Este Blog es para aquellas personas que desean enterarse y/o contribuir con el debate alturado sobre el desarrollo con seguridad y reducción de riesgos de uno de los principales sectores gestores del avance económico peruano. Descubramos que tanto hay de cierto de los mitos sobre la minería que se transmite por los medios de comunicación en el país de los Incas.
La empresa china Andes Natural Resources Group adquirió la mina de cobre Cobriza con una
propuesta de US$20.1 millones, más IGV, según lo publicado por el diario El Comercio.
Cobriza era uno de los dos activos principales de Doe Run Peru.
Andes Natural Resources es un vehículo de Cyber Credit Natural Resources, conglomerado financiero y tecnológico que desarrolla el
proyecto de cobre Rico Leonmag 3, en el departamento de Huancavelica.
La venta de Cobriza se gesta tras once años de crisis e insolvencia de Doe Run Peru, y tras infructuosos intentos de subasta pública y remates, organizados por cuatro sucesivos liquidadores: Right Business, Profit,
Dirige y Carrizales; lográndolo Sierra Alta a las seis semanas de su ingreso a la administración concursal.
Se tomó conocimiento que el reto de la empresa china es
reiniciar las operaciones de Cobriza (detenidas desde fines del 2019) y volver a producir 9.200 toneladas métricas diarias de cobre.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó- según publicación del diario Gestión- que, existen trece proyectos de exploración minera, y dos de construcción de minas en los cuales
ese sector ya ha concluido los procesos de consulta previa a las poblaciones indígenas y demás grupos étnicos ubicados en las áreas de influencia de esos planes de inversión.
Entre los trámites de consulta concluidos -que estuvieron a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM -figuran los proyectos exploratorios Misha
(Apurímac) y La Merced (Áncash), ambos de Barrick Misquichilca; Corcapunta (Áncash) de Anglo American Perú; Puquiopata, de minera Ares.
Asimismo, Capilla, de Sumitomo Metal Mining Perú; Ares, de Compañía Minera Ares; los proyectos Anama, de Anabi; Pantera, de Minera Antares Perú, y Aurora, de Minera Focus SAC., entre
otros.
Además, ya se concluyó consulta previa en los proyectos de construcción de minas Apumayo, de Apumayo SAC ubicado en Ayacucho, y Corani, de Bear Creek Mining SAC, ubicado en Puno.
Este último proyecto, que demandará una inversión de US$ 586 millones, originalmente estaba previsto a iniciar su construcción el 2020 y concluir el 2023. No obstante, si logra
concretar su cierre financiero, Corani iniciaría su construcción en el 2021.
En “Impacto post sismo de lo altamente improbable en Lima” haciendo uso de la metáfora del cisne negro, publicado hace dos años atrás - un jueves 18 de octubre del 2018- indiqué que era muy necesario desarrollar una agenda de trabajo para aplicar acciones preventivas ante un eventual sismo de gran magnitud que podría afectar fundamentalmente a las áreas plenamente identificadas como zonas rojas en caso de desastres.
Para graficar la importancia del tema, tomé como referencia al estudio "Escenario sísmico para Lima Metropolitana y Callao" del año 2017 realizado por INDECI, en el cual los expertos suscribimos que de liberarse la
energía sísmica acumulada desde el gran terremoto del año 1746, se podría generar un sismo de magnitud hasta de 8.8 Mw (magnitud momento).
Como escenario del evento sísmico para Lima, el estudio estima un total que se aproxima a los diez millones de habitantes y se tiene a más de dos millones de viviendas expuestas, y para el Callao; un total que se aproxima al millón de habitantes y supera las doscientos mil viviendas expuestas.
Construcciones en suelos sin capacidad de carga aumenta los riesgos en Lima y Callao
De producirse este evento el efecto de los daños previstos por el precitado estudio para Lima Metropolitana y Callao , impactaría con más de cien mil muertos; los heridos superan los dos millones de personas, más de trescientos mil viviendas destruidas y las viviendas inhabitables superan en número a los seiscientos mil.
Escenario Dantesco
El impacto que deja el paso de la actual Pandemia de la enfermedad infecciosa, medidas en términos de crisis en salud pública, económica, social, ambiental , sumadas a la crisis política; se verían multiplicadas , toda vez que si bien la Pandemia desde marzo a octubre en todo el Perú provocó a la fecha el orden de treinta y cuatro mil muertes, este evento natural triplicaría esta cantidad de muertes en una lapso sumamente corto sólo en Lima Metropolitana y el Callao.
El manejo post desastre natural implicaría la necesaria gestión adecuada de los servicios y logística en salud que se verían nuevamente colapsados. La atención de más de dos millones de heridos implica un manejo especial, de igual manera, la disposición sanitaria de los muertos para evitar focos infecciosos epidémicos.
