¿Porqué los daños son mayores en cada fenómeno El Niño en Perú ?

La informalidad es una restricción que incide sustantivamente en los crecientes daños causados en los periodos de retorno del Fenómeno El Niño (FEN) en Perú. La mayor frecuencia en que se presenta este fenómeno, agudiza la crisis pendiente por resolver en las administraciones pasadas, hecho que además de producir un costo social alto, genera millonarias pérdidas al tesoro público, frenando el crecimiento y desarrollo del país.

El FEN se muestra con lluvias intensas en el norte,sequía en el sur y distorciones climáticas en el resto del país. 

Esta informalidad es multicausal, pero en las últimas décadas el incremento de la informalidad en las edificaciones de las ciudades costeras producen escombros que en volúmenes importantes son arrastrados hacia las cotas bajas, aumentando los riesgos y  vulnerabilidad por erosión,colmatación,inundación y el consecuente incremento de enfermedades metaxenicas ante la presencia de aguas residuales estancadas. 

Episodios del fenómeno El Niño 

Investigaciones arqueológicas han demostrado la presencia de radicales cambios del clima que afectaron a las culturas pre incas ubicadas en la costa peruana, reportándose más de un centenar de eventos registrados después de 1532, año en que los españoles fundaron Piura la primera ciudad en sudamérica, localizada en el norte peruano y que los cronistas e historiadores describieron sin contar con la cantidad de instrumentos de medición meteorológicas e hidrológicas que nos permite la modernidad a cada país.

Por el documento "Las lluvias en Piura" publicado en el año 1895 por el Dr. Víctor Eguiguren y otros posteriores, se conoce de una serie de episodios con importantes lluvias ocurridas en los años:1541;1652:1701;1720;1728;1790;1804;1814;1828;1845;1864;1871;1877;1884;1891;1925; 1982;1997 , 2017 y 2023-24. Este último evento se culminará de identificar con el registro de monitoreos en la próxima actualización mensual de la NOAA a efectuarse el día 11 de Mayo de de 2023.

La relación de causalidad entre la aparición de la corriente de El Niño en el mes de diciembre, la elevación de la temperatura en la superficie marina y las grandes inundaciones con periodos de ocurrencia en intervalos de siete (7) años ya se presentaron en Perú, muchos llegaron alcanzar episodios de estragos hasta los meses de  Abril y Mayo.

Impactos diferenciados

Si bien las referencias históricas indican los eventos de intensidad extraordinaria ocurridas con los fenómenos El Niño de los años 1891;1925-26; 1982-83; 1997-98, los impactos que ocasionan son diferenciados tomando en consideración el espacio geosocial de la cuenca, el planeamiento urbano y regional, las medidas de prevención y mitigación adoptadas, entre otras variables.

Es así que el monitoreo de los efectos del fenómeno reportan resultados diferenciados en Ecuador y colombia, respecto a lo que acontece en Perú.

El territorio peruano, por su alta complejidad respecto a su geomorfología,hidrogeología, diversidad climática y otros elementos que requieren de soluciones técnicas basadas en la naturaleza, aspirando a que el hombre y los Ecosistemas puedan interactuar armónicamente. 

En ese sentido, las valiosas informaciones de alerta temprana que presenta la NOAA como con el caso del índice ONI para visualizar los episodios de El Niño, permiten a instituciones nacionales como ANA,IMARPE,SENAMHI,DHN,INDECI,IGP,CENEPRED y otras que conforman el comité ENFEN, reportar en forma oportuna las anomalías detectadas en el oceano y la atmósfera a efectos de reducir los impactos producidos por el fenómeno El Niño.

Sin embargo, cabe fidelizar in situ la información proporcionada con las características particulares de las cuencas y acuíferos en el país; toda vez que los instrumentos de monitoreo modernos pueden pasar por campos de anomalías susceptibles de ser aliviados para mejorar en la prevención.

Se puede entender lo antes mencionado al visualizar la alerta temprana para el fenómeno El Niño 2015-2016 y que en el siguiente año 2017 causara importantes daños en Perú.

