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miércoles, 27 de diciembre de 2023

Nuevas modificaciones en Ley Forestal y el Registro Integral de Formalización Minera.

Como sucediera con el decreto legislativo N° 1517 publicada el 30/12/2021 que modificó la Ley N° 29763 – Ley forestal y de fauna silvestre, el Pleno del Congreso de la República peruana aprobó el 14/12/2023, por insistencia, el dictamen que propone una nueva modificación de la Ley 29763, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal a iniciativa legislativa original se sustenta en los Proyectos de Ley 649/2021, 894/2021 y 2315/2021-CR.
Se aprobó el 7 de julio del 2022; fue observada por el Poder Ejecutivo el 8 de agosto siguiente; y se envió al archivo, de donde se recuperó. La propuesta aprobada modifica los artículos 29 y 33 de la Ley 29763.
El artículo 29 señala que “los bosques de producción permanente se establecen por resolución ministerial, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del SERFOR, sobre bosques de categorías 1 y II de la zonificación forestal, con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas”.
El artículo 33 establece que la “La zonificación forestal es aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a propuesta del SERFOR en base al expediente técnico elaborado por el Gobierno Regional y con opinión previa del Ministerio del Ambiente».
En su primera Disposición Complementaria Transitoria se suspende “la obligatoriedad de exigir la Zonificación Forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes”.
Los bosques amazónicos continúan vulnerables ante actividades ilegales recurrentes en el tiempo.
De otro lado, mediante el Decreto Legislativo N° 1607 publicado el 21/12/2023 se dictó medidas para prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras,introduciendo una disposición que faculta a la Policía Nacional aplicar medidas sobre la interdicción de la minería ilegal. Esto cuando advierta el desarrollo de esta actividad, para lo cual brindará un plazo para que los titulares de las inscripciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que se encuentren suspendidas por más de un año, cumplan con levantar dicha suspensión. 
En la primera de las disposiciones complementarias finales , se establece que “Las personas naturales o jurídicas que se encuentran inscritas en el REINFO y que realizan actividad minera de explotación en una concesión minera vigente, tienen un plazo máximo de noventa (90) días calendario para presentar ante el Ministerio de Energía y Minas, el contrato de explotación o de cesión, debidamente inscrito en los registros públicos, suscrito con el titular de la concesión minera que tenga autorización para realizar actividades mineras de exploración o explotación, sobre el área donde realiza su actividad.
Las personas que incumplan lo dispuesto en el presente párrafo, dejan de formar parte del REINFO de forma automática. Si en el plazo establecido en el párrafo anterior, el titular de la concesión minera no tiene intención de suscribir contrato de explotación o de cesión con la persona inscrita en el REINFO, debe comunicar al Ministerio de Energía y Minas dicha situación, a fin de proceder con la exclusión automática del REINFO.
Las personas naturales o jurídicas con inscripción suspendida en el REINFO por más de un (1) año, tienen un plazo máximo de noventa (90) días calendario para el levantamiento de dicha suspensión conforme al artículo 4º del Decreto Supremo Nº 009-2021-EM.
Las personas que incumplan lo dispuesto en el presente párrafo, dejan de formar parte del REINFO de forma automática”.

sábado, 8 de febrero de 2020

Negocio maderero en bosque amazónico peruano

Continuando con el tema sobre deforestación referido a los bosques de protección, presento la exposición de Jorge Chávez Álvarez, Presidente Ejecutivo de MAXIMIXE que bajo el título de  Tala ilegal viento en Popa refiere lo siguiente :
"Mientras en Perú los grandes acaparadores de tierras asociados a la mafia de la tala ilegal y de la exportación maderera “legal” siguen deforestando la selva peruana, a un ritmo de 150 mil hectáreas por año, el gobierno acaba de anunciar un “Plan de Reforestación” guiado por la falsa premisa de que “el 90% de la tala y la quema de los bosques amazónicos de Perú se produce a manos de campesinos que viven en la pobreza y emigran desde las tierras altas y practican la agricultura de subsistencia”.Para empezar, las actividades agrícolas de los campesinos pobres se circunscriben a las laderas de los ríos, que son áreas muy pequeñas en comparación con los millones de hectáreas afectadas por el desalmado accionar de ejércitos de motocierreros armados que diariamente invaden tierras y utilizan a las concesiones forestales como pantalla para legalizar madera talada ilegalmente que luego se exporta sola o camuflando envíos de cocaína.
A partir de ese diagnóstico sesgado, no extraña que, en lugar de dar prioridad a la fiscalización y control de la tala ilegal masiva y a la siembra de árboles nativos en zonas deforestadas, el plan anunciado con bombos y platillos se centre en otorgar 15 millones de hectáreas forestales más en concesiones, dizque bajo un nuevo modelo orientado no solo a la producción de madera, sino al ecoturismo, la conservación y el aprovechamiento de servicios ecosistémicos.
Dizque a los nuevos concesionarios se les exigirá solvencia técnica y financiera, a sabiendas de que la gran mayoría de los actuales concesionarios no ha mostrado tener la vocación ni la solvencia técnica para sembrar y hacer crecer árboles nativos.
El peligro es que estas nuevas concesiones terminen destinándose a la expansión de plantaciones de especies exóticas como la palma aceitera, el eucalipto y el pino, que se levantan luego de haber talado y “limpiado” el terreno, generando una ingente pérdida de recursos de biodiversidad del ecosistema amazónico, a la vez que permite a los “inversionistas” grandes ganancias a corto plazo con la venta de la madera “limpiada con motocierra” y luego con la siembra de árboles exóticos de rápido crecimiento.
Hasta ahora el Estado ha concesionado a privados alrededor de 17 millones de hectáreas, que representan la cuarta parte del total de bosques naturales, y que son considerados como bosques de producción permanente. Sin embargo, de ese total de hectáreas concesionadas, apenas alrededor de 4 millones de hectáreas están en manos de concesiones operativas.
Otros 13 millones de hectáreas están bajo dominio de comunidades nativas que ponen a merced de privados la tala de árboles a cambio de un peaje. Sumando la superficie boscosa concesionada y la manejada por comunidades nativas, se llega a 30 millones de hectáreas que vienen siendo, supuestamente, la fuente de la mayor parte de la producción maderera del país.
Sin embargo, casi toda esa producción resulta de la tala ilegal de árboles, sin siembra de nuevos árboles, provenientes de áreas protegidas, territorios indígenas, tierras estatales y hasta de propiedad privada. Para justificar la tala ilegal, los concesionarios presentan listados de árboles a extraer que son inexistentes, y las autoridades dan visto bueno a su extracción emitiendo los permisos correspondientes.
Es así que la degradación de zonas protegidas se ha convertido en un problema mayúsculo, puesto que muchos de los concesionarios se han convertido en agentes promotores de la tala de árboles de diámetro mayor a 30 cm, sin cumplir con sembrar nuevos árboles.
En buen romance, el negocio maderero en Perú forma parte del accionar de redes criminales dedicadas a la tala de árboles sin siembra de nuevos árboles. Nada de esto sucede sin pagos de cupos bajo la mesa a funcionarios y autoridades, asesinatos de nativos que denuncian estos hechos, y el amedrentamiento a inversores forestales que vienen apostando por un modelo de desarrollo de plantaciones agroforestales sostenibles, sustentadas en métodos de germinación orgánicos.
El impacto de la deforestación en la amazonía es evidente.
Se estima que un 90% de la madera extraída es ilegal y se exporta “legalizada” a México, Estados Unidos, Canadá y Bélgica, violando acuerdos internacionales de protección del medio ambiente, violando los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Dado que los bosques de las zonas más accesibles ya han sido depredados por la mafia forestal peruana, la idea es penetrar a zonas más lejanas con miras a extraer especies cotizadas. Para ello se busca que el gobierno dedique recursos para construir caminos asfaltados hacia destinos sin centros poblados. Idealmente, el gobierno priorizaría la construcción de un tren que sirva a la movilidad de la tala ilegal desde lo más profundo de nuestra selva.
La explotación ilegal de la madera se rige por un sistema de intermediarios habilitadores y una mafia maderera articulada a las estructuras de poder local y regional. Este sistema adelanta dinero a grupos de leñadores ilegales armados, cuyo cometido es incursionar en la selva para cortar árboles, transportarlos a aserraderos de “blanqueado” para “legalizarlos”, para luego enviarlos a depósitos de madera urbanos. “La tala es efectuada por trabajadores forestales sin recursos, mientras que los intermediarios y los magnates de la madera de ciudades y pueblos se encargan de la comercialización”.

