Corrupción sin género ni bandera política que afecta a la minería

Las actuales elecciones generales en Perú a realizarse en dieciocho días (seis de junio) ilustra como es que la corrupción afecta a un país con tradición minera en términos del uso adecuado de los fondos que genera para su crecimiento y desarrollo.

La población electoral esta convencida que la corrupción no tiene género ni bandera política, pues sensibilizada por el impacto de la pandemia en curso, no estima que su elección pasa por optar entre capitalismo o comunismo visto como sistemas económicos y sociales que tratan la propiedad privada y la diferencia de clases; inclinando su lectura a elegir por una opción de cambio en la Administración de gobierno que garantice la aplicación de políticas de Estado frenando la corrupción galopante que llega alcanzar a las mas altas esferas de las administraciones de gobiernos en sus tres niveles de gestión.

En este sentido, suscribo la posición que impulsa la implementación de salvaguardas del uso adecuado de los fondos mineros en Perú, los cuales deben ser priorizados para atender el bienestar de las comunidades y centros poblados más próximos a las operaciones mineras; debiendo ser mejorados los mecanismos de seguimiento y control a las inversiones realizadas aplicando dichos fondos.

Fondos mineros deben ser cautelados y usados para el desarrollo del país.

Recientemente, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indicó que los gobiernos regionales y locales recibieron 40 mil millones de soles por concepto de canon y regalías entre los años 2011-2020 como producto de las actividades productivas del sector minero en el país.

Esta suma representa el tres por ciento (3%) del presupuesto inicial del sector público para ese periodo que fue del orden de 1,325,534 millones de soles.

Además informó que la región Áncash fue una de las que más se benefició con las transferencias por canon y regalías, dentro de este periodo su ex gobernador césar Alvarez fue sentenciado por el poder judicial tras ser hallado responsable de asociación ilícita para delinquir, seguido de Arequipa , que contó con Yamila Osorio, su exgobernadora procesada por el poder judicial, al  haber presuntamente recibido sobornos del “Club de la Construcción” y La Libertad, representando en total más del 40% del total distribuido para ese periodo 2011-2020.

Defensa del Orden interno y orden público en Perú

Perú se encuentra atravesando un momento crucial en su historia republicana, pues acaba de elegir a un tercer Presidente de la República en el lapso de una semana, este episodio en medio de la protesta ciudadana y donde las fuerzas del orden juegan un rol importante.

FFAA y PNP al servicio del país y no solamente al servicio del gobierno de turno.

Mis siguientes expresiones pasan por defender la institucionalidad tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Fuerzas Policiales (PNP), habida cuenta que en las últimas décadas han estado no al servicio del país sino al servicio del gobierno de turno. Quienes conocemos la gestión de la cosa pública en Perú lo sostenemos científicamente y sin apasionamientos de un evento coyuntural. Para que desarrolle el país en ese sentido, se debe reforzar la gobernanza de instituciones como las antes mencionadas y para ello se debe actuar ajustado a derecho, no soslayando las inconductas funcionales en el nivel que estas se encuentren. Ya en diversos eventos y foros académicos de las últimas décadas, vine relatando mi experiencia profesional obtenida en el recorrido por el territorio peruano donde he podido ser testigo de las condiciones en las que cumplen función las fuerzas armadas y policía nacional; las mismas que acompañan con las mismas dificultades, entre otras, a la labor abnegada del personal de educación y salud para las poblaciones nucleadas y dispersas situadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

Los pisos altitudinales, climas y geografía extrema de ecosistemas de desiertos, montañas andinas y selva amazónica, son mudos testigos de lo que pasan los recursos humanos destinados y acantonados en localidades rurales, o en ciudades considerados de alto riesgo por acciones naturales o antrópicas.

Labor en tiempo de paz o conflicto interno

Las labores en defensa Nacional, orden interno, defensa civil, desarrollo alternativo y lucha contra las Drogas, independientemente sean desarrolladas en tiempos de paz o conflicto interno, dejaron importantes lecciones que aprender, así como importantes retos y desafíos que atender, como es en el caso de la actual Pandemia.

En la década de los 80 marcada por la guerra contra el terrorismo, inicios de la década de los 90 con la lucha contra El Cólera, hasta los tiempos actuales, las FFAA y PNP, realizaron una encomiable labor, que ahora además de enfrentarse a un enemigo viral invisible, institucionalmente coadyuvan en los esfuerzos que realiza el país para poner freno al libertinaje impuesto por la corrupción transversal que inficiona a personas, penetrando hasta llegar a las mas altas autoridades en diversos niveles de gestión.

Sector de la Prensa que desinforma

Parte de la prensa nacional, alimentada por fuerzas oscuras, tratan de menoscabar la moral de los precitados institutos al generalizar actos disfuncionales aislados de personal, para afectar la institucionalidad de la fuerza pública encargada de la seguridad ciudadana. Las múltiples tareas que por función tienen que cumplir la PNP, no puede estar sola sin apoyo de la población civil organizada, atendiendo el control del orden y la seguridad en las ciudades, como en el caso de Lima, donde funciona una novel representación nacional, quien creó un escenario incierto el diceciseis de Noviembre del 2020, un día de infausta recordación en la historia del Perú, pues el país se encontró acéfalo, que fomenta inadecuadamente una alta rotación de funcionarios en la función pública. 

Agenda pendiente

Perú, un país rico por su cultura milenaria y recursos naturales, se encuentra próximo a elegir en elecciones democráticas a su nuevo mandatario en el bicentenario de su independencia y que entrará en función a partir del 28 de Julio del 2021; motivo por el cual, el gobierno de transición actual, además de garantizar la limpieza en las elecciones, deberá trabajar para devolver la confianza al ciudadano y a la inversión nacional o extranjera; asimismo, dar claras luces para que tanto las  FFAA y PNP, se encuentren al servicio del país y no solamente al servicio del gobierno de turno, empezando por no descuidar el tema de la Pandemia y la seguridad ciudadana que preocupa tanto al hombre de a pie como a los potenciales inversionistas.