Otro registro de gran importancia resulta la data sobre la temperatura de la superficie del mar de reconstrucción extendida, que nos permite identificar el punto de inflexión de las curvas medidas para periodos de treinta años y ver el protagonismo que toma la tendencia creciente hasta el mes de Mayo.

Intensidad del Fenómeno El Niño Vs problemas de inundación

Las grandes ciudades localizadas en la franja desértica costera peruana, cuentan con infraestructura hidraúlica mayor para usar adecuadamente el recurso hídrico tan valioso en ecosistemas de oasis. 

De esta forma se construyeron progresivamente infraestructuras para almacenar el agua,presas,canales de derivación y obras de afianzamiento destinada a diversos usos y regular los caudales de los ríos controlando las inundaciones.

En el caso de la cuenca Chira-Piura, se cuenta con el siguiente esquema de infraestructura hidraúlica mayor :

La informalidad alcanza al crecimiento urbano, cuya dimensión no alcanza a controlar las inundaciones.

En el presente esquema se puede resaltar el reservorio de San Lorenzo (Inaugurado en 1959, como parte de la segunda etapa del proyecto de derivación de las aguas del río Quiroz hacia el río Piura) y el reservorio de Poechos.

Reservorio Poechos, ubicado en el cause del río Chira,inaugurada en 1976.

Presa de derivación Los Ejidos, inaugurada como parte de la segunda etapa del proyecto Chira-Piura, en el año 1985.

Presa de derivación Sullana,inaugurada como parte de la tercera etapa del proyecto Chira-Piura, en el año 1997.

La operación del sistema fomenta el uso real y beneficioso del recurso agua , impulsando la recarga de la napa freática en el acuífero confinado tanto en el alto como bajo Piura.

Con la presencia de las diversas intesidades con el fenómeno de El Niño, se presentan escenarios marcados caracterizados por torrenciales lluvias que generan grandes avenidas en los ríos, haciendo rebasar la capacidad de almacenamiento de los reservorios, los mismos que mediante sus aliviaderos , vierten los caudales de las grandes crecidas hacia los ríos en las zonas de influencia de las ciudades. 

En este contexto, Piura cuenta con un tejido de drenes que conforman un sistema de drenaje construido a través del tiempo y que en teoría debieran ajustarse a los planes de desarrollo de la región.

El otro escenario que explica como es factible tener una ciudad inundada contando con drenes, canales y obras complementarias de drenaje limitadas por una mayor presión demográfica caracterizando al crecimiento desordenado de las ciudades, donde la informalidad en las construcciones  permite crear cuellos de botella dinámicos. También influye la operación adecuada para la descolmatación de reservorios ante grandes avenidas teniendo en consideración la geomorfología fluvial y el control de erosión.

Los miles de millones de dólares que se gastaron para atender los daños producidos por el fenómeno El Niño en territorio peruano con el devenir de los tiempos, pudieron invertirse en mejor forma de haber reducido la informalidad en los procesos constructivos y de gestión.

Constituye todo un desafío reducir los daños en cada evento producido, independientemente de la intensidad del fenómeno.

En estricto la informalidad pasa por el incumplimiento del ordenamiento legal sobre la materia, pues en el proceso del manejo de residuos sólidos y el tema específico de las escombreras tiene sus antecedentes antes y despúes de los desastres generados por el denominado El Niño costero en Perú del año 2017, con el DS.N° 003-2013-VIVIENDA, modificado por el DS. N° 019-2016-VIVIENDA ; asimismo se soslaya lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1278 (2016) y su reglamento dispuesto por el DS.N° 014-2017-MINAM (2017) y la inobservancia de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1501 (2020), la cual faculta en el artículo 16 inciso c al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para supervisar,fiscalizar y sancionar a los responsables(...) independientemente si están bajo responsabilidad del sector público o privado.:

En este brumoso escenario, se contempla que los daños son mayores en cada fenómeno El Niño, por causas antropogénicas y no exclusivamente por causas naturales; para lo cual en el año 2021, se puso en vigencia la Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente - Ley N° 31358, norma que faculta al organismo rector del sistema nacional de control gubernamental, acompañar desde la fase de formulación y evaluación, así como en la fase de ejecución de aquellas inversiones públicas cuyo monto supere los diez millones de soles.

