Inversión extranjera en residuos sólidos para generar energía de la basura orgánica

Los problemas que se presentan para captar inversión extranjera de proyectos de gran porte en Perú no son exclusivos del sector minero, sino que alcanzan también al sector energético y otros. La alta rotación de funcionarios públicos, constituye una de las trabas importantes que se puede identificar en el país de los incas, así como el nivel de conocimientos limitados que presentan algunos de ellos, los cuales mantienen como paradigmas a conceptos que se manejaban en el planeta a inicios del siglo pasado y que con el desarrollo tecnológico alcanzado por las naciones en el mundo moderno, quedaron desfasados.

Rafael López Aliaga, flamante alcalde de Lima tiene la opción de mejorar la gestión de RRSS.

El proceso seguido tras una de las experiencias de invitación a invertir en Perú 

En sendas reuniones de altos funcionarios peruanos con empresarios e inversionistas realizadas en New York y Washington en fecha setiembre del año 2021, permitieron que en octubre del 2021 se presentara ante el despacho presidencial peruano la iniciativa para transformar los residuos sólidos en materia prima para producir energía limpia.

En Noviembre del 2021, después de trámites internos registrados en la referencia documentaria, que incluyó la Carta N° 00904-2021-MINAM/VMGA/DGRS fechado el 16 de noviembre del 2021, se hicieron votos para que en el año 2022 pudieran ejecutarse proyectos de desarrollo que incorporen la gestión de residuos sólidos urbanos para generar energía limpia.

Con fecha diciembre del 2021, se informa como reacción desde palacio de gobierno, que la documentación fue derivada a la Presidencia del Consejo de Ministros para su atención y evaluación correspondiente.

El siguiente año, en febrero del 2022, tras la documentación registrada en la referencia, el Ministerio de Ambiente, a través de la dirección general de gestión de resíduos sólidos, se pone a disposición para coordinar y programar una nueva fecha para exponer alcances del proyecto para la inversión extranjera en cuestión.

 

Al inicio del año 2003, el Perú cuenta con nuevos funcionarios públicos en sus tres niveles de gestión, incluyendo una presidenta y ministros de Estado, así como nuevos gobernadores y alcaldes provinciales y distritales. Sólamente la representación nacional de 130 congresistas en el Congreso de la República se mantiene desde julio del 2021 a la fecha

Del Plan Nacional y Financiamiento existente para residuos sólidos

Según lo referido por el Plan Nacionalde Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024, a nivel nacional la inversión en el sector RRSS durante el periodo 2006 - 2014, fue de S/. 1 560 268 925,27 soles para la construcción de infraestructura y dotación de servicios de limpieza pública. Solamente el 42,76% de los montos aprobados y registrados en el banco de proyectos de inversión pública fueron destinados a la construcción de infraestructuras, tales como rellenos sanitarios, plantas de reaprovechamiento y estaciones de transferencia.

Asimismo, en el año 2022, mediante el Decreto Supremo N° 019-022-EF se autorizó la operación de endeudamiento hasta de cincuenta (50) millones de Euros para financiar parcialmente el programa de inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel portillo (Ucayali) y Tacna.

Generación de resíduos

Según cifras oficiales del Minam, el año 2019, a nivel nacional, se generaron 7 781 904,29 toneladas de residuos sólidos municipales. De ese total, 1 750 458,41 fueron inorgánicos (22.49 %) y 4 252 200,47 fueron de tipo orgánico (54.64 %) aprovechable para genenerar energía limpia. En este escenario, el 77.13% de lo generado puede ser valorizable.

De esta manera, aplicando conceptos de economía circular y valorización de residuos sólidos urbanos producidos por localidades peruanas como : Lima y callao, Arequipa, La Libertad (Trujillo), Lambayeque (Chiclayo), Loreto (Iquitos), Piura, Cusco , entre otros, podría utilizarse la denominada basura orgánica para producir energía limpia, evitando la contaminación ambiental y así mejorar la gestión de RRSS y salud pública en Perú.

El Dato

►Según el INEI, la inflación medida por la variación en el índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana, cerró el 2022 en 8,46 % , la más alta en los últimos 26 años, no siendo más una opción dejar de valorizar la materia prima generada por los RRSS. 

► El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, refiriéndose al estado de situación en que recibió la administración de la comuna limeña, indicó que "entramos a una municipalidad realmente quebrada", por lo que es importante mejorar la gestión municipal en la capital de la república peruana dándole valor a la materia prima que constituye los residuos sólidos orgánicos para producir energía limpia.

Proceso de inversión privada en EPS

En nuestra publicación ¿Gran minería es un tema de Estado? indicamos el relacionamiento entre el sectores minero y saneamiento. Manifestamos que las comunidades colisionan y generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al acceso del recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los costo de estos servicios. Precisamos entonces que en el ámbito urbano las EPS están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia empresarial.

En este contexto, Semana Económica presenta un análisis de lo que representaría un nuevo modelo de gestión del recurso agua en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en los siguientes términos:

"Las empresas prestadoras de agua y desagüe (EPS), entre las que se encuentran Sedapal y otras 48 a nivel nacional, tienen una historia de mala gestión de más de dos décadas. Hay, desde luego, EPS con mejor gestión, pero en general, la calidad de su servicio —estándares de calidad del agua, continuidad del servicio— y su cobertura —número de usuarios con conexión de agua y desagüe— es pésima.

Como si esto no fuera suficiente, el negocio de casi la mitad de estas EPS no es rentable y subsiste a través de subsidios y transferencias presupuestales, pese a que con una adecuada gestión podría ser autosuficiente y rentable.  ¿Quién es responsable de tan mala gestión? Los municipios provinciales, que son dueños de estas empresas y que, como entes políticos, a veces las utilizan como caja chica o como despensa de puestos de trabajo para pagar favores políticos.

Recientemente el ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, consideró que es hora de cambiar el modelo de gestión de estas EPS, cuyos directorios son elegidos por los municipios. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud cuál es el modelo que reemplazará al actual, ni el cronograma de tal transición. Lo que sí se sabe es que este cambio se hará de acuerdo a lo establecido en la ley de modernización  de los servicios de saneamiento y su reglamento.  ¿Qué establece esta ley (y su reglamento) al respecto?

CUANTO PEOR SEA LA GESTIÓN, MAYOR SERÁ LA INTERVENCIÓN (DEL GOBIERNO CENTRAL) EN EPS

Las EPS que tengan una gestión y situación financiera adecuada continuarán operando tal como lo hacen actualmente. Ello significa que los municipios conservarán el control sobre tales empresas.

Para las EPS que tienen una mala gestión,  es decir, que incumplen con las metas que establece la SUNASS — regulador de las EPS—  como expandir sus conexiones, o que tienen una situación de insolvencia financiera, entre otros supuestos, la ley encarga su administración al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) —organismo que esa misma ley crea pero que aún no ha sido implementado—, el cual depende del gobierno central. Este organismo asumiría el rol de los municipios en la gestión de la empresa hasta por 15 años. A este régimen la ley lo llama Apoyo Transitorio.