Covid-19 & crisis política en Perú

La reciente publicación hecha en el Washington Post, bajo el título “La promesa anticorrupción llega a su fin en Perú” escrita por Jonathan Castro, servirá como preámbulo del próximo reporte explicando el escenario previo al COVID-19 y la dinámica registrada en la ecuación conformada por la corrupción e informalidad que impacta en su crecimiento. "La última crisis política peruana tiene como origen las contrataciones de un cantante, Richard “Swing” Cisneros, por el Estado. Por esto, el país podría quedarse sin presidente este viernes 18 de septiembre, cuando el Congreso ha programado la votación de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, acusándolo de incapacidad moral permanente. Cisneros, quien además de cantante es coach, es un personaje excéntrico incluso para la clase política peruana. Sin mucho talento ni gran fama, Cisneros estuvo contratado por el Ministerio de Cultura desde 2018 (entre otras cosas, para dar charlas motivacionales y organizar algunos eventos), cuando Vizcarra asumió la presidencia, por un total de 155,400 soles (aproximadamente 44,000 dólares estadounidenses). ¿Cómo había obtenido estos contratos que incluso se extendieron hasta los inicios de la pandemia? Una foto con el presidente, registros de visitas a Palacio de Gobierno y declaraciones de Cisneros y Vizcarra dieron luz a una relación entre ambos más o menos cercana, dependiendo de quién lo diga. Al margen del desenlace de la votación de este 18 de septiembre, esto representa un punto de inflexión en el legado de Vizcarra. El referéndum para la reforma de justicia y para evitar la reelección de congresistas, los proyectos de reforma del sistema político y la disolución del Congreso —principales gestos de su gobierno— vinieron con una promesa: mejorar la clase de representantes políticos de la mano de la lucha anticorrupción. Esa promesa es ahora una desilusión. La Fiscalía y una comisión investigadora del Congreso llevan a cabo indagaciones por estos hechos. Pero la semana pasada, el congresista Edgar Alarcón, presidente del grupo investigador del Legislativo, presentó en una sesión pública del Parlamento unos audios en los que se escucha a Vizcarra y su entorno cercano coordinando las versiones sobre las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno. En respuesta, el Congreso aprobó el inicio de la moción de vacancia. Esto sucede en el último año de su mandato y a siete meses de que se produzcan las elecciones generales de 2021. La hemorragia de grabaciones —hechas por una asistente del presidente— ha continuado desde ese día, y probablemente prosiga en los próximos. En estas grabaciones se escucha a los funcionarios de Palacio de Gobierno planificando el encubrimiento de las visitas de Cisneros a Vizcarra. Pero el proceso que se ha seguido en el Congreso ha sido rápido y cuestionable. El trámite de vacancia inició el mismo día que se presentaron los audios, y el artículo de la Constitución al que apeló —la incapacidad moral permanente— puede ser un cajón de sastre para justificar cualquier acusación. Si bien los hechos que allí se describen ameritan investigaciones fiscales para determinar si hubo delitos de colusión y obstrucción de la justicia, la percepción que habrá sobre los audios tendrá un manto de oscuridad. La sospecha tiene justificación popular, pues la historia sobre la que se asientan los últimos 20 años de democracia está marcada por grabaciones que revelaron hechos ilícitos: en el 2000, por estas mismas fechas, los “vladivideos” demostraron el pago de sobornos en el régimen de Alberto Fujimori; en el 2008, los “petroaudios” revelaron un faenón petrolero durante el gobierno de Alan García; en el 2018, los “mamanivideos” propiciaron la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra, un presidente sin partido ni bancada en el Parlamento, se ha enfrentado varias veces a la oposición con una sola arma: poner a la opinión pública a su favor con base en la popularidad de la que goza un hombre que se enfrenta a la corrupción. Ahora, ha quedado desnudo. Su bandera anticorrupción ha quedado manchada. Y aunque, según una encuesta de la empresa Ipsos, 79% de los encuestados considera que Vizcarra debe continuar con su presidencia, la opinión pública difícilmente volverá a mostrar un apoyo mayoritario mientras la población peruana siga luchando por sobrevivir durante la crisis sanitaria y económica generada por el nuevo coronavirus. Este caso también forma parte de una ruptura sistemática de la primera parte de la promesa: mejorar la clase de representantes políticos. Por lo tanto, Vizcarra tiene parte de la responsabilidad de tener frente a él a este Congreso. En 2018, Vizcarra impulsó un referéndum que, entre otros temas, prohibió la reelección de parlamentarios. Hoy, la única cámara está conformada por una amplia mayoría de legisladores sin experiencia en el cargo y sin posibilidades de reelección. Tienen una mirada de corto plazo, como lo han señalado varios analistas. Por otro lado, tras la disolución del Parlamento en septiembre de 2019, Vizcarra convocó a elecciones pero se hizo de lado. A pesar de tener una mayoría de aprobación presidencial, no buscó alianzas con partidos políticos que levanten las reformas políticas que impulsaba. Su idea para implementar una renovación de la representación nacional parecía un viejo chiste de la serie televisiva The IT Crowd: “¿Has intentado apagarlo y encenderlo de nuevo?”. En los seis meses que tiene en funcionamiento, el nuevo Parlamento ha demostrado la misma arbitrariedad que tenía el anterior. Sus decisiones en materia económica son un peligro para la estabilidad fiscal, y han permitido que se encumbren personajes cuestionables en el terreno político. Edgar Alarcón, el presidente de la comisión investigadora, fue destituido del cargo de contralor general de la República por faltas graves, tiene investigaciones fiscales por enriquecimiento ilícito, y llegó al Parlamento de la mano de un partido aliado del golpista Antauro Humala. Al no disputar el espacio político, el Parlamento se llenó de grupos fragmentados, algunos con más beligerancia que la que hubo en el periodo anterior. Vizcarra no tiene aliados allí, ni mecanismos para un entendimiento político. En ese tránsito, Manuel Merino, presidente del Congreso y sucesor de Vizcarra en caso de ser destituido, se intentó comunicar con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para informarles sobre el proceso. El Ministerio de Defensa calificó esos hechos como temerarios por pretender involucrarlos en un proceso político. Luego, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, reveló que dos personas del partido político de Merino se comunicaron con él para señalarle que él podría continuar en el cargo si destituyen al presidente. Lo que Vizcarra no ha podido ganar en la política, ahora pretende hacerlo en los tribunales. La oposición no tiene los votos suficientes para destituirlo, pero en lugar de convencer a los indecisos, se ha optado por otra vía. El lunes, el Ejecutivo presentó una medida cautelar y una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para detener el proceso de vacancia, recursos que serán vistos en las próximas sesiones aunque podrían durar unos tres meses en resolverse. Este proceso no es excepcional, pues ya el Congreso pasado había presentado un pedido similar contra la disolución, pero fue desestimado. Aún así, profundizar la judicialización de la política es un camino que no tiene retorno. La polarización de la opinión pública pretende que solo se mire las irregularidades de un lado. Vizcarra rehusó la necesidad de una organización que le dé respaldo político, y se refugió en un pequeño círculo de confianza que se ha ido destartalando. Aún así, si este viernes prospera la vacancia, este periodo será recordado igual que el del turbulento siglo XIX, cuando los gobernantes cambiaban con tal frecuencia que sus nombres han pasado al olvido para los peruanos".

