RRSS municipales & transición energética andina

Durante décadas, los residuos sólidos municipales fueron entendidos en América Latina únicamente como un problema sanitario asociado al crecimiento urbano. Las ciudades crecieron, el consumo aumentó y, junto con ello, millones de toneladas de residuos comenzaron a acumularse diariamente en botaderos a cielo abierto, vertederos y rellenos sanitarios. Sin embargo, el contexto actual obliga a replantear esa visión tradicional. Lo que antes era considerado basura hoy empieza a ser visto como un recurso estratégico capaz de influir en la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de la región andina.

En cinco países : Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, se generan el orden de cuarenta (40) millones de toneladas anuales de residuos sólidos municipales; y más del 50 % de éstos corresponde a materia orgánica susceptible de ser valorizada mediante tecnologías de biodigestión anaeróbica, captura de biogás o sistemas Waste to Energy (WTE); por consiguiente, una parte importante de aquello que hoy se entierra podría convertirse en electricidad, fertilizantes y nuevos recursos aprovechables. Paradójicamente, gran parte de este potencial continúa enterrándose diariamente en rellenos sanitarios o, peor aún, terminando en botaderos informales sin ningún tipo de control ambiental.

Por la gran magnitud de botaderos a cielo abierto, éstos pueden observarse satelitalmente.

El principal problema estructural de estos países continúa siendo la persistencia de un modelo lineal basado en extraer, consumir y desechar. Este esquema ha generado una presión creciente sobre los sistemas de disposición final, obligando a los municipios a destinar enormes recursos económicos únicamente para recolectar, transportar y enterrar residuos. En muchos casos, los gobiernos locales apenas logran sostener servicios básicos de limpieza pública, sin capacidad financiera suficiente para invertir en tecnologías modernas de valorización, reciclaje o recuperación energética.

La situación es más complicada en zonas rurales, ciudades intermedias, territorios amazónicos y regiones altoandinas, donde la limitada infraestructura sanitaria dificulta el manejo adecuado de residuos. Así, millones de toneladas continúan llegando a botaderos a cielo abierto, afectando ecosistemas y servicios ambientales al provocar contaminación de ríos, degradación de suelos, emisiones de metano y afectación directa sobre poblaciones vulnerables.

El cambio climático agrava aún más esta problemática, debido a lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos que dinamizan los lixiviados. incrementando los riesgos ambientales asociados a sistemas precarios de disposición final. Esta posibilidad adquiere enorme relevancia para estos países donde la minería constituye uno de los principales motores económicos y, simultáneamente, uno de los mayores consumidores de energía eléctrica.

La minería moderna requiere crecientes cantidades de electricidad para procesos de trituración, molienda, bombeo, ventilación, procesamiento metalúrgico y automatización industrial. A medida que los yacimientos se vuelven más profundos y complejos, la demanda energética minera continuará incrementándose de forma sostenida. La transición energética global depende directamente de minerales estratégicos producidos en la región andina.

Los vehículos eléctricos, las energías renovables, las redes inteligentes y las nuevas tecnologías requieren minería, para lo cual se debe construir modelos mineros cada vez más sostenibles, eficientes y articulados con procesos de economía circular. 

En este contexto, la valorización energética de residuos sólidos municipales podría convertirse en uno de los grandes puntos de convergencia entre desarrollo urbano, transición energética y minería sostenible.

Países desarrollados del planeta han demostrado que es posible reducir drásticamente la dependencia de rellenos sanitarios mediante sistemas integrados de reciclaje, biodigestión y generación eléctrica a partir de residuos. En varias ciudades europeas, la basura dejó de ser vista como un problema para convertirse en una fuente complementaria de energía y desarrollo tecnológico.

La Comunidad Andina todavía enfrenta enormes desafíos para avanzar hacia ese escenario. La baja segregación en origen, la informalidad del reciclaje, las limitaciones presupuestales municipales, la débil planificación regional y la falta de infraestructura tecnológica continúan siendo barreras importantes. A ello se suma la necesidad de fortalecer marcos regulatorios, desarrollar capacidades técnicas y promover educación ambiental ciudadana.

