La trata del oro invisible peruano

Esta reflexión la realizo replicando el mensaje del Papa Francisco,dado en febrero último, frente a la plaga de la trata de personas, animándonos a " abrir los ojos y oidos, para ver a los que permanecen invisibles y escuchar a los que no tienen voz; para reconocer la dignidad de cada uno y para actuar contra la trata y contra toda forma de explotación" y es en ese sentido que  en este espacio discuto la raíz de la trata del oro invisible producido en territorio peruano.

Al analizar las múltiples causas que originan este fenómeno, no se puede dejar de evidenciar la anuencia con que algunos cierran ojos y oidos, permaneciendo inertes , haciéndose cómplices silentes de un proceso que lleva décadas escalando en su impacto económico, político, ambiental, social y en la salud pública de los más desposeídos de la nación peruana.

La trazabilidad de la metástasis sufrida con la trata, la registré a inicios del año dos mil y luego de una década, un martes 19 de octubre del 2010 en mi publicación " Minería informal & Minería ilegal" en la que indiqué : " El Estado asume una actitud pasiva para hacer cumplir las normas o revertir la ineficacia del orden jurídico ambiental menoscabando la legitimidad de la norma. Por ello la norma al reconocer que existe un problema de minería informal , declara de interés nacional el ordenamiento minero , sobre la base de un catastro minero.

Detrás de la minería informal se oculta la minería ilegal, aquella asociada a los actos,ejercicios y acciones criminales para delinquir, allí donde actúan peligrosas mafias que generan no solamente problemas ambientales sino que básicamente explota a los recursos humanos que emplea".

Así la formalización minera en Perú lleva larga data, y en este proceso que implica la explotación ilegal del oro se utiliza de fachada un inestable Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), descripción que fue publicada un jueves 17 de octubre de 2024 en  "Expansión de minería ilegal de oro por extensión de plazos en formalización minera", indicando que desde el 2002, año en que se dió la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal – Ley N° 27651 (enero 2002) y fuera reglamentada tres meses después por el DS. Nº 013-2002-EM (Abril 2002), en Perú se desplegaron una serie de vanos esfuerzos legislativos debilitando con ello sus redes neuronales en el índice de percepción política, mejores prácticas y potencial minero; evidenciándose un significativo retroceso en el índice atractivo a la inversión minera formal, hechos objetivos que colocaron al país en riesgo potencial que llegara afectar su estabilidad jurídica, gobernanza y gobernabilidad.

En este proceso de formalización minera, es recurrente la trata de personas que inducidas por mafias que penetran e inficionan la administración en turno; con marchas de sacrificio, tomas de vías de comunicación y otras medidas de fuerza, generan anarquía para prolongar el estado de situación en un país democrático, todo ello sin perjuicio de la trata de personas , ya sean estos hombres, mujeres o menores de edad, que son utilizadas en las minas de socavon y aluvial de oro; en el procesamiento con mercurio para obtener oro y en actividades conexas que incluye a la prostitución. 

Costos del oro invisible

Adicionalmente a los ingentes costos económicos que demandan tratar los pasivos ambientales en términos de ecosistemas impactados , afectación de servicios ecosistémicos, cadena trófica alterada y reparar el daño en la salud pública en las diferentes cuencas hidrográficas donde se extrae el oro invisible, el orden dinámico e incremental del mismo afectado por los precios internacionales históricos que viene registrando el oro en el 2024; refleja que cada año , el orden de cincuenta (50) toneladas de oro invisible cruzan las fronteras del Perú causando un perjuicio de más de cuatro mil milones de dólares cada año, que para lograr el equilibrio en el presupuesto público se debe compensar con una cada vez mayor presión fiscal a los contribuyentes,entre otras medidas de coyuntura. 

Para llegar a ésta cifra se considera también la brecha histórica de exportación y producción de oro en el periodo 2000-2021, tal cual se presenta en el siguiente gráfico. 

50 toneladas anuales extrae el oro invisible de territorio peruano.

El Dato

La cifra US$ 4,243 millones de dólares al año registrada de una parte del perjuicio generado al Perú por el oro invisible extraido del territorio peruano , es resultado de operar los siguientes datos al 29/11/2024 :

► 1 Tn = 32150,75 onzas troy

►50 Tn= 1 607 537 onzas troy

► 1 Onza troy = US$ 2 639,90

Informalidad minera que afecta el medio ambiente y la Agricultura en Perú

El sector Agricultura en Perú se encuentra impactada desde hace décadas por la falta de una política de Estado que permita evitar la colisión entre el agro y la minería.

La incertidumbre generada por el incumplimiento de los plazos en el ordenamiento legal sobre el extremo de la formalización minera, agudiza la crisis entre ambos sectores que resultan motores para la seguridad alimentaria, así como el crecimiento y desarrollo nacional. 

