¿42% de proyectos mineros parados?

En el marco de la 51 edición de CADE (2013) que se viene realizando en el balneario de Paracas, al sur de la capital de la República Peruana _ Lima; ayer le tocó el turno al sector minero, donde se pidió al Gobierno y al sector privado un verdadero compromiso para destrabar el 42% de proyectos mineros que están paralizados por los innumerables conflictos sociales y la engorrosa carga burocrática que demora los permisos.

Sobre la causalidad, se dicen muchas cosas, que coinciden en el hecho que hemos perdido competitividad en el sector. Tanto la fluctuación de los precios internacionales de los commodities, en el frente externo y ; en el interno, la calidad multidimensional de las variables que intervienen, dificultan la reacción del ejecutivo y el tiempo-respuesta en las decisiones de gobierno y las consecuentes acciones, generan mayores expectativas e incertidumbres de cara al futuro.

Un tema medular es referido a las protestas sociales de poblaciones que demandan mayores recursos para los programas sociales a efectos de impulsar la inclusión en el país. Este punto neurálgico, toca derechos civiles, entre otros, que afectan directa e indirectamente los procesos  para poner en marcha los proyectos mineros.

Correlación entre crecimiento de economía y distribución de pobreza

Es de vital importancia analizar la incidencia de los programas sociales en el desarrollo humano, y se aprecia que algunos programas sociales ya cumplieron su ciclo y se encuentran desfasados de la realidad peruana.

El presupuesto asignado a los programas sociales crecieron, sin embargo la disminución de la pobreza no guarda proporción  en números con el aumento presupuestal. El presupuesto nacional aprobado para el 2014 supera los S/118,934 millones de nuevos soles que implica un crecimiento nominal de 9.7% en comparación del 2013 y que sin duda alguna alcanza al presupuesto de los programas sociales.

Ta vez sea necesario darle un nuevo enfoque a los programas sociales para mejorar los esfuerzos que realiza el Estado.

Fondo de Cooperación para el desarrollo Social_FONCODES , es un ejemplo de institución que corresponde a una realidad del inicio de la década de los años noventa del siglo pasado y que los gobiernos de turno mantienen a la fecha por el tema del clientelaje político más que por razones de eficiencia en la "inversión o gasto social" en las regiones de tradición minera en el país.

Esta muestra mencionada, explica de algún modo el resultado del último informe sobre desarrollo Humano, Perú 2013, " Cambio Climático y Territorio : Desafíos y respuesta para un futuro sostenible, del Programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD).

En este documento se indica que el mayor avance en desarrollo humano (crecimiento superior al 50%) del último decenio (2003-2012) se ha registrado en las zonas selváticas cocaleras y donde se desarrolla la minería ilegal del país.

Temporalidad del gasto o inversión social

En Perú, se continúa con el sesgo de mantener un estado de situación "temporal" o "coyuntural" en forma prolongada en el tiempo, desvirtuándose la misión, visión y fines para los que fueron creados determinados programas.

El programa JUNTOS (creado el año 2005) que tiene como población objetivo a las gestantes hasta los 19 años, situadas en zonas rurales de extrema pobreza son beneficiarias con doscientos nuevos soles cada dos meses a modo de incentivos para el acceso y uso de servicios de salud_nutrición y educación. Transcurridos ocho (8) años, no se cuenta con una evaluación técnica-científica sobre los resultados del programa.

Se cuentan con datos dispersos que dan cuenta que inicialmente fue un éxito el programa y a medida que el efecto de temporalidad pasó, se desvirtuó en algunas zonas, promoviendo inclusive a que mujeres jóvenes se embarazaran para ingresar al padrón de usuarios del programa.

Otro ejemplo de las distorsiones generadas, es el testimonio de los APUS (jefes nativos) que representan a catorce comunidades nativas del distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, que en el evento realizado en las instalaciones del Congreso de la República_ el día 25 de Noviembre del 2013_ manifestaban que sólo recibían cuarenta nuevos soles de los doscientos previstos. Un funcionario de JUNTOS, indicaba que la región Ucayali estaba en prueba y que por esa razón no les llegaba el 100% de lo previsto como a otras zonas rurales.

El problema de operatividad en el traslado del dinero a cargo de compañías especializadas en el traslado de valores, resultaba compleja y costosa para llegar a las zonas rurales excluidas. El APU, a su vez indicó que el costo que demandaba el desplazamiento desde la zona dispersa de los rios en la amazonía que hacían los beneficiarios, era mayor que el que recibían por lo que pedían una revisión en su caso.

Orígenes de las Protestas Sociales

Algunos investigadores sociales sostienen que los orígenes de las protestas sociales en Perú parten de posiciones económicas antagónicas, que cuando se politizan toman la denominación de Protestas Sociales.

