Incertidumbre minera 2011_2013

Transcurridos veintiún (21) meses de asumida la administración de Estado peruano, el ejecutivo _ al parecer_ estaría haciendo esfuerzos por resolver la incertidumbre y expectativas mal fundadas generadas con la Ley de Consulta Previa (Aprobada por el Congreso en Agosto del 2011).
La consulta previa, planeada para que haya mayor paz social, terminó siendo  todo lo contrario y tiene a la administración Humala arrinconada tanto por empresarios como comuneros presionándolo, unos para invertir y los otros para defender el agua que alimenta a sus bosques y forma de vida.
En vista que pasado este lapso _21 meses_ no se cuenta con la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la precitada Ley de Consulta Previa, el ejecutivo decidió aceptar la renuncia de un funcionario de nivel viceministerial y sin embargo, mantiene las mismas dificultades primigenias, de la propia administración del estado peruano y las empresas_Mineras_ para dirimir intereses y tensiones con las comunidades.
El prestigioso diario El Comercio, grafica lo expresado en los siguientes términos:  
La tensión acumulada durante los últimos meses entre el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Energía y Minas(MEM) estalló esta semana. Un día después de la entrevista dominical dada por el presidente Ollanta Humala, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, presentó su carta de renuncia y el viernes el Ejecutivo la aceptó. Su salida no solo pone en evidencia las irreconciliables posturas en el Ejecutivo sobre cuáles son los pueblos indígenas con derecho a ser consultados y la necesidad de asegurar nuevos proyectos mineros, marca también el inicio de una feroz lucha de poderes y visiones sobre dónde y cuándo hay que impulsar la consulta previa en el Perú. En la entrevista, Humala recogió la visión del MEM, cuestionó la existencia de pueblos indígenas en los Andes y señaló: “En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria”. De ese modo Humala marcó distancia de la propuesta del Viceministerio de Interculturalidad, que había incluido en su base de datos de pueblos indígenas -aún sin publicar- a comunidades aimaras y quechuas de Apurímac, Áncash, Lambayeque, Huánuco, Ayacucho y el Cusco, regiones donde se sitúan los principales proyectos mineros.

Localización de proyectos mineros auríferos en Perú.

COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las declaraciones de Humala no fueron aisladas. Se produjeron en la misma semana en la que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, confirmó que 14 proyectos mineros ubicados en la sierra no pasarían por la consulta previa, a pesar de que desde inicios de este año el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de su sector incluye la necesidad de realizar la consulta antes del proceso de exploración minera y luego para la explotación. ¿Cuáles son los proyectos que no se consultarán? Solicitamos la información al MEM, pero no respondieron. Uno de los problemas respecto de las comunidades campesinas es la ausencia de cifras claras. Mientras el último censo hecho por Cofopri (2010) señala la existencia de 6.069 comunidades campesinas en la costa y la sierra, Sunarp tiene registradas 6.234. “No entendemos estas diferencias, hace falta un censo actualizado de comunidades campesinas”, señala Pedro Castillo, abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). José Luis López Follegatti, coordinador del Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo Sostenible, afirma que el MEM no debería oponerse a los procesos de consulta previa porque ya están normados y porque se podrían generar más conflictos sociales. “En lugar de unificar procesos eligieron saltarse la consulta, no se dan cuenta de que hubieran podido hacer más viable la negociación”, dice. Las últimas semanas, el viceministro afrontó las críticas no solo del Ejecutivo (que se resiste a publicar la base de datos), sino también de algunas ONG y dirigentes campesinos que cuestionaban el uso de la lengua originaria para identificar a los pueblos indígenas con derecho a la consulta. La falta de ese respaldo político del gobierno y de la sociedad civil aceleró su renuncia. Sin embargo,El Comercio conoció que entre agosto y noviembre del año pasado el MEM envió dos oficios en los que solicitaba información sobre la existencia de pueblos indígenas en 32 proyectos mineros. El Ministerio de Cultura identificó pueblos indígenas con derecho a consulta previa en 14 proyectos. Lo que llama la atención, además de la coincidencia con el número de proyectos anunciados por el MEM, es que en un informe interno elaborado por la Dirección General de Minería, el 12 de diciembre del año pasado, se menciona que en Apurímac ya se había iniciado un proceso de consulta previa con el proyecto Angostura, en tierras de la comunidad campesina Nueva Esperanza de Mollepiña, en el distrito de Curpahuasi (Apurímac). “La etapa de evaluación para el proceso de consulta del proyecto Angostura se inició el 5 de diciembre del 2012”, se lee en el informe. ¿En qué situación se encuentra este proceso? El MEM aún no responde, pero este caso permite conocer que por lo menos hasta el año pasado el sector sí reconocía a las comunidades andinas como pueblos indígenas con derecho a consulta.

