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sábado, 30 de agosto de 2014

Sostenibilidad de carreteras y puentes

Algunas voces indican que mucho más conveniente que estar descubriendo nuevos motores de producción o apostar por proyectos de inversión en infraestructura que son muy de largo plazo, es jugar con lo que ya se conoce y ya ha generado puestos de trabajo y tantos otros beneficios para el país en los años pasados.
Sin embargo, no se puede soslayar el hecho que Perú tiene que cubrir una importante brecha de infraestructura física que le resta competitividad en la carrera por la promoción de la inversión en proyectos mineros.
Proyectos mineros con minerales a cielo abierto que demoran por falta de infraestructura vial. 
Los proyectos de inversión minera vienen acompañados del desarrollo integral de infraestructura física que involucra no solamente la construcción de nuevas carreteras o puentes, también la rehabilitación y/o adecuación de vías existentes para que así puedan generarse una mayor dinámica económica en las zonas de influencia minera.
Hasta el 2008 el Perú había mostrado un franco crecimiento económico en términos de PBI. Dicho año creció 9.1%, luego estas tasas se fue reduciendo paulatinamente. Así, se pasó de 8.5% en el 2010 a apenas 4.2% proyectado en lo que va del 2014. 
Se necesita continuar trabajando en el sector minero que es uno de los motores de la economía.
Un tema que no debería soslayarse, es sobre la intervención de la inversión y el gasto público en proyectos carreteros que debieran realizarse con las máximas garantías de calidad y sostenibilidad, de modo tal que no afecten el normal desarrollo de proyectos colaterales de los sectores productivos y extractivos del país.

miércoles, 18 de junio de 2014

Proceso de inversión privada en EPS

En nuestra publicación ¿Gran minería es un tema de Estado? indicamos el relacionamiento entre el sectores minero y saneamiento. Manifestamos que las comunidades colisionan y generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al acceso del recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los costo de estos servicios. Precisamos entonces que en el ámbito urbano las EPS están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia empresarial.
En este contexto, Semana Económica presenta un análisis de lo que representaría un nuevo modelo de gestión del recurso agua en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en los siguientes términos:
"Las empresas prestadoras de agua y desagüe (EPS), entre las que se encuentran Sedapal y otras 48 a nivel nacional, tienen una historia de mala gestión de más de dos décadas. Hay, desde luego, EPS con mejor gestión, pero en general, la calidad de su servicio —estándares de calidad del agua, continuidad del servicio— y su cobertura —número de usuarios con conexión de agua y desagüe— es pésima.
Como si esto no fuera suficiente, el negocio de casi la mitad de estas EPS no es rentable y subsiste a través de subsidios y transferencias presupuestales, pese a que con una adecuada gestión podría ser autosuficiente y rentable.  ¿Quién es responsable de tan mala gestión? Los municipios provinciales, que son dueños de estas empresas y que, como entes políticos, a veces las utilizan como caja chica o como despensa de puestos de trabajo para pagar favores políticos.
Recientemente el ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, consideró que es hora de cambiar el modelo de gestión de estas EPS, cuyos directorios son elegidos por los municipios. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud cuál es el modelo que reemplazará al actual, ni el cronograma de tal transición. Lo que sí se sabe es que este cambio se hará de acuerdo a lo establecido en la ley de modernización  de los servicios de saneamiento y su reglamento.  ¿Qué establece esta ley (y su reglamento) al respecto?

CUANTO PEOR SEA LA GESTIÓN, MAYOR SERÁ LA INTERVENCIÓN (DEL GOBIERNO CENTRAL) EN EPS

Las EPS que tengan una gestión y situación financiera adecuada continuarán operando tal como lo hacen actualmente. Ello significa que los municipios conservarán el control sobre tales empresas.
Para las EPS que tienen una mala gestión,  es decir, que incumplen con las metas que establece la SUNASS — regulador de las EPS—  como expandir sus conexiones, o que tienen una situación de insolvencia financiera, entre otros supuestos, la ley encarga su administración al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) —organismo que esa misma ley crea pero que aún no ha sido implementado—, el cual depende del gobierno central. Este organismo asumiría el rol de los municipios en la gestión de la empresa hasta por 15 años. A este régimen la ley lo llama Apoyo Transitorio.
Las EPS con una gestión incluso peor —en situación de quiebra— serán sometidas a un proceso concursal, en el cual sus acreedores —usualmente otras entidades estatales como la SUNAT y el MEF — tomarían el control de la empresa. Pero tras el proceso concursal, ¿quién estará a cargo de la compañía? Tales acreedores — evidentemente — no tienen experiencia en el manejo de las EPS ni mucho menos tienen tal función entre sus competencias. Así, es presumible que el Otass también se haga cargo de tales EPS tras su proceso concursal.
Al 2012, existían al menos 10 EPS con pérdidas de más de S/.1 millón  y otras 11 con pérdidas menores.  Entonces, ¿cerca de 21 de estas empresas, de un total de 49, pasarían a ser controladas por el Gobierno tras una reforma?

PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS EN LAS EPS

La ley indica que durante el régimen de Apoyo Transitorio, el Otass puede promover la inversión privada en las EPS. Dado que las EPS atravesarían un proceso concursal gestionadas por el Otass, tal oportunidad de inversión privada también se daría en ese supuesto.
Pero, ¿bajo qué condiciones entrarían los privados en las EPS? En la ley y su reglamento no se indica ello con exactitud. Lo que sí se indica es que la administración del Otass duraría, como ya se mencionó,  máximo 15 años. Luego de ese periodo, ¿qué pasaría con la inversión privada? ¿Se vería obligada a vender su participación a los municipios? ¿Tendría que cogestionar la EPS con ellos? Tales preocupaciones, pueden ser las principales limitaciones en un eventual proceso de inversión privada en las EPS.
Asimismo, aún persiste la interrogante de si el Gobierno permitirá que las EPS puedan ser privatizadas en su totalidad —actualmente la única EPS privatiza es Aguas de Tumbes—.  Actualmente, la ley y su reglamento sólo contemplan la posibilidad de que se hagan Asociaciones Público Privadas (APP’s), aunque no se desarrollan a detalle tales situaciones.

¿CUÁL SERÁ EL DESTINO DE LAS EPS?

La ley y su reglamento únicamente dan pistas de cuál es el plan del gobierno para las EPS. En buena cuenta, tan solo constituyen el esqueleto sobre el cuál se desarrollará la ansiada modernización de la gestión de las EPS. De su análisis, no cabe duda de que el objetivo del Gobierno es mejorar la gestión de las EPS —y por tanto su deficiente servicio y cobertura—. Los expertos como Pablo Secada, que trabajó en los intentos de privatización de las EPS de los 90, coinciden en que el modelo actual favorece la corrupción por parte de los municipios.
Sin embargo, el Gobierno central aún no ha demostrado que su propuesta de centralizar la gestión de las EPS en un organismo del Ejecutivo, efectivamente vaya a mejorar el servicio que ofrecen las prestadoras de servicios. Existen varios obstáculos que tal reforma deberá superar. Los principales riesgos son la eventual resistencia social y política a que estas empresas sean centralizadas.
El famoso “Arequipazo” es un ejemplo de cuán fuerte pueden ser estos factores en esta clase de situaciones. Así, está en la cancha del Gobierno central revelar los pormenores de su reforma, y diseñar una estrategia que pueda llevar adelante. No va a ser una tarea sencilla, aunque es favorable que exista la voluntad política para hacerlo".

jueves, 10 de octubre de 2013

¿Gran minería es un tema de Estado ?

Los resultados de una reciente investigación sobre asuntos del Estado peruano, nos permite indicar que la presencia del Estado en la realización de los grandes proyectos mineros, constituye un catalizador de los procesos por excelencia.
La participación del Estado, a través de los gobiernos de turno, contribuye en el tema de promoción y fomento de las inversiones de capitales, ya sean nacionales o extranjeros, para dinamizar los proyectos de gran minería actuales y futuros.
Así mismo, en el marco del ordenamiento legal vigente, el ejecutivo  mantiene representación en las concesiones mineras, así como en la evaluación, supervisión, fiscalización, control, entre otras funciones _directas o indirectas_ a cargo de múltiples entidades del Estado.
Es así que dentro de sus facultades interviene aplicando incentivos a la reinversión de utilidades, contratos de estabilidad tributaria, entre otros anteriormente aplicados en el país a las labores de la gran minería.
De otro lado, el Estado asiste; garantizando el respeto a la propiedad privada y al orden público, así como el firme cumplimiento de los contratos y la estabilidad jurídica en el país.

¿Mentalidad Colonial y diezmos como Política de Estado?