Esta posición no es excluyente, pasa también por la inadecuada comunicación a modo de desatención que llega a la provocación y culmina con la reacción descontrolada de las masas que rebasan a los líderes locales, presentándose situaciones de trágica recordación como el baguazo del cinco de Junio del año 2009.
A mayor abundamiento, podemos citar un caso de actualidad, donde intervienen comunidades nativas, indígenas u originarias del Lago IMIRIA que son afectadas en su derecho por el DS. 006-2010-MINAM (del 16/6/2009) cuya demarcación territorial se encuentra en linea de colisión con las comunidades Shipibo-Konibo del distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali.
El estado formal peruano, no llega a estas zonas para atender las necesidades básicas ( dotar agua para consumo humano, alcantarillado sanitario, salud, educación, electricidad,etc) de la población que son peruanos originarios, sin embargo, una parte del mismo Estado formal llega para multar (mediante la Resolución Directoral N° 591-2013-OSINFOR-DSPAFFS suscrito por un director encargado- nuevamente el tema de la temporalidad) por una supuesta infracción tipificada en los literales i) y w) del artículo 363° del reglamento de la ley Forestal y de fauna Silvestre.
Con este tipo de actitudes se soslaya que el pueblo indígena de la familia lingüística Pano, viva por generaciones en armonía con la naturaleza y sus actividades se desarrollen en el marco de su cosmovisión y propias creencias de no afectar a la naturaleza, porque de ella se sirven y viven.
De otro lado, se acredita una suerte de actitud provocadora que limita su territorio y posterior sanción de multa que les asigna responsabilidad de terceros (esta vez en lugar de mineros ilegales se trata de madereros ilegales por lo que mencionamos a OSINFOR en lugar de OEFA u otra autoridad competente), tratándose de la depredación de los bosques.
Siguiendo esta lógica ¿ se podría colegir responsabilidad compartida por acción o inacción con funcionarios de la autoridad competente sobre las miles de hectáreas deforestadas de bosques cada año en territorio peruano?. La burocracia estatal no opina sobre el fondo de este tema.
Hechos como el comentado, exacerban los estados de animo para una adecuada comunicación y perjudican a las inversiones, y con ellos no solamente a proyectos mineros, sino a proyectos de otros sectores.

En consecuencia

Para poder destrabar y poner en marcha los proyectos postergados en el país, se necesita además de llegar a un punto de equilibrio en temas económicos, sincerar la actuación de los programas sociales, aplicar el diálogo horizontal sobre la imposición de un derecho formal, buscando fortalecer capacidades locales de los administrados, de modo tal que la autoridad real nacional no tenga oposición en el propio estado del nivel regional o local que se vean tentados a violar el principio de legalidad por supuestos abusos de los derechos civiles por parte de funcionarios del gobierno central o del sector privado.

Aporte minero a regiones_2012

El aporte del sector minero al desarrollo sostenible de las regiones donde se explotan recursos minerales, asciende a 5.522'610.234 nuevos soles, en lo que va del año , informó la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. (Andina)

Dicho aporte comprende las asignaciones y transferencias que realizó el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otros organismos, por concepto de canon minero, regalías mineras y el derecho de vigencia, a los gobiernos regionales y gobiernos locales, en cumplimiento de la legislación vigente.

La región Áncash donde se encuentran localizados centros mineros como Antamina, recibió un total de 985 millones de soles, cifra que supera a la del año anterior que fue alrededor de 791 millones de soles.

Con Cerro Verde y otros proyectos de minería metálica y no metálica, Arequipa se mantiene en segundo lugar y ha tenido un aporte de 802 millones de soles, aproximadamente, mayor al que tuvo el año anterior que fue alrededor de 759 millones de soles.

Cajamarca es el tercer beneficiado

Cajamarca,históricamente vinculada a la explotación del oro y otros metales, se ha mantenido en el tercer lugar al ser receptora de 575 millones de soles por los conceptos mencionados.

El aporte para La Libertad fue de 564 millones de soles; Moquegua (322 millones de soles); Ica (389 millones de soles); Cusco (380 millones de soles); Tacna (368 millones 614 mil soles); Puno (363 millones 226 mil soles), Pasco (216 millones 625 mil soles); Lima (197 millones 690 mil soles) y Junín, (121 millones 640 mil soles), entre otras regiones.

El canon minero es la participación a la que tienen derecho los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de los recursos minerales, tanto metálicos (cobre, oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, estaño, tungsteno) como no metálicos (caliza, fosfatos, carbón, yeso, mármol, sal común). Dicho canon está formado por el 50 por ciento del Impuesto a la Renta que obtiene el Gobierno Central a través del MEF, y que pagan los titulares de la actividad minera por la explotación o aprovechamiento de los recursos minerales.

Facultades del canon minero 

La distribución del canon entre los gobiernos regionales y locales se realiza de acuerdo a los índices que fija el MEF, en base a criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. Los recursos provenientes del canon, así como los de la Regalía Minera, se deben utilizar en la ejecución de proyectos de inversión pública destinados a brindar servicios públicos de acceso universal y que generen beneficios a la comunidad. Asimismo, los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden utilizar hasta un 20 por ciento de los citados recursos para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de impacto regional y local.

Calidad y oportunidad en el gasto

Citando una frase del científico Albert Einstein trataremos de describir el actual panorama de uso de los impuestos provenientes del recurso minero en Perú:

No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo.

