Fortalecer la Política Nacional del Ambiente : Basura en energía - WTE

El mundo moderno exige ya no sólo colocar en un lugar adecuado los residuos sólidos sino producir menos basura y convertirla en materia prima para diversos usos como es en el caso de la energía, fertilizantes, biogás, compost, entre otros ; sin embargo en Latinoamérica y particularmente en Perú , se mantiene costumbres alejadas de una cultura sanitaria, al disponer los residuos sólidos en botaderos a cielo abierto, contaminando su medio ambiente y afectando la salud pública.

Informalidad e incapacidad en la gestión pública de RRSS   

Pasados doscientos años, Perú no encuentra las capacidades necesarias para resolver su problema de gestión en el tema de los residuos sólidos. Información oficial publicada el 25 de Julio del 2021 mediante DS N° 023-2021-MINAM, indica que en el año 2018, la disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios a nivel nacional fue de 3,572,594.73 toneladas; es decir, el 52 % de los residuos sólidos fueron dispuestos adecuadamente, y se recuperó sólo el 1% que fue del orden de 77,620 toneladas, lo que implica que más del 47 % de los residuos sólidos constituyen fuentes de contaminación del ambiente, ya sea de aire, suelo o agua , que al ser dispuestos inadecuadamente afectan la salud pública, inficionando el sistema inmunológico  de las personas, muchos de los cuales formaron parte del elevado número de muertes registradas en Perú por la pandemia en curso.

Problemas de recolección de residuos sólidos municipales en el cono sur de Lima metropolitana_2021

El problema de fondo se sustenta en una flagrante falta de planificación e informalidad en los tres niveles de gestión del Estado, lo cual es el resultado de la carencia de investigación sistémica; la cual se traduce en una limitada situación futura deseada en el marco de la Política nacional del Ambiente de cara al año 2030 y vinculada a una escaza visión del Perú al 2050 en el extremo materia de análisis.

Educación sanitaria para  convertir Basura en Energía 

Como ya mencioné antes, la mejor solución de cara al 2050 para la gestión de los residuos sólidos es producir menos residuos, lo que debe ser materia de regulación y difusión en todos los niveles educativos, incluyendo los sectores público y privados.
Perú podrá resolver el cuello de botella que significa aplicar un programa para convertir basura en energía sólo si puede aplicar un buen sistema de separación de residuos ajustado a la realidad existente en la unidad de gestión que es sin lugar a dudas la cuenca hidrográfica, para garantizar que los materiales reciclables, alimentos y otros residuos tóxicos y peligrosos no sean incinerados.

Sobre el proceso para convertir Basura en Energía

Los países en el planeta que vienen desarrollando este programa, separan desde los domicilios los residuos en bolsas de colores. En las casas separan: orgánicos, metales, pilas, vidrios de color, vidrios transparentes, plástico duro, plástico blando, cartón y Tetra Pak, papeles, periódicos y revistas

En Perú, actualmente algunos distritos de zonas urbanas usan bolsas plásticas de color negro para almacenamiento intradomiciliario de residuos sólidos municipales. Anteriormente en el año 2016 expliqué en "Transformando basura en Energía" sobre la experiencia peruana en la ciudad de Lima, con una empresa que inició operaciones el 2011 y cuenta con una concesión hasta el 2030 que contó con auspicio del banco Mundial; y posteriormente en  "Impacto del fenómeno de urbanización en economías emergentes: El caso peruano", expuse sobre el proceso que deben seguir los distintos niveles de gestión del Estado : además de promover y fomentar el almacenamiento intradomiciliario, recojo selectivo, transporte y disposición final, debieran incorporar la innovación tecnológica que se viene aplicando con marcado éxito en países como Alemania, Finlandia, Suiza, Suecia, Noruega y muchos otros, en los que además de la recuperación y reciclaje de RAEE, metales, vidrios, papeles, cartones, plásticos...  se pone en valor la basura con contenido calórico para producir electricidad.

