Han pasado 24 años desde que, en 2002, el Perú inició el proceso de formalización minera con la
Ley N° 27651, orientada a la pequeña minería y minería artesanal. Una década
después, en 2016, el Decreto Legislativo N° 1293 declaró de interés nacional
dicha formalización. Más recientemente, el 26 de diciembre de 2025, la Ley N°
32537 extendió este proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la
entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal
(MAPE) y su reglamento.
A pesar de este largo recorrido normativo, el país llega a las elecciones generales del 12 de
abril de 2026 atrapado en una controversia que se repite sin mayor evolución.
El debate sobre la minería ha sido reducido, durante años, a una falsa
dicotomía: minería sí o minería no; agro sí o mina no; agua sí u oro no. Este
enfoque simplista ha condicionado propuestas igualmente limitadas, que no
logran diferenciarse en lo sustantivo y que, en la práctica, han contribuido a
ralentizar el desarrollo nacional durante casi un cuarto de siglo.
El problema de fondo es que se sigue intentando responder a fenómenos complejos, como la expansión
de la minería ilegal, con soluciones fragmentadas, lineales y desarticuladas.
El resultado es evidente: el crecimiento exponencial de esta actividad ilícita,
frente al cual los esfuerzos del Estado, especialmente desde el sistema de
justicia, resultan insuficientes.
Sin embargo, incluso este diagnóstico se queda en la superficie.
El verdadero problema estructural
que el Perú no ha querido enfrentar es otro: sigue operando bajo una lógica
de cadena productiva primaria, cuando el desafío
real es construir una cadena de valor minera.
El Perú es, sin duda alguna, una potencial potencia minera, vinculado a lo históricamente demostrado
como uno de los principales productores mundiales de cobre, oro, zinc y plata.
Pero esa fortaleza encierra una paradoja: exporta grandes volúmenes de
recursos, pero no captura plenamente la riqueza que estos pueden generar.
Extrae minerales, pero no maximiza su valor.
La razón es conceptual y estratégica. Perú estructuró la minería como una cadena
productiva: un proceso lineal que comienza con la exploración, continúa con la
extracción, pasa por un procesamiento básico y culmina en la exportación.
En
este esquema, el país participa fundamentalmente en los eslabones de menor
valor agregado.
Las consecuencias son conocidas: alta dependencia de la fluctuación en los precios internacionales, escasa
diversificación productiva, limitada generación de empleo calificado y una
creciente percepción social de que la minería no deja beneficios suficientes en
los territorios donde opera.
Frente a ello, cobra relevancia el concepto de cadena de valor,
desarrollado por Michael Porter. No se trata solo de producir más, sino de
producir mejor, integrando actividades que generen valor en cada etapa del
proceso.
Aplicado a la minería, esto implica ir mucho más allá de la extracción. Supone apostar por
investigación geológica avanzada, innovación tecnológica, fundición y
refinación dentro del país, desarrollo de industrias aguas abajo, servicios
especializados de clase mundial, generación de conocimiento y formación de
capital humano calificado.
En suma, transformar la minería en un
verdadero motor de desarrollo integral.
El Perú, sin embargo, aún no ha dado ese salto. Sigue básicamente exportando concentrados en
lugar de metales refinados. Dependemos de tecnología importada en vez de
desarrollarla. Los encadenamientos productivos locales son débiles y las
regiones con tradición minera permanecen, en gran medida, desconectadas de
procesos industriales más complejos.
Esto no es casual. Es el resultado de décadas sin una política clara de industrialización minera.
Mientras tanto, otros países de las Américas han avanzado en esa dirección. No
solo exportan concentrados de commodities, sino que ha construido un ecosistema de proveedores mineros, generando valor más allá de la extracción.
Pero el desafío no es únicamente económico. Es también social, ambiental y político.
Muchos de los conflictos
vinculados a la minería responden a una percepción legítima: que la riqueza no
se distribuye de manera equitativa. Una minería basada únicamente en la lógica
de cadena productiva tiende a reforzar esa percepción. En cambio, una minería
articulada como cadena de valor puede generar empleo local, dinamizar economías
regionales y construir legitimidad social.
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| Una mirada a los servicios industriales de la marina-SIMA,puertos y cadena de valor |
Por ello, el debate que el Estado peruano necesita no es si debe o no explotar sus recursos
minerales, sino cómo hacerlo de manera inteligente. No se trata de estar en contra
de la minería abandonándola o dejando aislada a la inversión privada, sino de
transformarla y acompañarla en el proceso de cambio.
En un contexto electoral como el que se encuentra el país a escasos días de elegir a su
mandatario de un abanico de treinta y cinco candidatos presidenciales, marcado mayormente
por discursos polarizantes, propuestas simplistas que llevan a discusiones
bizantinas, resulta imprescindible pedir a los candidatos una visión más ajustada
a la realidad que exige el país : ¿Qué plantean para que el Perú deje de ser un
exportador de materias primas agotables y se convierta en un generador de
valor? ¿Cómo piensan articular la minería con la industria, la tecnología y el ordenamiento territorial? ¿Qué estrategias concretas proponen para cerrar esta
brecha histórica?.
El país no puede seguir postergando esta discusión, siendo que al año 2026 la minería representa
cerca del 10% del PBI peruano y es uno de sus pilares económicos por ser motor
de exportaciones y generador de empleo. La cuestión de fondo es si seguirá
siendo una actividad extractiva tradicional o si estamos dispuestos a
convertirla en una verdadera plataforma de desarrollo sostenible.
La diferencia entre cadena productiva y cadena de valor no es meramente académica. Es, en esencia,
la diferencia entre un país que exporta lo que extrae y otro que construye
riqueza a partir de lo que posee.
Y esa decisión, más que técnica, es profundamente política.
! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !
Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas
DNI N° 08186048
CIP N° 38874
