Incremento de pobres invisibles en Perú por inmisión en cuencas

Como resultado de mis investigaciones sobre el tema de "exclusión social" en la región de las Américas y particularmente en Perú, en el año 2011 difundí las causas que originaban las debilidades presentadas para realizar un diagnóstico correcto de la misma, lo cual requería de instrumentos para entender y mensurar un fenómeno que escapaba a las estadísticas generalmente utilizadas en ese entonces.

Mi diagnóstico teórico sobre exclusión social y pobreza, quedó validado en la práxis a partir del año 1991, cuando la séptima pandemia de cólera llegó a Latinoamérica; el primer caso se registró en Perú el 23 de enero. Los casos de Perú indicaron el inicio de la primera epidemia de cólera en América Latina del siglo pasado. El 7 de febrero de 1991, se confirmó la presencia de un brote de cólera en Perú, al aislarse la bacteria por primera vez simultáneamente en las ciudades de Chancay, Piura y Chimbote.

Transcurrido un cuarto de siglo, en Perú no se avanzó mucho en materia de Salud y Saneamiento, en consecuencia obtuvo reducidos logros en la lucha contra la pobreza, pese a la transferencias de conocimientos y experiencias que expertos peruanos trasladamos a otros países latinoamericanos, como fue en el caso del Acuerdo Sanitario Perú-Brasil de lucha contra El Cólera, cuyos alcances se publicó en CEPIS, de la OPS/OMS , organismo especializado de Naciones Unidas (ONU).
Como Coordinador Nacional a partir del Sector Salud, publiqué Informes de la sub comisión de Saneamiento, cuyas experiencias fueron bien aprovechada por Brasil para impulsar su modelo de atención y herramientas operativas a fin de alcanzar el bien común y desarrollo,especialmente en materia de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos  naturales por pueblos originarios en la cuenca Amazónica, lo que a su vez permite mantener su modo de vida. 
Las poblaciones dispersas de las zonas de los ríos en la Amazonía y zonas rurales de sierra peruana,así como los bolsones de pobreza en zonas urbanas, fueron el espacio donde focalizamos nuestra atención, aplicando políticas y estrategias adecuadas, con un tablero de control que permitió el seguimiento y evaluación para mitigar impactos.
La intervención integral efectuada en el país, mereció el reconocimiento internacional a profesionales que participamos de esta experiencia de El Cólera. Japón fue uno de ellos.
En el 2018, se visualiza que la falta de sostenibilidad de los programas sociales se  mantiene en términos del  bajo cumplimiento de metas previstas a alcanzar por los diferentes programas implementados en sucesivas administraciones  y la inadecuada calidad de gasto asignado por los presupuestos públicos orientados, con filtraciones y sin capacidades de sintonía con los beneficiarios de dichos programas sociales.

En este contexto, los excluidos extremos o "pobres invisibles del Perú", aquellos que no son detectados por el radar que miden su presencia en términos de pobreza monetaria y sí son susceptibles de ser percibidos multidimensionalmente, se incrementaron con el consecuente riesgo que ello implica para el país.

En cabo leveau a la margen izquierda del río Huallaga-Región San Martín-Perú

3,6 millones de "pobres invisibles" no detectadas por la pobreza monetaria

Ya el año 2012, se cuantificaba en Perú a los pobres invisibles para el Estado, en una publicación de El Comercio, atribuido al director de la Maestría en Gestión de Inversión Social de la Universidad del Pacífico, Enrique Vásquez, precisó:"el Estado diseña sus políticas para atender a 8,3 millones de pobres en términos monetarios. Con ese sistema –agregó– 3,6 millones “son invisibles para el Estado” o no estarían siendo atendidos en esos programas de lucha contra la pobreza, a pesar de que no tienen servicios de salud, electricidad y agua, que usan leña y que el jefe del hogar solo estudió primaria o menos.

Incremento de pobres invisibles por acciones de inmisión en cuencas

El acto de contaminación ambiental por inmisión ( del latin IMMISSIO,ONIS = echar adentro) , aplicada como una categoría social y vista como injerencia perjudicial o dañina de origen antropogénico, diseminada por medios naturales que sobrepasan los límites máximos permisibles por el ordenamiento legal vigente, afectando a personas, sus bienes y la salud pública en una determinada cuenca hidrográfica; deviene en una condición de desequilibrio ecosistémico incrementando en número a pobres invisibles.

En esencia, parte de la población peruana en situación de pobreza,vulnerabilidad y marginación, pasan de una necesidad de urgencia a un estado de emergencia, que en contadas ocasiones son identificadas sectorialmente por la declaratoria de un estado temporal de emergencia sanitaria y/o emergencia ambiental.

Este nuevo enfoque de inmisión en cuencas aplicada en la Escuela de posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sobre la pobreza multidimensional (no incorporada aún en programas sociales del Perú), es potente para explicar el incremento de los conflictos sociales en el interior del país, especialmente en zonas rurales de sierra y selva (allí donde la resiliencia ecosistémica,seguridad alimentaria y cadena trófica son extremadamente frágiles), pese al crecimiento económico con la óptica de interés social.
El estado de situación que atraviesa con la crisis política actual, demanda que tanto la gobernabilidad y gobernanza se fortalezca en el país de los Incas y se realicen esfuerzos públicos adicionales a los sistemas permanentes del Estado para cerrar las brechas en pobreza,desigualdad, vulnerabilidades y riesgos.

Crisis política en Lima-Perú y lección aprendida de la crisis del agua

La lamentable crisis política recientemente sucedida en Perú por controversias entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, me obliga reiterar por enésima vez la alta vulnerabilidad y fragilidad hídrica que presenta el sector agua y saneamiento en el país de los incas.

A través de los años y como experto en el tema, recurrentemente vengo alertando a las administraciones de turno de los riesgos a resultas de no contar con una percepción sistémica de su gestión ambiental. 

Lima, la capital de la república peruana, sufrió recientemente una restricción del servicio de agua por efectos de El Niño costero, la cual podría tomar visos de gravedad tal como aconteciera en la ciudad de Sao paulo el año 2014 cuando sufrió la peor sequía de su historia,impactando a una población superior en número a los habitantes en Lima, con la consecuente afectación de millonarias pérdidas económicas. 

De los registros 

La actual administración no ha sido la excepción de las alertas, pues desde agosto del año 2016 registro en este espacio los elementos, que a juicio del suscrito, deberían tomarse en consideración para reducir los niveles de vulnerabilidad existentes.

Es así que se sucedieron los títulos siguientes : Reto histórico de PPK : " Fomento de política de estado para el saneamiento";Nuevo marco legal de los servicios de saneamiento en Perú;Desafíos ocultos en agua y saneamiento_Perú-2016;Demoras en redefinición del marco legal para el sector saneamiento;Desafíos por superar en reforma de agua y saneamiento;Proceso de redefinición del sector saneamiento: La experiencia peruana; Regulación tarifaria que hace agua en Perú;Control de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS);Gobernanza del agua en Perú;Capacidad y calidad de gasto en agua y saneamiento;Crímenes financieros en agua y saneamiento;Sobrecosto por corrupción en agua potable y saneamiento;Normas para transformar el objetivo agua en Perú ;Alerta temprana frente a la crisis del agua dulce en Perú y Leyes que retardan acceso al agua y saneamiento a poblaciones vulnerables, entre otros.

