Seguidamente, presentamos la opinión especializada del consultor socio ambiental Felipe Injoque Espìnoza, sobre el conflicto social en Pichanaki :
"El conflicto social desatado en Pichanaki a raíz del paro del 09 de
febrero (2015), con la secuela de violencia lamentable, es un tema que ha despertado
mucho interés desde varias aristas en las redes sociales, como la referida al
rol del Estado, la referida al comportamiento de la empresa o la orientadas a
satanizar el comportamiento de algunos líderes sociales involucrados.
Sin embargo es importante también poner en perspectiva que este es un Lote
concesionado por el Estado para exploración por hidrocarburos. Es el Lote108,
que abarca Junín, Pasco y Ayacucho, con más de 300 km de largo, en el cual la
empresa ha focalizado su interés en la zona norte, lejos de la conflictiva zona
del VRAE y donde Pichanaki ha sido un punto logístico para acceder a sus áreas
de mayor interés.
En los días que han pasado, en las noticias, la empresa Pluspetrol ha sido
ampliamente entrevistada, por lo que se puede tener claridad en cuanto a sus
planes de negocio y la orientación del trabajo que han realizado, así como el
foco de interés que tienen. No está claro sin embargo, el como han actuado con
respecto a los líderes que han desarrollado el conflicto, para poder hacer un
símil con otros conflictos. Pero estoy seguro que han trabajado con la gente en
muchos sitios, donde no hay molestias, sino todo lo contrario, apoyo a su
proyecto y conocimiento apropiado debido a un proceso de consulta ciudadana
realizado por la empresa.
Porqué entonces un punto en el mapa, como Pichanaki, que para Pluspetrol es
un punto logístico, se convierte en un problema social o más bien sociopolítico.
Porque Pichanaki no es una comunidad campesina, no es una comunidad indígena,
sino una población o ciudad con muchos años de historial de ser un lugar donde
existe desorden, por decir lo menos y donde las oportunidades para hacer
negocios fuera de la ley, permiten el florecimiento de clanes que no son
precisamente aliados de la formalidad de una empresa como Pluspetrol y otras.
También está el hecho de que al sur del Lote, como se ha mencionado está
presente uno de los enclaves cocaleros, que también está seguramente buscando
evitar que la formalidad se acerque a su zona, con lo que encontraríamos
causales de interés para generar conflictos.
Entonces debemos colegir que ante una situación de esta naturaleza, la
estrategia de una empresa extractiva, que está en etapa de exploración no es la
estrategia que pueda responder a un escenario complejo, como el planteado.
Relaciones comunitarias solamente, o agreguemos también Relaciones Públicas, no
puede ser sino un brazo formal de una estrategia de la empresa mucho más amplia
que no conocemos, pero que por las evidencias, probablemente no se está
manejando adecuadamente aun.
Hace unos años tuvimos oportunidad de ver un proyecto hidroeléctrico en una
zona de características similares y un operador muy grande cuya estrategia
abordó una alianza con el Estado y un manejo social muy estrecho en la zona
tanto cercana como en el ámbito macro del proyecto, con resultados muy
positivos, al no haberse creado ningún conflicto durante su desarrollo.
Claramente un enfoque distinto seguramente debido a que mientras en el caso de
Pluspetrol, se está ante un tema de riesgo de exploración, en el otro era la
construcción de una infraestructura hidroeléctrica, con todo seguro en el
futuro, por lo que asegurar la variable política o socio política es clave.
Seguramente veremos a Pluspetrol enrumbando hacia una estrategia similar
conforme el proyecto aterrice sus reservas y el nivel de inseguridad y riesgo
baje, afianzándose la inversión en el largo plazo.
Tierra y Agua
A la luz de la continua aparición de
temas periodísticos referidos a Pluspetrol y los nativos, a Pichanaki o el tema
ambiental, se puede apreciar que el tema que ahora está en el tapete es el de
propiedad y el de agua, que como dice un dicho, es causal de violencia.
Parecería que hay una secuencia articulada
de acciones de las comunidades nativas de Loreto por el Lote 109 (antes Lote
1AB), a continuación de la que las organizaciones sociales de la Selva Central
(Lote 108). Primero por un tema que produjo la caída de un ministro y que ahora
devela el interés que subyace en la lucha social emprendida. Analicemos pues la
agenda tierra y agua, que parece sugerirnos esta secuencia de hechos y veamos
hacia adonde apunta y quienes están involucrados.
Para nadie es desconocido que nuestro
país (Perú) nació de la independencia de una colonia española, la cual se implantó
sobre una cultura autóctona milenaria que en el momento de la conquista estaba
en su fase llamada panperuana tardía, con la expansión del imperio incaico.