Enfoque de cuencas para el manejo del COVID-19_El caso peruano

Incorporar el enfoque de cuencas a las directivas de OMS permitirá mitigar el impacto y reducir el subregistro de casos afectados por el COVID-19 en países de América Latina y el caribe, dada su compleja geografía y reducida conectividad, particularmente en países andinos y amazónicos.

Perú es un país andino y amazónico con 32 millones de habitantes, que con la data actual se coloca entre los países mas afectados del planeta registrando, 295.599 casos positivos y 10.226 muertes atribuidas al COVID-19 al 3 de Julio del 2020.

De las 159 cuencas hidrográficas existentes en territorio peruano,se verifican tendencias que diferencian sustantivamente a los niveles de infección entre las partes altas y bajas de las cuencas que deben ser materia de reflexión en la lucha contra el COVID-19.  

La cuenca del río Huallaga

El río del oriente peruano Huallaga nace a 4.710 msnm en las alturas de Huascacocha en Cerro de Pasco, por la confluencia de los ríos Ticlayan, Pariamarca y Pucurhuay; después de recorrer una longitud de 1389 km por los departamentos de Cerro de Pasco , Huánuco,San Martín y Loreto, desemboca a una altitud de 130 msnm en el río Marañón, motivo por el cual a su vez  forma parte de la cuenca alta  del río Amazonas.
Para los efectos de este enfoque consideramos la cuenca del alto huallaga, al tramo comprendido entre su nacimiento en cerro de pasco (4.710 msnm) hasta Yurimaguas (182 msnm) y cuenca del bajo Huallaga desde Yurimaguas (182 msnm) hasta la unión del río Huallaga con el río marañón (130 msnm).
Los siguientes gráficos fueron tomadas de la data oficial publicada por la dirección regional de salud de Huánuco en las localidades de Tingo María y Huánuco, identificándose en el transporte público como un catalizador que acelera la presencia de una mayor cantidad de casos focalizados en la margen derecha del río Huallaga.

Casos COVID-19 concentrados en localidad Leoncio Prado-Tingo María-Río Huallaga

Casos COVID-19 concentrados en localidad de Amarilis-Huánuco-Río Huallaga.

Los ríos Andinos y Amazónicos se caracterizan generalmente porque en las cuencas altas no son navegables o navegables por tramos en temporadas, y en las cuencas bajas son navegables, constituyéndose en vías de transporte masivos para la población localizada en esas áreas, para quienes los ríos hacen las veces de carreteras de ciudades ubicadas en cuencas bajas.

El otro elemento catalizador de la enfermedad infecciosa es la calidad del agua; se cuenta con gran cantidad de agua, sin embargo la calidad de agua para consumo humano deja opciones para la transmisión del virus. Se comprueba que en las partes altas de las cuencas y subcuencas no se registran números importantes de COVID-19, concentrándose en las partes bajas, allí donde la densidad poblacional es mayor.

La calidad del agua se ve afectada en la medida que se traslada el recurso agua de la cuenca alta a la cuenca baja por factores antropogénicos, tal como se muestra en las siguientes imágenes correspondientes a la cuenca del río Huallaga.

Presencia de residuos sólidos en represa Chaglla-Río Huallaga, aguas arriba de Tingo María.

Río Huallaga en época de estiaje, se aprecia la localidad de Tingo María y RRSS en sus aguas.

Agua y transporte público masivo en cuencas bajas

Los casos de COVID-19 se agudizan en las cuencas bajas de los ríos que descargan sus aguas hacia el oceano pacífico en el occidente peruano.
La cuencas bajas de los ríos Rimac,Chillón y Lurín, se constituyen como la mayor zona caliente del país, alli donde la presión demográfica es mayor, justamente donde se localiza la capital de la república peruana Lima. En este espacio geosocial se ubica el 30% de la población peruana situada en el 2.5% del territorio nacional. 
El COVID-19 notificó su presencia en Perú desde Lima un 6 de marzo del 2020, el 11 de marzo se identificaban 13 casos confirmados y el 13 de marzo ya eran 28 casos, identificados como transmisión local. La zona caliente Lima-callao representaba 72% de casos identificados en el país al 7 de mayo y después de un periodo de cuarentena significaba 64% de infectados con el coronavirus COVID-19 al 11 de Junio. Pasados cien días de cuarentena , Lima-Callao representa 61% del total de casos confirmados como positivos al COVID-19 al 03 de Julio del 2020.
Desde el 1 de Julio del 2020, se ha flexibilizado el régimen de inmovilización social, estando aún lejos de haber controlado el brote epidémico de la enfermedad infecciosa que va produciendo 9.860 muertes (10.226 al 3 de julio del 2020) según reporte del MINSA a la fecha y 36,024 de acuerdo a registros del SINADEF, información difundida por el diario correo , que reporta las cifras al 30 de junio del 2020.

El subregistro por COVID-19 es real en Perú y atribuida a la  directiva de OMS para reportar casos.

Necesarios ajustes en directivas OMS para registros de COVID-19

Ajustar las directivas OMS para registro de casos COVID-19 permitiría a países andinos y amazónicos como es el caso de Perú, para replantear estrategias de intervención en zonas calientes plenamente identificadas en su lucha contra contra el COVID-19 , así como a los organismos multilaterales para priorizar soportes oportunos a países mas golpeados por la pandemia en el planeta.
Por citar un caso, nos referiremos a la cuenca baja del río Ica zona que presenta la tasa mas alta de letalidad en el país con 6.22% , el cual se encuentra por encima del promedio peruano que es de 3.46%. Cifras que al sincerarse permitirían a los tres niveles de gestión del país, replantear estrategias de intervención en una lucha que demandará largo aliento. 

Cuenca baja del río Ica, que presenta los problemas identificados en otras de su régimen hídrico.

La flexibilización de las medidas de prevención de la transmisión viral, abren probabilidades de incrementarse de nuevos casos de contagios en algunas áreas identificadas en las cuencas, lo cual demandan de la logística necesaria para reducir la probabilidad de mayores muertes por COVID-19, tomando en consideración que según reportes oficiales habían sólo 143 UCI con ventilador disponible distribuidos en todo el territorio nacional y 1210 casos críticos.

Unidades de cuidados intensivos reportados con que cuenta Perú para las 25 regiones del país.

