Estrés hídrico se incrementó en Perú con el COVID-19

El término estrés hídrico se usa cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad de la que se dispone o cuando su utilización es restringida por la contaminación que reduce su calidad. Es conocido que en Perú, el acceso y disponibilidad al recurso agua ya era restringida en su costa desértica, alli donde se localiza la mayor cantidad de individuos.

Factores que inciden en elevar el estrés hídrico de referencia

El arribo de la pandemia COVID-19 al territorio peruano, fue una de las causas que contribuyeron a elevar el estrés hídrico. Perú ya se encontraba categorizado en un nivel de medio alto antes que la enfermedad infecciosa viral impacte dramáticamente al país, colocándolo con su paso en un nivel de alto estrés hídrico. A los efectos del cambio climático y  la salvaje deforestación de bosques, se unen la presión demográfica y la contaminación de las fuentes de agua por efectos naturales y actividades antrópicas, principalmente de actividades industriales extractivas sin una adecuada gestión humana de los recursos hídricos. En este contexto, los pasivos ambientales constituyen un componente que no debe soslayarse en los programas de gobierno de cara a la próxima administración de gobierno a iniciarse en Julio del 2021.

Perú se adelantó en 20 años al pronóstico del WRI

Según un estudio de World Resources Institute (WRI),  aproximadamente la quinta parte de los países del mundo sufrirán problemas relacionados con el acceso al agua en 2040. 

Con las evidencias del caso, Perú se adelantó en veinte años a este pronóstico realizado por este prestigioso instituto de recursos mundiales.

El enfoque de cuencas como unidad de gestión, nos permite visualizar que los proyectos de transvase de las aguas para llevar el recurso agua al desierto costero, no fueron lo suficientemente adecuados para resolver los problemas de gestión generados para los diversos usos del agua. El tiempo nos dió la razón cuando indicábamos en diversos foros, que el cambio de la Ley general de aguas (DL N° 17752) a la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) no sería suficiente para mejorar el manejo del agua si es que no se reforzaba la gobernanza, involucrando a los actores sociales en los procesos de cambio.

Así, la creación de MINAM,ANA,OEFA,SENACE ... no terminan por funcionar sistémicamente y la falta de interoperabilidad colocan en compartimentos estancos a los sectores público y privado, lo cual se traduce en una evidente falta de inversión en todo lo que se relacione al cada vez mas escaso recurso agua en la costa peruana, con especial énfasis en el área de saneamiento.

¿Giro gubernamental minero?

En Perú se registra un hecho evidente en la gestión del Estado. que contrasta la evolución del discurso antiminero del candidato presidencial Humala en el 2011 con el proceso para alcanzar una madurez que trasciende a los dos años en frente a la administración Humala. 

En este lapso, se presentaron ruidos mayormente legislativos y de cumplimiento del ordenamiento legal ambiental vigente, como fue el caso en el año 2011 de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo; y entre otras, los actuales proyectos de ley sobre derecho humano al agua y el ordenamiento territorial respectivamente.
Las precitadas leyes o iniciativas legislativas resultan extremadamente sensibles para el desarrollo de la política e inversión minera en el país.  
También se presenta en este escenario, las controversias existentes entre el tratamiento de las diferentes minerías que se desarrollan en territorio peruano, una minería formal, la minería informal y minería ilegal.
La vorágine del crecimiento en relación a la explotación minera de oro, a escala de la denominada "minería artesanal" da cuenta del incremento _ entre Nov. 2010 y Jun. 2013_ del orden de 20% de concesiones mineras ( creció de 9,900 a 12,300) , lo que determinó el aumento de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas, las áreas concesionadas para este tipo de minería.
En esta evolución plasmada en relación al tratamiento formal de la nueva relación de la administración del actual gestión del estado peruano con la gran minería al año 2013, se traduce en el discurso presidencial en la clausura de la 31 Convención minera Perumin en Arequipa:
"La minería responsable ha de convertirse en la palanca de nuestro desarrollo de la mano con la inversión privada, que es una de las variables esenciales del crecimiento y a la que convoco como socios para hacer realidad de esta perspectiva de desarrollo e industrialización".

En este contexto, el diario El comercio opina de la siguiente manera sobre el tema en cuestión.

"La última vez que se realizó la convención minera Perumin,hace dos años por parte del Gobierno no asistió ni el ministro de Energía y Minas.

Esta semana, sin embargo, han acudido a la más reciente versión de Perumin ocho ministros y el propio presidente de la República.

La percepción del Gobierno sobre la importancia de la minería en el desarrollo del país parece, pues, haber cambiado radicalmente en estos dos años.

¿Qué es lo que ha pasado para explicar este cambio?

En resumidas cuentas, que la realidad demostró que el constante crecimiento que el Perú venía experimentando en el desarrollo de sus proyectos y producción mineros no constituía un derecho divino a prueba de balas (muchas veces literales) sino que, de hecho, podía frenarse y, peor aun, también comenzar a revertirse.