En mi publicación del Largo proceso de formalización minera sin contar con una Política de Estado, publicado en Enero del 2022, indique detalles que en la actualidad se corrobora con la difusión del estudio “Las economías criminales y su impacto en el Perú”, realizado por Ricardo Valdés, Carlos Basombrío y Dante Vera, donde se muestra un reporte del Ministerio de Energía y Minas explicando que existen solamente 10.600  mineros que completaron el proceso de inscripción y con ello alcanzaron su formalización-hasta abril de este año 2022- cifra que representa el 11% del total de 88.041 mineros inscritos desde que se creó la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal – Ley N° 27651 y reglamentada por el DS. Nº 013-2002-EM, publicada el 21 de abril del 2002.

El objeto de esta Ley fue introducir en la legislación minera un marco legal que permitiera una adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas por pequeños productores mineros y mineros artesanales, propendiendo a la formalización, promoción y desarrollo de las mismas.
Los esfuerzos legislativos con plazos incumplidos incluyen a lo fijado por el decreto legislativo N° 1105-publicado el 19 de abril del 2012- donde se estableció disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas actividades a nivel nacional; en este contexto los titulares de las concesiones mineras tuvieron inicialmente un plazo dispuesto por el ministerio de energía y minas  para presentar la declaración de actividad minera informal en el área de su concesión hasta el 17 de Julio del 2012.
La ley N° 29910 de agosto del 2012, estableció un plazo adicional de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del seis de setiembre del 2012 para que los sujetos de formalización, cumplan con presentar la declaración de compromisos, con el objeto de acogerse al marco del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.
Mediante el DS N° 001-2013-MINAM del  cinco de febrero del 2013 se amplió  el plazo a los sujetos materia de regulación para presentar el instrumento de gestión ambiental correctivo ante el correspondiente gobierno regional hasta el cinco de octubre de 2013.
El DS N° 003-2013-EM, del cinco de febrero del 2013, los sujetos a la norma debieron cumplir con presentar hasta el cinco de setiembre de 2013 la acreditación de titularidad, el contrato de cesión y el acuerdo o contrato de explotación que tengan sobre la concesión minera. También debieron presentar la acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial hasta el 16 de setiembre del 2013, en tanto que la autorización de uso de aguas se podría acreditar hasta el 25 de setiembre del 2013.
Con el decreto legislativo N° 1293 del treinta de diciembre del 2016, se declaró de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, estableciendo en su artículo seis la  vigencia del proceso de formalización minera integral considerando un plazo de treinta y seis meses, contados a partir de la culminación del plazo de inscripción señalado a partir del seis de febrero de 2017, y hasta por un plazo de ciento veinte días hábiles. 

En ese sentido, las recurrentes prórrogas de vigencia del proceso de formalización minera se mantiene con la ley N° 31388 publicada el 31 de diciembre del 2021 que en su artículo dos amplía el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal hasta el 31 de diciembre del año 2024.

La norma contempla  varios requisitos para formalizarse en esta actividad, como tener un Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal, además de presentar el contrato de concesión con el titular de la zona en la que operan.
Según la norma, los inscritos que no alcanzaron a formalizarse en el plazo debieron quedar suspendidos y sacados del registro, pero ante la ampliación se genera un espacio para que se continúe operando en este largo  proceso de formalización. En rigor, las recurrentes prórrogas  en la inscripción, amparan a quienes ya se inscribieron y no completan su proceso.

El Dato

Se estima que en el país actualmente vienen operando entre 300 mil y 500 mil personas dedicadas a esta actividad sujeta a la formalización.

¿Dilatando plazo de formalización?

En nuestro comentario de ¿Más plazos de formalización minera? nos preguntábamos ¿Cómo actuará el gobierno con quienes no presenten declaración alguna? y como respuesta, una vez vencido el "último" plazo el pasado 19 de Abril del 2014, el ejecutivo publicó en la misma fecha el Decreto Supremo N° 029-2014-PCM a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que regula la denominada nueva “estrategia o etapa de saneamiento para la minería informal”.

Andina explica los detalles del proceso a seguir en los siguientes términos:

"Tras vencerse el plazo para la formalización de mineros informales, comienza hoy una nueva etapa de consolidación de esta tarea, en coordinación más estrecha entre el Ejecutivo, gobiernos regionales y las bases mineras, dijo el alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería, Daniel Urresti.

"Pasamos ahora a la etapa de saneamiento. En los primeros 120 días vamos a reunirnos el Ejecutivo, las direcciones regionales y dirigentes para dialogar, analizar donde se está flaqueando y proponer mejoras para la consolidación del proceso", remarcó.