domingo, 29 de diciembre de 2019

Perú perdió en 5 años más de 800 mil hectáreas de bosques

En el quinquenio comprendido entre los años 2014 y 2018 fueron deforestadas más de ochocientos mil hectáreas de bosques en Perú y según las cifras oficiales publicadas hoy domingo 29 de diciembre del 2019 por El Comercio, se pierden 125 mil hectáreas forestales cada año.

Deforestación de la amazonía peruana

La lectura de éstas cifras denotan un hecho irrefutable, por el flanco oriental de la cordillera de los Andes, la Amazonía peruana se encuentra en permanente amenaza por la deforestación y por el lado occidental; su correlato es el recurrente riesgo a inundaciones, traslado de material erosionado, destrucción de infraestructura física e incremento de elementos químicos tóxicos activados por la reducción de los bosques de protección, aumentando los niveles de riesgo en salud pública.

Bosques de protección

Existe evidencia científica sobre el grave déficit de los bosques de protección pues actualmente los únicos que existen en Perú no llegan a cubrir el uno por ciento (1%) del total nacional. Sin la función protectora del bosque y de la vegetación natural; la erosión y sedimentación son de crecimiento galopantes, generando ingentes y millonarias pérdidas económicas anualmente al país. 

En este libro explico con mayor detalle el escenario relacionado a la deforestación 
Los precitados bosques de protección formaban parte del 53% del territorio peruano (68 millones de hectáreas) compuesto por bosques (húmedo amazónico, seco y andino), el mismo que presenta una nueva configuración en razón a que el bosque natural peruano que hace sesenta (60) años atrás cubría más de 77 millones de hectáreas ; al año 2017 contaba con algo más que 68 millones de hectáreas de bosques.
Es lamentable, que ésta diferencia de 9 millones de hectáreas, se haya deforestado irracionalmente en los últimos treinta y cinco años , lapso en que se perdieron 7,8 millones de hectáreas.
En el libro "Recuperación de bosques de protección en Perú" estimé que un total de dos (2) millones de hectáreas de bosques primarios dejaron de existir en Perú desde el año dos mil.
Hoy oficialmente se precisa que en los últimos diecisiete años, hubo 2´284.889 hectáreas perdidas de bosque amazónico.

El dato

El gobierno peruano anunció que la cifra de pérdida de bosques se redujo pasando de 155.914 (2017) a 154.766 (2018) hectáreas perdidas.
►Perú contaba con congresistas que tenían hasta dos décadas en el Parlamento sin priorizar en sus debates el problema de los impactos generados por la deforestación, y asimismo, hasta la fecha ningún postulante a la representación nacional plantea propuesta de trabajo alguna de ser elegidos el próximo 26 de Enero del 2020.
►Los tres niveles de gestión del Estado peruano tienen como agenda pendiente de trabajo, la internalización y sinseramiento de los costos que demandarán las externalidades generadas por el impacto de la deforestación en su territorio de cara al 2030 y 2050.

miércoles, 5 de junio de 2019

¿ Cuándo celebraremos el dia del medio ambiente ?


En algunos países como en Perú, suenan tan lejanas las palabras del Secretario General de la ONU  "Es hora de actuar con contundencia. Mi mensaje a los gobiernos es claro: gravar la contaminación, dejar de subvencionar los combustibles fósiles y dejar de construir nuevas centrales de carbón. Necesitamos una economía verde, no una economía gris".
Anualmente, la fecha signada como el cinco de Junio, recordamos como se continúa deteriorando inexorablemente el territorio nacional por causas atribuidas a una deficiente gestión de los recursos naturales. 
Reunidos en el día del agua en la cuenca Amazónica
El diagnóstico es ampliamente conocido, también los eventos provocados por el hombre y la Naturaleza; sin embargo, muy poco se hace para pasar de una economía gris a una economía verde.