El Dato

►La región andina posee abundante materia orgánica aprovechable, creciente demanda energética y una expansión industrial y minera que requerirá nuevas fuentes de electricidad durante las próximas décadas. Bajo una adecuada planificación, los residuos sólidos podrían transformarse simultáneamente en una solución ambiental y en un recurso energético estratégico para el desarrollo regional.

►La verdadera discusión de futuro ya no debería centrarse únicamente en cómo eliminar residuos, sino en cómo transformar aquello que hoy enterramos en nuevas oportunidades de energía, innovación y sostenibilidad. 

El Niño : Fenómeno o evento

En términos sencillos, y respondiendo a una inquietud frecuente de mis discípulos de la región andina, conviene precisar que El Niño no debe entenderse únicamente como una lluvia intensa o una emergencia temporal, sino como un fenómeno climático complejo que forma parte de la dinámica natural del océano Pacífico y de la atmósfera.

Cuando se habla de “El Niño” en sentido general, se hace referencia al proceso climático recurrente asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar lluvias, temperaturas, sequías, actividades productivas y ecosistemas en varios países de América del Sur, especialmente en Perú y Ecuador.

En cambio, cuando ese fenómeno se presenta en un periodo determinado y con características concretas, los especialistas suelen hablar de un evento El Niño, como ocurrió en 1982-1983, 1997-1998 o durante el Niño Costero de 2017. 

Esta diferencia puede parecer trivialmente académica, no obstante ayuda a comprender mejor por qué la minería, la agricultura, la pesca, el turismo y la infraestructura andina reaccionan de manera distinta frente a cada episodio.

No todos los eventos tienen la misma intensidad ni generan iguales consecuencias. Algunos producen lluvias extraordinarias e inundaciones en la costa peruana y ecuatoriana; otros alteran la disponibilidad hídrica, afectan carreteras, incrementan la erosión o modifican la productividad pesquera asociada a la corriente de Humboldt.

Por ello, entender a El Niño como fenómeno y a cada ocurrencia específica como evento permite analizar con mayor rigor técnico los impactos económicos, sociales y ambientales que periódicamente enfrenta la Comunidad Andina. 

Asi, el fenómeno El Niño suele ser presentado en el Perú como un evento estrictamente climático, una anomalía del océano que, de manera casi inexorable, desencadena lluvias, inundaciones y pérdidas económicas.

Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente para entender la magnitud real de sus impactos. La recurrente experiencia demuestra que los efectos del Niño no dependen únicamente de la temperatura del mar, sino de una red más compleja donde interactúan el clima, la estructura económica y, de manera decisiva, la calidad de la gobernanza.

En ese contexto, el escenario que en el lapso 2026-2027 se perfila como una eventual posibilidad de acople entre el Niño global y el Niño costero, obliga a replantear el análisis desde una perspectiva preventiva más integral.

El Perú se encuentra en una posición particularmente sensible frente a este fenómeno. A diferencia de otros países, su costa está directamente expuesta al calentamiento de la región Niño 1+2, lo que hace que los eventos costeros tengan efectos inmediatos sobre el territorio. Pero cuando este calentamiento se sincroniza con un Niño global en la región 3.4, el fenómeno adquiere una dimensión distinta, reforzándose la interacción entre océano y atmósfera, se prolonga la duración del evento y se intensifican las precipitaciones.

En consecuencia, no se trata de una suma de efectos, sino de un proceso de amplificación. 

El antecedente del año 2017 resulta ilustrativo, pues a pesar de no haber estado plenamente acoplado a un Niño global fuerte, el Niño costero generó daños equivalentes a más de 1.6% del PBI peruano. 