En ese orden de ideas, la experiencia de Suecia indica que primero, un lector óptico separa las bolsas por color. Las azules, con plásticos, se envían a plantas de reciclaje para aprovechar el material. Las verdes, con restos de alimentos, se usan para obtener fertilizantes, compost y el biogás que usan de combustible los autobuses. Las blancas van a incineración a un horno de 850°C. El calor producido hierve agua y su vapor tiene dos funciones: la primera, mueve una turbina para generar electricidad que se aprovecha en las escuelas y la segunda, alimenta la red de calefacción municipal. Después de la incineración, el 20% de la basura ingresada se convierte en cenizas las cuales son enterradas.

Necesidad de fortalecer la Política Nacional del Ambiente -RRSS

Para ver la dramática situación en que se encuentra la gestión de los residuos sólidos en Perú, citare datos oficiales correspondientes al año 2018 - previo al arribo del COVID-19 - año en que la autoridad nacional reconoce que mas del 47 % de los residuos sólidos constituyen fuentes de contaminación del ambiente. 

En este años se produjeron 7,374,821 toneladas de RRSS y sólo 3,572,594 se dispusieron sanitariamente en rellenos sanitarios.

Para ese año 2018 el presupuesto nacional del sector público fue 157,159 millones de soles según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, donde el uno por ciento (1670 millones de soles) fueron destinados al gasto para el manejo de residuos sólidos municipales y 0.2 % (319 millones de soles) correspondieron al monto de inversión de los proyectos de inversión en residuos sólidos.

Si a las cifras precitadas se le incorpora la merma presupuestal en el manejo de la cosa pública, indicada por la inconducta funcional en ciertos gobiernos locales expresada por la contraloría general de la república, se podrá apreciar que La Política Nacional del Ambiente - 2030- RRSS , necesita fortalecerse con Planes, Programas y Proyectos que aterricen con la realidad nacional y así reducir el 5% del PBI que representa la contaminación en Perú.

Los tomadores de decisión en Perú necesitan tener un norte a seguir , el cual debe responder a preguntas básicas de cara al futuro y así dar solución al problema de la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos : ¿Se va continuar contaminando el ambiente dejando la mitad de la basura producida en el país? ; ¿ Se va a seguir enterrando la basura en rellenos sanitarios situadas en zonas vulnerables asumiendo los riesgos de inundaciones producidas por el cambio climático? ; ¿ Se va a continuar sin el adecuado control de los impactos generados por los botaderos a cielo abierto ?; ¿ Cuánto es el presupuesto necesario para dar solución al problema de la contaminación por residuos sólidos ? ; ¿ Cómo se van a financiar los gastos e inversiones necesarias ? ; ¿ Qué tiempo demandará cerrar las lagunas legales que permitan incentivar la participación del sector privado en la materia ?

Se entiende que para dar respuesta a estas y otras interrogantes colaterales es fundamental alinear a las Políticas de Estado, el Acuerdo Nacional y otras instancias de los niveles locales y regionales, la representación nacional en el Congreso de la república, así como del soporte promotor del gobierno central, que permitan tender puentes a la inversión privada tanto de capitales nacionales y extranjeros, de modo tal que viabilice la transferencia tecnológica y otros instrumentos de gestión para fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del país.

Seguidamente presento experiencias de reciclaje en México y una mayor aproximación de cómo transformar la basura en energía.

  

Agenda Nacional para afrontar crisis climática en Perú

Hoy 20 de Enero del 2021, con la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Joe Biden, se abre una ventana de oportunidades para dar respuesta internacional al calentamiento global del planeta, causante de la crisis climática que afecta a una multiplicidad de países y en especial algunos como es en el caso peruano, donde por sus características megadiversas se encuentran altamente afectados.

El retorno al Acuerdo de París

Con la nueva administración Biden, posibilitará integrar el cambio climático, entre otras, a fortalecer la política de seguridad nacional en los países.

Tanto el nombramiento de John Kerry (firmó en 2016 el Acuerdo de parís) en el puesto de comisionado internacional para el clima y la elección de Gina McCarthy (Ex presidenta de la EPA en la administración Obama), podrán dinamizar la dimensión ambiental en la actual política exterior norteamericana.

Salud del hombre y la naturaleza

La salud del hombre se encuentra sistémicamente relacionada con el medio ambiente donde vive, y es en ese sentido que es de vital importancia lograr una economía de energía limpia, con capacidad de restablecer el equilibrio en el sistema inmunológico del ser humano.