Así, los proyectos arbitrariamente detenidos a causa de protestas sociales, que en los más de los casos han estado basadas en demostradas mentiras, comenzaron a sumar decenas de miles de millones de dólares, al tiempo que nos hacían recordar la dura realidad de que el Perú no es la única opción que tienen en el mundo los inversores mineros.

Un sector empresarial que solo se puso más cuidadoso con sus decisiones de inversión desde que las cotizaciones internacionales de los metales comenzaron a descender.

Conga, La Granja, Michiquillay, Galeno, Pucamarca, Tía María, Río Blanco, Toquepala y Cañariaco, junto con otros proyectos que tuvieron que paralizarse pese a cumplir con todo lo que les exigía la normativa del sector –que desde hace muchos años ya es cualquier cosa menos laxa– representan hoy alrededor de US$22 mil millones de inversión frustrada y cerca del 40% de la cartera de proyectos mineros que tiene el país.

Esta cartera, por su parte, es a la fecha solo la mitad de la que tiene otra muy cercana opción –aunque bastante más predecible– en la presente década para la inversión minera internacional: Chile.

Comoquiera que, pese a la creciente diversificación que la economía nacional ha estado experimentando, la minería aún representa un tercio de lo que recauda cada año nuestro Estado como concepto de Impuesto a la Renta, este frenazo ha de haber hecho sentir al Gobierno que se le reducía el viento bajo las alas. Sobre todo habida cuenta de que esta parte de la recaudación representa un porcentaje igual de las posibilidades que cada año tiene el Estado para gastar en “incluir” a los que menos tienen en los beneficios de una buena salud, educación o seguridad, por solo citar tres ejemplos claves.

Así es cómo han llegado los 8 ministros y el presidente a Perumin: porque, con buen sentido, el gobierno ha visto la evidente conexión entre el cuero y las correas que parece pasar totalmente desapercibida en esos líderes radicales que no parecen encontrar contradicción entre marchar por acabar con la minería en sus regiones y marchar para exigir que se incremente el canon (proveniente de la minería) de las mismas.

Por otro lado, también pueden haber formado parte de esta toma de conciencia gubernamental los enormes efectos que la inversión minera tiene de forma directa (y ya no solo a partir de lo que da el Estado) en la generación de oportunidades para la población.

Recordemos, por ejemplo, que la minería compra actualmente ni más ni menos que el 14% de lo que produce la industria nacional, lo que ayuda explicar que la inversión minera genere, según un estudio del IPE, 9 puestos de trabajo indirectos por cada puesto que crea en su propio sector.

Por lo demás, vale la pena precisar también que estos efectos colaterales de la inversión minera tienen la potencialidad de alcanzar, como los de ningún otro sector, a esos bolsones de pobreza que, según la tercera medición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas que publicásemos esta semana, todavía persisten en las regiones más alejadas del país y, particularmente, en las altoandinas.

Es decir, precisamente ahí en donde opera la minería y en donde suele haber, por la lejanía de los mercados y la dificultad del clima y la geografía, poco espacio para otros sectores productivos.

No es en vano que un estudio de Macroconsult haya demostrado que los distritos mineros tienen ingresos superiores en casi 36% respecto de los otros.

Aunque lo haya hecho un tanto tarde, hay pues que felicitar al gobierno por haberse decidido a no dejar pasar la oportunidad de la minería. Y más aun porque, al lado de los gestos como el de su presencia en Perumin, haya puesto manos a la obra con iniciativas como las 40 “mesas de desarrollo” en las que las empresas mineras, el Estado y las comunidades vienen coordinando a lo largo del país, en prometedor silencio, proyectos de desarrollo local a partir de los proyectos mineros.

Igual que Canadá, Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia y tantos otros países, el Perú ha recibido en sus recursos naturales una oportunidad dorada que tiene que ser utilizada, como sucedió en todos esos países, como palanca de una generación de riqueza que nutra a otros sectores y ayude a financiar el camino de su población hacia el desarrollo y el primer mundo".

Evaluación y Fiscalización Ambiental

En Julio del 2011, en nuestro reporte errores de gestión por corregir en evaluación y fiscalización ambiental  sustentamos nuestra posición de no poder seguir soslayando la labor reguladora ambiental que demanda la actual y potenciales inversiones del sector minero,el medio ambiente y la población peruana en general.

Asimismo,en nuestra último reporte de Multas & Sanciones en  minería , decíamos que la agenda pendiente pasa por alinear los criterios para asignar sanciones con eventuales daños ambientales generados, remediación de los impactos ambientales producidos, implementación de mecanismos para agilizar pago de las sanciones ambientales impuestas,entre otros.

En ese orden de ideas,se produjo una suerte de avance cerrando el mes de Marzo del 2013: 
En primera votación con asistencia de 88 % de parlamentarios ,el pleno del Congreso de la república peruana aprobó_en primera votación_ modificaciones a ley del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental.