Evento registrado por la NASA en El Niño del año 2017 

Eventual escenario de acoplamiento y en medio de una crisis política

¿Qué ocurriría si un evento de esa naturaleza se produjera en condiciones de acoplamiento pleno y en el contexto político que viene atravesando el país?. 

Para responder a esta interrogante es necesario abandonar la idea de que el impacto económico del Niño es solo una función directa de su intensidad climática. 

En estricto, el efecto final puede entenderse mejor como el resultado de una interacción entre tres factores: la magnitud del evento, el nivel de exposición de la economía y la capacidad del Estado para gestionar el riesgo. 

Estos elementos no actúan de manera independiente; se potencian entre sí. Así, un evento climático de similar intensidad puede generar consecuencias radicalmente distintas dependiendo de la calidad institucional del país que lo enfrenta. En el caso peruano, esta variable adquiere una relevancia crítica. La fragilidad política que ha caracterizado al Perú en los últimos años introduce un factor de vulnerabilidad adicional. La alta rotación de autoridades, la fragmentación del sistema político, la debilidad en la ejecución del gasto público y la persistente descoordinación entre niveles de gobierno configuran un escenario en el cual la capacidad de respuesta del Estado se ve seriamente limitada. 

En estas condiciones, los problemas no se originan únicamente en la naturaleza, sino en la forma de acción o inacción en que el aparato público reacciona frente a ella. Las obras de prevención se postergan, la planificación pierde continuidad y la respuesta tiende a ser reactiva antes que preventiva. El resultado es que el daño económico no solo ocurre, sino que se amplifica.

Es en este punto donde el análisis del sector minero suele verse distorsionado por percepciones simplificadas. Existe una narrativa extendida que tiende a asociar la minería con la vulnerabilidad frente a eventos climáticos, cuando en realidad su rol es mucho más ambivalente y depende del contexto en el que opera. 

En un entorno de gobernanza relativamente funcional, la minería puede desempeñar un papel estabilizador, toda vez que sostiene las exportaciones, genera divisas, contribuye a la recaudación fiscal y ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica en momentos de crisis. Bajo estas condiciones, lejos de agravar el problema, actúa como un amortiguador frente al shock.

No obstante, cuando el mismo fenómeno ocurre en un contexto de debilidad institucional y, además, bajo un escenario de acoplamiento climático, la situación cambia de manera sustancial. Las interrupciones en la infraestructura logística, la paralización de operaciones por eventos extremos, la deficiente gestión de conflictos sociales y la limitada capacidad de supervisión ambiental pueden convertir a la minería en un canal adicional de transmisión del impacto económico.

En este caso, no es la actividad minera en sí la que genera el problema, sino la incapacidad del entorno institucional para sostener su funcionamiento en condiciones adversas.De este modo, la minería deja de ser un amortiguador y pasa a formar parte del mecanismo de propagación del shock. 

Este análisis adquiere una dimensión aún mayor cuando se observa desde la perspectiva de la Comunidad Andina. Aunque los países de la región comparten ciertos rasgos estructurales, sus niveles de exposición climática, dependencia económica y calidad institucional varían significativamente.

El Perú destaca por la combinación de alta exposición al Niño costero, fuerte dependencia de la minería y una marcada inestabilidad política, lo que lo convierte en el país más vulnerable ante un escenario de acoplamiento.

Ecuador enfrenta riesgos climáticos similares, aunque con menor capacidad de amortiguación económica, mientras que Colombia y Bolivia presentan dinámicas distintas, con impactos más asociados a variaciones hidrológicas o a debilidades institucionales específicas.

Esta heterogeneidad no elimina, sin embargo, la necesidad de una respuesta coordinada. Por el contrario, refuerza la idea de que el Fenómeno El Niño debe ser abordado como un riesgo sistémico regional. En este contexto, instancias como el Parlamento Andino adquieren una relevancia particular, no solo como espacios de deliberación política, sino como plataformas para impulsar estrategias conjuntas en materia de prevención, infraestructura resiliente y estabilidad económica frente a shocks climáticos.

