En el Perú,es un secreto a voces las prácticas corruptas que se vienen denunciando en el esfuerzo que se realiza para cerrar la brecha de infraestructura y reconstrucción en diversas partes del país. Instituciones como en el caso de Contraloría General de la República,Congreso de la República y el Ministerio Público, se encuentran en la tarea de poner sobre la mesa casos emblemáticos para que el poder judicial realice la parte de la labor que le corresponde.
"El Equipo Especial del Ministerio Público somete a
escrutinio a 14 empresarios, 4 cómplices u operadores, 15 compañías, 35
funcionarios de Provías y la adjudicación de 45 obras públicas por más de 10
mil millones de soles realizadas entre 2011 y 2015. Se trata del primer paso de
una investigación sin precedentes sobre el negociado de la obra pública.
“Yo dejé de asistir a ese tipo de reuniones porque me dio
mala espina y algo me decía que no iba a terminar bien. El tiempo me dio la
razón”, declaró un empresario que participó en algunas de las sesiones del
“Club de los Constructores” en el restaurante “Balthazar”, en la avenida
Canaval y Moreira 308, en San Isidro.
“¿Usted consiguió que le dieran alguna obra pública?”, le
preguntamos. Aceptó hablar con la condición de no ser identificado ni de
mencionar nombres de los implicados.
“Como dejé de ir, no conseguí ningún contrato. Me salvé de
la cárcel”, señaló el empresario con un suspiro de alivio.
“¿Qué tipo de obras eran las que se repartían?”, le
interrogamos.
“Las de Provías. Provías porque tenía las obras de mayor
presupuesto. Si usted revisa qué obras son las que están investigadas, se dará
cuenta”, contestó con convicción a La República.
A partir de la declaración de un colaborador eficaz que
actuó como representante de una compañía que se benefició de un esquema de
corrupción que consistía en una concertación para distribuirse proyectos
públicos de construcción, rehabilitación o mantenimiento de carreteras, el
Equipo Especial del Ministerio Público ejecutó el miércoles 10 de enero un
operativo judicial contra 14 empresarios y 4 cómplices u operadores. Las
autoridades denominaron al caso “El Club de los Constructores”, una
investigación que se inició hace medio año y que derivó del seguimiento a los
pagos de sobornos que hizo Odebrecht para obtener la buena pro de millonarios proyectos,
entre ellos algunos de Provías, el organismo del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Odebrecht fue parte de “El Club de los Constructores”.
De acuerdo con la resolución de la jueza María de los
Ángeles Álvarez, especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en
esta primera etapa de la investigación del Ministerio Público están
comprendidas 15 compañías, pero podría ampliarse hasta 30 o más. Las pesquisas abarcan el periodo de 2011 a 2014, sin embargo
la práctica distributiva de las obras públicas de Odebrecht continuó al menos
hasta 2017.
Toma que te doy
El Equipo Especial del Ministerio Público verificó el
testimonio del colaborador eficaz mediante el registro de los pagos que
hicieron los empresarios en el restaurante “Balthazar” y en otros
establecimientos donde se produjeron los encuentros de los miembros de “El Club
de los Constructores”, además de la revisión de la asignación de las obras
públicas por parte de Provías, comprobando que existía correspondencia.
Si bien en la resolución de la jueza Álvarez no se
identifican las licitaciones en las que existió concertación entre los
integrantes de “El Club de los Constructores” y los funcionarios de Provías, sí
consigna las fechas en las que se consumaron los hechos, lo que permite
establecer qué licitaciones pudieron haber sido direccionadas en beneficio de
los confabulados.
Para avanzar en el caso, el Equipo Especial del Ministerio
Público ha resuelto escudriñar en particular las obras de mayor cuantía que
concedió Provías entre 2011 y 2014, que son aproximadamente 45.
Al revisar la base de datos de Provías, La República
comprobó que en ese periodo se repitió con mucha frecuencia la buena pro a
favor de las empresas investigadas. Y resulta coincidente que se trata de los
proyectos más cuantiosos. Los miembros de “El Club de los Constructores”
resultaron ganadores de casi el 90 por ciento de los proyectos que superaban
los 100 millones de soles. Lo que había relatado el empresario, que no quiso
ser parte de la conspiración, era cierto. Se quedaban con las obras públicas de
mayor presupuesto.
Las licitaciones bajo sospecha que revisa el Equipo Especial
del Ministerio Público comprometen casi 10 mil millones de soles de inversiones
de Provías, pero podría duplicarse si se confirma que entre 2015
y 2017 se repitió el esquema de repartición que instituyó “El Club de los
Constructores” desde 2011.
El colaborador eficaz explicó a las autoridades que los
miembros del exclusivo club se distribuían las obras públicas de Provías por
empresa, pero más frecuentemente se consorciaban. El acuerdo consistía en
simular la presentación de ofertas económicas y/o técnicas a sabiendas de que
serían descalificadas. Sin embargo, ¿cómo pudo consumarse esta metodología sin
la participación de los funcionarios públicos? Solo está imputado y detenido el
ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Carlos García Alcázar.