El tema del desaliento de las inversiones_porque aún persisten las trabas burocráticas atribuidas a la mentalidad colonial_han sido largamente comentadas por funcionarios públicos en diversos periodos de gobierno, un caso reciente es lo manifestado por el actual presidente del Banco Central de Reserva , que menciona esta dimensión poniendo sobre la mesa alternativas diversas para fomentar la confianza entre los inversionistas.
Siguiendo este orden de ideas, aterrizamos con el impacto generado por los diezmos que persisten hasta la fecha; sólo que en la jurisdicción de algunos gobiernos regionales, provinciales o distritales donde se aplican, lo recaudado ya no se envía a la corona española y tampoco va destinado a formar parte del tesoro público.
Por ello el lavado de activos _considerado como delito_ en diversos niveles de gestión del aparato público es una actividad voyante en el país.
Esta forma de "afectación de recaudación" que antes se concentraba en Lima, en los últimos años _con la desconcentración de la ejecución del presupuesto público _ el orden del 60% se traslada fuera de la capital de la República.
Un estigma que se viene combatiendo desde que dejó de ser un secreto a voces y pasar a constituirse en una evidencia de la cultura de la corrupción en la administración pública que no constituye una Política del Estado peruano, pero que es irrefutable su existencia. 

Mito en cultura de la corrupción

El Ama sua ( no seas ladrón) practicada por la cultura de los antiguos peruanos, fue impactada por efectos de la conquista  a tal punto que no es secreto que la corrupción es un problema en el Perú  , problema estructural que penetra a personas naturales y jurídicas, mereciendo la atención del Estado a través de  sucesivos gobiernos.
Estos despliegan esfuerzos de largo aliento para reducir los niveles de connivencia con la corrupción que generan problemas de imagen y de confianza para con la población
Resulta que no pocas veces, es esa misma población la que se opone al desarrollo de proyectos de la gran minería.
Algunas veces exacerbada por los medios que difunden declaraciones de funcionarios como es el caso del actual Contralor General de la República afirmando que la corrupción no se castiga y está afectando a los mas pobres del Perú.
En lo que va de los últimos siete años_periodo que alcanza al boom minero en Perú_ los delitos con mayor índice de condena a funcionarios públicos, son de peculado y colusión.
Es correcto afirmar que corrupción se encuentra en diversos países del mundo, también es cierto indicar que los países que alcanzaron su desarrollo en el Planeta fueron los que pudieron controlar y reducir los niveles de corrupción aplicando acertadas políticas de Estado.
En este sentido, la lucha anticorrupción perfilada por el Estado debe merecer por parte de la sociedad peruana y los agentes económicos, el mayor de los apoyos, pues le afecta directamente en los procesos para llevar adelante proyectos de importancia nacional no solamente en el sector minero.

Falta de sostenibilidad en infraestructura Física: Un indicador

Nuestra evaluación se focaliza en la infraestructura de Saneamiento y particularmente en el tema de la gestión del agua por situarse íntimamente ligada con los procesos para grandes proyectos mineros, que finalmente son sujetos pasibles de externalidades generadas.
Partiendo de la premisa que sin el recurso agua no seria factible la gran minería y no hacemos referencia única y exclusivamente al agua utilizada en los procesos desarrollados en la gran minería, también al agua para consumo humano de los pueblos ubicados en las zonas de influencia directa e indirecta a las labores mineras.
Pese haber destinado _en los últimos tiempos_ importantes recursos económicos y financieros a la infraestructura de agua potable y alcantarillado, se tiene un significativo sector de la población peruana reclamando por el servicio del recurso agua a las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) a cargo de gobiernos locales (lease parte del Estado peruano), y que finalmente las solicitaciones de las deficiencias del servicio son trasladadas de indistintos modos al sector minero.
La data de la inversión realizada en Saneamiento : medianas y pequeñas EPS, que conforman una importante proporción de las 50 EPS reguladas, presentan dificultades en términos de su sostenibilidad. La sostenibilidad de los sistemas de agua potable construidos en zonas rurales se encuentra en niveles críticos.

¿Porqué a mayor asignación dineraria menor calidad de servicios?