Que verde era mi valle

Cuando tomamos conciencia que existe una galopante pérdida del agua proveniente de los glaciares, observamos la imperiosa necesidad de los diversos usuarios del agua, incrementando la migración poblacional, atomizando la zona rural y masificando las ciudades, con su consecuente aumento de necesidades por servicios básicos
La desaparición de glaciares en Perú de cara al 2050 será un desafío a considerar.

Sin bosques no hay paraíso

Millones de hectáreas de bosques extintos en el país de los Incas, incrementándose esta deforestación en las últimas dos décadas, atribuyéndose como causales principales la tala y minería ilegales, contaminación petrolera, monocultivos y construcción de carreteras.
Sin bosques, las inundaciones y deterioro del ecosistema son evidentes.
La indiscriminada Tala ilegal de especies de árboles con valor económico, ligada a las avenidas con importantes caudales de agua impulsada por el cambio climático; deterioran los suelos, afectan la calidad de las aguas , provocan inundaciones y grandes pérdidas  medidas en términos económicos y de vidas humanas.

Cuencas vulnerables

En el proceso del deterioro del medio ambiente por causas naturales y origen antropogénico, se determina una gradualidad  entre las ciento cincuenta y nueve cuencas existentes en territorio peruano; siendo las mas vulnerables las que comprenden a ciudades con mayor densidad poblacional y que representan gran parte del PBI del país.
Un problema que se encuentra bajo el radar de las políticas en los diferentes niveles de gestión de gobierno, constituye la calidad del agua. Las cuencas que presentan mayores riesgos por contaminación de metales pesados se encuentran identificadas y progresivamente vienen constituyéndose en un problema de salud pública.
Es en ese contexto, que nos hacemos la interrogante para celebrar el dia del medio ambiente. 

martes, 12 de febrero de 2019

Fósforo del Sahara que nutre al bosque amazónico

Una investigación desarrollada por la  Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) permitió cuantificar el polvo que atraviesa el océano atlántico desde el desierto de Sahara y llega al bosque amazónico.
Se calculó que ciento ochenta y dos millones de toneladas de polvo salen de África cada año y de esa cantidad veintisiete millones de toneladas por año son depositados en la cuenca amazónica.
27 millones de Ton/Año de arena del Sahara se depositan en cuenca Amazónica.
Se comprobó que el polvo del desierto de Sahara contiene fósforo que es un importante  nutriente para las plantas, el cual compensa a lo limitado que es el fósforo en la región tropical.
La relación sistémica existente entre el Sahara y el Amazonas, mantiene un balance que compensa las pérdidas debido a la escorrentía superficial e inundaciones existentes.
La cantidad antes mencionada cambia de año en año y esta variación depende del cambio de precipitaciones en futuros escenarios climáticos.
Mayores detalles se podrá encontrar en el video preparado por NASA seguidamente :
  

miércoles, 26 de diciembre de 2018

Necesaria recuperación de bosques de protección en Perú

Algunas cifras

Existe la imperiosa necesidad de recuperar los bosques de protección en el país de los incas, considerando que actualmente el 53% del territorio peruano (68 Millones de hectáreas) está compuesto por bosques (húmedo amazónico, seco y andino), presenta esta nueva configuración en razón a que el bosque natural peruano, que hasta hace sesenta (60) años atrás cubría más de 77 millones de hectáreas, al año 2017 cuenta con 68.577.351 hectáreas de bosques, esto equivale a una pérdida del 12% de su extensión original; según cifras oficiales proporcionadas por geobosques del Ministerio del Ambiente del Perú. 
Si sólo localizáramos  la situación del bosque amazónico del lado peruano, identificamos que la extensión original de estos bosques fue de 73.1 millones de hectáreas (antes de la colonización europea alrededor del año 1750) pero ahora solo quedan 67 millones. 
La mayor deforestación ocurrió en las últimas dos décadas. Un total de 2 millones de hectáreas de bosques primarios ya no existen en Perú desde el año 2000, según refiere el informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés). Las causas principales: minería ilegal, monocultivos, tala ilegal y construcción de carreteras.
Si a esto añadimos que de los más de 8 millones de hectáreas oficialmente deforestadas en la selva, se subutilizan en agricultura más de dos millones de hectáreas donde se elimina el bosque y a los pocos años después se abandona para migrar a otra área. En este contexto se estima que hasta el 60 % de los bosques que no fueron eliminados ha sido seriamente degradado por la extracción forestal selectiva, por caza o extracción abusivos, o por contaminación petrolera y minera. 
A mayor abundamiento, en el periodo 2001-2017 se perdieron 2.130.122 hectáreas y en la última década de este periodo se perdieron 1.5 millones de hectáreas de bosques nativos. Pero lo que resulta anecdótico ante la tendencia de reforestación mundial, es que en los últimos cinco años (periodo 2013-2017) se encuentren las mayores cifras anuales históricas de pérdida de bosques naturales en Perú : 177566 has. (Año 2014) ,164662 (2016) ,156462 (2015), 155914 (2017). 

Vulnerabilidad climática

No debería pues sorprender la calificación que realizan distintas instituciones mundiales respecto a la vulnerabilidad climática en el país de los incas, como es en el caso de Tyndall center de Inglaterra, que coloca al Perú en el tercer lugar de los países más vulnerables del planeta al cambio climático inmediatamente después de Bangladesh y Honduras.
Recordemos que la vulnerabilidad climática califica al grado de susceptibilidad de un territorio, que gradualmente varía según su exposición, sensibilidad, resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático.