Según indicó a la Agencia Andina, desde el  Gobierno existe la disposición de mejorar las normas y allanar obstáculos que puedan afectar esta labor, y se espera de los mineros el compromiso claro y contundente de querer formalizarse.

Con ello, añadió, se podrá establecer metas precisas respecto a cuantos informales podrán formalizarse por año y por regiones.

"Se establecerá un cronograma donde se fijarán las metas anuales de formalización, que será competencia directa de las direcciones regionales de Energía y Minas. El Ejecutivo acompañará este trabajo", añadió.

A la fecha, recordó que existen 70,000 declaraciones de compromisos de formalización; y que aquellos informales que no presentaron este documento hasta ayer, 19 de abril, deberán seguir un régimen ordinario si tienen la voluntad de cambiar.

"Los que no se inscribieron no podrán seguir trabajando hasta que no tengan el permiso, es la gran diferencia respecto a los que sí lo hicieron; lo que no implica que no se puedan formalizar, pero será por el régimen ordinario", comentó.

Urresti refirió que con la formalización se podría recaudar en impuestos lo equivalente al 12 por ciento de lo que paga actualmente la minería formal.

"El Estado podrá fiscalizar y lograr que se realice una pequeña minería con técnicas que aseguren una mayor productividad y que no se contamine, se mejorará estilo de vida, serán sujeto de créditos y podrán crecer", agregó.

Respecto a la minería ilegal, insistió en que estos serán interdictados con megaoperativos ya planificados en regiones como Madre de Dios, Puno y Cusco, que forman un triángulo donde se concentra la actividad ilegal en el país.

Solo en Madre de Dios, estimó, hay 60,000 hectáreas depredadas; y en Puno, en la parte alta de la cuenca del río Ramis y Suches, la cifra llega a 94,000.

Paralelamente, dijo, continuará la destrucción de plantas donde se procesa el oro ilegal, labor que se ha desarrollado a la fecha en las regiones Ica y Arequipa".

Descentralización & botín minero

En contradicciones del canon minero  anotamos las cifras concernientes a transferencias de canon minero a nivel nacional para el periodo 2000-2011 y en reducción del canon minero- 2013, indicamos que las cosas se pondrían mas tensas,recomendando a la administración del gobierno peruano_siguiendo su política de nueva relación con el sector minero_tome las medidas adecuadas a efectos de mitigar los potenciales conflictos sociales que puedan surgir en las regiones mas afectadas con la reducción del canon minero.

Pese a los 13,261 millones de soles transferidos por el gobierno central en el periodo 2011-2013, algunas regiones manifestaron su disconformidad, como Ancash, a la que se destinó 20% del precitado monto, es decir,  2,729 millones de nuevos soles, distribuidos por años de la siguiente manera: 791 (2011), 985 (2012) y 953 (2013). Sin embargo, se produjeron protestas sociales en febrero del 2014 promovidas en el propio ejecutivo representado por el señor César Álvarez, presidente del gobierno regional de Ancash. Una suerte de réplica de lo acontecido anteriormente con el señor Gregorio Santos, presidente del gobierno regional de Cajamarca.

El hecho es que la falta de control en los gobiernos regionales y municipales que gozan de los fondos provenientes del canon minero, las han convertido en zonas altamente vulnerables a la corrupción. Ya no solamente se festinan contratos con los fondos públicos obteniendo pingues ganancias, sino que se llega hasta al asesinato de adversarios políticos en un año electoral, donde tomar "el control y manejo de la cosa pública" se hace altamente rentable. 

Juan Sheput, con el título "Ancash o el crecimiento económico sin instituciones" expone un interesante punto de vista sobre el particular:

“Acostumbrados como estamos a analizar las consecuencias de los problemas y no sus causas, un grupo de congresistas, funcionarios del Poder Ejecutivo,  Ministerio Público y Contraloría se han dirigido a Ancash a investigar los extraños sucesos que vienen sucediendo en esa riquísima región.  Mediatizado el tema, es importante que los funcionarios estén allí. Es una forma de alcanzar notoriedad. Cierto es que las sucesivas muertes (quince), de ciudadanos que de una u otra forma eran enemigos de César Álvarez, amerita el inicio de una investigación policial a fondo  en la zona, pero también es cierto que en esta situación tiene mucha responsabilidad el Estado que, a través de sus endebles instituciones no ha sabido manejar el “éxito” expresado en el ingreso de millones de soles, impensables antes, en las arcas de la región Ancash.

El problema no es la descentralización como señalan algunos despistados, sino la forma como a ésta le eliminaron sus controles. Un proceso de regionalización y descentralización es muy complejo. Chile y Colombia, en América Latina, y España, en Europa, tienen grandes problemas en sus procesos de descentralización. Pero insisten en él pues saben que es, en el largo plazo, positivo en el desarrollo de sus países. Colombia, Chile y España tienen en sus respectivos núcleos académicos sendos organismos de investigación que aportan políticas públicas y sugerencias a sus respectivos procesos de regionalización. Aquí en el Perú no. Nuestras universidades, movidas por el afán de maximizar sus ganancias, no tienen interés en crear centros de desarrollo regional o territorial. No es rentable y así la ignorancia impera en el análisis de los hechos recientes.