Las EPS con una gestión incluso peor —en situación de quiebra— serán sometidas a un proceso concursal, en el cual sus acreedores —usualmente otras entidades estatales como la SUNAT y el MEF — tomarían el control de la empresa. Pero tras el proceso concursal, ¿quién estará a cargo de la compañía? Tales acreedores — evidentemente — no tienen experiencia en el manejo de las EPS ni mucho menos tienen tal función entre sus competencias. Así, es presumible que el Otass también se haga cargo de tales EPS tras su proceso concursal.

Al 2012, existían al menos 10 EPS con pérdidas de más de S/.1 millón  y otras 11 con pérdidas menores.  Entonces, ¿cerca de 21 de estas empresas, de un total de 49, pasarían a ser controladas por el Gobierno tras una reforma?

PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS EN LAS EPS

La ley indica que durante el régimen de Apoyo Transitorio, el Otass puede promover la inversión privada en las EPS. Dado que las EPS atravesarían un proceso concursal gestionadas por el Otass, tal oportunidad de inversión privada también se daría en ese supuesto.

Pero, ¿bajo qué condiciones entrarían los privados en las EPS? En la ley y su reglamento no se indica ello con exactitud. Lo que sí se indica es que la administración del Otass duraría, como ya se mencionó,  máximo 15 años. Luego de ese periodo, ¿qué pasaría con la inversión privada? ¿Se vería obligada a vender su participación a los municipios? ¿Tendría que cogestionar la EPS con ellos? Tales preocupaciones, pueden ser las principales limitaciones en un eventual proceso de inversión privada en las EPS.

Asimismo, aún persiste la interrogante de si el Gobierno permitirá que las EPS puedan ser privatizadas en su totalidad —actualmente la única EPS privatiza es Aguas de Tumbes—.  Actualmente, la ley y su reglamento sólo contemplan la posibilidad de que se hagan Asociaciones Público Privadas (APP’s), aunque no se desarrollan a detalle tales situaciones.

¿CUÁL SERÁ EL DESTINO DE LAS EPS?

La ley y su reglamento únicamente dan pistas de cuál es el plan del gobierno para las EPS. En buena cuenta, tan solo constituyen el esqueleto sobre el cuál se desarrollará la ansiada modernización de la gestión de las EPS. De su análisis, no cabe duda de que el objetivo del Gobierno es mejorar la gestión de las EPS —y por tanto su deficiente servicio y cobertura—. Los expertos como Pablo Secada, que trabajó en los intentos de privatización de las EPS de los 90, coinciden en que el modelo actual favorece la corrupción por parte de los municipios.
Sin embargo, el Gobierno central aún no ha demostrado que su propuesta de centralizar la gestión de las EPS en un organismo del Ejecutivo, efectivamente vaya a mejorar el servicio que ofrecen las prestadoras de servicios. Existen varios obstáculos que tal reforma deberá superar. Los principales riesgos son la eventual resistencia social y política a que estas empresas sean centralizadas.
El famoso “Arequipazo” es un ejemplo de cuán fuerte pueden ser estos factores en esta clase de situaciones. Así, está en la cancha del Gobierno central revelar los pormenores de su reforma, y diseñar una estrategia que pueda llevar adelante. No va a ser una tarea sencilla, aunque es favorable que exista la voluntad política para hacerlo".

US$ 5850 millones por Las Bambas

El diario Gestión difundió que Glencore Xstrata vendió la totalidad de su participación en la mina peruana de cobre Las Bambas por cerca de US$ 5,850 millones en efectivo.

La compañía reveló que vendió su participación a un consorcio formado por las firmas MMG Ltd, filial externa de China Minmetals Corp; el grupo de recursos naturales e infraestructura Guoxin Investment Corp International Ltd y la firma de inversiones Citic.

Las Bambas, ubicada en la región Apurimac, es una de las minas más grandes de la cartera de proyectos de Xstrata.

Glencore recibirá cerca de US$ 5,850 millones en efectivo al momento del cierre de la operación. Además, todos los gastos de capital y los costos de desarrollo relacionados con la mina desde el 1 de enero de 2014 hasta el cierre de la venta también estarán a cargo del consorcio.

Los gastos de capital y otros costos incurridos desde inicio de año ascendieron a cerca de US$ 400 millones al 31 de marzo.

El acuerdo, que se espera se cierre antes del final del tercer trimestre, está sujeto a la aprobación del Ministerio de Comercio de China, así como al visto bueno de los accionistas de MMG Ltd, que encabeza el consorcio.

China Minmetals Corp, que posee alrededor del 74% de MMG Ltd, se ha comprometido de forma irrevocable a votar a favor del acuerdo.

El CEO de Glencore, Ivan Glasenberg, dijo que procedería a buscar oportunidades para reinvertir el capital obtenido por la venta y que los excedentes serían devueltos a los accionistas.

“El anuncio de hoy demuestra nuestro compromiso por maximizar el valor para nuestros accionistas. Desde que adquirimos Xstrata, el 2 de mayo de 2013, nuestro equipo ha tomado medidas decisivas para reducir el riesgo de Las Bambas, que ha culminado en esta oferta atractiva del consorcio”, indicó.

BMO Capital Markets y Credit Suisse asesoraron a Glencore en la venta de Las Bambas.

Coyuntura política & minería

Ante las consultas que nos hicieran llegar respecto a la dimensión política que eventualmente podrían interferir en cerrar adecuadamente los proyectos mineros en Perú, generando una ola de desconfianza por el ruido político causado; corremos traslado la respuesta a una publicación hecha el 30 de Noviembre del 2013 por The economist , que de su lectura por si sola se explica.