De la alta rotación 

En un lapso corto se aprecia, como se van sucediendo funcionarios que deberían cumplir las políticas de gobierno en coherencia y concordancia con las políticas de Estado respecto al agua y saneamiento. Es así que en catorce meses en lo que va de la actual administración se cambiaron sucesivamente al director del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, al Vice Ministro y finalmente al Ministro del Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento. Asimismo , la rotación se está ampliando a la mayor EPS del país - SEDAPAL S.A. y alcanza a OTASS, teniendo al regulador SUNASS con altas limitaciones, particularmente en las zonas rurales del país. Es recomendable reducir esta alta rotación en el futuro.

¿El Ministerio del Ambiente se encuentra implementado y operativo?

Si la respuesta es positiva, entonces el proceso de adscripción de la Autoridad Nacional del Agua es posible en este régimen, para evitar que continúe registrándose las fallas del sesgo agrario que presentan los recursos hídricos; especialmente en lo referente a las retribuciones económicas y tarifas,las cuales distorsionan en gran medida los sistemas de gestión ambiental del agua, haciendo imperceptibles las inversiones privadas en el sector agua y saneamiento.

Cumplimiento de metas sectoriales de la administración PPK

Ante los evidentes retrasos registrados para el sector agua y saneamiento, en términos del gasto público y cumplimiento de metas, se hace indispensable la aplicación de reingeniería, acompañado de criterios sociales,ambientales y económicos, tal cual se estipula en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.

Aguas subterráneas y adaptación basada en ecosistemas

Como investigador peruano sobre el agua, el tiempo me llevó a discurrir por continentes que esculpieron en mi mente lo que podrían haber transitado los planificadores del desarrollo en siglos pasados. Soy un convencido que "El Perú moderno no avanzó con la rapidez y dinámica del Perú precolombino hasta alcanzar el apogeo inca, por la uniformización cultural (en usos y costumbres del agua) que en la praxis unificó culturas en un país megadiverso, con diversos climas y múltiples ecosistemas". En estricto, el crecimiento y desarrollo del Perú se retarda por tratar de "uniformizar las diversidades".

Un poco de Historia

Las antiguas civilizaciones basaron su desarrollo, sustentados en importantes volúmenes de agua concentrados en cuencas hidrográficas. Es así que florecieron culturas como la China (Yangtsé), Egipto (Nilo), Mesopotamia (Tigres, Eufrates),India (Indo, Ganges). A diferencia de ellos, otras culturas tuvieron que sintonizar con sistemas de cuerpos de agua, tales como la Azteca (Lago Texcoco como parte de un sistema de lagos), los Mayas situados en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas; así como en Belice y parte de Honduras y los Incas (extremo suroccidental de Colombia en la frontera, pasando por Ecuador, principalmente por Perú,oeste de Bolivia, mitad norte de Chile y el norte, noroeste y oeste de Argentina). En contraste, la cuenca hidrográfica del Amazonas en su totalidad no formó parte de la gestión del agua realizada por el imperio inca y sus antecesores en territorio peruano; por lo que utilizaron redes de mediciones (Nazcas) alimentando las series de tiempo de largo plazo con una gran aproximación de calidad diferenciando a la variabilidad normal con un efecto de cambio climático. El respeto por el desarrollo armónico de la naturaleza engranó con una ingeniería aplicada a los ciclos hidrológicos y celestes, haciendo un ritual la cultura por el agua plasmada en sus obras civiles. No es ya un secreto para la ciencia moderna como es que domaron el desierto con sistemas de pozos focalizando zonas de recargas de acuíferos y como es que manejaron los conceptos de balance hídrico con la cuantificación de la oferta hídrica y su variabilidad temporal y espacial en los sistemas de las cuencas y microcuencas hidrográficas formadas por los Andes.Los antiguos peruanos registraron su dominio tecnológico global sobre el agua manejando ecosistemas locales del recurso hídrico, utilizando plataformas estructurales con sistemas de drenaje pluvial (Machu picchu,choquequirao,kuélap, etc); sistemas de andenerías; sistemas de canales y acueductos; sistemas de puentes y redes de caminos (Qhapaq Ñam) que trascienden a los eventos climáticos recurrentes a través de los siglos (Actualmente conocidos por fenómenos de El Niño y La Niña) que producen inundaciones, sequías,etc. El conocimiento real de los distintos ecosistemas locales , les permitió planificar , adecuar, mitigar y compensar los niveles de riesgos, así como la estacionalidad y regímenes de las fuentes y cuerpos de agua en los cuatro suyos. Manejaron las aguas provenientes de la deglaciación en lo que es hoy Ecuador y Bolivia, así como gestionaron la oferta o disponibilidad hídrica en términos de cantidad y calidad en los ríos peruanos de hoy situados en la vertiente occidental de los andes; asimismo estimaron los niveles significativos de biodiversidad y la capacidad de resiliencia en los ecosistemas de oasis con la determinación de la demanda asociada a los diferentes usos del agua. El culto por el agua, permitió en ese entonces una buena adaptación, manejo y gestión del recurso hídrico, a tal punto que la cultura por el agua permitió la estabilidad de los ecosistemas mediante su uso racional,responsable y armónico entre los múltiples usuarios (población, agricultura,minería, pesca, etc.) en las diversas cuencas con diversidad climática en los diferentes pisos altitudinales que albergaron distintos nichos ecológicos, y treinta y cuatro ecosistemas donde se localizó la antigua población peruana.

Paradoja del agua subterránea

La realidad que caracteriza al Perú actual, es que la mayor parte de su población se encuentra situada en la cuenca occidental del pacífico (costa) donde tiene muy poca agua, y dispone de la mayor cantidad de agua en la cuenca oriental,donde la densidad poblacional es extremadamente baja.

En este escenario resulta indispensable gestionar adecuadamente las aguas subterráneas y para ello, es vital contar con el balance hídrico en los acuíferos de la costa desértica peruana. Según datos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) , la disponibilidad hídrica de aguas subterráneas en la vertiente hidrográfica del pacífico era de 2,849 millones de metros cúbicos y no cuenta con información en otras vertientes del país.[Antes de las recientes inundaciones que viene presentándose por efectos del Niño costero]. Realizó inventarios y monitoréos de acuíferos en 50 de los 52 valles que tiene la costa peruana, encontrando sobre explotación en siete (7) valles pertenecientes a Lambayeque, Ica y Tacna. La crisis del agua en la costa peruana podría agravarse por los siguientes conductos: Demanda de alimentos de la mayor población costera,la presión que ejerce el crecimiento de ciudades costeras, el cambio climático, y fragilidad institucional en la gestión del recurso hídrico,con énfasis en el agua subterránea.