El proceso de regionalización que tuvo su primer impulso durante el gobierno de Alejandro Toledo creó un Consejo Nacional de Descentralización (CND) para que coordine y monitoree los planes de desarrollo territorial. Se exigía a las regiones construir capacidades (con capital humano adecuado) y planes de desarrollo, antes de traspasar competencias (como Salud o Educación) o recursos económicos, es decir presupuesto. Había exigencias previas y candados, en aras de un desarrollo regional adecuado.

Ello fue destruido durante el gobierno de Alan García. El expresidente, fiel a su pensamiento de corto plazo y a su afán de crecer económicamente a como dé lugar, eliminó el CND y en su lugar puso a una simbólica Secretaría de Descentralización a quien nadie hace caso; eliminó las “trabas” (capacidades y planes de desarrollo) y ordenó las transferencias de competencias y recursos, sobretodo recursos económicos,  a las regiones con el afán de que gasten sin control.

Al eliminar los planes,  los elementos intangibles de un Plan de Desarrollo como la educación o la promoción  de la cultura a través del civismo se fueron al tacho y en su lugar solo quedó el afán por la obra física, esa que se puede ver y por sobretodo licitar. Aún más se eliminó el filtro del SNIP con la complicidad del Ministerio de Economía y Finanzas y así, gracias al expresidente, las regiones se transformaron en centros de recepción de ingentes recursos, que se pueden gastar sin control, convirtiéndose literalmente en un botín. Lo mismo pasa con las alcaldías. La Contraloría, que tampoco tiene un plan de control de gobiernos locales o regionales, siguió al igual que el gobierno en piloto automático y contribuyó al desorden que hoy impera en la mayoría de las regiones, envueltas en escándalos, licitaciones, corrupción y crímenes.

Claro está que eso no desestimula a los aspirantes a ocupar una alcaldía o la presidencia de un gobierno regional. Es suficiente ver cómo en Ancash, a pesar de los crímenes supuestamente atribuidos a rivalidades políticas, hay más de 10 precandidatos. El presupuesto, léase mejor el botín, es apetitoso y bien vale que se corra el riesgo. Hay en la práctica un descontrol en todo el universo de alcaldías y gobiernos regionales. Si no lo cree mire a su alrededor:  cuántas veces en su barrio o alrededores rompen, construyen y vuelven a romper las mismas avenidas, pistas y veredas; cuántas veces rediseñan los parques; con qué facilidad se cambia el ordenamiento urbano para dar cabida a monstruosos edificios que desentonan al construirse en pequeñísimas calles.

La regionalización en sí no es mala. Lo que nos sucede es consecuencia de eliminar los controles durante el gobierno pasado y también responsabilidad del actual gobierno, de Ollanta Humala, cuyo ministro de Economía entiende el piloto automático como simple consumismo o estímulos artificiales del gasto público y que no ha hecho nada por modificar las reglas de juego establecidas en el gobierno de Alan García.

Lo que sucede en Ancash, si no fuera por los crímenes execrables,  sería el remedo de lo que sucede en la mayoría de gobiernos locales y regionales donde el afán de servicio al vecino ha quedado de lado en aras de gastar, sin controles, el suculento presupuesto municipal o regional.

¿Más plazos de formalización minera?

En nuestro comentario "Progreso en formalización minera" nos referíamos a los diferentes plazos establecidos dentro del proceso para lograr el cumplimiento del ordenamiento legal vigente en materia de minería informal y resaltamos como un error estratégico tratar en los hechos por igual, tanto a la minería informal como a la minería ilegal.

Faltando treinta y dos (32) días para el cumplimiento del "último plazo" para la precitada formalización, Semana económica se ocupa del tema en los siguientes términos:

"No se ha enfatizado lo suficiente acerca del reto que significa para el actual gobierno la ambiciosa empresa de formalizar la minería ilegal. En los últimos años ha ido discretamente instalándose la idea de que se trata de un problema acaso comparable con el narcotráfico. En tal contexto, en poco más de un mes –el 19 de abril– se vence el plazo para que los informales presenten una declaración de voluntad de querer formalizarse. Es importante hacer esa precisión porque con esa presentación no se obtiene automáticamente la formalización (como pueden dar a entender ciertas noticias), sino que tan sólo se inicia un procedimiento legal que, en el mejor de los casos, terminará con ese resultado.

