El largo proceso de formalización minera sin contar con una Política de Estado

Pasó una década desde que en este espacio precisé que sin una Política de Estado de pequeña minería y minería artesanal las futuras administraciones de gobierno del Estado peruano no podrían armonizar el crecimiento y desarrollo de la sociedad peruana en general.
Asimismo, indiqué que habría un crecimiento exponencial de esta actividad ante el incumplimiento y desborde de las leyes que producirían importantes niveles de contaminación a ecosistemas, con el consecuente impacto en la salud pública.

El tiempo y los hechos indicaron que estaba en lo correcto.

Historia de las normas incumplidas con plazos ampliados

Los esfuerzos legislativos con plazos incumplidos se remontan a lo fijado por el decreto legislativo N° 1105 _publicado el 19 de abril del 2012 _  donde se estableció disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas actividades a nivel nacional; en este contexto los titulares de las concesiones mineras tuvieron inicialmente un plazo dispuesto por el ministerio de energía y minas  para presentar la declaración de actividad minera informal en el área de su concesión hasta el 17 de Julio del 2012.
La ley N° 29910 de agosto del 2012, estableció un plazo adicional de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del seis de setiembre del 2012 para que los sujetos de formalización, cumplan con presentar la declaración de compromisos, con el objeto de acogerse al marco del proceso de formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

La precitada ley evidenció una actitud laxa de la representación nacional sobre el particular, pues en su disposición final y transitoria indicaba que la comisión de energía y minas del Congreso de la República podría solicitar información en materia de formalización a los gobiernos regionales, con relación al avance de la presentación de las declaraciones de compromisos, a que se refiere esta ley.
Mediante el DS N° 001-2013-MINAM del  cinco de febrero del 2013 se amplió  el plazo a los sujetos materia de regulación para presentar el instrumento de gestión ambiental correctivo ante el correspondiente gobierno regional hasta el cinco de octubre de 2013.
Asimismo, según el decreto supremos 003-2013-EM, del cinco de febrero del 2013, los sujetos a la norma deberían cumplir con presentar hasta el cinco de setiembre de 2013 la acreditación de titularidad, el contrato de cesión y el acuerdo o contrato de explotación que tengan sobre la concesión minera. También debieron presentar la acreditación de propiedad o autorización de uso del terreno superficial hasta el 16 de setiembre del 2013, en tanto que la autorización de uso de aguas se podría acreditar hasta el 25 de setiembre del 2013.
En este escenario se debe tener en cuenta las normas complementarias al decreto legislativo N° 1105 como es en el caso de los tópicos  dispuestos en los DS N° 039-2012-EM, DS N° 027-2012-EM y DS N° 018-2018-EM.
Con el decreto legislativo N° 1293 del treinta de diciembre del 2016 , se declaró de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal , estableciendo en su artículo seis la  vigencia del proceso de formalización minera integral considerando un plazo de treinta y seis meses, contados a partir de la culminación del plazo de inscripción señalado a partir del seis de febrero de 2017, y hasta por un plazo de ciento veinte días hábiles.
Las recurrentes prórrogas de vigencia del proceso de formalización minera se mantiene con la ley  N° 31388 publicado el 31 de diciembre del 2021 que en su artículo dos amplía el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal hasta el 31 de diciembre del año 2024.

Agenda pendiente para establecer la Política de Estado

Por RM N° 075-2021 MINEM/DM de marzo del 2021 se creó el grupo de trabajo para que en un lapso ya concluido de 120 días calendario pueda formular la política nacional multisectorial de pequeña minería y minería artesanal;  adicionalmente la actual administración Castillo, a través del ministerio de energía y minas tiene previsto que en un plazo de los primeros 180 días hábiles del año 2022, presente al Congreso de la República el proyecto de Ley : "Ley de pequeña minería y minería artesanal".

La adecuada gestión sobre pasivos ambientales mineros debe contemplarse en la Política.

Traducción del ECA_Aire en Minería

Continúa la inestabilidad generada por el propio Estado peruano en el sector minero, al generar ruido con la imposición de nuevos Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) del Aire, corrobora la continuación de una Política que prioriza reaccionar en lugar de Planificar.

El Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM, dispuesto como una relojería de bomba de tiempo, es descrita por El diario Gestión en los siguientes términos: 

"En los últimos días, empresas del sector minero reiteraron su preocupación al no poder cumplir con la normativa sobre estándares de calidad ambiental del aire, sin embargo el Ministerio del Ambiente ha cambiado su posición al anunciar que ahora pueden acceder a un mecanismo para acatar la ley.

La norma en cuestión se dio en el 2008, estableciendo que a partir del 1 de enero del 2009 las empresas reduzcan la emisión de dióxido de azufre (SO2) a un nivel máximo de 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3), y a partir del 1 de enero del 2014 disminuya a 20 ug/m3.

La empresa Southern había expresado que tendría que cerrar la fundidora de minerales de Ilo, pues no existe tecnología para llegar al nivel de 20 ug/m3.

El viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, explicó que las empresas pueden aplicar un dispositivo del decreto supremo (DS) 006, dado en junio pasado, mediante el cual pueden acogerse a plazos y mecanismos de adecuación del ECA aire.

Esto difiere de lo que inicialmente refirió el Minam, cuando se mantuvo firme para que se les exija el nivel de 20. (Gestión 25.02.2013).

Se ratifica la vigencia de los 20 ug/m3 a partir del 2014. Pero si hay información de que por la naturaleza misma hay cuencas atmosféricas que superan el nivel de 20, los titulares de actividades económicas (empresas) que están en esas cuencas deben dar cuenta de ello, y presentar un informe donde se acredite que no hay tecnología disponible (para cumplir el estándar)”, dijo Castro.

En el caso de comprobarse que no es posible reducir a 20 ug/m3, el Ministerio del Ambiente (Minam) exigirá que se les siga aplicando el estándar de 80 ug/m3 que ya estaba vigente desde el 2009.

Resolución

Para formalizar la aplicación del dispositivo incluido en el DS 006, el Minam emitirá en los próximos días una resolución en la que se establecerán aquellas cuencas atmosféricas que superen el valor de 20 ug/m3.

En la evaluación de las 31 cuencas atmosféricas priorizadas para verificar el ECA aire a nivel nacional, todas están por debajo de 20 ug/m3, con excepción de Arequipa, La Oroya e Ilo.

En el caso de Arequipa se debería a la contaminación del parque automotor. En La Oroya e Ilo no se estaría llegando al nivel que se requiere por las emisiones de las refinerías de Doe Run y Southern respectivamente.