Aprobó el Proyecto de Ley 1815/2013-CR que introduce  mejoras a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y  modifica  la Ley General del Ambiente.
El dictamen del Proyecto de Ley, que fuera previamente aprobado por unanimidad en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, fue aprobado en primera votación durante la sesión matinal del Pleno y contó con el voto aprobatorio de 45 congresistas, 26 votos en contra y 4 abstenciones.
Esta norma promueve un nuevo enfoque en la fiscalización ambiental brindándole a las empresas la oportunidad de subsanar omisiones, pero incrementando los topes de multas, hasta 30 mil UIT.
Se precisó que las normas de OSINERGMIN e INDECOPI, contemplan la aplicación de multas que pueden superar ampliamente el tope propuesto.
Asimismo se precisó que el tope es aplicable únicamente para los casos extremos de mayor gravedad.
En tal sentido, la iniciativa promueve la fiscalización como agente de cambio, y busca, entre sus principales medidas, la promoción de la subsanación de infracciones menores y mecanismos para simplificar la tipificación de infracciones así como la fiscalización efectiva a ilegales e informales. 
Asimismo, se hacen precisiones en la regulación del Régimen Común de Fiscalización Ambiental,se propone mayor transparencia en la información, se introducen mecanismos para fiscalización ambiental efectiva (mandatos, medidas preventivas y papeletas ambientales), se eliminan las trabas legales para el cobro efectivo de las multas ambientales y para el establecimiento de tope máximo de sanciones así como se fortalece el Tribunal de Fiscalización Ambiental que contará con vocales especializados a tiempo completo.
Queda pendiente que en la próxima sesión del pleno a realizarse la primera semana de abril del 2013 se concrete la segunda y última votación del dictamen a efectos de dejar firme la precitada iniciativa.
Se plantea ajustes sobre la implementación de la Ley SINEFA e incorpora la posibilidad de reparar las infracciones leves o el incumplimiento de una formalidad que no amerita sanción. Este elemento promotor permitirá al operador desarrollar una actividad productiva sin afectar a las personas y al ambiente.
El proyecto aprobado apunta a permitir al Estado cobrar efectivamente las multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Se propone, además, la exigencia de carta fianza como condición para que en la vía judicial se emitan medidas cautelares a fin de asegurar que el OEFA pueda ejecutar coactivamente las multas.
Para asegurar la mayor transparencia a la fiscalización ambiental se permitirá a la población conocer información sobre los resultados de la fiscalización, sin vulnerar el denominado principio de presunción de inocencia de las empresas.

Externalidades Vs Inversión

Decíamos que el problema de la "justa distribución de las riquezas del país", viene influyendo en el tema de los retrasos de los proyectos de inversión, entre los que se encuentran los proyectos mineros, hidroeléctricos y otros; así mismo indicábamos que a esto debería sumarse las externalidades producidas por las secuelas de terrorismo, narcotráfico y corrupción que tienen en el proceso boyante de lavado de activos provenientes de modalidades conocidas de asociación ilícita para delinquir que tiene el crimen organizado existente en las diferentes latitudes del planeta .

Sin embargo, existen precisiones como la manifestada en una entrevista brindada por el General Roberto Chiabra - en el diario Trome del 22 del Abril del 2012 - donde el ex Comandante General del Ejército indica que en el valle del río apurimac y Ene (VRAE), está la principal fuente de producción de cocaina en el mundo y pide a toda la sociedad luchar para no dejar que el narcotráfico penetre a las instituciones , y en ese sentido considera que "el enemigo es el narcotráfico".

La prensa peruana publica múltiples experiencias de esfuerzos realizados por la sociedad civil focalizadas en comunidades que demandan ingresar al proceso de  legalización que el Estado de derecho promueve, tal como el artículo del diario 16 fechado el día de hoy 05 de Mayo del 2012, titulado Los emprendedores del Monzón , que pasamos a transcribir:

"El valle del Monzón en el Alto Huallaga es considerado una de las dos megafábricas de cocaína en el mundo, es una ‘zona liberada’ por los carteles peruanos del narcoterrorismo y se producen cerca de 80 toneladas de clorhidrato de cocaína al año. Aunque la gran mayoría de sus agricultores cultiva la hoja de coca, existen experiencias exitosas con otros cultivos legales que están cambiando la forma de pensar (actitudes y aptitudes) entre sus pobladores. Emprendedores que han optado por el arroz, el café, el cacao y los animales menores para vivir tranquilos, sin violencia y sin ser perseguidos por nuestras autoridades. Un mundo de oportunidades que se reflejan en sus rostros.

“La mayoría dice que el Monzón no produce. Eso es falso. Lo que hay acá no es extrema pobreza, es extrema pereza. Los agricultores siembran la coca porque crece sola, son ociosos”, nos indica Teófilo Cierto Toribio, un agricultor que desde hace doce años dejó de sembrar la ‘coca ancestral’ y la cambió por el arroz. Hoy tiene 10 hectáreas del grano que le generan 80 mil soles por cosecha (dos veces al año), sus utilidades alcanzan el 40 por ciento. “Con esto estamos dando educación a nuestros hijos, tenemos y damos trabajo. Vivimos cómodamente. Mis hijos son profesionales ahora, ellos van a representar a nuestra región y a la nación como emprendedores del valle del Monzón”, señala.