El sinseramiento del registro del número de muertes por causas directas e indirectas al COVID-19 en los países de Latinoamerica y el caribe , permitirán que los miles de deudos y beneficiarios de los caídos por la Pandemia que hasta la fecha se han visto impedidos de accionar,puedan tener acceso a beneficios sociales a que tienen derecho , así como la masa hereditaria de la persona fallecida, permitiendo que se activen todos los mecanismos que en condiciones normales les fueran aplicados, incluyendo el soporte de los registros públicos que en muchos de los países latinos se encuentran inactivos, con los consecuentes perjuicios que generan a las economías de los deudos y del país en general. 

Corrupción que alcanza al agua para consumo humano

Pese a los esfuerzos que realiza la administración Vizcarra y sus estándares de gestión de gobierno en Perú, el nivel de corrupción alcanzado por este país antes del arribo del COVID-19 indicaba que Perú se encontraba entre los "Cincuenta países mas corruptos en el mundo", tal cual lo indicaba el diario gestión al referirse al indicador de transparencia. Las afirmaciones del contralor de la república en el sentido que la corrupción e inconducta funcional generaron pérdidas al país por 23 mil millones de soles el año 2019 , complementa las recurrentes denuncias realizadas por medios masivos de comunicación y que muchos casos se encuentran judicializados a la espera de la ralentizada acción del poder judicial que se encuentra en proceso de activación tras el periodo de emergencia generada por el brote epidémico.
Seguidamente se podrá visualizar el problema de la falta de agua en la costa norte peruana, en las localidades de aguas verdes, zarumilla y tumbes, en la región donde se reportan 3041 casos positivos al COVID-19 y 127 fallecidos; los mismos que registran problemas similares a los explicados en el enfoque de cuencas y que con la lectura del reporte " La frontera de la vergüenza" del programa de Tv punto Final, por si sola se explica.

Investigación criminal para garantizar el acceso al recurso agua

El resultado de mis investigaciones sobre la gestión del recurso agua en Perú, un país sumamente complejo dada su indudable diversidad, me llevó en las últimas décadas a relacionar las causalidades resultantes en los ecosistemas deteriorados por las restricciones políticas de la ocupación y uso del territorio que responden a múltiples intereses. El uso de los recursos naturales y el agua en particular, gestan superposiciones en la toma de decisiones por parte de las autoridades para gestionar los impactos generados;agudizándose  por el cambio climático que afecta la sostenibilidad requerida por el país en términos de gobernanza y gobernabilidad. 

El registro histórico de la gestión de agua en Perú reporta elevados sobrecostos.

Vulnerabilidad en fuentes de agua

Parte de las evidencias que proporcionamos investigadores en el transcurso del tiempo, son registradas por instituciones transfrontera, tales como BID,BM...; éste último suscribe que el 22% de la superficie glaciar en el Perú desapareció en los últimos treinta (30) años.

Un impacto paisajístico que relaciona la pérdida en fuentes de agua producto de los nevados de las altas cumbres, puede ser mensurada en forma masiva por la población que se percata de este hecho al transitar por la carretera central en "Ticlio" o abra de Anticona (paso en la cordillera de los Andes a 4818 msnm ó 15807 pies), donde se visualiza la pérdida paulatina de nieve hasta la ausencia sostenida de las mismas durante algunos meses del año. 

Retroceso y desaparición de Glaciares en Perú_Vista de Los Andes Centrales

En este contexto, la población que se abastece y depende exclusivamente de fuentes de agua proveniente de los glaciares es altamente vulnerable y sus situación se agudizará en áreas con glaciares proveedores de agua en cinco cadenas montañosas que podrían desaparecer en los próximos veinte (20) años.

Necesidad del fortalecimiento en investigación criminal

La teoría del delito como parte del Derecho Penal, permiten determinar con precisión si existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos gestados en el proceso social que acompaña al Derecho humano-como es el derecho al acceso al agua para uso primario según Ley 29338 - donde la capacitación en investigación criminal deviene en fundamental,sustentado en las consideraciones del proceso histórico seguido.
El Estado peruano, mediante Ley 24949 (1988) y su modificatoria Ley 28078 (2003),buscó integrar sus fuerzas policiales y desaparecer la duplicidad de funciones para ofrecer un mejor servicio a la sociedad; sin embargo, como efecto colateral se produjo una reducción en la capacidad de investigación criminal. La policía entonces se vio en la necesidad de adecuar su forma y singularidad al carácter propio de la Nación en las ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas que conforman el territorio peruano, en donde la naturaleza y alcance de la misión asignada a la policía estaba relacionada con las especificidades del espacio geosocial en el cual operaban.
Al globalizarse la fórmula regulatoria jurídico-legal de  la criminalidad en este extremo, desligó a la policía del poder judicial para ponerla al servicio del Ejecutivo, bajo el marco de insuficiencia en la investigación del delito.
La nueva modalidad de gobernanza se sustentó desplegando la intervención del Ministerio Público desde la etapa policial; sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público la circunscribe al ámbito de investigación preliminar. Las restricciones subsistentes se trataron de resolver mediante sendas normas, la Ley 27934 (2003) y el Decreto Legislativo 989 (2007) que regulan la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. 
Los efectos residuales impactan en la administración de justicia,donde conceptos de celeridad y especialidad  en los procesos resultan extraños al desempeño de órganos jurisdiccionales especializados en delitos  ambientales en Distritos Judiciales del país.
En el escenario descrito, germinaron los impases en la capacidad y calidad del gasto público para agua y saneamiento, alimentados por la débil gobernanza permisiva con la baja rentabilidad para el Estado, pues los espacios generados por altos índices de corrupción mantuvieron al país -hasta la actualidad- sin lograr la cobertura de agua y saneamiento  anhelada por sucesivas administraciones del Estado.