Gobernanza del agua

Instituciones multinacionales concuerdan que la gobernanza del agua es un tema muy importante por resolver, sin instituciones fuertes y sin recursos manejados simultáneamente, el país de los incas estará expuesto a grandes sequías e inundaciones. Una de las instituciones claves en el tema del agua es la reguladora Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) a quien le corresponde actualmente garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente. Esta institución tiene que lidiar con un hecho tangible, el monitoréo de ANA registra que la sobrexplotación de la napa freática en la costa desértica y vulnerable donde se localiza gran parte de la población peruana se produjo en los últimos diez (10) años. La crisis de gobernabilidad del agua y agua subterránea en particular tiene como antecedente a dos Empresas Prestadoras de Servicios de saneamiento (EPS) que cuentan con reserva de agua subterránea de las 50 EPS reguladas por SUNASS : Una que data del año 1981 por el Decreto Legislativo N°148,reserva a favor de ESAL (hoy SEDAPAL S.A) por las aguas subterráneas de los acuíferos de Lima y callao [considerando D.S.N° 044-84-AG y D.S. N° 008-82-VI] la segunda que es del año 1982, reserva a favor de SEDAPAT (hoy SEDALIB S.A.)-Ley N° 23251, por las aguas subterráneas de la Cuenca del Río Moche y Ley N° 24516, por las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo. Para revertir la crisis ya en el 2015, mediante el Decreto Legislativo Nº 1185 se creó el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las EPS;con la finalidad de cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo y asegurar la prestación de los servicios de saneamiento.El precitado D. Legislativo le otorga a SUNASS las funciones normativa, supervisora, fiscalizadora y sancionadora. Asimismo le autoriza aprobar la metodología, los criterios técnico-económicos y el procedimiento aplicable para determinar la tarifa de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que cobrarán las EPS.
Recientemente, la gestión que va culminando en SUNASS, aprobó la metodología a ser usada para el cálculo de la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas denominada Metodología de Costos Totalmente Distribuidos, la cual considera la premisa de la “existencia de costos comunes entre los servicios que actualmente brinda la EPS y el nuevo Servicio”. 
Es oportuno señalar que sería recomendable revisar los criterios adoptados por el regulador en la gestión del agua subterránea en Perú, a la luz de los antecedentes registrados en la diversidad de ecosistemas locales con las que tienen que accionar las EPS situadas en otras realidades en que algunas difieren diametralmente.

Normas para transformar el objetivo agua en Perú

Parte de las 112 normas dadas bajo el amparo de las facultades legislativas para alcanzar el objetivo agua fueron expuestas por el presidente del consejo de ministros Fernando Zavala en los siguientes términos:

Entre el 2009 y el 2014 el Gobierno Central transfirió S/18.000 millones a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS). A pesar de ello, la calidad de los servicios no mejoró debido a la mala gestión de dichas entidades.

De las 50 que existen, 48 están a cargo de municipalidades.Por ese motivo, además de crear un fondo por S/2.000 millones para cerrar la brecha de infraestructura, el Decreto Legislativo N° 1280 fortalece la autonomía y promueve la gestión eficiente de las EPS. Para ello, se está redefiniendo la estructura de las juntas de accionistas y de los directorios; se están ampliando las facultades del regulador (SUNASS) para que regule el servicio en pequeñas ciudades, en el ámbito rural, en el área técnica municipal y en las organizaciones comunales. Asimismo, se crean los mecanismos para la integración de las EPS, para que cuenten con una demanda mínima que las haga viables.

El Ministerio de Vivienda implementará 24 oficinas desconcentradas para brindar apoyo en planificación y formulación de estudios y en ejecución de proyectos. Y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) fortalecerá su rol de asistencia técnica para todas las EPS del país. Con estas medidas, el gobierno avanzará hacia su objetivo de que en el 2021 el 100% de peruanos cuente con servicio de agua potable y alcantarillado las 24 horas.

Acceso al agua segura: ¿ El problema no es inversión, sino de gestión ?

Poco después que socializáramos en este espacio que "el problema del agua y saneamiento en Perú no era un problema de carencia de normatividad o fortaleza institucional, pues el problema radicaba en la inadecuada gestión del sector que tenía un fuerte componente político penetrando sus estructuras, desestabilizando el instrumento de derecho en la población para poder contar con agua y saneamiento en forma sostenible"; recibimos una serie de adhesiones tanto dentro como de fuera del país, donde colegas que colaboran con instituciones y organismos especializados manifestaron su concordancia. Por el lado interno,salió nuestro amigo el abogado Fernando Momiy Hada -actual presidente del regulador SUNASS_ a decir que, "el problema no es de inversión, sino de gestión"en una entrevista a Semana Económica. Me permito discrepar en parte con mi dilecto amigo en el extremo referido  la inversión, pues está articulado estrechamente con el tema de gestión. Nuestra posición técnica la sustentamos en "Riesgo en la provisión de agua potable" manifestando " los baquianos en la materia la suscribimos en base a nuestra experiencia de décadas en el campo : Se verifica que ante el incremento de la inversión se produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta inversión no es persistente y se acompaña con una ineficiente gestión empresarial, esta cobertura no será sostenible en el tiempo.

El estado crítico del sector agua y saneamiento justamente tiene su génesis en los niveles de inversión y calidad del gasto público que deriva en una gestión que linda con la indignidad de la corrupción, por citar una frase utilizada en un reciente discurso brindado por el actual mandatario peruano  Pedro Pablo Kuczynski.

Para tener una aproximación de los niveles alcanzados en este sentido, basta darle una lectura al informe de gestión 2009-2016 de la Contraloría General de la República.

Contaminación de aguas cuenca amazónica es indicador de crisis en gestión de EPS. 

Seguidamente presentamos la entrevista antes indicada hecha por la prestigiosa revista Semana Económica al presidente del consejo directivo de SUNASS: 
"Proveer de agua y saneamiento a diez millones de peruanos es una de las principales propuestas de campaña que el ahora presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), busca llevar adelante. Para ello, su plan de gobierno contempla la medida de invertir S/.15,000 millones en proyectos de agua y saneamiento.

Sin embargo, ese nivel de inversión no sólo sería similar al de los últimos cinco años, sino que sería insuficiente para resolver los problemas del sector, según Fernando Momiy, presidente del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). En la siguiente entrevista, el ejecutivo detalla el difícil momento del sector de agua y saneamiento e identifica la mala gestión como el principal germen de los problemas.

¿Cuál es el nivel de abastecimiento real de agua en el Perú?

Si bien en Lima y provincias se abastece en promedio durante 21 y 15 horas, respectivamente, esta cifra oculta falencias. En Pichanaki, por ejemplo, el 30% de habitantes no tiene agua, mientras que en Pucallpa el 40% es abastecido por empresas informales.

Por otro lado, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) cubren 19.5 de 24 millones que habitan el sector urbano y les falta abastecer a dos millones. Sin embargo, nadie sabe qué tipo de agua reciben los 4.5 millones restantes del sector urbano.

El gobierno entrante planea invertir S/15,000 millones en proyectos de agua y saneamiento..

Shock de inversiones ya hubo, sobre todo en los últimos diez años. Prueba de ello es que desde el 2011 se ha invertido más de S/.3,000 millones anuales en agua y saneamiento.

Aun así, de las 200 plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que existen en el país, sólo funcionan diez. Una muestra clara de que el problema no es de inversión, sino de gestión. EPS y gobiernos subnacionales con malas prácticas de gobierno corporativo, operación inadecuada, entre otros problemas.

¿Qué medida se puede tomar en cuanto gestión?

Optar por Asociaciones Público Privadas (APP) cofinanciadas, como hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Todas las APP desarrolladas han sido autofinanciadas y, cuando se trató de hacer cofinanciadas, se fracasó porque no lo eran del todo. Por ejemplo, a pesar de que la de Tumbes es una EPS privada, las obras las hacen los gobiernos regionales y locales. El resultado es una PTAR de S/.18 millones que no sirvió, no sirve y nunca servirá.

¿Cómo cambiaría esto de optarse por un cofinanciamiento?

La principal ventaja es que el privado tendría la obligación de que las obras realizadas a través del cofinanciamiento funcionen de forma eficiente. En Loreto, por ejemplo, se construyó una PTAR como obra pública en una zona inundable y, hoy en día, existen peces dentro. Ahora existe un proceso de arbitraje respecto a quién tiene la culpa, mientras que, si fuese una concesión, el privado estaría obligado a que funcione.

