Agenda pendiente en el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026

El Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 publicado a fines del 2021 en Perú,establece nuevos retos y desafíos de cara a la presión demográfica  del 2030 y 2050; al precisar que en términos de brecha, actualmente el orden de tres (3) millones de peruanos no cuentan con acceso al servicio de agua potable, de los cuales 49.5% reside en el ámbito rural y aproximadamente 7.5 millones de peruanos no cuentan con acceso a los servicios de alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas, de los cuales 63% residen en el ámbito rural. 

Todo ello pese a importantes inversiones realizadas en el sector, escenario que predije hace quince (15) años atrás exponiéndo en diversos foros académicos y que me llevaran a escribir en este espacio en los siguientes términos que paso a recordarles :

" El agua constituye el enlace entre los sectores saneamiento y minería con una dimensión tan importante que introduce nuevas variables penetrando e inficionando los componentes social, político, económico y ambiental del que hacer nacional. Lo que disemina y aumenta los conflictos sociales en detrimento de la población asentada en zonas de tradición minera , se sustenta en el siguiente argumento incumplido de las administraciones de turno en el país:

“ampliar la cobertura de saneamiento y mejorar la calidad de los servicios de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario en beneficio de los usuarios, debido a que el sector público enfrenta rigurosas restricciones financieras para atender las inversiones y el mantenimiento adecuado de la infraestructura sanitaria”. Este argumento trivial, tiene en esencia que cambiar.

El reciente “Shock de inversiones en saneamiento” fue coincidente con el aumento de los precios de los metales en mercados internacionales y el repunte del sector minero peruano que contribuyó con el progreso logrado en el desarrollo nacional.

En este espacio, opinábamos respecto a los problemas presentados en las deficiencias para la calidad del gasto en saneamiento, apoyándonos en el indicador relación de trabajo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) el cual, pese a las importantes inversiones realizadas, registró 0.65 (ó 65%) tanto para el año 2006 como para el 2010.

Existe una relación directa entre la ejecución de proyectos de infraestructura en saneamiento, el crecimiento del PBI y la competitividad del Perú y de sus regiones. Por ello, la falta de calidad en el gasto y los retrasos de los proyectos en saneamiento salen onerosos al país

En lenguaje coloquial, podemos indicar que antes y después del shock de inversiones realizadas (con parte de las contribuciones mineras) se mantiene constante la siguiente descripción en el sector saneamiento:

“Insuficiente cobertura de servicios de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; mala calidad de la prestación de servicios que pone en riesgo la salud de la población; deficiente sostenibilidad de los sistemas construidos; Tarifas que no permiten cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento de los servicios; el tamaño de los mercados bajo responsabilidad de las EPS no garantiza una buena gestión, no permite economías de escala ni viabilidad financiera; debilidad institucional y financiera; recursos Humanos en exceso, pocos calificados y con alta rotación en las EPS”. En suma, no se registraron mayores progresos.

Es más, la situación financiera de las 50 EPS reguladas actualmente por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS es  preocupante, la magnitud de deudas que arrastran devienen en impostergable una reestructuración de algunas más que otras EPS para que sean empresas financieramente viables.

En el 2003 el Instituto Peruano de Economía (IPE) estimaba (para 45 EPS registradas entonces) el orden de cuatro billones la brecha de infraestructura para saneamiento en los próximos 10 años a efectos de equipararse respecto a un país vecino. Supuestos considerando una situación de eficencia de gestión en las EPS, condición que no se cumplió.

En el 2006, cuando estábamos en SUNASS precisábamos la grave situación en que se encontraban las EPS, diagnosticando las razones técnicas y otras que obedecían a la interferencia política en los gobiernos locales que determinaba una tendencia decreciente de las inversiones y la gestión ineficiente de estas EPS.

Decíamos entonces que la prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional era crítica, por razones de obsolescencia, insuficiencia y cobertura. Pese a los esfuerzos legislativos como la Ley para optimizar la gestión de las EPS, que entre otras consideraciones tocaba aspectos de la reestructuración de las deudas de las EPS, no se llegó a buen puerto en el sector saneamiento.

Es así que pasado el tiempo, la situación no ha mejorado a pesar del flujo de inversiones, por ello sostenemos que el acompañamiento de una mejor gestión en las EPS, el fortalecimiento  del regulador y actualización del marco regulatorio en saneamiento resultan indispensables para mejorar en acceso al agua de la población y por consiguiente , en la adecuada relación entre el sector saneamiento y minero.

En consecuencia, la decisión política de la reciente  administración del Estado peruano, pasa por continuar la política de gobierno en saneamiento y su relación con la minería de la anterior administración saliente, o  sentar las bases para desarrollar una Política de Estado en el uso adecuado del recurso agua  que consolide el desarrollo sostenible del país". 

LAS CIFRAS EXPUESTAS HACE UNA DÉCADA ATRÁS

• En el periodo 1985-2005 (veinte años), las inversiones en Saneamiento fueron del orden de los tres mil millones de dólares.
• En el periodo 2006-2010 (cuatro años), se invirtió en Saneamiento el orden de los dos mil millones de dólares.
• En el periodo 2006-2011 (cinco años), los conflictos sociales en Perú produjeron 195 muertos y 2312 heridos.
• En el periodo entre Enero y Noviembre del 2011 (11 meses), las inversiones en minería en Perú ascendieron al orden de los 6 mil millones de dólares. 71.9 por ciento más respecto al mismo período del 2010.
• Las reservas internacionales del país superan los 50 mil millones de dólares.
• Perú ocupa el puesto catorce (14) en el acceso a agua potable de dieciocho (18) países de América Latina.
• En Perú cuatro (4) de cada diez (10) niños menores de cinco (5) años no tienen acceso a agua limpia y esos cuatro (4) niños son de familias rurales. (índice de oportunidades Humanas publicado en el libro "Midiendo y entendiendo la evolución de las oportunidades para los niños en el Perú).

Mala gestión del agua para consumo humano & Alta letalidad del COVID-19

El caso peruano, que presenta la mas alta letalidad per cápita del mundo con  la actual pandemia del COVID-19, sirve como ejemplo didáctico para las actuales y futuras generaciones de cara al 2030 y 2050 ; a los efectos de mitigar la letalidad en la presente y venideras pandemias aplicando medidas preventivas, una de ellas es referida a imperiosa necesidad de mejorar la gestión de los servicios que brindan las empresas prestadoras de servicio de agua para consumo humano.

Confusión de roles en la gestión del agua potable

Las deficiencias en el tema del agua potable se evidencian al contrastar indicadores de cobertura, cantidad, calidad, continuidad, costos (tarifa) del agua, entre otros de caracteres económicos y financieros en el país, se viene arrastrando desde antes del arribo del COVID-19 en marzo del 2020, tan es así que diferentes administraciones del Estado empírico peruano optaron por declarar en estado de emergencia los servicios de agua y saneamiento, sin mayores avances por el alto componente político que se incorporó en su gestión.

Instituciones como el regulador SUNASS, Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento - OTASS y otras en los gobiernos locales, se vieron complicadas en su gestión al confundirse los roles de los recursos humanos políticos con la burocracia asignada a los servicios, así como la pobre actuación de un ministerio del ambiente que no da la talla con el tema del agua para consumo humano.

Deficiencias evidentes en términos de calidad y cantidad del agua para consumo humano.