El escenario post desastre, indica la necesidad de servicios básicos, en particular del agua para consumo humano. La destrucción de edificaciones y viviendas generarán un trabajo efectivo de los equipos de rescate y la simultaneidad de incendios dotará de arduo trabajo a las compañías de bomberos existentes en Lima y Callao que se ven fácilmente superadas respecto al número de estaciones de gas, petróleo y gasolina existentes.
El proceso de demolición y disposición adecuada de las edificaciones destruidas demandará impactos adicionales por la remoción de escombros y evacuación final; todo ello sin perjuicio a la disposición sanitaria de los residuos sólidos municipales e industriales que deben ser atendidas. Un tema sustantivo será el manejo de los desagües municipales y aguas residuales industriales que deberán ser atendidos con prontitud para evitar la formación de plagas de insectos y controlar los olores que emanan las aguas negras.
El abastecimiento de alimentos a las zonas vulnerables ya identificadas en los bolsones de pobreza extrema demandará una acción coordinada de la defensa civil y otros organismos del sistema de control y prevención de riesgos existentes en el país.
Prevención para evitar pasar de la Emergencia al Desastre
Reitero que la aplicación de los principios de prevención y precaución devienen en altamente recomendables, la actual experiencia dejada para el control de la enfermedad infecciosa y la eventual segunda ola sobre la zona caliente de Lima y Callao, nos permite sugerir en la mejor de las formas a los actuales funcionarios y autoridades en curso, redoblar esfuerzos para mitigar el potencial impacto que afectaría directa e indirectamente a casi un tercio de la población peruana y cerca a la mitad del PBI nacional.
La proximidad de la estación de lluvias en la sierra central implica actividades "rutinarias" de descolmatación de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín; sin embargo debo insistir en el hecho que Lima tiembla sin mayor prevención y que la próxima administración del Estado peruano debe aterrizar con una adecuada planificación aplicando políticas, Planes y programas adecuados a esta realidad que pende como una espada de Damocles sobre los futuros aspirantes a la casa de Pizarro.
Reporte del sismo de ayer martes 27 de octubre del 2020
Reporte del sismo del sábado 24 de octubre del 2020.
El problema agudo del incremento de la contaminación del agua en la franja costera peruana, se va tornando en mal crónico ante la pasividad de un Estado empírico al que le falta reflejos para gestionar adecuadamente este recurso hídrico tan importante para la salud pública. Es fundamental que el Estado, en sus tres niveles de gestión, dinamicen su capacidad de respuesta frente a una realidad que viene afectando a miles de ciudadanos en centros poblados que requieren mejorar su administración del agua para consumo humano; con mayor énfasis para espacios geosociales que mantienen factores y condiciones inadecuadas que terminan por afectar el sistema inmunológico de los seres vivos, impacto que estaría alineado con el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente al COVID-19, al que considera como un eventual mal endémico en algunas partes del planeta.
Presencia de arsénico en fuentes de agua subterránea.
La presencia de arsénico en el agua potable puede ser el resultado de la disolución del mineral presente en cuencas hidrográficas cercanas a volcanes y naturalmente en el suelo por donde fluye el agua antes de
su captación para uso humano, o bien, por vía antrópica por contaminación industrial. Para importantes volúmenes de agua, la OMS identificó al proceso de coagulación como una de las tecnologías más adecuadas en la remoción de arsénico. Efectivamente, el proceso de coagulación mediante cloruro férrico es usado generalmente en la remoción de turbiedad, por lo que el empleo del mismo proceso en la remoción de arsénico permite una mejoría del
tratamiento. El cloruro férrico se hidroliza en el agua para tomar la forma de hidróxido férrico cargado positivamente. El arsénico debe estar en su forma oxidada para su remoción eficaz. Por lo cual, si hay presencia de arsenito será necesario para oxidar a arsenato mediante el uso de cloro como un proceso de pre-tratamiento. Arsenato es un anión cargado negativamente y es atraído a las partículas o flóculos de hidróxido férrico cargado positivamente. De esta manera el arsénico adsorbido puede ser removido mediante el proceso de sedimentación.
Agua con Arsénico en Norte y Sur de la costa peruana
A modo de ejemplo, citaré dos Regiones : Lambayeque en el Norte y Moquegua en el Sur, en donde se presentaron casos en centros poblados que se abastecen con aguas captadas en fuentes de aguas subterráneas y consumen agua que sobrepasan los límites permisibles con contenido de arsénico.
De un lado, citare la declaratoria de emergencia que se contempla en el Reporte N°01-2019/SC/MCLCP de las localidades de Mórrope, Pacora y Otros -2019 en la Región Lambayeque. Cuya data se encuentra documentada en los hallazgos de los niveles de contaminación desde el año 2016, hasta el arribo de la Pandemia del COVID-19 al país ocurrido en Marzo del 2020.