La lucha de Don Teófilo y su esposa Wilma Trinidad por la legalidad de sus cultivos casi les cuesta la vida. Hace tres años fue secuestrado por los dirigentes cocaleros pertenecientes a la Poderosa Federación Provincial Agropecuaria del Valle del Monzón (POFEPOPA). “Yo fui secuestrado, torturado y casi eliminado. Al Ejército peruano le debo la vida, ellos me rescataron. Me querían desaparecer, querían eliminarme por tener cultivos alternativos y por los convenios firmados con instituciones que nos apoyan. ¿Qué están buscando los cocaleros? No sé qué buscarán estos señores. Ellos dominan a los humildes agricultores”, advierte Don Teófilo.

En el año 2008 la POFEPOPA incautó, como si fueran los amos y señores del Monzón, la maquinaria e instalaciones entregados por la cooperación internacional a los agricultores arroceros de la zona por el simple hecho de no sembrar coca. Ni la justicia ni las autoridades han hecho algo por resolver este problema. “Tenemos un proceso judicial que dura tres años. Estamos esperando que nos paguen una reparación civil porque nos quitaron todo. Hemos perdido cerca de tres millones de soles todos los agricultores porque nos incautaron nuestros equipos”, señala atemorizado el agricultor.

RADIOS COCALERAS

Los dirigentes cocaleros, encabezados por Ángel Malpartida Vega, cuentan con radios locales propias, donde emiten ideas e información falsa sobre los trabajos que realiza la cooperación internacional y los organismos no gubernamentales, “los dirigentes cocaleros engañan a humildes campesinos y ellos los siguen. Ellos tienen radios, tienen Radio Cachicoto y tienen dinero. Los confunden a los humildes campesinos y los siguen. Debemos rescatar a esos agricultores. Aquí el gobierno tiene que invertir. Necesitamos apoyo y asistencia técnica como lo esta haciendo Cedro”, señala Cierto.

En una de sus alocuciones en radio Cachicoto el dirigente cocalero señala: “Con estas estrategias que el día de hoy esta implementando la señora Carmen Masías para hacer una lucha frontal contra las drogas, estamos seguros que va a ser una vez más un fracaso. Cuando le quitan a una humilde familia lo poco que les da con la hoja de coca, ellos (Devida) le llaman triunfo, pero no resaltan el enorme perjuicio que nos hacen al quitarnos esa planta. Ellos han programado 14 mil hectáreas de hoja de coca ilegal para erradicar, es seguro que este año vamos a tener problemas. Nuestro derecho es salir a protestar y salir a las calles, esto no es un pecado. No pueden decir que nosotros somos narcoterroristas”. Simplemente increíble.

EMPRENDEDORES DEL MONZÓN

En el centro poblado de Bella, que alberga doce caseríos y 3,500 habitantes, sus agricultores decidieron hace buen tiempo dejar la hoja de coca por cultivos legales. Hoy viven tranquilos y sin sobresaltos dentro de la legalidad. Uno de los artífices de este cambio fue el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro) que brinda talleres de emprendimiento y capacitación en negocios juveniles. “Estamos trabajando con la crianza de cerdos, cuyes, gallinas, y cacao y café. Estamos aprendiendo a hacer tejidos, artesanías, y con la crianza de animales. Tenemos más ingresos”, señala su alcaldesa Erika Arias Minaya.

Omaira Ruiz Bermúdez, una joven de 25 años, fue la ganadora del segundo concurso ‘Mi Negocio’ que organizó Cedro en la zona. Es madre soltera, tiene una hija y un gigantesco corral de cuyes. Ella presentó un proyecto de crianza de cuyes innovador, que le permite obtener ganancias para el día a día en su hogar. “Hoy tengo 70 cuyes reproductores y gran cantidad para vender. Esto me permite tener algo más de dinero y dejar de lado la coca”, señala Omaira Ruiz. Algo similar sucede en Aucayacu, donde un grupo de mujeres pertenecientes a la junta vecinal El Puerto se dedican a la artesanía, manualidades y repostería para ganar algo más de dinero. “Gracias a Cedro tenemos capacitación. Ellos corren con los gastos de producción en un 50 por ciento y nosotros con el resto. Ya no sembramos coca”, señala Julia Salas, presidenta de la junta.

RADIOS COMUNALES

En Santo Domingo de Anda existe un grupo de jóvenes encargados de manejar la única radio comunal que permite a los agricultores recibir capacitación técnica para la mejora de sus cultivos. Tienen un transmisor de 50 vatios y llegan a diez kilómetros a la redonda. “Nosotros brindamos información, música y entretenimiento. Queremos llevar un buen mensaje y que los jóvenes sigan el camino de la legalidad”, señala Elmer Aedo, uno de los seis locutores capacitados por Cedro para esta misión. Al igual que ellos son miles los agricultores del Monzón que buscan nuevas oportunidades de vida, le toca al Estado brindarles un futuro mejor".