Castro subrayó que no cabe la posibilidad de que los trabajadores de las empresas puedan estar preocupados de que se cierren las refinerías. Hemos conversado con los sindicatos de Southern y Doe Run a los cuales se les ha explicado el alcance de las medidas”, añadió.

De otro lado, habría que preguntarse ¿Cuál es el impacto en términos de tiempo de las precitadas medidas ambientales en las actuales y futuras inversiones mineras?.

Hacemos votos para que se planifique las medidas a tomar, o en su defecto, los "reflejos de la reacción" mejoren y  se optimice la decisión sobre el particular, difundiéndose adecuadamente  en los niveles correspondientes.

Balance de 2 años consecutivos

Desmitificando la minería en el Perú se empezó a difundir por el ciberespacio un día sábado 3 de Julio del año 2010,pudiéndose dar lectura en sesenta y tres (63) idiomas.

Al transcurrir casi dos años tiene un importante número de lectores que siguen la secuencia de como evoluciona el sector minero, considerado por no pocos como uno de los pilares del llamado milagro económico peruano.

El nivel de lectoría no se circunscribe a sectores especializados que involucran a las empresas mineras que desarrollan labores al interior del país y en países que son socios comerciales con el Perú; sino que trasciende fronteras del sector minero y llega al público en general, con especial énfasis de estudiosos situados en distintos países del planeta que miran con marcada expectativa el desempeño socio ambiental, crecimiento y desarrollo peruano.      

Es así que registros de datos quedan como condición de trabajo : haber superado hiper inflación, sufrida la epidemia de cólera con mas de 322 mil casos y 2909 defunciones, miles de muertos y otras tantas víctimas por terrorismo y violencia política, con más de 3 mil muertos por año en la última década debido a accidentes de tránsito, elevados niveles de corrupción que llevaron a altos funcionarios de la administración pública a ser sentenciados por el poder judicial, catalogado primer productor de hoja de coca en el planeta, casi medio millón de mineros informales peruanos extrae oro (3% de la Población Económicamente Activa), entre otros antecedentes que dieron paso  al actual nivel de discusión de la dinámica económica extractiva de recursos que caracteriza al modelo económico aplicado en un país que transitara por desastres de origen antrópico y naturales.

Sin embargo, la síntesis del análisis técnico reconocido por organismos internacionales deja ver a un país de oportunidades donde la estabilidad jurídica existente permite el crecimiento logrado en los últimos tiempos.

Lectoría de Desmitificando la minería en el Perú (verde) en el contexto mundial. 

La agenda pendiente en Perú pasa por alcanzar el equilibrio entre la explotación responsable de recursos naturales y garantizar el bienestar de su población, mejorando en la distribución de sus riquezas, y optimizando la gestión en los distintos niveles de gobierno : Nacional, Regional y Local, a efectos de alcanzar el desarrollo sostenible.

Importancia de identificar el daño ambiental generado antes de sancionar fue el título del primer envío. En ese entonces se comentaba el balance y resultados 2007-2009 de la supervisión a la gran y mediana minería formal dado a conocer por el regulador. Decíamos que un incremento de posibles sanciones que acaban en multa abre un espacio discrecional a la autoridad administrativa que con facilidad puede actuar arbitrariamente priorizando la recaudación de la multa en menoscabo de la remediación ambiental.Observábamos las deficiencias generadas en el tema de supervisión y Fiscalización Minera que pasaban de OSINERGMIN al nuevo Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente.Esta nueva forma de mirar a la minería  generó impactos con su desfase y que la protesta popular terminó presionando  al tiempo que demanda un proceso administrativo sancionador.

Quedaban sendas tareas : de un lado, revisar las fortalezas y debilidades de los instrumentos de regulación ambiental, y, de otro, la instauración de la necesaria rigurosidad técnica para identificar la gradualidad del daño ambiental generado previo a la sanción.

Nos preguntábamos en ese entonces ¿ Cuál sería su impacto en el Ministerio de Ambiente, las nuevas inversiones y el estado del medio ambiente en el país?.

Transcurridos dos años podemos indicar que las deficiencias señaladas subsisten y nos conduce a un Ministerio de Ambiente y OEFA que no terminan por despegar, sumadas a una Autoridad Nacional del Agua emergente, que en conjunto ponen en estado de reflexión a las nuevas inversiones mineras.

La capacidad de amortiguamiento de la megabiodiversidad del territorio peruano,su resiliencia y su aptitud de filtrar,absorber y neutralizar sustancias contaminantes coadyuvan en que las precitadas deficiencias no se perciban en verdadera dimensión.

Lo paradójico viene a ser la trajedia de los fondos comunes existentes en el país, en la medida que Perú cuenta con mayores recursos económicos que distribuir, la problemática aumenta puesto que una inadecuada gestión pública del tema económico en términos de falta de capacidad,oportunidad y calidad en el gasto público referenciado al canon minero, se traduce en un problema socio ambiental traducido en incremento de protestas  que levantan las banderas ambientalistas en contra de la gran minería formal y soslayan los niveles de contaminación producidas por la informalidad que funciona por abajo del radar de las leyes ambientales peruanas y las poblaciones cercanas a operaciones mineras, quienes llegan a percibir efectos de contaminación más por razones paisajísticas y consideraciones políticas que por daño ambiental o cuestiones de riesgos extremos a la salud colectiva.

Hacemos votos porque el Ejecutivo y su publicitada "nueva relación con la minería" en Perú resuelvan en el mas breve plazo los problemas subsistentes entre el hombre y la naturaleza en este país que tiene ingentes recursos naturales con capacidades de lograr su desarrollo armónico en un tiempo no muy lejano. 

Nueva relación con la minería

Catherine Gréze, diputada francesa del Parlamento europeo, cuestionó al presidente peruano Ollanta Humala por su manejo de los conflictos sociales en el país, en especial por los desarrollados en Cajamarca y Cusco, según muestra el siguiente video difundido en Internet.

El cuestionamiento lo realizó en los siguiente términos:

“Quisiera expresarle mi preocupación por algunos proyectos mineros actuales en el Perú, los cuales, dada la situación, han originado 250 conflictos socio-ambientales en el país, ciudadanos que no ven los beneficios”.

“La reforma parece que no es suficiente todavía. Hay problemas de salud, de agua contaminada (…) También estoy preocupada por el uso sistemático de la violencia, incluso con armas letales”.