¿Pudo él solo haber convencido a los funcionarios del MTC, Provías y de los
Comités de Licitación de este organismo ser parte de la concertación para
favorecer a los componentes de “El Club de los Constructores”?
“Imposible”, señaló a La República una fuente del Ministerio
Público que hizo comentarios con la condición del anonimato: “Tiene que haber
habido la participación necesaria o de altos funcionarios del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y de Provías, o de los miembros de los Comités de
Licitación que otorgaron la buena pro a las empresas que fueron parte de ‘El
Club de los Constructores’”.
“Este esquema no es nuevo para nosotros. Por ejemplo, en el
caso del Tren de Lima, la adjudicación a favor de Odebrecht se produjo porque
existió concertación entre el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba
Hidalgo; el presidente del Comité de Licitación de la Línea 1, Edwin Luyo
Barrientos; y la presidente del Comité de Licitación del Tramo II de la Línea
1, Mariella Huerta Minaya. Como se sabe, el resto de los integrantes de los
comités de licitación, también están implicados y se les ha encontrado cuentas,
dinero y propiedades”, explicaron las fuentes del Ministerio Público.
Se buscan informantes
La República tuvo acceso a la base de datos de Provías e
identificó a los funcionarios de este organismo que fueron parte de los Comités
de Licitación que otorgaron las buena pro a las millonarias obras públicas
adjudicadas a los miembros del llamado “Club de los Constructores”. Varios de
estos funcionarios se repiten en la contratación de las compañías bajo
investigación, por lo que el Ministerio Público también los ha comprendido en
el caso. Para empezar, ya solicitó información a la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) sobre sus movimientos bancarios y ha iniciado la revisión de
sus propiedades. Por el momento son 35.
En este tipo de casos son importantes los colaboradores
eficaces. Por eso, cuando el ex asesor del MTC Carlos García Alcázar presentó
una apelación contra el mandato de detención, el fiscal Oliver Chávez Sánchez
insistió en que continuara apresado porque es un personaje clave para desmontar
a “El Club de los Constructores”. No obstante que García apeló al sentimiento,
e hizo llorar al tribunal y a los presentes con su historia –es padre de dos
niños pequeños enfermos que requieren de su atención–, la sala compuesta por
los magistrados Susana Castañeda, Ramiro Salas y Juan Guillermo Piscoya,
ratificó –secándose las lágrimas– el mandato de encarcelamiento preventivo. La
situación extrema de la prisión, y la tragedia familiar que implica su
ausencia, podría motivar que Carlos García se ofrezca a la colaboración eficaz.
La investigación fiscal ha impactado en profundidad a la
Cámara Peruana de Constructores (Capeco), el principal gremio del sector,
porque algunos de los miembros de la directiva, o de algunas muy recientes,
aparecen como involucrados. El presidente de Capeco, Enrique Espinoza Becerra,
no formuló declaraciones porque no se encuentra en la ciudad. Sin embargo,
fuentes del organismo confirmaron a La República que cuatro integrantes del
Consejo Directivo, y uno del Comité de Infraestructura, son representantes de
empresas investigadas por el Equipo Especial del Ministerio Público.
De acuerdo con fuentes de Capeco, los directivos son el
vicepresidente de Cosapi, Fernando Valdez Torero; el gerente general del Grupo
Plaza, Elías Plaza Parra; Julián Siucho Dextre, de Constructora San Martín; el
gerente general de ARAMSA Construcciones, Federico Aramayo Málaga; y el gerente
general de Superconcreto del Perú, Ricardo Manrique Daemisch. La presidenta de
la Comisión de Ética de Capeco, Giovanna Arellano, estudia la situación de
estos y otros empresarios para un próximo pronunciamiento.
También son parte del caso el propietario de Constructora
Málaga Hermanos, Félix Málaga Torres, ex directivo de Capeco. Málaga, quien se
encuentra en la situación de prófugo, apeló al mandato de detención bajo el
argumento de que las imputaciones del colaborador eficaz son falsas. Pero la
sala presidida por la jueza Susana Castañeda desestimó la apelación.
El abogado de Málaga, César Nakazaki, desestimó la acusación
del Equipo Especial del Ministerio Público: "Lamentablemente, la sala (de
la jueza Castañeda) no ha querido revisar el sistema que aplica el Ministerio
Público que consiste en investigaciones secretas: las pruebas las esconde hasta
el día de la audiencia en la que pide detención o prisión preventiva, dejando
sin posibilidad de defensa alguna a las personas", explicó el letrado a La
República.