La pandemia del COVID-19 ha demostrado a través del caso peruano, que es necesaria una adecuada planificación y actuaciones concretas para evitar escenarios no deseados frente a la crisis climática.

Agenda Nacional concertada.

La crisis climática afecta indistintamente a las diferentes cuencas hidrográficas en Perú, afectando en mayor grado a la franja costera donde se encuentra la mayor presión poblacional en zonas urbanas.

Componentes ligados a la seguridad: económica; educativa; salud pública; hídrica; alimentaria; energética... y del trabajo, coadyuvan en mantener la ansiada paz social y el equilibrio en los ecosistemas que demandan acciones oportunas de las esperadas actuaciones concretas en cumplimiento de un Acuerdo Nacional.

34° Convención minera Perumin

En su editorial El Comercio: Regla de oro para la minería, toca una agenda de desarrollo minero en el Perú que requiere institucionalidad y beneficios compartidos, hace mención a la 34° Convención Minera Perumin, a desarrollarse en Arequipa desde el lunes 16 hasta el 20 de setiembre, destacando algunos pilares que hacen viable y provechosa la inversión minera.

“En primer lugar, un contrato social estable entre las comunidades, las empresas y el Estado es fundamental para tener relaciones de respeto y confianza que perduren por las décadas de convivencia que demanda cualquier proyecto minero. La institucionalidad de cualquier aventura de largo plazo debe trascender los liderazgos pasajeros de los líderes comunitarios, de los representantes empresariales y de los políticos nacionales de turno. Debe descansar, más bien, en reglas claras y capacidad para hacerlas cumplir. En el caso de Australia, los Native Title Agreements, según escribía la embajadora Diana Nelson, sirven para resolver disputas y promover el desarrollo consensuado.

En segundo lugar, para garantizar la sostenibilidad de los acuerdos, estos deben ser percibidos como mutuamente beneficiosos para todas las partes involucradas, de modo que se reduzca el incentivo para cambiar las reglas o patear el tablero. Quizá no haya una mejor manera de hacerlo que los encadenamientos productivos que puede generar la minería como motor de desarrollo local. Desde maquinaria hasta servicios de software o ingeniería, la industria minera en el Perú tiene la escala para desarrollar clústeres de proveedores locales con potencial exportador. Sin necesidad de ir hasta Australia, de los esfuerzos en este sentido de la región de Antofagasta, en Chile, se puede tomar nota. Perumin puede ser ocasión para construir los cimientos del ansiado clúster minero del sur. No habrá comunidad más simpatizante de la minería que aquella que entiende que su desarrollo está atado a la operación minera.

En tercer lugar, el esquema tributario que enfrenta la minería debe ser justo, estable y competitivo.Del mismo modo, garantizar que los recursos fiscales que genera la actividad son invertidos apropiadamente ayuda a cerrar brechas sociales urgentes y da legitimidad a nuevos proyectos. Tan o más importante que recaudar bien es usar adecuadamente el canon y las regalías, pero de eso hoy se discute poco. Estrategias de acercamiento a la comunidad basadas en inversiones tempranas con proyectos de infraestructura, como el óbolo minero, tienen enorme potencial.

Si no se entiende hoy la importancia de un nuevo contrato social minero, quizá sea luego demasiado tarde. Zonas como Moquegua demuestran que se puede apalancar la minería para mejorar condiciones de vida de la población, en tanto que experiencias internacionales apuntan a que el camino de diversificación productiva de valor agregado a partir de la minería es tan posible como necesario…”

Declaración del encuentro nacional del agua_Yaku 2017

Este 7 de Julio del 2017, se desarrolló un encuentro nacional del agua que concluyó con una declaración en los siguientes términos :

"El 5, 6 y 7 de julio en la ciudad de Lima nos hemos reunido representantes de  18 regiones del Perú de comunidades, organizaciones sociales, frentes de defensa, instituciones, académicos y diversos colectivos que defendemos el agua de todos los peruanos y peruanas. 

Estos días han servido para compartir nuestras diferentes luchas y resistencias, y proponer soluciones y acciones desde los pueblos en defensa de nuestras diversas fuentes de agua: glaciares, páramos, lagunas alto andinas, acuíferos, bosques amazónicos, entre otras.