El Dato

►La informalidad en el manejo y gestión de la prevención de riesgos en territorio peruano, representa una de las principales condiciones de trabajo que resultan vinculantes con la recurrente crisis en su ordenamiento territorial y los daños emergentes producidos tras cada evento del denominado fenómeno El Niño..

►Quienes participamos en los episodios extraordinarios de El Niño 1982-83 y quince años después, en 1997-98, suscribimos la estimación que los daños causados por este episodio a nivel del planeta superaron facilmente los noventa y seis mil millones de dólares (US$96.000 millones), suma cinco veces superior al costo del episodio de 1982-83 (US$19.200 millones).

Para el caso peruano, donde el subregistro no es ajeno a su realidad, en el Niño 1982-83 los daños estimados fueron tres mil doscientos ochenta y tres millones de dólares (US$ 3.283 millones), en tanto que en el episodio de 1997-98 se generó 1.06 veces más, llegando a la cifra de tres mil quinientos millones de dólares (US$ 3.500 millones). 

Políticas públicas aportantes a la continuación o rebrote de infecciones

Una advertencia al mundo entero sobre la implementación de medidas de políticas públicas erradas constituyen los casos de Lima (Latinoamérica-Perú) y Madrid (Europa-España) que influyen en la continuación o en la nueva oleada de infecciones epidémicas por COVID-19.

Reacciones con estrictas cuarentenas

Perú, que al inicio de la pandemia, a mediados de marzo, su gobierno reaccionó rápido y decretó una de las cuarentenas más restrictivas en Latinoamérica; en tanto que al principio, el gobierno español tardó en responder al coronavirus, pero posteriormente impuso una de las cuarentenas más estrictas en Europa, llegando  aplanar la curva y después comenzó a flexibilizar las restricciones.
Actualmente, España tiene nuevamente el nivel más elevado de infección en Europa, la peor tasa de mortalidad del continente, y un repunte de casos en localidades como Madrid. En tanto en Perú - que nunca se llegó a aplanar la curva - pese a las disposiciones para usar cubrebocas y medidas de confinamiento dada por el Estado de emergencia fueron similares, ocupa los primeros lugares entre los países actualmente más afectados por COVID-19 en todo el mundo.

¿Qué sucedió?

En el caso de España, las autoridades regionales, que controlan las políticas sanitarias, calcularon erróneamente la llegada de una probable segunda oleada en otoño, y no implementaron medidas sanitarias adecuadas para cubrir las vacaciones.
En el caso de Perú, las autoridades aplicaron erróneamente medidas que confunden urgencia-emergencia-catástrofe-desastre en escenarios megadiversos, las cuales causaron impacto inmediato, ampliando la crisis de la salud pública, a los campos social, político, económico y ambiental.

Emergencia que franquean paso a la corrupción en Perú

Faltan once meses para que el Perú conmemore su Bicentenario de Independencia, lapso en que vivió episodios históricos de corrupción sistémica, los cuales inficionaron a instituciones tutelares de la Nación, comprometiendo autoridades y funcionarios en los tres niveles de gestión: Nacional, Regional y local,  muchos de los cuales purgaron condena efectiva y otros continúan en procesos judiciales.
Con la aparición de la Pandemia, se levantaron voces interesadas pidiendo el estado de emergencia en todo el territorio nacional para lo que en estricto constituían urgencias en ecosistemas locales, diferenciándose de las verdaderas emergencias en áreas altamente vulnerables como en la cuenca baja del río Rímac donde se ubica la zona estratégica de Lima metropolitana y Callao. Hoy primero de setiembre, se cumplen ciento sesenta y nueve días del Estado de Emergencia en Perú, periodo en que se proyectó destinar entre el 9% y el 12% de su PBI para apoyar a las personas que hubieran perdido su empleo (o autoempleo) y a las empresas que se hubieran quedado sin ingresos por la ralentización de la economía y evitar que se rompa la cadena de pagos. Perú lideraba la lista regional de América Latina de mayor gasto fiscal frente a la pandemia con un nueve por ciento (9%) del PBI, en tanto que según proyecciones del Banco Mundial, Perú caería 12% y sería el país con mayor caída de PBI en Sudamérica este año 2020.