Esto pone en duda la necesidad de tantas EPS…

Hay 50 EPS (48 municipales, una concesionada y Sedapal), de las cuales el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) ya intervino a siete y hace poco priorizó 18 más. Lo ideal sería tener una por región, pero para ello es necesario incentivar la fusión y no entregarle dinero a cualquiera. Puno, que quiere un cofinanciamiento para la PTAR del Lago Titicaca, tiene cinco EPS.

¿Sedapal tiene suficiente dinero para operar de forma eficiente?

Habría que preguntarle a ellos. Nosotros le hemos dado, con la tarifa que se aprobó en 2015, S/.650 millones anuales para ejecutar en inversiones y su promedio actual es de S/.400 millones. Lo mismo sucede con las EPS, pero, nuevamente, el problema no es de inversión ni de tarifas, sino de gestión.

Parecería difícil que la nueva gestión logre abastecer de agua a las diez millones de personas a las que alude constantemente…

No es fácil y ellos lo saben. Menos aún si es que la estrategia es la misma de los últimos años: invertir dinero. Eso sólo moverá la economía a través de la venta de cemento o de la generación de empleo, pero no va a resolver los problemas de agua y saneamiento.

¿Cuánto tiempo podría tomar cambiar esta situación?

En dos años se podría ver algún cambio, si es que se acompaña al diseño de proyectos con soluciones no convencionales de abastecimiento como las que ya trabaja el Banco Mundial en Nueva Rinconada (Pamplona). Ésta consiste en llenar reservorios con agua trasladada en camiones cisterna y desbarata la idea de muchos gestores de que la única forma de abastecer de agua es con redes".

PPK: armonizar el agro y minería andina para destrabar inversiones

La nueva administración en Perú (PPK)  y los países que constituyen socios comerciales estratégicos tienen un reto importante de cara al futuro. Conectar la posición política descentralista y la viabilidad económica de importantes proyectos de la gran minería que se mantienen estancados por el enfrentamiento histórico entre agro y minería, teniendo como elementos articuladores a los recursos agua y suelo.

La rivalidad se ve reflejada por un estudio – que analiza 50 casos de conflictos a nivel mundial – demostrando que los costos de estos conflictos para el sector extractivo son altamente significativos.

The Centre for Social Responsibility in Mining y Harvard Kennedy School revelaron en un estudio que los conflictos sociales podrían llegar a representar un costo de veinte (20) millones de dólares a la semana para proyectos mineros cuya inversión oscila entre los tres mil millones y cinco mil millones de dólares.

Para el caso peruano podríamos hablar de sobrecostos del orden de veinte (20) millones de dólares por semana, pero para grandes proyectos en operación. Tenemos el caso de la paralización en Conga de Yanacocha y Tía María de Southern Copper. En el caso de los proyectos, tipo Conga, es más difuso cuantificar los costos que ocasionan a las mineras, pues aún no entraron en operación. Se estima que en Conga se habría perdido US$ 1,500 millones en total.

La gran minería altera ciertamente el uso de los recursos suelo y agua; los cuales son mitigados y/o compensados. No obstante, lleva la pesada carga de los antecedentes de contaminación de cursos de agua por acción de las aguas acidas de mina cuando no existía la minería responsable sujeta a controles y fiscalización, ni los adelantos tecnológicos que da la modernidad, y dificultan la prestación de servicios ambientales para la sociedad humana.

Cuando las actividades agrícolas no se gestionan adecuadamente también pueden conducir a serios problemas de degradación del medio ambiente, como la erosión, pérdida de la biodiversidad, uso indiscriminado de pesticidas entre otros.

A nuestro real entender, una de las soluciones de conciliación entre las partes, pasa por hacer que la agricultura familiar sea la principal responsable de la comida que llegue a las mesas de las familias peruanas, tarea que se ha venido postergando lamentablemente en el país andino, sustituyéndose con asistencialismo en época electoral o cuando por factores climáticos impactan en zonas potencialmente mineras, allí donde la minería llega y existe precaria presencia del Estado.

¿Qué si esto es posible hacer en sud américa?

La respuesta es sí, un país vecino, Brasil, que tiene casi siete veces más población que la peruana cuenta con una agricultura familiar que en el año 2015 representó aproximadamente el 70% de los alimentos consumidos en todo el país.

Para replicar esta experiencia brasileña es preciso hacer que los agricultores peruanos se constituyan en actores importantes de la cadena productiva de la comida principal del mercado peruano.

Es reconocido por todos que el sector agrícola genera ingentes puestos de trabajo, produce alimentos, genera riqueza y promueve la distribución armónica del ingreso en el país.

¿Y cómo considerar realidades distintas frente a la variabilidad ecosistémica que dan los diferentes pisos altitudinales de la cordillera de los Andes  y la exclusión de las riquezas producidas en zonas rurales altoandinas?

El enfoque agrícola en Brasil extrapola las barreras del comercio y la producción de alimentos debido a que en las zonas rurales también se producen servicios ambientales. Estos servicios se traducen en beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas que abarcan el suministro de alimentos, la producción de agua, regulación del clima, la formación del suelo, los servicios de recreación, entre otros.

Ley de Servicios Ecosistémicos como instrumento de gestión para armonizar el agro y minería.

En Perú, luego de un esfuerzo realizado en el legislativo por un equipo de especialistas que apostamos por la viabilidad económica a partir del desarrollo sostenible de los recursos, se logró incorporar en el ordenamiento legal peruano a partir del 29 de Junio del 2014 la Ley N° 30215 que promueve, regula y supervisa los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas.

El uso de instrumentos económicos anteriormente utilizando como es el caso de obras por impuestos sin cautelar necesariamente la calidad del gasto público, y otros similares; aplicaron la salida más usual para lograr la conectividad de los pueblos andinos que es construir idealmente “más y mejores carreteras”; las mismas que  no sólo sirven para sacar productos, sino que también para incorporar productos, compitiendo con los que se producen ahí en los pueblos. Este proceso ha hecho que se incremente el centralismo y con ello aumenten los poblados dispersos menores de cien habitantes en Perú; asimismo el incremento poblacional de migrantes de las zonas rurales, especialmente de jóvenes en búsqueda de mejores opciones para mejorar su calidad de vida. El resultado más población flotante que forman parte de la generación “NI-NI” , refiriéndose a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

¿Cómo transformar antes que transportar y lograr mejores precios por sus productos?

La oferta exportable de tener una “sierra exportadora” continuará sin despegar si es que no se logra incorporar al socio estratégico por excelencia en los andes; conciliar los justos intereses del agro y la gran minería andina pasando por gestionar adecuadamente los recursos agua y suelo permitirán no solamente alimentar a millones de familias peruanas, sino que podrán poner en vitrina a la minería moderna y responsable que recupera espacios mundiales en la producción de metales como oro y cobre. En estricto, no pocas regiones andinas del país podrían en poco tiempo aportar con una porción significativa del PBI nacional.

Contar con un ejecutivo proactivo en gestión de los recursos

La Labor de ser juez y parte del Estado para destrabar inversiones, promover al mismo tiempo nuevas inversiones y cautelar los recursos naturales y la conservación del medio ambiente no son en sí misma una actividad atractiva económicamente a la población y, a menudo los ecosistemas hacen un giro y se tornan en otras actividades más rentables.