La difusión de la información en el país fue hecha por los diarios El Comercio y Gestión, referidas a la edición impresa de Las Américas, en los siguientes términos:
"¿Por qué había hasta 10 patrulleros y una docena de policías protegiendo la vivienda de un criminal condenado? Esa es una pregunta a la cual el presidente del Perú,hasta ahora no ha podido darle una respuesta coherente. Y es una interrogante que amenaza con dañar aún más la deteriorada reputación de Humala.
El criminal en cuestión es Óscar López Meneses, quien recibió una sentencia de cárcel (suspendida) por colaborar con la gran red de espionaje, extorsión y malversación en los noventa de Vladimiro Montesinos, jefe de inteligencia del gobierno autoritario de Alberto Fujimori.
Montesinos ahora cumple una sentencia de 25 años en prisión. Cuando un programa de televisión reveló los lazos entre López y la policía a inicios de este mes, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza renunció a su cargo y siete policías fueron retirados de sus funciones.
El escándalo ha ocurrido incómodamente cerca de Humala, un exoficial militar. Según varios expertos en seguridad en Lima, Pedraza era en gran parte una figura decorativa.
El ministerio, en la práctica, era manejado por Adrián Villafuerte, un coronel retirado que sirvió en las Fuerzas Armadas y fue asesor de seguridad. Villafuerte también fue despedido este mes, pese a que negó cualquier vínculo con López.
El presidente ha anunciado una investigación a los “policías corruptos”, a quienes culpa de haber protegido a López. El asunto ha encendido la postura de la oposición, que afirma que, al igual que Fujimori (encarcelado por violación a los derechos humanos), su administración tiene un servicio de inteligencia paralelo para fines políticos.
Algunos peruanos creen que el mismo presidente tiene lazos con Montesinos. Cuando era teniente-coronel en el 2000, Humala armó una rebelión muy extraña, que distrajo la atención nacional justamente cuando el exasesor de inteligencia huyó secretamente del país en un yate. Sin embargo, algunas facciones de la oposición también parecen haber tenido trato con López.
Adicionalmente, el escándalo ha servido para recordar a los peruanos del mal desempeño del gobierno en su combate contra la delincuencia, que es su principal preocupación según las encuestas.
Pese a que Humala ha pedido hacer de este tema una prioridad, la criminalidad ha crecido sostenidamente durante su mandato.
Más de 40% de peruanos reportaron haber sido víctima de los delincuentes en el primer semestre del año, según el instituto local de estadística. El crimen se elevó 25% este año, llegando a un nivel récord. Tres cuartos de los encuestados por Ipsos dijeron que no confían en la Policía (y el Poder Judicial tiene una percepción aún peor).
En octubre, Humala nombró un nuevo jefe de gabinete,César Villanueva, quien dice que su principal labor será mejorar la seguridad.
Hacer esto tiene que empezar con una reforma radical de la policía, que se intentó por última vez hace una década.
Pero, ¿Humala dejará que Villanueva haga el trabajo? El presidente tiene crédito por haber dejado intactas las exitosas políticas de libre mercado de sus predecesores. Pero, debido a sus fallas en política y seguridad, su nivel de aprobación ha caído a 27% según Ipsos.
Perú es un país muy difícil de gobernar, pero confiar en un círculo de asesores no ha facilitado en nada la labor de Humala."

Inversión & seguridad ciudadana

Existen externalidades que afectan en alguna proporción las inversiones de capitales a diversos sectores como ocurre en el sector minero. La información sesgada o desinformación podría ocasionar una escalada de inseguridades como ocurriera en el pasado con el tema del terrorismo, que tanto daño económico y en vidas humanas costó al país.
Es en este sentido y ante sendos ataques de la página oficial de la Presidencia de la República  y la página oficial de la Policía Nacional del Perú, por parte de un grupo de ciberactivistas denominado LulzSec Perú, nos referiremos a este episodio para tratar de esbozar una explicación a efectos de reducir el nivel de desorientación que podría generarse en diversos actores sociales y agentes económicos nacionales y extranjeros.

Con respecto a la última página nombrada, se indicaba: Nos falta palabras para describirlos comencemos con inútiles,corruptos,ineficientes y delincuentes. Como todo peruano hemos visto a nuestro señor policía recibiendo un poco de dinero sin el mínimo sentido de la vergüenza y respecto a la primera, parte del mensaje decía : La atacamos por el simple hecho de que el país está siendo manejado por gente sin cerebro que solo busca el poder y no le importa la gente de este país,sólo sus intereses.

Ambos ataques fueron registrados por la prestigiosa cadena noticiosa peruana RPP.

En estricto el accionar de una parte de malos policías le están pasando factura a la actual administración del Estado peruano, el cual en sus diverso niveles de gestión se ven arrinconados por la pesada carga burocrática que arrastran, la cual se hace mas pesada por la corrupción que es percibida por el ciudadano de a pie.

Para situarnos ante hechos concretos, a modo de ejemplo, mencionaremos dos casos:

El primer caso, la impresentable administración del gobierno de Lima (capital de la República peruana), en el extremo del tránsito vial, hace que conducir un auto en Lima resulte toda una odisea. Los miles de autos nuevos que ingresaron a circulación en los últimos años y las nuevas construcciones de supermercados como el caso de mall Aventura plaza de Santa Anita , construidos sin un adecuado estudio de impacto ambiental, generan verdaderos caos vehiculares en vías como la Av. Bolognesi y la propia carretera central que en horas punta se constituyen en verdaderos cuellos de botella y potencial bombas de tiempo en caso de eventos naturales como sismos de gran magnitud o acciones antropogénicas. Esta realidad se genera por el accionar del gobierno local, quien después de haber otorgado las autorizaciones  de construcción y funcionamiento, soslaya el ordenamiento y seguridad vial en esta zona de influencia de la obra; originando las condiciones para que policías corruptos focalicen sus acciones ilegales partiendo de una mala práctica constructiva, que lamentablemente alcanza a diversas ciudades del país.
El segundo caso, también situado en Lima, la proliferación de asalto y robo de vehículos por bandas organizadas,muchas de ellas integradas por malos policías. Pero no se trata de toda la institución policial.
La actuación de buenos policías permitieron poner en evidencia no pocos casos del accionar delictivo de policías en actividad que deshonran a su institución, los cuales algunos después de ser procesados en los tribunales, vuelven a cometer ilícitos penales al ser vueltos al servicio activo.
Los distintos funcionarios que estuvieron a cargo de la cartera del Ministerio del interior conocen de esta realidad, así como la fiscalía de la nación y el poder judicial;pese al esfuerzo desarrollado, se ven impotentes ante la ola delictiva que cubre la inseguridad ciudadana en Lima y el país en general.
La inseguridad ciudadana no es una cuestión de percepción, es un sentimiento peruano de larga data  _sensibilizada por los medios masivos de comunicación_ quien en las últimas elecciones (presidenciales del Perú y las municipales en Lima) eligió a quienes ofrecieron en sus respectivas campañas controlar y reducir este flagelo que ciertamente no es originario del presente gobierno, sino que viene de años anteriores, producto de la bonanza económica que viene soportando el país y el descontrolado nivel de corrupción que acompaña a ciertos niveles de gestión.
Cada región del país tiene sus problemas locales de inseguridad ciudadana, algunos en mayor o menor grado y que demandan de sus autoridades menos discursos y mayor acción.
En este escenario, el propio jefe de Estado Ollanta Humala Taso indicó que existe una red de corrupción en la Policía Nacional que trafican con el servicio de resguardo que es para las autoridades. Existe actualmente una crisis ministerial en Perú, sin un presidente del consejo de ministros que cuente con la confianza del congreso de la república y sin ministro del interior.
Mientras tanto, el virtual nuevo ministro del interior peruano, Walter Alban asumiría el cargo este martes 19 de Noviembre del 2013, ante la renuncia del último ministro del interior y la separación de altos mandos de la Policía Nacional.
El Ejecutivo, como en campaña electoral, ofreció al pueblo peruano hacer reformas para atacar el fondo del problema sobre inseguridad ciudadana.
Hacemos votos por el éxito de las iniciativas y el cese de la crisis política coyuntural, avanzando en el proceso de hacer del Perú un país seguro para las inversiones económicas y la ciudadanía en general.