En este encuentro expresamos y sentimos la necesidad de decirle al país que el agua no sale del caño, sino que hay que mirar río arriba. Debemos recordar que hace apenas unos meses gran parte del territorio nacional fue declarado en estrés hídrico por sequías, ausencia de lluvias.

La gestión del agua ahora es injusta, inequitativa y beneficia a los grandes grupos económicos (empresas). Criticamos al Estado por seguir otorgando concesiones mineras, de hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales que ponen en peligro el suministro y la calidad del agua. El Estado debe cumplir con sancionar a los que contaminan y destruyen las fuentes de agua, respetando los derechos de todos los peruanos y peruanas, frente a la contaminación del agua con minerales pesados, uso de agroquímicos, destrucción de bosques, etc.

Muchas de las discusiones han girado en torno a la necesidad del cuidado de nuestras cuencas y principalmente de las cabeceras, hoy en peligro permanente por proyectos extractivos y de trasvases, principalmente para la agroexportación. Todo ello pone en riesgo el agua que se utiliza para la agricultura de subsistencia, así como para el agua potable de las ciudades.

El escenario es complejo y diverso en cada uno de nuestros territorios; con importantes logros en varios casos; resistencias que han logrado paralizar mega proyectos que pretendían destruir nuestras fuentes de agua y que amenazaban los territorios; pero al mismo tiempo se siguen presentando serias amenazas que persisten y que se acrecientan.  

Este encuentro ratifica que el agua une a los pueblos, porque es nuestra fuente de vida y un elemento fundamental de nuestra identidad y cultura, que se comparte a lo largo de ríos, cuencas y diversos ecosistemas. Es importante todo lo hecho hasta ahora por nuestras organizaciones en los territorios; sin embargo, es necesario seguir avanzando para fortalecer las luchas de nuestros pueblos.

Se nos plantean diversos retos y amenazas en la actualidad, desde los diversos impactos por el cambio climático, el retroceso de los glaciares y los impactos de distintas actividades extractivas, como la minería, la agroexportación, los hidrocarburos, las actividades ilegales, las hidroeléctrica, como por ejemplo en la cuenca del Marañón, entre otras.

Además, desde el Estado se nos sigue ignorando; no nos consultan ni toman en cuenta las demandas de las poblaciones y persisten en el mismo modelo depredador que afecta los derechos de las poblaciones y de la Naturaleza. No somos los pueblos los que buscamos estar en conflicto, sino es la imposición de proyectos económicos y modos de vida que no nos deja otra opción que reaccionar, defendernos y resistir.

Por ello, necesitamos reforzar nuestros niveles de articulación y pensar en un plan de acción que, definiendo prioridades nos permita trabajar y seguir avanzando en cada uno de nuestros territorios. La lucha por el agua es técnica, legal, política, organizativa y cultural, y es una lucha de todos y todas. Por eso es importante reconocer el rol fundamental jugado por las mujeres en estas luchas en cada uno de los rincones del país, dado que no solo disputan con el gran poder empresarial que destruye sus ríos y tierras, sino que tienen que estar batallando por ganar un espacio de representación dentro de sus propias organizaciones.

Son diversas las propuestas que se han planteado en estos días de trabajo: la necesidad de subrayar cuantas veces sea necesario que el agua es un derecho humano y un bien común que debe ser defendido; el objetivo de recuperar la gestión comunal/colectiva de los territorios y de los bienes comunes, entre ellos el agua; impulsar políticas de ordenamiento territorial desde abajo; valorar los saberes locales y reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho de las comunidades campesinas a la consulta previa, libre e informada y a decidir sobre su modelo de desarrollo; impedir la privatización del agua, recuperar el derecho de la gestión colectiva del agua desde las subcuencas; fortalecer las organizaciones de nuestras comunidades.

Proponemos un modelo alternativo en el que los pueblos y comunidades decidamos sobre nuestros modos de vida y podamos gestionar los bienes comunes. Al Estado le exigimos que cese la criminalización de los defensores del agua; que se respete plenamente el derecho a la consulta previa, libre e informada; que se trabajen leyes que permitan de manera efectiva la protección de nuestros territorios y las fuentes de agua para enfrentar las amenazas frente al cambio climático y los modelos productivos depredadores. Que derogue el decreto legislativo  Nº 1280 que busca privatizar las empresas de agua a nivel nacional. Necesitamos un Estado que escuche y que esté con nuestros pueblos. 