Esta probado que el sector minero no es responsable de la situación crítica que pasan algunas EPS derivado de una deficiente gestión empresarial y del desequilibrio resultante al privilegiar la cobertura de los servicios y soslayar la calidad de infraestructuras; los que finalmente generan problemas en la operación y mantenimiento de los sistemas construidos.
A esta situación, se le agrega las no pocas infraestructuras construidas e inoperativas que se encuentran en proceso de arbitraje u otra figura jurídica, mucha de las cuales mantienen pinceladas de la cultura de la corrupción antes señalada.
No cabe duda que la decisión del Estado peruano, a través del ejecutivo en su oportunidad, no fue la más adecuada al diseminar múltiples Universidades que forman profesionales de grado universitario como en el caso de la ingeniería sin el debido soporte de la calidad en la enseñanza, hecho que agrava la compulsiva "necesidad de coberturar el servicio a todo costo" relacionados con proyectos vinculados a las actividades de determinados sectores de la administración pública.
Esta situación se agrega a la asesoría brindada por "funcionarios reciclados" (bajo pretexto de experiencia en el sector), muchos de los cuales habiendo sido procesados y condenados en el poder judicial por delitos de corrupción, tienen la habilidad de mimetizarse y formar parte de los gobiernos de turno en sus diferentes niveles de gestión.

¿ Y cómo se relaciona el sector saneamiento con el sector minero?

Las comunidades colisionan y generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al acceso al recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los costo de estos servicios.
En el ámbito urbano las EPS están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia empresarial. 
El Estado a través de su organismo proinversión que es un organismo público descentralizado adscrito al sector Economía y Finanzas , quien ha demostrado_conjuntamente con el organismo rector en la materia_que desde el 2006 no ha podido hallar la senda correcta para resolver los problemas de fondo en el sector Saneamiento.
El país ha desarrollado múltiples esfuerzos legales para resolver el problema del agua y saneamiento en su territorio, encontrándose entre los últimos : En el año 2006, mediante Decreto Supremo N° 020-2006-VIVIENDA, se declaró en estado de emergencia la infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento y ese mismo año se dio la Ley N° 28870 - Ley para optimizar la gestión de las EPS.
Siguiendo la política del "shock de inversiones en saneamiento ", la actual administración del estado, dictó en Junio del 2013, la Ley N° 30045 _ Ley de Modernización de los Servicios de saneamiento" donde se consigna el proceso de la recurrente evaluación y reflotamiento de las EPS.
En tanto que el recurso agua para consumo humano sea un tema de agenda en los conflictos sociales focalizados en zonas de tradición minera, los actuales y futuros proyectos del sector minero se verán impactados por el problema existente en el sector saneamiento.

Tarea pendiente

En el escenario actual, las empresas mineras que se encuentran en operación en territorio peruano y los proyectos en ciernes tienen que remar contra la corriente y el Estado peruano no puede ni debe dejarlas solas haciendo empresa.
El rol del Estado, como se explicara en el desarrollo de la presente exposición, no acaba con la promoción teórica de la inversión privada y el aseguramiento a través de la estabilidad jurídicas, sino que necesita allanar el camino de las externalidades creadas en el tiempo por diversos factores explicados que no son responsabilidad exclusiva de las empresas que vienen operando y mucho menos de las futuras empresas que aspiran operar en el país.
El Estado peruano no debe cejar en la necesidad de realizar las medidas correspondientes para mantener el nivel de competitividad en el mercado internacional y realizar el  debido y oportuno acompañamiento a las empresas formales_ de capitales nacionales o extranjeros_ para que como socios estratégicos caminen hacia ese futuro promisorio que las actividades del sector minero y otros, presentan como alternativa para acompañar al país en su crecimiento y desarrollo armónico.

El Dato

  • Diezmos y Cobos ( antes Quintos Reales) a la minería (oro,plata,cobre..) fueron los impuestos aplicados de la corona española durante la época colonial. Subsistió hasta el año 1735 aplicándose en un quinto (1/5) sobre la producción minera. Desde entonces, el quinto se convirtió en décimo (1/10), de donde tomó el nombre diezmos. 
  • Cada año el impacto de la corrupción genera pérdidas al país por un estimado de tres mil quinientos millones de dólares.
  • Entre 2007 y Agosto del 2013, 6,298 funcionarios y servidores públicos fueron condenados por el poder judicial por delito de corrupción.
  • Entre Diciembre 2005 y Julio del 2013 se incrementó en 76% el número de ingenieros colegiados en Perú, subiendo de 84,637 a 149,060.
  • En las últimas 3 décadas se colocaron más de US$4,500 millones de dólares en el sector saneamiento  a los efectos de sostener e incrementar la cobertura y mejorar la infraestructura, así como la gestión, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Corresponde más del 30% del precitado monto a la inversión realizada en los últimos siete años.
  • En el periodo 2008-2012, las empresas mineras reportaron US$ 13,690 millones de dólares al Estado peruano por concepto de impuesto a la Renta y permitió el ingreso de US$ 24,000 millones de dólares al país.