Luego de tres siglos de colonia, en la cual la corona española reconoció
títulos a las Comunidades de Indígenas, como lo atestiguan los Garashipos en
cuero de oveja que mantienen algunas comunidades muy antiguas en la sierra, la
naciente patria peruana, desconoció títulos españoles y cambió radicalmente el
trato y reconocimiento a los indígenas, propiciando que durante una centuria
hasta la Constitución de 1920 crecieran las haciendas y latifundios a expensas
de los terrenos comunales, antiguamente reconocidos por la colonia. Desde 1921
que se crea la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, muchas de estas
antiguas comunidades de indígenas fueron registrándose y volviendo a adquirir personería jurídica, mediante
un representante o personero que actuaba de interlocutor con las autoridades de
la república. Si leemos a Scorza y estudiamos el tema, efectivamente las
Comunidades fueron elevando su voz en una guerra silenciosa por lograr el
reconocimiento a sus antiguos títulos de propiedad. Finalmente explotó la lucha
a fines de los cincuentas y comienzo de los sesentas, con masacres y
enfrentamientos cruentos entre comunidades y autoridades, lo cual propició el
crecimiento de la ideología de izquierda reinvindicativa, que se calzó en la
ancestral lucha por las tierras de las comunidades campesinas, de forma similar
al proceso de sincretización religiosa que se dió durante la colonia.
En Lima siempre mirando al mar y hacia
afuera del país, muchas veces ni se veía todo este proceso interno cargado de
dolor, de resentimiento, que dificultaba la viabilidad del país. En este
proceso social las postergadas comunidades exigieron con creciente fuerza una
mayor presencia en la vida política del país y una agenda paritaria con el
sistema. Los hitos que hicieron posible su crecimiento fueron las luchas de los
sesentas, la revolución de 1968, la llegada del aprismo en 1985 al poder y la
aprobación de la ley de deslinde y titulación de tierras comunales, así como
luego la ley de tierras de 1994 que prácticamente limitó la posibilidad de
expropiar tierras con fines mineros.
Este proceso de igualación dió pie a que en la década de los 2000, se
presentaran con mayor fuerza y evidencia los procesos de conflictividad
socioambiental que ahora tenemos constantemente en agenda.
Ahora ¿nos sorprende que en la Selva
los nativos de las comunidades quieran lo mismo?, cuando ellos fueron
postergados por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 con
una inclusión incompleta en el proceso de titulación de tierras, dejando la
gran mayoría de sus tierras como propiedad del Estado, para concesiones
forestales o petroleras. ¿Coincidencia que los principales conflictos con
nativos se han dado con el tema forestal en Bagua y con temas extractivos de
minería y petróleo ahora? Creo que bajo esta perspectiva, la agenda está clara,
los amigos líderes comunales de la sierra, después de exitosa labor durante 20
años, están apoyando a las comunidades nativas, marginadas en la legislación de
los setentas.
La agenda del agua, contaminación,
daño ambiental, es agenda común de presión que todas las comunidades utilizan
para reclamar sus derechos, el cual analizamos brevemente a continuación.
En el caso del lote 108, se menciona
en el Comercio el vertimiento de agua de perforación por años, con altos
contenidos salinos, los cuales han dañado el ecosistema que da sustento a los
nativos y que motiva el reclamo indemnizatorio que hacen conjuntamente con el
reclamo de retribución por el uso de las tierras.
Cual es el tamaño del pasivo del
Estado que no se sincera y aunque la OEFA viene sancionando a Pluspetrol, no se
menciona el daño actual proveniente de los pasivos de Petroperú, que no tienen
a quien ser asignados. Creo que el
Estado, la OEFA y la autoridad ambiental no se puede poner en la posición de
fiscalizador de lo que el mismo Estado ha creado en tiempos en que no existía
la legislación ambiental. Porqué no afronta el tema como en otros países
financiando la remediación y lo necesario para recuperar las áreas dañadas, en
vez de querer endosar a Pluspetrol o cualquier empresa su enorme parte en la
responsabilidad.
Creo que el Estado tiene una enorme
cuenta que saldar y no lo hará con la clásica política de avestruz para lo que
quiere esconder como su responsabilidad por lo realizado por Petroperú en el
tema ambiental y social y la de atropellar cuando quiere hacer lo que le da la
gana, como el querer volver a que Petroperú sea operador. Todavía recuerdo años
atrás a fines de los ochentas e inicios de los noventas a funcionarios de
Petroperú cuando querían entrar al Parque Nacional del Manu para promover un
lote, con argumentos de que por unos cuantos nativos, animalitos y plantitas no
se puede parar el desarrollo. Esa forma de pensar tiene que ser erradicada del
Estado para mirar al futuro con viabilidad, que solo puede nacer de la equidad
con los hermanos nativos, con la maravillosa naturaleza amazónica con que hemos
sido privilegiados como país.