En este escenario, se cuestiona la demora en la toma de decisiones en el nivel técnico y político regional, para resolver una situación que tomó años mantener el estado de emergencia, con la anuencia de instituciones públicas que sólo atinaron a soluciones intermedias, llevando agua en camiones cisterna para abastecer temporalmente a la población afectada.
De otro lado, mencionare el caso de la región Moquegua, que en diciembre de 2018, la Gerencia Regional de Salud Moquegua mediante el informe N.° 01487-2018-GRM-GERESA/GR-DRSM-OSIC emitió los resultados de análisis a las muestras de agua de la captación Yacango, revelando concentraciones de arsénico que excedieron los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Se tomó conocimiento que el arsénico en las fuentes de agua del área de estudio provenía de la mineralogía existente en el ámbito de las infiltraciones Labramane, Jorge Chávez, Revuelta y Yacango, afectando al centro poblado
Yacango, en el distrito Torata-Moquegua.
En esta ocasión, se contó con una alianza público -privada, que permitió la construcción de una Planta de tratamiento de Agua Potable de Torata, sin embargo tiene el desafío de mejorar en el operación y mantenimiento de esta Planta destinada al extremo de la remoción de Arsénico.
Agenda pendiente
El Perú se encuentra a pocos meses de las Elecciones Generales del 2021 y cuenta con diversos personajes que aspiran a suceder en el cargo al presidente Vizcarra, en ese sentido habría que trasladarles la interrogante a los candidatos respecto a sus políticas para resolver el problema de la contaminación por metales pesados presentes en agua de consumo humano y otros usos para la costa peruana.
La presencia de pasivos ambientales y la contaminación natural, constituyen ciertamente un tema de agenda pendiente que la próxima administración del Estado peruano deba y tendrá que resolver.
Latinoamérica viene viviendo el paso de la Pandemia del COVID-19, y en algunos países tardará la recuperación deseada tras la crisis de salud, social, económica, ambiental y política en que nos ha sumido en esta parte del planeta la enfermedad transmisible infecciosa, que amenaza en convertirse en una enfermedad endémica para la región.
Ruido Político
Quienes trabajamos hace décadas por hacer posible que el agua de consumo humano llegue a las poblaciones mas vulnerables de latinoamérica, vemos con preocupación que grupos de poder persisten en mantener excluidas a poblaciones desplazadas por el sistema implantado por un crecimiento y desarrollo mal entendido.
Bolivia, se declaró en Estado de catástrofe nacional atribuyendo a la sequía e incendios forestales, por lo que tiene acceso a la ayuda internacional para paliar esta situación; otros países latinos declararon sus territorios en emergencia nacional, sin embargo podrían alcanzar el nivel de catástrofe de no mediar las acciones preventivas necesarias post emergencia.
Los cambios en las administraciones de los gobiernos latinos, generan un ruido político que podría desestabilizar aún mas la frágil salud pública de la región, en razón que los tecnócratas priorizan políticas económicas para impulsar la producción y soslayan el alto costo social que representa continuar relegando a poblaciones vulnerables que se encuentran en los bolsones de pobreza junto a las ciudades, muchas de las cuales alcanzan el estándar de ciudades del primer mundo.
La disponibilidad y acceso al agua y saneamiento devienen en fundamentales para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas, esto lo repito transcurrido tres décadas después que apareciera la epidemia de cólera en Perú, cuando logramos contenerla con acciones inmediatas, las cuales pasaban necesariamente por brindar una AGUA SEGURA.
Agua Segura
Dotar de agua segura a la población en general es absolutamente indispensable para mantener niveles adecuados en la salud pública, esto lo sabemos por experiencia de campo los especialistas que trabajamos en escenarios como Perú y otras realidades similares de América Latina.
El caso peruano se viene agravando peligrosamente desde hace décadas atrás por las inadecuadas políticas implementadas en el sector y la deficiente gestión realizadas en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
Los expertos ya habíamos manifestado con detalles las deficiencias existentes en el agua para consumo humano antes del arribo del COVID-19 al Perú, la cual impactaba reduciendo el sistema inmunológico en poblaciones afectadas por carencia de agua o con problemas de calidad de agua; el COVID-19 sólo evidenció esta situación ante los ojos del mundo, al situarlo entre los países mas impactados del mundo.
