Declaran en proceso de reorganización el Ministerio de Energía y Minas en Perú

Mediante el Decreto Supremo N° 018-2026-EM publicado el día de hoy 2 de octubre del 2026, la actual administración del gobierno peruano declaró en proceso de modernización y reorganización el Ministerio de Energía y Minas asi como sus organismos públicos adscritos.

Entre los considerandos, se advierte que se han identificado limitaciones, brechas y deficiencias de carácter organizacional y funcional que inciden en la adecuada articulación entre sus unidades de organización y sus organismos públicos adscritos, en la distribución y ejercicio de sus funciones y competencias, en sus mecanismos de coordinación y en la capacidad institucional para responder de manera oportuna a las necesidades del Sector Energía y Minas; circunstancias que evidencian la necesidad de efectuar una revisión integral de su organización y funcionamiento,a fin de identificar y corregir duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones, cuando corresponda, así como adecuar su estructura organizacional a las necesidades actuales del Sector, al cumplimiento de los objetivos de la Política Energética Nacional 2010 – 2040, la Política Nacional Multisectorial, para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030, así como la Política Nacional Multisectorial de Minería al 2050.

En la parte resolutiva se declara en proceso de modernización y reorganización el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y sus organismos públicos adscritos: el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), por el plazo de hasta ciento veinte (120) días calendario,con el objeto de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer las acciones y medidas de reforma orientadas a fortalecer su funcionamiento institucional y el ejercicio de su rectoría sectorial.

Crecimiento con la gestión integrada del sistema ferroviario andino

Estando que el ámbito institucional actual presenta importantes desafíos asociados a la fragmentación de competencias, la superposición de funciones y la limitada capacidad técnica especializada dentro del sector ferroviario, la iniciativa peruana del parlamento andino se encuentra en proceso de avanzar hacia modelos institucionales que permitan competencias claras en planificación, regulación y supervisión para la región andina, en el marco de una gestión integrada del sistema ferroviario.

Más expertos de clase mundial se incorporan a la iniciativa de redes ferroviarias del Parlamento Andino

Posibilidades de crecimiento y desarrollo de redes ferroviarias en Perú

De acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050 (PMDF-2050) aprobado mediante RM N° 368-2026-MTC/01.02 ; las principales líneas ferroviarias en Perú contaban hasta el año 2024 sólo con 1897,5 km distribuidos de la siguiente manera:

 •La línea Callao-Huancayo (489,6 km) del Ferrocarril del Centro, se encuentra concesionada por la empresa Ferrovías Central Andina S. A. 

• Las líneas Sur (854 km) y Sur Oriente (134 km), se encuentran concesionadas por la empresa Ferrocarril Trasandino S. A. 

• La línea Toquepala - Ilo - Cuajone (231,2 km) propiedad de la empresa Southern Perú Corporation es operado por ella exclusivamente para sus operaciones mineras. 

• La línea Huancayo-Huancavelica (128,7 km) se encuentra concesionada desde mayo de 2025 por el consorcio ecuatoriano-argentino Concesionaria Ferroviaria del Perú S.A.

• La línea Tacna-Arica (60 km), que vincula el sur del Perú con el norte de Chile es administrado por el Gobierno Regional de Tacna.

Identificación de la red ferroviaria en Perú al 2024

El monto de inversión de diez (10) proyectos priorizados de cara al año 2050 suman 81.177 millones de USD, siguiendo esta descripción: 

El monto de inversión de 10 proyectos suman 81.177 millones de USD

Así, el crecimiento contemplando una gestión integrada del sistema ferroviario andino será posible teniendo en cuenta la iniciativa peruana para el desarrollo del proceso de formalización del PMDF-2050 como instrumento nacional de planificación y priorización de inversiones ferroviarias, fortaleciendo una gobernanza ferroviaria integrada, especializada y permanente, modernizando progresivamente el marco regulatorio e impulsando la integración de los corredores ferroviarios con puertos, plataformas logísticas, centros de producción y áreas de transferencia. 