Capacidad y calidad del gasto público 

Aplicando el modelo de gestión que permitió festinar procesos,presionar en la cadena de pagos, socializar los "diezmos" y contribuir a que Perú pierda aproximadamente tres mil millones de dólares cada año por efectos de corrupción se produjo la inversión sectorial en saneamiento que gastó el orden de cinco mil millones de dólares en el lapso de veinticinco años (1985-2010) ; y estando a los actuados para cerrar la brecha en area urbana hacia el año del bicentenario de la independencia del país (2021) demanda gastar el orden de dieciséis mil millones de dólares en los cuatro años que restan.
Los cuellos de botella dinámicos registrados, evidenciaron una falta de capacidad en el gasto público en el periodo 2011-2016, donde solamente se pudieron invertir seis mil seiscientos sesenta y dos millones de soles ( de los S/. 11.600 millones de soles asignados ) para ejecutar proyectos y obras de agua y saneamiento. Siguiendo el mismo criterio, en el transcurso 2009-2014 el Gobierno Central transfirió dieciocho mil millones de soles a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento, comprobándose que la calidad de los servicios no mejoraron en dichas entidades. 
En síntesis, la dinámica del modelo en el marco del paradigma para lograr "coberturas", impusieron la necesidad de gastar compulsivamente hasta diez veces mas, sin contar con suficientes especialistas, a quienes se llegó a diferenciar en sus remuneraciones del nivel gerencial en EPS hasta por diez veces menos en ciudades del interior del país contrastando con su capital,Lima.
No será complicado entonces entender el porque existen las empresas filiales de la antigua SENAPA (1981)  hoy convertidas en empresas municipales que se encuentran-en su mayoría- recurrentemente quebradas técnica y financieramente, pese a recibir intermitente apoyo económico y financiero del Estado; operando formas de corrupción bajo el manto de incompetencia, inficionadas con procedimientos de recepción de obras ineficientes  que emergen con problemas de operación y mantenimiento, afectando en la calidad del sistema integral y convirtiéndolas en Empresas insostenibles. 
Como corolario se tiene a una importante cantidad de obras sometidas a control y fiscalización por el Sistema Nacional de Control, vistas por el ministerio público y siendo judicializadas sólo algunas. El punto es que en tanto el proceso sancionador, como las obras inconclusas, paralizadas y cuestionadas por la población beneficiaria demandan años de inercia que les mantiene sin acceso al recurso agua; de los miles de funcionarios pasibles de sanción muy pocos son alcanzados por el brazo de la Ley tal como lo presenté en Inversiones,corrupción e impunidad.

Cobertura del servicio de agua en cuarenta y nueve (49) meses

La presión ejercida para alcanzar la meta de cerrar la brecha de agua en zona urbana del país en aproximadamente cuarenta y nueve meses (aprox. un mil quinientos días), evidencia las debilidades en términos de recursos humanos especializados que tratara de cubrirse a través de redefinir el sector por el Ejecutivo con el Decreto Legislativo 1280 (2016) aprobando la Ley marco de gestión y prestación de servicios de saneamiento y que el Legislativo modificara y derogara en parte por Ley 30672 (2017).

Medidas integrales de rápido impacto

La frase “Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país, pero se llevaron la plata", pasa por el ciclo "protesta-propuesta-acción", y  a diferencia de las medidas de rápido impacto en saneamiento que acrecentaron el forado sectorial en las arcas del tesoro público- las medidas integrales de rápido impacto u otras que pudiera implementar el Estado a través de diversas instituciones como en el caso de OTASS para garantizar el acceso al recurso agua en el plazo previsto; no debiera desestabilizar Empresas, hacer atractivo el sector a profesionales especializados, formalizar las cadenas de pago, entre otras medidas a tomar ; y para ello es imprescindible fortalecer como componente transversal a la investigación criminal  a efectos de identificar y sancionar a los corruptores, de esta forma se podría mitigar el impacto que generan las asociaciones ilícitas para delinquir y los sobrecostos producidos por la corrupción en el sector.  

El Dato

• Casos emblemáticos de falta de capacidad de respuesta en el proceso de reconstrucción como en los casos del Terremoto en Pisco (2007) y El Niño Costero (2016-2017), generan altos niveles de desconfianza en los actores sociales que ralentizan la ejecución de obras y por consiguiente la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas.
• Tres meses al año se presentan con diversa intensidad los impactos generados por el Fenómeno El Niño. Lo que en cuatro años implicarían retrasos por doce meses en obras civiles destinadas a cobertura de servicios, sin perjuicio del tiempo que demande reparar los daños adicionales que pudieran ocasionar los embates de la naturaleza.

Falta de agua y saneamiento en todo el país por corrupción

El presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski (PPK) supervisó el dia de ayer los trabajos de agua y desagüe que se ejecutan en la zona de Ciudad de Dios en el distrito de Yura en Arequipa, con una inversión de 27 millones de soles y que beneficiará a 18 mil familias con el saneamiento.

En clara alusión a los actos de corrupción que se descubrieron con la empresa Odrebecht, el mandatario señaló que dichas obras son limpias, libres de corrupción. “Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país, pero se llevaron la plata”, enfatizó. Agregó que por estos actos de corrupción se castigará a todos, incluyendo a las empresas.

Documento que incorpora los avances en agua y saneamiento en Perú

Obras de saneamiento con participación de Odebrecht

Fueron varias, pero sólo nos abocaremos como muestra a una publicación de marzo del 2007 referida al "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la Zona Sur de Lima" –Proyecto Mesías– indica que se aprobaron dos presupuestos adicionales de obra sin contar con sustento técnico, relativos a las Losas de Concreto de las Lagunas de la Planta, lo cual generó que se beneficie al contratista con un pago de S/. 1,423,938 más US$ 855,750. Adicionalmente, permitieron que se incumpla las especificaciones técnicas en la Colocación del Sello de las Juntas de las Losas, donde se verificó la existencia de fallas constructivas que no garantizan un adecuado funcionamiento de la Planta y un perjuicio económico al Estado de hasta 247,310 soles más 242,596 dólares. Asimismo, SEDAPAL dispensó indebidamente al contratista - Consorcio ODEBRECHT / CBPO - de la ejecución de las pruebas hidráulicas, lo cual ha originado que no se detecten oportunamente las deficiencias constructivas.

En la misma mencionan un estudio atribuido al especialista ingeniero Javier Prado Blas, donde informa que "se trataría de un caso de uso ineficiente de los recursos del Estado que involucra operaciones de endeudamiento externo, al destinarse recursos públicos a una obra que por diversos problemas de orden técnico y de gestión hasta la fecha no entra en funcionamiento".

Un poco de historia sobre el proyecto Mesías y ODEBRECHT

El informe que hace referencia la nota periodística se trata del documento "Propuestas para una Hoja de Ruta del Sistema de Alcantarillado : Una visión del alcantarillado de Lima"presentado por el suscrito ante el regulador SUNASS como representante de la sociedad civil peruana en funciones.