“Quisiera pedirle que haga prioridad para darle una solución pacífica a estos conflictos (…) Mi interrogación es si usted nos puede explicar cómo va a hacer para aplicar esa ley (de consulta previa) para que la población local y no las multinacionales sean los únicos beneficiados”.

La agencia EFE difundió este sábado _ a modo de respuesta a las precitados cuestionamientos_ que el presidente de Perú, Ollanta Humala, o que su Gobierno dirigirá una "nueva relación con la minería" en la que "se investigarán todas las dudas que la población tenga sobre contaminación ambiental en sus localidades".

"Tenemos que mantener el Estado de derecho", afirmó Humala, quien sin embargo, manifestó: "tenemos que resolver todas las dudas que pueda tener la gente" sobre los proyectos mineros en marcha y su impacto en el agua y el medio ambiente.

El mandatario hizo estos comentarios al ser consultado sobre la instalación de una mesa de diálogo con los líderes de la provincia de Espinar, que rechazan las actividades de la minera Xstrata en el yacimiento de cobre de Tintaya en la región Cuzco.

El Gobierno peruano afronta actualmente 245 conflictos sociales, la mayoría de los cuales están movidos por reclamos debido a la contaminación ambiental producida aparentemente por empresas del sector minero y energético.

Precisamente, dos de los conflictos más graves que atraviesa el Gobierno actualmente son las protestas contra el proyecto aurífero Conga, en la región Cajamarca, que lleva 17 días en paro, y las que encabeza la provincia de Espinar, en la región Cuzco, contra la minera suiza Xstrata, que extrae cobre.

"Hay que investigar si hay contaminación ambiental o es una mentira", agregó el presidente en declaraciones a los periodistas, al terminar una visita de trabajo en el distrito de Carabayllo.

Humala manifestó: "no podemos permitir que la incertidumbre perjudique a la gente".

El alcalde de la provincia de Espinar, Óscar Mollohuanca, comentó sobre el anuncio de la reunión el próximo jueves con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que espera un "diálogo fructífero" para atender sus demandas de solución a la aparente contaminación medioambiental en su localidad.

El alcalde desechó la condición de que el Gobierno levante el estado de excepción en Espinar, decretado tras las protestas que causaron dos muertos en mayo pasado, para sentarse a dialogar con la comisión liderada por Pulgar Vidal.

Transparencia para el caso Doe Run

Una definición de transparente es: Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.En el sentido de esta  acepción, debemos indicar que los actores principales en el tema Doe Run Perú (DRP), parecieran no estar actuando con la debida transparencia. Si fuera este el caso, la situación debe corregirse en el extremos del lado peruano a fin de poder cautelar oportunamente  tanto de los elevados intereses de la nación como de las futuras inversiones y la población local afectada (léase trabajadores directos e indirectos).

En nuestro comentario referido a los conflictos sociales y minería, decíamos que “La actuación discrecional del gobierno de turno en sus diferentes niveles no debiera terminar alimentando el ruido político, para lo cual es preciso que la administración del estado peruano, no solamente debe ser transparente, sino también; parecerlo.

En la confusión generada para el caso DRP se le llega a denominar como “minera” y permite espacios a dudas sobre la existencia de supuestos actos discriminatorios que puedan insinuarse como que el Gobierno Peruano busque una expropiación, nada más alejado a la verdad.

En esta línea de pensamiento, algunos empiezan a comentar sobre posibles cambios en el modelo económico, de recuperación, nacionalización o estatización; soslayando el hecho que la economía peruana viene teniendo treinta (30) meses de crecimiento consecutivo porque su estabilidad política y económica se sustentan en el irrestricto cumplimiento de sus obligaciones y compromisos asumidos, independientemente de la administración de turno.  

DRP se trata de un Complejo Metalúrgico operado en La Oroya desde 1997(además tiene labores en la mina Cobriza - Huancavelica, desde 1998).

Por temas estrictamente gremiales,en el año 2009 DRP fue suspendida por una asociación civil empresarial no gubernamental, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y  al año siguiente (Enero del 2010), expulsada.

En julio del 2010, al vencer los reiterados plazos de ley dado por el Congreso de la República para que DRP cumpla con sus compromisos asumidos con el país, es que se agudiza la controversia entre las partes.

Una de las partes, DRP aduce que ha recibido un trato inequitativo, porque el Gobierno peruano no habría cumplido con su compromiso de remediar los suelos en La Oroya y así mismo, considera que los actos discriminatorios sufridos han afectado sus inversiones y operaciones.En Enero del 2011, la estadounidense Renco Group y su filial DRP , iniciaron entonces un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en contra del Estado peruano por la disputa empresarial del precitado complejo metalúrgico del país.De otro lado - como resultado de las operaciones de DRP en La Oroya - existe una demanda interpuesta en la Corte de Missouri (EE.UU.) por los afectados de la contaminación contra Renco Group, el principal accionista de DRP, de modo tal que con la anarquía creada, se pretende que el país asuma las obligaciones para con los demandantes.El aparente desorden, da la impresión que los temas centrales del incumplimiento del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y el capital de trabajo que necesita el complejo metalúrgico para adecuarse a este instrumento de gestión para reiniciar sus actividades, no estuviera adecuadamente difundido.En el presente año 2012, la Junta de Acreedores de DRP no aprobó el Plan de Reestructuración que propuso la administración del complejo metalúrgico y votó por la liquidación de la empresa y se encuentra adoptando una modalidad de liquidación con negocio en marcha que permite que la empresa siga operando hasta por un periodo de 12 meses, lapso en que se tratará de vender los activos de la empresa como una unidad productiva a un tercero.El estado de situación actual está en que DRP no podría iniciar labores pues no cumpliría con los estándares de contaminación previstos por Leyes ambientales peruanas que están acordes con las normas generalmente aplicadas internacionalmente.

En este contexto, la opinión pública nacional y mundial, deben ser apropiada y oportunamente ilustradas por el Estado peruano, a través de sus instancias correspondientes.

Malas prácticas que impactan sobre la minería formal_II

Luego que DOE RUN Perú presentara a una junta de acreedores su plan de reestructuración y que éste fuera rechazado por el gobierno peruano en los siguientes términos:

“Exigimos que DOE RUN cumpla con sus obligaciones ambientales (…) Cualquier reestructuración pasa por el cumplimiento de estas exigencias" y en esta línea de conceptos  "DOE RUN tiene obligación de cumplir sus obligaciones ambientales sin estar iniciando procesos judiciales por todos lados".