Agenda pendiente
Las nuevas administraciones en la región, deben estudiar con detenimiento el manejo político y nada técnico de la gestión del agua en Perú, donde es necesario redoblar esfuerzos para mejorar la gobernabilidad y gobernanza en este extremo. En este espacio pude explicar la dicotomía del agua en términos de cantidad y calidad que políticamente están encargados, por un lado, al sector agricultura que incorpora temporalmente a una autoridad nacional del agua que con sus autoridades locales de agua y las autoridades administrativas de agua, se encuentran en tránsito para ser incorporados por un Ministerio del Ambiente que no termina por "crearse" y por otro lado, tenemos al sector salud que mira la calidad del agua, sin embargo, por cuestiones de los diversos usos del agua, tenemos a un ministerio de vivienda y construcción saneamiento, quien se encarga de promover la instalación del suministro de agua y alcantarillado en todo el país, vale decir, de atender a las zonas urbanas y rurales del Perú. De otro lado tenemos al regulador, que tiene bajo su radar regulador a las denominadas Empresas Prestadoras de servicios de Saneamiento (EPS), mas no a las atomizadas zonas rurales que escapan de su efectivo control. A esto se le agrega el manejo político de las EPS por parte de los alcaldes provinciales y el manejo político de un Estado que impulsa las inversiones en sectores productivos y extractivos, ralentizando el accionar de instituciones como OEFA,SENACE,OTASS, entre otras que polarizan un escenario donde el recurso agua es cada vez mas escaso, particularmente en la costa peruana, donde los efectos del cambio climático, la contaminación de las aguas y la falta de cultura del agua, franquearon el paso a la crisis del agua que ya se deja sentir en varias localidades del país.
Para superar esta crisis del agua y mejorar el estado de la salud pública , es fundamental que las nuevas administraciones de gobierno, incluyendo los organismos multilaterales que apoyan el desarrollo de países de la región, impulsen políticas integrales de desarrollo, priorizando la gestión del agua, dándole un rostro humano y el respeto a la naturaleza donde habitamos.
En Julio del 2012, indiqué en este espacio que el proyecto
minero Quellaveco de la compañía Anglo American produciría 220.000 toneladas de cobre al año, o alrededor de
una quinta parte de todo el cobre que se produjo en Perú para el año 2011. La construcción de la mina
de cobre tomaría desde ese entonces cerca de cuarenta y cuatro meses.
El proyecto incluyó posteriormente un acuerdo, que involucra la creación de mil millones de soles creado para un fondo de desarrollo de Moquegua. Incorporando el sistema de almacenamiento de agua del río Asana, la presa Chiriote Chuincune
y el saldo va a un fondo de desarrollo retornable, una especie de fondo de
garantía y préstamos para las pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales.
El año 2019, un grupo de agricultores del centro poblado de
Tumilaca efectuó protestas contra Quellaveco. Argumentó que el proceso constructivo de
la mina provocaba contaminación de las fuentes de agua, indicando que la
construcción de la mina afecta al río Asana, cuyo caudal es utilizado para el
riego de más de 450 hectáreas de cultivos.
Con el arribo del COVID-19 a Perú en marzo del 2020, Quellaveco
fue uno de los proyectos mineros que se vieron obligados a suspender por la
pandemia.
De los más de quince mil trabajadores que laboraban en la
construcción de la obra, ubicada en la sierra de Moquegua, el noventa por ciento regresó a
casa. Solo quedaron 1.200 para tareas críticas. El proyecto se construye a más
de cuatro mil metros de altura y tiene un avance del cuarenta por ciento.
Según publicación en el diario La República, la compañía retomará el próximo mes -noviembre del 2020- la construcción de su mina de
cobre en el distrito de Torata-Moquegua, paralizada hace cuatro meses por la
emergencia sanitaria.
La compañía anuncio que diez mil trabajadores retomarán sus
actividades con el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Energía y
Minas para evitar el contagio entre los trabajadores.
En el cronograma de la empresa se tenía previsto iniciar la etapa productiva en 2022. La compañía mantiene esa expectativa de plazo, con un retraso
de algunos meses por la emergencia sanitaria y la menor cantidad de personal
que dispondrán. La inversión se encuentra en el orden entre US$ 5.000 a US$
5.300 millones de dólares, y tendrá un incremento por la pandemia.
Presidente del Partido Morado y Pre-candidato presidencial 2021
A todos los precandidatos a las elecciones presidenciales del 2021
Me dirijo a usted (es), y a través suyo a todos y cada uno de los ilustres precandidatos que aspiran ocupar el sillón de Pizarro dentro de nueves meses, para expresarle(s) en la mejor de las formas, mi preocupación por la difusión de mensajes latos como en el que se expresa : "El Perú es un país agricultor que ha abandonado a sus agricultores"; tamaño descubrimiento sólo cabe en el desconocimiento de la realidad del campo y en un discurso que pone en línea de colisión a la agricultura con las industrias extractivas.
Por generaciones, los peruanos conocemos como es que cientos de miles de familias pasan sus vidas enteras en una lucha constante para subsistir en un sistema que obliga al campo a subsidiar a las ciudades en territorio nacional.