Ante esta perspectiva, el ejecutivo debe pasar de ser un estado burocrático a uno proactivo que no sólo se encargue de cuantificar los conflictos sociales e indicar que la mayoría en los andes son tipificados como conflictos de origen socioambientales teniendo como controversia al uso del agua y el suelo.

En este contexto, los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local deben concordar en planes de trabajo que obedezcan a una política de Estado de mejora contínua, donde  los sectores Agricultura, Minería, Ambiente y Salud articulen acciones, con el soporte adecuado de instituciones especializadas como el ANA. OEFA, entre otras, que coadyuven al equilibrio entre la producción económica y la conservación del medio ambiente. Sin soslayar por cierto al  socio estratégico que debe ser invitado a participar como gestor del desarrollo de los pueblos localizados en el Ande peruano. 

¿Agua de SEDAPAL en bolsa?

Como expresábamos en “Fallas de regulación en cuencas”, históricamente y como en cada año electoral, en Perú suena más fuerte el tema sobre la contaminación del río Rímac como fuente de abastecimiento de agua para consumo humano de la capital de la República Peruana : Lima. El manejo político que se le da a la información de la contaminación en la cuenca del Rímac, genera picos de inestabilidad económica y social cada vez que se aproximan los procesos electorales en el país. 

Siguiendo este orden de ideas, en esta oportunidad se plantea una eventual privatización del recurso hídrico en la capital de la República ( a 35 días de la próxima contienda electoral regional y municipal), el ejecutivo desliza la posibilidad de llevar a la mayor Empresa prestadora de servicio de saneamiento del país a la bolsa, información que es recogida por el diario El Comercio, en su editorial "Sedapal ya no hará agua" indicando lo siguiente:

"Ha sido valiente el gobierno en anunciar que está contemplando seriamente poner a la venta en bolsa un porcentaje –hasta el 49%, según el ministro von Hesse– de Sedapal. Esta empresa, después de todo, es uno de esos tótems sagrados del muy difundido pensamiento mágico-estatista que asume que si algo queda en manos del Estado será “de todos” y más barato; mientras que si está en manos privadas servirá solo a sus propietarios y beneficiará únicamente a unos pocos privilegiados.

La decisión tiene detrás muy buenos argumentos que el gobierno debería resaltar para poner en evidencia la hipocresía (o la desinformación, en los mejores casos) que hay detrás de los defensores de este tipo de megaempresa estatal de servicios públicos. En Lima y Callao – la jurisdicción de Sedapal– el agua ni es de todos ni es más barata de lo que de otra forma (léase con un manejo más eficiente) podría ser. Pese a las décadas de monopolio que tiene, Sedapal no ha logrado una cobertura total, ni nada que se le parezca: numerosísimos limeños tienen que comprar el agua a fuentes informales: por ejemplo, a los camiones-cisterna que son ubicuos en los sectores marginales de la capital y que cobran por el agua precios hasta 12 veces más altos que los de Sedapal. Es decir, el agua “de todos” no solo no llega a todos, sino que principalmente no llega a los que tienen menos recursos.

Podría decirse que esta situación se debe a limitaciones estructurales y que lo mismo hubiera pasado de estar Sedapal en manos privadas. Hay evidencia, sin embargo, que hace pensar lo contrario. Por ejemplo, hace 11 años, cuando la compañía que provee de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Santiago (Aguas Andinas), tenía poco tiempo de haber sido privatizada, ella y Sedapal tenían el mismo número de conexiones. Al menos hasta hace un año, como lo ha detallado un estudio del IPE, Aguas Andinas tenía 20% más de conexiones que Sedapal, con una cobertura del 100% de la población de Santiago, agua de calidad y servicio continuo (de los que no puede enorgullecerse Sedapal). Más aún, el costo operativo por conexión de Sedapal era 52% mayor al de Aguas Andinas.  Y por si eso fuera poco, Aguas Andinas trata la gran mayoría del agua servida, mientras que Sedapal arroja la mayor parte de la suya sin tratamiento alguno al mar.

Luego uno puede tomar los ejemplos de lo sucedido con los servicios públicos que sí pasaron a manos privadas en el Perú. Por ejemplo en los 12 años que siguieron a la privatización de los servicios de electricidad y telefonía de Lima (1994-2006), sus respectivas coberturas aumentaron en 56% y 168%, mientras que sus tarifas no subieron (y más bien sí bajaron un poco). En el mismo periodo, Sedapal aumentó su cobertura en solo 20%, mientras que subió sus tarifas en 47%.

Estos números no son cuestión de ideologías. Deberían de hablar por sí solos. Para decirlo parafraseando a Deng  Xiaoping, deberían servir para dejar claro cuál es el tipo de gato que caza a los ratones (o, para el caso, que trae más agua, para más personas, a menores costos).

Es cierto que Sedapal exhibe números en azul. Pero llegar a ellos es más fácil cuando, por ejemplo, los contribuyentes asumen la deuda de S/.3.000 millones que uno acumuló con Sunat. También es cierto que ha prometido invertir más de S/.8.000 millones (inyectados por el contribuyente, desde luego) en el lapso de este gobierno. Pero, más allá de sus buenas intenciones, es discutible que lo pueda lograr: en el 2012 solo pudo ejecutar S/. 266 millones de los S/.414 con los que disponía en su presupuesto para inversión y el año pasado solo S/.403    de   los S/.783   disponibles.

Dicho todo esto, tampoco queremos sobrefestejar la decisión del gobierno. No está privatizando Sedapal. Su mayoría y la última palabra sobre su gestión seguirán siendo estatales. Con lo que no se sabe si en adelante se regirán para ella las mismas reglas que para las demás  – por ejemplo, ¿ le podrán volver a perdonar una multimillonaria deuda con Sunat?– o no. De hecho, la expectativa de que no se le apliquen las mismas reglas que a los demás podría ser una de las pocas razones para que inversionistas privados vean un buen negocio en ser el minoritario de una empresa cuya mayoría – y, por lo tanto, cuya última palabra sobre la gestión– aún está en manos del Estado…

Como fuera, llevar Sedapal a la bolsa es un paso adelante. De esta forma tendrá que estar sometida a todas las exigencias de buen gobierno corporativo y de transparencia en la información que tienen las empresas que cotizan (con lo que las decisiones ineficientes y los eventuales actos de corrupción terminarán más expuestos). Además, podría servir para romper el tabú: mostrar cómo el agua potable puede ser objeto de intereses privados –como lo es la misma comida– sin que se acabe el mundo y permitiendo, de hecho, que este mejore".

¿Un Perú sin agua?

La corresponsal ambiental Pilita Clark explica cómo empresas en todo el mundo empiezan a invertir en el recurso hídrico en su interesante artículo de Financial Times Limited,publicado por El Comercio bajo el título Un Mundo sin Agua: 

"El río Nar, un pequeño canal a unas 100 millas al norte de Londres, es apenas conocido por el británico promedio. Y, a primera vista, es difícil entender por qué una empresa que cuida su marca como Coca-Cola desearía tener algo que ver con él.Una parte del Nar posee un infeliz parecido a una zanja debido a décadas de desvíos en su recorrido que lo han dejado tan recto y angosto que sus aguas turbias se pueden cruzar con un solo paso. Sin embargo, el río es importante para Coca-Cola porque fluye a través de un área que suministra una gran parte de la remolacha de azúcar que la compañía utiliza para endulzar las bebidas que vende en el Reino Unido.