LA BASE DE DATOS 

A esto se suma que no todas las comunidades están registradas y que de las registradas no todas tienen claros sus linderos. “Estamos elaborando una nueva directiva pensada en las comunidades campesinas, en respetar sus costumbres y su cosmovisión”, dice Javier Anaya, abogado especialista en comunidades campesinas de Sunarp. ¿Todas las comunidades campesinas son pueblos con derecho a la consulta previa? No. Y precisamente la base de datos que había elaborado el Viceministerio de Interculturalidad las identificaba. A un sector del Ejecutivo le pareció que eran demasiadas y que podían poner en riesgo los nuevos proyectos de inversión. Con la renuncia de Lanegra y de parte de su equipo técnico, la base de datos queda a la deriva. En la entrevista del domingo,Humala recordó que había una demanda pendiente sobre esta y luego argumentó que “lo que está habiendo es un proceso de revisión de comunidades, no se trata de publicar la base de datos y de que mañana se tenga medio Perú con comunidades”. Si la base de datos está operativa desde setiembre del año pasado (como informó este diario el 17/2/2013) y que esta incluso ya ha sido presentada al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ¿a qué se refiere el presidente cuando menciona que “hay un proceso de revisión de comunidades”?.En el Ministerio de Cultura no lo saben. 

CONFLICTOS 

Cada vez que una empresa busca ingresar a explorar en el territorio de una comunidad campesina debe contar con la aprobación de dos tercios de los comuneros. Si la comunidad es considerada pueblo indígena, la ley señala que deberá, además, iniciarse un proceso de consulta previa para discutir la declaración de impacto ambiental de la exploración. “El gobierno debió haber unificado los dos instrumentos en un solo proceso de consulta en lugar de saltarse la consulta”, sostiene López. La decisión del gobierno de no consultar los proyectos mineros ubicados en tierras de pueblos indígenas respondería a un cambio en el sector minero. “Hace un año la consigna era que no importaban los costos [financieros, ambientales, sociales y tecnológicos] si los precios estaban altos; ahora los cuatro costos se han incrementado, hay más conflictos, más exigencias ambientales y mayor precio de la tecnología. Hay cierta incertidumbre, caen algunos precios y las empresas tienen más precaución”, explica López Follegati.

Pueblos indígenas & minería

La ley de Consulta previa fue aprobada por el Congreso en Agosto del 2011, transcurrido dieciocho meses de su aprobación, todavía no se publica la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la misma. (Como se sabe,no todas las comunidades cumplen estos dos requisitos).

En este escenario, la estrategia antiminera para generar mayores contradicciones en el sector, pasa por prolongar la identificación de los pueblos indígenas válida para el proceso de consulta previa en Perú, hecho que estaría funcionando en razón a que progrese la medida de acción popular entablada contra la directiva encargada de elaborar la base de datos de los pueblos indígenas originarios.

A continuación presentamos uno de los casos, difundido por El País:

"Desde diciembre (2012) , en la sierra norte del Perú un proyecto minero enfrenta la oposición de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, la única del país donde aún se habla la variante del quechua Cañaris. Comuneros que rechazan la extracción a tajo abierto protestaron en enero, bloqueando la vía de acceso al campamento de la minera Cañariaco.

La policía repelió con disparos, algunas personas quedaron discapacitadas, no hubo muertos. El gobierno, entonces, creó una mesa tripartita de trabajo para resolver el conflicto; sin embargo, las dos últimas sesiones no han abordado el principal punto de discrepancia y los representantes del Estado y de la comunidad están cada vez más enfrentados. “Creo que por la ruptura de la mesa de diálogo va a ser imposible asistir a la siguiente”, dijo el dirigente Florentino Barrios a EL PAÍS el sábado, pocas horas después de que fracasó la cita en las montañas del departamento de Lambayeque.

Este caso muestra las dificultades del Gobierno y las empresas para dirimir intereses y tensiones con comunidades de culturas y valores diferentes: 18 proyectos mineros están asentados en territorios de indígenas, y una cantidad mayor incluso corresponde a proyectos de hidrocarburos.