Un problema de gestión

Es ampliamente conocido que Perú no cubre su propia demanda de productos forestales, siendo un importador neto pese a contar con millones de hectáreas de bosques. Pero este hecho no constituye el problema mas crítico si comparamos con las externalidades que se generan al haberse descuidado los bosques de protección en un país que presenta diversos pisos altitudinales con fuertes pendientes que son claves para el manejo de sus ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas.
Ya expliqué en otros reportes anteriores que la mayor parte de los bosques naturales de la Selva Alta y muchos de los que están en Costa y Sierra no debieron, ni deben ser eliminados pues se encuentran en pendientes muy fuertes, altamente erosionables y porque generan fuentes de agua al captar y acumular el recurso hídrico. Preservarlos y recuperarlos no solo permitiría evitar desastres naturales que afectan vidas e infraestructuras sino que garantiza el abastecimiento de agua de calidad para las ciudades y agricultura de los valles, mantiene estable el caudal y el cauces de los ríos, controla la erosión e impactos por abrasión  y, también alberga gran parte de la biodiversidad y del potencial turístico del país. 
Pero los bosques de vocación protectora -el término incluye toda la vegetación natural como el caso de la caña brava y bambú- no se restringen a los que cubren las fuertes pendientes andinas. En suma, la función protectora del bosque y de la vegetación natural se extiende asimismo a las riberas de ríos, lagos, lagunas, vasos comunicantes, cabeceras de cuenca,etc.  Sin la vegetación protectora, la erosión y sedimentación son galopantes, generando ingentes y millonarias pérdidas económicas y de vidas anualmente al país. 
Bosque de protección con caña brava en selva alta peruana 

Escasa prevención en manejo de cuencas

Si tomamos a modo de ejemplo el año 2018; en Enero registramos la información que los gobiernos regionales de Áncash, Piura y Lambayeque, golpeados por El Niño costero del 2017-2018, ejecutaron menos del 70% de su presupuesto contra desastres; siguiendo esta tendencia, cerrando el año 2018 se mantiene la poca ejecución del presupuesto previsto para la reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias pues sólo se ejecutó 60.9 % del presupuesto, que dicho en otras palabras, el Estado ha dejado de usar S/. 1.057 millones en prevenir desastres. Según información del diario El Comercio, la ejecución presupuestal en Tumbes (67.8%) , Lambayeque (46.9%) y Piura (38.7%), no lograron cumplir los objetivos previstos para la prevención.
De otro lado se tiene que un total de 317 distritos ubicados en nueve regiones de la sierra del país presentan un riesgo muy alto de afectación por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos de masa, tras el inicio de lluvias pronosticadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Así lo advirtió el Centro Nacional de Estimación, Prevención Reducción del Riesgo de DesastresDe acuerdo al escenario de riesgos emitido por esa institución, el departamento de Áncash comprende 74 distritos en esa situación de riesgo, seguido de Cajamarca (68), La Libertad (50), Huancavelica (40), Huánuco (34), entre otras.
En estricto, las zonas identificadas como altamente vulnerables, coinciden con las áreas deforestadas donde se afectaron los bosques de protección en Perú; demandando su atención con el mejoramiento de la calidad del gasto en los presupuestos públicos. 

Agenda pendiente

Perú ha suscrito la iniciativa global que busca estimular la concientización y el compromiso de la rehabilitación de los ecosistemas boscosos para crear un enlace entre la mitigación, la adaptación basada en el uso de la tierra, y las iniciativas piloto que se desarrollan en siete países, ello implica el compromiso de restaurar 3,2 millones de hectáreas de tierras degradadas hasta el año 2020, a través de plantaciones productivas y recuperación de las funciones ecosistémicas.

lunes, 17 de diciembre de 2018

Gestión forestal en país Amazónico : El caso peruano

En Perú se está escribiendo una etapa importante en el proceso histórico referente a la gestión forestal en un país amazónico que realiza marcados esfuerzos para alcanzar su desarrollo sostenible.
Como una condición de trabajo se presenta la lucha frente a la corrupción sistémica en el país, que penetró e inficionó hasta los funcionarios mas altos en los tres niveles de gestión del gobierno, implosionando con el enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo. Asimismo, cuenta con un poder Legislativo lento de reflejos para identificar los grandes temas nacionales que demandan legislar a efectos de fortalecer políticas de Estado; legitimando un referéndum nacional que convalidó el conocimiento científico sobre los problemas de gobernanza y gobernabilidad existentes de larga data  y que merecen atención por parte del Estado.
No podemos  soslayar el rol desempeñado bajo el radar de las Leyes por el poder judicial, debiéndose anotar como un hito en casi doscientos años de vida republicana, "la primera sentencia condenatoria" dictada por la corte superior de justicia de Lambayeque- Expediente N° 3243-2017-66- al autor del delito contra los recursos naturales en su figura contra bosques o formaciones boscosas en su forma agravada.
Debo precisar que en mi paso por la primera maestría en ciencias ambientales de la Universidad Nacional Agraria La Molina, pude contrastar con los enfoques , sobre el tema gestión forestal, recabados en mi alma mater la Universidad Nacional de Ingeniería, encontrando grandes coincidencias con investigadores sobre la materia, tal es el caso de Marc y Axel Dourojeanni, entre otros  expertos.
Algunas de mis opiniones sobre el particular fueron transmitidas al centro Mundial para el seguimiento de la Conservación de ONU Medio Ambiente ( UNEP-WCMC, por sus siglas en inglés) vinculadas a la ingeniería para aumentar la resiliencia de infraestructuras hacia riesgos de desastres naturales, sin embargo, suscribo en todos los extremos lo expresado por Marc Dourojeanni respecto a los "ocho errores capitales de la gestión forestal en el Perú" publicado en actualidad ambiental :
Es bien conocido que el sector forestal peruano no satisface las expectativas de la sociedad. Esa es una realidad que es evidente cuando se sabe que, pese a ocupar el noveno lugar en el mundo por la extensión de sus bosques, ni siquiera consigue abastecer su propia demanda de productos forestales. Además, los bosques peruanos están siendo destruidos y degradados a un ritmo creciente, con graves impactos ambientales. Una de las principales causas de esta situación es el estilo de gestión forestal que se reitera por décadas, pese a las evidencias de su fracaso.
Bosques amazónicos en Perú son degradados a un ritmo creciente
En esta nota se resume esa situación mencionando sus ocho errores principales.
Que algo anda mal en el sector forestal peruano no es novedad. Esa es una realidad que se prolonga por décadas y que es evidente con: 
(i) la pérdida anual de enormes extensiones de bosques valiosos literalmente transformados en humo, agravando el cambio climático,(ii) la gran superficie deforestada y habilitada para agricultura o pecuaria que no produce nada o casi nada cada año,(iii) la informalidad que domina la extracción de madera así como de otros productos del bosque,(iv) la reiterada vergüenza de tener que admitir que gran parte de la madera exportada es ilegal y,(v) una reforestación mínima si comparada con el potencial y con lo que hacen los países vecinos. 
Pero la mejor prueba de que existe un grave problema es que el sector forestal de un país como el Perú, que ocupa el noveno lugar entre todos los países del mundo por su extensión de bosques, no contribuye ni con el 1% de su PBI y que, para colmo, es un importador neto de productos forestales.
Una de las principales causas directas del mal uso del patrimonio forestal es la persistencia en un estilo de gestión forestal que, después de cinco leyes en 50 años, las que machacaron todas sobre la misma tecla, ha demostrado que no funciona. Ocho importantes errores persisten.