La articulación de sistemas de alerta temprana, la coordinación de políticas públicas y el fortalecimiento institucional a nivel regional podrían marcar una diferencia sustantiva en la forma en que estos eventos son enfrentados en el futuro.

El dato 

►El Fenómeno El Niño no puede seguir siendo interpretado únicamente como un evento natural. En el Perú, su impacto es también el reflejo de las condiciones políticas e institucionales del país. 

►Cuando un evento climático de gran magnitud se encuentra con un Estado débil, sus efectos se potencian y pueden traducirse en pérdidas económicas que comprometen varios puntos del producto interno bruto. Para el caso peruano, se aproximaron a veinte por ciento de su PBI en tres eventos estimados para los años : 1982-1983 (11,6 %) ;1997-1998 (6,2 %)  y 2017  (1,6 %).

Tres eventos extremos de El Niño 82/83;97/98 y 16/17 comprometieron aprox 20% del PBI peruano

►Resulta prioritario avanzar hacia una comprensión más realista de los desafíos que enfrenta el Perú y la región andina en un contexto de creciente incertidumbre climática y fragilidad política. 

TSM/Datos procesados por el IGP-Mayo 2026

TSM/Datos procesados por IMARPE-Abril 2026

Emergencia climática y ambiental en comunidad andina: el caso peruano

Saludo la determinación de los tomadores de decisión en el país de los Incas, para plantear el Estado de Emergencia Climática y Ambiental en Perú que fuera anunciada por la presidenta del consejo de ministros Mirtha Vásquez, durante su presentación ante el Congreso de la República y que fuera difundido por el diario La República bajo el título "Perú en emergencia climática y ambiental"; según este anuncio, el gobierno del bicentenario peruano aprobará medidas en un plazo de 180 días para reducir la contaminación.

Antecedentes

Las consideraciones que sustentan esta decisión que resulta de interés nacional y de necesidad pública, fueron presentadas oportunamente por diversos especialistas y expertos en la materia ambiental, expresiones realizadas desde un tiempo prudencial atrás y que lamentablemente en los niveles políticos no fueron tomados en cuenta hasta la fecha.

Ya expresé en sendas publicaciones anteriores como : "Crisis climática y ecológica, estamos a tiempo de prevenir mayores desastres" (agosto 2021); " Emergencia en Perú" (agosto 2017), "Cambio climático en América Latina & Perú" (noviembre 2016)", "Emergencia, contaminación y daño" (junio 2012) y así podríamos remontarnos treinta años atrás cuando en diversos foros,  registré la precaria capacidad de respuesta que presenta el país frente al cambio climático. 

Ventana de oportunidades

Es preciso tener claros los conceptos y ubicarse en tiempo y espacio para poder enfrentar con éxito los retos y desafíos que representan los impactos del cambio climático en un país megadiverso como es en el caso del Perú.

El incremento sostenido de temperatura en nuestra casa común el planeta tierra, a través de siglos por efectos naturales y del hombre, afecta sistemas dependientes, por citar uno de ellos, al ciclo hidrológico. Perú está pasando paulatinamente desde hace décadas atrás de un estado de estrés hídrico a escasez del agua para diversos usos. El retroceso de los glaciares en Perú está probado científicamente y asimismo ya se siente niveles de contaminación por la reducción de caudales en algunos de los ríos que forman parte de las ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas con que cuenta el país, particularmente en la parte occidental andina.

El artículo "Agua para sus molinos" de la publicación Hildebrandt en sus trece,  del 5 de noviembre-(N° 564-Año 12),recuerda algo que en este espacio venimos indicando sostenidamente como un indicador de la escasez de agua en la costa desértica peruana al mencionar el caso de la región Ica : " La sequía en Ica era una amenaza, ahora es un hecho y hay pequeños y medianos agricultores que están regando sus sembríos con aguas contaminadas y fecales". Anota correctamente que la escasez de agua en Ica viene de tiempo atrás pues da cuenta de estudios que datan desde la década del setenta alertando que Ica se va a quedar sin agua. Es así que desde 1970 se decretó una veda de pozos para regular el recurso de aguas subterráneas.