En el se hace algunas precisiones sobre fechas,detalles del Proyecto Mesías y tópicos legales tales como el Decreto Supremo N° 128-96-EF (28 Diciembre 1996) que aprueba  la  operación  de  endeudamiento  hasta  por  12  660’  000, 000  de  Yenes    (Equivalentes a  US$ 124  117  647,1 ) destinados a financiar parcialmente el Proyecto de mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la zona Sur de Lima Metropolitana, cuya Unidad Ejecutora inicialmente sería el Ministerio de la Presidencia. Asimismo, da cuenta del Contrato N° 201 entre SEDAPAL y el Consorcio ODEBRECHT – CBPO (31 Marzo 1999) para la construcción de la PTAR San Bartolo por el monto S/. 37 076 244,77 mas US$ 14 948 758,30 ; y el Contrato N° 203 entre SEDAPAL y el Consorcio ODEBRECHT – CBPO (25 Set. 1999) para la construcción de las lagunas de pulimento de la zona sur de la PT San Bartolo; por el monto S/. 11 292, 691.73 más US$ 5 183 487.

Detalles que avalan las expresiones de PPK

El endeudamiento del país para el proyecto Mesías se terminará pagando el año 2021 , fecha coincidente con el aniversario del Bicentenario de la independencia del Perú,según lo estipulado en el artículo 1° del DS N°128-96-EF indicando que el préstamo será cancelado en un plazo de 25 años, que incluye un periodo de gracia de 7 años , mediante cuotas semestrales consecutivas y en lo posible iguales, devengando una tasa de interés del 2,5% anual sobre el monto desembolsado y pendiente de pago: excepto por la parte del préstamo que se destine al pago de gastos de consultoría, en que se aplicará una tasa de interés del 2,1% anual: y una comisión del 0,1% sobre los montos desembolsados, que será financiada con los recursos del préstamo.

El procurador de la Contraloría de ese entonces, denunció a funcionarios de menor nivel por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El caso se ventiló en el Quinto Juzgado Anticorrupción de Lima.

Muerte civil por corrupción en Perú

Perú se encuentra dando pasos importantes en el tema anticorrupción de funcionarios públicos y es en ese sentido Fernando Zavala, el presidente del Consejo de Ministros, anunció que el Poder Ejecutivo aprobó la muerte civil para los funcionarios corruptos. El Poder Ejecutivo también envió al Congreso un proyecto para incorporar la imprescriptibilidad los delitos contra la administración pública en la Constitución.

"Se va a modificar el Código Penal para ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamada muerte civil por corrupción", dijo el jefe del Gabinete.

El decreto legislativo aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros es el primero bajo las facultades legislativas que el Congreso le brindó el 9 de octubre. Zavala también dijo que se enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar el artículo 41 de la Constitución e incorporar la imprescriptibilidad los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, detalló la iniciativa en conferencia de prensa. “Hemos modificado el Código Penal para elevar el marco mínimo de 2 años y máximo de 20 de duración de pena de inhabilitación principal para los crímenes cometidos contra funcionarios. También hemos señalado que la pena accesoria de los delitos como colusión, cobro indebido, peculado de uso, doloso, culposo y demás comprendidos en el capítulo de penas por delitos contra la administración pública sean susceptibles de inhabilitación perpetua cuando sea contra el patrimonio del Estado, como integrante de una organización y contra programas de fines asistenciales. Se creará un registro único de funcionarios inhabilitados.”

Acceso al agua segura: ¿ El problema no es inversión, sino de gestión ?

Poco después que socializáramos en este espacio que "el problema del agua y saneamiento en Perú no era un problema de carencia de normatividad o fortaleza institucional, pues el problema radicaba en la inadecuada gestión del sector que tenía un fuerte componente político penetrando sus estructuras, desestabilizando el instrumento de derecho en la población para poder contar con agua y saneamiento en forma sostenible"; recibimos una serie de adhesiones tanto dentro como de fuera del país, donde colegas que colaboran con instituciones y organismos especializados manifestaron su concordancia. Por el lado interno,salió nuestro amigo el abogado Fernando Momiy Hada -actual presidente del regulador SUNASS_ a decir que, "el problema no es de inversión, sino de gestión"en una entrevista a Semana Económica. Me permito discrepar en parte con mi dilecto amigo en el extremo referido  la inversión, pues está articulado estrechamente con el tema de gestión. Nuestra posición técnica la sustentamos en "Riesgo en la provisión de agua potable" manifestando " los baquianos en la materia la suscribimos en base a nuestra experiencia de décadas en el campo : Se verifica que ante el incremento de la inversión se produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta inversión no es persistente y se acompaña con una ineficiente gestión empresarial, esta cobertura no será sostenible en el tiempo.

El estado crítico del sector agua y saneamiento justamente tiene su génesis en los niveles de inversión y calidad del gasto público que deriva en una gestión que linda con la indignidad de la corrupción, por citar una frase utilizada en un reciente discurso brindado por el actual mandatario peruano  Pedro Pablo Kuczynski.

Para tener una aproximación de los niveles alcanzados en este sentido, basta darle una lectura al informe de gestión 2009-2016 de la Contraloría General de la República.

Contaminación de aguas cuenca amazónica es indicador de crisis en gestión de EPS. 

Seguidamente presentamos la entrevista antes indicada hecha por la prestigiosa revista Semana Económica al presidente del consejo directivo de SUNASS: 
"Proveer de agua y saneamiento a diez millones de peruanos es una de las principales propuestas de campaña que el ahora presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), busca llevar adelante. Para ello, su plan de gobierno contempla la medida de invertir S/.15,000 millones en proyectos de agua y saneamiento.

Sin embargo, ese nivel de inversión no sólo sería similar al de los últimos cinco años, sino que sería insuficiente para resolver los problemas del sector, según Fernando Momiy, presidente del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). En la siguiente entrevista, el ejecutivo detalla el difícil momento del sector de agua y saneamiento e identifica la mala gestión como el principal germen de los problemas.

¿Cuál es el nivel de abastecimiento real de agua en el Perú?

Si bien en Lima y provincias se abastece en promedio durante 21 y 15 horas, respectivamente, esta cifra oculta falencias. En Pichanaki, por ejemplo, el 30% de habitantes no tiene agua, mientras que en Pucallpa el 40% es abastecido por empresas informales.

Por otro lado, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) cubren 19.5 de 24 millones que habitan el sector urbano y les falta abastecer a dos millones. Sin embargo, nadie sabe qué tipo de agua reciben los 4.5 millones restantes del sector urbano.

El gobierno entrante planea invertir S/15,000 millones en proyectos de agua y saneamiento..

Shock de inversiones ya hubo, sobre todo en los últimos diez años. Prueba de ello es que desde el 2011 se ha invertido más de S/.3,000 millones anuales en agua y saneamiento.

