¿Porqué los daños son mayores en cada fenómeno El Niño en Perú ?

La informalidad es una restricción que incide sustantivamente en los crecientes daños causados en los periodos de retorno del Fenómeno El Niño (FEN) en Perú. La mayor frecuencia en que se presenta este fenómeno, agudiza la crisis pendiente por resolver en las administraciones pasadas, hecho que además de producir un costo social alto, genera millonarias pérdidas al tesoro público, frenando el crecimiento y desarrollo del país.

El FEN se muestra con lluvias intensas en el norte,sequía en el sur y distorciones climáticas en el resto del país. 

Esta informalidad es multicausal, pero en las últimas décadas el incremento de la informalidad en las edificaciones de las ciudades costeras producen escombros que en volúmenes importantes son arrastrados hacia las cotas bajas, aumentando los riesgos y  vulnerabilidad por erosión,colmatación,inundación y el consecuente incremento de enfermedades metaxenicas ante la presencia de aguas residuales estancadas. 

Episodios del fenómeno El Niño 

Investigaciones arqueológicas han demostrado la presencia de radicales cambios del clima que afectaron a las culturas pre incas ubicadas en la costa peruana, reportándose más de un centenar de eventos registrados después de 1532, año en que los españoles fundaron Piura la primera ciudad en sudamérica, localizada en el norte peruano y que los cronistas e historiadores describieron sin contar con la cantidad de instrumentos de medición meteorológicas e hidrológicas que nos permite la modernidad a cada país.

Por el documento "Las lluvias en Piura" publicado en el año 1895 por el Dr. Víctor Eguiguren y otros posteriores, se conoce de una serie de episodios con importantes lluvias ocurridas en los años:1541;1652:1701;1720;1728;1790;1804;1814;1828;1845;1864;1871;1877;1884;1891;1925; 1982;1997 , 2017 y 2023-24. Este último evento se culminará de identificar con el registro de monitoreos en la próxima actualización mensual de la NOAA a efectuarse el día 11 de Mayo de de 2023.

La relación de causalidad entre la aparición de la corriente de El Niño en el mes de diciembre, la elevación de la temperatura en la superficie marina y las grandes inundaciones con periodos de ocurrencia en intervalos de siete (7) años ya se presentaron en Perú, muchos llegaron alcanzar episodios de estragos hasta los meses de  Abril y Mayo.

Impactos diferenciados

Si bien las referencias históricas indican los eventos de intensidad extraordinaria ocurridas con los fenómenos El Niño de los años 1891;1925-26; 1982-83; 1997-98, los impactos que ocasionan son diferenciados tomando en consideración el espacio geosocial de la cuenca, el planeamiento urbano y regional, las medidas de prevención y mitigación adoptadas, entre otras variables.

Es así que el monitoreo de los efectos del fenómeno reportan resultados diferenciados en Ecuador y colombia, respecto a lo que acontece en Perú.

El territorio peruano, por su alta complejidad respecto a su geomorfología,hidrogeología, diversidad climática y otros elementos que requieren de soluciones técnicas basadas en la naturaleza, aspirando a que el hombre y los Ecosistemas puedan interactuar armónicamente. 

En ese sentido, las valiosas informaciones de alerta temprana que presenta la NOAA como con el caso del índice ONI para visualizar los episodios de El Niño, permiten a instituciones nacionales como ANA,IMARPE,SENAMHI,DHN,INDECI,IGP,CENEPRED y otras que conforman el comité ENFEN, reportar en forma oportuna las anomalías detectadas en el oceano y la atmósfera a efectos de reducir los impactos producidos por el fenómeno El Niño.

Sin embargo, cabe fidelizar in situ la información proporcionada con las características particulares de las cuencas y acuíferos en el país; toda vez que los instrumentos de monitoreo modernos pueden pasar por campos de anomalías susceptibles de ser aliviados para mejorar en la prevención.

Se puede entender lo antes mencionado al visualizar la alerta temprana para el fenómeno El Niño 2015-2016 y que en el siguiente año 2017 causara importantes daños en Perú.

Otro registro de gran importancia resulta la data sobre la temperatura de la superficie del mar de reconstrucción extendida, que nos permite identificar el punto de inflexión de las curvas medidas para periodos de treinta años y ver el protagonismo que toma la tendencia creciente hasta el mes de Mayo.

Intensidad del Fenómeno El Niño Vs problemas de inundación

Las grandes ciudades localizadas en la franja desértica costera peruana, cuentan con infraestructura hidraúlica mayor para usar adecuadamente el recurso hídrico tan valioso en ecosistemas de oasis. 

De esta forma se construyeron progresivamente infraestructuras para almacenar el agua,presas,canales de derivación y obras de afianzamiento destinada a diversos usos y regular los caudales de los ríos controlando las inundaciones.

En el caso de la cuenca Chira-Piura, se cuenta con el siguiente esquema de infraestructura hidraúlica mayor :

La informalidad alcanza al crecimiento urbano, cuya dimensión no alcanza a controlar las inundaciones.

En el presente esquema se puede resaltar el reservorio de San Lorenzo (Inaugurado en 1959, como parte de la segunda etapa del proyecto de derivación de las aguas del río Quiroz hacia el río Piura) y el reservorio de Poechos.

Reservorio Poechos, ubicado en el cause del río Chira,inaugurada en 1976.