Como respuesta surgen las conocidas malas prácticas, manipulando a Pobladores y trabajadores mineros para que estos procedan a bloquear la Carretera Central y dar inicio al paro como protesta - es una forma tradicional de arrinconar al ejecutivo de turno - exigiendo el reinicio de operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya.

Es inadmisible desde todo punto de vista que los manifestantes suspendan de manera total el tránsito por esta zona, atentando con el libre tránsito de ciudadanos que desean desplazarse a doce distintos lugares hacia los cuales se impide el acceso libre.

Los manifestantes reclaman al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República, el reinicio de operaciones del complejo metalúrgico para el 1 de mayo y la aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

El estado de derecho y el principio de autoridad deben imponerse de manera soberana, de tal modo que los reclamos se puedan ver en las instancias que correspondan y no proseguir con prácticas ilegales y punibles que deben ser literalmente desterradas de los procedimientos para alcanzar objetivos de grupos particulares.

Peritos de Conga

Seguidamente transcribimos el artículo de Martín Hugo Bustamante que describe los entretelones que rodearon al proceso de selección de los peritos de Conga:

“Ya tenemos los tres nombres de los peritos de Conga, incluso ya están trabajando” (Premier Óscar Valdés. TVPerú. 08/02/2012)

Esa frase del presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, causó gran conmoción en su oficina de prensa, quienes al instante recibieron decenas de llamadas de medios de comunicación pidiendo los nombre de los peritos que el primer ministro había anunciado “ya están trabajando”. Ninguno en esa oficina supo dar respuesta de los nombres. Incluso eliminaron la nota y el video de las declaraciones del Premier.

A partir de ese día, el premier Valdés no volvió a aparecer en prensa, ni siquiera en el primer día de la captura del camarada “Artemio”. ¿Qué pasó? Según fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Valdés Dancuart se adelantó a anunciar a los peritos designados cuando en el Ejecutivo se quería llevar el proceso en reserva y cuando aún no se tenía la buena pro para el tercer perito. Sin embargo, el premier llevaba el peso encima de haber prometido ante la prensa que el jueves 19 de enero daría a conocer los nombres, cosa que no hizo.

La demora del nombramiento pasaba porque los peritos tenían que inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), un proceso que duraba unos diez días. Sin embargo, otras fuentes indicaron que los peritos fueron exonerados del papeleo, debido a que la PCM dijo que tramitaría los registros en un proceso denominado “Proceso de Selección Exonerado N°001-2012-PCM”.

Este lunes tuve acceso, para La República, a dicho documento del proceso de selección donde, tras una evaluación técnica sobre la base de cinco expertos cotizantes, la PCM concluyó que por “razones de especialidad y monto de presupuesto”, los especialistas que cumplían los requisitos requeridos son: Rafael Fernández Rubio, Luis López García y Jhon Sharp Jr.

Rafael Fernández, quien cobrará S/. 267,840.00, se encargará del “Estudio de calidad de las aguas (superficiales y subterráneas) e impacto ambiental”; Luis López, con un monto de S/. 161,708.40, estará a cargo del “Estudio de aguas superficiales y embalses”; mientras que John M. Sharp cobrará S/. 183,215.95 para el “Estudio de aguas subterráneas”.

¿Quiénes son?

Fernández Rubio es un ingeniero de Minas, catedrático-profesor emérito por la Universidad Politécnica de Madrid (España), y primer catedrático de Hidrogeología de la universidad española. Según el documento de la PCM, en su haber tiene más de 800 misiones internacional de Minería, Ingeniería Ambiental e Hidrogeología, en cincuenta países de los cinco continentes. Asimismo, se presenta como fundador y presidente de International Mine Water Association (IMWA), presidente del Club del Agua Subterránea (CAS) y parte del grupo español de la Asociación Internacional de Hidrogeología.

López García, por su parte, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con especialidad en Hidraúlica e Hidrología en la Universidad Politécnica de Madrid. Además cuenta con más de 35 años de ejercicio como Consultor en gestión de recursos hidráulicos, hidrología e hidráulica.

De otro lado, Sharp es ingeniero geólogo con distinción en la Universidad de Minnesota con un Ph. D. Hidrología en la Universidad de Illinois. Al igual que López, es consultor internacional de Hidrogeología, pero con más de 40 años de ejercicio.

Hasta allí todo bien, pues según el documento de la PCM, estos serían los tres peritos elegidos. Sin embargo, existió un cambio de último hora respecto a la designación de Jhon Sharp Jr. Esto según el documento de “Proceso de Selección Exonerado N°002-2012-PCM”.

Cambio en el entretiempo

Este último documento señala que a través del informe N°002-2012-PCM/OGCS-WOL del 26 de enero del 2012 se informó del desistimiento de Jhon Sharp Jr. mediante del memorando N°064-2012-PCM-OGA. Ante ello, se presentó la convocatoria para cinco especialistas donde solo tres hicieron llegar su propuesta: José Martins Carvalho (Portugal), Everton de Oliveira (Brasil) y Alan Mayo (EE.UU.). Estos dos últimos provenientes de la primera convocatoria donde salieron electos Rafael Fernández y Luis López.

De los presentados para esta segunda convocatoria, salió victorioso José Martins Carvalho con un monto superior al que pidió Jhon Sharp. Mientras este último exigía S/183,215.95, Carvalho cobrará S/.217,620.00. Aunque un monto inferior, teniendo en cuenta lo que pretendían cobrar Oliveira (S/361,584.00) y Mayo (S/.265,161.60).

Sobre Martins Carvalho, quien se encargará del área de “Aguas subterráneas” del peritaje internacional, se sabe que es licenciado en Ciencias Geológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Porto, así como Doctor en Geo ciencias por la Universidad de Aveiro además del primer geólogo portugués que obtuvo el título de Euro Geólogo por la Federación Europea de Geólogos.

Al final, la resolución ministerial N°024-2012-PCM otorgó la buena pro a Rafael Fernández Rubio y Luis López García el 27 de enero pasado, mientras que José Martins recién recibió el visto bueno recién el 08 de febrero mediante la resolución ministerial N°032-2012-PCM. Curiosamente, el mismo día que Valdés salió a anunciar que los peritos “ya están trabajando”, pero que su prensa se encargó de negar. Según el acta, este proceso fue aprobado a la 01:24 de ese miércoles. La pregunta cae por sí sola. ¿Carvalho ya estaba trabajando con Fernández y López el mismo días que recibió la buena pro?