Un primer problema relacionado a la complejidad de ese proceso es la resistencia de buena parte de los informales a acogerse a la formalización. De hecho, el gremio que aglutina a los mineros informales, Fenamarpe, ha convocado a una ‘gran marcha nacional’ para este 17 de marzo, en la que exigirán modificaciones al régimen legal, comenzando por una extensión del plazo para la presentación de solicitudes. Se sabe en el sector minero (formal) que el gobierno –desde el presidente Ollanta Humala- tiene la voluntad declarada de no ceder y mantener la fecha inamovible. Los informales aducen que la dificultad para formalizarse deriva de que el 75% de ellos está imposibilitado de cumplir con los requisitos porque no tiene (ni, al parecer, prevé alcanzar en el corto plazo) acuerdos con los titulares oficiales de las concesiones mineras en las que operan ilegalmente. Lo cual nos lleva al siguiente problema. Y es que en realidad no es requisito para acogerse a la formalización contar con esos acuerdos.

En realidad no se sabe cuál será el remedio o la solución que finalmente dará el Estado (ya no digamos el gobierno) ante los muchísimos casos que previsiblemente se presentarán en que haya un titular formal y uno o más mineros de facto sobre la misma concesión. A falta de acuerdo, ¿debería perder toda expectativa de legalización el informal? Ésa suena, desde luego, como la solución más razonable, pero ciertamente introduce un desincentivo a la formalización, cuya expresión es precisamente la huelga de este lunes, pues estos mineros se estarían exponiendo al riesgo de ser identificados por su solicitud y luego perderlo todo por no alcanzar acuerdos. La solución contraria resulta todavía más peligrosa, pero por increíble que parezca se presentó incluso un proyecto de ley en el Congreso que apuntaba a que, a falta de acuerdo, fuera el formal el que perdiera la concesión (¡!).

Finalmente, el tercer gran problema es que, una vez vencido el plazo, ¿cómo actuará el gobierno con quienes no presenten declaración alguna? El alto comisionado para la interdicción de la minería ilegal, la formalización minera y la remediación ambiental de la PCM ha tenido recientemente una implacable intervención al desbaratar operaciones de minería ilegal, y eso podría constituir un indicio de su voluntad política para enfrentar el problema a futuro. Pero, lamentablemente, tenemos un gobierno débil, donde además el propio presidente ha visto debilitada su imagen recientemente, y el desgaste de capital político que esta guerra (que en eso podría convertirse) puede resultar demasiado alto".

Progreso en formalización minera

En plazos para la minería informal (13 Noviembre del 2012) explicábamos las etapas previstas por el ejecutivo en el proceso último de formalización de la minería informal en Perú y fue hace un año atrás (7 Febrero del 2013) en proceso de formalización minera , mencionamos la importancia del pasado año 2013 para ver el cumplimiento del ordenamiento legal vigente para formalizar a la minería ilegal.

Lamentablemente se repitieron errores de otros procesos desarrollados en el pasado y se perdió valioso tiempo, dejando que el avance progresivo de la formalización perdiera fuerza y la minería ilegal desplegara fuerzas para asentarse en espacios geosociales dispersos, donde en un año electoral (2014) difícilmente podrán ser neutralizados.

Faltando setenta (70) dias para el vencimiento del plazo fijado por el ejecutivo a fin de formalizar a los mineros, el ejecutivo tendrá que utilizar más que discursos políticos y buenas intenciones para no fracasar en su intento de reducir la actividad minera ilegal en el país. 

Se debe entender que en los procesos es necesario ir desarrollando etapas y tomar en cuenta consideraciones de la mejora continua.

La burocracia encargada del cumplimiento del ordenamiento legal minero vigente, ya podrá haber tomado debida nota que se encuentra tratando con una gran masa de mineros informales , los cuales se ven penetrados e inficionados por los mineros ilegales, estos últimos existen en indistintas cantidades variables -según las condiciones de operatividad a lo largo de la cadena de extracción,producción,transporte y comercialización_ y actúan bajo el radar de las leyes, motivo por el cual los plazos establecidos le son indiferentes.

Estimamos que la política de tratarlos y considerarlos por igual, sería un error estratégico.

Minería informal de oro en río Marañón,que pasaría ser ilegal luego del 19 -04-2014

En este orden de ideas, Semana Económica publica el siguiente artículo en los siguientes términos:

"Una vez más el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, reafirmó que el plazo final para el proceso de formalización minera no se postergará. Durante el año pasado, reiteró en varios momentos que el 19 de abril vencerá el plazo de formalización sí o sí, a pesar de las dudas sobre si el plazo es el adecuado. Esta semana se reafirmó.