Luego de estos días de trabajo nos proponemos un plan de acción con las siguientes acciones prioritarias:

A nuestras organizaciones

- Fortalecer de manera efectiva nuestros niveles de articulación en plataformas que de acuerdo a la realidad de cada territorio, desarrollen diversas acciones a nivel local, regional y nacional. El encuentro de Lima apunta a generar un proceso sostenido de coordinación e intercambio que será forjado, de abajo hacia arriba, desde las comunidades, los pequeños productores, usuarios de agua  y diversos colectivos urbanos que vienen trabajando en todo el país.  Nuestro compromiso es organizar los encuentros locales, regionales y macroregionales de organizaciones y defensores del agua. 

- Para ello, proponemos replicar actividades de articulación a nivel de las regiones y macroregiones, para llegar de manera efectiva a los territorios. Este proceso reconoce el rol estelar de las comunidades y se define como un proceso que se construye de abajo hacia arriba y en movilización permanente. Por eso vemos como necesidad que el Encuentro Nacional se debe convocar cada dos años para consolidarlo como un espacio sostenido de reflexión y toma de decisión de acciones nacionales en defensa del agua.

- Proponemos organizar una plataforma de información que permita un     seguimiento a las diferentes acciones que nuestras organizaciones vienen realizando por la defensa de sus fuentes de agua. La base de datos de las diferentes organizaciones y redes nacionales es un primer avance que debe potenciarse para permitir un seguimiento a los diferentes conflictos vinculados al agua que se presentan en todo el país y realizar una campaña nacional. Este debe ser el primer paso para la conformación de un Observatorio Nacional del Agua.

- Se conformará una red nacional de acción inmediata y protección para la protección de defensores y defensoras del agua.

Frente al Estado

-Iniciar un diálogo nacional que impulse una verdadera Autoridad Nacional del Agua que tenga una real autonomía y que reduzca la dependencia actual y el control que ejercen los diferentes grupos económicos y los sectores que precisamente han provocado una gestión caótica y desigual del agua.

-Exigimos una política de salud que proteja de manera efectiva a las poblaciones afectadas, castigando a los responsables de la contaminación. La propuesta es que se detenga la contaminación y que se compense a los afectados.

-Llamamos a nuestros representantes en el Congreso y a las instituciones del Estado peruano a diseñar con las poblaciones las políticas públicas necesarias que hagan efectivo el reconocimiento del agua como derecho humano y que protejan las fuentes de agua y cabeceras de cuencas. Se deben reconocer nuestros conocimientos ancestrales que son una herramienta fundamental para una adecuada gestión del agua que además permite la actividad de pequeños agricultores y asegura la canasta de alimentos del país (seguridad alimentaria) de todos los peruanos y peruanas. Rechazamos la concentración de aguas y tierras.

-Exigimos la derogatoria de la ley de criminalización de la protesta social que persigue a nuestros defensores y defensoras por el agua a nivel nacional.

-Nos comprometemos, los líderes y lideresas en mejorar nuestra gestión territorial del agua. Estamos comprometidos a participar en el ordenamiento territorial y exigimos al Estado procesos participativos, justos, equitativos y con transparencia.

-Solicitamos que las Juntas de Usuarios sean legitimadas por el pueblo y que la normatividad asegure una mayor fiscalización de la ciudadanía y las prácticas democráticas para la elección de representantes, rotativamente e inclusivamente. Criticamos la política deforestación de la Amazonía, porque permite las lluvias presentes y futuras en el resto del país.

Por último, aprobamos la organización de la segunda Marcha Nacional por el Agua, que tenga como plataforma la exigencia de participación y representación de las comunidades y pequeños productores, colectivos urbanos, colectivos de mujeres, jóvenes, en las decisiones sobre las políticas nacionales vinculadas a la gestión del agua y el diseño de una nueva institucionalidad que realmente responda a las necesidades de los pueblos y no de los poderosos y sus negocios en el Perú".

¿Minería ilegal y/o minería informal?

En Perú se están realizando grandes esfuerzos para poder distinguir y separar la minería ilegal de la minería informal, pues de la confusión existente entre ambos conceptos, nace la reacción en cadena para alimentar las protestas sociales y las denominadas protestas "socio-ambientales" de una población que vive atendiendo estas actividades al interior del territorio nacional.