El escurrimiento de fertilizantes de las granjas ha contribuido a los problemas del Río Nar. Coca-Cola sabe que este tipo de problemas puede suponer un riesgo para su negocio. Hace once años una de sus plantas embotelladoras en la India fue objeto de enfurecidas protestas por su impacto en los suministros locales de agua y, finalmente, fue cerrada. Durante mucho tiempo insistió que las acusaciones eran injustas.

Pero, desde el 2003, Coca-Cola y sus embotelladoras han gastado cerca de US$ 2 mil millones para reducir su consumo de agua y mejorar la calidad del agua donde sea que operen. Ese gasto ahora se extiende a un campo empapado cerca al Nar.

Además, entregó 1,2 millones de libras esterlinas al grupo de conservación World Wildlife Fund, que ha cavado un canal sinuoso para restaurar un tramo recto del río y volverlo a su versión serpenteante y natural.

Los casi US$2 mil millones en inversiones de Coca-Cola pueden parecer mucho, pero en realidad son un pequeño ejemplo de cuánto las empresas están empezando a gastar en agua en todo el mundo. Casi 20 años después de que el Banco Mundial empezara a advertir sobre una inminente crisis del agua, la combinación de una población en aumento, una clase media global en crecimiento y un clima cambiante está llevando al límite los suministros de agua. Para las empresas  esto equivale a mayores costos por un recurso en el que durante mucho tiempo ni se había pensado.

“El costo marginal del agua está aumentando en todo el mundo”, señala Christopher Gasson, editor de Global Water Intelligence, una compañía de investigación. “Antes el agua era tratada como una materia prima gratuita. Las empresas se están dando cuenta de que pueden dañar su marca, su credibilidad, su calificación crediticia y sus costos de seguro. Eso se aplica tanto a un fabricante de chips de computadoras y a una empresa de alimentos como a un generador de energía o a una empresa petroquímica”.

Abundan los ejemplos de estos costos: Nestlé, una de las empresas de alimentos más grande del mundo, destinó US$43 millones de dólares para instalaciones de ahorro de agua y de tratamiento de aguas residuales en sus plantas el año pasado.

En Australia una subsidiaria del BG Group, la compañía británica de petróleo y gas, ha puesto en marcha un sistema de monitoreo y gestión de agua por US$938,7 millones que lleva mediante tuberías el agua tratada desde sus yacimientos de gas a fin de aumentar el suministro de líquido para los agricultores y los pueblos.

Antero Resources, una compañía de gas de esquisto en EE.UU., planea invertir US$525 millones en una tubería para llevar agua hacia sus operaciones, aumentando la confiabilidad de sus suministros. Por su parte,  Rio Tinto y BHP Billiton han puesto en marcha un esquema de desalinización por US$3 mil millones en Chile que bombeará agua de mar tratada hasta 10.000 pies hacia una mina de cobre de propiedad conjunta, reduciendo el uso de los frágiles suministros locales de agua.

Ford, el fabricante de automóviles, ha construido un sistema de tratamiento de agua por US$2,5 millones en su planta de ensamblaje de Pretoria en Sudáfrica la que está aumentando la reutilización del agua hasta en un 15% y EDF, el grupo de energía francés, ha gastado 20 millones de euros cambiando un túnel de toma de agua para una de sus plantas hidroeléctricas en los Alpes franceses.

Desde el 2011 las empresas han gastado más de US$84 mil millones en todo el mundo para mejorar la forma en que se conserva, se administra o se obtiene agua, según datos del Global Water Intelligence, informes regulatorios y entrevistas del FT.

Las razones para cada inversión son diferentes. Algunas son impulsadas por la escasez física del agua, otras por nuevos procesos industriales que requieren agua en mayor cantidad o de mayor calidad. Otras empresas quieren demostrar a sus clientes que se preocupan por la conservación del agua. Algunas están motivadas por las nuevas regulaciones ambientales que requieren un mejor tratamiento de las aguas residuales.

La cifra de US$84 mil millones no es exhaustiva ni fácil de comparar con niveles de gasto anteriores porque relativamente pocas revelan el precio de tales esquemas.

RESULTADOS ECONÓMICOS

Por ejemplo, Google se niega a decir cuánto gastó en una planta que ha construido en uno de sus centros de datos en Georgia (EE.UU.), la que le permite utilizar el agua desviada del desagüe para mantener fríos sus servidores. Tampoco revela cuánto gasta en un centro de datos belga que emplea agua desde un canal industrial.

Joe Kava, director de operaciones del centro de datos de la compañía, ha advertido que el agua es “el gran elefante en el cuarto” para las empresas de tecnología, que comúnmente pueden emplear cientos de miles de galones de agua al día.

“Nos hemos enfocado en el consumo de energía y la eficiencia energética, y eso es excelente”, dijo en el 2009. “Creo que lo siguiente en lo que debemos centrar nuestra atención es: ¿Qué hacemos con la inminente crisis del agua?”.

A medida que el agua se vuelve más escasa, el uso de ella por las empresas de datos podría atraer el escrutinio público, agregó, trayendo como posible resultado regulaciones que controlen la cantidad de agua que consumen.

La semana pasada Google indicó al “Financial Times” que como resultado de su enfoque en la conservación del agua, ahora tiene una planta en Finlandia que es enfriada en su totalidad por agua de mar. También está estudiando el uso de agua de lluvia captada en Carolina del Sur.

La regulación es una creciente preocupación para muchas empresas, motivo por el cual los inversores están empezando a presionar para que exista mayor divulgación sobre los riesgos del agua.

El enorme fondo petrolero en Noruega por US$890 mil millones, el fondo de riqueza soberano más grande del mundo, es uno de varios inversionistas grandes que está exigiendo a las empresas mejorar su presentación de informes. 

El fondo es uno de los 530 inversores con US$57 billones en activos que trabajan con el Carbon Disclosure Project (CDP),una organización benéfica internacional del medio ambiente. En nombre de esos inversores, el CDP pide a las grandes empresas cada año que den a conocer los riesgos y las oportunidades que plantea el agua en sus negocios. El año pasado, el 70% de las 180 empresas en el FTSE Global 500 que respondieron dijeron que el agua era un riesgo sustancial para su negocio, frente al 59%  en el 2011.

Una tendencia similar ha surgido en la más reciente edición de la encuesta anual de riesgo global del Foro Económico Mundial para ejecutivos de negocios y otros líderes. Las crisis de suministro de agua no fueron calificadas entre las cinco mayores preocupaciones en términos de impacto en cualquier año hasta el 2011, pero han figurado entre los tres primeros puestos todos los años desde el 2012.

La escasez de agua ya no es solo un pequeño problema a nivel de planta para las empresas, sino que se ha convertido en una cuestión estratégica para la alta dirección, dice Martín Stuchtey de la consultora McKinsey. "Está captando una mayor parte de los gastos de capital en muchas empresas”, señala. El mercado mundial del agua de US$550 mil millones  –que cubre todo, desde plantas de tratamiento de agua hasta tuberías– está expandiéndose en casi 3,5% cada año, añade. Pero está creciendo mucho más rápido en algunas industrias: tanto como un 14% anual para el sector de petróleo y gas y un 7% para la industria de alimentos y bebidas.

PROBLEMAS EN LA MINERÍA

Esos costos en aumento son más visibles para un sector de los negocios: la minería. El gasto en agua de esta industria ha aumentado de US$3,4 mil millones en el 2009 a casi US$10 mil millones en el 2013, y es probable que supere los US$12 mil millones este año, según la Global Water Inteligence.