Aun así, de las 200 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que existen en el país, sólo funcionan diez. Una muestra clara de que el problema no es de inversión, sino de gestión. EPS y gobiernos subnacionales con malas prácticas de gobierno corporativo, operación inadecuada, entre otros problemas.

¿Qué medida se puede tomar en cuanto gestión?

Optar por Asociaciones Público Privadas (APP) cofinanciadas, como hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Todas las APP desarrolladas han sido autofinanciadas y, cuando se trató de hacer cofinanciadas, se fracasó porque no lo eran del todo. Por ejemplo, a pesar de que la de Tumbes es una EPS privada, las obras las hacen los gobiernos regionales y locales. El resultado es una PTAR de S/.18 millones que no sirvió, no sirve y nunca servirá.

¿Cómo cambiaría esto de optarse por un cofinanciamiento?

La principal ventaja es que el privado tendría la obligación de que las obras realizadas a través del cofinanciamiento funcionen de forma eficiente. En Loreto, por ejemplo, se construyó una PTAR como obra pública en una zona inundable y, hoy en día, existen peces dentro. Ahora existe un proceso de arbitraje respecto a quién tiene la culpa, mientras que, si fuese una concesión, el privado estaría obligado a que funcione.

Esto pone en duda la necesidad de tantas EPS…

Hay 50 EPS (48 municipales, una concesionada y Sedapal), de las cuales el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) ya intervino a siete y hace poco priorizó 18 más. Lo ideal sería tener una por región, pero para ello es necesario incentivar la fusión y no entregarle dinero a cualquiera. Puno, que quiere un cofinanciamiento para la PTAR del Lago Titicaca, tiene cinco EPS.

¿Sedapal tiene suficiente dinero para operar de forma eficiente?

Habría que preguntarle a ellos. Nosotros le hemos dado, con la tarifa que se aprobó en 2015, S/.650 millones anuales para ejecutar en inversiones y su promedio actual es de S/.400 millones. Lo mismo sucede con las EPS, pero, nuevamente, el problema no es de inversión ni de tarifas, sino de gestión.

Parecería difícil que la nueva gestión logre abastecer de agua a las diez millones de personas a las que alude constantemente…

No es fácil y ellos lo saben. Menos aún si es que la estrategia es la misma de los últimos años: invertir dinero. Eso sólo moverá la economía a través de la venta de cemento o de la generación de empleo, pero no va a resolver los problemas de agua y saneamiento.

¿Cuánto tiempo podría tomar cambiar esta situación?

En dos años se podría ver algún cambio, si es que se acompaña al diseño de proyectos con soluciones no convencionales de abastecimiento como las que ya trabaja el Banco Mundial en Nueva Rinconada (Pamplona). Ésta consiste en llenar reservorios con agua trasladada en camiones cisterna y desbarata la idea de muchos gestores de que la única forma de abastecer de agua es con redes".

Congreso aprueba Ley que sanciona a empresas por delitos de corrupción

El Pleno del Congreso aprobó hoy por mayoría el proyecto de ley que sanciona a las empresas por delitos de corrupción, que contempla el cierre de establecimientos y multas de hasta 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

La iniciativa dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento fue aprobada  por 73 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.

Conforme al dictamen, entre las sanciones dispuestas para las empresas, figuras que multas que ascienden hasta las 1,700 UIT(seis millones 716, 700 soles)

También contempla la inhabilitación por cualquiera de las siguientes modalidades: suspensión de actividades sociales por un plazo no mayor de dos años, suspensión para contratar con el Estado por un plazo no mayor de cinco años, cancelación de licencias, clausura de sus locales y disolución de la empresa.

La iniciativa incorpora la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el Código Penal; pero excluye a los delitos de peculado, colusión, tráfico de influencias.

De acuerdo con la mencionada norma, también existirá responsabilidad en las personas naturales que prestan cualquier tipo de servicio a la persona jurídica, con independencia de su naturaleza, del régimen jurídico en que se encuentren y actúen por orden o autorización.

Es una gran paso del Perú hacia la OCDE

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren, calificó la aprobación del proyecto de ley como un "paso importante" para el Perú con miras a pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conformada por 35 países más influyentes del mundo.

"Nos va a permitir ser miembros plenos del Comité Anticorrupción de la OCDE que es la puerta de entrada  a lo que más adelante será nuestra participación en ese bloque", precisó a la Agencia Andina.

Del mismo modo, indicó que la medida absuelve uno de los puntos pendientes en materia de lucha anticorrupción que los otros miembros de la Alianza de Pacífico ya tienen en sus respectivas legislaciones.

Por cuanto, destacó, que incluir la nueva ley dentro del marco normativo peruano será un punto importante para advertir a las empresas que con "conocimiento y premeditación" formen parte de una articulación que busque generar un beneficio indebido a través de pago de coimas.

"Entonces con esto nos estamos encaminando a estándares internacionales de compromiso contra la corrupción y con la OCDE, nos califica  y nos mejora como destino de inversiones y mejora nuestra calificación internacional (...)", acotó.

Meritocracia para eliminar corrupción

Un tema sustantivo que alienta la corrupción en diversos países del mundo y específicamente en Perú, es la permisividad con que instituciones tutelares y auxiliares del Estado se ven penetradas por este accionar.

Es este escenario, el diario oficial El Peruano, publica el día de hoy en el espacio Tribuna Parlamentaria, un artículo del ex presidente y actual miembro de la Comisión de inteligencia del Congreso de la República, el parlamentario Cesar yrupailla Montes quien indica lo siguiente:

"Hace una década atrás entró en vigor el Día Internacional contra la Corrupción fijado para el 9 de diciembre de todos los años, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas  y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito conducen los esfuerzos para combatir este delito transversal a muchos sectores.

La corrupción está definida como un fenómeno social, político y económico, que afecta a los países del planeta. Su accionar horada instituciones democráticas distorsionando procesos electorales, pervirtiendo  el imperio de la ley bajo el manto protector de  una burocracia que tienen en los diezmos y sobornos un sello que los caracteriza.

También impacta en el crecimiento y desarrollo económico de los pueblos, pues desalienta la inyección de capitales frescos a la economía de un país pues los elevados gastos que demanda la corrupción, no terminan siendo internalizados apropiadamente entre sus costos de operación.

El Contralor  Fuad Khoury, acaba de señalar que el costo de la corrupción en Perú, se estima en unos 11 000  millones de soles e indica que esta cifra se podría duplicar si no se actúa con firmeza y celeridad en los casos judicializados.