Importantes medios de difusión de ámbito nacional y carácter mundial, como la BBC y National Geographic, tocaron anteriormente parte de esta realidad,enfocándolo bajo las condiciones de cultivo de la hoja de coca en la amazonía peruana y procesamiento de la cocaína, soslayando el tema Político, Social,Económico y Ambiental que implica el manejo integral y adecuado del tema en cuestión. El Estado peruano, viene desplegando esfuerzos de largo aliento para enfrentar el problema de carácter estructural que implica  la lucha contra el contrabando y consumo de drogas, donde las políticas de las sucesivas administraciones de Gobierno  se van retroalimentando para sustentarse en Políticas de Estado que coadyuven en  lograr la estabilidad en espacios geosociales estratégicos , logrando el desarrollo sostenible en territorio peruano y la región de las américas. 

Mineria & exclusión social

El sector minero en Perú viene haciendo lo suyo en los esfuerzos para tratar de reducir la pobreza en los espacios territoriales donde interviene, sin embargo poco o muy poco podría singularmente hacer éste para resolver problemas en escenarios que involucran a otras dimensiones sociales.

Algunas voces indican que en la forma de distribución del canon y regalías mineras está implícita una manera soterrada de excluir a algunas poblaciones del Perú, responsabilizando a la minería de generar estos desequilibrios. Sustentan su posición mencionando el hecho que algunas pocas regiones se atribuyen la mayor cantidad de fondos recabados por el precitado concepto y la gran mayoría, no participan equitativamente.
Sin embargo, estas mismas voces no dejan de reconocer en la minería, una oportunidad de ver una luz al final del tunel, ya que con las exploraciones minería no sólo se encuentran los nuevos yacimientos mineros, sino que con ellas se incorporan y logran atenderse - con el desarrollo de las etapas subsiguientes - a poblaciones excluidas en espacio y tiempo histórico. 
Pero este tema -como otros del ámbito social - es de especial responsabilidad del Estado peruano ; y en ese sentido, el pleno del Congreso de la República aprobó (22 / 08/2011) el dictamen que dispone crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que concentrará los principales programas sociales que ejecuta e implementa el Gobierno.

El dictamen establece que el nuevo ministerio es el organismo rector en materia de políticas de DESARROLLO  e INCLUSION  SOCIAL del Estado, encaminadas a reducir la POBREZA , las DESIGUALDADES , VULNERABILIDADES y RIESGOS SOCIALES.
El texto aprobado establece que el nuevo portafolio tendrá dos viceministerios: uno, de Políticas y Evaluación Social; y otro, de Prestaciones Sociales.
El dictamen, consensuado por las comisiones de Inclusión Social y Descentralización, contó con 61 votos a favor, 45 en contra y 2 abstenciones.
La pregunta que subyace a las cifras de la votación, es ¿porqué exitió tanta oposición a la creación de este ministerio?.
Presentes en las instalaciones del Congreso de la República, pudimos analizar las distintas posiciones sobre el particular e intentaremos aproximarnos a lo que estaría ocurriendo.
A nuestro juicio, no es que no haya concenso en pensar que la exclusión es un desafio para el desarrollo del país, tampoco es que se restrinja dar atención prioritaria a las poblaciones en pobreza y pobreza extrema en el país.
Lo que estaría sucediendo es que estamos en el proceso de entendimiento, que la pobreza y la exclusión en el Perú tienen características singulares a otras latitudes del Planeta.
Tras décadas de recorrer el territorio nacional y contrastar las distintas realidades en los diferentes pisos altitudinales del país, estamos en condiciones de situar al hombre peruano y sus poblaciones nucleadas y dispersas bajo un símil de comportamiento con la variabilidad de la diversidad climática y la probada biodiversidad existente en Perú.
Es por ello que "en nuestro país se dan las múltiples condiciones y factores que dan lugar al universo de la exclusión social existente en el Planeta".

Estas expresiones podríamos graficarlas siguiendo la teoría de conjuntos y ver los traslapes de porciones de población excluidas en términos de intersecciones :



La intersección de los conjuntos excluidos es el espacio que debe ser prioritariamente atendido.