El Dato

• Faltan  407 días para tener nuevas autoridades municipales y regionales en Perú.
• Restan 982 días para entrar en funciones las nuevas autoridades del nivel nacional.

Due diligence & Compras de minas

En Due Diligence & conflictividad minera (Julio del año 2011), presentábamos algunas reflexiones sobre propuestas de lineamientos de políticas públicas a efectos de recuperar la capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la ley minera.
Transcurridos casi dos (02) años, con una importante agenda minera pendiente aún por cumplirse en Perú, se presenta una coyuntura que fue prevista y es graficada por el suplemento especializado Dia1 del diario El Comercio, en los siguientes términos:
La industria minera sufre lo indecible ante el doble embate de los declinantes precios de los metales;y los crecientes costos en el sector.
Sin embargo, los mineros peruanos no han considerado retraer sus inversiones en el exterior; por el contrario, vienen evaluando nuevos objetivos, desde el desierto mexicano de Sonora hasta la Patagonia argentina.
Día_1 ha conseguido documentar la incursión de empresas mineras con capitales peruanos en casi toda Latinoamérica.
Las inversiones conjuntas de estas compañías ascenderían a más de US$2.000 millones, solo en adquisición de activos y construcción de minas y proyectos al 2015.
Dicha inversión está concentrada en cinco jurisdicciones: Chile(más de US$1.200 millones),Brasil(US$470 millones),Argentina(US$150 millones),Colombia(US$65 millones). A los países mencionados cabría agregar un sexto:Panamá, nación que viene registrando “un ‘boom’ exploratorio sin precedentes en donde participan capitales peruanos”, según reveló Leopoldo Monzón, gerente general de la consultora minera Proesmin.
También hay mineras de capitales peruanos explorando activamente en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y EE.UU, a pesar de la crisis que remece fuertemente al sector minero.

TIEMPO PARA COMPRAR

Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver Mines, productor canadiense-peruano que opera la minas San José (México) y Caylloma(Perú), sostiene que “ya es tiempo de que los mineros se sacudan la resaca de los altos precios de los metales”.
No solo venimos trabajando con precios más bajos, sino que la inflación de costos en la minería peruana ha sido la más dramática de toda Latinoamérica en los últimos 3 o 4 años.
Las mineras experimentan inflaciones de costos de 20% a 25% al año. Esto es insostenible, pues están destrozando los márgenes de las empresas”, exclama.
Si la situación es tan adversa, ¿por qué entonces los mineros peruanos se arriesgan a invertir fuera del país? Diego Benavides, presidente de Minera IRL, productor australiano-peruano que desarrolla el proyecto Don Nicolás en Argentina, considera que “es ahora cuando las mineras deben aprovechar las oportunidades que se les presentan, para crecer una vez que los precios de los metales vuelvan a repuntar”.
De igual opinión es Miguel Cardozo, presidente de la (minera) junior peruano-canadiense Alturas Minerals, que explora los proyectos La Corina, Quispe y Marilin, en Chile.
Él sostiene que la minería peruana confía en que los precios de los metales volverán a subir, “a pesar de los problemas en Europa, EE.UU. y la desaceleración de la economía china”. Con igual claridad, Monzón asegura que este es el “momento perfecto para los ‘due dilligence’, es decir, para evaluar la compra de minas y proyectos". 
“Cuando los precios de los metales caen, los mineros están obligados a bajar sus costos de capital (CAPEX) y de operaciones (OPEX). Por tanto,es el momento ideal para comprar minas y proyectos. Además, podemos usar los precios actuales de los metales para determinar el valor presente de un proyecto y ganar con su adquisición si los precios se mantienen o suben. Esa es la razón por la cual este es un mercado de compradores”, sentenció.

Futuro de proyectos mineros

Perú es un país de contrastes, donde dos de cada diez niños sufren desnutrición crónica por un lado y por otro, se supera los $ 68 mil millones de dólares en Reservas Internacionales netas, suma nunca antes acumulada para esta nación latinoamericana, en la cual hoy en día las inversiones privadas significan el ochenta por ciento (80%) de las inversiones totales registradas en el país.
Justamente este año 2013, denominado como "Año de la inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria", se presenta como hecho curioso lo que significaría el relanzamiento de la promoción de inversión en el Sector Minero para los anales de la historia en el país de los Incas.
Según lo estimado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la inversión retrasada en Perú es el orden de $ 41,750 millones (20% del PBI) en un total de sesenta (60) proyectos, de los cuales un tercio representan los proyectos mineros postergados, los cuales equivalen a veinte (20) proyectos que suman $ 25,600 millones.

Los principales proyectos retrasados se ubican geográficamente en Cajamarca (Conga,Galeno,La Granja) que en total suman $ 7,800 millones; Piura (Ampliación Bayóvar) con $ 520 millones, Apurimac (Haquira) por $ 2,800 millones; Arequipa (Pampa de Pongo) con $3,280 millones , Moquegua (Quellaveco) por $ 3,300 millones, entre otros.

El presidente de AFIN, Gonzalo Prialé, explicó que _en Perú_estructurar un proyecto y adjudicarlo debería tomar dos años, en promedio, pero actualmente demora hasta seis años.
Este problema es real y de palpitante actualidad, tiene impacto directo en el sector minero y es reconocido por el propio presidente Ollanta Humala, quien hace unas semanas atrás anunció la creación de una comisión multisectorial, liderada por el Ministerio de Economía, para monitorear los proyectos de inversión y dinamizarlos.

En este orden de precisiones, la administración Humala refirió _ en el marco de la VII Cumbre de Alianza Pacífico, realizada en Cali (Colombia) _que su gobierno ha venido luchando contra la inercia burocrática del Estado que paraliza inversiones del sector privado.
Asimismo, para asegurar el futuro de los proyectos de inversión, su gobierno ha declarado de interés nacional la promoción de inversiones a efectos de procurar el crecimiento económico sostenido que viene presentándose en el país.

Cabe señalar, que en Perú se promulgó ya antes el Decreto Legislativo N° 708  "Ley de promoción de Inversión en el Sector minero" que data del año 1991 y el pasado jueves 16 de mayo (2013), se publicó el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que establece disposiciones para facilitar la inversión privada,considerando:

-Simplificación del procedimiento para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

-Disposiciones ambientales, referidas a ampliación de componentes auxiliares o mejoras tecnológicas que no impliquen impactos ambientales significativos.

-Facilitación de servidumbre en predios del Estado a través de la posesión provisional del predio.

