos de grupos particulares.

Javier Prado Blas. Malas prácticas que perjudican al sector minero formal.

El decano de la prensa Nacional "El Comercio", el pasado viernes 30 de Marzo del 2012 publicaba lo siguiente:

Primer ministro señaló que se están iniciando acciones conjuntas con la Contraloría en caso del renunciante funcionario, dueño de la mayor exportadora de oro del país.
“Se le ha exigido su renuncia, ya no es funcionario público, estamos iniciando las acciones con la Contraloría porque un conflicto de esta naturaleza tiene que ser visto por Contraloría. Los funcionarios públicos no pueden tener ese doble papel”, respondió hoy el primer ministro Óscar Valdés.
Fue al ser consultado sobre el caso del -hasta anoche- director general de Hidrocarburos, Luis Zavaleta Vargas, quien además es propietario de la principal exportadora de oro del país, la misma que tiene sucursales en zonas de minería ilegal de Madre de Dios, según denunció El Comercio.
Valdés señaló que el Estado tiene cerca de 20 mil funcionarios y aseguró que el control es continuo. “Lamentamos que esto haya sido detectado primero por la prensa y se nos hayan adelantado”, se limitó a responder en relación a los filtros del Ejecutivo para evitar conflicto de intereses en la contratación de funcionarios públicos.

SOBRE ‘CHUPONEO’

Valdés también afirmó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben adoptar acciones drásticas contra los responsables de interceptaciones telefónicas.

“Nosotros deploramos que estas malas prácticas se sigan dando en el Perú”, expresó en conferencia de prensa ofrecida tras la sesión del Consejo de Ministros.

De otro lado en este espacio, se ha probado la infuencia directa negativa que tiene sobre el sector minero y los conflictos sociales,la ineficiente gestión de las Empresas Prestadoras de servicio de Saneamiento y el organismo Regulador en el sector saneamiento.  

SOBRE ‘SANEAMIENTO’

La presidencia del Consejo de Ministros através de una Resolución Ministerial,involucró a un funcionario (Jesús Vidalon Orellana) ex vice ministro del sector el año 2006, especialista en el sector saneamiento ligado a un Ministro (Hernán Garrido Lecca)  que se encuentra,según la prensa, investigado por una megacomisión en el Congreso de la República, con evidentes conflictos de intereses formando parte del prestigioso grupo encargado a determinar la lista de postulantes seleccionados  para elegir al nuevo presidente del organismo regulador por los próximos cinco años.

SOBRE ‘OTROS CASOS_ CONGA_DOE RUN"

La necesaria transparencia en las prácticas de la presente administración del estado peruano, permitirá que importantes inversiones puedan ser colocadas en los diversos sectores de la economía peruana y en especial en el sector minero.

En unos días , se debe estar presentando el informe del peritaje respecto al caso  Conga, donde el presidente de la República, Ollanta Humala, aseguró que el gobierno esperará estos resultados para evaluar una solución al conflicto minero de Cajamarca.

Hacemos votos porque se llegue a la mejor solución en este y otros casos sonados como lo es DOE RUN, donde se requiere ante todo la integridad en la actuación del funcionario público por el bien y la salud de la gobernabilidad del país.