Señala que el plan de desalinización por US$3 mil millones de BHP Billiton y Rio Tinto para su mina de cobre Escondida en Chile fue un récord para una industria en la que la infraestructura de agua ha representado tradicionalmente alrededor del 10% del costo de una mina, pero hace poco ha alcanzado tanto como el 30%. Al menos otros siete grupos mineros en el país han elaborado planes para las plantas de desalinización más pequeñas por un valor total de US$1 mil millones.

También se han previsto más plantas para las minas en el Perú, donde la industria ha tenido su propia versión de los problemas de Coca Cola en la India: en el 2011 el proyecto minero de cobre Tía María de US$1 mil millones operado por la estadounidense Southern Copper fue detenido luego de que las violentas protestas por parte de agricultores acerca del uso del agua dejaran tres muertos. Otros proyectos han sido obstaculizados por problemas similares.

Sin embargo, Río Tinto, el socio menor en la mina Escondida, resta importancia a las sugerencias de que la escasez de agua sea un problema financiero inmanejable.” No hemos sentido que sea una tendencia importante para el negocio, pero es un riesgo material que estamos manejando” dijo Matthew Bareson, director global de medio ambiente en Río Tinto.

Sin embargo, algunos expertos están menos tranquilos. “Es claramente cierto que la escasez de agua está finalmente empezando a deteriorar financieramente”, dice Andrew Metcalf, un analista de inversiones y autor del informe del 2013 para la agencia de calificación crediticia Moody´s, que fue una de las primeras en advertir sobre los impactos financieros que la escasez de agua había empezado a plantear para la industria minera.

Metcalf cree que los mineros no son los únicos en riesgo. “Los reguladores en los mercados donde los grupos de petróleo y gas, empresas de productos químicos y otros operan han ajustado enormemente las reglas y, a su vez, los costos de cumplimiento con respecto al uso del agua en los últimos tres a cinco años”, dice.

Es muy probable que los costos continúen aumentando de acuerdo al informe de Metcalf, porque el 70% de las minas existentes de las seis mayores mineras globales se encuentran en países donde la escasez de agua está calificada como un riesgo alto o moderado, junto con dos tercios de los proyectos que se están desarrollando.

El resultado es que los “proyectos tardarán más en terminarse, serán más costosos y más riesgosos, con implicancias negativas de crédito para toda la industria”.

El artículo completo de Financial Times fue publicado hoy  en la edición impresa del diario El Comercio en Perú, artículo que recomendamos leer, pues sustenta posiciones que suscribimos, como : "La solución a la escasez de agua se encuentra principalmente en manos de los gobiernos, no de las compañías, ya que se requiere de políticas, tales como una mejor regulación de las aguas subterráneas de riego o un uso más inteligente de las aguas residuales" y "Las soluciones a la escasez de agua se conocen y no tienen que ser costosas. Sin embargo, el riesgo al que teme un creciente número de líderes empresariales es que tales medidas sean postergadas hasta el último minuto,obligando a realizar costosas acciones".

Reformas en gestión del agua en EPS

Continuando con el análisis expuesto en Proceso de inversión privada en EPS y el desarrollo de Semana Económica sobre las reformas previstas para la gestión del agua por parte de las EPS, reproducimos parte de lo que estaría considerando establecer el ejecutivo de cara al futuro:

"Más de cincuenta empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) en el Perú –entre ellas Sedapal– enfrentarán una reforma en los próximos años. SEMANA económica conversó con el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Milton von Hesse, para entender los pormenores de dicha reforma. ¿Qué hará el gobierno para arreglar la pobre gestión de estas empresas? Y… ¿qué rol tendrá el sector privado?

El primer paso de la reforma es que el Gobierno Central reemplace a los municipios como entes encargados de la gestión de las EPS. Para ello el gobierno apelará a la voluntad de los alcaldes de ceder voluntariamente la gestión de las EPS de sus localidades.

De momento, el gobierno no tomará control de estas empresas a través de los mecanismos que establece la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su reglamento, según reveló Milton von Hesse. Con esta ley, el gobierno central puede tomar control de las EPS en situación de insolvencia, entre otros supuestos, tras una evaluación.

Sin embargo, el ministro asegura que ya existen dos regiones donde todos sus alcaldes estarían dispuestos a ceder el control de sus EPS. Tras obtener el control de las EPS, se ejecutarían procesos graduales de ingreso de la inversión privada.

Primero se buscará promover la inversión y gestión privada en las plantas de tratamiento de aguas residuales y las plantas de tratamiento de agua potable a través de modelos de asociaciones público-privadas (APP) y del mecanismo de obras por impuestos. De acuerdo a la evolución de cada EPS, la participación privada se extendería al manejo comercial de la empresa, como la microfacturación, el cobro de los servicios y hasta la gerencia misma.

Por ahora, no se privatizarán –transferir en su totalidad a una empresa privada– estas empresas, como se hizo con la EPS de Tumbes, que se privatizó a la Empresa Aguas de Tumbes y que hoy constituye la única EPS privatizada en el Perú. Pese a ello, el objetivo de la reforma es implantar modelos de gestión basados en criterios de eficiencia en estas empresas.

Proceso de inversión privada en EPS

En nuestra publicación ¿Gran minería es un tema de Estado? indicamos el relacionamiento entre el sectores minero y saneamiento. Manifestamos que las comunidades colisionan y generan conflictos sociales con todo lo que significa "competencia al acceso del recurso agua", más aún si es que se trata de pequeñas localidades donde los servicios son deficientes y cuentan con tarifas subsidiadas, siendo los municipios los que por razones políticas cubren los costo de estos servicios. Precisamos entonces que en el ámbito urbano las EPS están, en su mayoría, atravesando una severa crisis empresarial y financiera que las está llevando al colapso, el cual se expresa en insolvencia empresarial.

En este contexto, Semana Económica presenta un análisis de lo que representaría un nuevo modelo de gestión del recurso agua en las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en los siguientes términos:

"Las empresas prestadoras de agua y desagüe (EPS), entre las que se encuentran Sedapal y otras 48 a nivel nacional, tienen una historia de mala gestión de más de dos décadas. Hay, desde luego, EPS con mejor gestión, pero en general, la calidad de su servicio —estándares de calidad del agua, continuidad del servicio— y su cobertura —número de usuarios con conexión de agua y desagüe— es pésima.

Como si esto no fuera suficiente, el negocio de casi la mitad de estas EPS no es rentable y subsiste a través de subsidios y transferencias presupuestales, pese a que con una adecuada gestión podría ser autosuficiente y rentable.  ¿Quién es responsable de tan mala gestión? Los municipios provinciales, que son dueños de estas empresas y que, como entes políticos, a veces las utilizan como caja chica o como despensa de puestos de trabajo para pagar favores políticos.

Recientemente el ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, consideró que es hora de cambiar el modelo de gestión de estas EPS, cuyos directorios son elegidos por los municipios. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud cuál es el modelo que reemplazará al actual, ni el cronograma de tal transición. Lo que sí se sabe es que este cambio se hará de acuerdo a lo establecido en la ley de modernización  de los servicios de saneamiento y su reglamento.  ¿Qué establece esta ley (y su reglamento) al respecto?