Estas medidas se suma al reciente proyecto de ley de Promoción del Mercado de Valores,aprobado por el Consejo de Ministros  el viernes de la semana pasada y la Ley que Facilita la Adquisición, Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para Obras de Infraestructura, que permitirá adquirir o expropiar terrenos y edificaciones, sin afectar los derechos de los propietarios de estos bienes, con la finalidad de construir obras de infraestructura de interés nacional.

En minería , además de los conflictos sociales que paralizaron proyectos , se suma el retraso por la implementación de la Ley Consulta Previa y su reglamentación, que aún no publica la lista de comunidades indígenas y originarias con derecho a ser consultadas antes de que se realice un proyecto de inversión minera.

Sin perjuicio a los resultados de la consulta _según el ordenamiento legal vigente en Perú_  será el Estado peruano quien finalmente decida si el futuro proyecto de inversión minera se ejecute en su territorio o no.
Una lectura del proceso seguido, es que se estaría buscando promover nuevos grandes proyectos sin previamente dar muestras de seguridades jurídicas a las actuales operaciones y proyectos mineros en cartera que eventualmente pretendan ampliar sus operaciones vigentes.
Los denodados esfuerzos que realizan los inversionistas devienen en resultados infructuosos para alcanzar el inicio de operaciones comerciales, tiene su impacto expresado en la reducción de exportaciones mineras, los cuales ya se están dejando apreciar.
La caída de los precios de los metales en los mercados internacionales influye también en la reducción de inversiones en nuevas exploraciones, sin embargo, lo que reduce sustantiva y decididamente la competitividad peruana en el sector minero es la burocracia estatal que en sus diversos niveles de gestión, ponen en riesgo el futuro de proyectos mineros en Perú.
En este contexto, el futuro de proyectos mineros atractivos a inversiones de capitales_tanto nacionales o extranjeros_pasa no solamente por dictar nuevas normas que forman parte del esfuerzo legal de largo aliento en el país, sino por cumplir con las normas existentes y ordenar el sector, respetando los acuerdos y plazos fijados para la formalización de los mineros, consolidando la autoridad real para neutralizar la posición maximalista de la filosofía antiminera que en buena cuenta resultó siendo un buen complemento de la crisis económica internacional para desacelerar el crecimiento y desarrollo de la minería peruana.

Glencore Xstrata PLC & Las Bambas

Las Bambas se constituye en uno de los proyectos mineros más importantes previstos a desarrollarse en Perú; según estimaciones iniciales representaba una inversión total de US$ 4,200 millones para producir 324,000 toneladas/año de cobre durante 18 años.

Su inicio de producción comercial estaba prevista para el año 2014, tal como lo comentamos en esfuerzos para viabilizar un proyecto.

El proceso

La empresa minera Xstrata, en el marco de sus actividades de responsabilidad social empresarial de su proyecto Las Bambas, trabajó en favor de las comunidades de la zona de influencia directa, ejecutando programas de desarrollo básicamente en las áreas de educación y salud; fomentando la conectividad al construir carreteras que los unen con otros pueblos; y brindar capacitación técnica a los pobladores, a fin de reducir los niveles de conflictividad social trasladada de otros escenarios mineros afincados en el territorio peruano.

En tanto se sucedían los denominados conflictos sociales y socioambientales que postergaban el inicio de operaciones de diferentes proyectos mineros en el país; tras quince (15) meses de negociaciones, el grupo de minería y metales Glencore International PLC completó su fusión con Xstrata PLC para formar la nueva empresa  : "Glencore Xstrata PLC" que sería la cuarta minera más grande del mundo. 

Es así, que llegado el año 2013 , el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, garantizó la entrada en producción de Cobre del proyecto Las Bambas para el primer trimestre del 2015, pese a su  venta y al conflicto en Espinar, hacia donde transportarán los concentrados. "No hay ninguna razón para que se retrase", dijo a Gestión.

De otro lado, el ministro Jorge Merino indica que se ha invertido US$5200 millones,  brindando empleo a miles de personas.

"Ello confirma que Las Bambas es un proyecto bandera para el Perú y va a mover otras iniciativas de inversión minera en la región", subrayó el ministro Merino. Además, destacó que el proyecto va de mano con los compromisos asumidos por la empresa Xstrata Copper con las comunidades de la zona.

Localización

El Proyecto Las Bambas, se encuentra a 900 kilómetros aproximadamente  del Cusco, entre las provincias de Cotabambas y Grau, región Apurímac, a más de 4.000 m.s.n.m.
Comprende las concesiones mineras de Chalcobamba, Ferrobamba, Sulfobamba y Charcas. 

Desaceleración & mineras junior

El impacto sufrido por la desaceleración en la minería peruana  también alcanza a las mineras junior, quienes venían ya sufriendo pérdidas asociadas a los efectos de incertidumbre provocados por los conflictos sociales. 

Comentábamos este hecho en Conflictos sociales & mineras juniors donde citamos interrupciones de los proyectos mineros donde participaron como es en el caso de Bear Creek Mining en la mina Santa Ana (Puno).

En este orden de ideas, el diario peruano especializado en economía Gestión hace un análisis de su viabilidad a largo plazo en los siguientes términos: 

"Cuando los ejecutivos de Lupaka Gold Corp., la última minera junior en listarse en la Bolsa de valores de Lima (BVL), debían comenzar su presentación ante la prensa y autoridades de la BVL, ocurrió algo que bien puede graficar lo que está pasando con ese subsector: llegaron tarde. La demora se produjo porque algunas calles que rodean el edificio de la BVL habían sido cerradas.

Era un factor externo el que complicaba, una vez más, a una minera junior. Lo mismo se puede decir que ha pasado en los últimos años, en los que estas empresas no han logrado despegar del todo debido al temor de los inversionistas ante escenarios externos complicados con posibles repercusiones locales.

“Las acciones de las mineras junior se han venido cayendo significativamente en los últimos meses. El año pasado estaba el miedo de los inversionistas a la crisis europea, la quiebra de España e Italia y la caída del euro. También influyó mucho el temor al abismo fiscal en EE. UU.”, señala Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB , firma que ha sido sponsor de varios de los listados de juniors en la BVL, incluido el de Lupaka Gold.

Ante la volatilidad del mercado de valores, y frente a la caída de precios de algunos metales como el cobre y el zinc, han sido las firmas de mayor riesgo dentro del variado universo de juniors las que más han sufrido las consecuencias bursátiles. “Sobre todo, han padecido las que se encuentran todavía en etapas de exploración, las que aún no generan recursos. En cambio, las que ya cuentan con estudios de prefactibilidad o factibilidad son menos riesgosas”, apunta Arispe.

Por su parte, Jorge Ramos, gerente general de BBVA Continental SAB, reconoce el riesgo que significan las juniors, pero asegura que hay razones para creer en algunas de ellas. “A nosotros no nos gusta tener listados de este tipo, porque no queremos darle mucho riesgo al grupo. Pero, por ejemplo, decidimos hacer el listado de Sierra Metals porque, si bien es una junior, ya está produciendo”, explica.