Como es conocido, en Perú muchas leyes de carácter ambiental se desvirtúan a través de algunos reglamentos, directivas  y lineamientos que no se ajustan al espíritu de estas leyes y la realidad de los hechos. Para el caso específico de las aguas subterráneas en Ica, éste recurso se encuentra sobreexplotado y se encuentran sin equilibrio hídrico respecto a la recarga. La napa freática disminuye, los pozos se secan y la informalidad se traduce en la construcción de pozos perforados clandestinamente.    

Así como sucede en Piura, Lima, o en otras regiones de la costa peruana, la opción del trasvase de las aguas de una cuenca a otra sucede en Ica, pues toma agua superficial de la represa que forma la  laguna Choclococha en Huancavelica, sin retribuir por el beneficio eco sistémico recibido, pese a la existencia de la Ley N° 30215 - " Ley de mecanismos de retribución por servicios eco sistémicos" (2014) que promovimos conjuntamente con el recientemente extinto congresista de la república por San Martín, mi dilecto amigo Cesar Yrupailla Montes, la misma que fue reglamentada dos años después mediante DS N°009-2016-MINAM. Cabe precisar que las diferencias por el uso de agua entre Ica y Huancavelica data de la década de 1940 cuando el gobierno central decidió trasvasar aguas de alto pampas hacia el rio Tambo, afluente principal del rio Ica; la discrepancia registra sentencia del Tribunal Latinoamericano del Agua con sede en Costa Rica, que en el año 2007 dió la razón a las comunidades de Huancavelica, sin embargo el 2015 las partes se sentaron para buscar la solución que mejor beneficiara a las regiones, dialogo que no llegó a buen puerto ya que en el 2019 cinco comunidades del Alto Pampas cerraron las compuertas de la represa Choclococha actualizando el conflicto que se verá agudizado por la presión demográfica y efectos del cambio climático.

Este y otros problemas relacionados al ambiente, economía y la salud pública son similares en países que conforman la comunidad andina, tales como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, por lo cual se abren ventanas de oportunidades para aplicar sinergias y resolver problemas comunes.

Impacto de erosión de suelos en la amazonía

El cambio climático, así como genera problemas por escasez de agua en la parte occidental de los Andes, provoca lluvias torrenciales en millones de hectáreas que fueron salvajemente deforestadas en cuencas ubicadas en el oriente peruano, especialmente en la cuenca amazónica, la mayor del planeta. Las aguas de escorrentía superficial contribuyen a la mayor erosión de suelos y sustantivo incremento de sólidos en suspensión trasladados por las aguas, las mismas que impactan directamente en la migración de peces de los diferentes ríos y cuerpos de agua del oriente andino.

En las siguientes imágenes se podrá apreciar la turbiedad actual de los ríos por los sólidos totales trasladados por los ríos y cómo parte de la población aprovecha los peces impactados por la presencia de limo, arcilla y lo que el gran público denomina como barro , así como la falta de oxígeno disuelto en el agua, que afecta la vida de los peces.  

Aumento en afectación y migración de peces en los ríos de la selva. 

Oportunidad para convertir basura en energía

En este escenario, Perú y así como los otros países de la comunidad andina, tienen la opción de romper paradigmas y usar modelos disruptivos ajustados al desarrollo tecnológico que permita que los residuos sólidos urbanos puedan ser utilizados como materia prima para generar energía eléctrica, tal como se viene realizando en países desarrollados y de esa forma evitar que millones de toneladas de residuos sólidos continúen formando parte de botaderos a cielo abierto contaminando suelo, agua y aire de diversas cuencas en la región, que finalmente terminan afectando los oceanos y la salud pública. 

La emergencia climática en Perú permitirá descontaminar ambientes impactados.