Presa de derivación Los Ejidos, inaugurada como parte de la segunda etapa del proyecto Chira-Piura, en el año 1985.

Presa de derivación Sullana,inaugurada como parte de la tercera etapa del proyecto Chira-Piura, en el año 1997.

La operación del sistema fomenta el uso real y beneficioso del recurso agua , impulsando la recarga de la napa freática en el acuífero confinado tanto en el alto como bajo Piura.

Con la presencia de las diversas intesidades con el fenómeno de El Niño, se presentan escenarios marcados caracterizados por torrenciales lluvias que generan grandes avenidas en los ríos, haciendo rebasar la capacidad de almacenamiento de los reservorios, los mismos que mediante sus aliviaderos , vierten los caudales de las grandes crecidas hacia los ríos en las zonas de influencia de las ciudades. 

En este contexto, Piura cuenta con un tejido de drenes que conforman un sistema de drenaje construido a través del tiempo y que en teoría debieran ajustarse a los planes de desarrollo de la región.

El otro escenario que explica como es factible tener una ciudad inundada contando con drenes, canales y obras complementarias de drenaje limitadas por una mayor presión demográfica caracterizando al crecimiento desordenado de las ciudades, donde la informalidad en las construcciones  permite crear cuellos de botella dinámicos. También influye la operación adecuada para la descolmatación de reservorios ante grandes avenidas teniendo en consideración la geomorfología fluvial y el control de erosión.

Los miles de millones de dólares que se gastaron para atender los daños producidos por el fenómeno El Niño en territorio peruano con el devenir de los tiempos, pudieron invertirse en mejor forma de haber reducido la informalidad en los procesos constructivos y de gestión.

Constituye todo un desafío reducir los daños en cada evento producido, independientemente de la intensidad del fenómeno.

En estricto la informalidad pasa por el incumplimiento del ordenamiento legal sobre la materia, pues en el proceso del manejo de residuos sólidos y el tema específico de las escombreras tiene sus antecedentes antes y despúes de los desastres generados por el denominado El Niño costero en Perú del año 2017, con el DS.N° 003-2013-VIVIENDA, modificado por el DS. N° 019-2016-VIVIENDA ; asimismo se soslaya lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1278 (2016) y su reglamento dispuesto por el DS.N° 014-2017-MINAM (2017) y la inobservancia de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1501 (2020), la cual faculta en el artículo 16 inciso c al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental para supervisar,fiscalizar y sancionar a los responsables(...) independientemente si están bajo responsabilidad del sector público o privado.:

En este brumoso escenario, se contempla que los daños son mayores en cada fenómeno El Niño, por causas antropogénicas y no exclusivamente por causas naturales; para lo cual en el año 2021, se puso en vigencia la Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente - Ley N° 31358, norma que faculta al organismo rector del sistema nacional de control gubernamental, acompañar desde la fase de formulación y evaluación, así como en la fase de ejecución de aquellas inversiones públicas cuyo monto supere los diez millones de soles.

El Dato

►La informalidad en el manejo y gestión de la prevención de riesgos en territorio peruano, representa una de las principales condiciones de trabajo que resultan vinculantes con la recurrente crisis en su ordenamiento territorial y los daños emergentes producidos tras cada evento del denominado fenómeno El Niño..

►Quienes participamos en los episodios extraordinarios de El Niño 1982-83 y quince años después, en 1997-98, suscribimos la estimación que los daños causados por este episodio a nivel del planeta superaron facilmente los noventa y seis mil millones de dólares (US$96.000 millones), suma cinco veces superior al costo del episodio de 1982-83 (US$19.200 millones).

Para el caso peruano, donde el subregistro no es ajeno a su realidad, en el Niño 1982-83 los daños estimados fueron tres mil doscientos ochenta y tres millones de dólares (US$ 3.283 millones), en tanto que en el episodio de 1997-98 se generó 1.06 veces más, llegando a la cifra de tres mil quinientos millones de dólares (US$ 3.500 millones). 

¿Dilatando plazo de formalización?

En nuestro comentario de ¿Más plazos de formalización minera? nos preguntábamos ¿Cómo actuará el gobierno con quienes no presenten declaración alguna? y como respuesta, una vez vencido el "último" plazo el pasado 19 de Abril del 2014, el ejecutivo publicó en la misma fecha el Decreto Supremo N° 029-2014-PCM a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que regula la denominada nueva “estrategia o etapa de saneamiento para la minería informal”.

Andina explica los detalles del proceso a seguir en los siguientes términos:

"Tras vencerse el plazo para la formalización de mineros informales, comienza hoy una nueva etapa de consolidación de esta tarea, en coordinación más estrecha entre el Ejecutivo, gobiernos regionales y las bases mineras, dijo el alto comisionado para la Interdicción y Formalización de la Minería, Daniel Urresti.

"Pasamos ahora a la etapa de saneamiento. En los primeros 120 días vamos a reunirnos el Ejecutivo, las direcciones regionales y dirigentes para dialogar, analizar donde se está flaqueando y proponer mejoras para la consolidación del proceso", remarcó.

Según indicó a la Agencia Andina, desde el  Gobierno existe la disposición de mejorar las normas y allanar obstáculos que puedan afectar esta labor, y se espera de los mineros el compromiso claro y contundente de querer formalizarse.