El estudio “Distribución y Utilización de los Recursos del Canon,Sobrecanon, Focam y Regalía Minera en el Perú – Período 2011”, elaborado por la Contraloría General de la República, determinó que, los gobiernos regionales y Locales contaban con un fondo ascendente a 15,344 millones de Nuevos soles provenientes del canon, sobrecanon, regalías, Focam, rentas de aduanas y participaciones, pero solo utilizaron cerca del 60%.
Del mismo modo, se identificó que algunas entidades no priorizaron obras o proyectos de infraestructura que atiendan las necesidades de la población, que es el propósito del dinero del canon, sino que utilizaron esos recursos de forma ineficiente o para realizar pagos indebidos.
Esta deficiencia es recurrente y se viene arrastrando de años anteriores,constituyéndose una importante causa de conflictos.
En Junio del año 2008 , se presentó un conflicto por la distribución del canon minero entre Moquegua y Tacna; lo cual se mantiene en el tiempo en el extremo de la eficiente distribución y utilización del precitado fondo,evidenciando que la redistribución de las riquezas generadas por el tema minero constituye un asunto aún pendiente por resolver en la administración del Estado peruano. 

De otro lado, se tiene casos como el sucedido en Junio del 2011 en las protestas en Huancavelica, donde se presento tres muertes por la creación de una Universidad_sin presupuesto_que afectaría fondos distribuidos por canon minero que corresponde para universidades existentes.

Los años subsiguientes se presentaron situaciones conflictivas en Puno, Andahuaylas, Cusco, Cajamarca, entre otros,donde los líderes locales asumen posiciones maximalistas de "No a la Minería" por considerar que no están usufructuando de los beneficios que generan las actividades mineras en sus respectivas localidades.

En Mayo del 2012, se registraron en Espinar_Cusco cuatro victimas en las protestas antimineras y a la fecha _ 4 de Julio del 2012_igual número de víctimas se vienen produciendo en el conflicto  en Cajamarca.
Los conflictos sociales, socioambientales y la posición antiminera en Perú continuarán en su tendencia creciente si es que no se revisa y actúa en el tema de la calidad y oportunidad del gasto en áreas de tradición minera y en territorios de nuevas concesiones de proyectos mineros.

Watergate peruano & Mineria

Una razón importante en el incremento de la conflictividad de la sociedad peruana que perjudica directamente a la industria minera es la corrupción que inficiona y penetra en el manejo de la cosa pública. Un clamor popular  es la implementación de servicios básicos como el agua para consumo humano y desagüe en áreas con tradición minera y en aquellos lugares donde se presentan las concesiones de nuevos proyectos mineros.
Los aportes mineros contribuyeron decididamente a que en el periodo 2006-2010 se invirtieran aproximadamente cinco (5) billones de nuevos soles para mejorar la calidad de agua y disponer adecuadamente las aguas residuales, sin embargo, las protestas sociales de poblaciones cercanas a proyectos mineros persisten ante una ausencia o deficiencia de estos servicios básicos.
El hecho generó dudas a cerca de la adecuada distribución de los recursos y sérias interrogantes del porqué funcionarios del Estado se disputan el control de los proyectos que se van a financiar con el dinero del tesoro público, parte del cual es producto de los impuestos generados por el sector minero formal.
Prosiguiendo con esta metodología de repartición, la administración actual del gobierno, a través de su Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) indicó que transferirá un total de S/. 329.6 millones a municipalidades distritales de todo el país, que se destinarán a la ejecución de 91 proyectos de agua potable y alcantarillado así como de pistas y veredas. Para tal efecto, el MVCS suscribió 91 convenios con los alcaldes de los "distritos beneficiados".
Detalles que rodearon a esta peculiar forma de negociar la priorización de "poblaciones beneficiarias" es ilustrada por IDL-Reporteros  con la presentación de una escucha telefónica o espionaje electrónico a un alto funcionario de la administración actual del país que explica ,de algún modo, las delicadas actividades realizadas al interior del MVCS.
Primera escena

El chuponeo

La fecha fue el viernes 6 de enero de este año, 2012. El lugar, el tercer piso del ministerio de Vivienda. Dos visitantes ingresaron a las oficinas del viceministro de Construcción y Saneamiento, Enrique Juscamaita, que los esperaba. Uno de los visitantes era un coronel en retiro de la Policía y el otro traía un equipo de “barrido”, para detectar micrófonos y otros equipos de ‘chuponeo’ electrónico.

La misión de los visitantes era detectar si el viceministro Juscamaita estaba siendo sometido o no a espionaje electrónico.

Pero ¿quién querría chuponear al viceministro?

Juscamaita había asumido el cargo el 5 de agosto de 2011, pero –como sucede con algún otro viceministro – parecía ser bastante más que eso… o, por lo menos, eso se pensaba.

Juscamaita había sido hasta hace poco uno de los colaboradores más próximos a la pareja presidencial.

Fue nada menos que jefe de campaña de Ollanta Humala y Gana Perú en Lima y Callao en las últimas elecciones presidenciales; y además, responsable de organización de Lima Metropolitana.

Pero además, Juscamaita fue desde setiembre de 2006 el coordinador general de la ONG Promoción de la Identidad y Desarrollo Nacional del Perú (Prodin), creada por Nadine Heredia. Durante los cinco años siguientes, los del gobierno de Alan García, Juscamaita trabajó muy cerca de la familia Humala-Heredia, en la doble función de organizador del partido y la ONG.

