Responsabilidad de los Estados frente al cambio climático

El pasado 22 de marzo de 2024, celebramos en Perú como cada año el día mundial del agua, recordando así la decisión tomada por la Asamblea General de Naciones Unidas un 22 de diciembre de 1993; esta fecha es vinculante con la convención marco de ONU sobre cambio climático que entró en vigor un 21 de marzo de 1994; de esta manera el acuerdo de las partes (COP) constituye en esencia el fundamento para identificar la importancia del recurso Agua como elemento dinámico e integrador del territorio en una cuenca hidrográfica, allí donde la gestión multisectorial del agua se une con otros recursos naturales para un uso racional, equilibrado,integrado y consensuado, donde el cambio climático impacta a todas las demás dimensiones de la realidad.    

El Lema adoptado para el día del agua - año 2024 es " Agua para la paz"

Es en este contexto, desde hace tres décadas nos reunimos en diferentes escenarios para buscar crear un efecto en cascada positivo, sensibilizando a los tomadores de decisión de los Estados y público en general sobre la importancia que tiene el recurso agua, elemento vital que pondera la responsabilidad de los Estados frente al cambio climático a efectos de lograr el desarrollo sostenible de los pueblos del planeta. 

Este año 2024,el escenario fueron las instalaciones del CIP-CDL / Lima-Perú.

Respuesta de los Estados frente al cambio climático

El avance de las ciencias y el conocimiento científico, permite realizar análisis prospectivos con grandes aproximaciones, tal es así que desde 1997 contamos con el mapa mundial  de escasez y estrés de agua con proyección al 2025, lo que en estricto constituye una herramienta para apoyar a la investigación, conservación,educación y narración de relatos sobre el agua dulce.

Transcurrido un cuarto de siglo, vemos esfuerzos como el programa Copernicus de la comunidad europea de naciones y Aqueduct del instituto de recursos mundiales que nos permite utilizar una combinación de observación de la tierra por satelite y datos in situ para monitorear el agotamiento del agua dulce y comprender al planeta y su entorno, permitiendonos proyectar información sobre escasez del agua con proyección al 2030 y al año 2050.

Pese al esfuerzo desplegado por algunos Estados, los indicadores sobre la materia dan luces sobre el limitado avance logrado en este lapso de tres décadas, hecho que confirma la organización meteorológica mundial al afirmar que el 2023 fue el año más cálido registrado, con una temperatura media global cercana a la superficie de 1.45 °C por encima de los niveles preindustriales, batiéndose records con respecto a : Los niveles de gases de efecto invernadero, la temperatura en superficie y los oceanos, el aumento del nivel del mar y el deshielo.

Esta situación se agudiza con la presión demográfica, la cual hace que cada doce años la población mundial se incremente en mil millones de habitantes, demandando por mas agua dulce, mientras la contaminación de los cuerpos de agua avanzan y se reducen las reservas de agua,acompañada por frecuentes sequías  meteorológicas severas .

Competencia del Estado peruano

Desde el año 2008, donde el lema adoptado para el día mundial del agua fue "Saneamiento", Perú creó hace dieciseis años a la Autoridad Nacional del Agua (17 jefes en 16 años) y el Ministerio del Ambiente (16 ministros en 16 años), instituciones que presentan una alta rotación en su dirección por la recurrente crisis política que caracteriza al Estado peruano en sus recientes administraciones, tendencia que ralentiza sus compromisos que se reflejan en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) que constituyen el núcleo del Acuerdo de París concordado en el año 2015 (COP21); asi como con las estrategias de desarrollo a largo plazo (LTS por sus siglas en inglés), que buscan lograr bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos sucesos, no permiten frenar el avance de la deforestación en su territorio que ya supera los 6.4 millones de acres alcanzado en el periodo 2001-2020, así como la pérdida de sus reservas de agua situadas en sus nevados y la contaminación de cuerpos de agua superficiales, algunos que vienen alcanzando caudales mínimos históricos y asi mismo en las aguas subterráneas por causa de intrusión marina y vertimientos de aguas residuales industriales  y municipales, con predominancia de lixiviados producto de botaderos a cielo abierto de residuos sólidos.

CEPLAN, cuenta con el Plan estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 que considera como una acción estratégica el incrementar la eficiencia en el uso del agua de riego, mediante siembra y cosecha de agua e infraestructuras de riego adecuadas.