Con ello, añadió, se podrá establecer metas precisas respecto a cuantos informales podrán formalizarse por año y por regiones.

"Se establecerá un cronograma donde se fijarán las metas anuales de formalización, que será competencia directa de las direcciones regionales de Energía y Minas. El Ejecutivo acompañará este trabajo", añadió.

A la fecha, recordó que existen 70,000 declaraciones de compromisos de formalización; y que aquellos informales que no presentaron este documento hasta ayer, 19 de abril, deberán seguir un régimen ordinario si tienen la voluntad de cambiar.

"Los que no se inscribieron no podrán seguir trabajando hasta que no tengan el permiso, es la gran diferencia respecto a los que sí lo hicieron; lo que no implica que no se puedan formalizar, pero será por el régimen ordinario", comentó.

Urresti refirió que con la formalización se podría recaudar en impuestos lo equivalente al 12 por ciento de lo que paga actualmente la minería formal.

"El Estado podrá fiscalizar y lograr que se realice una pequeña minería con técnicas que aseguren una mayor productividad y que no se contamine, se mejorará estilo de vida, serán sujeto de créditos y podrán crecer", agregó.

Respecto a la minería ilegal, insistió en que estos serán interdictados con megaoperativos ya planificados en regiones como Madre de Dios, Puno y Cusco, que forman un triángulo donde se concentra la actividad ilegal en el país.

Solo en Madre de Dios, estimó, hay 60,000 hectáreas depredadas; y en Puno, en la parte alta de la cuenca del río Ramis y Suches, la cifra llega a 94,000.

Paralelamente, dijo, continuará la destrucción de plantas donde se procesa el oro ilegal, labor que se ha desarrollado a la fecha en las regiones Ica y Arequipa".

Descentralización & botín minero

En contradicciones del canon minero  anotamos las cifras concernientes a transferencias de canon minero a nivel nacional para el periodo 2000-2011 y en reducción del canon minero- 2013, indicamos que las cosas se pondrían mas tensas,recomendando a la administración del gobierno peruano_siguiendo su política de nueva relación con el sector minero_tome las medidas adecuadas a efectos de mitigar los potenciales conflictos sociales que puedan surgir en las regiones mas afectadas con la reducción del canon minero.

Pese a los 13,261 millones de soles transferidos por el gobierno central en el periodo 2011-2013, algunas regiones manifestaron su disconformidad, como Ancash, a la que se destinó 20% del precitado monto, es decir,  2,729 millones de nuevos soles, distribuidos por años de la siguiente manera: 791 (2011), 985 (2012) y 953 (2013). Sin embargo, se produjeron protestas sociales en febrero del 2014 promovidas en el propio ejecutivo representado por el señor César Álvarez, presidente del gobierno regional de Ancash. Una suerte de réplica de lo acontecido anteriormente con el señor Gregorio Santos, presidente del gobierno regional de Cajamarca.

El hecho es que la falta de control en los gobiernos regionales y municipales que gozan de los fondos provenientes del canon minero, las han convertido en zonas altamente vulnerables a la corrupción. Ya no solamente se festinan contratos con los fondos públicos obteniendo pingues ganancias, sino que se llega hasta al asesinato de adversarios políticos en un año electoral, donde tomar "el control y manejo de la cosa pública" se hace altamente rentable. 

Juan Sheput, con el título "Ancash o el crecimiento económico sin instituciones" expone un interesante punto de vista sobre el particular:

“Acostumbrados como estamos a analizar las consecuencias de los problemas y no sus causas, un grupo de congresistas, funcionarios del Poder Ejecutivo,  Ministerio Público y Contraloría se han dirigido a Ancash a investigar los extraños sucesos que vienen sucediendo en esa riquísima región.  Mediatizado el tema, es importante que los funcionarios estén allí. Es una forma de alcanzar notoriedad. Cierto es que las sucesivas muertes (quince), de ciudadanos que de una u otra forma eran enemigos de César Álvarez, amerita el inicio de una investigación policial a fondo  en la zona, pero también es cierto que en esta situación tiene mucha responsabilidad el Estado que, a través de sus endebles instituciones no ha sabido manejar el “éxito” expresado en el ingreso de millones de soles, impensables antes, en las arcas de la región Ancash.

El problema no es la descentralización como señalan algunos despistados, sino la forma como a ésta le eliminaron sus controles. Un proceso de regionalización y descentralización es muy complejo. Chile y Colombia, en América Latina, y España, en Europa, tienen grandes problemas en sus procesos de descentralización. Pero insisten en él pues saben que es, en el largo plazo, positivo en el desarrollo de sus países. Colombia, Chile y España tienen en sus respectivos núcleos académicos sendos organismos de investigación que aportan políticas públicas y sugerencias a sus respectivos procesos de regionalización. Aquí en el Perú no. Nuestras universidades, movidas por el afán de maximizar sus ganancias, no tienen interés en crear centros de desarrollo regional o territorial. No es rentable y así la ignorancia impera en el análisis de los hechos recientes.

El proceso de regionalización que tuvo su primer impulso durante el gobierno de Alejandro Toledo creó un Consejo Nacional de Descentralización (CND) para que coordine y monitoree los planes de desarrollo territorial. Se exigía a las regiones construir capacidades (con capital humano adecuado) y planes de desarrollo, antes de traspasar competencias (como Salud o Educación) o recursos económicos, es decir presupuesto. Había exigencias previas y candados, en aras de un desarrollo regional adecuado.