Al lado de esos pergaminos, su jefe, el ministro de Vivienda René Cornejo, tenía otros que quizá le interesaba poco exhibir: había sido miembro del equipo de Plan de Gobierno de la candidatura de PPK y tenía el tipo de perfil irresistible para los PPKuys: fue funcionario gubernamental y consultor privado en los gobiernos de García, Toledo y también en el de Fujimori.

Su presencia en el gabinete obedecía, según dijo Humala a algunos visitantes, a la enfática recomendación del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Pero, pese a la ascendente estrella de este, la trayectoria previa del ministro de Vivienda y de su viceministro era suficiente como para que aquél sintiera al comienzo que su sillón se asentaba sobre bases más bien precarias.

Quizá por eso, la relación entre Cornejo y Juscamaita nunca fue fácil pese a que éste, según la mayor parte de las muchas fuentes consultadas por IDL-R para esta nota, se esforzó por “llevar la fiesta en paz”.

Pero no había paz en la fiesta. Y una incómoda sensación de ser vigilado, de que se sabía lo que hablaba en su oficina, llevó a Juscamaita a aceptar el consejo de unos asesores de confianza y hacer el barrido en su oficina.

Los micrófonos

La oficina de Juscamaita estaba a pocos metros del despacho del ministro René Cornejo. Se llegaba a través de una recepción amplia donde estaban sus dos secretarias, Omar Sandoval y Luzmila Arenas. Había también otras dos oficinas que ocupaban sus asesores, una sala de reuniones y el despacho viceministerial.

El barrido electrónico empezó a las 4 y 30 de la tarde. Luego de un rato de búsqueda, el rastreador detectó un micrófono.

Había sido colocado detrás de un cuadro colgado en la pared, sobre el escritorio de Juscamaita. ¿Podía ser una herencia de otros gobiernos, para vigilar lo que pasaba y dejaba de pasar en ese ministerio de alto presupuesto, de mucho gasto e inversiones?

El problema es que ese cuadro era el retrato de una Virgen, que le había sido obsequiado a Juscamaita apenas dos meses atrás por un paisano de Ayacucho. El micrófono, había sido colocado hace menos de dos meses.

Poco después, los técnicos –cuyo trabajo era seguido con absorto interés por los funcionarios del despacho viceministerial–, encontraron un segundo micrófono, escondido dentro del equipo de aire acondicionado de la oficina de Juscamaita. A los minutos hallaron un tercero debajo del asiento de la secretaria Omar Sandoval, a quien el hallazgo le provocó el llanto. La otra secretaria, Luzmila Arenas, lucía desconcertada.

A la vez, un técnico en sistemas revisaba la computadora de Juscamaita porque su cuenta personal de correo electrónico estaba bloqueada. Según el especialista, la cuenta había sido hackeada.

Había un inquieto movimiento en la oficina. Los asesores que estuvieron ese día son Óscar Butteler, entonces asesor del programa Agua para Todos destacado al despacho del viceministro; el arquitecto Carlos Carbajal, director de proyectos de la Dirección Nacional de Construcción; y el conserje asignado al despacho del viceministro.

Amparo Miranda, jefa de gestión social de proyectos de Sedapal; y Bartolomé Cueva, del equipo de asesores del ministro, llegaron cuando el barrido ya había concluido. Eso sí, alcanzaron a ver los tres micrófonos sumergidos en vasos con agua.

Cueva le pidió a Juscamaita que los técnicos hicieran un barrido rápido en su oficina. No se encontró nada.

La pesquisa terminó alrededor de las 6 de la tarde. Los micrófonos fueron guardados por Juscamaita como prueba y uno de los técnicos elaboró un informe.

Segunda Escena

Informes

Pasado ese fin de semana, Juscamaita fue al despacho del ministro Cornejo y le informó sobre el chuponeo. Este, según refirió el propio Juscamaita a IDL-Reporteros, no pareció sorprendido.

“¿Quién más sabe de esto?” recuerda Juscamaita que le preguntó Cornejo, quien añadió que iba a hacer analizar el hecho. El viceministro le entregó uno de los micrófonos hallados en el barrido. Y se quedó con los otros dos.

Pocos días después, el jefe de la Oficina General de Administración (OGA), Roberto Sala, dirigió un segundo “barrido” en el despacho del viceministro, pero no encontró nada.

Hasta donde IDL-Reporteros ha podido conocer, no se hizo ninguna investigación interna para saber quién colocó los tres micrófonos en la oficina de Juscamaita. Tampoco intervino la Fiscalía y la Procuraduría.

IDL-Reporteros intentó contactar al ministro Cornejo repetidas veces, a través de su secretaria y de su encargado de prensa. El ministro mandó decir finalmente que no iba a hablar.

Tercera escena

La purga

El hecho es que el chuponeo descubierto deterioró aún más una ya tensa relación entre el ministro y el viceministro de Vivienda.

Según diversas fuentes bien informadas (que insistieron en la reserva de identidad), la designación de Juscamaita como viceministro, por orden expresa de Humala, no le cayó nada bien a Cornejo, quien tenía en mente a otra persona para el cargo.