Los objetivos y tareas

Estos peritos tendrán 40 días para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y presentar un informe. Su labor principal, según el proceso de selección exonerado, es “identificar y proponer medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación de los impactos ambientales del proyecto minero Conga”. Es decir, de ninguna manera este peritaje declarará inviable el proyecto que se trajo abajo un gabinete ministerial y que ocasionó La Gran Marcha Nacional del Agua.

Para justificar esto último, el documento señala como parte de “conceptualización” del peritaje que “no hay afectación cero”. Para ello establecen “tres tareas” que van desde recomendar alternativas técnicas y económicamente factibles que mejoren las medidas de prevención, mitigación y compensación; a su vez proponer opciones para el incremento de la disponibilidad de agua en las subcuencas involucradas. Los resultados los tendremos en 40 días, aunque muchos aseguran que solo será un saludo a la bandera.

Inversión & conflictos ambientales

Un interesante artículo de Carlos Acat Koch publicada este 19 de Diciembre del 2011 sobre la controversia planteada entre la inversión y conflictos medioambientales en el tema minero, es compartida seguidamente: 

La minería en el Perú se ha convertido en el eje neurálgico de la economía del país desde principios del siglo XX, al ser el motor del crecimiento del producto bruto interno (PBI) con una participación del 14,4 por ciento e ingresos por 155.000 millones de dólares, lo que la convierte en la principal fuente de divisas.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen en el país, al cierre del 2011, concesiones mineras que cubren una superficie de 24.057.405 hectáreas, y los proyectos en cartera suman más de 51.000 millones de dólares.

Se calcula que de unos 250 proyectos mineros en ejecución a nivel nacional un 65 por ciento viene operando sin mayores problemas con las poblaciones o comunidades aledañas; el 5 por ciento si hay una oposición clara o bien existe el riesgo que se declare no viable la concesión minera.

Perú figura, a nivel mundial, como el primer productor de plata; el segundo en cobre y zinc; tercero es estaño; cuatro en plomo; sexto en oro; y, décimoséptimo en hierro. Además, la minería configura el 65 por ciento del total de las exportaciones anuales, un monto que representa unos 24.000 millones de dólares en el 2011.

En el 2010, las inversiones mineras en el Perú llegaron a 2.791 millones de dólares, dirigidas a equipamientos de plantas.

Las inversiones también contemplaron equipamiento minero, actividades de exploración, labores de explotación, infraestructura y labores de preparación para trabajos de exploración.

Entre enero y septiembre de este año la inversión sumó 4.667 millones de dólares y se calcula que para el quinquenio 2011-2016, la cifra de la inversión total superará los 51.000 millones de dólares.

Empero, si bien desde el punto de vista económico ha resultado el sector más rentable, el actual Gobierno del Presidente Ollanta Humala concertó en septiembre pasado con los empresarios mineros un gravamen especial minero (GEM) que se espera rinda unos 3.000 millones de soles anuales (aproximadamente 1.000 millones de dólares).

A pesar de una mejora en los precios en la cotización internacional de los metales, a nivel interno se producen conflictos medioambientales y sociales entre las empresas mineras y no solamente con la población aledaña a las mismas sino también con paralizaciones de carácter regional.

En octubre, durante el primer mes de aplicación del GEM, que incuye un nuevo sistema de regalías, se recaudaron 204 millones de nuevos soles (75 millones de dólares), según la Superintendencia Nacional de Tributos (Sunat).

Ese gravámen, según decisión del Poder Ejecutivo, estará destinado a financiar proyectos de infraestructura, ampliar los programas de inclusión social y remediar los pasivos ambientales.

La suspensión indefinida del proyecto cuprífero Tía María, en el sureño departamento de Arequipa, y en fecha reciente del proyecto aurífero Conga, en el norteño departamento de Cajamarca, han generado incertidumbre en el empresariado e implicaría la reducción del financiamiento para superar la pobreza que afecta al 34 por ciento de los 30 millones de peruanos.

Tía María, propiedad del grupo mexicano Southern Cooper Corporation (SPC), tenía prevista una inversión de 1.000 millones de dólares para la explotación y procesamiento de oxido de cobre, de sulfuro y de material conglomerado y óxidos de baja ley, operando a tajo abierto en dos fases, una en el bienio 2012-2013 y otra en el sexenio de 2013-2019.

Sin embargo, una protesta en abril pasado que dejó tres pobladores muertos obligó al gobierno de entonces del Presidente Alan García (2006-2011) que dispusiera el retiro de la maquinaria y demandó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Conga, que forma parte de Yanacocha, también aurífera, es parte del consorcio de la estadounidense Newmont Mining Company, la peruana Minas Buenaventura y la transnacional International Financial Corporation, un proyecto que cuenta con 4.800 millones de dólares de capital para poder explotar a tajo abierto las reservas de minerales calculadas en más de 6 millones de onzas de oro.

Otros tres casos de minas suspendidas son el proyecto cuprífero de Las Bambas, a cargo de la suiza X-Strata, en el departamento sur andino de Apurímac, con una inversión de 4.200 millones de dólares; el también cuprífero de Quellaveco, en el sureño departamento de Moquegua, con un aporte de 3.000 millones de dólares de la minera Anglo American; y el proyecto de Santa Ana en el altiplánico departamento de Puno, de la canadiense Bear Creek, con una inversión de 71 millones de dólares. Estos proyectos tenían calculado extraer más de cinco millones de onzas de plata, y por el cual los puneños también se declararon en contra lo que provocaron actos de convulsión social que dejaron saldo de cinco muertos.

Las poblaciones opositoras a la participación minera se declararon en paro indefinido, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía presentan como causa común que la explotación minera dañaría las cuencas hidrográficas y por extensión dejarían vulnerables el medio ambiente.

Asimismo señalaron que las minas también afectarían con sus contaminantes las actividades agropecuarias y el agua de consumo humano.

En noviembre pasado también las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en el departamento sur andino de Apurímac se paralizaron, y los pobladores exigieron al Poder Ejecutivo que promulgue un decreto supremo por el cual se prohíba toda actividad minera en ambas provincias.

Estos conflictos plantean al gobierno central de Perú la disyutiva de asumir la responsabilidad frente a la inversión y a las comunidades, y presuntamente la respuesta que ofrezca marcará un hito en la solución de otros enfrentamiento a futuro.

Aquí, las preguntas a resolver, por citar algunas serrían: ¿Qué hacer para que los proyectos sean viables y sostenibles?, ¿Bajo qué lineamientos se deben desarrollar los estudios de impacto ambiental (EIA) y quién debe estar a cargo de los mismos?.

