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viernes, 22 de febrero de 2019

Derecho constitucional y minería en Perú

La inversión privada y el sector minero en Perú, se encuentran realizando denodados esfuerzos para lograr su recuperación luego de un periodo oscuro que ralentizó la economía peruana. 

Superando seis mil millones de dólares el 2019

La inversión minera en el Perú alcanzaría los 6,100 millones de dólares ante el inicio de grandes proyectos y el destino de recursos para la ampliación y modernización de las operaciones, según una consultora internacional.
El anuncio de la puesta en marcha de Quellaveco y Mina Justa el año 2018, podría marcar el inicio de un nuevo ciclo de importantes inversiones mineras, pues en Perú existen proyectos detenidos por temas transversales al sector minero.

Mejorar las relaciones comunitarias

Es fundamental mejorar las relaciones con las comunidades y pueblos de tradición minera, así como en los lugares donde se focalizan nuevas operaciones mineras; para ello, se debe recuperar la confianza en el sistema jurídico de un poder judicial impactado por hechos que afectaron su imagen.
Los altos niveles de corrupción detectados en el ejecutivo y legislativo, que lograron  penetrar e inficionar  al poder judicial, se van decantando en el inconsciente popular; lo cual se corrobora con la implosión del partido  PPK , cuyo líder fuera el renunciante ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Cumplimiento de la Ley de leyes

La recuperación de la confianza en los actores sociales, se sustenta en el irrestricto cumplimiento de la Constitución Política del Perú, y con ello los derechos constitucionales de la persona humana, quienes tienen el derecho a solicitar la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses. 
No cabe pues el hecho que los juzgados constitucionales en Perú , puedan demorarse meses o tal vez años para resolver casos de personas que acuden ante los tribunales de justicia a efectos de solicitar se restituya algún derecho constitucional que sientan vulnerados.

Administración Vizcarra

El actual presidente de la República peruana, ingeniero Martín Vizcarra, tiene que lidiar con los elevados niveles de corrupción que le dejara su antecesor PPK, para lo cual designó que el 2019 será llamado el "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad".
En este contexto, la administración Vizcarra afronta los retos y desafíos impuestos ante una realidad en que las fuerzas vivas del país, el Congreso de la República y particularmente el sector minero marchan unidos en búsqueda de su mejor destino. 

miércoles, 19 de octubre de 2016

Muerte civil por corrupción en Perú

Perú se encuentra dando pasos importantes en el tema anticorrupción de funcionarios públicos y es en ese sentido Fernando Zavala, el presidente del Consejo de Ministros, anunció que el Poder Ejecutivo aprobó la muerte civil para los funcionarios corruptos. El Poder Ejecutivo también envió al Congreso un proyecto para incorporar la imprescriptibilidad los delitos contra la administración pública en la Constitución.
"Se va a modificar el Código Penal para ampliar la pena de inhabilitación e incorporar la inhabilitación definitiva para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, también llamada muerte civil por corrupción", dijo el jefe del Gabinete.
El decreto legislativo aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros es el primero bajo las facultades legislativas que el Congreso le brindó el 9 de octubre. Zavala también dijo que se enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar el artículo 41 de la Constitución e incorporar la imprescriptibilidad los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos.
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, detalló la iniciativa en conferencia de prensa. “Hemos modificado el Código Penal para elevar el marco mínimo de 2 años y máximo de 20 de duración de pena de inhabilitación principal para los crímenes cometidos contra funcionarios. También hemos señalado que la pena accesoria de los delitos como colusión, cobro indebido, peculado de uso, doloso, culposo y demás comprendidos en el capítulo de penas por delitos contra la administración pública sean susceptibles de inhabilitación perpetua cuando sea contra el patrimonio del Estado, como integrante de una organización y contra programas de fines asistenciales. Se creará un registro único de funcionarios inhabilitados.”