Cornejo había armado un equipo de funcionarios públicos que venían de la gestión aprista y otro tanto de ProInversión, donde fue director ejecutivo entre 2004 y 2007.

Puso como jefe del gabinete de asesores a Jesús Vidalón, viceministro durante la gestión de Garrido Lecca en Vivienda; y a Rafael Donaire, actual secretario general, que ocupó el mismo puesto cuando Rosario Fernández fue titular de Justicia.

Desde el principio fue evidente el choque de visiones entre Juscamaita y Cornejo. “El viceministro tenía una propuesta sobre las políticas públicas que había que tener, pero estas no estaban en la agenda del ministro “, refiere una de las fuentes consultadas por IDL-R.

Desde septiembre, la relación entre ambos se hizo tirante. El ministro ordenó a Juscamaita que despidiera a algunos de los funcionarios que trabajaban con él. A la vez, Cornejo no le permitió a Juscamaita sacar a un grupo de funcionarios sobre los que este tenía sospechas de corrupción.

Poco después, Juscamaita se encontró con que no podía hacer ningún cambio.

Las cosas se agravaron después del chuponeo, cuando Cornejo le exigió al viceministro que despida a Óscar Butteler, un asesor del programa Agua para Todos.

“Cornejo le recortó [a Juscamaita] su campo de acción como viceministro”, confirmó una de las fuentes.

Poco después, resultó que todas las actividades de Juscamaita debían ser previamente comunicadas y aprobadas por Cornejo. Además, dice uno de los funcionarios del despacho, Cornejo ordenó ser informado hasta sobre las personas que visitaban al viceministro.

A estas alturas, hacia febrero y marzo de este año, era obvio que el ex integrante del equipo de plan de gobierno de PPK tenía mucha más fuerza política en el gobierno de Ollanta Humala que el ex jefe de campaña en Lima y Callao de Gana Perú.

Juscamaita recuerda que en una reunión en la que estuvieron presentes algunos asesores, el ministro dijo que “todos los viajes van a ser concordados con el jefe de prensa; nadie viaja [así] sea el vice ministro. A partir de ahora yo voy a controlar tanto los viajes al interior como los viajes al exterior; y los proyectos que se aprueban para financiar”.

Racismo

Algo que coincidieron en mencionar la mayoría de fuentes consultadas para este reportaje, es que Cornejo no tenía reparos en referirse a Juscamaita con desprecio delante de funcionarios del ministerio, incluso de asesores de confianza del propio viceministro. “A Juscamaita lo trataban de indio de mierda”, indicó una fuente a IDL-R. El propio viceministro Juscamaita recuerda que se le refirió ese tipo de comentarios en más de una ocasión.

Según pudo conocer IDL-R, en octubre pasado Cornejo hizo un primer intento para deshacerse de su viceministro. Se reunió con Salomón Lerner, entonces presidente del Consejo de Ministros, para pedirle la salida de Juscamaita. Lerner le habría dicho que eso no era posible.

El presidente no lo recibe

El 9 de enero, dos días después del barrido electrónico en su oficina, Juscamaita pidió una cita con Ollanta Humala a través de dos de sus secretarios. No obtuvo respuesta.

¿Por qué Juscamaita no denunció el chuponeo ante la Fiscalía?, preguntó IDL-R a distintas fuentes vinculadas con los hechos. “No hizo ningún informe interno ni denunció porque no se quería generar un escándalo que perjudique al gobierno”, explicaron.

Final a la mala

El miércoles 18 de abril el ministro Cornejo convocó a Juscamaita a su despacho. Cornejo le dijo que había hablado con el presidente Humala sobre “un run run” sobre corrupción del viceministro en su gestión y que la decisión de botarlo del puesto ya estaba tomada.

“¿Ya hablaste con el Presidente?”, preguntó Juscamaita. En efecto, respondió Cornejo y le pidió la renuncia.

Juscamaita se negó a hacerlo y durante los dos días siguientes buscó hablar con el Presidente, sin conseguirlo.

El 20 de abril salió publicada, en el diario El Peruano, la resolución suprema que daba por concluida su designación como viceministro. Estaba fechada el día 19 y firmada por Ollanta Humala junto con Cornejo.

Apenas salió Juscamaita se desencadenó la purga de los funcionarios que llegaron con él.

Los que estuvieron durante el barrido electrónico fueron despedidos o reasignados a otras oficinas. Sus dos secretarias y el conserje fueron cambiados a otras oficinas de Vivienda. Omar Sandoval, por ejemplo, fue trasladada a una sucursal en el Callao, sin previo aviso.

Quizá el caso más extremo y revelador sea el de Amparo Miranda, quien entró a trabajar a fines del año pasado a Sedapal. Miranda trabajó junto con Juscamaita al lado de Nadine Heredia en la ONG Prodin, desde 2006 hasta la victoria electoral del año pasado. Miranda, además, es secretaria general del Comité Distrital del partido de gobierno en Surco.