Ello fue destruido durante el gobierno de Alan García. El expresidente, fiel a su pensamiento de corto plazo y a su afán de crecer económicamente a como dé lugar, eliminó el CND y en su lugar puso a una simbólica Secretaría de Descentralización a quien nadie hace caso; eliminó las “trabas” (capacidades y planes de desarrollo) y ordenó las transferencias de competencias y recursos, sobretodo recursos económicos,  a las regiones con el afán de que gasten sin control.

Al eliminar los planes,  los elementos intangibles de un Plan de Desarrollo como la educación o la promoción  de la cultura a través del civismo se fueron al tacho y en su lugar solo quedó el afán por la obra física, esa que se puede ver y por sobretodo licitar. Aún más se eliminó el filtro del SNIP con la complicidad del Ministerio de Economía y Finanzas y así, gracias al expresidente, las regiones se transformaron en centros de recepción de ingentes recursos, que se pueden gastar sin control, convirtiéndose literalmente en un botín. Lo mismo pasa con las alcaldías. La Contraloría, que tampoco tiene un plan de control de gobiernos locales o regionales, siguió al igual que el gobierno en piloto automático y contribuyó al desorden que hoy impera en la mayoría de las regiones, envueltas en escándalos, licitaciones, corrupción y crímenes.

Claro está que eso no desestimula a los aspirantes a ocupar una alcaldía o la presidencia de un gobierno regional. Es suficiente ver cómo en Ancash, a pesar de los crímenes supuestamente atribuidos a rivalidades políticas, hay más de 10 precandidatos. El presupuesto, léase mejor el botín, es apetitoso y bien vale que se corra el riesgo. Hay en la práctica un descontrol en todo el universo de alcaldías y gobiernos regionales. Si no lo cree mire a su alrededor:  cuántas veces en su barrio o alrededores rompen, construyen y vuelven a romper las mismas avenidas, pistas y veredas; cuántas veces rediseñan los parques; con qué facilidad se cambia el ordenamiento urbano para dar cabida a monstruosos edificios que desentonan al construirse en pequeñísimas calles.

La regionalización en sí no es mala. Lo que nos sucede es consecuencia de eliminar los controles durante el gobierno pasado y también responsabilidad del actual gobierno, de Ollanta Humala, cuyo ministro de Economía entiende el piloto automático como simple consumismo o estímulos artificiales del gasto público y que no ha hecho nada por modificar las reglas de juego establecidas en el gobierno de Alan García.

Lo que sucede en Ancash, si no fuera por los crímenes execrables,  sería el remedo de lo que sucede en la mayoría de gobiernos locales y regionales donde el afán de servicio al vecino ha quedado de lado en aras de gastar, sin controles, el suculento presupuesto municipal o regional.

Incertidumbre minera 2011_2013

Transcurridos veintiún (21) meses de asumida la administración de Estado peruano, el ejecutivo _ al parecer_ estaría haciendo esfuerzos por resolver la incertidumbre y expectativas mal fundadas generadas con la Ley de Consulta Previa (Aprobada por el Congreso en Agosto del 2011).
La consulta previa, planeada para que haya mayor paz social, terminó siendo  todo lo contrario y tiene a la administración Humala arrinconada tanto por empresarios como comuneros presionándolo, unos para invertir y los otros para defender el agua que alimenta a sus bosques y forma de vida.
En vista que pasado este lapso _21 meses_ no se cuenta con la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la precitada Ley de Consulta Previa, el ejecutivo decidió aceptar la renuncia de un funcionario de nivel viceministerial y sin embargo, mantiene las mismas dificultades primigenias, de la propia administración del estado peruano y las empresas_Mineras_ para dirimir intereses y tensiones con las comunidades.
El prestigioso diario El Comercio, grafica lo expresado en los siguientes términos:  
La tensión acumulada durante los últimos meses entre el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Energía y Minas(MEM) estalló esta semana. Un día después de la entrevista dominical dada por el presidente Ollanta Humala, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, presentó su carta de renuncia y el viernes el Ejecutivo la aceptó. Su salida no solo pone en evidencia las irreconciliables posturas en el Ejecutivo sobre cuáles son los pueblos indígenas con derecho a ser consultados y la necesidad de asegurar nuevos proyectos mineros, marca también el inicio de una feroz lucha de poderes y visiones sobre dónde y cuándo hay que impulsar la consulta previa en el Perú. En la entrevista, Humala recogió la visión del MEM, cuestionó la existencia de pueblos indígenas en los Andes y señaló: “En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria”. De ese modo Humala marcó distancia de la propuesta del Viceministerio de Interculturalidad, que había incluido en su base de datos de pueblos indígenas -aún sin publicar- a comunidades aimaras y quechuas de Apurímac, Áncash, Lambayeque, Huánuco, Ayacucho y el Cusco, regiones donde se sitúan los principales proyectos mineros.

Localización de proyectos mineros auríferos en Perú.

COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las declaraciones de Humala no fueron aisladas. Se produjeron en la misma semana en la que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, confirmó que 14 proyectos mineros ubicados en la sierra no pasarían por la consulta previa, a pesar de que desde inicios de este año el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de su sector incluye la necesidad de realizar la consulta antes del proceso de exploración minera y luego para la explotación. ¿Cuáles son los proyectos que no se consultarán? Solicitamos la información al MEM, pero no respondieron. Uno de los problemas respecto de las comunidades campesinas es la ausencia de cifras claras. Mientras el último censo hecho por Cofopri (2010) señala la existencia de 6.069 comunidades campesinas en la costa y la sierra, Sunarp tiene registradas 6.234. “No entendemos estas diferencias, hace falta un censo actualizado de comunidades campesinas”, señala Pedro Castillo, abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). José Luis López Follegatti, coordinador del Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo Sostenible, afirma que el MEM no debería oponerse a los procesos de consulta previa porque ya están normados y porque se podrían generar más conflictos sociales. “En lugar de unificar procesos eligieron saltarse la consulta, no se dan cuenta de que hubieran podido hacer más viable la negociación”, dice. Las últimas semanas, el viceministro afrontó las críticas no solo del Ejecutivo (que se resiste a publicar la base de datos), sino también de algunas ONG y dirigentes campesinos que cuestionaban el uso de la lengua originaria para identificar a los pueblos indígenas con derecho a la consulta. La falta de ese respaldo político del gobierno y de la sociedad civil aceleró su renuncia. Sin embargo,El Comercio conoció que entre agosto y noviembre del año pasado el MEM envió dos oficios en los que solicitaba información sobre la existencia de pueblos indígenas en 32 proyectos mineros. El Ministerio de Cultura identificó pueblos indígenas con derecho a consulta previa en 14 proyectos. Lo que llama la atención, además de la coincidencia con el número de proyectos anunciados por el MEM, es que en un informe interno elaborado por la Dirección General de Minería, el 12 de diciembre del año pasado, se menciona que en Apurímac ya se había iniciado un proceso de consulta previa con el proyecto Angostura, en tierras de la comunidad campesina Nueva Esperanza de Mollepiña, en el distrito de Curpahuasi (Apurímac). “La etapa de evaluación para el proceso de consulta del proyecto Angostura se inició el 5 de diciembre del 2012”, se lee en el informe. ¿En qué situación se encuentra este proceso? El MEM aún no responde, pero este caso permite conocer que por lo menos hasta el año pasado el sector sí reconocía a las comunidades andinas como pueblos indígenas con derecho a consulta.

LA BASE DE DATOS 

A esto se suma que no todas las comunidades están registradas y que de las registradas no todas tienen claros sus linderos. “Estamos elaborando una nueva directiva pensada en las comunidades campesinas, en respetar sus costumbres y su cosmovisión”, dice Javier Anaya, abogado especialista en comunidades campesinas de Sunarp. ¿Todas las comunidades campesinas son pueblos con derecho a la consulta previa? No. Y precisamente la base de datos que había elaborado el Viceministerio de Interculturalidad las identificaba. A un sector del Ejecutivo le pareció que eran demasiadas y que podían poner en riesgo los nuevos proyectos de inversión. Con la renuncia de Lanegra y de parte de su equipo técnico, la base de datos queda a la deriva. En la entrevista del domingo,Humala recordó que había una demanda pendiente sobre esta y luego argumentó que “lo que está habiendo es un proceso de revisión de comunidades, no se trata de publicar la base de datos y de que mañana se tenga medio Perú con comunidades”. Si la base de datos está operativa desde setiembre del año pasado (como informó este diario el 17/2/2013) y que esta incluso ya ha sido presentada al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ¿a qué se refiere el presidente cuando menciona que “hay un proceso de revisión de comunidades”?.En el Ministerio de Cultura no lo saben. 

CONFLICTOS 

Cada vez que una empresa busca ingresar a explorar en el territorio de una comunidad campesina debe contar con la aprobación de dos tercios de los comuneros. Si la comunidad es considerada pueblo indígena, la ley señala que deberá, además, iniciarse un proceso de consulta previa para discutir la declaración de impacto ambiental de la exploración. “El gobierno debió haber unificado los dos instrumentos en un solo proceso de consulta en lugar de saltarse la consulta”, sostiene López. La decisión del gobierno de no consultar los proyectos mineros ubicados en tierras de pueblos indígenas respondería a un cambio en el sector minero. “Hace un año la consigna era que no importaban los costos [financieros, ambientales, sociales y tecnológicos] si los precios estaban altos; ahora los cuatro costos se han incrementado, hay más conflictos, más exigencias ambientales y mayor precio de la tecnología. Hay cierta incertidumbre, caen algunos precios y las empresas tienen más precaución”, explica López Follegati.

Gobierno peruano declara de interés nacional lucha contra la minería ilegal

La agencia de noticias oficial peruana ANDINA, difundio que el gobierno ha decidido declarar de interés nacional la lucha contra la minería ilegal en todo el territorio nacional, informó hoy (16/11/2011) el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.

“De esta manera, todos los sectores involucrados deberán desplegar sus esfuerzos para combatir actividades ilegales que dañan nuestro medioambiente y se introducen en zonas de reservas naturales por lo que tenemos que ponerle un alto”, consideró.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal genera más de 1,000 millones de dólares al año que no pagan impuestos, regalías y menos aún genera canon minero en beneficio de Perú y sus regiones.