Estamos por cumplir doscientos años de vida republicana y se nos quiere continuar vendiendo la narrativa que millones de trabajos podrían generarse si el Estado tomara en serio a la Agricultura.
Se repite el discurso populista para quedarse en el mero diagnóstico; no se indica cómo y en qué tiempo es que se podría revertir los incentivos perversos que arrinconan cada vez mas al pequeño y mediano agricultor.
Plantear que "La Agroindustria es la apuesta hacia el futuro, pero que antes se debe gestionar el agua " es otra incongruencia que se esboza siguiendo el mismo orden de ideas. Los distinguidos precandidatos deben tener muy presente que el uso y la gestión del agua en Perú, es un cuello de botella dinámico, que en forma transversal toca a diversos componentes sectoriales y que es un mal crónico por las conocidas restricciones al acceso y disponibilidad del recurso hídrico. Por consiguiente, los males sistémicos, demandan soluciones integrales que tocan necesariamente a la triada : seguridad hídrica, seguridad alimenticia y seguridad energética.
Nada mas alejado de una propuesta seria es dejar como tareas "al sector público o privado", para "invertir" en infraestructura y dar asistencia técnica a la Agricultura sin decir cómo es que se logrará hacerlo bajo el escenario Post-COVID19 que ha llevado a tener al país en una crisis de salud, social, económica y ambiental sin precedentes.
Extenderme en detalles técnicos sólo profundizaría las evidencias que separan al discurso preelectoral con los votos que respaldan vuestras acciones colectivas, como parte de la representación nacional.
En ese sentido, hago votos porque documenten sus propuestas y pasen a desarrollar seriamente sus planes y programas de gobierno, que impulsen a reconstruir la patria con el concurso real y efectivo de todos los peruanos de buena voluntad.
Las evidencias sistémicas registradas sobre el impacto que genera la inseguridad hídrica en América Latina, que relaciona al cambio climático , presencia de sequías e incendios forestales de gran magnitud, se encuentran correlacionadas con la incidencia de enfermedades infecciosas bacterianas como el cólera o virales como es en el caso del COVID-19.
En este contexto, el COVID-19 tiene alta probabilidad de constituirse como una enfermedad endémica en algunos países latinos, como es en el caso de Perú y Bolivia.
Crónicas anunciadas
Cuatro años antes expliqué en " Cambio climático en América Latina & Perú" (publicado el 28 de noviembre del 2016) y posteriormente en "Crisis política en Lima-Perú y lección aprendida de las crisis del agua" ( publicado el 18 de septiembre del 2017) ; así como en recurrentes publicaciones en que vengo advirtiendo de cómo el proceso de la crisis del agua se va agravando dramáticamente en países latinoamericanos.
Ya en el año 2016, Bolivia había declarado emergencia nacional por sequía y falta de agua; siendo que nuevamente para el año 2020 este país declaró inicialmente emergencia nacional y posteriormente su administración se declaró en desastre nacional.
En esta crisis del agua que viene escalando, quienes se ven mas impactados resultan ser los pueblos ubicados en zonas protegidas que ven consumirse sus bosques y áreas de cultivo de pan llevar. Brasil y Perú no se encuentran fuera de riesgo, habida cuenta que ambos países cuentan con parte de la cuenca amazónica sensible y altamente vulnerable a los incendios forestales. La costa peruana representa un gran reto para la gestión adecuada del agua.
Tala ilegal y deforestación agravan los problemas de agua
La inseguridad hídrica es un problema que las administraciones de turno en países latinos no se encuentran atendiendo con la debida atención que organismos internacionales y científicos de todo el planeta venimos insistentemente alertando.
Millones de hectáreas de bosques se vienen perdiendo por acción antrópica en estos países latinos, donde los esfuerzos legales para reducir la tala ilegal y deforestación, sólo producen frustración y nuevos ejercicios aislados de ensayo error.
Para encontrar una solución integral a los precitados problemas, es necesario plantear soluciones integrales, pues los problemas son de carácter sistémico y que deben resolverse considerando las características transfrontera de los ecosistemas vulnerables de la región.
El proceso de perforación de pozos de petróleo y gas, produce en mayor cantidad dos tipos de residuos : recortes de perforación y los fluidos de perforación.
Los residuos de perforación constituyen el segundo mayor volumen de
residuos generados por la industria de exploración y explotación de hidrocarburos
a nivel mundial, detrás del agua de producción de los pozos.
Una gestión
deficiente de los residuos de perforación impactan al medio ambiente,
causando la mortalidad de las poblaciones hidrobiológicas y afectando la cadena trófica por la toxicidad que
muchas veces acompañan a estos residuos. Esta situación no es distinta en el
país y en especial en la Amazonía Peruana.