El lunes 23 de abril, la gerente general de Sedapal, Rossina Manche Mantero, le comunicó a Miranda que le había retirado la confianza y que ese era su último día de trabajo. Alrededor de las ocho de la noche le llegó una carta notarial a su casa que confirmaba lo mismo.

El día siguiente, Miranda fue a recoger sus cosas a la oficina, en la Atarjea. Cuando estaba haciéndolo, llegaron miembros de seguridad para sacarla. “La trataron como a una delincuente. No dejaron que termine de arreglar sus cosas”, refiere una fuente cercana. Tampoco permitieron que la camioneta que tenía asignada ese día la llevara a su casa con las cosas que logró sacar de la oficina. La dejaron botada en La Atarjea hasta que un funcionario, conmovido por la súbita desgracia de alguien que había trabajado tan cerca de la pareja presidencial, la llevó hasta su casa.

Resulta difícil explicarse las razones y los modales de esta purga. ¿Hubo una acusación fundamentada de corrupción? Juscamaita afirmó a IDL-R que él no había cometido ningún acto de esa naturaleza en un ministerio cuya limpieza en los últimos años no ha sido precisamente la de un quirófano.

En todo caso, si hay un elemento de corrupción, el Gobierno está obligado a investigarlo y revelarlo.

Es muy probable que una investigación seria encontraría muchas cosas de gran interés. Lo que queda por ver es en qué bando las encontraría.

Virus en el medio ambiente y minería

Un preocupante panorama de retrasos en proyectos de inversiones mineras se viene sucediendo en Perú, dilaciones que simplemente resultan inadmisibles para los intereses económicos y sociales del país.

Una rápida revisión de los proyectos que sufrieron paralizaciones, arroja el siguiente listado:

• Proyecto cuprífero de Las Bambas (Apurímac), a cargo de la Suiza X-Strata, con una inversión de 4.200 millones de dólares.
• Proyecto cuprífero de Quellaveco (Moquegua), de la minera Anglo American, con una inversión de 3.000 millones de dólares.
• Proyecto cuprífero Tía María (Arequipa), del grupo mexicano Southern Cooper Corporation , con una inversión de 1.000 millones de dólares.
• Proyecto argentífero de Santa Ana (Puno), de la Canadiense Bear Creek, con una inversión de 71 millones de dólares.
• Proyecto aurífero Conga, (Cajamarca), que forma parte de Yanacocha, es parte del consorcio de la estadounidense Newmont Mining Company, la peruana Minas Buenaventura y la transnacional International Financial Corporation, con una inversión de 4.800 millones de dólares.

Estos progresivos retrasos de las inversiones mineras en Perú estarían preocupando a una buena parte de inversiones extranjeras representadas por una serie de capitales extranjeros entre las que se encuentran: Glencore y Xstrata (suiza) , Shougang (China) , BHP Billiton (Australia) , Barrick Gold (Canadá) , Southern Copper (México) , Phelp Dodge ,Newmont (Estados Unidos) , entre otros ; asi mismo, la gama de capitales nacionales conformada por grupos como : Buenaventura, Brescia,Letts, etc.
Ya nos habíamos referido al tema en cuestión, cuando hacíamos la pregunta ¿Quíenes pagan los retrasos en los proyectos mineros? y decíamos entonces que los retrasos derivados de conflictos sociales no solamente afectan a los inversionistas, a la administración de turno del  Estado peruano, sino que alcanzan a la propia población excluida de servicios básicos. 

Atendiendo a consultas provenientes de algunos países receptores de exportación minera peruana actual, es que retomamos el tema e intentaremos dar alguna explicación técnica del porqué se produce esta situación que acompaña a los índices de éxitos económicos y crecimiento del país que le permitieron lograr mejoras en grado de inversión.

Una muestra de estos indicadores son las reservas internacionales, las que situaron en US$56,649 millones - al 10 de abril del 2012 - debido al incremento de los depósitos del sistema financiero en US$661 millones y a las compras de moneda extranjera en US$327 millones.
La economía peruana, que paso desde la hiper inflación a la estabilización y actual crecimiento en los últimos tiempos, evidencia el problema de la "justa distribución de las riquezas del país", el cual se agudiza porque hay mas riquezas que distribuir y está en proceso de ver por el mecanismo más adecuado de hacer llegar ese crecimiento económico a los pueblos que no se encuentran insertados en los corredores económicos de la costa peruana.   