Algunas cifras

El bosque natural peruano, que hasta hace 60 años cubría más de 77 millones de hectáreas, hoy ha perdido entre 12  y  18 % de su extensión original, según los parámetros que se usen para el cálculo. Apenas entre los años 2000 y 2017 se ha derrumbado y quemado 2,1 millones de hectáreas, que fueron sustituidas por una agricultura precaria o por bosques secundarios de bajo valor. En 2016 se eliminó 164.700 hectáreas de bosques nativos.
De los más de 8 millones de hectáreas oficialmente deforestadas en la Selva –en realidad, la deforestación acumulada es mucho mayor- mal se usa para  agricultura unos 2,2 millones de hectáreas que producen, cada una, varias veces menos de lo que podría si se le aprovechara medianamente bien aprovechando la tecnología agrícola disponible. Dicho de otro modo, se elimina el bosque pero pocos años después  se abandona casi sin uso la mayor parte de la tierra ya habilitada.
De otra parte, la explotación forestal actual es agotante y nunca alcanzó a producir siquiera el 1% del PBI, de lo que la mayor parte es leña.  Por no respetar pautas técnicas ni las reglas establecidas, esa explotación degrada algunos millones de hectáreas a cada año. Se estima que  hasta el 60 % de los bosques que no fueron eliminados  ha sido seriamente degradado por la extracción forestal selectiva, por caza o extracción abusivos, o por contaminación petrolera y minera. 
Finalmente, pese a que el Perú posee más de 10 millones de hectáreas aptas para la reforestación, sus plantaciones forestales ocupan una extensión ínfima  y son de baja productividad, en especial si se compara esa situación con la de sus vecinos Chile y Brasil. Por todo eso el Perú no cubre su propia demanda, siendo un importador neto de productos forestales.

¿Por qué ocurre eso?

Esto ocurre, obviamente, porque la pobreza y la ignorancia aún predominan en la sociedad, acarreando informalidad y corrupción y asegurando la permanencia de una clase política que solo piensa en darse bien pero no en construir el país que es deseable.  En ese tipo de sociedades lo urgente siempre pasa delante de lo importante y, por eso, todo va de mal en peor. Pero eso no es novedad. Ese contexto sociopolítico tiene muchas facetas que impactan directamente en la cuestión forestal como, por ejemplo, el atraso considerable de la regularización de la tenencia de la tierra en la Selva y que, los pocos que se proponen cumplir las reglas sufren la presión de la burocracia mientras que los que las violan no enfrentan problemas.
Entonces, para el pobre que no tiene alternativa, así como para el rico que sólo piensa en ser más rico en una sociedad sin control social, la única opción viable, además de fácil y rentable, es deforestar para plantar, criar vacas o sacar oro aluvial, y asimismo, degradar el bosque tirando desordenadamente sus maderas y cualquier producto de valor que contenga.
La gestión forestal, en ese contexto, enfrenta dificultades casi insalvables para racionalizar el uso y asegurar la conservación del recurso a su cargo. Pero parte importante de la causa de este escenario tan desfavorable está en el propio sector forestal peruano que persiste en un estilo de gestión que ya demostró no funcionar dada la realidad socioeconómica.

Primer error. 

No aceptar plenamente que los servicios ambientales del bosque natural son más importantes que su rentabilidad económica convencional.
Cualquier análisis económico integral demuestra que el bosque es mucho más valioso por sus servicios ambientales que como productor de madera y otros bienes. Si bien hay una cierta compatibilidad entre ambas opciones de aprovechar los beneficios del bosque, ésta es difícil de alcanzar ya que implica aplicar el concepto de sostenibilidad que, como se sabe, en gran medida es una utopía. Para el futuro de cualquier nación es mucho más importante tener bosques naturales que explotarlos. La madera puede ser reemplazada por otros materiales, como plástico y metales. Pero  la calidad del aire, la disponibilidad de agua, la regulación del clima  y el mantenimiento de la diversidad biológica, son insustituibles y, lo que es más importante, son esenciales para la vida.
Esta realidad ha tomado mayor vigencia con las evidencias de la importancia del bosque tropical como sumidero de carbono tanto en la biomasa como en el subsuelo y del impacto de su liberación con relación al cambio climático. La confirmación de la teoría de los “ríos voladores” cuya fuente es la transpiración de los bosques amazónicos  ha agregado otra dimensión enorme a esas realidades.  El problema es que esos servicios para los peruanos y para la humanidad, a pesar de las interminables discusiones internas e internacionales, no han culminado en pagar efectivamente a los que cuidan del bosque.
La consecuencia práctica de esa situación es, que a pesar de los esfuerzos de la corriente conocida como economía ecológica, los aportes de los servicios ambientales no han penetrado en las mediciones y cálculos de la economía convencional. Es decir que las promesas de retribución concreta, en dólares contantes y sonantes, por conservar bosques para frenar el cambio climático o para proveer agua limpia y regular a las ciudades, no se han materializado.
Pero ese momento, aunque demore, llegará sin duda. Mientras tanto, hay muchas opciones bien conocidas de hacer más rentable el aprovechamiento sostenible del bosque…. Pero todas esas opciones son posibles si existe respeto a la ley… y siempre y cuando la ley sea sensata, lo que no es el caso.

Segundo error.