Vinculación entre la deficiente gestión del agua  y alta letalidad por COVID-19

En Perú está demostrada técnicamente la relación directa existente entre la deficiente gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el extremo de agua potable y la alta letalidad por COVID-19.

En la tabla siguiente se podrá apreciar algunos indicadores que reflejan las deplorables condiciones en que se manejan las EPS localizadas en la zona cero  y que contribuyen en la alta morbi-mortalidad por COVID-19 registrada en esta parte de la costa desértica peruana.

La calificación como mayor letalidad per cápita del mundo con  la actual pandemia , se verifica del hecho que en Tumbes sólo se tiene 9 horas al día el servicio de agua para consumo humano de las 24 horas del día ; así mismo en Ica que con 15 horas de acceso al servicio de agua presenta 13.9 % de letalidad por COVID-19, la mas alta en Perú. 

Sin perjuicio de mencionar a la calidad del servicio de agua, focalizare los registros del indicador relación de trabajo que fue deteriorándose con el tiempo y sin tener visos de mejora en el corto plazo.

Relación de trabajo

Este indicador financiero se define como la relación que existe entre el costo operativo (costo de ventas, gasto de ventas y gastos administrativos) en el que incurre una empresa, sin incluir la depreciación y provisión de cobranza dudosa del período, y los ingresos operacionales totales que obtiene.  Es decir, nos indica la proporción de los costos y gastos desembolsables que logran ser cubiertos por los ingresos operacionales que percibe la empresa. Este indicador es de gran importancia para garantizar la sostenibilidad de los servicios, puesto que si es mayor que 100 % , la empresa no estaría cubriendo la totalidad de sus costos y gastos desembolsables con la tarifa que estarían aplicando, lo cual pondría en riesgo las operaciones de la empresa, impidiendo asimismo la ejecución de inversiones con recursos propios, lo cual contribuye a la desmejora de la calidad de los servicios. Como se podrá apreciar en tumbes se tiene 121 % ; Lambayeque 98% , Piura 93 %  y así respectivamente, corroborándose el mal estado de las Empresas y por consiguiente , el deficiente servicio de agua que brindan a la población.

Urgente necesidad del cambio en el modelo de gestión

Hace quince años atrás, publiqué los resultados de mis investigaciones alertando de la penosa situación que pasaría el Perú si es que no mejoraban los servicios en  el sector agua y saneamiento. 

Cité en ese entonces que la empresa Aguas de Tumbes presentaba una relación de trabajo del 115% y que en la actualidad su situación desmejoró llegando a 121%.

Asimismo indiqué que ante el incremento de la inversión se produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta inversión no es persistente y se acompaña con una  ineficiente gestión empresarial, esta cobertura no será sostenible en el tiempo. En ese sentido los estudios tarifarios aprobados por el regulador SUNASS en el 2021 que involucran inversiones ascendentes a 2,859.3 millones de soles para aplicarse en el periodo 2021-2025, no alcanzaría a mejorar las áreas críticas impactadas por el COVID-19 en la franja desértica costera del país y con ello la elevada morbimortalidad por efecto de las enfermedades infecciosas respiratorias y diarreicas agudas por falta de agua, se mantendrán endémicas en el tiempo.

Lenta reacción ante hechos consumados por falta de agua en Lima

En "redobles por Lima" del 28 de febrero del 2021, escribí  a modo de prevención - en el caso de la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en la capital de la república peruana- sobre mi percepción respecto a la capacidad de respuesta ante desastres naturales o los originados por el hombre.

Hoy lo recuerdo en razón al recurrente evento de la falta de agua sucedido en el distrito de San Juan de Lurigancho - el mas grande de Lima y el país - indiqué en esa oportunidad lo siguiente:

“Hace tres décadas atrás escribí algo similar en razón de la epidemia de cólera que azotaba Perú y Lima en particular, recomendando en ese entonces dar mayor importancia a las inversiones que permitieran cerrar las brechas en infraestructura para dotar de agua en puntos críticos de Lima; pasado el tiempo, con la epidemia del COVID-19 se encontró nuevamente a Lima sin agua, permitiendo el arrollador avance del virus, dejando una estela de muerte y desolación a su paso.

El desborde de la corrupción de la cosa pública en el manejo del agua constituye uno de los elementos que atribuye el inconsciente colectivo como causa de la inacción en las sucesivas administraciones de gobierno para tratar el tema álgido del recurso hídrico en Lima, agravándose con el pasar del tiempo por efectos del cambio climático elevando los niveles críticos de la inadecuada gestión del agua.

Resultaron infructuosas nuestras recurrentes sugerencias y advertencias para prevenir la crónica de las muertes anunciadas, pues el Estado empírico actúa reaccionando ante los hechos consumados".

COSAL-ESAL-SEDAPAL

Debo ser enfático en reiterar que la política reactiva implementada por el Estado empírico, incorpora a recurrentes administraciones de gobierno. Es lamentable que se satanice y asigne responsabilidad exclusiva a la empresa abastecedora de agua potable y alcantarillado de Lima, que a través del tiempo con diversas denominaciones : COSAL-ESAL-SEDAPAL, asume un importante rol frente al público usuario. El recurso humano de esta empresa es el que en estricto ha podido sostener una situación que va de emergencia en emergencia.

En esta dimensión del cuello de botella existente, se debe considerar el Plan de contingencia que debiera activarse inmediatamente, el mismo que debe contemplar elementos de gestión sistémica, administración, control, supervisión  y el importante componente económico y financiero que están vinculados con las funciones sectoriales de FONAFE, Ministerio de Vivienda, SUNASS, SALUD; así como de interrelación con el MEF , INDECI y por supuesto el gobierno regional y local, donde los municipios tienen un importante papel que cumplir para con sus vecinos. 

En suma, la responsabilidad recae en los tres niveles de gestión del poder Ejecutivo en el Estado peruano : Nacional, regional y Local, involucrándose también al poder legislativo con los padres de la patria reunidos en la representación nacional que tienen la función del control político dentro de sus responsabilidades directas. 

San Juan de Lurigancho hoy en día, Lima y el Perú entero, agradecerá que se pueda hacer reingeniería en los procesos para trabajar preventivamente y dejar de lado el trabajo reactivo que va de urgencias y emergencias para dar soluciones perentorias a los problemas estructurales existentes.

 

Agua y saneamiento que agravaron impacto del COVID-19 en Perú

La población peruana se encontraba pasando ya una dramática situación en términos de acceso y disponibilidad al agua y saneamiento como antesala al arribo del COVID-19 en marzo del 2020. Este escenario no fue percibido inicialmente en los informes periodísticos expuestos por importantes medios de comunicación tanto del exterior como del interior del país.

La carencia en cantidad y calidad del recurso agua para el consumo humano directo en franjas marginales de importantes ciudades del país , franquearon las puertas para que la enfermedad infecciosa se difundiera rápidamente alcanzando proporciones dantescas, haciendo infructuosos los esfuerzos para detener su avance en ciudades de la costa desértica, especialmente en Lima y callao, que se constituyó en una de las zonas calientes del Planeta. 

Lamentablemente se transitó desde un estado de urgencias a un estado de emergencia, de la cual se corre el riesgo de pasar a un estado de Catástrofe en agua y alcantarillado, de no tomar acciones inmediatas para revertir el estado de situación y revertiendo las medidas de confinamiento en estos lugares donde se localizan familias hacinadas en espacios comunes sin contar con agua y alcantarillado, lugares donde muy probablemente penetrará, inficionará y focalizará como zonas endémicas de la enfermedad respiratoria transmisible infecciosa.