Es así que las colectividades de peruanos excluidos por : Territorio (espacial),género,étnico-cultural,intergeneracional,ética-moral,discapacidad y otros ; siguiendo las consideraciones antes mencionadas, se intersectan en espacios del territorio peruano, alli donde por las características sui géneris de motilidad, balance de masas, tiempo-respuesta, entre otras, que permitieron  la dinámica altamente conocida : el recurrente bajo cumplimiento de metas sociales previstas a alcanzar por los diferentes programas sociales en las sucesivas administraciones del gobierno peruano y la inadecuada calidad de gasto asignado por los presupuestos públicos orientados sin presentar capacidades de sincronización, resiliencia, sintonía y mucho menos armonizada con las situaciones extremas por las que transitan las colectividades asistidas como probables beneficiarios de dichos programas.
Si sumamos a toda esta calificación un difuso registro de datos que escapan de las estadisticas frecuentemente utilizadas  y rescatamos información relevante, como el hecho que cada año surgen un mil ciento diecinueve nuevos centros poblados menores de cien habitantes en el país y trescientos veintidos mil peruanos cada año se incorporan a formar parte de la población económicamente activa con expectativas de inserción laboral; veremos entonces que nos encontramos frente a un impase subsistente al cual debemos encontrar una solución.
Resultados producto de investigaciones de la dinámica en los horizontes presentados por eventos sociales y económicos como el desplazamiento de poblaciones víctimas de la violencia o las bonanzas económicas de épocas pasadas del Guano de la Islas,caucho,pesca, y de la actual fiebre del  oro, nos permite reflexionar respecto a coberturas e inversiones : " Si la inversión -  no exclusivamente gasto social - no se mantiene y es acompañada con una inadecuada gestión pública, la cobertura no será sostenible ".
Tomando en cuenta el dominio de esta realidad y  al expresarlas objetivamente en indicadores que permitan visualizar el cumplimiento de metas previstas, podría ampliar la receptividad del nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ajustándola a un modelo captado de la realidad nacional que lleve adelante una política de competitividad que favorezca a todo el sistema productivo peruano. 
En ese orden de ideas, queda como tarea pendiente adecuar lo actuado para que el pliego presupuestal constituido se adecúe a las necesidades del desarrollo humano en Perú, que tiene definido oficialmente lo que es inclusión Social pero que aún requiere definir en términos reales lo que entiende como  "exclusión social".

Seguidamente presentaremos una reseña de lo que sucedió con el concepto en el mundo : 
Evolución del Concepto Exclusión Social
La exclusión social es un concepto acuñado por la Unión Europea para abordar las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación de partes de su población.

El término- al difundirse fuera de Europa- suena impreciso para países situados en diferentes latitudes del planeta y por ello se esbozan diferentes definiciones en función de sus realidades.
Un intento por definir exclusión social se acerca a la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica, política y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social, a la seguridad ciudadana) que hacen posible una participación social plena.
En estricto no existe un consenso sobre el significado del concepto de exclusión social.
En la amplia bibliografía existente sobre el tema se le dan contenidos muy diferentes dependiendo del enfoque que se use.

Naciones Unidas (2007) dice que: “Como concepto, es descrito de la manera más elocuente en la bibliografía como nebuloso, equívoco, polivalente y polimorfo.” El Banco Mundial, dice: “no existe una clara definición o indicadores definidos sobre la exclusión social”. La Organización Mundial de la Salud (2008), expresa que “ las definiciones del concepto de exclusión social se cuentan por decenas y sus puntos en común no pasan en realidad de algunas afirmaciones acerca de sus características dinámicas, multidimensionales y relacionales.

Hilary Silver (Una de las más destacadas proponentes del concepto de exclusión social), dice al respecto: “El término es vago, ambiguo y disputado en cuanto a su contenido, permitiendo así su aplicación acomodaticia y flexible en contextos muy variados al precio de su precisión conceptual.Las dificultades para definir la exclusión social la hacen difícil de medir.”
Émile Durkheim (Sociólogo y antropólogo francés) fue pionero de la siguiente reflexión : “Lo que aquí está en cuestión no es el tema de la pobreza, que de por sí no impide una fuerte cohesión e inclusión social, sino los factores que llevan a una ruptura del sentido de pertenencia a una determinada sociedad. No se trata de una perspectiva vertical o “clasista” –pobres-ricos, dominantes-dominados, burgueses-proletarios, señores-siervos, etc. – sino horizontal; no de un estar arriba o abajo en la estructura social sino adentro o afuera, incluido o excluido.
El concepto nunca logró implantarse en Estados Unidos ni tampoco en Asia, y su presencia ha sido limitada en África.
En América Latina, países como Uruguay, Brasil, Panamá, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y México,abordaron la inclusión y el desarrollo humano a través de concentrar la dirección de las políticas y programas sociales bajo un sólo organismo, delegando en éste la función de ente planificador,coordinador y rector de estas políticas y Programas.
Perú se adhirió a este grupo de países aplicando un modelo similar a Chile y México. Perú define la "Inclusión Social" , como la incorporación económica,social,política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables a la comunidad nacional,con plenos derechos y acceso a los mercados,que requieren un esfuerzo público adicional a los sistemas permanentes del Estado para cerrar las brechas en la pobreza,desigualdad,vulnerabilidades y riesgos.

En general, se puede decir que fuera de Europa el concepto de pobreza ha ganado el pulso que le entabló, hace ya un par de décadas, el de exclusión social.

Incluso en la Unión Europea , si bien se sigue hablando mucho de exclusión social de hecho se sigue pensando en y midiendo la pobreza, la privación y la vulnerabilidad.

Un hecho sintomático es que en el nuevo programa estrella de la Unión Europea , Europa 2020, la iniciativa emblemática respecto de la lucha contra la pobreza y la exclusión se llame simplemente Plataforma europea contra la pobreza.