La responsabilidad del manejo de los bosques naturales  públicos debe ser del Estado, pero este deja el problema al sector privado.
Es preciso recordar que el manejo forestal es la expresión final y la más  decisiva de la gestión forestal. En términos legales, la gestión forestal es en teoría ejercida por el Estado. Pero eso no ocurre con su última y más importante etapa que es el manejo forestal que es delegado en el sector privado.
Si el bosque natural es antes que todo un proveedor de servicios ambientales fundamentales que, por definición, son para la sociedad en su conjunto, la responsabilidad de su conservación y/o uso prudente  debe corresponder principalmente al Estado y no a los eventuales usuarios. Pero no es así.  Desde la primera ley forestal peruana, en 1963 y hasta la actualidad, la responsabilidad primaria del manejo sostenible de los bosques naturales públicos reposa en el sector privado a través de contratos y ahora de concesiones en los bosques de producción, no siendo ejercida directamente por el Estado. Éste, apenas define las normas generales y pretende supervisar su aplicación.  Dicho de otro modo, el Estado actualmente tiene la pretensión de  hacer la gestión del recurso pero deja el manejo, en el mismo bosque, a intereses económicos particulares. La supervisión del manejo es, lamentablemente, muy deficiente y por eso, en la realidad, los madereros o las empresas forestales prácticamente hacen lo que quieren.
Los planes de manejo forestal que son preparados por las empresas para cada concesión son, en general, basados en inventarios forestales deficientes y aunque eventualmente los planes sean de calidad razonable raramente son aplicados y nunca lo son en forma consistente  a lo largo del tiempo. Apenas son documentos rituales para poder explotar, transportar y comerciar la madera. El resultado es que tanto como el 90% de la madera extraída de los bosques naturales amazónicos es técnicamente  ilegal, lo que significa que su extracción compromete la capacidad de esos bosques de continuar brindando los servicios ambientales. Los esfuerzos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del   Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y de las administraciones forestales regionales no consiguen evitar esa situación ya que además de no disponer de los medios para hacerlo, tampoco “tienen la sartén por el mango”. Les resulta imposible supervisar lo que ocurre en 17,8 millones de hectáreas, de las que 9,4 millones están concedidos a cerca de 2.000 empresas, sin mencionar otras modalidades de extracción, como 3 a 4.000 permisos y autorizaciones.  Por eso, las concesiones forestales han sido un fracaso en términos de manejo sostenible, como constatado por el Osinfor, por la Defensoría del Pueblo  y, asimismo,  evidenciado por la alta desistencia de empresas concesionarias.
Por esos motivos el cambio más drástico pero indispensable es dar al Estado, la responsabilidad completa sobre el manejo del bosque natural, como la tiene ya sobre la gestión del recurso a nivel nacional. Es decir que los planes de manejo deben ser realizados por las agencias del gobierno competentes, como el antes mencionado Serfor y las administraciones forestales regionales y, esas mismas agencias, deben ejecutar su aplicación.

Tercer error.

Asumir que el manejo de los bosques naturales ejercido por el Estado obstaculizaría el aprovechamiento de los bosques naturales por el sector privado.
La propuesta de que el manejo forestal sea realizado directamente por el Estado no reduce el rol del sector privado que continúa siendo el responsable de extraer la madera del bosque, transportarla, procesarla y comercializarla. Lo único que cambia es que la tan criticada y hasta ahora ineficiente estrategia de dar concesiones grandes -o pequeñas- sobre el recurso forestal es reemplazada por subastas periódicas del volumen y de las especies de madera que pueden ser extraídos del bosque, de acuerdo al plan de manejo de cada unidad de manejo.  El plan de manejo de los bosques administrados por cada unidad forestal debe considerar abastecer, en la medida de lo posible, la demanda de las  industrias localizadas en ese ámbito. Esos planes son, obviamente, discutidos y aprobados con participación plena de todos los actores locales y su aplicación es supervisada con participación de la sociedad local, en especial de las industrias madereras que aprovechan la madera de esos bosques.
Esa es la forma en que se manejan los bosques naturales –a veces reconstituidos y naturalizados- públicos de la mayoría de los países desarrollados, a veces  desde hace siglos, y el buen estado productivo de los bosques en esos países demuestra que funciona bien y que la convivencia entre producción y conservación, aunque difícil, es posible. El sector privado, cuando explota bosques públicos, se libera de todos los costos y problemas que acarrea ser responsable del manejo. Por ejemplo, disponer de profesionales especializados en manejo, gastos de guardianía para evitar invasiones, costosas certificaciones o soportar las supervisiones periódicas por parte de reparticiones del gobierno. Apenas debe, cuándo entra al bosque a sacar la madera que ha comprado, cumplir las exigencias propias de la extracción, establecidas en el concurso al que aplicó.
El costo del manejo por el propio gobierno debe ser cubierto por el precio de la madera en pie –canon forestal- que es vendida por el gobierno. Con esos recursos, cuyo uso siempre es supervisado por  todos los actores locales al nivel de la unidad de manejo mediante consejos de gestión forestal, la autoridad forestal local contrata empresas que construyen las vías de extracción, hacen las labores silviculturales y vigilan el cumplimiento de la ley. Es obvio que eso implica un cierto crecimiento de la administración pública forestal, pero nada que no pueda ser cubierto por la producción maderera de bosques bien manejados.

Cuarto error. 

No dar a la madera de bosques naturales amazónicos el valor que realmente tiene.
La madera de los árboles nativos tropicales debe ser tratada como un producto muy precioso. No solamente por su belleza, raridad y diversidad, sino porque en muchos casos es el resultado de siglos de crecimiento lento, totalmente orgánico y natural. Cedro y caoba, entre tantas otras que tienen gran demanda internacional y que por eso generan hasta operaciones sofisticadas de contrabando y de corrupción, son apenas algunas del más de un millar de especies de maderas valiosísimas y hasta ahora totalmente desperdiciadas. Las maderas “baratas”, que si no son quemadas durante el desbosque, son en general usadas para cajonería, muebles populares o encofrados en la construcción civil cuando, si bien tratadas, son verdaderas maravillas para su uso en mueblería fina u para otros usos especiales y muy nobles.
No importa si se las exporta como productos acabados o semi-procesados o simplemente como trozas. Lo importante es que, desde el momento de su cosecha se las trate como se merecen. Es decir como si fueran la mejor uva para el vino más sofisticado o como si fueran el tabaco de alta calidad que dará lugar a los más finos cigarros. La madera amazónica, cuando escapa al desprecio, desperdicio  y mal trato que se le da en la región, se transforma en muchos de los productos más caros y preciosos del mundo. Se debe, pues, producirla con cariño y cobrar el alto precio que realmente tiene y abastecer una gran demanda crecientemente insatisfecha. Apenas hacer saber y promover la decisión de conducir la explotación maderera a ese escalón de calidad, puede rentabilizar el manejo forestal productivo sin perjuicio para los servicios ambientales.