La falta de capacidad en el gasto público en agua y saneamiento es un cuello de botella a superar.

Incumplimiento de compromisos

El COVID-19 encontró un escenario caracterizado por la debilidad que arroja la improvisación en un sector que buscaba tomar distancia de altos niveles de corrupción identificados y difundidos por la Contraloría General de la República peruana.

Una década atrás, mediante el DS N° 054-2011-PCM se aprobó el Plan Bicentenario del Perú hacia el 2021, asimismo se contaba con instrumentos de gestión derivados del Acuerdo Nacional y los compromisos internacionales adoptados para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible aprobado en la Asamblea general de la ONU en el 2015.

Asimismo, el 30 de marzo del 2017 se publicaba el DS N° 007-2017-VIVIENDA aprobando la Política Nacional de Saneamiento, teniendo como uno de sus objetivos dotar de acceso a los servicios de saneamiento a todos los habitantes de las zonas urbanas al año 2021.

Los hechos indican que millones de ciudadanos peruanos continúan careciendo del servicio de agua y alcantarillado desde cuando arribó el COVID-19 hasta hoy en día.

Responsabilidades identificadas y compartidas

A los problemas de calidad del gasto público se le añade los bajos cumplimientos de las inversiones programadas , factores que mantuvieron la inoperatividad de los sistemas teniendo como marco una débil gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). Esta debilidad se produjo como una consecuencia de la ineficacia del gasto público causada , entre otros  motivos, por la concentración del poder económico y político que llevaron a ralentizar las funciones de OTASS y al regulador SUNASS, situación que pasaron agravar la crisis técnica y financiera de las EPS, teniendo a la falta de inversiones previstas y en la caída de las cobranzas, como problemas emergentes del confinamiento por la prolongada inmovilización social.

Antesala de la Emergencia

La externalidad causada por el DS N°010-2017-VIVIENDA publicada el 12 de Mayo del 2017 se evidencia en su primera disposición complementaria en la que establece que las EPS incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) podían solicitar la suspensión del plazo de la etapa de formulación de proyectos y de la etapa de implementación del proyecto y de los compromisos ambientales.
El nivel de liberalidad y discrecionalidad con que actuaron algunos funcionarios responsables de la aplicación de dispositivos anti técnicos permitieron la afectación de la salud pública en Perú, constituyéndose en nexo causal de miles de muertes que se reportan por acción del virus influenciado por la carencia de agua para higiene y consumo humano directo.

En este escenario se sucedieron los decretos supremos : DSN°018-2018-VIVIENDA y DSN° 009-2019-VIVIENDA , que aprueba y deroga respectivamente , aspectos concernientes con el RAT o al régimen concursal de las EPS. 

De los decretos de Urgencia

El 24 de enero del 2020 fue publicado el Decreto de Urgencia DU N° 022-2020 buscando el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales, indicando que las autoridades sectoriales pueden precisar la definición de pasivos ambientales de acuerdo a la naturaleza y características propias de cada actividad sectorial; de igual manera, el 10 de abril del 2020 se publicó el DU N°036-2020 para garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento frente a las consecuencias del COVID-19.

Pasados ocho meses, el 21 de Enero del 2021, se publicó el DU N° 005-2021 con que se aprueba medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan a las EPS cumplir con lo dispuesto por el precitado DUN°036-2020.

Probabilidad de pasar al estado de Catástrofe

De no enrumbar oportunamente las políticas en agua y alcantarillado destinadas a garantizar la salud pública en el país y particularmente en Lima y Callao, el incremento de defunciones en espacios críticos provocaría que el gobierno transitorio eventualmente pudiera decretar desastre nacional, medida que permitiría solicitar ayuda internacional para mitigar el desastre formado en algunos departamentos del país. (Actuación similar a Bolivia , quien declaró el año próximo pasado, desastre nacional por incendios y sequías)

El estado de situación emergente determinada por el COVID-19, plantea un desafío a las oportunas actuaciones de organismos de carácter nacional e internacional que tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos y las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar por la inadecuada gestión y manejo de la cosa pública en Perú.

Es tarea del Congreso de la República, legislar para revertir la gestión en agua y saneamiento.

¿De emergencia a catástrofe nacional en países latinos?

Latinoamérica viene viviendo el paso de la Pandemia del COVID-19, y en algunos países tardará la recuperación deseada tras la crisis de salud, social, económica, ambiental y política en que nos ha sumido en esta parte del planeta la enfermedad transmisible infecciosa, que amenaza en convertirse en una enfermedad endémica para la región.

Ruido Político

Quienes trabajamos hace décadas por hacer posible que el agua de consumo humano llegue a las poblaciones mas vulnerables de latinoamérica, vemos con preocupación que grupos de poder persisten en mantener excluidas a poblaciones desplazadas por el sistema implantado por un crecimiento y desarrollo mal entendido.

Bolivia, se declaró en Estado de catástrofe nacional atribuyendo a la sequía e incendios forestales, por lo que tiene acceso a la ayuda internacional para paliar esta situación; otros países latinos declararon sus territorios en emergencia nacional, sin embargo podrían alcanzar el nivel de catástrofe de no mediar las acciones preventivas necesarias post emergencia. 

Los cambios en las administraciones de los gobiernos latinos, generan un ruido político que podría desestabilizar aún mas la frágil salud pública de la región, en razón que  los tecnócratas priorizan políticas económicas para impulsar la producción y soslayan el alto costo social que representa  continuar relegando a poblaciones vulnerables que se encuentran en los bolsones de pobreza junto a las ciudades, muchas de las cuales alcanzan el estándar de ciudades del primer mundo.

La disponibilidad y acceso al agua y saneamiento devienen en fundamentales para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas, esto lo repito transcurrido tres décadas después que apareciera la epidemia de cólera en Perú, cuando logramos contenerla con acciones inmediatas, las cuales pasaban necesariamente por brindar una AGUA SEGURA.

Agua Segura

Dotar de agua segura a la población en general es absolutamente indispensable para mantener niveles adecuados en la salud pública, esto lo sabemos por experiencia de campo los especialistas que trabajamos en escenarios como Perú y otras realidades similares de América Latina.

El caso peruano se viene agravando peligrosamente desde hace décadas atrás por las inadecuadas políticas implementadas en el sector y la deficiente gestión realizadas en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. 

Los expertos ya habíamos manifestado con detalles las deficiencias existentes en el agua para consumo humano antes del arribo del COVID-19 al Perú, la cual impactaba reduciendo el sistema inmunológico en poblaciones afectadas por carencia de agua o con problemas de calidad de agua; el COVID-19 sólo evidenció  esta situación ante los ojos del mundo, al situarlo entre los países mas impactados del mundo.