CUANTO PEOR SEA LA GESTIÓN, MAYOR SERÁ LA INTERVENCIÓN (DEL GOBIERNO CENTRAL) EN EPS

Las EPS que tengan una gestión y situación financiera adecuada continuarán operando tal como lo hacen actualmente. Ello significa que los municipios conservarán el control sobre tales empresas.

Para las EPS que tienen una mala gestión,  es decir, que incumplen con las metas que establece la SUNASS — regulador de las EPS—  como expandir sus conexiones, o que tienen una situación de insolvencia financiera, entre otros supuestos, la ley encarga su administración al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) —organismo que esa misma ley crea pero que aún no ha sido implementado—, el cual depende del gobierno central. Este organismo asumiría el rol de los municipios en la gestión de la empresa hasta por 15 años. A este régimen la ley lo llama Apoyo Transitorio.

Las EPS con una gestión incluso peor —en situación de quiebra— serán sometidas a un proceso concursal, en el cual sus acreedores —usualmente otras entidades estatales como la SUNAT y el MEF — tomarían el control de la empresa. Pero tras el proceso concursal, ¿quién estará a cargo de la compañía? Tales acreedores — evidentemente — no tienen experiencia en el manejo de las EPS ni mucho menos tienen tal función entre sus competencias. Así, es presumible que el Otass también se haga cargo de tales EPS tras su proceso concursal.

Al 2012, existían al menos 10 EPS con pérdidas de más de S/.1 millón  y otras 11 con pérdidas menores.  Entonces, ¿cerca de 21 de estas empresas, de un total de 49, pasarían a ser controladas por el Gobierno tras una reforma?

PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS EN LAS EPS

La ley indica que durante el régimen de Apoyo Transitorio, el Otass puede promover la inversión privada en las EPS. Dado que las EPS atravesarían un proceso concursal gestionadas por el Otass, tal oportunidad de inversión privada también se daría en ese supuesto.

Pero, ¿bajo qué condiciones entrarían los privados en las EPS? En la ley y su reglamento no se indica ello con exactitud. Lo que sí se indica es que la administración del Otass duraría, como ya se mencionó,  máximo 15 años. Luego de ese periodo, ¿qué pasaría con la inversión privada? ¿Se vería obligada a vender su participación a los municipios? ¿Tendría que cogestionar la EPS con ellos? Tales preocupaciones, pueden ser las principales limitaciones en un eventual proceso de inversión privada en las EPS.

Asimismo, aún persiste la interrogante de si el Gobierno permitirá que las EPS puedan ser privatizadas en su totalidad —actualmente la única EPS privatiza es Aguas de Tumbes—.  Actualmente, la ley y su reglamento sólo contemplan la posibilidad de que se hagan Asociaciones Público Privadas (APP’s), aunque no se desarrollan a detalle tales situaciones.

¿CUÁL SERÁ EL DESTINO DE LAS EPS?

La ley y su reglamento únicamente dan pistas de cuál es el plan del gobierno para las EPS. En buena cuenta, tan solo constituyen el esqueleto sobre el cuál se desarrollará la ansiada modernización de la gestión de las EPS. De su análisis, no cabe duda de que el objetivo del Gobierno es mejorar la gestión de las EPS —y por tanto su deficiente servicio y cobertura—. Los expertos como Pablo Secada, que trabajó en los intentos de privatización de las EPS de los 90, coinciden en que el modelo actual favorece la corrupción por parte de los municipios.
Sin embargo, el Gobierno central aún no ha demostrado que su propuesta de centralizar la gestión de las EPS en un organismo del Ejecutivo, efectivamente vaya a mejorar el servicio que ofrecen las prestadoras de servicios. Existen varios obstáculos que tal reforma deberá superar. Los principales riesgos son la eventual resistencia social y política a que estas empresas sean centralizadas.
El famoso “Arequipazo” es un ejemplo de cuán fuerte pueden ser estos factores en esta clase de situaciones. Así, está en la cancha del Gobierno central revelar los pormenores de su reforma, y diseñar una estrategia que pueda llevar adelante. No va a ser una tarea sencilla, aunque es favorable que exista la voluntad política para hacerlo".

Inversiones en el sector minero

Tener riqueza geológica no es suficiente para atraer mayores inversiones en el sector minero, pues el desarrollo de proyectos mineros necesitan un marco adecuado y estable debido a los altos niveles de inversión que se requieren para poner en marcha lo que generalmente demandan largo aliento.

El descenso en la percepción del inversionista _ medidos por el Instituto Fraser_es un tema que exige un análisis sin apasionamientos.

Sin perjuicio que los resultados del estudio se basan en las percepciones recogidas a través de una encuesta y que no explican al detalle todas las variables necesarias para la toma de las decisiones de inversión, el ranking elaborado por el Instituto Fraser constituye un indicador importante de los aspectos en que debe trabajar un país para mejorar sus posibilidades de captar inversión.

En los resultados de la última encuesta disponible (2010/2011) el índice de potencial minero sin regulación, ubica al Perú en el 15° lugar de 79 países encuestados. En el caso de potencial minero bajo la regulación actual, descendemos al puesto 22°.

Si observamos el índice de potencial de políticas veremos que también se disminuye, dado que los inversionistas tienen una percepción negativa del mismo ya que nos ubican en el 50% inferior de la muestra de países (puesto 48), muy por debajo de nuestros principales competidores (Québec, Nevada, Chile, entre otros).

Finalmente, en el resultado global (el índice compuesto de potencial minero y potencial de políticas) coloca al Perú en la posición 28, indicando que las políticas implementadas en nuestro país afectan el interés de los inversionistas por invertir en Perú.

En este contexto, Perú tiene por delante una ardua tarea para mejorar el clima de inversiones, reducir niveles de incertidumbre para generar la confianza necesaria para dar la tranquilidad a los capitales, tanto nacionales como extranjeros.

Acuerdo Nacional : Agua & Minería

Hoy martes 14 de Agosto del 2012, se celebra el décimo aniversario del Acuerdo Nacional, que es un foro político y social moderno que expresa una visión consensuada del futuro del país.
Habíamos comentado de este importante espacio de concertación nacional en el sentido que la política del gobierno nacional de turno _ respecto al tema minero_ debería ajustarse a las Políticas de Estado consideradas en el Acuerdo Nacional, convocando a las fuerzas vivas del territorio nacional a efectos de revertir los registros negativos en las exportaciones que  podrían convertirse en tendencias recurrentes afectando a principales actores económicos, entre los que se encuentra el sector minero.

Décimo aniversario del Acuerdo Nacional congregando a líderes de opinión.

En la reunión se presentaron y aprobaron las Políticas para manejo de recurso hídrico que a partir de la fecha forma parte de las treinta y tres políticas de compromiso de gobierno.
Con éstas políticas sobre el manejo del recurso hídrico se presenta una nueva relación para con las actividades extractivas como eje de las actividades de crecimiento y desarrollo en Perú.

Resolver el problema del agua, colocando al Estado como eje rector de una política inclusiva socialmente, llevando la presencia del Estado a los lugares donde aún la desigualdad es endémica, constituyen en esencia los objetivos previstos.

Una buena Política hídrica es un instrumento clave para hacer la inclusión social desde adentro, desde el interior del país para resolver la desigualdad.

Saludamos este esfuerzo realizado que se presenta como una ventana de oportunidades para armonizar el progresivo posicionamiento de la actividad minera del siglo XXI, con tecnología de punta, que contrasta con las actividades agrícolas que usan tecnología del siglo XIX para el uso y manejo del agua.