En el discurso presidencial de hoy 28 de Julio del 2014, el presidente peruano mencionó que "En Minería, con la ejecución de mega-proyectos mineros como
Constancia, Las Bambas, ampliación Cerro Verde, ampliación de Toromocho, Tía
María, entre otros, se duplicará la producción de cobre consolidándonos como el
segundo productor de cobre en el mundo".
Ciertamente el Perú tiene un panorama minero positivo a corto plazo, con cuatro megaproyectos de cobre con inversiones ya programadas y que entrarán en producción en los próximos años: Constancia (US$1,700 millones), la expansión de Cerro Verde (US$4,400 millones), Toromocho (US$4,800 millones) y Las Bambas (US$5,200 millones, recientemente vendida a MMG por US$5,800 millones). Se espera que con éstos, el país pase de producir 1.3 millones de toneladas métricas (Tm) de cobre a 2.8 millones de Tm.
Sin embargo, luego de eso, no hay más.
Al revisar los datos del MEM, se observa que tenemos una cartera de inversiones de US$60,000 millones, pero lo concreto es que fuera de estos 4 megaproyectos, no hay otros garantizados.
Hay muchos que están avanzando en etapa de prefactibilidad, pero no es hasta que se tiene el estudio de factibilidad, en que la decisión de inversión se toma y eso podría llevar décadas como en el caso de Las Bambas. Este proyecto viene desde 1974 y hoy, 40 años después, recién se ha movido a la fase ‘en construcción’.
En estricto, muchas iniciativas mineras siguen manteniéndose en la categoría ‘proyectos’.
Estas inquietudes sobre el particular, se traducen en el reto de asegurar grandes proyectos mineros en el horizonte, tal como lo expresa Semana Económica en un reciente análisis:
"De entrada, el gobierno de Ollanta Humala tuvo que enfrentar
dos situaciones difíciles en minería: debía cumplir con su promesa electoral de
gravar las sobreganancias del sector y debía decidir si tomaba o no partido por
el desarrollo del proyecto Conga, con todas las implicancias políticas y
sociales que ello significaba.Ambas tuvieron resultados distintos.
En el
primer caso, se cambió el sistema tributario minero a uno más equitativo, con
el objetivo -incumplido, eso sí- de obtener más ingresos para el fisco.
Y en el
segundo, Conga continúa paralizado y a la espera de la decisión política que
reafirme los mensajes dados por el gobierno a favor de su desarrollo.
Aún cuando la inversión minera en nuestro país continuó
creciendo desde el 2011 y la inversión en exploración ha bajado a la par de la
tendencia mundial, se le ha criticado al gobierno que haya permitido la caída
del Perú en varios rankings que miden el atractivo de los países para los
capitales del sector.
Para solucionar este y otros problemas, el MEF lanzó hace
poco un paquete de medidas de estímulo a la inversión que así como presenta
aspectos positivos, también comete errores en materia tributaria.
EL GOBIERNO EN SUS TRES PRIMEROS AÑOS
La reforma al sistema tributario minero consistió en tres
medidas: se modificó el esquema de regalías mineras que existía hasta el
momento, se creó un Impuesto Especial a la Minería y se creó un Gravamen
Especial a la Minería. La primera de ellas fue la que mejor impacto tuvo en la
competitividad del país.
“Hasta el 2011, la regalía minera se calculaba sobre el
valor de las ventas, independientemente de las utilidades. Dos compañías con el
mismo nivel de ingresos tenían que pagar la misma cantidad de regalías, aún
cuando una podía tener pérdidas y la otra utilidades. Eso lo hacía un sistema
regresivo. A partir del 2011, la regalía pasó a gravarse sobre la base de
utilidades, es decir, pasó a ser un sistema ligeramente progresivo. Esto lo
hace un régimen más equitativo, lo que en general es percibido de manera
favorable por los inversionistas”, explica Marcial García, socio de impuestos
de EY.
Sin embargo, debido a la caída en el precio de los minerales
-un factor externo-, el objetivo principal, que era aumentar la recaudación, no
se cumplió. ”Con la reforma, el gobierno esperaba recaudar unos S/.3,000
millones adicionales provenientes de la actividad minera. El problema es que
ésta se dio cuando los precios estaban bastante altos y el gobierno no contaba
con que caerían a partir de mediados del 2012 hasta ahora.
En el 2012, se
recaudaron sólo S/.1,968 millones, poco menos de dos tercios de lo proyectado,
y en el 2013, la recaudación cayó 15% más, pasando a S/.1,644 millones”, señala
García.