La carencia de un organismo sistémico que planifique a nivel nacional su desarrollo en el país, un limitado accionar del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y un  incipiente Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) , creado en el año 2000  y puesta en marcha el año 2005, que no se termina por adecuar a las necesidades actuales y retos económico-sociales futuros del país, podrían responder ,en parte, a las causas generadoras de las fallas pendientes por atender.
A esto debe sumarse las externalidades producidas por las secuelas de terrorismo, narcotráfico  y corrupción que tienen en el proceso boyante de lavado de activos provenientes de actividades diversas como producto de una minería ilegal, "distribución de presupuestos públicos" y otras modalidades conocidas de asociación ilícita para delinquir que tiene el crimen organizado existente en las diferentes latitudes del planeta . 
El déficit de obras públicas en Perú, caracterizado como brecha de infraestructura,requiere de medidas urgentes para elevar los niveles de la inversión, sin embargo los procesos lentos de inversión pública, aumentan la ansiedad y expectativas embalsadas en la población de interés o stakeholders que terminan por retrasar la inversión privada en sectores muy dinámicos y con grandes potenciales, como es en el caso de la minería y el sector hidro energético.
A mayor abundamiento, indicamos que los procesos seguidos de pre inversión y ejecución de obra pública, pasando por el Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), suman en etapas legales que van desde uno a tres años y medio que además de retardar plazos, fomentan la existencia de proyectos pequeños, atomizados y sin mayor relevancia para la comunidad, provocando en la mayoría de los casos que no se inicien proyectos relevantes y de impacto para las grandes mayorías de población beneficiaria.
El retorno de los fondos al tesoro público por deficiencias en la gestión de los organismos del estado en los niveles regional y local, terminan por agravar la situación, dando la impresión de falta de capacidad de gasto e incrementos en depósitos al sistema financiero.

Según el Ministerio de Energía y Minas, en el 2010, las inversiones en el sector minero alcanzaron 4.068 millones de dólares, en el 2011; sumaron 7.202 millones de dólares , y en Enero y Febrero del 2012 ; sumaron 1.049 millones de dólares.

De lo expuesto se desprende que los capitales tanto nacionales y extranjeros continúan apostando por invertir en el país, sin embargo, como contraparte queda aún pendiente en la agenda política del estado peruano la mejor forma de resolver estos temas ante el auge económico ligado a la eficaz, eficiente y efectiva forma de distribución de la riqueza para los pueblos del país.
En estricto, la administración del Estado Peruano está en proceso de interpretar la posición de las comunidades que demandan no seguir esperando más por los servicios básicos que les son esquivos y brindar oportunidades para mejorar su calidad de vida.
A modo de un reporte de la actualidad sobre el particular, podemos incluir el comentario de un funcionario de la actual administración del Estado que manifestaba lo siguiente : “Lamentablemente, hemos comprobado que existe mucha desinformación sobre el marco legal que se aplica hoy a la actividad minera y también acerca de lo que ella aporta en el desarrollo de la región.” De otro lado, las disquisiciones difundidas en el sistema Judicial peruano, ante un pedido al Congreso de la República sobre "facultades extraordinarias para remplazar a jueces, funcionarios y auxiliares jurisdiccionales denunciados por casos de corrupción". Asimismo, la determinación del Tribunal Constitucional respecto a que "un Gobierno Regional se extralimitó en sus competencias normativa a la luz de las competencias establecidas en la Constitución, la Ley de Base de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales".

Debemos mencionar que el Estado peruano está realizando los esfuerzos para terminar de ponerse de acuerdo entre sus diferentes niveles de gestión (Nacional, regional y local) respecto al desarrollo de proyectos que implican afectación de un gasto con calidad percibida por la población en lugares excluidos y estratégicos del país, justamente allí donde llega la actividad minera.

Finalmente, podríamos indicar que en Perú también se vislumbra una linea de pensamiento que evalúa la mejor forma de enfrentar el virus que esta en el medio ambiente referida a tres elementos: la mentira,el odio y el miedo que hace mención el expositor Dr. Joan Melé en su disertación sobre "Dinero y Conciencia" para atender el tema social referente a la distribución del dinero (riquezas)& con justicia y llegue a todos.

Javier Prado Blas _ Distribución del Agua en la normatividad ambiental peruana.

Nuestra expresión "Es hora que en Perú se involucre la dimensión humana en el manejo del medio ambiente y debe iniciar su labor fomentando un manejo responsable del agua para consumo humano", produjo un importante número de comentarios y se presentaron no pocas interrogantes sobre el particular, tanto en compatriotas peruanos como en distinguidos lectores transfrontera.

Mas aún, cuando cuestionabamos el fundamento del extremo técnico del nuevo reglamento de calidad de agua para consumo humano en el país, tras sesenta y cuatro años de vigencia del reglamento anterior (1946). 

Decíamos entonces que los parámetros nacionales deberían ser establecidos en función a criterios técnicos y científicos acordes a la realidad de los pisos altitudinales y la megadiversidad del territorio peruano y no obedecer a copias de realidades distintas en otras latitudes del planeta.
Tratar de uniformizar la diversidad como que no funciona en  territorio peruano de los antiguos Incas. Armonizar la relación actual del hombre con la naturaleza es una tarea pendiente que tenemos la actual generación.

En el Perú la distribución del agua es muy irregular, con amplias zonas de escasez y abundancia espacial y temporal.

Los Andes son la cadena montañosa mas larga del Planeta y la segunda mas alta del mundo, que atraviesa el territorio del Perú y lo divide el Este del Oeste.
Las nubes quedan atrapadas en las montañas por eso el lado Este recibe las lluvias. El lado Oeste no recibe lluvias por la gran barrera natural.
El ciclo hidrológico natural se ve restringido pues sin nubes no hay lluvia y sin lluvia no hay agua, por ende existen largos periodos de sequía en ecosistemas desérticos que se forman, pues en esta zona cae en promedio 25 milímetros de lluvia al año.

