Estrategias para hacer sostenible la inversión privada en minería

La nueva administración del estado peruano se encuentra diseñando estrategias para hacer sostenible la inversión privada en las actividades extractivas.

Está por descontada la importancia que se le atribuye a la necesidad de captar la inversión privada para generar crecimiento y desarrollo sostenible del país.

En la agenda pendiente del nuevo gobierno está el hacer sostenible la inversión privada.

Estado de situación previo al nuevo gobierno

• Niveles de evasión tributaria en lo que respecta al Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) se encuentran en 37 % y 49 %.
• Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, resuelve casos atrazados de hasta tres años, tiene miles de demandas por resolver -mayormente demandas de ciudadanos respecto a municipios   -  y para cobrar más de 14 mil millones de soles, de los cuales son recuperables sólo el 40 %.
• Los organismos creados para manejar el tema ambiental respecto de las evaluaciones y fiscalizaciónes en las diversas cuencas no funcionaron adecuadamente, prueba de ello el incremento de conflictos socioambientales generados que en número de 118 fueron reportados de un total de 217 conflictos existentes en el país (Junio 2011).
• Las cuencas de los ríos: Santa, Rímac, Llaucano y Mantaro, son los que albergan al mayor número de pasivos ambientales y no se cuenta con acciones efectivas que reduscan estos pasivos.
• Los costos que demandan la remediación de pasivos ambientales mineros existentes no son considerados en forma integral - sólo alcanza al inventario nacional de minas inactivas - a efectos de recuperar los recursos naturales que son sustento de la existencia de las poblaciones locales.
• Existen 49,141 concesiones en vigencia,ya sea para efectuar actividades de explotación o exploración de nuevos yacimientos mineros.
• El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que a partir de julio del 2010 asumiera la supervisión y fiscalización ambiental de la gran y mediana minería formal, entre septiembre y diciembre del 2010 ha realizado más de 126 supervisiones a unidades mineras a nivel nacional, respecto de un universo de 169 unidades.
• La administración del estado saliente estaría transfiriendo al nuevo gobierno una cartera de once (11) proyectos de gran minería que ejecuta el sector privado por US$ 16,589 millones, que cuentan con estudios de impacto ambiental aprobados.
• Existirían una cartera de proyectos mineros que superan los US$ 41,000 millones.

A todo lo mencionado, se le añade un artículo periodístico (Sistema para vigilar los vertimientos mineros a ríos es obsoleto) que resumiría en el siguiente párrafo lo descrito anteriormente:  "Las dos principales entidades estatales encargadas de evaluar y proteger nuestros ríos de la contaminación minera no cumplen a cabalidad su labor", refiriéndose al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) y a la Autoridad nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG).

Objetivos estratégicos 

• Empoderamiento de la Autoridad Tributaria.
• Aumentar la eficiencia en la recaudación de los tributos.
• Empoderamiento de la Autoridad Ambiental.
• Incrementar la eficiencia en la Regulación, Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Acciones sugeridas

• No crear  ningún impuesto nuevo.
• Empoderamiento de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para hacerla eficaz en la reducción de la evasión y elusión tributaria.
• Creación de oficinas de conciliación previas para reducir las cargas procesales del Tribunal Fiscal a nivel de los gobiernos Regionales.  

Algunas propuestas adicionales

• La inversión privada en minería debe contar con la comunidad como socio estratégico para mantener la calma social, de tal forma que caminen juntos replicando experiencias exitosas ejecutadas en territorio peruano.
• Creación de la Superintendencia del medio Ambiente como organismo público descentralizado adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

Estado, pasivos ambientales y conflictos sociales.

La Ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera en Perú -Ley No.28271- define a los pasivos ambientales mineros como instalaciones,efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
El Ministerio de Energía y Minas, estima en cinco mil quinientos cincuenta y un  pasivos ambientales situados en sesenta y cuatro cuencas hidrográficas del territorio nacional.
La responsabilidad de su manejo adecuado recae en empresas mineras públicas y del sector privado. No obstante, el responsable final es el Estado peruano, habida cuenta que algunos de los precitados pasivos se remontan a tiempos de la colonia y otros, a la acumulación de sucesivas administraciones frente a la gestión de los recursos mineros concesionados. 

Los conflictos mineros van en aumento y ponen en riesgo el desarrollo de la minería - pese a que llevamos años de bonanza gracias a esa minería satanizada - pero los conflictos sociales continúan, siendo las protestas cada vez más violentas.
Los sucesos ocurridos en Cajamarca,Cusco, Arequipa y   recientemente en las localidades de Huaraz y en Recuay con las mineras no deben ni pueden ser soslayados.
Con el uso de la violencia se atentó contra instituciones públicas y privadas, bloquearon carreteras, paralizándose la ciudad sin que el Estado de derecho pudiera detener esta escalada de anarquía y destrucción.

Ante esta realidad, sale el señor ministro del ambiente a declarar en el diario oficial El Peruano (21 Dic. 2010) manifestando que "Los diversos conflictos que se están produciendo en el país  por el problema del agua lo tienen que resolver los gobiernos regionales y las municipalidades que tienen el derecho a intervenir en el tema de acuerdo a la normativa peruana". Asimismo sostuvo que "la escasez del recurso hídrico no se debía a la falta de agua sino a la falta de ingenio para solucionar este grave problema que padecen algunas ciudades...".

Sería inadmisible para nosotros los peruanos que la representación del Estado, abdique en los gobiernos regionales y locales su responsabilidad de velar por la buena gestión en el tema de la gran minería. Recordemos que esa es su función asignada por ley y que el escenario actual es de transferencia de funciones a las nuevas autoridades regionales y locales recientemente elegidas en su mayoría en las diferentes jurisdicciones del país.
Hacemos votos e invocamos en la mejor de las formas porque exista una sana reflexión y se corrijan o aclaren posiciones difundidas por el vocero del Ministerio del Ambiente que preocupan a los actuales capitales invertidos y a los potenciales inversionistas que ven con mucho detenimiento lo que esta aconteciendo en el país.
Si bien es cierto que el país entra en una etapa electoral para elegir a su próximo gobernante, es de imperiosa necesidad que las autoridades salientes de los sectores involucrados cumplan su rol y funciones asignadas por leyes peruanas hasta el último día de su mandato y no den la impresión de vacio de poder y descontrol del problema minero.
En este sentido, no se debería esperar que los conflictos que se estarían gestando y siendo anunciados para el primer trimestre del año 2011 puedan afectar y/o retrazar los proyectos que se encuentran en la cartera de inversiones.
Cautelar no solamente las actividades mineras, sino todas las inversiones que se vienen desarrollando con normalidad en el país, es condición sine qua non para mantener la tendencia del crecimiento económico del Perú y alcanzar el pronto desarrollo que anhelamos.