Agenda pendiente

Las nuevas administraciones en la región, deben estudiar con detenimiento el manejo político y nada técnico de la gestión del agua en Perú, donde es necesario redoblar esfuerzos para mejorar la gobernabilidad y gobernanza en este extremo. En este espacio pude explicar la dicotomía del agua en términos de cantidad y calidad que políticamente están encargados, por un lado, al sector agricultura que incorpora temporalmente a una autoridad nacional del agua que con sus autoridades locales de agua y las autoridades administrativas de agua, se encuentran en tránsito para ser incorporados por un Ministerio del Ambiente que no termina por "crearse" y por otro lado, tenemos al sector salud que mira la calidad del agua, sin embargo, por cuestiones de los diversos usos del agua, tenemos a un ministerio de vivienda y construcción saneamiento, quien se encarga de promover la instalación del suministro de agua y alcantarillado en todo el país, vale decir, de atender a las zonas urbanas y rurales del Perú. De otro lado tenemos al regulador, que tiene bajo su radar regulador a las denominadas Empresas Prestadoras de servicios de Saneamiento (EPS), mas no a las atomizadas zonas rurales que escapan de su efectivo control. A esto se le agrega el manejo político de las EPS por parte de los alcaldes provinciales y el manejo político de un Estado que impulsa las inversiones en sectores productivos y extractivos, ralentizando el accionar de instituciones como OEFA,SENACE,OTASS, entre otras que polarizan un escenario donde el recurso agua es cada vez mas escaso, particularmente en la costa peruana, donde los efectos del cambio climático, la contaminación de las aguas y la falta de cultura del agua, franquearon el paso a la crisis del agua que ya se deja sentir en varias localidades del país.

Para superar esta crisis del agua y mejorar el estado de la salud pública , es fundamental que las nuevas administraciones de gobierno, incluyendo los organismos multilaterales que apoyan el desarrollo de países de la región, impulsen políticas integrales de desarrollo, priorizando la gestión del agua, dándole un rostro humano y el respeto a la naturaleza donde habitamos.

Lima en ojos del mundo por virus COVID-19

Hace más de tres décadas que vengo indicando y trabajando, junto a otros especialistas, para mitigar la alta vulnerabilidad de la ciudad de Lima ante eventos naturales y antropogénicos. Pese a reiteradas publicaciones, no fuimos escuchados oportunamente y ahora se nos presta alguna atención en Perú cuando un virus se encuentra azotando a la tres veces coronada villa, con un alto costo social y económico, ya que las actividades en Lima representan un importante componente en el PBI del país; asimismo, porque nuestros aportes técnicos son recogidos fuera del país por especialistas, expertos e investigadores que con mayores recursos técnicos y económicos, profundizan en los conocimientos para encontrar una eventual solución a las raíces que dinamizan la rápida propagación del virus.
La falta de prevención y actitud reactiva de las administraciones en turno costará al Perú miles de millones de dólares, cuyos efectos se medirán con una mejor aproximación pasada la primera gran ola de la Pandemia.

Reafirmación de carta abierta al señor Presidente de la República

Hoy 15 de mayo del 2020, Perú (84495 casos) superó a China (82933 casos) en el número de casos de infectados por la cepa del nuevo coronavirus; y con ello ocupa el doceavo lugar entre los países mas infectados del planeta, con el virus SARS-COV-2 ó COVID-19.

La paradoja radica en que China, país donde se originó la Pandemia, tiene 43.7 veces más población que Perú y en Lima se encuentra el 30% de la población peruana. Asimismo,Lima - la capital de la república peruana- que fue asentada inicialmente en la cuenca del río Rímac, incorpora la zona caliente Lima-Callao (61,323 casos) donde se presenta el 73% del total de casos confirmados como positivos al COVID-19. 
Por consiguiente me reafirmo en la convicción que el problema central es Lima, me ratifico en todos los extremos lo que expuse en la carta abierta dirigida al señor presidente de la república peruana ingeniero Martín Alberto Vizcarra Cornejo con fecha 15 de marzo del 2020 en este espacio, cuando indique que en la zona caliente de Lima existía el 86% del total de casos infectados confirmados; hoy en día 15 de Mayo del 2020, dos meses después pese a las estrictas medidas de confinamiento en la población peruana, se mantiene el 73% del total de casos confirmados en este epicentro y en tanto no se formule un tratamiento especial para Lima, el país tendrá un foco infeccioso latente con capacidad de rebrote no solamente a nivel de Perú sino de Latinoamérica.

El origen de la zona caliente

Quienes lidiamos por formación, con bacterias, hongos, helmintos y virus para controlar y mantener la calidad de las fuentes de agua que serán luego usadas en consumo humano,  mediante procesos y operaciones unitarias en ingeniería sanitaria; concordamos en que el agua potable resulta fundamental para el aseguramiento de la salud pública. Asimismo, consideramos que la base primera de todo lo existente es el agua,tal como ya lo sostenía desde el siglo VI antes de cristo el reconocido primer filósofo de la historia Tales de Mileto. 

El traslado migratorio de individuos desde las zonas rurales a las urbanas, aumentó la presión demográfica en las megaciudades y con ello, atender mayores solicitaciones sobre los servicios básicos y especialmente agua. Diversas ciudades en Latinoamérica y particularmente en Perú no son ajenas a esta realidad que las colocó en una situación altamente vulnerables frente a la Pandemia del nuevo coronavirus.
Lima creció empoderándose de las aguas que discurren por la cuenca del río Rímac y cuencas vecinas : Chillón y Lurín,  pero también asumió el pasivo de las aguas residuales , tanto municipales como industriales, que descargadas sin tratamiento alguno, presionaron sobre la capacidad de autopurificación de las aguas, hasta llevarlos a límites insospechados en el tiempo. La cuencas del Rímac es la mas estudiada y documentada del país por las diversas instituciones en diferentes sectores del Estado peruano, quienes muestran la forma cómo fue deteriorándose la calidad del cuerpo de agua hasta extinguir la vida acuática aeróbica, manteniendo condiciones anóxicas en gran parte del río, así como elevada demanda bioquímica de oxígeno. Con aplicación de ingeniería moderna, se recupera el agua potable que abastece a parte de la población localizada en Lima-Callao. Asimismo, se generó una próspera industria de agua embotellada para el consumo humano, que en términos de volumen, la producción total de agua para ser embotellada, ya sea en botella o en botellones, pasó de 78 millones de litros en el año 2000 a 320 millones en el 2010 (enero - noviembre), lo que representa un crecimiento de 310 por ciento. En el mismo período, la producción de agua destinada a venderse en botellas pasó de 18 millones de litros a 286 millones, reflejando un crecimiento de más de 1,400 por ciento. Las cifras demuestran que la población en Lima - hace una década atrás - manifestaba sus dudas sobre la eficiencia en el tratamiento del agua pues tenía ya la disposición de pagar más por la calidad de agua para su consumo directo. Transcurrido el tiempo, actualmente existe una población excluida que carece del acceso y servicio al agua en zonas de Lima, del cual Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM) manifiesta lo siguiente: "1.5 millones de ciudadanos no cuentan con acceso a agua potable ni alcantarillado. Existe un notorio contraste entre la zona urbana y periurbana, donde los pueblos jóvenes y pequeños asentamientos humanos no gozan del servicio de agua , ni desagüe, como el resto de zonas de Lima que sí".

Zona Este de Lima_Cuenca del rió Rímac_ En proceso constructivo para dotar de agua a población.