Por su parte, Conga_según los analistas_ sería el
principal lastre del gobierno frente a las inversiones mineras. “Detener Conga
no solo fue un golpe para el país por la envergadura de su inversión, sino
porque se paró un proyecto que había cumplido con obtener todos los permisos
que se le requerían (más de 100) sin sólidos argumentos”.
“Conga nos ha pasado la factura. La inversión ha caído de
manera significativa en los últimos años, sobre todo en exploración, porque una
vez que las compañías empiezan a desarrollar los proyectos ya es difícil que se
paralicen. Sin embargo, se genera un desincentivo para la exploración porque
ese un momento en el cual todavía pueden elegir a dónde irse”, dice García.
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM), las
inversiones en el sector minero han pasado de US$7,243.4 millones en el 2011, a
US$8,503.3 millones en el 2012 y a US$9,723.8 millones en el 2013. Lo que
significa que el año pasado hubo una subida de 14.35%. Ahora, si vemos sólo la
inversión en exploración, en el 2013 hubo una caída significativa de 14.51% a
US$774 millones, lo que le costó al país bajar del puesto 6 al 7 en el ranking
global de inversión en exploración minera del Metals Economic Group (fuimos
desplazados por Rusia).
Sin embargo, es necesario mencionar que, a nivel mundial, la
inversión en exploración tuvo una caída conjunta de 29%, lo que quiere decir
que el Perú está por debajo de la media de una tendencia a la baja global.
Finalmente, está el Fraser Institute Mining Survey, que mide la competitividad
de 112 países y territorios geográficos como destinos para el capital minero.
Luego de una terrible caída desde la ubicación 27 a la 58 entre el 2007 y el 2012,
por fin el año pasado el Perú pudo repuntar dos puestos hasta el 56, es decir,
exactamente a la mitad.
EL PAQUETE DE ESTÍMULO ECONÓMICO: ¿ES POSITIVO?
Si bien el paquete tiene medidas correctas, salta a la vista
que una de ellas en vez de favorecer a las inversiones -como es su propósito-,
las desalienta. Esta tiene que ver con la modificación de los Contratos de
Estabilidad Tributaria (CET), que sirven para que las empresas continúen con
las mismas leyes e impuestos con las que empezaron sus operaciones. Estos
contratos han facilitado el ingreso de más US$17,000 millones en las últimas
tres décadas. Con el nuevo paquete, el monto mínimo de inversión para firmarlos
a 10 años pasó de US$2 millones a US$20 millones, los de 15 años se redujeron a
12 y su monto se multiplicó por 5 (hasta US$250 millones), y se creó un nuevo
CET a 15 años por US$500 millones.
Hasta ahí, sólo estarían sincerándose cifras que tienen más
de una década. Sin embargo, “la norma ahora dice que la estabilidad tributaria
sólo alcanza a aquellas inversiones que se anticiparon en el programa de
inversión original y que estuvieron contenidas en el estudio de factibilidad.
Si se quiere que las inversiones posteriores estén comprendidas en la
estabilidad, tienen que superar los US$250 millones y ser aprobadas por el MEM.
Con ello, en lugar de facilitar el ingreso de mayores inversiones, se les está
poniendo nuevos requisitos, lo cual es un contrasentido”, explica García. “Es
muy difícil anticiparte a lo que vas a hacer de acá a 15 años”, agrega.
Ahora bien, el paquete del MEF sí ataca de manera
significativa la burocracia o ‘tramitología’ -sobre todo en materia ambiental-
que hacía que desarrollar una mina tomara “el inaceptable tiempo de 10 años”,
en palabras de Igor González de Hudbay Minerals durante el XI Simposium del Oro
y de la Plata. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas con fundamento
por la comunidad ambientalista y se ha analizado que su impacto sobre la
inversión podría no ser directo, sino sólo marginal.
Para empezar, se conmina al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a una labor preventiva más
que fiscalizadora, y se limita su capacidad de sanción al 35% de la multa que
le correspondería aplicar en un caso dado. Además, se traslada la
responsabilidad de catalogar como zona reservada del Ministerio del Ambiente
(Minam) al Consejo de Ministros, con lo que se corre el riesgo de quitarle
carácter técnico a la decisión.
Finalmente, se acortan los plazos para aprobar
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y se revalúa el concepto de estándares
de calidad ambiental (ECA).