Ante estas aseveraciones, es oportuno manifestar que el estado de derecho peruano se defiende y pone ante la justicia a ex autoridades de los ámbitos nacional, regional y local que actuaron ilegalmente. Algunos de ellos fueron condenados y purgan prisión, otros evaden a la Ley y están prófugos como es el caso de ex presidentes regionales y alcaldes. En ese sentido resulta indispensable sanear el poder judicial, fiscalía, fuerzas armadas, policía y organismos jurisdiccionales, donde la meritocracia debe primar a los intereses crematísticos que pudieran prevalecer en los nombramientos o ascensos jerárquicos.

La campaña internacional conjunta próxima a culminar este 2015, se centró en cómo la corrupción perfora la democracia y el estado de derecho, y estando a un poco más de cien días de las justas electorales generales en nuestro país se hace necesario redoblar los esfuerzos para actuar contra toda forma de corrupción que afecta los procesos democráticos en justas electorales".

Aclaración y agradecimiento

En “Señales al sector minero y a la Nación”, indicábamos que sería saludable y muy recomendable _para la administración Humala_aclarar el tema del señor Martín Belaunde Lossio, que constituye a todas luces un elemento de distorsión en la gobernabilidad del país.

Es en este contexto en que el presidente Ollanta Humala se pronunció hoy sobre su otrora jefe de campaña Martín Belaunde Lossio, quien se encuentra en la Paz (Bolivia), donde ingresó irregularmente el pasado 1 de diciembre para solicitar el refugio político.

"Estamos haciendo todo el esfuerzo para que venga, nadie tiene corona [...] yo no le doy trato preferencial a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni ex colaboradores", señaló Humala en entrevista a RPP (Radio Programas del Perú) sobre el prófugo empresario.

El jefe de Estado enfatizó que en este caso su gobierno está actuando en el marco de la ley y negó que exista algún temor de su parte por lo que Belaunde Lossio pueda declarar.

"No sé qué puede hablar, no tengo ningún temor, estamos actuando en el marco de la ley. El Poder Judicial nos pidió traer a tres personas Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez y Martín Belaunde Lossio [...] el tercero está ubicado y estamos coordinando con la Cancillería para traerlo en el plazo más corto", afirmó.

Humala también dijo que lamenta "que se tejan conspiraciones, telenovelas" alrededor de este caso (según lo publicado por el diario El Comercio).

PARA RECORDAR

Belaunde Lossio, por quien el poder judicial peruano dictó prisión preventiva por 18 meses, ingresó irregularmente a Bolivia el 1 de diciembre pasado, según informó él mismo a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) cuando solicitó refugio a ese país.

En la víspera el mandatario del país vecino, Evo Morales, señaló que "si Belaunde Lossio entró ilegalmente debe ser capturado".

DE OTRO LADO, AGRADECIMIENTO

Sólo nos queda agradecer a los usuarios de esta bitácora en línea por su atención y en especial a Booster Blog por considerar a este espacio como el mejor blog-Naturaleza durante el año 2014.

Inversiones , corrupción e impunidad

En Nuevas normas ambientales para minería e Hidrocarburos en Perú, señalamos que los sectores Minería e Hidrocarburos representan dos terceras partes de las exportaciones del país, los mismos que cuentan para los próximos años con proyectos valorados en 60 mil millones de dólares (más de 48 mil millones de euros).

Sin embargo, este panorama de inversiones futuras, para poder ser viables, deberá enfrentar y superar algunos "obstáculos tradicionales" y "los emergentes" que van escalando con el tiempo : corrupción e impunidad.

Lucha contra la corrupción y la impunidad

Es una lucha de largo aliento, donde el Estado peruano va perdiendo espacio en el tiempo y va degradándose en la medida que los estamentos del propio Estado se ven infiltrados y van contaminándose ante el accionar de poderosas redes del crimen organizado.

Las experiencias sobre el tema que sufren otros países de la región de las américas, se replican en diferente magnitud e intensidad en Perú, pero con efectos similares que conllevan retrazo en su camino al crecimiento y desarrollo como Nación. 

En los últimos cinco años (periodo  2009 al 2014) , la Contraloría General de la República denunció penalmente a más de 6,300 funcionarios (del Gobierno Central, y de los gobiernos regionales y locales) por evidentes irregularidades y actos de corrupción; de los cuales  444 funcionarios fueron  sentenciados por el poder judicial peruano y solo veinticinco (25) han recibido condena efectiva.

La figura de impunidad se ve reflejada no solamente en el reducido número de procesados sentenciados sino en los 419 funcionarios que pese haber sido juzgados y estando comprobada su culpabilidad, tienen el beneficio de no estar purgando condena efectiva en un penal.

Limitada investigación criminal

Una de los factores por las cuales los miles de funcionarios denunciados _que causan graves perjuicios económicos a la nación_actúan impunemente y retornan a conformar la red de corrupción en Perú, es la limitada investigación criminal, motivo por el cual el actual ministro del interior en el país sudamericano Daniel Urresti propone reforzar inteligencia e investigación criminal a efectos de combatir eficazmente a quienes actúan bajo el radar de las leyes peruanas.
A través de diferentes gobiernos se suceden casos emblemáticos de corrupción, entre los últimos escándalos más sonados lo constituyen el sucedido con el ex alcalde de Chiclayo (ciudad al norte de Lima) a quien se le imputaba presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito,asociación ilícita para delinquir,peculado y corrupción de funcionarios, el cual se declaró culpable ante la flagrancia de la comisión de los delitos.

Infiltración en organismos tutelares de la Nación

Otro de los casos publicitados da cuenta de la red mafiosa integrada por un ex alto miembro de la Policía Nacional peruana cuya participación en el crimen organizado es mencionado por la procuradora Julia Principe en los siguiente términos " Los brazos de esta organización delictiva no solo se extienden a la Fiscalía o el Poder Judicial, sino también a la Policía, las notarías y hasta los Registros Públicos".

Agenda pendiente para dar paso a inversiones futuras

En este contexto, resulta impostergable mirar al futuro implementando una política de Estado que cautele la meritocracia en lugar de criterios políticos en la asignación y designación de cargos públicos, así como en los ascensos de los miembros de instituciones que tienen la responsabilidad de la lucha contra la corrupción en Perú a los efectos de ofrecer garantías necesarias a las  actuales y potenciales  inversiones de capitales, en un país que viene creciendo gradualmente en su economía  y desarrollándose pese arrastrar un lastre que le impide tener una mayor competitividad ante sus socios comerciales del mundo.