La interoperabilidad de los planes existentes en el país de los incas, pasa por internalizar las experiencias de las suscesivas administraciones de gobierno en sus tres niveles de gestión, que llevaron a parte del territorio peruano alcanzar el estrés hídrico previsto desde 1997.

De otro lado, resulta indispensable que se contraste información trasnfrontera relevante sobre el estrés y escasez del recurso agua, que permita al país prepararse con diversas acciones estratégicas de cara al 2030 y 2050. 

La evidencia científica identifica la influencia humana en el cambio climático y en ese orden de ideas, el Estado peruano recurre con mayor frecuencia a estados de emergencia en la cual el agua constituye el punto focal.

Pasado casi un siglo, la Corte IDH declaró al Estado peruano responsable de la contaminación ambiental en el caso de La Oroya, asimismo, este año 2024, el juzgado mixto de Nauta (en la región amazónica de Loreto) declaró al río Marañón como titular de derecho ante los derrames de hidrocarburos. Experiencias como los acontecidos con los casos  de La oroya y el río Marañón no deben repetirse en otras cuencas que pudieran estar afectadas de cara al futuro.

Ventanas de oportunidades

Poner en valor al recurso agua en Perú es una opción que puede sacarnos de una crisis, abriendonos ventanas de oportunidades, en ese sentido gestionar adecuadamente los pasivos ambientales coadyuvará en evitar desencadenar conflictos que le permitan dar luz verde a diversos proyectos mineros como los del oro cuyos precios internacionales viene alcanzando precios máximos históricos; asimismo potenciar la agroindustria , fortalecer la seguridad alimentaria y en especial, dar cumplimiento al derecho constitucional del acceso al agua a las actuales y futuras generaciones que se encuentren en territorio nacional.

Círculo vicioso insostenible del sector sanitario en Perú

Los monopolios -en latinoamérica y particularmente en Perú- no son malos lo que definitivamente no resulta apropiado es el conjunto de acciones anticompetitivas que conlleven a sostener el monopolio en el tiempo. Perú, al 19 de Junio del 2020 se coloca entre los siete países del planeta con mayor casos confirmados con COVID-19 según el CSSE de la universidad Johns Hopkins, hecho que ilustra la gravedad del impacto de la pandemia en este país. El artificio creado por la emergencia sanitaria soslayando subsidiariamente la actividad empresarial del Estado, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, se pone en evidencia. 

Sobre el particular, un descarnado reporte del Washington Post bajo el título "La increíble traición de los negocios sanitarios en el Perú" se ocupa del problema vigente en los siguientes términos:

"En el Perú, el sector sanitario privado parece haber hecho suya la paparruchada insostenible que repetía hace unos días una mediática periodista local en Twitter: “El afán de lucro mueve al mundo”, para mostrar su cara más inhumana. Los sucesivos escándalos protagonizados por clínicas, farmacéuticas y proveedores de insumos sanitarios, todos de capital privado, han dejado en claro, además, que el modelo liberal del “sálvese quien pueda (pagarse el seguro privado)”, también es una falacia, porque cuando más las necesitaban, estas empresas han cometido un pecado mortal en el ideario libremercadista: han traicionado a sus propios clientes.

Una historia de capitalismo global, como cualquier otra: en 1986, en Lima, se crea un barrio llamado Las Torres de Limatambo —algo parecido a lo que se conoce en Europa como viviendas de protección oficial o the projects en Estados Unidos—. La flamante farmacia de mi barrio, se llamaba Botica Torres de Limatambo (conocida después como BTL). Durante los 90, ese negocio familiar prosperó hasta convertirse en una cadena importante de farmacias en la ciudad. En 1999 la cadena fue vendida a la multinacional israelí Teva Pharmaceutical Industries, que en 2011 se la vendió al grupo Quicorp, que a su vez fue absorbido en 2018 por el grupo Intercorp que hoy controla el 95% de las farmacias del país —además de uno de los principales bancos, supermercados, cadenas de cines, aseguradoras, restaurantes de comida rápida, hoteles, universidades y colegios— y está liderado por el hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, cuya fortuna según la revista Forbes está valorada en más de 4,000 millones de dólares.

Durante la pandemia, muchas farmacias pertenecientes a Intercorp, como BTL, han tenido un papel nefasto especulando, ofreciendo como primera opción medicamentos genéricos de sus propias marcas o encareciendo sus precios ya que el gobierno del Perú no puede, constitucionalmente, regular dichos precios —la Constitución peruana vigente fue promulgada durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori en 1993—. De hecho, el gobierno actual ha tenido que adoptar una serie de medidas de emergencia para intentar frenar la voracidad de estas empresas. Por ejemplo, un decreto de urgencia para obligarles a proporcionar al Estado información real sobre sus stocks y sus precios de venta al público. Pero las farmacias son solo un eslabón más de la cadena de la salud privatizada.