Otro hecho que retrata el debilitamiento de la degradación de la posición de la Unidad para la Exclusión Social dentro del gobierno británico en mayo de 2002 para luego, en junio de 2006, ser transformada en un organismo de mucho menor peso y rango llamado Social Exclusión Task Force (SETF, “Fuerza Operativa para la Exclusión Social”) que finalmente desaparecería en Inglaterra.

La evolución anteriormente descrita permite acercarnos a las definiciones contemporáneas del concepto de exclusión social. En términos generales, las definiciones se mueven en un eje que va desde el sentido original francés del término, que se centra en la ruptura de lo que Durkheim llamaba lien social (“lazo social”) y que en sí mismo poco tiene que ver con la pobreza, a un sentido más inglés del concepto, en el que exclusión social se define como una suma de situaciones de privación o pobreza que se supone son, en sí mismas, componentes y causas de la exclusión.

Las diversas definiciones que la Unión Europea ha ido dando del término exclusión social hasta llegar a la actualmente usada, tal como fue presentada en el Informe conjunto sobre la inclusión social de 2003: “Exclusión social es un proceso que relega a algunas personas al margen de la sociedad y les impide participar plenamente debido a su pobreza, a la falta de competencias básicas y oportunidades de aprendizaje permanente, o por motivos de discriminación. Esto las aleja de las oportunidades de empleo, percepción de ingresos y educación, así como de las redes y actividades de las comunidades. Tienen poco acceso a los organismos de poder y decisión y, por ello, se sienten indefensos e incapaces de asumir el control de las decisiones que les afectan en su vida cotidiana.”

Junto a los estudios más teóricos sobre la exclusión social existen hoy una serie de intentos de investigarla y medirla empíricamente, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Hilary Silver realizó en 2007 una reseña muy útil de estos estudios empíricos que aquí servirá de base para describir sus resultados. Los estudios en cuestión usan ampliamente las fuentes de datos estadísticos disponibles, en particular aquellos reunidos por estudios longitudinales tipo panel, basados en una muestra de hogares e individuos que son seguidos durante una serie de años, permitiendo así captar la dinámica real del desarrollo social.
El estudio más importante a este respecto es el European Community Household Panel (ECHP), llevado a cabo entre 1994 y 2001. En este estudio se recopiló una amplia serie de datos longitudinales, lo que permite seguir en el tiempo las trayectorias de los individuos y hogares estudiados y, además, comparar los resultados obtenidos en diversos países.

Silver no dejan de sorprender y pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

• a. la correlación entre pobreza, en particular la pobreza crónica, y otros indicadores de privación y exclusión es escasamente significativa, señalando que se trata de fenómenos distintos;
• b. la correlación entre distintos indicadores de exclusión o ruptura social tampoco queda corroborada empíricamente;
• c. la existencia de procesos acumulativos de privación y exclusión parece ser un fenómeno muy poco común;
• d. la privación no es habitualmente múltiple sino que se trata de un solo factor; y
• e. no existe una base empírica para hablar de una underclass, es decir, un grupo considerable de personas permanente desaventajadas.

Este es el resumen que la propia Silver hace de su reseña : “… uno de los hallazgos más consistentes de los estudios sobre la exclusión es que ciertas facetas de la ruptura social no están asociadas con otras.

En suma, ni la multidimensionalidad, ni los procesos acumulativos, ni la privación múltiple, ni la coincidencia de la pobreza con la exclusión, ni la formación de una clase permanente de excluidos, nada de esto ha podido ser empíricamente comprobado.

Todo lo contrario, la evidencia indica que se trata de momentos en la vida de los individuos durante los cuales éstos se ven afectados por una u otra privación o falta de inclusión que no los condena a caer en un círculo vicioso de degradación y exclusión ni a formar parte de una especie de clase de marginados o excluidos. En suma, se trata de lo que ya sabíamos acerca de la pobreza en las sociedades modernas, es decir, que es mayoritariamente una situación temporal en el seno de sociedades constantemente cambiantes y con altos niveles de movilidad social, sociedades en las que, usando el clásico ejemplo de los Estados Unidos, la gran mayoría son pobres alguna vez pero sólo muy pocos lo son para siempre.

En todo caso, la existencia de bolsones de exclusión en Perú que hoy por hoy toman la forma de conglomerados urbanos producto de la migración del campo a la ciudad en la costa,sierra y selva del país,forma un objeto de estudio y atención pública de la más alta relevancia.
Por ello es pertinente que se siga trabajando y profundizando en el tema de la exclusión social, pero dotándose de un diagnóstico correcto de la “exclusión social ”, lo que requiere de herramientas de estudio y medición adecuadas para entender un fenómeno que escapa actualmente a nuestras estadísticas comunmente utilizadas.

Sanciones y multas en la industria minera peruana.

Un análisis teórico para averiguar si en Perú se están aplicando adecuadamente el tipo de sanciones en el sector minero y ver opciones para el cálculo de multas y aplicación de otras sanciones dentro de la discusión pública podría servir de cara a la pronta nueva administración del país.