Quinto error.

Pulverizar la gestión forestal en tres ministerios y en las regiones y en muchas agencias y reparticiones.
De otra parte, en la actualidad, el pequeño sector forestal está literalmente descuartizado entre tres ministerios y los gobiernos regionales.  Una parte está en Agricultura (el Serfor), otra en Ambiente (Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático), otra está en la Presidencia del Consejo de Ministros (el Osinfor) y, finalmente, mucho recae en las desimplementadas administraciones regionales. La separación de funciones no es clara, existe descoordinación así como competencia desleal entre esas agencias tanto por fondos como por poder y, claro, los costos de la gestión forestal son innecesariamente multiplicados.
Aunque en beneficio de la descentralización y desconcentración de la administración pública sea necesario mantener y ampliar la regionalización, las otras tres agencias podrían estar todas reunidas en un solo sector. No hay, realmente, justificación actualmente válida para mantenerlas separadas. Más aún si se lleva en cuenta la absurda división de la gestión del recurso fauna, tema en el que no se entra en esta breve discusión.

Sexto error. 

El comando de la gestión de los bosques naturales debe ser del Ministerio del Ambiente.
Si la función principal del bosque natural y de su manejo es brindar servicios ambientales y si la producción de madera y de otros productos del bosque natural puede lograrse manteniendo razonablemente esa función, su gestión debe ser hecha por el sector del Estado que se ocupa del ambiente. De hecho ya son pocos los países en que la gestión del bosque natural aún se encuentra bajo comando del sector agropecuario, precisamente por las razones antes expuestas. En países donde el desarrollo forestal es muy importante existe una institucionalidad de nivel ministerial propia.  En otros, la mayoría, se le ha asignado a los ministerios que se ocupan del ambiente
Es que hay un antagonismo fundamental entre la función precipua del sector agrario -es decir la producción de alimentos y otros bienes- y la función de conservar los bosques naturales por la importancia de sus servicios ambientales. En efecto, antes de la actual explosión de minería ilegal, la agricultura era la única y aún es la principal causa de la deforestación. El subsector forestal, dentro del sector agrario, siempre ha sido secundario y sometido a decisiones fundamentadas en la constante necesidad de aumentar la producción agropecuaria. Es, en gran parte por eso que el subsector forestal peruano nunca consiguió desarrollarse bien.
El sector Ambiente ya es parcialmente responsable de la gestión de los bosques naturales. En efecto, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) está a cargo de la preservación y manejo, inclusive productivo de bosques en algunas categorías de áreas protegidas, sobre unos 20 millones de hectáreas de bosques y otras áreas naturales. Este sector, asimismo, es responsable por el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático que prioriza, por ejemplo, trabajar en tierras indígenas. Esas dos dependencias deben intervenir en más del 50% de los bosques del Perú y administrar  otro tanto de los  fondos destinados a los bosques naturales en el país.   Nada más lógico, pues, que entregarle el resto.
Es decir que el Serfor debería ser integrado al sector Ambiente y que este, a su vez, debería absorber al Programa Nacional de Bosques y quizá al Osinfor, simplificando la burocracia. El Osinfor fue un resultado del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU, para combatir la corrupción en el sector forestal. Si el manejo forestal es realizado por el propio Estado, el Osinfor pierde parte de su razón de ser. Puede convertirse en un órgano de control interno, aunque para eso ya existen otros mecanismos en cada ministerio.

Séptimo error. 

Escaso apoyo efectivo a la reforestación con fines de producción.
Los bosques naturales son esenciales para mantener servicios ambientales pero los bosques cultivados son o deben ser la base de la producción forestal industrial. Pinos y eucaliptos no se siembran, en general, para mejorar el ambiente y si para producir madera o resinas que alimentan industrias mecánicas o químicas. No hay gran diferencia entre plantar eucaliptos y plantar cacao, café o palma aceitera. Es un tema perfectamente coherente con las responsabilidades de cualquier ministerio de agricultura.
La reforestación con fines industriales merece mucho más atención de la que recibe dentro de un servicio forestal convencional que tiene, como en el Perú, una larga tradición, aunque haya sido poco exitosa, de dedicación al bosque natural. La reforestación merece tener, en la administración pública, en el Ministerio de Agricultura, una institución propia y especializada, con rango elevado, similar al que se otorga a la agricultura o a la ganadería, a las que es en todo comparable. Potencialmente la silvicultura tiene tantas o más posibilidades de expansión que esas dos actividades juntas, especialmente ocupando las tierras deforestadas abandonadas o subutilizadas. Para desarrollar la reforestación en gran escala también se necesita mucha dedicación a la creación de una estrategia de incentivos económicos propia, como se ha hecho para lanzar los programas silvícolas de Chile y Brasil, cuyos PBI forestal son muy importantes gracias a la reforestación y  no a la explotación de sus bosques naturales.
Existe, como siempre, una área gris entre la reforestación para producción y la reforestación para restauración de ecosistemas degradados en la que el objetivo económico directo – producción de madera- es subsidiario al objetivo de conservar el suelo o de garantizar el abastecimiento de agua a centros urbanos o áreas agrícolas. En esos casos, es decir en los que están relacionados al manejo de cuencas hidrográficas, la coordinación intersectorial debe resolver lo que se hace en cada situación.

Octavo error. 

