En producción de Oro y sus tendencias, manifestábamos que la tendencia de la producción nacional de oro podría ir a la baja en tanto se mantenga los retrasos en importantes proyectos mineros y prosiga la lucha contra la minería ilegal en el sexto productor de oro en el mundo.
En el extremo referido a los retrasos de importantes proyectos mineros, nos referimos fundamentalmente a los proyectos de oro localizados al norte del país, donde se presentan conflictos sociales entre los sectores agrícola y minero por el recurso agua. Es preciso indicar que el 2013 fue un año seco y probablemente el 2014 sea aún mas seco que el año anterior si es que persiste la falta de lluvias en las zonas de influencia.
El ejecutivo tendría que evaluar la conveniencia de tomar medidas oportunas para apoyar al sector agrícola a los efectos de no agudizar sus conflictos con el sector minero.
En el otro extremo, el Comercio describe detalles de la lucha contra la minería ilegal, que de su lectura puede explicarse la reducción en la producción y exportación del oro ilegal :
"La madrugada del lunes una batida de 700 agentes policiales encabezada por
el alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería Ilegal, Daniel
Urresti, destruyó maquinaria de varios campamentos mineros en el distrito de
Cuyocuyo, en las alturas de Puno. La operación ha formado parte de una
meritoria y tenaz embestida que ha emprendido este gobierno contra la minería
ilegal en los últimos meses.
De hecho, esta operación viene a sumarse a la reciente destrucción de cinco
plantas procesadoras ilegales en Nasca y a la erradicación sistemática de
maquinaria en Ananea (Puno) y en Madre de Dios.
Por otra parte, se suma también a las acciones que el Estado está tomando
para intervenir en la cadena de exportación del oro ilegal (la misma que
exporta alrededor de US$2.000 millones al año). Así, desde diciembre pasado, la
Sunat ha inmovilizado ya más de una tonelada de oro que iba a ser exportada por
empresas que no pudieron justificar su origen legal. Solo el 4 de diciembre
pasado, 508 kilos fueron incautados a seis empresas.
Aunque sin duda estas incautaciones constituyen parte de una estrategia
dual en la que se atenaza a la minería ilegal por dos flancos –el de su
producción y el de su comercialización– son sobre todo las operaciones como
ellas las que están demostrando que el gobierno ha encontrado, además de una
nueva firmeza para enfrentarse a un tema ante el que ya varias veces antes
había retrocedido, una estrategia inteligente. Golpeando a los exportadores que
compran el oro a los ilegales y que son más fáciles de ubicar y alcanzar que
estos últimos, el Gobierno está ajustando a los ilegales en donde más les
duele: en sus ventas. Asustadas por estos decomisos, la mayoría de empresas que
adquiere el oro de los mineros ilegales está frenando sus compras y, así, el
precio del gramo de oro que estos venden se ha visto reducido en 30% en tan
solo unos meses (de S/.100 a S/.70).
Acaso, sin embargo, la mejor prueba de que el Gobierno está dando en el
blanco con su nueva ofensiva está en la manera en que los ilegales están
acusando el golpe. Han convocado a una movilización nacional que culmine en la
“toma de Lima” el 17 de marzo si no es destituido de su cargo el señor Urresti.
Un significativo acto que atestigua como ningún otro la efectividad con la que
el comisionado viene desempeñando su labor. Por otra parte, los ilegales –que
han contratado ni más ni menos que al padre del presidente como su abogado–
piden que se declare inconstitucional el paquete de decretos dados para
permitir la formalización de estos mineros.
A nadie deben engañar las excusas que dan los ilegales detrás de esta
movilización para pedir la derogación de estos decretos. Ellos ya han
demostrado que todos sus pedidos son simplemente tácticas dilatorias y que lo
suyo con la depredación (van 58.000 hectáreas del territorio que han sido
arrasadas), la evasión, la corrupción y aún muchas veces el uso de mano de obra
semiesclava es cuestión vocacional –o, si se prefiere, de su “modelo de
negocio”–.
En efecto, desde que dieron estos decretos, el Gobierno ha ido cediendo
frente a todas las observaciones que –en elocuente sucesión– los propios ilegales
les fueron haciendo. Cada muestra de flexibilidad fue respondida con un nuevo
pedido. Así, por ejemplo, los ilegales se quejaban de que la autorización para
el uso del agua emitida por la Autoridad Nacional de Agua demoraba demasiado.
Como respuesta, simplemente se suprimió ese paso, incorporándolo dentro del
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). Se quejaron entonces de que
el IGAC era muy engorroso. Como consecuencia, el Gobierno lo simplificó
notoriamente, y luego incluso eliminó el requisito de que tuviera que ser
formulado por profesionales inscritos en el Ministerio de Energía y Minas
(Minem), para facilitarlo aun más. Acto seguido los informales arguyeron que
las ventanillas únicas creadas para este proceso en los gobiernos regionales no
funcionaban porque carecían de capacidad logística y de profesionales
especializados. Se autorizó entonces al Minem a trasladar presupuesto a los
gobiernos regionales para contratar personal y solucionar necesidades
logísticas. Ni aun así los informales, salvo honrosas excepciones, acudieron a
las ventanillas únicas a presentar sus IGAC: de los 72 mil que dieron el primer
paso para la formalización, solo habrían presentado su IGAC unos 10 mil.
La movilización que se viene el 17 de marzo es, pues, por el derecho a
seguir lucrando de un delito y ahora que, por una vez, parece que va a
encontrar a un gobierno firme al frente, tiene que encontrar también a todos
los ciudadanos de bien detrás de este".