"La Sala Penal Nacional ya ha detectado esta
metodología ilegal: no puede haber investigaciones secretas. Si hay pruebas,
estas deben ser accesibles a las partes para que se defiendan. Los jueces no
pueden reemplazar a los fiscales, que es lo que hace el magistrado Richard
Concepción Carhuancho. Los jueces de la Sala Penal Nacional actúan como
árbitros, y así debe de ser. Mi patrocinado es inocente y la orden de detención
es ilegal. Los dichos del colaborador eficaz no están probados", dijo
Nakazaki.
Otras compañías como Graña y Montero negaron haber sido
parte del 'Club de los Constructores' y se han puesto a disposición de las
autoridades.
"En el sector constructor se conocía de las prácticas
corruptas de este exclusivo club de empresas, pero nadie se atrevió acusar a
ninguna empresa ni a nadie. El colaborador eficaz ha abierto las puertas de un
negocio secreto que probablemente ha existido durante más de una década y ha
operado en perjuicio del Estado con miles de millones de soles. Estamos recién
en el principio del caso", señalaron las fuentes del Ministerio Público:
"Les llegó la hora".
Sálvese quien pueda
Entre 2007 y enero del 2017 ejerció como director de Provías
Nacional Raúl Torres Trujillo, en cuya gestión, precisamente, de acuerdo con el
colaborador eficaz del Equipo Especial del Ministerio Público, presuntamente se
concertaron las adjudicaciones de millonarias públicas entre los integrantes
del 'Club de la Construcción'.
Por coincidencia, el reemplazo de Raúl Torres por Ricardo
Bernales Uzátegui se produjo en medio de las indagaciones del caso Lava Jato,
que alcanzó a proyectos de obras públicas asignadas por Provías a empresas
brasileñas como Odebrecht, Constructora OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y
otras.
Al asumir el cargo, Ricardo Bernales debió hacer un corte
drástico para diferenciarse de la anterior administración de Raúl Torres, que
incluyó la intervención de la Contraloría General de la República y de la
Unidad de Inteligencia Financiera. Pero, además, se inició una
investigación interna de todos los funcionarios que participaron en las
adjudicaciones de obras públicas en el periodo 2011-2014.
Para no entorpecer las investigaciones en curso, La
República solo puede informar que por el momento se ha detectado que algunos
miembros de los Comités de Licitación se repiten cuando se trata de el
otorgamiento de la buena pro que favoreció a varias de las constructoras
investigadas.
"Se trata de un patrón: se repiten las empresas y se
repiten los funcionarios. Pero no solo en el periodo bajo investigación, del
2011 al 2014. Hemos encontrado indicios de que se repite hasta 2017",
indicaron las fuentes del Ministerio Público: "Por estrategia, hemos
empezado con un grupo de empresas y un paquete de obras públicas, las de mayor
presupuesto", agregaron.
El colaborador eficaz identificó a otras empresas
participantes del 'Club de la Construcción', entre ellas, Altesa, T&T, JC
Montes, Constructora Upacá, Superconcreto del Perú, Aramayo Constructores, Elvi
SAC, Constructores y Mineros Contratistas (CYM), Energoprojekt Niskogradnja
S.A., Obrascón Huarte Lain (OHL), Conalvías Construcciones y JACSAC, entre
otras en proceso de identificación.
El Equipo Especial del Ministerio Público no solicitó al
Poder Judicial intervenir a estas compañías porque el colaborador eficaz no
recordaba la identidad de sus representantes u operadores, por lo que la
Fiscalía decidió dejar estos casos en un segundo operativo.
"En la revisión de los comprobantes de pago del
restorán Balthazar y del Swissotel, en los que frecuentaban los integrantes del
'Club de la Construcción', se han encontrado a personas relacionadas con la
segunda lista. Si se revisa la base de datos de Provías, se comprobará que
también recibieron, individualmente o en consorcio, la adjudicación de obras
públicas, en particular la construcción de carreteras", señalaron las
fuentes del Ministerio Público.
Las autoridades confían en que la información contenida en
las memorias de las computadoras, emails, cuentas en las redes sociales,
dispositivos electrónicos y otro material incautado durante los allanamientos
de las oficinas de los implicados será determinante para identificar a los
organizadores del 'Club de la Construcción' y a sus operadores.
"El Poder Judicial aprobó la solicitud de obtención de
los registros históricos de las comunicaciones de los investigados, lo que es
clave para rastrear desde cuándo funciona este esquema de repartición de obras
públicas", añadieron las fuentes.
"¿Cuánto era el promedio de los sobornos?",
preguntamos al empresario constructor que no quiso participar de la
confabulación.
"En promedio, 10 por ciento del total. Ese porcentaje
se lo repartían los operadores, los intermediarios y se supone que los
funcionarios implicados", respondió.
"¿Y ese dinero lo pagaban los constructores de su
bolsillo?", indagamos.
"¡Ja, ja, ja! Cómo se les ocurre. Los constructores no
ponían un centavo. El dinero salía del sobrecosto de las obras. Los sobornos se
pagaban con la plata que le robaban al Estado", afirmó".
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