Incluso los ejecutivos de las propias juniors están lejos de ser optimistas sobre el sector en general. “El panorama está bastante complicado”, dice Óscar Pezo, director y vicepresidente de desarrollo corporativo de la junior Duran Ventures y ex gerente general de NCF SAB. “Los inversionistas retail locales y extranjeros ven mejores posibilidades en compañías más consolidadas, en acciones menos riesgosas. La reducción del apetito por las acciones de las mineras juniors hace cada vez más complejo levantar capital”, agrega Pezo.

Según el ejecutivo, será clave para la mejora de las acciones de las juniors que estas muestren resultados positivos en sus exploraciones y que se deshagan de deudas. “Las que están vinculadas a proyectos auríferos podrían tener más preferencia, así como las que cuentan con menos proyecciones de inversiones de capital”, señala.

Más oferta, poca demanda

El bajón de las acciones de las mineras junior no ha desalentado la llegada de más compañías que desean listarse en la BVL. “La mayoría de juniors quiere estar en la bolsa donde tienen sus operaciones y, a la larga, eso no solo beneficiará al inversionista, sino también a la acción”, comenta Ramos.

Si bien hoy la BVL tiene 18 mineras junior en su segmento de capital de riesgo, este número puede aumentar en los próximos años: alrededor de 1.500 empresas de este tipo están listadas en el TSX Venture, el segmento para juniors de la bolsa canadiense y, de ellas, 95 cuentan con activos en el Perú. “Es natural pensar que cada vez más compañías lleguen a listar en nuestra bolsa”, acota Arispe.

Para el presidente de la BVL Roberto Hoyle, no es claro cuántas compañías listarán en el 2013, pero sí es seguro que se terminará el año con un grupo mayor debido a que la entidad que dirige es la única en Latinoamérica que alberga juniors y posee un formato que ya otros países desean replicar. “Tenemos esa ventaja frente a nuestros vecinos y debemos aprovecharlo.

Justamente, el año pasado hubo un evento en Australia y uno de los temas conversados fue el de las acciones de las mineras junior, por lo que existe la posibilidad de que este año también arriben a la BVL acciones de Australia y ya no sólo de Canadá”, aseveró.

El arribo chileno

Para Arispe, una forma en que se pueden recomponer las acciones de las mineras junior está en el interés de inversionistas chilenos, ya que en las últimas colocaciones en el mercado primario, entre el 5% y el 10% de la demanda ha correspondido a inversionistas del país sureño. “Esto es significativo porque antes no sucedía. Ahora, gracias al MILA, la demanda puede incrementarse y generar mayor liquidez en el mercado peruano”, sostiene.

Hoyle también ha destacado el interés de los inversionistas chilenos en la BVL. “Creo que es importante seguir generando ese interés. Las mineras juniors en el Perú tienen un alto potencial que ya evalúan los inversionistas de otros países”, dice el presidente de la BVL. “Esto recién empieza”, concluye".

Postergación del Proyecto Tía María

La posibilidad de inversión de 949 millones de dólares con el proyecto cuprífero Tía María , ubicado en la provincia de Islay ( Arequipa) _ produciendo 120 mil toneladas de cátodos de cobre al año _ se estaría diluyendo. 

La precitada posibilidad de inversión data en Perú desde Agosto del año 2009, fecha en que se evidenciaron conflictos socio ambientales de "origen minero" en esta parte del país.

En la explicación de Impases subsistentes sobre el proyecto Tía María, nos referíamos a  la reunión informativa de fecha 21 de Enero del 2011 que promovió la compañía minera Southern Copper Corporation para explicar a la población las bondades del proyecto y detalles técnicos del mismo, con especial énfasis en el uso del agua. 

El esfuerzo no fue suficiente para evitar el resurgimiento de la protesta ciudadana, derivando en la decisión de declarar inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la autoridad competente.

Previamente, el Ejecutivo peruano contrató a UNOPS para evaluar el EIA presentado por la compañía minera. Sin embargo, pese a encontrarse 138 observaciones al estudio que correspondía levantarse, se cortó el proceso al tomar la decisión de inadmisibilidad. 

En marzo del 2013, representantes de la compañía minera Southern Copper Corporation indicaron que las observaciones realizadas al primer estudio presentado en el 2010, han sido reformuladas ; proponiéndose ahora desalinizar el agua de mar para las operaciones extractivas del mineral. Asimismo, reiteraron su disposición para trabajar con la población y autoridades del lugar, a fin de llegar a un acuerdo, y evitar conflictos sociales como los ocurridos anteriormente, ante la oposición de los habitantes para el desarrollo de la actividad minera en la zona.
Como respuesta a esta iniciativa _en Abril del 2013- el Ministerio de energía y Minas dispuso, a través de una medida cautelar administrativa, la paralización por 180 días la evaluación de EIA del proyecto Tía María, con el fin de mantener la paz social en la zona.

Impacto económico de conflictos

Como ocurre actualmente en otros países de la región de las Américas, en Perú se empieza a sentir los efectos ocasionados por las protestas ambientales en contra la minería formal.

El retraso en el cronograma de nuevas inversiones en el sector minero constituye un indicador que no solamente obedece a una reducción de los precios internacionales de los minerales sino que fundamentalmente recoge la demora de los permisos para proyectos nuevos ante la presión ejercida por la población asentada en las zonas de influencia minera. 

Las movilizaciones para proteger sus recurso naturales en tanto no visualicen la forma de cómo participarán en la "distribución de la bonanza económica", representa en buena parte el origen del impase subsistente en este extremo del tema minero.

La externalidades generadas impactan sobre el nivel de producción de algunos de sus minerales de "exportación bandera", como es en el caso de la plata y el cobre, sin perjuicio de la producción del oro que también se ve afectada.

En suma, el efecto dominó impactará sobre las expectativas de los ingresos del Estado por conceptos tributarios de impuestos atribuidos al sector minero.

El sector privado y los inversionistas están haciendo su parte, pues las inversiones en minería para el 2012 alcanzaron US $ 8,549 millones , que representa un incremento de dieciocho por ciento respecto al año 2011; pese a los conflictos sociales acontecidos en ese lapso.

El Ejecutivo _a través del sector público peruano_ tiene la palabra, ya que las últimas modificaciones en la legislación laboral y la intensificación de los conflictos sociales son eventos concurrentes a las trabas burocráticas que finalmente afectan a la competitividad del país trascendiendo a otros sectores colaterales de la dimensión minera.

Minería & Crecimiento económico

Para tener una mejor aproximación de la influencia ejercida por la minería en el modelo económico que permitió el crecimiento económico peruano,es preciso dar un pequeño repaso de lo que sucedió con Perú en las últimas décadas hasta la actualidad. 