Si bien el Gobierno no quiere variar la fecha final, en agosto emitió un Decreto Supremo que amplió algunos de los plazos intermedios del proceso, debido a que los gobiernos regionales no emitieron las disposiciones para continuar con el mismo. Con ello se buscaba que la formalización avanzara de manera progresiva. Tras el cambio, los mineros podrían presentar cuatro de los cinco requisitos recién el 19 de abril, lo que redujo las posibilidades del gobierno de ‘actuar sobre la marcha’ y resolver los problemas antes de que todo termine. Ello, por supuesto, generará otro problema: la carga burocrática que tendrán los funcionarios a cargo a partir del 20 de abril.

¿ESTRATEGIA O AMPLIACIÓN?

Inicialmente el Gobierno señaló que aquellos mineros que no se sometieran o no aprobaran el proceso de formalización serían considerados ilegales y sometidos a acciones de interdicción (destrucción de maquinaria utilizada para minería ilegal). Pero en agosto el mismo Decreto Supremo que modificó los plazos intermedios anunció una “estrategia de saneamiento del proceso de formalización” que terminaría en el 2016. Dicha medida sembró dudas: ¿se estaba ampliando el plazo de formación para los mineros informales?

El ministro Pulgar-Vidal reiteró que no, pero el texto del artículo dejaba dudas, según la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Más aún, Daniel Urresti, alto comisionado para la formalización minera, afirmó en enero que están “analizando” la posibilidad de que los mineros puedan formalizarse hasta el 2016, y en una entrevista posterior dijo que permitirán que los mineros inscritos en el proceso “puedan seguir operando sin formalizarse” hasta por un año.

FORMALIZACIÓN A MEDIAS

Las declaraciones de Urresti tienen una razón clara: muy pocos mineros estarán formalizados al final del proceso. “No se ha avanzado casi nada”, aseguró a Semana Económica César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental que ha estudiado de cerca la minería ilegal en los últimos años. “Tenemos noticias mediáticas de interdicciones, fundamentalmente en Madre de Dios, pero si uno va o conversa con la gente, la cosa sigue igual o peor”.

De los 70,000 mineros que iniciaron el proceso de formalización, actualmente sólo 30,000 tienen probabilidades de formalizarse. El investigador y consultor en temas mineros, Miguel Santillana, estima que sólo 7,000 tendrán la documentación lista para formalizarse el 19 de abril. José de Echave, investigador de CooperAcción, también considera que los formalizados serán una minoría.

No existen estudios oficiales sobre el número de mineros ilegales e informales en el Perú. Ipenza cree que la cifra total va de 150,000 y 170,000, y que sólo en Madre de Dios habrían 70,000. José de Echave, investigador de CooperAcción y ex viceministro del Ambiente, considera que esa cifra se queda corta y que los mineros ilegales e informales en el Perú sumarían entre 300,000 y 400,000. Miguel Santillana considera que podrían alcanzar los 500,000.

Si sólo 7,000 mineros se formalizan y empleamos la cifra modesta de 170,000 en todo el Perú, ello significaría que sólo el 4% de los mineros ilegales estarían formalizados.

Ante esta situación, el Gobierno deberá emprender nuevas medidas más allá de las interdicciones –a pesar de éstas, la minería ilegal continúa– y sobre la base de una estrategia de fiscalización que abarque a varias entidades (inteligencia financiera, control de insumos, comercialización de oro, etc.). Un tema clave será reforzar la ayuda a los gobiernos regionales –encargados de aprobar las solicitudes–, que carecen de los recursos y la capacitación requerida para llevar adelante el proceso.

En abril del 2012, cuando el Gobierno iniciaba el proceso de formalización, Miguel Santillana dijo: “Es la primera vez que el Estado peruano hace frente, de manera multisectorial y decidida, a la minería ilegal“. Pero frente a un problema de varias décadas –alentada por el superciclo de los precios de los minerales–, el Estado aún tiene mucho por hacer".