Incumplimiento e informalidad asumida por la sociedad

Haciendo un símil de la dinámica de incumplimiento asumida frente al COVID-19 por la sociedad española en cuanto al ruido provocado por el tema de vacaciones y turismo ; los problemas preexistentes de la informalidad asumida por la sociedad peruana ayudan a entender por qué en Perú persiste el brote y explican por qué tiene la mayor tasa de mortalidad entre los más afectados por la pandemia en el mundo.

Un factor que incrementa los efectos por acción u omisión de las medidas tomadas obedece al desarrollo mal entendido, con un crecimiento sustentado en el marco de la informalidad multisistémica que no se limita a definirla como toda empresa no constituida en sociedad y cuyos trabajadores no gozan de beneficios laborales, sino que se amplía e incorpora aspectos educativos, sanitarios, económicos, sociales y toda aquella actividad que se ejecuta bajo el radar de las leyes, por lo que esa informalidad involucra su ejercicio independientemente del sector público o privado en el que se desarrolla.

Informalidad sistémica que incide en persistencia del brote epidémico en Perú.

Percepción y observación sobre COVID-19 en Perú

Presentaré un ejercicio visual para diferenciar la percepción (primer conocimiento del COVID-19 por medio de las impresiones que comunican los sentidos) y la observación (análisis con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre el comportamiento o características asumidas por el COVID-19) en Perú.

Ya en anteriores exposiciones pude explicar en detalle, la distorsión que ejerce la data levantada en Lima -Callao, sobre la información global del país.    

Seguidamente me apoyaré en reportes gráficos difundidos por el CSSE  de la Universidad de Johns Hopkins y el diario El Comercio y la sala situacional del Ministerio de Salud del Perú, con los cuales se podrá observar que la lucha contra el COVID-19 en Lima-Perú demandará esfuerzos conjuntos de largo aliento.

CASOS CONFIRMADOS DE 268.602 INFECTADOS CON COVID-19

CURVA LOGARÍTMICA EN EL PROCESO CON CONFINAMIENTO OBLIGATORIO

CASOS DETECTADOS DIARIAMENTE CON COVID-19

CASOS DIARIOS

MORTALIDAD E INCIDENCIA POR 100 MIL HABITANTES

MUERTES REPORTADAS POR MINSA SEGÚN FORMATO OMS ( HOY 8.761)

21.145 MUERTES ADICIONALES REPORTADAS POR SINADEF-PERU 

COMERCIO INFORMAL QUEBRANDO CUARENTENA EN LIMA-PERU

Existe evidencia de que la transmisión viral de persona a persona se ha producido entre contactos cercanos desde inicios de marzo del 2020. Se requerirán esfuerzos conjuntos considerables para reducir la transmisión mitigando las aglomeraciones en transporte público y la informalidad en otros lugares de concentración de personas.

Agenda pendiente

No está controlada el brote epidémico en Perú, por lo que no sería adecuado hablar de rebrote en determinados lugares de su territorio.  Es preciso reforzar acciones para reducir la transmisión en poblaciones en riesgo e indagar científicamente lo que está sucediendo con los 156.074 recuperados de la enfermedad infecciosa COVID-19.