Contaminación en las últimas dos décadas
En los últimos veinte años, que alcanza al periodo comprendido entre los años 2000 y 2020 , se habrían generado 428202 toneladas de recortes de perforación y 625686 metros cúbicos de efluentes líquidos que serían susceptibles de producir niveles de contaminación al ecosistema amazónico. El bario representa el mayor riesgo entre los residuos de perforación de pozos en la Amazonía, asimismo, la barita podría contener concentraciones de cadmio o mercurio, cuya presencia los convertiría en lodos de alta toxicidad producto de estos metales pesados.
Polémica ambiental en Loreto
El diario El Comercio, publica bajo el título " Pluspetrol, OEFA y un pleito sin fin", dando cuenta del tema en que advertí se venía a suscitar si es que no se tomaban las medidas preventivas oportunas; en su publicación, el decano de la prensa nacional manifiesta que crece la disputa por interpretación de laudo arbitral, consignando que están en jaque la remediación de más de dos mil pasivos ambientales abandonados en el Lote 192 ( antes 1AB).
El detalle pasa porque la empresa PLUSPETROL no reconoce 1,199 sitios contaminados que OEFA ha determinado son de su responsabilidad.
Agenda pendiente para tener una Patria Segura
Es de suma importancia que la nueva administración del Estado peruano, tome debida nota respecto a los Lotes que se encuentran con planes de abandono en evaluación, a cargo de las compañías Graña y Montero Petrolera (GMP), Sapet, Savia,Pluspetrol,Petromont y China National Petroleum Corporation (CNPC). Respecto a ésta última, en 2013 CNPC compró
todos los activos de Petrobras en Perú, incluyendo sus tres lotes
petroleros, entre la que se encontraba el Lote X , cuyo contrato vence el 2023.
Durante su primer debate con Donald Trump en el marco del proceso electoral en Estados Unidos, el senador, vice presidente, candidato a la presidencia de Estados Unidos de norteamérica en las elecciones de noviembre del 2020, Joe Biden mostró a Perú como un país altamente impactado por el COVID-19. Con la intención de mostrar que su contendiente Donald Trump tuvo una mala gestión frente al COVID-19, Biden mostró un gráfico que
posicionaba a Estados Unidos en el puesto nueve dentro de la gráfica de mortalidad por COVID-19 por cada 100 000 habitantes; y en el primer lugar de esa tabla estaba Perú.
Perú mostrado como el país con mayor muertos por COVID-19 por 100000 habitantes en el mundo.
Esta dramática realidad en Perú obedece a una serie de errores en el proceso seguido frente al manejo de la pandemia, partiendo de la existencia de un débil sistema de salud, continuando con la falla estratégica de utilizar pruebas rápidas sin contar con un adecuado sistema de seguimiento a los casos de infectados identificados, lo que en la praxis neutralizó los esfuerzos de médicos y epidemiólogos quienes no pudieron impedir que Perú se presente como el país con mayor cantidad de muertos en el mundo, debido al COVID-19 por cien mil habitantes.
EFECTOS DE LA INSEGURIDAD SOCIAL
La falta de capacidad demostrada por el Estado peruano se identifica no solamente en los miles de muertos por COVID-19, transmitiéndose a los familiares que, sin perjuicio de pasar por el dolor de cremar a su muertos, tienen que lidiar con la salvaje burocracia de un seguro social que en el papel considera la posibilidad a los deudos de cobrar los gastos del sepelio de un familiar afiliado a ESSALUD, el cual deberá realizar un trámite de rembolso de hasta dos mil setenta soles por el fallecimiento de un familiar (trabajador regular, activo o pensionista) afiliado a esta entidad.
El tema pasa por un vía crucis porque ese pedido de reembolso de pleno derecho - que debiera ser de ejecución automática - tiene un plazo de seis meses (180 días) desde la fecha que se indica en el certificado de defunción, de lo contrario, el dinero se dirige al fondo del seguro social.
El problema se agudiza desde el momento en que el Estado de emergencia en Perú, pasa los doscientos días, incluyendo algunos detalles como fue el caso de la rígida inmovilización social, incluyendo la paralización de instituciones estratégicas como es el caso del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, en donde se deberá tramitar la partida de defunción original del beneficiario fallecido, rectificación de partidas u otros especiales de ser el caso para que acredite su condición de beneficiario ( Testamento o sucesión intestada).
En este extremo, los lentos reflejos de la representación nacional en el Congreso de la República, se integra a estos cuellos de botella por las que deben transitar esta población afectada y sensibilizada, que va incrementándose paulatinamente en la medida que continúan produciéndose las muertes por COVID-19, aunque en menor proporción, pero expectantes ante los futuros efectos de un eventual rebrote de la pandemia.