Seis de cada diez peruanos viven justamente en esta parte Este donde el agua de escorrentía que se vierte en el océano pacífico representa sólo el dos por ciento (2%) del total de recursos hídricos del Perú. El otro 98 % restante; forma parte de la vertiente amazónica que discurre por el territorio de Brasil antes de desembocar al océano Atlántico.
Todo esto sucede precisamente en este país donde se encuentra el cinco por ciento (5%) del total de agua dulce del Planeta.
En el siguiente documental de Discovery se detalla con algún detalle adicional como es que se realizan proyectos de transvase de las aguas de una cuenca a otra atravesando los Andes para "llevar agua a quienes la necesitan " pero que tiene un sesgo agrícola para tratar de aprovechar una parte de esos 2/3 de tierras que se dejan de aprovechar en Perú.

Es en este contexto en que se legisla diversas consideraciones sobre los recursos hídricos en Perú y siguiendo el mismo orden de ideas se debería reglamentar el agua para consumo humano.

De otro lado, en la reglamentación debieron estipularse especificaciones técnicas que correspondan a las caracterizaciones hídricas de los ecosistemas imperantes  y que por obvias razones no se pudieran haber especificado en la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) y su Reglamento (D.S. N° 001-2010-AG).

Un reglamento difuso tendrá como consecuencia un bajo cumplimiento y su legitimidad podría ser eventualmente cuestionada jurídicamente si es que se verificara en la praxis un sesgo discrecional aplicable a la protección de los recursos naturales vinculados a un determinado sector productivo o extractivo, como podría ser el sector minero en particular.

Oportunidad y eficacia en la distribución del Canon minero

El gobierno , en sus diferentes niveles : central , regional y local, deben captar, distribuir y gastar adecuadamente los recursos que obtienen de la actividad minera.

La falta de oportunidad e inadecuados criterios de reparto han venido generando toda una polémica principalmente en las Regiones, por la ineficaz forma de distribución en el Canon minero. (Referido al reparto para el periodo comprendido entre Enero del 2007 a Julio del 2010). 

En los hechos, esta situación alimenta el discurso antiminero haciendo que prospere y en algunos casos las protestas escalen en hechos violentistas.  

Los argumentos que se presentan buscan generar el resentimiento de la población informándoles que existe un crecimiento sin equidad.

Seguidamente, podrán apreciar un pronunciamiento sobre el denominado repartimiento injusto del canon minero (2008) , que de algún modo , refleja lo que se ha estado difundiendo como mensaje recurrente a las poblaciones del interior del país.

                

Esta ineficacia generaría :

• 
  
  Que los recursos no lleguen oportunamente a la gran mayoría de la población y que las obras consensuadas con grupos locales como: escuelas, obras de irrigación, vías de acceso, etc. no podrían estar ejecutándose en los tiempos previstos.
• 
  
  Que el aporte minero siga aumentando hasta límites que pudieran afectar la competitividad del accionar de las mineras en el país, reduciendo de este modo que el país sea atractivo a capitales extranjeros de largo plazo.
• 
  
  Fomento en el debate sobre el aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo nacional, preguntándose ¿por qué el crecimiento económico de los últimos años ha favorecido a unos pocos y no a la mayoría de peruanos?
• 
  
  Riesgo que exista enfrentamiento entre los pueblos por la repartición del canon minero.
• 
  
  Aumento de la desconfianza en la población local sintiendo que la bonanza económica minera no ha tenido mayor efecto en el bienestar de la gente y que una vez concluida la explotación del mineral, quedará igual o peor que antes.

Las compañías mineras contribuyen - además del pago de impuestos, canon, regalías, aporte voluntario - mediante proyectos de apoyo a comunidades aledañas a su área de influencia con infraestructura de servicios básicos salud, electricidad, educación, carreteras, saneamiento : agua potable y alcantarillado, etc, en el marco de su responsabilidad social empresarial. Sin embargo, no pueden efectuar acciones de gran escala que supondría sustituir la labor que le corresponde realizar al Estado.

Las grandes obras con gran impacto en la población, requieren además del procedimiento estipulado por Ley, de un tiempo de planificación y la concurrencia de voluntades de ámbito macroregional, por consiguiente escaparía del área de influencia de una compañía minera en particular. 

El Estado debe asumir su rol para que los recursos lleguen oportuna y eficazmente a la población; de tal modo que se garantice la aplicación de proyectos de gran alcance e impacto social.

Además de impulsar una política de descentralización viable y efectiva, debe revisar la forma de distribución del canon minero para que se sigan realizando mas obras y exista real progreso en las localidades en búsqueda de un desarrollo nacional.

Es sustantivo revisar también los niveles de capacitación de los funcionarios públicos, pues hay la necesidad de un aprendizaje que debe ser sostenido y permanente en el tiempo hasta que se de muestras de eficiencia en la gestión .

El otro aspecto es, compensar a las regiones con menos ingresos que otras.

La consolidación de las macroregiones y proyectos comunes podría permitir desarrollar proyectos de gran impacto en la comunidad para revertir tendencias de resentimientos contra la minería y se pueda mantener condiciones de estabilidad social y política, de tal modo que las inversiones continúen fluyendo con la tendencia creciente y que generen un desarrollo sostenible .