Incertidumbre minera 2011_2013

Transcurridos veintiún (21) meses de asumida la administración de Estado peruano, el ejecutivo _ al parecer_ estaría haciendo esfuerzos por resolver la incertidumbre y expectativas mal fundadas generadas con la Ley de Consulta Previa (Aprobada por el Congreso en Agosto del 2011).
La consulta previa, planeada para que haya mayor paz social, terminó siendo  todo lo contrario y tiene a la administración Humala arrinconada tanto por empresarios como comuneros presionándolo, unos para invertir y los otros para defender el agua que alimenta a sus bosques y forma de vida.
En vista que pasado este lapso _21 meses_ no se cuenta con la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la precitada Ley de Consulta Previa, el ejecutivo decidió aceptar la renuncia de un funcionario de nivel viceministerial y sin embargo, mantiene las mismas dificultades primigenias, de la propia administración del estado peruano y las empresas_Mineras_ para dirimir intereses y tensiones con las comunidades.
El prestigioso diario El Comercio, grafica lo expresado en los siguientes términos:  
La tensión acumulada durante los últimos meses entre el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Energía y Minas(MEM) estalló esta semana. Un día después de la entrevista dominical dada por el presidente Ollanta Humala, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, presentó su carta de renuncia y el viernes el Ejecutivo la aceptó. Su salida no solo pone en evidencia las irreconciliables posturas en el Ejecutivo sobre cuáles son los pueblos indígenas con derecho a ser consultados y la necesidad de asegurar nuevos proyectos mineros, marca también el inicio de una feroz lucha de poderes y visiones sobre dónde y cuándo hay que impulsar la consulta previa en el Perú. En la entrevista, Humala recogió la visión del MEM, cuestionó la existencia de pueblos indígenas en los Andes y señaló: “En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria”. De ese modo Humala marcó distancia de la propuesta del Viceministerio de Interculturalidad, que había incluido en su base de datos de pueblos indígenas -aún sin publicar- a comunidades aimaras y quechuas de Apurímac, Áncash, Lambayeque, Huánuco, Ayacucho y el Cusco, regiones donde se sitúan los principales proyectos mineros.

Localización de proyectos mineros auríferos en Perú.

COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las declaraciones de Humala no fueron aisladas. Se produjeron en la misma semana en la que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, confirmó que 14 proyectos mineros ubicados en la sierra no pasarían por la consulta previa, a pesar de que desde inicios de este año el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de su sector incluye la necesidad de realizar la consulta antes del proceso de exploración minera y luego para la explotación. ¿Cuáles son los proyectos que no se consultarán? Solicitamos la información al MEM, pero no respondieron. Uno de los problemas respecto de las comunidades campesinas es la ausencia de cifras claras. Mientras el último censo hecho por Cofopri (2010) señala la existencia de 6.069 comunidades campesinas en la costa y la sierra, Sunarp tiene registradas 6.234. “No entendemos estas diferencias, hace falta un censo actualizado de comunidades campesinas”, señala Pedro Castillo, abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). José Luis López Follegatti, coordinador del Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo Sostenible, afirma que el MEM no debería oponerse a los procesos de consulta previa porque ya están normados y porque se podrían generar más conflictos sociales. “En lugar de unificar procesos eligieron saltarse la consulta, no se dan cuenta de que hubieran podido hacer más viable la negociación”, dice. Las últimas semanas, el viceministro afrontó las críticas no solo del Ejecutivo (que se resiste a publicar la base de datos), sino también de algunas ONG y dirigentes campesinos que cuestionaban el uso de la lengua originaria para identificar a los pueblos indígenas con derecho a la consulta. La falta de ese respaldo político del gobierno y de la sociedad civil aceleró su renuncia. Sin embargo,El Comercio conoció que entre agosto y noviembre del año pasado el MEM envió dos oficios en los que solicitaba información sobre la existencia de pueblos indígenas en 32 proyectos mineros. El Ministerio de Cultura identificó pueblos indígenas con derecho a consulta previa en 14 proyectos. Lo que llama la atención, además de la coincidencia con el número de proyectos anunciados por el MEM, es que en un informe interno elaborado por la Dirección General de Minería, el 12 de diciembre del año pasado, se menciona que en Apurímac ya se había iniciado un proceso de consulta previa con el proyecto Angostura, en tierras de la comunidad campesina Nueva Esperanza de Mollepiña, en el distrito de Curpahuasi (Apurímac). “La etapa de evaluación para el proceso de consulta del proyecto Angostura se inició el 5 de diciembre del 2012”, se lee en el informe. ¿En qué situación se encuentra este proceso? El MEM aún no responde, pero este caso permite conocer que por lo menos hasta el año pasado el sector sí reconocía a las comunidades andinas como pueblos indígenas con derecho a consulta.

LA BASE DE DATOS 

A esto se suma que no todas las comunidades están registradas y que de las registradas no todas tienen claros sus linderos. “Estamos elaborando una nueva directiva pensada en las comunidades campesinas, en respetar sus costumbres y su cosmovisión”, dice Javier Anaya, abogado especialista en comunidades campesinas de Sunarp. ¿Todas las comunidades campesinas son pueblos con derecho a la consulta previa? No. Y precisamente la base de datos que había elaborado el Viceministerio de Interculturalidad las identificaba. A un sector del Ejecutivo le pareció que eran demasiadas y que podían poner en riesgo los nuevos proyectos de inversión. Con la renuncia de Lanegra y de parte de su equipo técnico, la base de datos queda a la deriva. En la entrevista del domingo,Humala recordó que había una demanda pendiente sobre esta y luego argumentó que “lo que está habiendo es un proceso de revisión de comunidades, no se trata de publicar la base de datos y de que mañana se tenga medio Perú con comunidades”. Si la base de datos está operativa desde setiembre del año pasado (como informó este diario el 17/2/2013) y que esta incluso ya ha sido presentada al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ¿a qué se refiere el presidente cuando menciona que “hay un proceso de revisión de comunidades”?.En el Ministerio de Cultura no lo saben. 