Las industrias extractivas estratégicas, como es en el caso de la minería y petróleo, podrían continuar siendo afectadas, ante eventuales protestas sociales de una población que exprese sus protestas incorrectamente dirigidas, con las conocidas restricciones frente a sus normales operaciones.
Los principales indicadores que permiten comparar el
grado de acatamiento de la cuarentena a nivel mundial señalan no sólo que
el Perú no estuvo entre los países que mostraron menores niveles de disciplina
social, más bien lo contrario. La disposición al acatamiento y al sacrificio de
la población fue relativamente elevada. Si se quiere entender el porqué de la
mala situación del país, tal vez se debería observar con más cuidado a otros
componentes, como es el caso del estrés hídrico. El alto estrés hídrico en Perú, con especial énfasis en la costa desértica peruana, puso al país como uno de los mas afectados por el COVID-19 en el planeta.
Mediante diversas fuentes e indicadores se observó la medida
en la cual los peruanos tuvieron una conducta coherente con una cuarentena
estricta.
Una encuesta de IEP , tomada en mayo del 2020, mostraba que
el 75% de los peruanos consideraba que la principal razón por la que no se ha
podido controlar la epidemia de la COVID-19 es “por los ciudadanos
irresponsables que no cumplen con las disposiciones del gobierno”. Es decir, la
inmensa mayoría de los peruanos considera que el contagio extendido de COVID-19
se debe a la baja disposición de la población para acatar las medidas de
aislamiento social y de cuidado personal necesarias para reducir su propagación.
Hay quienes explican esto en función a múltiples causas, entre las que se
encuentran la alta informalidad, precarias condiciones de vida de gran parte de
la población, la falta de educación o el sistema de valores de la población.
Dado que el impacto de la COVID-19 en el Perú ha estado entre
los más fuertes del mundo se esperaría que el acatamiento de la cuarentena
estaría entre los más bajos también.
Mediante diversas fuentes e indicadores se observó la medida en la cual los peruanos tuvieron una conducta coherente con
una cuarentena estricta. Hemos encontrado que, a diferencia de lo que muchos
creen, el acatamiento de la cuarentena en
el Perú fue más respetado que en los países más exitosos de la región.
El primer indicador consiste en Google Community Mobility
Report, el cual acopia datos respecto al desplazamiento de las personas con
celulares con sistema Android. Para los primeros sesenta días de cuarentena,
justamente cuando la epidemia se propagó con mayor rapidez, se puede observar
que el Perú se encontró entre los países con mayor reducción de visitas a
tiendas, supermercados, parques, estaciones de transporte y lugares de trabajo
del mundo.Se argumenta que estos reportes no son válidos
para el Perú puesto que gran parte de la población no tiene acceso a
smartphones, sin embargo, la penetración de smartphones en hogares a nivel
nacional es 73.4% y en el caso de Lima, una de las ciudades más golpeadas
por COVID-19 del mundo es 91.2%. En Lima la reducción en el desplazamiento
en el periodo mencionado llego al 75.7%.
Otra fuente de información consiste en el reporte de Big
Data del BBVA Research que recolecta información respecto a la conducta de
gastos en el Perú. Al analizar el reporte se observó que la caída más
abrupta en pagos con tarjeta en físico (-75%) fue en el caso peruano. También
tuvo la caída más fuerte en retiros de dinero de cajeros automáticos, lo cual
se halla fuertemente asociado a las actividades del sector informal, llegándose
a una caída de 61%.
Otros indicadores de desmovilización se pueden obtener del
Tablero de Impacto del Coronavirus del BID. El primer indicador llamativo
consiste en el de intensidad de Congestión de Tráfico por país.Esto
nos señala la severa reducción en el uso de vehículos que se dio durante la
cuarentena en Lima.
Otro indicador llamativo mostrado por el BID es el referente
a disminución en la emisión de dióxido de nitrógeno. Este compuesto químico
está asociado al uso de combustibles fósiles, es decir, su caída es un
indicador de la disminución de uso de vehículos. Se acopió datos de 7 ciudades
importantes de Latinoamérica, mostrándose que fue Lima en la cual se dio la
caída más dramática en las emisiones.
Hay quienes podrían afirmar que datos de celulares y uso de
vehículos no reflejan la conducta de la mayoría de los peruanos sino de los
sectores más acomodados. En esta visión tendríamos sectores medios y altos con
elevados niveles de acatamiento y sectores populares con bajísimos niveles.
Pero esta visión no es coherente con los estudios de seroprevalencia en Lima
que mostraron niveles de exposición a la COVID-19 sin diferencias
significativas entre diversas zonas de
Lima independientemente del nivel económico.