El siguiente video "El Perú ante los ojos del mundo en las últimas décadas" nos permite introducirnos en parte del proceso histórico.

El lenguaje simbólico utilizado para transmitir que Perú está creciendo económicamente no llega a ser entendido por la población en general, principalmente en las zonas donde existen labores mineras y nuevas concesiones de proyectos mineros.

Es así que las demandas socioambientales se ven alentadas por noticias exitosas transmitidas atravéz de los medios masivos de comunicación, los cuales indican que el país ciertamente continúa creciendo, como es en el caso de las reservas internacionales netas.

Sin embargo, no se llega a explicar claramente que mientras se cuenta con  reservas internacionales netas en los niveles mas altos históricamente obtenidos en Perú_llegando a alcanzar $ USD 60,521 millones de dólares_ al mismo tiempo, se excluye a peruanos en pobreza extrema situados en territorio nacional al no atenderlos oportunamente en sus necesidades primarias.

Surge entonces la pregunta, ¿porqué existen poblaciones en zonas de influencia indirecta de concesiones mineras que no llegan a ser  atendidas en sus necesidades básicas habiendo recursos económicos para hacerlo?.
En esencia,para estas poblaciones invisibles a los ojos del Estado formal,no hay diferencia entre el Perú quebrado de las décadas pasadas y el Perú de economía creciente de hoy en día.

De otro lado, se indica oficialmente que en Regiones y municipalidades, los gobiernos locales revierten al tesoro público cada año importantes recursos del tesoro público dejados de gastar por diversos motivos, entre las que se destaca  una suerte de gestión pública que carece de suficiencia en términos eficacia,eficiencia y efectividad.

El mensaje que se brinda entonces a las poblaciones excluidas es que deben esperar a que les llegue la atención del Estado  y que el proceso está en marcha, entre tanto, los programas sociales supuestamente aliviarán a una parte de los excluidos.Queda en la imaginación de cada peruano excluido si el "proceso de atención" durará el tiempo prometido en época electoral.
Bastará una simple inspección a los portales de transparencia de los organismos públicos, para poder percibir con preocupación que la inadecuada gestión en los gobiernos locales son una real causa recurrente de este desequilibrio que conlleva años tras año a la desatención de localidades que pugnan por participar de la bonanza económica del país.
La responsabilidad social empresarial en las empresas mineras evidentemente no podrán alcanzar a poblaciones que no se encuentran bajo la influencia directa del proyecto minero y sin perjuicio de ésta condición de trabajo, se le atribuye las funciones que competen al Estado en sus diversos niveles de gestión : Nacional,Regional y Local. 
Parte de éste hecho es un efecto de un proceso trunco de descentralización y desconcentración de la gestión del Estado en ciertas regiones bajo un criterio estrictamente político y sin llegar aterrizar en el conocimiento de las realidades existentes en algunas zonas geográficas del país.
Esta deficiencia en la delegación de funciones implicó no en pocas oportunidades, el enfrentamiento de Estado contra Estado.
La diversidad cultural y carencia de educación en poblaciones que se sienten desplazadas juega un papel importante en la  confusión de roles entre la representatividad del Presidente de la República y el Presidente de Región , el caso del Departamento y ahora Región Cajamarca  constituye un ejemplo de lo anteriormente expuesto.

Por un tema de aproximación geográfica, el sector minero se encuentra más a la mano que otros sectores ante la Lupa inquisidora de  estas comunidades alto andinas situadas a lo largo y ancho de la cordillera de los andes , incluyendo a comunidades que forman la población flotante que se desplaza a las áreas amazónicas donde se explota la minería de oro en situaciones que ya explicáramos anteriormente.

En este contexto, la gran minería en operación y en proyectos de explotación y/o exploración, constituye el objetivo fundamental para las protestas sociales y con el mascarón de proa de las protestas "socioambientales", dichas poblaciones reclaman su espacio en el crecimiento económico del país.
De las propuestas que sólo indicaban que "Perú no era un país minero" se pasó a las protestas de "No a la minería", con acciones intransigentes llevadas a  impedir el libre tránsito de vehículos y personas por carreteras y con la toma y/o destrucción de propiedades públicas y/o privadas, pretendiendo arrinconar al gobierno de turno y  presionarlo para que realicen los cambios de la política económica de la Nación.
Cambios que bajo la cosmovisión de poblaciones que apoyan las demandas sociales en contra de la gran minería exigen una transformación , pasando de una economía primaria exportadora a una economía sostenible que incorpore valor agregado a los recurso naturales extraídos y básicamente exportados del país.
Esta visión no se detiene a analizar suficientemente el exitoso modelo de crecimiento minero en Perú que además de captar el interés de capitales extranjeros y nacionales,demandó innovación y desarrollo tecnológico, inversión en capital humano, fortalecimiento de la educación con capacitaciones continuas y aseguramiento de una adecuada salud y seguridad ocupacional, de tal modo que los factores y condiciones inseguras se manejaran de la mejor manera en el sector minero en general.
Ciertamente el crecimiento económico en Perú está en proceso de mantener una tendencia positiva, pero tiene una agenda pendiente que debe enfrentar y resolver.
La innovación no alcanza a todos los sectores productivos y de transformación, el capital humano no llega aún a la calidad deseada, el incremento de universidades y profesionales no ha sido aún la respuesta a las grandes solicitaciones del país.
El tema de educación y salud constituyen  un reto del presente y futuras administraciones de gobierno peruano. Las huelgas de maestros y médicos _ por demandas económicas en su plataforma de lucha_ que llevan meses sin resolver son otro indicador de lo que estamos comentando.
El impacto de las medidas tomadas en contra de las labores mineras redundan , entre otros, en los niveles de exportaciones mineras y en consecuencia en las exportaciones totales del país, que por varios meses consecutivos viene cayendo. 
En estricto, Perú esta creciendo económicamente pero no al ritmo que debería crecer de no mediar los impases subsistentes en el sector minero que merecen la atención primaria de la autoridad real en el país. 

SNMPE & Estabilidad Jurídica

Ninguna industria podrá desarrollarse en el Perú si es que no se respeta el marco jurídico vigente o se da interpretaciones antojadizas a las leyes, manifestó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) tras expresar su extrañeza por la actitud que vienen asumiendo algunas autoridades regionales y municipales frente a la inversión privada.

“Estamos observando que ciertas autoridades se están dedicando más a buscar réditos políticos que trabajar por el desarrollo de sus regiones y comunas”, manifestó la SNMPE, al citar que el alcalde del distrito de Chilca en la región Lima, habría dispuesto de manera arbitraria e ilegal la paralización de la planta de generación eléctrica a gas natural de Kallpa.

“Nos preocupa el impacto negativo que tendrá la medida municipal, porque una paralización en las operaciones de la termoeléctrica de Kallpa, pondría en riesgo el suministro de energía en el país”, señaló.