Aguas residuales para riego 

En la década de los ochenta, cuando registré mi paso por el Centro panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), un organismo especializado de la OPS-OMS de las Naciones Unidas, que justamente se localizaba en Lima, me permitió identificar y sistematizar apropiada literatura técnica que acreditaba los procesos de degradación de los ríos como en el caso del Rímac, posteriormente en la década de los noventa desde el Ministerio de Salud, pudimos acreditar -con muestreos de vertimientos de aguas residuales a los ríos y otros cuerpos de agua- como es que el nivel de degradación del Rímac progresaba inexorablemente con la instalación de ciudades intermedias localizadas a margenes de los ríos, apropiándose inclusive en algunos tramos del lecho fluvial.

El tema se complicaba con el uso de las aguas residuales para riego de plantas de tallo corto que eran destinadas al consumo humano directo. 

Como Lima se encuentra en un desierto y existen periodos de estiaje y las aguas superficiales de los ríos no alcanzaban para el cada vez vez mas escaso uso agrario, es que asociaciones de regantes de la cuenca baja del Rímac, usaban aguas residuales para el riego de plantas de tallo corto destinados al consumo humano. Inclusive en áreas en proceso de urbanización, tapaban con árboles y maleza los buzones y atoraban el alcantarillado sanitario para captar desagües y usarlas para riego. Instituciones como COSAL (1962), ESAL (1971) y hoy SEDAPAL (1981), tuvieron no pocas veces enfrentamientos con regantes que perjudicaban las redes del servicio de alcantarillado.

Inseguridad alimentaria 

El suscrito participó -como director ejecutivo en el Ministerio de salud -en diversas acciones conjuntamente con funcionarios públicos de la fiscalía de prevención del delito y la empresa prestadora de servicios de saneamiento SEDAPAL, para tratar de reducir la contaminante costumbre del riego de áreas agrícolas con aguas residuales.

A inicios de la década de los noventa, con la aparición de El Cólera en Perú, comprobamos desde el Ministerio de Salud que la salud Ambiental en Lima seguía deteriorándose pese al esfuerzo de iniciativas legales que eran incumplidas, dejando frustraciones al tratar de aplicar sanciones ante el riego de plantas que serían destinadas al consumo humano; a los que se sumaron el riego de áreas verdes municipales con agua potable y aguas residuales sin tratamiento, así como la alimentación de ganado porcino con residuos sólidos recolectados en botaderos a cielo abierto.

Posteriormente, ya como director general en el ministerio de salud,impulsamos la incorporación de la ingeniería sanitaria como profesionales de la salud a efectos de mitigar los daños ocasionados en la salud ambiental pues la epidemia de El cólera enseñó la necesidad imperiosa de aplicar conocimientos de ingeniería en salud pública. 

A inicios del milenio, ya como representante de la sociedad civil peruana por la Presidencia del Consejo de Ministros ante el organismo regulador de la inversión privada en los servicios de saneamiento SUNASS, pudimos impulsar estudios para el control que realizaran las empresas prestadoras de agua potable y alcantarillado sanitario a escala nacional y particularmente en Lima, una de las cuales fue publicada el año 2004 con fondos proporcionados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA, denominada "La Calidad del Agua potable en el Perú"; que en su parte destinada a los virus precisa lo siguiente . " Los virus no se pueden reproducir sin una célula hospedera, pero pueden sobrevivir en el medio ambiente durante largos periodos. Los virus entéricos humanos son producidos en muy grandes cantidades por el individuo infectado y se excretan por las heces".  De allí que en mi publicación del año 2006 "Propuestas para una hoja de ruta del Sistema de Alcantarillado-Una visión del Sistema de Alcantarillado de Lima", indicaba que veinticuatro años atrás, en 1996, sólo el dos por ciento (2%) de las aguas residuales eran tratadas en Lima. Pasada una década, en el 2006, el Plan Nacional de Saneamiento, establecía como supuesto para el año 2005 el tratamiento del 10% de aguas residuales. El resto eran arrojadas sin tratamiento a los cuerpos de agua. 
Seis años atrás (2014) , el regulador SUNASS, efectuó evaluaciones para visitar in situ 204 plantas de tratamiento de aguas residuales en los ámbitos de 32 empresas prestadoras de servicios de saneamiento reguladas, con los siguientes resultados : 163 estaban operativas, 32 en construcción y 9 paralizadas.

Ante esta realidad presentada en Perú, las aguas residuales sin tratamiento constituyen un buen indicador de la presencia del virus COVID-19 en una determinada población, de modo tal que sea factible entender su comportamiento para mitigar sus impactos y finalmente neutralizar sus efectos, en ese sentido son especialmente importantes para ver lo que sucede con la ciudad de Lima como caso de estudio para tratar de entender el comportamiento de la Pandemia en esta parte de Latinoamérica.

Inmunización

En las cuencas altas de Perú la transmisión del COVID-19 se encuentra ralentizada para la población localizada en las zonas por encima de los tres mil metros sobre el nivel del mar de Huancavelica, cerro de Pasco, Puno, Moquegua y Apurimac. La contaminación bacteriológica y viral en aguas provenientes de estas zonas altas es mínima , así como el aporte de aguas residuales sin tratamiento. Este hecho se puede correlacionar con el artículo publicado en la revista Respiratory Physiology & Neurobiology; indicando que el elevado índice de radiación ultravioleta, la menor presión atmosférica y el bajo nivel de humedad serían factores que podrían favorecer una propagación más lenta del COVID-19 por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Para llegar a esa conclusión, especialistas en medicina de altura de Australia, Bolivia, Canadá y Suiza analizaron datos epidemiológicos del COVID-19 de Tíbet, Ecuador y Bolivia, los compararon con los de tierras bajas y evaluaron aspectos ambientales y fisiológicos considerados favorables en la respuesta al virus en lugares de altura.

Otro factor que en Perú está por verificarse es la reducción de la virulencia del COVID-19 en las poblaciones dispersas de montaña asociadas a un ambiente sin contaminación del agua, sin descarga de aguas residuales sin tratamiento, seguridad alimentaria y que no tuvieron mayor acceso a programas de vacunaciones  e inmunizaciones en contraste con las cuencas bajas y que si tuvieron una intervención dinámica de programas de vacunación; habida cuenta que el sistema inmunitario se construye con la exposición de antígenos, que es cualquier sustancia que provoca que el sistema produzca anticuerpos contra sí mismo; y por tanto al no reconocerla trata de combatirla.

El Dato : Desinformación - Fake News

Para desacreditar aportes de investigación científica, además de no invertir en ciencia y tecnología, los poderes fácticos que gobiernan al país utilizaron en el pasado medios de comunicación alineados a intereses de colectividades y no mirando el bien común de la Nación; no es la excepción para el caso del COVID-19, pues dirigen la atención del público para atender los efectos y no las causas de los procesos históricos que generaron el problema. Actualmente, la globalización en la información posibilita contrastar valiosas referencias que permiten determinar estadísticas en tiempo real lo que acontece con la Pandemia al interior y fuera del país.En este estado de las cosas, quien no investiga, pierde legitimidad a la hora de criticar determinada cuestión de hecho.

Para una mayor información estadística en la evolución del COVID-19 sugiero revisar, entre otros, los siguientes links : 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://coronavirus.jhu.edu/map.html?fbclid=IwAR1Jc4Mtx-ESvInlGgbkDpuRqnSXiNZ28XB3OyBTayOzSgWZ5lAAjSkvq0Y

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

Prevención en gestión ambiental: Caso SEDAPAL y aniego en SJL

La reciente experiencia del aniego sufrido en la ciudad de Lima -con aguas residuales- resulta muy aleccionadora no solamente desde el punto de vista académico de la prevención, para la ingeniería,derecho, ciencias de la salud y otras especialidades profesionales; todo ello a la luz de la prospectiva del estudio realizado por el instituto nacional de defensa civil - INDECI "escenario sísmico para Lima Metropolitana y Callao : Sismo 8.8 Mw" .