El presidente del Comité Aurífero de la SNMPE, José Miguel Morales, precisó que de dicho monto alrededor de 750 millones de dólares están ligados a la explotación informal de oro.

En la actualidad se realizan actividades de extracción ilegal de minerales en 13 regiones, entre las cuales están Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.

También se estima que más de 100 mil personas están involucradas en la minería ilegal, y mujeres y niños son sometidos a un trabajo forzoso por los promotores de la extracción ilegal de minerales.

Imperio de la Ley & minería ilegal

Actualmente, la administración del Estado Peruano se encuentra en un proceso de establecer con mayor énfasis el orden y llevar el imperio de la Ley en zonas del territorio nacional donde existen marcadas evidencias de actividades ilícitas y que en particular algunas tienen relación con labores de mineros informales y/o ilegales. Uno de los soportes utilizados por el Estado de Derecho , considera  como  instrumento  legal a la Resolución Suprema N°511-2011-DE del cuatro de noviembre del 2011 y publicada en la misma fecha en el diario oficial El Peruano, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las provincias del Manu,Tambopata y Tahuamanu del Departamento de Madre de Dios, para prevenir actos de violencia que pudieran suscitarse por las intervenciones de la fuerza pública contra la minería ilegal. Es así que se autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la PNP del cinco de noviembre al cuatro de diciembre del 2011. Inmediatamente después que la impecable intervención de la Autoridad Nacional en la Región Madre de Dios se difundiera a través de los medios masivos de comunicación,los mineros informales y/o ilegales -que actúan también en otras partes del país- se pusieron a buen recaudo, protegiéndose mediante las protestas que elevaron los conflictos sociales tanto en número como en intensidad.

En la escalada de protestas promovidas como una actitud reactiva de los mineros informales y/o ilegales ante el orden aplicado, utilizan a los agricultores y entre ellos a las asociaciones de regantes para dar una imagen de descontrol de la minería en su conjunto -sin discriminar la minería formal de la informal-  focalizando sus protestas en contra de las concesiones mineras supuestamente por poner en riesgo sus propiedades al venir ocupando mayores espacios de territorio y generar con sus actividades descontroladas eventuales impactos ambientales negativos que afectarían a los recursos hídricos y con ellos a sus productos agrícolas y ganaderos. 

Su discurso tiene acogida entre los campesinos ya que ciertamente la minería informal y/o  ilegal, generan altos niveles de contaminación no solamente en las cabeceras de cuencas , sino en los cuerpos de agua donde intervienen, reduciendo la calidad de vida de las poblaciones aledañas a este tipo de labores mineras.
Debemos precisar que esta minería ilegal, salvaje , invasiva y contaminante no permite ni cuenta con regulación alguna por parte de la autoridad ambiental en todos sus niveles de gestión que pueda controlar,supervisar y/o fiscalizar sus actividades.
El ordenamiento legal peruano, establece que la atención de la mediana minería y minería artesanal es competencia de los gobiernos regionales, sin embargo, algunas regiones no estarían cumpliendo con este mandato legal y por consiguiente con sus funciones específicas en este extremo.
En este contexto, la minería ilegal -para subsistir- utiliza las legítimas y justas demandas de la población afectada por las actividades contaminantes y se aprovecha de la inacción de algunas autoridades regionales y locales del país.

La evidente estrategia que utiliza la minería informal y/o ilegal pasaría por dilatar los proyectos mineros formales que si pasan por controles diversos por parte de la autoridad,de tal modo que puedan transitar por la consulta previa, libre e informada que tienen que ver con las concesiones mineras, volver a revisar las concesiones mineras y participar de una reglamentación que impida a la minería formal actuar en espacios del territorio peruano liberados de minería. 

En estricto lo que se buscaría es sacar de los espacios concesionados a la minería formal  y continuar en su lugar con  labores mineras en un ambiente informal y/o ilegal.

Para citar un ejemplo actual de lo anteriormente descrito, nos situamos en la protesta antiminera de los agricultores que se realiza en las localidades de chincheros y Andahuaylas, el hecho es que en esa zona de desborde social, no se encuentra operando ninguna minería formal, es mas, en la actualidad no se esta procesando por parte de la autoridad competente minera ninguna concesión en la zona de influencia de las protestas.

Es así que el accionar del gobierno central tiene al frente no solamente a una población que es virtualmente  la  población  afectada  por  el  ordenamiento  minero -que tenían las actividades informales y/o ilegales mineras-sino que al mismo tiempo debe enfrentar a algunas equivocadas autoridades regionales y algún Congresista de la República en búsqueda de notoriedad,que por evidentes acciones populistas, se pliegan a las protestas en contra de los proyectos mineros y en defensa del agua y la vida, sin diferenciar a que tipo de minería se refieren.

Esta confusión, debe ser oportunamente aclarada por la administración del gobierno peruano, o en todo caso, difundir su accionar con mas precisión a los efectos de no generar mayores dudas a la población objetivo y con ello dar fuertes señales a los capitales tanto nacionales como extranjeros para no afectar los niveles de inversiones del sector minero previstas para el país.