Un informe del Instituto Nacional de Salud de Perú, fechado el 29 de mayo, concluyó que clínicas privadas habían hecho cobros irregulares a sus pacientes por las pruebas moleculares para la detección del COVID-19 que el propio instituto realiza gratuitamente. Los cobros de las clínicas se justifican, según recibos, en el material de recogida de la muestra (como guantes o mascarillas descartables) por el que en algunos casos han llegado a cobrar a sus clientes casi 600 soles (unos 170 dólares). Por otro lado, el superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud, Carlos Acosta, explicó en un canal nacional que se está realizando un informe al respecto, que involucra a 136 clínicas privadas del país. Todo ello mientras la gente adquiere con ellas deudas millonarias para pagar el tratamiento, muchas veces infructuoso, de sus familiares.

Y en este juego entran, además de las clínicas y las farmacéuticas, las aseguradoras —que, como señala esta investigación del portal Ojo Público, han llegado a elevar hasta en 20% los costos de sus pólizas durante la pandemia—, y los proveedores de insumos tan básicos como el oxígeno medicinal. Esto último es especialmente lacerante en un país en el que la producción de este gas está también monopolizada por dos empresas, Linde y Air Products, a través de varias subsidiarias. Ambas empresas no solo ya habían sido sancionadas en el pasado por monopolizar la producción de oxígeno medicinal en el país, sino que, según señala un informe de la Defensoría del Pueblo, una vez desatada la pandemia habrían también elevado los precios del producto mientras la gente moría, literalmente, por falta de oxígeno.

Ante este panorama cabe preguntarse no ya si es ético dejar la salud y el bienestar de las personas en manos de capitales privados cuya finalidad es, naturalmente, el beneficio económico y no la vida —en el Perú, el gerente de una Administradora Privada de Pensiones, dijo públicamente que “desgraciadamente cada vez vivimos más”—, sino si este modelo es siquiera rentable para las propias economías capitalistas.

Cuando las fuerzas políticas más progresistas defienden medidas tan “radicales” como la salud pública o la renta básica universal, en realidad no están trabajando para ninguna revolución. No, ni Bernie Sanders en Estados Unidos, ni Pablo Iglesias en España o Verónica Mendoza en Perú son políticos antisistema. De hecho, probablemente sus propuestas en materia de salud pública sean las únicas que garantizan la continuidad de un modelo en el que las grandes fortunas puedan subsistir. Es tan elemental como asumir que, de lo contrario, tarde o temprano, tras esta pandemia o las siguientes, no quedará nadie para trabajar en sus fábricas, consumir sus productos o seguir haciendo circular la rueda de hámster del dinero. Pero ni siquiera esto, que parece tan sencillo, ha podido en el Perú con la tentación de engrosar un poco más las arcas a expensas de lo que más sufren.

En el Perú, además, la creación perversa de grandes monopolios muchas veces sustentados en la corrupción, tiene como consecuencia directa una enorme desigualdad social, lo que a su vez genera un aumento constante de la actividad económica informal, ese gran ogro de las economías emergentes.

La gran diferencia que ha puesto de manifiesto esta pandemia en el Perú está en que al ciudadano degradado que especula y vende tanques de oxigeno industrial haciéndolo pasar por medicinal, se le persigue y se le apresa, mientras que al gran capital, que además de lucrarse y abusar de las personas en mitad de una emergencia sanitaria, se acoge a todos los beneficios fiscales, se le rescata.

Esta semana, un reportaje del portal Convoca que analiza la información por el propio Ministerio de Economía peruano, ha revelado que en el marco del programa Reactiva Perú, destinado originalmente a ayudar a pequeñas y medianas empresas a subsistir durante la pandemia, una de las grandes beneficiadas ha sido Intercorp, cuyo banco ocupa el tercer lugar entre las entidades que han gestionado los préstamos y cuyas empresas —entre ellas, la farmacéutica Química Suiza— los han obtenido. Sí, el mismo grupo financiero que es el dueño de la farmacia de mi barrio y de casi la totalidad de cadenas farmacéuticas en el país.

Y el círculo vicioso está empezando a ser insostenible".