Descuidar los bosques de protección o protectores que en un país montañoso como el Perú son claves para el manejo de las cuencas hidrográficas.
Los estudios disponibles sobre la capacidad de uso mayor de los suelos del Perú indican que en la Selva existen casi 19 millones de hectáreas, es decir grosso modo un 25% de esa región, cuyos suelos sólo serían aptos para ser conservados o protegidos. Aunque esa cifra puede ser discutible es evidente que la mayor parte de los bosques naturales de la Selva Alta y muchos de los que están en Costa y Sierra no deben ser eliminados pues se encuentran en pendientes muy fuertes, altamente erosionables y porque captan y acumulan agua. Mantenerlos no solo permite evitar desastres naturales que afectan vidas e infraestructuras sino que garantiza el abastecimiento de agua de calidad para las ciudades y agricultura de los valles, mantiene estable el caudal y el cauces de los ríos  y, también alberga gran parte de la biodiversidad y del potencial turístico del país.
Pero los bosques de vocación protectora -el término incluye toda la vegetación natural- no se restringen a los que cubren las fuertes pendientes andinas. En realidad la función protectora del bosque y de la vegetación natural se extiende asimismo a las riberas de ríos, lagos y lagunas; a las nacientes de agua, al tope de las montañas, a la que cubre y fija las dunas, etc. Sin la vegetación protectora en la borda de los ríos estos reciben muchos sedimentos, salen del cauce y destruyen cultivos y viviendas, la calidad del agua que conducen se deteriora y, por ejemplo, en el caso de las dunas, éstas avanzan sobre los pueblos y la agricultura.
Lo curioso es que a pesar de lo anterior, que es indiscutible, los únicos bosques de protección y protectores que existen en el Perú cubren apenas 570.000 ha, es decir poco más del 0,8% de lo que realmente debería estar muy bien cuidado apenas en la Selva y quizá apenas 0,4% de lo que debería estar protegido en todo el territorio nacional. Es verdad que parte de los bosques con vocación protectora ocurren, en mayor o menor proporción, dentro de la mayoría de las áreas naturales protegidas, tales como parques, santuarios y reservas nacionales o comunales -que dependen del Sernanp- y en algunas otras áreas naturales protegidas regionales o particulares.    Quizá se cubra así hasta un 20% de lo que debería ser protegido en la Selva bajo el criterio de bosques de protección.   El resto, o sea la mayor parte de esos bosques, está dentro de tierras públicas no alocadas y en gran parte dentro de tierras de comunidades campesinas y nativas y, obviamente, también en propiedades privadas, grandes o pequeñas.
Esta situación deriva de un error iniciado con la ley forestal de 1975 y que, como otros errores, ha sido perpetuado en las leyes siguientes. El resultado es que, para defenderlos, se ha optado por crear una categoría especial de área natural protegida con el nombre de “bosques de protección” (Sernanp)  que requieren de un complejo ritual de creación, planos de manejo, presupuesto individual para infraestructura, personal, etc.  Por eso es que se crearon tan pocos y se abandonó la mayor parte. Ocurre que es simplemente imposible cuidar esos bosques en forma individualizada. Esos bosques cubren una extensión enorme y están en todas partes. Por eso, en casi todos los demás países del mundo, ese tipo de vegetación protectora es protegido por el simple efecto de una ley y no requiere declaraciones específicas que son apropiadas para las verdaderas áreas naturales protegidas, cuya función primordial es la conservación de muestras representativas de los ecosistemas y de la biodiversidad.
Decidir cuál es el pendiente límite -en general por encima de 45º- o el ancho del bosque a ser protegida en la ribera de los cursos de agua –que depende del caudal- es un tema técnico, variable con una serie de situaciones, que debe ser reflejado en la ley.  Pero, las normas deben ser claras y muy simples de aplicar y verificar. La responsabilidad de proteger esos espacios es de cada ciudadano y de cada propietario y, como en el Brasil entre otros países, ese tipo de legislación es estrictamente aplicado por las autoridades agrarias, forestales y ambientales y asimismo por el Ministerio Público, pues no respetarlo implica perjuicios graves a toda la sociedad.  En el Brasil la falta de respeto a esa legislación implica imposibilidad de conseguir préstamos agrarios; venta, compra o alquiler de propiedades rurales, además de multas y de la obligación de recuperar o compensar los bosques destruidos.

Conclusión

Hay algunos aspectos de la gestión forestal del último medio siglo que funcionaron bastante bien. Ese ha sido el caso, en especial, del tema de las áreas naturales protegidas que a pesar de las limitaciones presupuestales  ha asegurado la conservación de la mayor parte de la diversidad biológica del Perú y estimulado un creciente turismo nacional e internacional, entre otros progresos indiscutibles. Pero, como visto, ese no es el caso de la gestión de los bosques naturales  productivos ni, por otras razones, la de los cultivados.
No tiene sentido continuar haciendo lo mismo que no funcionó durante más de medio siglo. Siempre es difícil cambiar la rutina o ir contra las tradiciones que se perpetúan en las burocracias y en las universidades. Pero no es imposible. Y, si se desea que los bosques peruanos contribuyan real y efectivamente al desarrollo nacional, es urgente rediseñar la política forestal y reformar la legislación".

viernes, 24 de agosto de 2018

Aplanamiento de montañas y deforestación en bosques amazónicos

Después de las consideraciones teóricas realizadas  sobre el aplanamiento de montañas y su dinámica con el cambio climático se tendría que revisar una serie de paradigmas aplicados en la dimensión de ecosistemas de montañas, específicamente en los Andes que transita por territorio peruano.
Una de ellas constituye la importante degradación por el lavado de suelos en el flanco oriental de los Andes, producida por grandes descargas fluviales que van acompañadas por enormes cantidades de sólidos. Este fenómeno natural activado superlativamente por el cambio climático, desplaza del primer lugar a la acción del hombre como primera causa de la deforestación de la Amazonia peruana. Deja en segundo plano a otra de las causas importantes que recae en la roza,tumba y quema de la agricultura migratoria, fundamentalmente de monocultivos como es el caso de palma aceitera; adicionalmente se identifica a la tala y minería ilegales que contribuyen negativamente depredando bosques amazónicos.
Sólo en quince años - periodo 2001-2016 - se perdieron casi dos millones de hectáreas de bosques en la región amazónica peruana.