Otras preguntas serían: ¿Cómo y en qué forma se debe recoger la aprobación o desaprobación de la población, teniendo en cuenta que ya se promulgó la Ley de Consulta Previa aunque está pendiente su reglamentación? y ¿Cuál será el futuro de las regiones cuando los yacimientos concluyan su período de vida?

Un tema que, a través del tiempo, se ha recrudecido es la falta de diálogo objetivo y transparente entre el estado, las empresas mineras y la población.

Esto es, que ha faltado una conectividad permanente si se tiene en cuenta que experiencias anteriores en la extracción de minerales han empobrecido aún más las regiones donde se han ubicado los yacimientos.

Sin embargo, también hay ejemplo puntuales en que el diálogo y el consenso han dado resultados favorables.

Uno de esos casos es el proyecto aurífero Ollaechea, del grupo estadounidense Minera IRL, en el departamento altiplánico de Puno, que ha facilitado que la comunidad campesina aledaña tenga una participación del 5 por ciento del paquete accionariado.

Otro es el que encabeza la firma X-Strata, que explota el yacimiento cuprífero de Tintaya, en el sur andino departamento de Cusco, donde se construye un hospital y ejecuta más de 600 obras en la provincia cusqueña de Espinar.

Perú se debate entre el oro y el agua

Seguidamente reproducimos lo que la BBC-Perú  expone sobre la situación minera peruana:

El proyecto de inclusión social que ofreció en su campaña electoral el presidente de Perú Ollanta Humala se enfrenta en Cajamarca con una dura prueba, en la que debe equilibrar las necesidades del desarrollo económico con el respeto a las derechos de las comunidades y a los compromisos con inversionistas extranjeros.

Hace poco más de una semana, Humala trató nuevamente de asegurar al pueblo peruano y a inversores extranjeros que, bajo su liderazgo, las empresas mineras podrían seguir teniendo rentables ganancias sin afectar a las comunidades preocupadas por los impactos de las actividades extractivas.

"La minería no ha cumplido con el rol social de atender a las comunidades y ese abuso ha generado un clima de desconfianza," dijo el mandatario peruano el 24 de noviembre.

"Ese clima nos polariza y nos divide entre oro o agua. (…) Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y el agua a la vez."

Perú tiene una tradición minera centenaria, y la minería sigue siendo la principal fuente de ingresos en el país. Pero eso tiene un coste social y medioambiental.

Protestas heredadas

Cuando Humala tomó la presidencia en julio, heredó docenas de conflictos de pobladores que rechazan la explotación minera y temen por la contaminación de sus tierras.

Las protestas solían resolverse con le envío de militares y la restricción de las libertades civiles, pero el mandatario prometió un cambio radical de ese pasado.

Sin embargo, después de 11 días de una huelga en rechazo a un gigantesco proyecto minero en la región norteña de Cajamarca –la mayor inversión en la historia del país- y violentos enfrentamientos entre policía y comuneros, el presidente siguió los pasos de sus antecesores y declaró estado de emergencia.

"El Gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de las personas, restablecer los servicios básicos de educación y de salud, hacer que se respete el libre tránsito y que se preserve la propiedad pública y privada," dijo Humala en un mensaje a la nación el domingo por la noche.

Cuestión de confianza

Por 60 días los pobladores cajamarquinos no podrán reunirse o transitar libremente en el territorio. Las fuerzas armadas, además, apoyarán a la policía en el control del orden público.

Con un coste de US$ 4.800 millones, el proyecto Conga de extracción de oro y cobre, cuya socia mayoritaria es la empresa minera estadounidense Newmont, prevé secar cuatro lagunas andinas y remplazarlas con reservas de agua artificiales

Pese a que ya se hizo y fue aprobado un estudio de impacto ambiental, los manifestantes temen que dicho proyecto llevará a la destrucción y contaminación de las fuentes de agua utilizadas para la agricultura y la ganadería.

Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, cree que el gobierno debería antes que todo restablecer la confianza entre la población y la empresa minera.

"Es posible tratar de encontrar condiciones en la cuales la actividad minera en una zona como Cajamarca pueda desarrollarse," dijo del Castillo a BBC Mundo.

"Pero antes del inicio de esta paralización, el gobierno señaló que el proyecto seguiría adelante de todas maneras. Creo que esto detonó la protesta última en la forma en que la hemos visto. No fue la respuesta más flexible."

Transformación necesaria

Sin embargo, Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, no cree que el gobierno haya sido intransigente con el proyecto Conga, sino que el presidente hizo promesas electorales que no son viables.

"Hay videos donde Ollanta Humala candidato apoyaba la defensa del tema ambiental en contra de la minería," dijo Santillana a BBC Mundo.

"Pero el Ollanta Humala presidente se ha dado cuenta que tiene que ser responsable por la vida de 30 millones de personas".

"Él quiere hacer una gran transformación. Y para hacer esa transformación, se necesitan recursos fiscales y altas tasas de inversión privada de capital peruano y extranjero en la economía nacional. Entonces, no se puede estar en contra de proyectos mineros como si al Perú le sobrara la plata."

Un tercio de la población peruana aún vive en pobreza, y el presidente ha prometido una redistribución de las ganancias mineras para que beneficien mayormente a los sectores marginados.

Alternativas

Sin embargo, según Jorge Chávez Granadino, investigador del Foro Nacional Internacional, una ONG que promueve la gobernabilidad democrática, Perú debería apostar a dar un salto adelante como otros países, para no tener que seguir dependiendo tanto de la minería y así evitar los conflictos sociales que esa genera.

"Costa Rica es un país que ha tomado la opción a orientarse a ciertos servicios – ambientales, turísticos y tecnológicos," dijo Chávez Granadino a BBC Mundo, "y está pudiendo dejar incluso actividades mineras para dedicarse a lo otro con rentabilidad."

"Siempre es posible pensar en esta alternativa" la cual, según el analista, tardaría entre 20 y 30 años en desarrollarse.

"En el corto plazo, tenemos que ver cómo ordenamos esta transición", afirmó Chávez Granadino, quien es asesor en temas de relación comunitaria y responsabilidad social para sectores extractivos.

Chávez Granadino, como muchos otros, exhorta al diálogo y estima que "si un sector tiene que bajarse de nivel en el corto plazo para sostener el largo plazo, va a tener que hacerlo."

"Pero no a cualquier costo," concluyó.

De otro lado, a modo de actualizar la información precitada se tienen los siguientes acontecimientos:

Gestiones en marcha

Luego de que el presidente regional de Cajamarca y los dirigentes sociales dejaran sin efecto el paro contra el proyecto minero Conga, el gobierno decidió la noche del jueves 15 de Diciembre del 2011,  levantar el estado de emergencia decretado en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá a partir de las 00.00 horas del 16 de diciembre.