BINOMIO TRANSPORTE PUBLICO E INFORMALIDAD EN LIMA-PERU

Rectificación de temas mineros

Como mencionáramos en Historia de la minería ilegal en Perú : " Se podrá reducir y controlar la minería ilegal si se planifica la intervención en diversos escenarios de la realidad peruana....caso contrario, sólo se estaría repitiendo la historia de la minería ilegal y dilatando en el tiempo el buscar una solución que históricamente es demandada por diversas localidades del país y millones de peruanos que buscan incorporarse al crecimiento y desarrollo que viene logrando el Perú de hoy.
Para muestra del consenso que se va alcanzando sobre el particular, tomaremos dos opiniones de actualidad que coinciden con lo antes mencionado.
La primera, que da cuenta de la opinión del especialista en derecho ambiental Dr. Pierre Foy, sobre el escenario legal:
"Resulta curioso que haya pasado inadvertida la enorme fisura y contrariedad que conlleva la Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (SENACE), Ley N° 29968.

En efecto, si el espíritu de dicha norma se supone está orientado a garantizar una mirada múltiple e intersectorial para la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d), superando el enfoque sectorial (“ventanilla única”) que se había establecido desde inicios de los noventa y que por ejemplo, permitía la aprobación de los EIAs por sólo un ministerio, pues ahora la propia ley en mención se encarga de (auto) sepultar sus buenos propósito, al dejar abierto un inocultable forado o boquerón.

No hay que ser muy letrado para identificar cómo lo que se hace con una mano se borra con la otra y lo más llamativo y sin mayor rebuscamiento, es que todo esto se señala en el mismo artículo que crea dicho servicio.

Mientras por un lado en el artículo 1° inciso 3°, lo crea señalando:“El SENACE es el ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) regulados en la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (...);por otro lado, más adelante continua el dispositivo “ ...salvo los Estudios de Impacto Ambiental detallados que expresamente se excluyan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del sector correspondiente, los que serán evaluados por el sector que disponga el referido decreto supremo.

Es decir, tanta batahola y alharaca garantista por crear un mecanismo de aprobación de los EIA-d (que por definición son complejos y comprometen diversas aristas sectoriales) con el objeto de contar con una nueva mirada de ventanilla múltiple, etc. para que sin que hayan transcurrido siquiera unas cuantas líneas del mismo artículo 1° inciso 3 la propia norma se encarga de abrir un “portón” para regresar a la ventanilla única, sin mayor argumento y dejándolo todo a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, el cual reglamentariamente podría hacer lo que mejor le plazca.