Con el transcurrir del proceso,se escuchan iniciativas proponiendo crear un Acuerdo Nacional del Ambiente, como una suerte de continuación de las políticas fijadas por el Acuerdo Nacional en un documento de política elaborado el año 2002.

El planteamiento central de la política de Estado Nº 19 del precitado documento del Acuerdo Nacional, fue “Integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales y culturales del país, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú, promoviendo la institucionalidad de la gestión ambiental pública y privada que facilite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y el desarrollo de centros poblados y ciudades sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, preferentemente con énfasis en la población más vulnerable del país.”

Tras el mensaje declarativo, se convino en la urgencia de tender puentes de diálogo entre el gobierno,el empresariado y la sociedad civil; así como en la necesidad de tomar medidas urgentes,drásticas,caras y seguramente impopulares,con grandes costos sociales en el corto plazo pero que a largo plazo significaría al país una importante ventaja competitiva y de desarrollo humano.

En este contexto, alguna voces indican que la solución a estos problemas tiene una clave y esta consiste en fijar impuestos,multas e incentivos, e invertir en fiscalización.
En nuestra opinión, reducir gran parte del problema dirigiéndolo al enfoque "contaminador-pagador" no sería necesariamente lo más óptimo, pues la dinámica generada por el explosivo crecimiento de la minería informal posicionada en casi todo su territorio, superan largamente al aparato burocrático utilizado para confeccionar la línea base de la Minería ilegal y/o informal posicionada en las regiones del Perú   
Ciertamente para actuar, el impase subsistente continúa radicando en la linea base, y por supuesto en la desinformación generada por el propio Ejecutivo, lo cual es trasladado al gran público por una parte de la prensa peruana.
Con fecha 25 de Diciembre del 2011 , la oficina de prensa e imagen institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, indicaba que la minería informal involucra a unas cien (100) mil personas.
Hasta el 28 de julio del 2012 se había formalizado 20 mil mineros artesanales. En febrero del 2013, la cifra de mineros informales que presentaron su declaración de compromiso para formalizarse subió a 77 mil.
El 09 de junio del 2013, el diario El Comercio, publica " según José Alvarez Alonso, del Ministerio del Ambiente, se calcula que hay cerca de 70 mil mineros informales. Entre 20 mil y 30 mil están en Madre de Dios". Se evidencia entonces muchas especulaciones en torno a las cifras y no información producto de un rigor científico, a que estamos acostumbrados por el adelanto de la modernidad que dan las imágenes satelitales, globalización de la información, entre otros.
Para lograr entender las diversas cifras emitidas oficialmente por las autoridades ambientales competentes y el organismo rector del ambiente en Perú, recurriremos a la terminología legal que para algunos estaría considerando a la “minería ilegal”, “ilícita” o similar, como minería informal.
Mientras las disquisiciones sobre la denominación continúan, el impacto generado por este tipo de minería continúa, medido en términos económicos,sociales, ambientales y políticos, como el caso de la deforestación en parte de la amazonía peruana que dan cuenta los reportes en imágenes siguientes.

El Dato

Minería ilegal 

Decreto Supremo N° 006-2012-EM

Comprende todas las actividades que se realizan sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen dichas actividades y que se ubican en zonas no autorizadas para el ejercicio de dichas actividades, las que son llevas a cabo por personas naturales o jurídicas o grupo de personas organizadas para tal fin.

Minería informal

Decreto Supremo Nº005-2009.EM

Artículo 4.7 .-El presente reglamento también es de aplicación a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividad minera sin contar con los permisos, licencias, u otras autorizaciones que resulten necesarias para tal efecto. Esta definición comprende a todas aquellas personas que realicen la actividad minera en las condiciones establecidas en el párrafo anterior en cualquier parte del territorio nacional, sea que la realicen en derechos mineros propios, de terceros (sean concesionarios mineros de la gran, mediana, pequeña minería o minería artesanal) o en áreas de libre disponibilidad. Toda mención a “minería ilegal”, “ilícita” o similar, se entenderá incluida en esta definición.

Decreto Supremo N° 006-2012-EM

Es aquella actividad que teniendo características de minería ilegal, se realiza en zonas autorizadas para la actividad minera y que quienes la realizan han iniciado un proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas en las normas sobre la materia. 

