Discutiendo el tema de las concesiones y la informalidad minera organizada, nos referíamos al antecedente ligado a la compañía Manhattan , quien inició sus estudios en Tambogrande (Mayo,1999) cuando tomó una concesión del Estado a tres años para explorar
la zona en Piura, al norte de Lima.
Las pretensiones de la empresa
Manhattan era de reubicar una parte del pueblo para ejecutar el proyecto de
explotación de los recursos polimetálicos que se hallan bajo su suelo.
La explotación sería mediante tajo
abierto, para lo cual tendría que reubicar a veinticinco mil habitantes,
lo cual fue rechazado por la comunidad pues la población se mostró contraria a
una posible reubicación.
Bajo una inadecuada relación comunitaria por el
tema de la reubicación y la información que desplegaron los activistas
ambientales sobre problemas por disponibilidad de agua, y la contaminación de
los recursos, se llegó finalmente a determinar el rechazo de la
minería por estos y otros riesgos que se plantearon.
En el extremo último citado, recordamos un detalle que levantamos in situ haciendo la consulta a la población periférica de la zona, nos indicaban ante la pregunta del porqué tanto temor a la presencia minera, obteniendo por respuesta: "además de no poder abandonar a nuestros antepasados en el cementerio, la minera traerá las antenas de teléfono y estas radiaciones producirán infertilidad en los hombres", adujeron.
Ciertamente estas dudas no fueron adecuadamente aclaradas y en esa oportunidad no se neutralizó el discurso antiminero promovido por cierto sector agroindustrial exportador que creyó verse afectado por la presencia de la minería formal.
El espacio dejado por la minería formal, fue cubierto en parte por la
minería ilegal, dejando con ello una muestra de la capacidad de los
operadores ante las concesiones mineras en otras localidades del
territorio peruano.
Transcurrida más de una década, se presenta un caso similar , pero con otro escenario y resultado diferente, tratado por el diario El Comercio que toma un interesante artículo de Financial Times respecto a un análisis de los desafíos políticos para sacar adelante las inversiones mineras en los siguientes términos para el Perú:
"Situada a una altitud de 5.200 metros en Los Andes peruanos, la recién construida ciudad, que pronto será bautizada como Nueva Morococha se ve incongruente, sus filas inmaculadas de tejados rojos dominan el valle en forma de cuenca.
Chinalco, la empresa minera china, construyó el asentamiento para reubicar a unas 3.500 personas de la localidad de Morococha -un ex campo de explotación minera construido sobre un vertedero a inicios de los 1900.
Nueva Morococha tiene calles pavimentadas, parques infantiles, escuelas, iglesias y plantas de procesamiento de agua, lo que contrasta con la antigua y precaria aldea.
El motivo de Chinalco para trasladar a los habitantes del pueblo se aprecia en grietas en forma de cono que se han cavado en la montaña, color ocre, que se cierne sobre el viejo pueblo.
Es aquí, en Toromocho, que Chinalco está invirtiendo US$2.200 millones en una mina de cobre y planta de procesamiento.
Los pobladores de Morococha están, simplemente, en el camino.
Según la empresa, 77% de los hogares, cerca de 900 familias, acordaron reubicarse.
Chinalco dice que aún está calculando el costo de la reubicación, pero se estima entre US$150 y US$ 200 millones.
El problema es que no todo el mundo está listo para moverse de inmediato. Marcial Salomé, alcalde de la ciudad, ha desafiado a Chinalco y prometió no trasladarse al nuevo pueblo hasta que consiga lo que, él cree, le corresponde al pueblo.
“Yo no estoy en contra de la medida, sólo quiero que la empresa nos dé lo que es justo”, dice Salomé. Él representa a una minoría, unos cien residentes, que se ha resistido a los términos de la reubicación. Salomé quiere que Chinalco garantice puestos de trabajo en la nueva mina y que la empresa compense a su pueblo con US$300 millones por la destrucción de su aldea. “Esta es nuestra casa, tenemos que defender lo que es nuestro”, añade.
AMBICIOSOS OBJETIVOS DE LIMA
Si Perú recibe todas las inversiones que tiene en proyecto en los próximos 10 años -alrededor de US$53.000 millones por 52 proyectos- (produciendo así 5 millones de toneladas anuales para 2025) el país se ubicará inmediatamente después de Chile, el mayor productor mundial de cobre, con una producción de 5,7 millones de toneladas.
Perú es actualmente el tercer productor de cobre más grande, ya que produce alrededor de 1,3 millones de toneladas. La minería es la columna vertebral de la economía de rápido crecimiento y representa el 15% del PIB.
Sin embargo, la explotación de las reservas de cobre presenta un desafío político complicado para el presidente Ollanta Humala.
Si bien muchas de las minas de Chile se encuentran en zonas remotas o despobladas como el Desierto de Atacama, el cobre de Perú se ubica frecuentemente cerca de pueblos y comunidades indígenas.
Esto ha obligado a Humala a realizar un delicado acto de equilibrio.
El presidente ganó la elección comprometiéndose a apoyar a los pobres en los conflictos mineros. No obstante, Humala es consciente de que los miles de millones de dólares de inversiones mineras prometidas son cruciales para mantener el magnífico 6% de crecimiento económico del país.
Esto genera los ingresos extras que necesita para programas sociales, que apoyan a más de un cuarto de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza -gente como los habitantes de Morococha vieja.
“Perú tiene potencial minero para ser una superpotencia cobre y está mucho más cerca de ese estatus que lo que estaba hace 20 años. Se está moviendo en esa dirección”, sostuvo Anthony Bebbington, un ex consultor del Banco Mundial. “La pregunta es, entonces, ¿se puede avanzar sostenidamente hacia adelante? ¿Y cuáles serían las condiciones sociales y políticas institucionales que permitan que eso suceda?”
El gobierno admite a más de 200 conflictos.
Los que más a menudo se vuelven violentos están relacionados a la minería y cada vez más se centran en el uso del agua. Minas Conga, Tintaya-Antapaccay de Xstrata, en la región sur del Cusco y el proyecto Cañariaco de Candente Copper en Lambayeque, son los mayores conflictos.
El gobierno está tratando de enfriar las disputas mediante la participación de autoridades regionales directamente en la gestión de conflictos y los procesos de resolución, así como su inclusión en las negociaciones de los proyectos.
Finalmente, la administración está poniendo su fe en una ley de consulta previa, que recogerá las impresiones de las comunidades locales antes que se inicien grandes proyectos mineros, aunque hay muchos escépticos.
En tanto, el gobierno recibirá a los inversionistas con los brazos abiertos.
El año pasado (2012) concedió 4.668 permisos de explotación minera a 582 empresas, frente a 3.100 en 2011".