Población sin acceso al agua potable
Para sustentar el tema del estrés hídrico y su influencia decisiva en el impacto del COVID-19 en el Perú, me apoyaré en una publicación titulada "Falta de agua en Lima : Análisis y soluciones" que tiene el sello de El Comercio, difundida antes del arribo a territorio peruano del COVID-19.
En esta publicación que data de abril del 2019, se indica que 870 mil viviendas no cuentan con agua potable, lo que implica el orden de 2 millones seiscientos mil habitantes tienen estas limitaciones, especialmente en zonas críticas como es el caso de Lima, ciudad levantada sobre un desierto.
La escasez de agua en Lima se presentan básicamente en los cerros y en viviendas construidas informalmente. En estos lugares la población llega a pagar un precio elevado hasta ocho veces más que la población que cuenta con el servicio de agua en sus domicilios.
Otro componente que influye en la falta de agua es la poca cultura hídrica existente, que genera pérdidas de agua y el uso irracional de este recurso, pese a que por efectos del cambio climático, los deshielos de los glaciares ubicados en la zona central del país, que constituyen las fuentes que proporcionan agua a la ciudad de Lima pueden desaparecer antes del 2045.
Necesario aumento en la capacidad de respuesta frente al COVID-19
En este sentido, se hace muy necesario difundir la cultura hídrica en el país, incorporando transversalmente valores inherentes al eficiente uso del agua, reuso , control de fugas, almacenamiento adecuado, ahorro, costo del agua (...) en los diferentes niveles de gestión de la administración del Estado y la sociedad civil. Asimismo, tender puentes para que el sector privado internalice la necesidad de sumar esfuerzos para mitigar la contaminación de las aguas que constituye un importante componente en el alto estrés hídrico que presenta el país, especialmente en la franja costera.
Los especialistas, ingenieros sanitarios y ambientales del Perú, indicamos con antelación las medidas que debieran adoptarse con el agua, incidiendo en los mejores hábitos de consumo, con énfasis en Lima, lo cual fue recogido en el año 2014 por una publicación de WWF bajo el título " Un frágil ciclo, agua energía y población en Lima", expresando su preocupación respecto al consumo y provisión
de agua de la ciudad de Lima y principalmente los cambios en los
ecosistemas naturales que la sustentan, es decir, la infraestructura verde que
almacena, regula y provee el recurso, todo esto antes del arribo del COVID-19 al país, lo cual se mantiene en la agenda pendiente para incrementar la capacidad de respuesta del país frente al COVID-19.
El término estrés hídrico se usa cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad de la que se dispone o cuando su utilización es restringida por la contaminación que reduce su calidad. Es conocido que en Perú, el acceso y disponibilidad al recurso agua ya era restringida en su costa desértica, alli donde se localiza la mayor cantidad de individuos.
Factores que inciden en elevar el estrés hídrico de referencia
El arribo de la pandemia COVID-19 al territorio peruano, fue una de las causas que contribuyeron a elevar el estrés hídrico. Perú ya se encontraba categorizado en un nivel de medio alto antes que la enfermedad infecciosa viral impacte dramáticamente al país, colocándolo con su paso en un nivel de alto estrés hídrico. A los efectos del cambio climático y la salvaje deforestación de bosques, se unen
la presión demográfica y la contaminación de las fuentes de agua por efectos
naturales y actividades antrópicas, principalmente de actividades industriales
extractivas sin una adecuada gestión humana de los recursos hídricos. En este contexto, los pasivos ambientales constituyen un componente que no debe soslayarse en los programas de gobierno de cara a la próxima administración de gobierno a iniciarse en Julio del 2021.
Perú se adelantó en 20 años al pronóstico del WRI
Según
un estudio de World Resources Institute (WRI), aproximadamente la quinta parte de los países del mundo sufrirán
problemas relacionados con el acceso al agua en 2040.
Con las evidencias del caso, Perú se adelantó en veinte años a este pronóstico realizado por este prestigioso instituto de recursos mundiales.
El enfoque de cuencas como unidad de gestión, nos permite visualizar que los proyectos de transvase de las aguas para llevar el recurso agua al desierto costero, no fueron lo suficientemente adecuados para resolver los problemas de gestión generados para los diversos usos del agua. El tiempo nos dió la razón cuando indicábamos en diversos foros, que el cambio de la Ley general de aguas (DL N° 17752) a la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) no sería suficiente para mejorar el manejo del agua si es que no se reforzaba la gobernanza, involucrando a los actores sociales en los procesos de cambio.
Así, la creación de MINAM,ANA,OEFA,SENACE ... no terminan por funcionar sistémicamente y la falta de interoperabilidad colocan en compartimentos estancos a los sectores público y privado, lo cual se traduce en una evidente falta de inversión en todo lo que se relacione al cada vez mas escaso recurso agua en la costa peruana, con especial énfasis en el área de saneamiento.