CONFLICTOS 

Cada vez que una empresa busca ingresar a explorar en el territorio de una comunidad campesina debe contar con la aprobación de dos tercios de los comuneros. Si la comunidad es considerada pueblo indígena, la ley señala que deberá, además, iniciarse un proceso de consulta previa para discutir la declaración de impacto ambiental de la exploración. “El gobierno debió haber unificado los dos instrumentos en un solo proceso de consulta en lugar de saltarse la consulta”, sostiene López. La decisión del gobierno de no consultar los proyectos mineros ubicados en tierras de pueblos indígenas respondería a un cambio en el sector minero. “Hace un año la consigna era que no importaban los costos [financieros, ambientales, sociales y tecnológicos] si los precios estaban altos; ahora los cuatro costos se han incrementado, hay más conflictos, más exigencias ambientales y mayor precio de la tecnología. Hay cierta incertidumbre, caen algunos precios y las empresas tienen más precaución”, explica López Follegati.

Proceso de formalización minera

A lo anteriormente anotado en Plazos para la minería informal  añadimos que en virtud a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1105 _publicado el 19 de abril del 2012 _ se estableció las Disposiciones para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal, con el objeto establecer normas complementarias para implementar el proceso de formalización de la actividad minera informal de la pequeña minería y de la minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas actividades a nivel nacional;en este contexto los titulares de las concesiones mineras tenían inicialmente un plazo para presentar la declaración de actividad minera informal en el área de su concesión hasta el 17 de Julio del 2012.

Mediante Ley N° 29910, se estableció un plazo adicional de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del 06 de Setiembre del 2012 para que los sujetos de formalización, cumplan con presentar la Declaración de Compromisos, con el objeto de acogerse al marco del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

Con fecha 05 de febrero del 2013 se dio el Decreto Supremo N° 001-2013-MINAM ampliando el plazo a los sujetos materia de regulación para presentar el “instrumento de Gestión Ambiental Correctivo” ante el correspondiente Gobierno Regional hasta el 05 de octubre de 2013. 

Asimismo, según lo dispuesto por el Decreto Supremos 003-2013-EM, dada en la misma fecha que el instrumento legal precitado,05 de febrero del 2013, los sujetos a la norma deberán cumplir con presentar hasta el 5 de setiembre de 2013 la acreditación de titularidad , el contrato de cesión y el acuerdo o contrato de explotación que tengan sobre la concesión minera. 

De otro lado, también deberán presentar la acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial hasta el próximo 16 de setiembre del 2013, en tanto que la autorización de uso de aguas se podrá acreditar hasta el 25 de setiembre del 2013.

Sin perjuicio de la precisión de las fechas establecidas :05,16 ó 25 de Setiembre del 2013  o eventualmente el mes siguiente 05 de octubre del 2013, se hace evidente que el presente año 2013 se torna crucial para ver el cumplimiento del ordenamiento legal vigente peruano para formalizar a la minería ilegal.

De no lograr su objetivo, es muy probable que exista un crecimiento exponencial de esta ilícita actividad en el país, pues el desborde de las leyes tendrá que ser regulada con los instrumentos pertinentes como son la interdicción y represión en contra de los sujetos que se colocaron fuera del proceso y en consecuencia continúan en flagrante ilegalidad.

Una adecuada política de Estado sobre el particular es necesario que se internalice en el país de cara a la administración de futuros gobiernos, a efectos de armonizar el crecimiento y desarrollo de la sociedad peruana en general.

Gobierno peruano declara de interés nacional lucha contra la minería ilegal

La agencia de noticias oficial peruana ANDINA, difundio que el gobierno ha decidido declarar de interés nacional la lucha contra la minería ilegal en todo el territorio nacional, informó hoy (16/11/2011) el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

“De esta manera, todos los sectores involucrados deberán desplegar sus esfuerzos para combatir actividades ilegales que dañan nuestro medioambiente y se introducen en zonas de reservas naturales por lo que tenemos que ponerle un alto”, consideró.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal genera más de 1,000 millones de dólares al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún genera canon minero en beneficio de Perú y sus regiones.

El presidente del Comité Aurífero de la SNMPE, José Miguel Morales, precisó que de dicho monto alrededor de 750 millones de dólares están ligados a la explotación informal de oro.

En la actualidad se realizan actividades de extracción ilegal de minerales en 13 regiones, entre las cuales están Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.

También se estima que más de 100 mil personas están involucradas en la minería ilegal, y mujeres y niños son sometidos a un trabajo forzoso por los promotores de la extracción ilegal de minerales.