Necesitamos una mayor racionalidad en la generación de las normas legales –no solo respecto las que tienen rango de Ley, sino de todas las normas jurídicas en general– pues luego se desencadenan problemas aplicativos, reglamentarios o interpretativos, que ciertamente son propios del quehacer normativo, pero que para muchas situaciones esenciales o básicas se pueden prever y no ser tan ostensibles sus contrariedades".
La segunda y en el mismo orden de ideas, recoge el editorial "tres errores" publicado el día de hoy en el diario El comercio: 
"La semana pasada vimos cómo entre 7 mil y 8 mil mineros de regiones como Ica, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ayacucho bloquearon carreteras y participaron en enfrentamientos (con heridos de por medio) para exigir la derogación de una norma que establecía el procedimiento de formalización de la minería informal.
El gobierno, finalmente, llegó a un acuerdo con ellos y, con motivo de este, publicó un decreto supremo que flexibiliza los requisitos que deben cumplir estas personas para ser formales. Según el ministro del Ambiente, esto sería un éxito, pues habría “30 mil mineros informales camino a la formalización”.
El problema de la minería que opera fuera de la ley,nadie puede negarlo, es enorme y difícilmente cualquier gobierno podrá eliminarlo de un solo zarpazo. Pero es importante tener en cuenta que tampoco se podrá avanzar si, al margen de los acuerdos a los que se pueda llegar con los mineros y de las normas que se emitan, el gobierno comete tres errores recurrentes.
El primero de ellos es que sus declaraciones y leyes en favor de una minería ambientalmente responsable a menudo no suelen verse respaldadas por la fuerza pública.
De nada sirve proclamar que la minería ilegal está prohibida en teoría si el gobierno no pone a los policías necesarios para que esté prohibida en la práctica. Por ejemplo, como ya hemos informado antes, según la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral, se estima que en el 2012 la minería ilegal destruyó 1.973 nuevas hectáreas de la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, 48% más que el año anterior. Y este año ya serían 872 las hectáreas devastadas. Esto, principalmente, sería consecuencia de que el gobierno no asigna los recursos necesarios para combatir a esta lacra. De los 500 policías que llegaron a esa zona el año pasado para luchar contra esa actividad, hoy solo quedan 80. Un número claramente insuficiente si se tiene en cuenta que existen diversos campamentos mineros ilegales que desalojar y que en el más grande de los asentados en la zona de amortiguamiento trabajan 5.000 personas. Esta situación resulta aun más complicada si consideramos que, desde hace dos años, la fiscalía ambiental que opera en Puerto Maldonado cuenta solo con un fiscal especializado y un adjunto, a pesar de que la carga procesal de la misma supera los 2.500 casos.
El segundo error recurrente del gobierno es su tendencia a tolerar manifestaciones violentas y bloqueos de carreteras por parte de quienes reclaman algún tipo de beneficio.
¿Cómo sería el país si cada vez que un ciudadano quiere presentar un reclamo que a él le parece justo toma para ello una carretera y afecta la libertad de tránsito y la seguridad del resto de peruanos? En lo que va de su administración, el gobierno viene enviando la señal de que la forma más efectiva de hacerse escuchar es amenazar los derechos de terceros. Y eso no solo significa una escasa capacidad de proteger a la población y al Estado de derecho, sino también que los ilegales saben que tienen una buena chance de que, usando ese mecanismo, el Estado se haga de la vista gorda con ellos.
Finalmente, el tercer error del gobierno es no percatarse (o hacerlo tardíamente) de que, en algunos casos, muchas de sus mismas disposiciones conducen a los mineros a la informalidad.
El señor Jiménez reconoció que “existió deficiencia e irresponsabilidad” en emitir el decreto cuya suspensión pedían los manifestantes, razón por la cual se habrían flexibilizado los requisitos de la formalización. Asimismo, las barreras burocráticas que enfrentan los mineros artesanales para poder ser formales desincentivan a muchos de ellos de operar en una situación en que se pueda fiscalizar que cumplen la normativa ambiental.
El combate a la minería ilegal es algo que debe unir a todos los peruanos que creemos en un país desarrollado y respetuoso del medio ambiente y de la vida de los ciudadanos. Pero, para tener éxito en esa lucha, es importante que el gobierno aborde absolutamente todos sus flancos".

¿Informalidad minera organizada?

Perú, el país de los Incas - un país minero por excelencia - que en sus entrañas y bajo la cordillera de los Andes, guarda ingentes recursos mineros, pasa  por una marcada tragedia al tratar de aprovechar los bienes comunes que no armonizan los intereses del hombre con la naturaleza.

Legados que valoran el significado de suelo, subsuelo, tierra , agua , recursos naturales, ordenamiento territorial, derechos de propiedad , entre otros,  bajo la cosmovisión de ancestrales generaciones que han poblado ecosistemas de montañas y bosques en las zonas aluviales (conteniendo oro a márgenes de los ríos del oriente peruano), son puestos en valor confundiendo paradigmas, principios y conceptos que el esfuerzo legislativo de largo aliento no terminan por regular : La informalidad minera.

En Perú, se evidencia el accionar de la informalidad minera como un intermedio entre la actividad minera legal y la actividad minera ilegal, sobre la base del uso de medios y fines.

Las actividades mineras formales tienen fines legales, pero algunas son conducidas ilegalmente porque es difícil para los concesionarios mineros cumplir con regulaciones oficiales en el marco de las múltiples autoridades competentes y la inadecuada regulación ambiental.No es que tengan previsto actuar bajo el radar de las normas peruanas, es que simplemente en ciertos proyectos mineros no se ha logrado internalizar la licencia social producto del conocimiento real de la existencia de pasivos ambientales. La falta de una apropiada comunicación entre los actores sociales impide un accionar concensuado respecto  del impacto producido por labores mineras que deben ser atendidas ajustadas a Ley.