Actores principales

El municipio provincial de Lima, comuna de San Juan de Lurigancho (distrito mas poblado del país) formando parte de la ciudad de Lima, que se encuentra próxima a celebrar sus cuatrocientos ochenta y cuatro años de fundación; la empresa prestadora de servicios de saneamiento EPS SEDAPAL S.A. (EPS mas grande del Perú) y la población usuaria. Adicionalmente se mencionan a las empresas constructora y supervisora de las obras que instalaron la tubería colapsada, así como instituciones reguladora de servicios de saneamiento y promotora de la inversión.

Inundación con desagües

Mediante las redes sociales, vecinos reportaron una gran inundación que se registraba en la madrugada del domingo 13 de Enero afectando la avenida Los Tusilagos, ubicada en la altura de la cuadra 12 de la avenida Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El problema habría sido provocado por una tubería matriz de desagüe rota. Según los primeros reportes del INDECI, este evento alcanzó a inundar con un metro y medio de desagües, afectando directamente a dos mil damnificados, que abarcan cuatro manzanas y cuatro cuadras. La parte afectada es la mas baja que abarca tres cuadras de profundidad.

Activación de alerta temprana

El dos de Enero - Once días antes- medios de comunicación reportaban la aparición de varios forados en el área de influencia, el más grande medía aproximadamente 10 metros de largo por 2 de anchos y tendría entre 3 y 4 metros de profundidad, el cual se habría originado en horas de la madrugada. Paulatinamente se fueron activando la alerta sanitaria, y soporte de instituciones que conforman el sistema de defensa civil, así como la activación de la póliza de seguros por responsabilidad civil que cubre los costos económicos de los daños que inicialmente deberán ser asumidos por la empresa prestadora SEDAPAL S.A.

Causas del evento

Las primeras explicaciones que brinda SEDAPAL explica la emergencia bajo la hipótesis que el peso de la estructura de la estación (del tren) Pirámides del Sol , habría deformado la tubería matriz que recolecta aguas residuales de San Juan de Lurigancho y al obstruirse, el desague se desbordó en los siguientes términos : "La tubería matriz afectada que tenía una antigüedad de cinco años, sufrió una fisura que permitió el ingreso de piedras y tierra que junto a las aguas residuales se acumularon hasta el punto de reducir el diámetro de circulación del desagüe. Los primeros días ese diámetro todavía era suficiente, pero conforme ha ido avanzando el problema se ha generado una retención del desagüe. El agua ha pasado parcialmente y se ha quedado retenida y como ha ido reteniendo el desagüe, entonces los buzones de donde proviene el desague, se han ido represando y llegó un momento en el que alcanzó al nivel del buzón y ha aflorado concentrándose en las partes bajas de la zona afectada.
En Impacto post sismo de lo altamente improbable en Lima expliqué el tema de los suelos de Lima, los riesgos de licuefacción, las edificaciones informales sin asesoría técnica o ausencia del especialista que incrementan los riesgos presentados en construcciones realizadas sobre suelos agrícolas, ex rellenos sanitarios, o botaderos a cielo abierto, ex ladrilleras, o suelos que no responden a las solicitaciones de las cargas que con el tiempo presentan en unas asentamientos diferenciales y en otras, depresiones importantes del terreno. El agua constituye un dinamizador de los procesos físicos y químicos existentes en diferentes horizontes y perfiles de suelo.  

Efectos actuales y potenciales

Los efectos medidos en términos de salud de la población damnificada por el desague colapsado en una sola matriz, así como los bienes materiales afectados y otras externalidades producidas y por generarse en el precitado evento, me permiten reafirmar en posición discrepante respecto a la indulgente estimación de daños efectuada por el estudio para Lima Metropolitana y Callao que arrojaban las siguientes cifras post sismo: 110,313 fallecidos, 2,096,824 heridos, 353,497 viviendas destruidas y 623,882 viviendas inhabitables. La situación real de la autoconstrucción existente en algunos suelos de Lima, específicamente en lugares críticos me permiten hacer esa aseveración.

En consecuencia, la prevención en la gestión ambiental no debiera seguir soslayándose en la ciudad tres veces coronada villa para evitar impactos negativos rigurosos de cara al futuro.

Tutela penal del agua en Perú

La tutela penal del agua actualmente en Perú es ineficaz y fragmentada, hecho que debe corregirse pues debemos cautelar su uso no solamente como un bien jurídico actual sino de las futuras generaciones.

En el país heredero de los incas, existen figuras delictivas que llegan a tener el agua como objeto material de protección, visto en términos de delitos medioambientales y otros relacionados con el mercado y los consumidores; incluyendo a los daños generados por la recurrente interrupción en el abastecimiento y suministro de agua en los sistemas regulados y no regulados por el Estado peruano a través de SUNASS; en las cuales se evidencian debilidad para proteger penalmente el agua en el ámbito punitivo.

Los antiguos peruanos cautelaban la calidad de agua para diversos usos.

Amenaza real e inminente

Los diversos usos del agua , particularmente en el ámbito de calidad para el consumo humano, no es controlado adecuadamente por las autoridades – por carencia de especialización y/o priorizar la cobertura-, lo cual repercute en el abuso indiscriminado del preciado líquido vital . Por esta irresponsabilidad y por la amenaza real e inminente de que las generaciones futuras se queden sin agua de calidad; es necesario que las autoridades evalúen la posibilidad de elevar a rango penal la acción voluntaria del agente que no hace uso adecuado del agua,causando daño y externalidades negativas.

Leyes penales en Blanco

El resultado de mis investigaciones, arrojan una visión holística de la materia aterrizando con la problemática del principio non bis in idem en el marco de la tutela penal y administrativa del dominio público del agua,consignando el obstinado problema originado por las leyes penales en blanco.

Monitoréo biológico en cuencas 

Existen monitoreos que determinaron mayor presencia de metales- hierro,cadmio, plomo, zinc...- en aguas de  diversas microcuencas del país, incumpliendo con normas peruanas establecidos por el D.S. N° 004-2017-MINAM y el D.S. 031-2010-SA.

El metal con mayor presencia en sangre y orina en los pobladores de una microcuenca del norte del país recientemente estudiada fue el Arsénico.

Asimismo, se han documentado en el sureste, Niveles de Mercurio utilizando a peces como bioindicadores.

Denuncias por contaminación de Plomo ocurridas en el centro del país son parte de la casuística presentada para focalizar el problema que se encuentra en la agenda pendiente de los últimos gobiernos nacionales, incluyendo los diecisiete meses de gestión del actual mandatario PPK.

El Dato

El principio Non Bis In Idem en la Constitución peruana, se encuentra enunciado en el inciso 13) de su artículo 139.º, que prescribe "La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada"; y ya expresamente, la Ley Peruana del Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, en el numeral 10 del artículo 230° de su Capítulo II - del Procedimiento Sancionador; lo recoge, disponiendo que "No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento". Esta prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7. De otro lado, en el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957), existe una previsión (en el artículo III del Título Preliminar), que tiene tres dimensiones: El ne bis in idem propiamente dicho ("Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento.Este principio rige para las sanciones penales y administrativas"); La preeminencia del derecho penal sobre el derecho administrativo sancionador ("El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo"); y la excepcionalidad en la revisión de la sentencia condenatoria. 