A través de un comunicado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que el ministro de Economía y Finanzas, procederá a reactivar el acceso del gobierno regional al Sistema Integrado de Administración Financiera y al desbloqueo de las cuentas bancarias.

Finalmente, la PCM detalló que el lunes 19 de diciembre una comitiva de alto nivel del gobierno viajará a Cajamarca para restablecer el diálogo, a fin de reunirse con las autoridades regionales y dirigentes sociales para abordar la problemática del proyecto Conga.

Operación Agua Primero

El colectivo Anonymous - Perú, publicó un vídeo en la red en el que anuncia el lanzamiento de la operación Agua Primero contra el proyecto Conga, que la minera Yanacocha pretende ejecutar en Cajamarca.

Seguidamente transcribimos lo que se expone:

"Desde antes de la Independencia del Perú, la minería y otros procesos extractivos, han sido actividades económicas que degradan indefectiblemente el medio ambiente, esto produce que se limiten las reales posibilidades de desarrollo y el acceso a la justicia social de ciudadanos que habitan en estos territorios.

El caso de las empresas mineras Newmont y su sucursal peruana Yanacocha, que tiene embargado el territorio de Cajamarca, es un ejemplo más de cómo hasta ahora se privilegia la intención de acumular dinero sin ningún efectivo plan de integración y desarrollo social que reconozca, respeta e incluya a quienes no desean vivir relacionados con las industrias extractivas.

Durante todos estos años, la minera Yanacocha ha abusado del medio ambiente. Los hechos que ocurren en Cajamarca son consecuencias de siglos de explotación minera. El pueblo cajamarquino ha respondido a los miles de litros de cianuro que se vierten día a día sobre su territorio para extraer el oro.

En efecto, no basta con construir reservorios para reparar el daño causado a la salud de la población cajamarquina y al medio ambiente.

A esto se le suma el mal precedente que tiene esta empresa que ya ha sido acusada de comprar asesores presidenciales, así como también a congresistas, además de corromper a jueces para obtener fallos a su favor durante la época de la dictadura del expresidente Alberto Fujimori.

Hace aproximadamente dos semanas ocurren disturbios, marchas y protestas ocasionados principalmente por la terquedad de una empresa que solo busca su beneficio económico sin tener en cuenta la verdadera magnitud del daño que causa.

Las cuatro lagunas que se pretenden vaciar tienen más de 15 mil años y sirven de sustento a los pastizales que alimentan al ganado y los campos agrícolas de la zona.

Su desaparición significaría la destrucción de valiosos sistemas ecológicos. La minera Yanacocha no ha cumplido con elaborar un estudio de impacto ambiental (EIA) honesto y exhaustivo que considere todas estas variables, así también como el real alcance de la implementación del proyecto Conga.

No ha cumplido con actualizar dicho EIA desde octubre del año pasado y por otro lado no ha cumplido con sus promesas de inversión en los distritos afectados por sus operaciones en sus proyectos anteriores.

Apoyamos al pueblo de Cajamarca en su lucha, no aceptamos la intransigencias de sus gobernantes al deberse rotundamente a la explotación minera.

Comprendemos que el Perú es un país minero, sin embargo, cuando se vulnera de manera irresponsable el medio ambiente, ningún mineral puede reemplazar un hermoso santuario natural. Ningún puñado de oro vale la salud y la vida de un ser humano. Este gobierno ha sido elegido para hacer respetar los derechos de sus ciudadanos por encima de los intereses económicos de empresas nacionales o extranjeras.

Si no cumple con hacerlo, lo haremos nosotros. Anonymous no lo permitirá por eso hemos decidido lanzar la operación Agua primero. Somos Anonymous, somos legión. No olvidamos, no perdonamos, espérenos".

Sobre el particular, saludamos la preocupación que se tiene por reducir la degradación del medio ambiente peruano, sin embargo, debemos recordar que no se puede soslayar la relación hombre-medio ambiente y en ese sentido, no podríamos excluir a esa importante parte de la población peruana que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema hace siglos;  y que demandan con justicia atención por parte de quienes se encuentran al frente de la administración del Estado peruano.

De otro lado, entendemos que la empresa minera formal, tiene expedito el camino para explicar en su oportunidad y con meridiana claridad los detalles observados.

En este orden de ideas, somos de la opinión que también sería pertinente que el mensaje del colectivo Anonymous pueda pronunciarse respecto a los miles de litros de metales pesados contaminantes que se vierten día a día sobre el territorio peruano para extraer el oro por parte de la minería informal e ilegal.

Minería e inclusión social

La agenda política actual en Perú, registra un debate interesante con la intervención de diferentes puntos de vista y propuestas sobre la relación existente entre Minería,medio ambiente e inclusión social.

De las múltiples intervenciones, recogemos una que sintetiza - a nuestro juicio - la posición que va tomando cuerpo entre la mayoría de ciudadanos y ésta se sustenta en el empeño en que están los esfuerzos, no entre el agua y el oro, sino fundamentalmente entre el progreso y la asimilación de los marginados, en razón de cautelar la heredad, que es la naturaleza entregada al ser humano para su servicio, la cual debe ser respetada, pero debe ser compartida y debe ser cuidada porque así la hemos recibido de quienes nos antecedieron.

En este orden de ideas se viene gestando iniciativas que involucran a interesantes modelos de gestión  - plausible de replicarse - donde se involucra la participación activa de las comunidades 

Un  ejemplo es la asociación  propuesta por la Compañía Minera  Kuri  Kullu  S.A.  
–filial de la canadiense Minera IRL Limited– a la asamblea general de la Comunidad Campesina de Ollachea, provincia de Carabaya (Puno), representada por su presidente Edwin Tito Checmapuco.

Como antecedente se tiene que cuatro años atrás, la Compañía Minera Kuri Kullu y la comunidad de Ollachea, firmaron un primer convenio sobre uso de tierra para exploración y explotación de minería artesanal y que actualmente se ha visto ratificado con el respaldo de la comunidad hacia el proyecto minero.

Es así que la comunidad ha decidido respaldar el desarrollo de una mina de oro subterránea y una planta de tratamiento para producir más de cien mil (100.000) onzas de oro anuales, de la que serán socios en un cinco por ciento (5%) cuando la mina empiece su producción.

Es la primera vez que en nuestro país se suscribe un acuerdo de esta naturaleza, de manera voluntaria y no por imposición de leyes que pueden ahuyentar la inversión.

