En nuestra publicación ¿Gran minería es un tema de Estado? indicamos el relacionamiento entre el sectores minero y saneamiento. Manifestamos que las comunidades colisionan y
generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al
acceso del recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas
localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas
subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los
costo de estos servicios. Precisamos entonces que en el ámbito urbano las EPS
están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera
que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia
empresarial.
En este contexto, Semana Económica presenta un análisis de lo que representaría un nuevo modelo de gestión del recurso agua en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en los siguientes términos:
"Las empresas prestadoras de agua
y desagüe (EPS), entre las que se encuentran Sedapal y otras 48 a nivel
nacional, tienen una historia de mala gestión de más de dos décadas. Hay, desde
luego, EPS con mejor gestión, pero en general, la calidad de su servicio
—estándares de calidad del agua, continuidad del servicio— y su cobertura
—número de usuarios con conexión de agua y desagüe— es pésima.
Como si esto no fuera suficiente,
el negocio de casi la mitad de estas EPS no es rentable y subsiste a través de
subsidios y transferencias presupuestales, pese a que con una adecuada gestión
podría ser autosuficiente y rentable.
¿Quién es responsable de tan mala gestión? Los municipios provinciales,
que son dueños de estas empresas y que, como entes políticos, a veces las
utilizan como caja chica o como despensa de puestos de trabajo para pagar
favores políticos.
Recientemente el ministro de
Vivienda, Milton Von Hesse, consideró que es hora de cambiar el modelo de
gestión de estas EPS, cuyos directorios son elegidos por los municipios. Sin
embargo, aún no se sabe con exactitud cuál es el modelo que reemplazará al
actual, ni el cronograma de tal transición. Lo que sí se sabe es que este
cambio se hará de acuerdo a lo establecido en la ley de modernización de los servicios de saneamiento y su
reglamento. ¿Qué establece esta ley (y
su reglamento) al respecto?
CUANTO PEOR SEA LA GESTIÓN, MAYOR
SERÁ LA INTERVENCIÓN (DEL GOBIERNO CENTRAL) EN EPS
Las EPS que tengan una gestión y
situación financiera adecuada continuarán operando tal como lo hacen
actualmente. Ello significa que los municipios conservarán el control sobre
tales empresas.
Para las EPS que tienen una mala
gestión, es decir, que incumplen con las
metas que establece la SUNASS — regulador de las EPS— como expandir sus conexiones, o que tienen
una situación de insolvencia financiera, entre otros supuestos, la ley encarga
su administración al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneamiento (Otass) —organismo que esa misma ley crea pero que aún no ha sido
implementado—, el cual depende del gobierno central. Este organismo asumiría el
rol de los municipios en la gestión de la empresa hasta por 15 años. A este
régimen la ley lo llama Apoyo Transitorio.
Las EPS con una gestión incluso
peor —en situación de quiebra— serán sometidas a un proceso concursal, en el
cual sus acreedores —usualmente otras entidades estatales como la SUNAT y el
MEF — tomarían el control de la empresa. Pero tras el proceso concursal, ¿quién
estará a cargo de la compañía? Tales acreedores — evidentemente — no tienen
experiencia en el manejo de las EPS ni mucho menos tienen tal función entre sus
competencias. Así, es presumible que el Otass también se haga cargo de tales
EPS tras su proceso concursal.
Al 2012, existían al menos 10 EPS
con pérdidas de más de S/.1 millón y
otras 11 con pérdidas menores. Entonces,
¿cerca de 21 de estas empresas, de un total de 49, pasarían a ser controladas
por el Gobierno tras una reforma?
PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS EN LAS
EPS
La ley indica que durante el
régimen de Apoyo Transitorio, el Otass puede promover la inversión privada en
las EPS. Dado que las EPS atravesarían un proceso concursal gestionadas por el
Otass, tal oportunidad de inversión privada también se daría en ese supuesto.
Pero, ¿bajo qué condiciones
entrarían los privados en las EPS? En la ley y su reglamento no se indica ello
con exactitud. Lo que sí se indica es que la administración del Otass duraría,
como ya se mencionó, máximo 15 años.
Luego de ese periodo, ¿qué pasaría con la inversión privada? ¿Se vería obligada
a vender su participación a los municipios? ¿Tendría que cogestionar la EPS con
ellos? Tales preocupaciones, pueden ser las principales limitaciones en un
eventual proceso de inversión privada en las EPS.
Asimismo, aún persiste la
interrogante de si el Gobierno permitirá que las EPS puedan ser privatizadas en
su totalidad —actualmente la única EPS privatiza es Aguas de Tumbes—. Actualmente, la ley y su reglamento sólo
contemplan la posibilidad de que se hagan Asociaciones Público Privadas
(APP’s), aunque no se desarrollan a detalle tales situaciones.
¿CUÁL SERÁ EL DESTINO DE LAS EPS?
La ley y su reglamento únicamente
dan pistas de cuál es el plan del gobierno para las EPS. En buena cuenta, tan
solo constituyen el esqueleto sobre el cuál se desarrollará la ansiada
modernización de la gestión de las EPS. De su análisis, no cabe duda de que el
objetivo del Gobierno es mejorar la gestión de las EPS —y por tanto su
deficiente servicio y cobertura—. Los expertos como Pablo Secada, que trabajó
en los intentos de privatización de las EPS de los 90, coinciden en que el
modelo actual favorece la corrupción por parte de los municipios.
Sin embargo, el Gobierno central
aún no ha demostrado que su propuesta de centralizar la gestión de las EPS en
un organismo del Ejecutivo, efectivamente vaya a mejorar el servicio que
ofrecen las prestadoras de servicios. Existen varios obstáculos que tal reforma
deberá superar. Los principales riesgos son la eventual resistencia social y
política a que estas empresas sean centralizadas.
El famoso “Arequipazo” es un
ejemplo de cuán fuerte pueden ser estos factores en esta clase de situaciones.
Así, está en la cancha del Gobierno central revelar los pormenores de su
reforma, y diseñar una estrategia que pueda llevar adelante. No va a ser una
tarea sencilla, aunque es favorable que exista la voluntad política para
hacerlo".