Reacción por el ordenamiento minero

La adecuada actuación de la actual administración del Gobierno peruano para ordenar la minería informal e ilegal en el país causaron diversas reacciones por parte de sectores de la población que ejecutaban sus labores económicas ligadas directa o indirectamente a éstas actividades. 
Un primer escenario es Madre de Dios (Acciones en respuesta del Decreto de Urgencia Nº 012-2010), donde los mineros informales del sector de La Pampa bloquearon este domingo 6 de Noviembre tres kilómetros de la vía Interoceánica durante seis horas.
Lo hicieron en protesta por la operación conjunta del Ejército y la Policía Nacional del sábado 5 de noviembre, que destruyó finalmente más de 75 balsas dragas y similares.
Desde las 10 a.m. alrededor de cinco mil (5.000) mineros y algunos comerciantes tomaron la carretera que une Puerto Maldonado con Cusco y levantaron barricadas con llantas, mesas de plástico y madera entre los kilómetros 107 y 110.

Esta acción sería parte del paro indefinido que planean los mineros informales en Puerto Maldonado en las que se integrarían unas 30 mil personas que desarrollan labores mineras en la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata.

El segundo escenario es Apurimac ( Acciones en respuesta a la Resolución Directoral Nº 049-2011 GR-DREM-APURIMAC/ RD), donde se resuelve paralizar en el ámbito de las provincias de Andahuaylas y Chincheros actividades mineras metálicas y no metálicas de productores mineros informales ubicados en cabeceras de cuenca, humedales, ojos de agua, riberas de ríos y zonas agrícolas, extendiéndose su vigencia hasta iniciarse el proceso de zonificación y ordenamiento territorial.

Motivo por el cual los agricultores de la provincias de Andahuaylas y chincheros (región Apurímac), iniciaron desde el 03 de noviembre una huelga indefinida en rechazo a la explotación minera ilegal.Los manifestantes bloquearon las vías de acceso desde Andahuaylas hasta Abancay y la región Cusco.Hasta el momento habría más de 5 mil comerciantes afectados por la medida.

Al restituirse el imperio de la ley en las labores mineras de carácter informal y/o ilegal, los mineros informales afectados por las medidas estarían tratando de confundir a la opinión pública sobre la necesidad de aplicarse la Ley de Consulta Previa y esperar su reglamentación para adecuarse a la misma, entre tanto, continuar operando en la informalidad.

En este contexto, no se debería confundir los hechos que generan los conflictos sociales con las motivaciones y características antes descritas con otros eventuales conflictos sociales ambientales del sector minero que se desarrollan respetando el marco de las Leyes vigentes en Perú. 

Ordenamiento Minero

La anterior administración del gobierno peruano dictó  el Decreto de Urgencia Nº 012-2010 de febrero del 2010 , declarando de interés nacional el ordenamiento minero en  Madre de Dios , considerando una serie de medidas inmediatas y fijando el  plazo de su implementación en doce meses contados a partir de su entrada en vigencia, con lo cual se pretende ordenar la minería informal e ilegal identificados  en la zona.

Es en este contexto que funcionarios del gobierno dan cuenta de la destrucción de cinco (5) Dragas balsas en una intervención conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en la que participaron alrededor de mil quinientos (1500) efectivos.

Las zonas de influencia de la intervención involucran a los ríos afluentes del río Madre de Dios : Malinowski (Llamada Río Alto Tambopata),Tambopata,Inambari y el propio río Madre de Dios, que pertenecen a la cuenca del río Amazonas.

Se tiene como meta destruir cincuenta (50) dragas balsas cuando se esté culminando la operación para ordenar la minería informal e ilegal en la región. 

Hoja de ruta en la minería peruana

Siguiendo la línea de difusión de los planes globales previstos por la nueva administración en Perú que lleve a ser sostenible la inversión privada en las actividades mineras, presentamos una secuencia de datos que mencionara el presidente del partido nacionalista peruano Ollanta Moisés Humala Tasso , en dos escenarios consecutivos.

El primero - en su rol de candidato presidencial - considera como una opción adecuada la creación de macroregiones, donde el uso del ordenamiento territorial como instrumento de gestión sería aplicado para viabilizar las inversiones.

La Hoja de Ruta indica la reactivación del Banco Minero en Perú.

De otro lado, contempla la reactivación del Banco Minero y a la formalización y ordenamiento de la minería artesanal como una tarea pendiente por realizar.

El segundo - en su papel de presidente electo - comenta  varias inquietudes acerca de los planes que tiene para su gobierno. Citó, por ejemplo, su intención de dialogar con el actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR, que es el ente que ve la política monetaria y la estabilidad macroeconómica del país) para explorar la posibilidad de ratificarlo,cosa que posteriormente hizo através de los medios masivos de comunicación. De ésta manera, podría considerarse que el futuro mandatario está dando señales claras de estabilidad y adecuadas para mantener los niveles de inversión privada previstos para el país.

¿Zonas libres de contaminación o exentas del desarrollo minero?

El año 2001 la empresa Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo concesiones mineras en territorios de propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (provincia de Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba), en la región Piura, zona norte del Perú.
Una de estas concesiones fue el proyecto minero Río Blanco, que buscó explotar un yacimiento de cobre y molibdeno.
Organizaciones sociales y comunidades de cuatro provincias pedían la creación de zonas exentas del desarrollo minero. Las comunidades campesinas de la zona rechazaron el proyecto porque lo consideraron una amenaza para la agricultura y al uso de agua para consumo humano.