El marco teórico del sistema de sanciones que viene operando en el país proviene de los aportes del Análisis Económico del Derecho y de la Teoría de la Ejecución Pública de las Leyes.

Este analiza los mecanismos por los cuales el Estado regula la conducta de los agentes de la economía disuadiéndolos de su incumplimiento, y por tanto, busca evitar la ocurrencia de eventos negativos.

El modelo del cual se derivó la fórmula práctica de cálculo de multas aplicadas por el regulador estaba basado en los trabajos de Cohen, quien plantea en su modelo una relación principal – agente.

Es en este contexto en que el regulador (principal), regula la conducta de la empresa (agente).

El modelo tiene, entre otros, los siguientes supuestos:

• Las infracciones ocurren de manera aleatoria.
• Los recursos con que dispone el regulador son limitados.
• El objetivo del regulador es reducir la pérdida de bienestar de la sociedad debida a las consecuencias de las infracciones cometidas por las empresas.
• El Estado peruano debe gastar recursos obtenidos de la sociedad con el fin de detectar el incumplimiento de las normas (ex – ante), y/o detectar los daños ocasionados por dicho incumplimiento (ex –post).
• Las empresas realizan un análisis costo beneficio de ser detectados y sancionados antes de incumplir una norma.
• El regulador exige un esfuerzo mínimo a las empresas en el cumplimiento de los reglamentos y normas medioambientales y de seguridad.

Teóricamente, el esfuerzo que realizan las empresas en el cumplimiento de normas modifica la distribución de probabilidades de ocurrencia de contaminación o de accidentes.

En este ejercicio, la solución óptima de la multa es aquella aplicada por el regulador, y que iguala el beneficio ilícito marginal por contaminar o incumplir las normas de seguridad con el Costo Marginal Social (CMS) .

Este CMS está definido como la negativa de la pérdida marginal de bienestar social proveniente de la contaminación ambiental o de la pérdida de calidad de vida de los individuos provocada por los accidentes.

La variable fundamental del modelo en este esquema es el esfuerzo de la empresa en cumplir las normas, pues ella modifica la distribución de probabilidades de ocurrencia de contaminación o de accidentes.

Debido a que este esfuerzo no es observable directamente por el regulador, surge la necesidad de incentivar este esfuerzo.

Mediante multas, el regulador logra teóricamente la disuasión de las empresas y la internalización de las consecuencias de sus infracciones.

Internalizar implica que la empresa toma en cuenta en sus costos las consecuencias negativas que origina a terceros.

Esta internalización iguala el costo privado con el costo social provocado por la empresa.

Dado a que el regulador no posee facultades compensatorias, no puede cobrar a la empresa la totalidad del valor neto del daño en la multa. Sin embargo, incluye una parte del daño en la multa, toda vez que considera que se debe incluir una proporción de dicho daño para que sirva como señal a la empresa de que deberá asumir la internalización de las consecuencias de sus infracciones.

También están los temas de la imagen institucional y el riesgo de la minera de ser comprendida como tercero civil responsable para el pago solidario de la reparación conjuntamente con el sentenciado y condenado o ser sujeto de la aplicación de consecuencias accesorias como el cierre de la unidad minera contaminante.

El cierre de minas de operaciones de la época de la colonia apoyarían en la imagen de la nueva minería.

De otro lado, mediante la Ley 28090 del año 2003 y su reglamento del año 2005, el D.S. N° 033-2005-EM se regula el cierre de minas, donde el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fiscaliza la ejecución de la garantía.

La norma considera que el plan de cierre de minas deberá describir las medidas de rehabilitación, su costo, la oportunidad y los métodos de control y verificación para las etapas de operación, cierre final y post cierre. Asimismo, deberá indicar el monto y plan de constitución de garantías ambientales exigibles.

El titular de la actividad minera que no cuente con el plan de cierre de minas aprobado, está impedido de iniciar el desarrollo de operaciones mineras.

El titular de la actividad minera deberá constituir garantías a favor del MEM, a fin de cubrir los costos de las medidas de rehabilitación para los períodos de operación de cierre final y post cierre, mediante una o varias de las modalidades siguientes:

• Cartas fianza o pólizas de caución u otros mecanismos equivalentes, sin beneficio de excusión, emitidos por un banco nacional o del exterior, de primer nivel, de acuerdo a lo señalado en la ley general del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, sus normas reglamentarias y en las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
• Fideicomiso en garantía sobre lo siguiente: en efectivo; administración de flujo; bienes muebles e inmuebles distintos a las concesiones para actividades mineras y a las instalaciones objeto del plan de cierre de minas; y valores negociables excluyendo aquellos emitidos por el titular de actividad minera.
• Fianza solidaria de tercero sobre la base de las modalidades señaladas en los literales anteriores, sin beneficio de excusión.

En este contexto, continuar perfeccionando el tema sobre pasivos ambientales, sanciones y multas en la insdustria minera será de mucha ayuda para ver la competitividad en la captación de nuevas inversiones.