Ingeniería especializada para solucionar problemas de EPS

Una interesante síntesis del problema que vienen afrontando actualmente las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en Perú es redactada por Roselló abogados y publicada en el diario Gestión, bajo el título : Problemática de las EPS ¿ Un problema con solución?.

Con el agregado del problema de la contaminación química del agua, en sus diversas formas, que presentan EPS y el entendimiento sobre lo que significa el monopolio natural, economía escala,inversiones eficientes y la intervención de ingeniería especializada para darle solución a los problemas de EPS; convengo en términos generales con lo propalado en la siguiente forma :

"Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS)son, casi exclusivamente, empresas públicas de propiedad municipal. De acuerdo a la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento – D.Leg. 1280, las Municipalidades Provinciales son las responsables de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano a través de las EPS.

En nuestro país existen 2 excepciones a esta regla: Sedapal y Atusa. Sedapal (Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima es una empresa estatal del gobierno central bajo el ámbito de Fonafe y Atusa (Aguas de Tumbes S.A.) es una empresa privada a la que se le otorgó la concesión para la prestación de los servicios de saneamiento en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

El OTASS (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento) efectúa, como parte de sus funciones, una evaluación de la gestión de las EPS bajo su ámbito (todas menos Sedapal y Atusa). De acuerdo al informe publicado por el OTASS, de la evaluación efectuada a 49 EPS en Gobernabilidad y Gobernanza 2014 se encontró lo siguiente: 1. EPS con calificación de buen desempeño:0 (cero);2. EPS con calificación de regular desempeño: 9 ; 3. EPS con calificación de bajo desempeño:12; 4. EPS con calificación de muy bajo desempeño: 28.

Como se puede apreciar, los problemas en la gestión de las EPS son evidentes. Lamentablemente, las EPS presentan deficiencias en: (i) calidad del agua potable; (ii) continuidad en la prestación del servicio (a veces se brinda el servicio sólo por horas); (iii) no dar un adecuado tratamiento a las aguas residuales; etc. Todos estos problemas redundan en una menor calidad de servicio al usuario. A su vez, las EPS presentan problemas de gestión tales como la cobranza (el ratio de morosidad) y habitualmente el monto de las tarifas es insuficiente para cubrir los costos de operación y mantenimiento y además realizar las inversiones necesarias para mejorar el servicio.

El cobro de una tarifa que sea suficiente para brindar un mejor servicio es difícil de poner en práctica por lo siguiente: (i) la resistencia social que genera cualquier anuncio de incremento de tarifas; (ii) para el cobro de tarifas se requiere sustentar técnicamente ante la SUNASS las razones que llevarán a dicho incremento, el plan de inversiones y el mejoramiento del servicio. Muchas veces las EPS no logran sustentar adecuadamente ante la SUNASS las razones para que se apruebe un incremento de tarifa, o por lo menos, no en la magnitud que se requeriría para mejorar significativamente el servicio. Al no lograrse sustentar adecuadamente, la SUNASS no aprueba los incrementos tarifarios necesarios y persiste la situación en que la EPS no puede mejorar la calidad del servicio. Todo ello además del problema social que significa el incremento de tarifas. Otro de los problemas que dificulta un buen desempeño de las EPS es el relacionado a los sueldos y salarios. Habitualmente se pagan salarios muy bajos, en comparación con el mercado, para los puestos gerenciales. Se requiere personal capacitado y experimentado para que gerencie las EPS y para los puestos tales como gerente de operaciones o gerente de inversiones o infraestructura. Sin embargo, las EPS están atadas de manos puesto que el rango salarial que pueden pagar es muy limitado y ello no les permite contratar al personal idóneo. El no poder aplicar las tarifas que técnicamente se requieren impide que las EPS tengan recursos para que hagan las inversiones que permitan brindar un buen servicio. Así por ejemplo, para mejorar la calidad del agua potable, se requiere invertir en mejorar la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Para incrementar la continuidad del servicio se requiere invertir en obras de captación, conducción y derivación de agua, o en pozos subterráneos o alguna otra alternativa que permita contar con mayor volumen de agua. Asimismo, para mejorar la distribución y reducir las pérdidas, se requiere invertir en los colectores y tubería de distribución, reemplazando la que se requiera y dándole mantenimiento a la que sea necesaria. De otro lado, para reducir la contaminación del mar y de los ríos y para cumplir con la normatividad ambiental, se requieren grandes inversiones en el tratamiento de las aguas residuales. Todo ello requiere inversión, recursos frescos y no se pueden conseguir si no se cobra una tarifa técnicamente determinada.Todo lo anterior conduce a muchas EPS a entrar en un “círculo vicioso” en donde cada eslabón de la cadena contribuye a que perdure en el tiempo el mal desempeño de la EPS y la mala calidad del servicio.

Asociaciones Público Privadas

Una de las alternativas que se utiliza en otras partes del mundo para mejorar significativamente la calidad de los servicios de saneamiento es la utilización de las APP (Asociaciones Público Privadas) para que, con la participación intensiva del sector privado, se pueda revertir esta situación: efectuar las grandes inversiones necesarias, contar con personal capacitado, mejorar la calidad del agua potable, garantizar la continuidad del servicio y cumplir con las normas y estándares ambientales. Así por ejemplo, podemos mencionar que desde 1990 se han suscrito más de 260 contratos para otorgar a operadores privados la gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano en los países en vías de desarrollo. Las ventajas de una APP medianamente bien diseñada son muchas dado que el enfoque de las APP es por resultados.

En ese sentido con una APP se puede lograr: (i) que el sector privado provea el financiamiento necesario para ejecutar las inversiones necesarias; (ii) que el sector privado ejecute las inversiones asumiendo el riesgo de diseño y construcción; (iii) que el sector privado se comprometa a brindar un servicio de agua potable con calidad y continuidad,estableciendo fuertes incentivos y penalidades o deducciones en caso de no cumplir con el nivel de servicio estipulado; (iv) que el sector privado,igualmente, se haga responsable por el cumplimiento de los estándares ambientales.

Habiendo dicho esto, debemos señalar también que sería difícil implementar un programa agresivo de APP en el sector saneamiento en nuestro país, por lo menos bajo la modalidad de encargarle todos los servicios de saneamiento a un operador privado, debido a la resistencia social y política que ello podría generar. En efecto, existen sectores de la sociedad civil y actores políticos que se oponen rotundamente a la participación del sector privado en el sector saneamiento. Desconocer ello sería una necedad.

Por tanto, si mañana se anunciará que se entregará en concesión los servicios de saneamiento de 5 o 10 provincias, seguramente se iniciarán protestas sociales y no faltarán dirigentes políticos que se opondrán a estas medidas utilizando el estribillo de “privatización”. Otra de las razones por las cuales no sería sencillo implementar este tipo de APP, es debido al desempeño de la única EPS entregada en concesión en el norte del país. Lamentablemente, dicha EPS no ha presentado los resultados esperados y, entre otras razones, debido al diseño del contrato y al esquema de inversiones planteado, no se han realizado las inversiones necesarias para lograr una mejora significativa del servicio en beneficio del usuario final. Por tanto, la percepción de los pobladores de las provincias atendidas por dicha EPS no es óptima.