Las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.

Esta informalidad minera tiene como soporte el hecho que sólo pueden ser considerados como infracciones las contenidas expresamente en normas de la misma naturaleza. Es así que la Infracción, bajo la óptica del derecho general es considerado como toda acción u omisión que importe violación de normas, de allí subyace lo prescrito en la infracción penal e infracción tributaria.

Proceso Histórico

La informalidad minera organizada en Perú tendría sus antecedentes más próximos en la corriente de pensamiento y forma como se desarrollaron las invasiones de terrenos en 1940 y 1968.  

Un precedente mas ligado a la minería actual, se dio con la compañía Manhattan , quien inició sus estudios en Tambogrande (Mayo,1999) cuando tomó una opción del Estado a tres años para explorar la zona en Piura, al norte de Lima.

  

Recursos polimetálicos encontrados en Tambogrande que generan expectativas. 

Las pretensiones de la empresa Manhattan era de reubicar una parte del pueblo para ejecutar el proyecto de explotación de los recursos polimetálicos que se hallan bajo su suelo.

La explotación sería mediante tajo abierto, para lo cual tendría que reubicar a veinticinco mil habitantes, lo cual fue rechazado por la comunidad pues la población se mostró contraria a una posible reubicación.  Bajo una inadecuada relación comunitaria por el tema de la reubicación y la información que desplegaron los activistas ambientales sobre problemas por disponibilidad de agua, y la contaminación de los recursos, se llegó finalmente a determinar el rechazo de la minería por estos y otros riesgos que se plantearon.

El espacio dejado por la minería formal, fue cubierto en parte por la minería ilegal, dejando con ello una muestra de la capacidad de los operadores ante las concesiones mineras en otras localidades del territorio peruano.
El año 2001 la empresa Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo concesiones mineras en territorios de propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (provincia de Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba), también en la región Piura, zona norte del Perú.
Una de estas concesiones fue el proyecto minero Río Blanco, que buscó explotar un yacimiento de cobre y molibdeno. Las comunidades campesinas de la zona rechazaron el proyecto porque lo consideraron una amenaza para la agricultura y al uso de agua para consumo humano.
Con similares métodos, procedimientos y características que llevaron al desborde popular aunque en diversa magnitud y dimensión llevadas a cabo en Piura, se dieron episodios en Cerro Quilish (Cajamarca), Tía María (Arequipa), entre otros.

A inicios del año próximo pasado (2010) se presentaba un reportaje de lo que estaba sucediendo en Madre de Dios, un ejemplo palmario de lo que estaría sucediendo con la informalidad minera organizada.
 

Concesiones mineras

En Derecho Público, la palabra Concesión ; se aplica a los actos de la autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular (concesionario) o a una empresa (concesionaria), determinado derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas.

En ese orden de ideas, el Estado peruano al otorgar las Concesiones mineras se encuentra atravezando un terreno minado que debe transitar sin perjuicio del cumplimiento del ordenamiento jurídico y considerando el impulso que viene alcanzando la informalidad minera organizada que no toma reparos en utilizar la violencia, así como las legítimas demandas socio ambientales del pueblo  para arrinconar a la administración del Estado en turno, conseguir zonas liberadas de concesiones mineras , a fin de generar el espacio para el desarrollo de la minería ilegal que es por naturaleza salvaje, invasiva y contraria al desarrollo sostenible. 

Ante la formalidad del Estado lleno de normas ambientales (desarticuladas en sus diferentes niveles) que dificilmente llega al consumidor de leyes surgen -sobre la base del interés social y necesidad pública- los operadores que en grado extremo se convirtieron en traficantes, a los cuales habría que neutralizarlos oponiéndoles no solo medidas represivas sino creando políticas públicas de atención a la población peruana necesitada de acciones con resultados concretos de corto y mediano plazo.