La SNMPE afirmó que sus empresas asociadas que vienen trabajando e invirtiendo en el territorio nacional son respetuosas de las leyes, autoridades y comunidades vecinas.

En el caso de Kallpa, la empresa ha informado que ha cumplido con obtener todos los permisos que le exige la normatividad vigente, razón por la que no se entiende la medida dispuesta por la alcaldía de Chilca, autoridad edil que también estaría ejerciendo acciones ilegales en contra de otras centrales termoeléctricas instaladas en la zona, como el caso de la CT Las Flores de Duke Energy Egenor, comentó la SNMPE.

La inversión privada -remarcó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - es la mejor aliada para lograr el crecimiento económico con inclusión social en el país, pero al parecer algunas autoridades no lo entienden así, pues se están dedicando a ahuyentarla.

El gremio empresarial también denunció que varias empresas del sector mineroenergético vienen siendo objeto de chantaje y extorsión por parte de grupos violentistas.

“En el Perú tienen que prevalecer las leyes porque necesitamos que nuestra nación siga siendo confiable para atraer las inversiones necesarias que sirvan para cerrar las brechas sociales”, enfatizó la SNMPE.

Carteras mineras en Perú & Chile

El ministro de Minas de Chile, Hernán de Solminihac, visitó el Perú para la inauguración del Expomina 2012 , y conversó con Gestion (el diario peruano) sobre las expectativas de desarrollo minero de su país, toda vez que Perú tiene la mitad de su cartera minera (US$ 53 mil millones) y está a medio camino de implementar un nuevo marco de gestión ambiental en el que Chile – resaltado por el MINAM – es la referencia en el tema.

Solminihac explicó cómo ha evolucionado el sector minero de su país para mejorar su atractivo de inversiones.

¿Perú y Chile pueden establecer una sinergia en minería?

El trabajo conjunto con la industria minera peruana es el futuro para lograr enfrentar los desafíos del sector. Tenemos grandes desafíos en común, como son el agua, la energía, las relaciones con las comunidades y el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que agregarle valor a nuestros procesos y a nuestros productos. Esa es la gran tarea para ambos países.

En Perú tenemos en cartera US$ 53 mil millones de inversión minera. ¿Cómo es el caso chileno?

Nosotros tenemos una estimación catastrada de 104 mil millones de dólares para los próximos ocho o diez años. Esperamos poder materializar eso porque nos permite aumentar la producción de cobre que tenemos hoy en día de 5.2 millones a 8.5 millones de toneladas cuando se implementen esos proyectos.

¿La crisis ha afectado sus inversiones y exportaciones?

La verdad que hemos tenido una muy buena exportación, y también hemos tenido una inversión extranjera bastante fuerte este año. De hecho este 2012, comparando los primeros seis meses con respecto al mismo periodo del año pasado, ha aumentado en un 80% la inversión extranjera. Obviamente, la crisis externa ha tenido un impacto, pero ha sido bastante menor, y se ha estado produciendo de acuerdo más o menos a las expectativas del sector.

El desafío del Perú es resolver los conflictos sociales. ¿En Chile cómo abordan el tema?

Nosotros tenemos ciertos desafíos que venimos trabajando y cada día vamos emprendiendo distintas etapas. Tenemos una nueva ley del medioambiente que está en plena implementación. Faltan algunas etapas, como son los tribunales ambientales. Por lo tanto, los proyectos que se están rigiendo con esta ley van ayudando a una relación mejor con las comunidades y el cuidado del medioambiente. Así estamos avanzando en esa línea, con la legislación y los reglamentos que esto acompaña.

Expomina 2012 fortaleció el relacionamiento comercial minero entre Perú y Chile.

El Gobierno peruano ha resaltado del modelo chileno la creación de tribunales ambientales. ¿Cómo ocurrió esa evolución?

Nosotros hemos ido avanzando: creamos el Ministerio del Medio Ambiente, y las distintas estructuras que nos permiten llevar adelante. Todavía no se implementa los tribunales ambientales: están ya aprobados, pero se está designando a los jueces, y esperamos que se designe lo más rápido posible para que empiecen a funcionar. Esperamos que nos dé grandes resultados para darle estabilidad y seguridad tanto a los inversionistas como a las comunidades, y preservando el medioambiente.

¿Cómo han gestionado el llamado impuesto a las sobreganancias?

Hemos hecho un aumento del Royalty en el 2010 para poder enfrentar el terremoto. Eso se llevó adelante con un acuerdo entre todas las compañías mineras, porque en Chile existe el compromiso que cuando entra un inversionista extranjero no se le cambian sus condiciones tributarias, por lo tanto para lograr este cambio se tuvo que llegar a un acuerdo. Ahora acabamos de modificar el Royalty en ciertas áreas para poder financiar la educación. Con eso estamos conformes, y esperamos que los recursos que se están recaudando tanto en la minería como en otros sectores llegue lo más rápido posible a las personas que más lo necesitan.

Retraso de inversiones mineras 2012

En mayo del 2012 ya comentábamos aspectos del retraso de los programas de inversión en proyectos mineros generados por el incremento de protestas sociales, consulta previa a comunidades indígenas, aprobaciones ambientales, entre otras y decíamos entonces que provocarían efectos directos e indirectos en las proyecciones económicas y sociales estimadas para el sector minero en Perú.
A tres meses de finalizar el año 2012, existe ya un importante retraso en las inversiones mineras, pues desde diciembre del 2011 hasta julio del 2012, se postergó el inicio de 15 medianos y grandes proyectos _ de los cuales 11 están relacionados al cobre_ en 12 departamentos, y que, en total, suman inversiones por US$ 21,826 millones de dólares.

Estas cifras son el resultado de comparar las proyecciones de inversión que publicó el Ministerio de Energía y Minas a fines del año 2011 con el último reporte que le dan a conocer las propias empresas.

Además de Conga, se consideran las ampliaciones de Southern Perú, el proyecto Marcobre, Pampa del Pongo, Shahuindo, entre otros; los cuales en su mayoría han postergado su fecha de inicio entre uno y dos años.

Todos estos proyectos figuran en la cartera de 51 planes de inversión mineros por US$ 53,000 millones de dólares anunciada por el Gobierno Central.

La mayor causa de las postergaciones, se debe a que el Gobierno, en los últimos meses, no estaba aprobando los estudios de impacto ambiental (EIA).
Las demoras en aprobar los EIA a su vez se originaron en los retrasos para aprobar el reglamento de la Ley de Consulta Previa.

Anteriormente nos habíamos referido al dilema de cobrar mas impuestos o producir mas recursos mineros aprovechando los mejores precios de los metales en el mercado internacional y considerábamos como uno de los eventuales impactos que podría generarse es ahuyentar los capitales, esto si progresa el planteamiento de establecer nuevas condiciones para las futuras inversiones.

Un primer indicador de esta realidad, sería una caída sustantiva en la producción del cobre peruano para el 2012.