La Defensoría del Pueblo reporta cada mes la cantidad de conflictos sociales en el país. El informe de febrero revela que de 89 casos en proceso de diálogo, 46 de esos espacios surgieron después de un hecho de violencia, como ocurrió con Cañaris. De 222 conflictos registrados en febrero,147 son socioambientales, como el de Cañaris. O también,como el de Conga Cajamarca(sierra norte), donde el diálogo fracasó y continúan las fricciones entre la policía contratada por la empresa minera y la población local que se opone a un millonario proyecto minero de la estadounidense Newmont.

Ese conflicto fue la primera crisis política que enfrentó –en diciembre de 2011– el gobierno de Ollanta Humala, pues al abandonar su promesa de Agua sí, oro no en Agua sí, oro también, prescindió de varios ministros y parte de sus electores se sintieron traicionados. 

La cuestión en Cañaris es particular debido a que el Perú promulgó en 2011 la ley de consulta previa de los pueblos indígenas, pero el Estado aún no ha concretado ninguna consulta de acuerdo a dicha norma.

Tardíamente, la semana pasada, divulgó una guía de procedimientos administrativos para su aplicación, pero aún no hace pública la lista oficial de los pueblos indígenas que pueden exigir ese derecho.

La mesa de trabajo de Cañaris fue creada por el gobierno, con la participación de la empresa y la comunidad, para abordar dos temas: desarrollo y minería. En cuanto a minería, en la sesión del 4 de marzo el gobierno debió decidir la validez de dos votaciones en las que los comuneros tomaron posición acerca de las operaciones de la minera Candente Copper. Ninguna fue organizada por el Estado, aunque la segunda contó con representantes gubernamentales como observadores. Una votación con 500 personas en julio de 2012 tuvo el 70% a favor de la mina; mientras que a la de septiembre asistieron 1.896 personas y 1.719 votaron contra el proyecto. El padrón comunal de San Juan de Cañaris registra unas 3.300 personas, quienes se rigen por la ley de comunidades campesinas. La sesión del sábado, realizada en un coliseo en Cañaris, postergó nuevamente para mayo la evaluación sobre cuál votación da, o no, el permiso o licencia social a Candente Copper para seguir sus operaciones. En las dos últimas sesiones, el comportamiento de los representantes del gobierno, altos funcionarios del ministerio de Energía y Minas y de la presidencia del Consejo de Ministros, ha llamado la atención. La reunión del 2 de marzo iba a ser en la comunidad campesina de Cañaris, sede definida con un mes de anticipación. La noche anterior, los funcionarios cambiaron el lugar, avisando a la prensa, pero no a los cañaris, quienes habían preparado una bienvenida de acuerdo a sus costumbres ancestrales. Las autoridades comunales no solo llegaron tarde a la otra localidad, sino que se sintieron maltratadas.

Este sábado en Cañaris, el presidente comunal saliente, Cristóbal Barrios, y su sucesor Florentino Barrios, quien asume el próximo 17, tuvieron dificultades al ingresar a la sesión en un coliseo. 

El impás se resolvió, pero un representante de la PCM impidió pasar a Rosa Sara, vocal de la presidencia comunal y dirigente de las rondas de mujeres de Cañaris. “Nos retiramos porque no era conveniente entrar incompletos”, explicó Florentino vía telefónica, mientras el presidente saliente se quejaba a la prensa: "Nos han sacado de nuestra propia casa”.

A su vez, el presidente de la mesa de trabajo, Fernando Castillo –del ministerio de Energía y Minas– declaró que los dirigentes tomaron la “decisión unilateral de no participar en la reunión”. Sin embargo, a la fecha, el gobierno se ha valido de recursos administrativos contradictorios y se inclina a favorecer a la minera canadiense. 

La inversión proyectada por la empresa es de cerca de dos mil millones de dólares para extraer cobre y oro.

A fines de febrero, en una entrevista con EL PAÍS, Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de Diálogo del gobierno, afirmó: “Quienes van a determinar la validez o no de estas votaciones es el subgrupo de ambiente y minería. Y allí están todos, incluso la parte opositora -de la comunidad-, Energía y Minas, nosotros. Esa discusión en la comisión es muy importante y no somos nosotros sino la comisión la que dará validez o no a los argumentos presentados”.

El tiempo sigue pasando y tanto los empresarios como los comuneros presionan a la administración Humala. Unos para invertir, los otros para defender sus bosques montanos y el agua".