Los promotores del rechazo al proyecto minero ,con esta medida, llegaron a inferir que la presencia de la minería no sería favorable para el desarrollo de la región.

El discurso desplegado en ese entonces, consideró que la población local opta por su propio modelo de desarrollo basado en la agricultura orgánica , la actividad agropecuaria y la agro-exportación.

Sin embargo, en Piura se habían detectado 6 mil 600 mineros artesanales focalizados en las zonas de Suyo, Sapillica y Tambogrande.

Posteriormente, en el distrito de Carmen de la Frontera que fuera el epicentro del conflicto en Huancabamba en torno al caso Río Blanco, se llegó a considerar la necesidad del uso de instrumentos de gestión ambiental,tales como el ordenamiento territorial y de zonificación económica ecológica para organizar de manera racional su territorio y promover actividades que permitan el uso adecuado de los recursos que existen en ese territorio.

Otra experiencia mas actual de la oposición a la actividad minera, se produjo en Cajamarca, donde no dejaron que Yanacocha y otras empresas sigan explorando y explotando minerales. Un ejemplo es el retraso de la puesta en marcha del proyecto cerro Quilish y el proyecto Minas Conga.

El cerro Quilish tiene reservas probables y probadas que ascenderían a 3.7 millones de onzas de oro recuperable. Adicionalmente, el yacimiento contiene 500 mil onzas de oro potencial mente recuperable.

Por su parte, el proyecto de Minas Conga comprende dos depósitos de cobre-oro localizados al noreste del área operativa de Minera Yanacocha, en las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc.

Este proyecto tiene reservas probadas y probables de 11.8 millones de onzas de oro y 3.2 mil millones de libras de cobre.
Con ello, la producción que se esperaría alcanzar en Minas Conga estaría entre 450 mil y 780 mil onzas de oro al año, mientras que la producción de cobre estaría entre 175 mil y 225 mil libras.

En resumen, el impacto en la producción de la mina Yanacocha, caería un 25%, a 1.5 millones de onzas este 2010.Si se hubiera explotado el proyecto del cerro Quilish en Cajamarca, Perú habría alcanzado ventas de oro 25% superiores a las actuales, que son de $5,000 millones de dólares. Este último impacto ha costado al Perú $1,250 millones de dólares.

Lo cierto es que gracias a este discurso y actuación de rechazo a la minería del país ha caído en el ranking mundial de paises productores de oro.

Debemos examinar las actitudes asumidas por los ciudadanos que generan hoy pérdidas económicas al país. Justo cuando debemos producir mas para aprovechar los altos precios del oro, se detiene. El tiempo y dinero dejado de cobrar para atender necesidades de infraestructura básica que Piura, Cajamarca y el país demandan, quién lo compensa?.

¿En gran parte del territorio peruano esta presente la minería?

La riqueza polimetálica del subsuelo localizado en territorio peruano, impulsada por la estabilidad política y económica del país, alimentaron un mito que viene circulando con mucha fuerza desde hace un buen tiempo atrás. Se afirma que en gran parte del territorio peruano está posecionada y actuando la minería.

Un factor adicional que contribuye a difundir esta leyenda son los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que mantienen sobre todo la gran minería en Perú, que permitieron a las empresas mineras obtener ingresos de exportación por más de US$ 83,904 millones durante el periodo 2004-2009.

Para ver cuan aproximada a la verdad se encuentra esta leyenda, indagamos en la base de datos institucionales del País respecto a la minería formal, es decir, aquella que está sujeta a regulación, fiscalización y control.

Más de cien empresas exploradoras provenientes de Estados Unidos, China, Canadá, Inglaterra, Australia, entre otros, vienen realizando actividades de exploración minera en territorio peruano. Asimismo, existe el orden de 276 prospectos y proyectos mineros, y 398 unidades mineras en explotación.

La cartera estimada de inversión en minería a la fecha, se encuentra compuesta por 38 proyectos principales, los cuales incluyen proyectos de exploración así como proyectos de ampliación, que en suma ascienden a US$ 39,323 millones. Existen otros proyectos en etapa de exploración que no se encuentran en cartera, pues ésta es sólo de carácter referencial ya que recoge las expectativas de comunicaciones formales de los titulares mineros.

Cabe precisar que de los treinta y ocho proyectos antes mencionados, algunos no han definido su fecha de inicio de operación ni su fecha de construcción dado que aun se encuentran en etapa de estudios y permisos, sin embargo son válidas para nuestros fines de medir la expectativa de seguir actuando o desarrollar actividades en el futuro dentro del espacio geográfico que ocupa el territorio peruano.

Seguidamente podremos notar con una mejor aproximación los espacios asignados a las actividades mineras dentro de la distribución territorial del país:

De su lectura y en el contexto de las inversiones estimadas, podemos precisar que 13.8% del territorio nacional significan las áreas concedidas a la actividad minera, sin embargo, se explota o explora 1.23% del total del territorio peruano.

Del significado de ésta verdadera dimensión del territorio nacional destinado a las actividades mineras se desprende que no sólo es una exageración pensar que en gran parte del territorio peruano actúa la minería, sino que ya no tan sólo del exterior es que se aprecia al Perú como un país atractivo por su potencial minero, ahora también su población valora con más énfasis los recursos mineros y siente que debe participar de los beneficios del proceso de desarrollo generado por la minería a nivel de todo el territorio peruano.