El resultado no puede ser mejor: se evitan innecesarios conflictos y la comunidad   –tras sus propios mecanismos de diálogo y debate internos– decide convertirse en socio activo que se beneficiará, también, con el éxito comercial del proyecto.
La noticia fue difundida por el diario El Comercio (19 Nov. 2011) y da cuenta que mediante mecanismos como el referido, las comunidades pueden empezar a confiar en las empresas, en los beneficios del desarrollo social y en la minería ambientalmente responsable.

De este modo, también, las comunidades se podrán incorporar al mercado, comprender su dinámica y convertirse en empresarios vigilantes de que “sus” proyectos marchen adecuadamente para el bien de sus familias y del espacio en el que habitan.

En esencia, el ejercicio de inclusión de las comunidades como accionistas de proyectos que se albergan en el subsuelo de sus tierras es una medida innovadora,acertada, respetuosa, justa y podría constituirse en un mecanismo que evite los conflictos socioambientales que generan algunos nuevos emprendimientos mineros.

Registro de multas en Minería

Sustentabamos en este espacio que las multas que tengan que ver con las inspecciones donde se aplican eventuales cuestionamientos por transgresiones a los Límites Máximo Permisibles son, a la luz de los hechos, pasibles de ser sujetos a revisión, toda vez que los organismos responsables de sustentar los cargos aún continúan con las falencias detectadas en su oportunidad a OSINERGMIN y que OEFA no ha estado en la capacidad de resolver por deficiencias diversas en la administración del estado peruano.

En razón a que la mayoría de las multas se han aplicado por infracciones detectadas por el Ministerio de Energía y Minas en el año 2006 y que fueron transferidas (Ley N° 28964) al OSINERGMIN en Febrero del 2007.

En Junio del 2010, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, se transfiere las competencias de fiscalización y supervisión de medio Ambiente del sector minero al OEFA.

En Junio del 2011, OEFA informaba que a esa fecha tenía 25 procedimientos administrativos sancionadores abiertos a seis 6 empresas mineras, por incumplimiento a las normas ambientales especialmente por el vertimiento de aguas residuales al río Rímac.
Posteriormente, los medios daban cuenta que las multas alcanzaban un monto aproximado  de 8.2 millones de nuevos soles, y  fueron impuestas por el OEFA tras realizar un análisis de los 1540 expedientes entregados por el OSINERGMIN en octubre del 2010.

Ante esta sucesión de acontecimientos,en Agosto del 2011 y mediante Ley N° 29783 se transfiere las competencias de fiscalización y supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional al Ministerio de trabajo.

Es así que a la fecha , Octubre del 2011, el tema de la supervisión minera en el Perú, se encuentra en un proceso de afianzamiento.

Cabe anotar que el escenario donde nos situamos es la referenciada a la supervisión y fiscalización de la mediana y gran minería formales en el Perú.

El proceso histórico de las multas por infracciones dan cuenta que se han emitido 599 resoluciones en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011.

Número de Resoluciones de Multas emitidas y canceladas a nivel nacional en minería.

Monto aplicado en Multas emitidas y canceladas a nivel nacional en minería.

Asimismo, el registro histórico en ese mismo periodo 2007-20011, establece que 45% de multas emitidas fueron canceladas y  30% de la suma total de multas fueron pagadas, dando claras manifestaciones que el sistema empleado en la aplicación de las transgresiones a la normatividad minera y que devienen en multa, son pasibles de revisión incorporando criterios como el establecido como daño ambiental,largamente analizado y discutido por el nivel académico y colectividades políticas en Perú. 

Perú : País minero

La tesis que cuestionaba la tradición minera en territorio peruano, está siendo dejada de lado progresivamente y pasamos a observar como es que ahora se originan propuestas para participar del crecimiento y desarrollo del sector minero en un país que es identificado claramente como País minero.

A efectos de dar una mejor aproximación del estado de situación en la minería peruana, nos apoyaremos en el audiovisual referenciando a la empresa Minera Volcan , donde se  describen las rutas para llegar a sus operaciones.

Se podrá apreciar el desarrollo histórico de esta empresa Volcan y subsidiarias, que se constituye como una empresa lider en el mercado nacional como primeros en la producción de Zinc,Plomo y Plata. 

La evolución y resultado de mas de cuatrocientos años de mineria artesanal y un siglo de explotación minera industrial, queda como registro histórico y paisajístico.

El informe  además de describir los métodos y características  de las operaciones y nuevos proyectos en diferentes unidades mineras , da cuenta de cómo es que se presenta esta empresa minera con sus sesenta y cinco (65) años de experiencia al servicio del país.

Tal como se expone en el precitado vídeo, estas formas empresariales - como otras que vienen operando en Perú - se constituyen en excelentes oportunidades de negocios contemplando estándares internacionales de productividad,seguridad,medio ambiente y responsabilidad social que contribuyen al crecimiento y desarrollo del sector minero peruano. 

Oro en el marañón

Con el competitivo precio del Oro, su posesión para el ámbito informal en Perú se torna cada vez más conflictiva por consideraciones sociales y medioambientales.

Los pasivos ambientales que genera su explotación carente de regulación en  vastos lugares del territorio nacional como son -entre otros- los casos de Piura, Lima, Ayacucho, Arequipa,Puno y Madre de Dios.

Para el último de los citados, Madre de Dios  , ya nos hemos ocupado con una buena aproximación de lo que viene sucediendo en relación con labores informales para extraer y obtener Oro.

En esta oportunidad haremos referencia a la forma como se desarrollan labores mineras en la cuenca del río marañón y en particular a la extracción del oro aluvial.

Cuenca del río Marañón en las alturas de Huánuco, donde se registran labores mineras.

A diferencia de las sofisticadas y costosas dragas presentadas en el caso de Madre de Dios, en el río marañón se efectúan labores utilizando dragas rudimentarias y en forma muy precaria.

En la siguiente presentación, se difunde las condiciones y forma como operan buzos en las heladas aguas del rio marañón.

El tema de seguridad ocupacional brilla por su ausencia, se trabaja sin cámaras hiperbáricas para la descompresión de buzos que ejecutan prolongadas jornadas laborales.   

Las alturas de la región Huánuco, son mencionadas como un espacio para desarrollar este tipo de labores mineras -a modo de turismo de aventura- para algunos meses del año, sin embargo, debemos tomar en consideración el impacto que podría generar en el entorno ambiental estas actividades masificadas y sin control alguno.