Yo creo que es hora que las empresas
petroleras, forestales y otras sean aliadas del desarrollo de la mano con las
poblaciones y no contra las poblaciones, cuidando la naturaleza, internalizado
su costo y no externalizándolo como se
ha venido haciendo desde que los antiguos Bandeirantes asolaron la amazonía de
Maynas en la época de las primeras misiones y colonización en plena colonia
española. Qué clase de negocio es uno que genera bien estar fuera de la zona
donde se genera y luego no tiene fondos para cubrir el daño creado por la
externalización ambiental y social realizada.
Las comunidades nativas bien
asesoradas por los exitosos líderes de las batallas ganadas en las comunidades
campesinas, vuelven a ser las comunidades de indígenas que artificialmente se separaron y lucharán sin duda por años para lograr equidad. Es hora de darnos
cuenta y no rasgarnos vestiduras sin ver la pintura completa, como de alguna
forma estamos tratando de mostrar. Hay una agenda pendiente que debe ser
trabajada para que el país sea viable en el largo plazo. Ahora todos somos
peruanos, pero no podemos despreciar nuestro pasado, nuestra antigua sociedad y
poblaciones ancestrales. Debemos igualar como dice la Constitución a estos
compatriotas que fueron marginados por un sistema que no viene al caso juzgar,
debemos mirar adelante, dialogar, corregir, respetar y crear condiciones para
el bienestar de ellos y del resto del país, pero con su participación.
El Paradigma de la Propiedad Comunal
Un tema a investigar para tener claridad en el caso de Pichanaki, en la
Selva Central, Lote 108 y en Loreto, Lote 109, donde Pluspetrol se ha
convertido en un motivo o detonante de una lucha mucho mayor de reclamo al
Estado, es el de propiedad comunal en la Amazonía.
Los conceptos han sido manejados de distinta forma a los aplicados en el
resto del país, porque la Amazonía no dejó de verse como una frontera a
conquistar, tanto por un Estado lejano en su modelo costeño y de latifundio
durante muchos años de la historia republicana, como por la Iglesia, que
consideraba a los nativos como un objetivo de evangelización y no solo la
Iglesia Católica, sino también de otras confesiones más recientemente.
En lo que a propiedad se refiere hubo una política de colonización durante
la república que inicialmente persiguió a los nativos como mano de obra, lo que
se agudiza en la época del caucho y fue práctica común bajo la idea de
culturizarlos, catequizarlos, pero no se habló de propiedad de los nativos,
porque por el lado del Estado era una frontera y por el lado comunal, su estilo
de vida silvestre impedía que formaran parte de la nación en términos de
ciudadanía por lo que no poseían derechos. Ya luego de la Constitución de 1920
que inicia un proceso de reconocimiento a las Comunidades de Indígenas y luego
durante el gobierno revolucionario de fines de los sesentas, se legisló sobre
comunidades nativas y se promovió los asentamientos, que impulsó durante varios
gobiernos la titulación de comunidades nativas solo en relación a sus poblados
con el objetivo de asentar a poblaciones de costumbres itinerantes en un amplio
territorio comunal, que fue considerado como territorio del Estado, susceptible
a concesiones.
Mientras en la selva baja se configuraba un trato en base a concesiones
forestales, concesiones petroleras, básicamente, en la selva alta una mayor
densidad de ocupación y presencia de colonos que llegan desde la sierra y desde
el exterior, configura un modelo de transición en el que se da la propiedad y
un registro predial, dentro del marco jurídico nacional, como es en la zona de
la Selva Central, pero también se dan comunidades, también se dan concesiones,
según la accesibilidad y la densidad de ocupación.
Una mirada en perspectiva nos proporciona más claridad para entender el
fondo de esta conflictividad que se da en poblaciones que, si bien no han
tenido un registro de conflictividad muy evidente, aparecen en "Historia
de la Gobernación y Comandancia General de Maynas" de Waldemar Espinoza,
donde los Huambisas y los Aguarunas tuvieron tempranas rebeliones a inicios de
la República.
Finalmente como escribió Adam Kahane en "Como Resolver Problemas
Complejos", el planeamiento por escenarios, basado en el estudio y
análisis más amplio, como el esbozado, permite aproximaciones que lleguen a
reconocimientos y consensos evitando conflictos innecesarios".