Acuerdo Nacional : Agua & Minería

Hoy martes 14 de Agosto del 2012, se celebra el décimo aniversario del Acuerdo Nacional, que es un foro político y social moderno que expresa una visión consensuada del futuro del país.
Habíamos comentado de este importante espacio de concertación nacional en el sentido que la política del gobierno nacional de turno _ respecto al tema minero_ debería ajustarse a las Políticas de Estado consideradas en el Acuerdo Nacional, convocando a las fuerzas vivas del territorio nacional a efectos de revertir los registros negativos en las exportaciones que  podrían convertirse en tendencias recurrentes afectando a principales actores económicos, entre los que se encuentra el sector minero.

Décimo aniversario del Acuerdo Nacional congregando a líderes de opinión.

En la reunión se presentaron y aprobaron las Políticas para manejo de recurso hídrico que a partir de la fecha forma parte de las treinta y tres políticas de compromiso de gobierno.
Con éstas políticas sobre el manejo del recurso hídrico se presenta una nueva relación para con las actividades extractivas como eje de las actividades de crecimiento y desarrollo en Perú.

Resolver el problema del agua, colocando al Estado como eje rector de una política inclusiva socialmente, llevando la presencia del Estado a los lugares donde aún la desigualdad es endémica, constituyen en esencia los objetivos previstos.

Una buena Política hídrica es un instrumento clave para hacer la inclusión social desde adentro, desde el interior del país para resolver la desigualdad.

Saludamos este esfuerzo realizado que se presenta como una ventana de oportunidades para armonizar el progresivo posicionamiento de la actividad minera del siglo XXI, con tecnología de punta, que contrasta con las actividades agrícolas que usan tecnología del siglo XIX para el uso y manejo del agua.

Tendencias & rotaciones

Los principales medios de comunicación del país, entre los que se encuentra El Comercio, dan cuenta que por tercer mes consecutivo las exportaciones peruanas registraron caídas, debido principalmente a un retroceso de los productos mineros, según datos proporcionados por la Asociación Peruana de Comercio Exterior.

A esto se suma el efecto producido por el cambio del Gabinete Ministerial por segunda vez durante el primer año de gobierno de Ollanta Humala, hecho que afecta negativamente la calificación crediticia del Perú (“Baa3”), según advirtió hoy _Lunes 30 Julio del 2012_ la agencia de medición de riesgos Moody’s.

Mediante un comunicado, la agencia indicó que los recientes cambios en las carteras ministeriales representan “un reconocimiento implícito de parte del gobierno peruano” de que “no ha sido eficaz” la estrategia para abordar el conflicto social surgido por el rechazo al proyecto minero Conga, ubicado en Cajamarca.

“Si las autoridades son incapaces de ocuparse de manera efectiva de la situación, esto amenaza con desbaratar un número de importantes proyectos mineros y socavar las perspectivas del futuro crecimiento del país”, remarcó el comunicado.

Moody’s dijo que si bien el nuevo Gabinete liderado por Juan Jiménez viene adoptando lineamientos pragmáticos, ello no garantiza que su trabajo frente a los conflictos sociales sea más efectivo que los anteriores consejos de ministros encabezados inicialmente por Salomón Lerner y, luego, por Óscar Valdés.

“No hay garantía de que el nuevo Gabinete sea más efectivo que los dos anteriores. Sin embargo, el Gobierno no ha cambiado a su equipo económico, lo que indica que continúan las políticas que han traído un gran desarrollo en la última década”, refirió la agencia.

En esa línea, espera que el Gabinete Jiménez reconcilie los objetivos del Ejecutivo con las demandas de los que se oponen a los proyectos. “Es muy importante para el crédito peruano que los proyectos mineros sigan adelante y que los manifestantes no afecten la confianza de los inversores".

Es en este sentido, consideramos que la política del gobierno nacional de turno _ respecto al tema minero_ debería ajustarse a las Políticas de Estado consideradas en el Acuerdo Nacional, convocando a las fuerzas vivas del país a efectos de revertir los precitados registros que  podrían convertirse en tendencias recurrentes en el país afectando a principales actores económicos del país, entre los que se encuentra el sector minero.