Ante esta situación, la alternativa por la que se ha optado desde hace algunos años, es la de brindar un apoyo desde el gobierno central a favor de las EPS, tanto en la gestión como en la dotación de recursos para las inversiones necesarias.

En efecto, mediante la Ley 30045 – Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento se creó el OTASS, como un órgano encargado de evaluar el desempeño de las EPS a nivel nacional y, de ser el caso que incurran en las causales previstas en la norma, incorporarlas en el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT,un régimen bajo el cual es el OTASS el que interviene para mejorar la administración y gestión de las EPS.

Bajo dicho marco legal la primera EPS que se incorporó al RAT fue la EPS Moquegua en febrero de 2015. Luego de 2 años de vigencia del régimen y tomando en consideración que durante una primera etapa se realizó un diagnóstico de la situación de la empresa y un plan de acción, se han ido logrando los siguientes resultados: (i) incremento en la cobertura del servicio de agua potable; (ii) incremento en la continuidad del servicio en sectores críticos; (iii) medidas de mejora en el ambiente y calidad de vida de la población (evacuación de lodos y limpieza de las lagunas de oxidación); (iv) mejora en la captación y producción de agua; (v) mejora en la recaudación comercial de la empresa; y, (vi) mejora en la atención al cliente; entre otros. Como se puede apreciar la experiencia en la EPS Moquegua ha obtenido resultados positivos.

Sin embargo, debemos señalar que el camino para consolidar dichas mejoras no es fácil puesto que se requiere de recursos humanos, materiales y financieros. Actualmente ya se encuentran incorporadas en el RAT 13 EPS. En cada una de ellas el OTASS está adoptando las medidas necesarias para mejorar el servicio a favor de los usuarios, aunque para ello requieren de transferencias de recursos para financiar las inversiones necesarias. Los esfuerzos del OTASS resultan encomiables y sirven para mejorar, paulatinamente, la gestión, la solvencia económica y la calidad del servicio de las EPS. Sin embargo, debemos buscar medidas adicionales para garantizar de manera sostenible un servicio de calidad en las EPS a nivel nacional. Para ello,no debemos descartar alternativas, evaluando la posibilidad de utilizar APP integrales, es decir, de encargar al sector privado la totalidad de los servicios de saneamiento de una EPS, previo estudio y diseño adecuado del contrato, bajo el marco legal de las APP. Asimismo, se tiene que continuar apoyando la labor del OTASS, impulsando las mejoras que sean necesarias al marco legal vigente y dotándola de suficientes recursos. El camino por recorrer es largo, pero se deben continuar con las acciones necesarias para mejorar la calidad de los servicios de saneamiento, para incrementar la cobertura, para garantizar su continuidad y para cumplir con las normas y estándares ambientales. Sólo de esa manera podremos sentar las bases para un desarrollo sostenible".

¿Cómo se podría reflotar EPS en Perú sin el concurso de especialistas e invirtiendo 50 mil millones de soles en el sector saneamiento?

Un interesante artículo de Karina Montoya publicado por la importante revista peruana Semana Económica, recoge la opinión autorizada del ex ministro de vivienda,construcción y saneamiento, y flamante presidente del directorio de la EPS mas grande del país SEDAPAL y director Ejecutivo de OTASS ingeniero sanitario Edmer Trujillo,en los siguientes términos:

"Reflotar las empresas prestadoras de agua y saneamiento (EPS) en crisis financiera y operativa le está resultando al Ejecutivo más difícil de lo planeado. Y no es obstáculo menor para alcanzar cobertura universal de servicios de saneamiento al 2021, la promesa de campaña del presidente Kuczynski.

En el Foro Peruano de Inversión e Infraestructura 2017, organizado por Semana Económica y Seminarium, especialistas discutirán la nueva generación de APP en el Perú en diversos sectores, y los retos para financiarlas. 

Como analizó previamente SEMANAeconómica, de los varios problemas que atraviesan las EPS, uno que dificulta su reflote es la falta de capacidad del Ejecutivo de renovar la plana profesional al interior de las EPS. Actualmente, la escala remunerativa presenta amplias brechas entre los gerentes en las EPS de alcance regional, como en Lima o Arequipa, y las de alcance distrital.

Edmer Trujillo, director de la OTASS —entidad técnica del Ministerio de Vivienda a cargo del reflote de las EPS—, reconoció que el problema es grave, y que por ello “no se puede traer a mejores profesionales”, indicó ayer durante una charla técnica organizada como antesala a Expo Agua 2017.

“En Sedapar [Arequipa], el gerente general percibe alrededor de S/.6,000. En las demás EPS, los montos son muy pequeños: el sueldo más bajo de un gerente general es de S/.1,500. No se puede traer a mejores profesionales”, explicó Trujillo.

Esta brecha, frente a un gerente general en Sedapal, es mayor, pues puede percibir hasta S/.15,000. Aunque el monto es mayor que en otras regiones, está muy por debajo del promedio del sector privado para ese tipo de actividades altamente técnicas.

“En la mejora de remuneraciones, el sector saneamiento es el más detenido del país. Todos los otros sectores han avanzado. Estos servicios requieren personal especializado, que es imposible incorporar con los sueldos que se tienen. ¿Se imaginan cuánto percibe el resto del personal? Realmente es una situación muy complicada”, continuó Trujillo.

EL CONGRESO IMPIDE RENOVACIÓN

Trujillo no indicó qué medidas tomaría la OTASS o el Ministerio de Vivienda sobre la escala remunerativa de las EPS, ni declaró después de su presentación. El funcionario podría optar por cambiar las principales cabezas de las EPS, integrar a las EPS de menor escala, y presentar una nueva escala remunerativa, desde cada EPS, al MEF.

La renovación será posible en tanto la OTASS incorpore a las EPS en crisis al Régimen de Administración Transitoria (RAT), que básicamente permite al Ministerio de Vivienda administrar la EPS en su conjunto.

A julio del 2017, el 28% (13) de 50 EPS —excluyendo Sedapal y Aguas de Tumbes, que es privada— estaba intervenida por la OTASS. Hasta esa fecha, otras 12 EPS calificaban para ingresar al RAT. En su presentación del martes 24 de octubre, Trujillo actualizó la cifra a 16 EPS. Como proceso de intervención, lo primero que sucede en una EPS intervenida es el cambio de sus directores, lo cual permite cambiar también a los gerentes.

Pero ya no se podría continuar con la renovación del directorio, al menos no en el caso las próximas 16 EPS que ingresarán al RAT. La Ley 30672, aprobada a inicios de octubre por el Congreso, eliminó la facultad del Ministerio de Vivienda de remover a los directores de las EPS en el RAT, como lo establecía el reglamento del Decreto Legislativo 1280.

Así, la dificultad del Ejecutivo para reflotar las EPS se viene complicando no sólo por las amplias brechas salariales, sino porque una vez que administre las EPS, tendrá una facultad menos para conseguir eficiencias en menor tiempo.

Entre el 2009 y el 2016, la inversión pública en el sector saneamiento llegó a S/.29,000 millones, “y lamentablemente, los resultados no han sido los esperados”, reconoció Trujillo. Para los próximos cinco años, ese presupuesto es de S/50,000 millones, gran parte de ello a cargo de ejecución subnacional. ¿Está a punto de repetirse la historia?"