Red ferroviaria priorizada según análisis multicriterio (AMC)

Red ferroviaria proyectada al 2050

Por consiguiente, aplicando sinergias y cooperación horizontal, los países miembros de la Comunidad Andina podrán desarrollar y replicar instrumentos nacionales de planificación ferroviaria de largo plazo, armonizando progresivamente sus marcos regulatorios, estándares técnicos y sistemas de interoperabilidad, con el propósito de avanzar hacia una red ferroviaria andina integrada, articulada con los principales centros productivos, logísticos y portuarios de la región.

Ausencia de estrategias para gestionar eficientemente el recurso agua

En el Perú existe una paradoja altamente sensible: mientras el presupuesto público se ha incrementado de manera sostenida desde inicios del siglo XXI, la inversión en infraestructura mayor de almacenamiento de agua, ya sea represas, reservorios y sistemas de regulación hídrica no ha seguido el mismo ritmo.

Este desfase no es menor. Es, en realidad, uno de los principales factores que explican la creciente vulnerabilidad del país frente a una eventual crisis hídrica y energética.

El país cuenta con más de 700 presas inventariadas por la Autoridad Nacional del Agua, construidas a lo largo de casi un siglo. Durante décadas, especialmente entre 1960 y 1980, el Estado peruano entendió que el agua era un factor clave para el desarrollo y promovió grandes proyectos de irrigación y regulación hídrica. Posteriormente, entre 1980 y el 2000, se consolidó una etapa de expansión hidroeléctrica y de proyectos multipropósito.

Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, este impulso se ha diluido en simultaneo con la recurrente crisis política del país.

Existen esfuerzos singulares como el Proyecto Olmos, pero no una política sistemática ni sostenida de almacenamiento de agua en espacios estratégicos a escala nacional.

Lo más preocupante es que esta desaceleración ocurre en un contexto diametralmente opuesto al del siglo pasado. Hoy enfrentamos los efectos del cambio climático, con periodos de sequía más prolongados, mayor variabilidad en las precipitaciones y un acelerado retroceso de los glaciares andinos.

Es decir, cuando más necesitamos capacidad de almacenamiento, menos estamos invirtiendo en ella. El argumento de falta de recursos ya no es válido. El presupuesto público peruano ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, impulsado por el crecimiento económico, la recaudación tributaria y los ingresos provenientes de actividades extractivas. Sin embargo, ese mayor gasto no se ha traducido en infraestructura estratégica que garantice la seguridad hídrica. Se ha priorizado, en muchos casos, el gasto corriente o proyectos de impacto inmediato, dejando de lado inversiones de largo plazo cuya rentabilidad social es incuestionable.

Consecuencias de la inacción

En primer lugar, afecta la seguridad alimentaria. La agricultura en la costa, donde se concentra gran parte de la producción y fomentar la cadena de valor, depende críticamente de sistemas de almacenamiento y regulación. Sin ellos, el agua de las lluvias se pierde en el mar durante los meses húmedos y escasea durante los periodos secos.

En segundo lugar, compromete la seguridad energética. El Perú mantiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica. Sin reservorios adecuados, la producción de energía queda sujeta a la disponibilidad inmediata de agua, lo que incrementa el riesgo de déficits en años secos y obliga a recurrir a fuentes térmicas más costosas y contaminantes.

En tercer lugar, incrementa la conflictividad social. La falta de infraestructura hídrica exacerba la competencia por el recurso entre agricultura, consumo humano, industria y minería. En este último caso, el debate suele centrarse en la supuesta competencia por el agua, cuando en realidad el problema de fondo es la ausencia de sistemas de regulación que permitan gestionar eficientemente el recurso.

Así, el Perú enfrenta una triple vulnerabilidad: hídrica, energética y económica. No porque carezca de agua, sino porque carece de capacidad para almacenarla y gestionarla estratégicamente. 

Es la paradoja de un país con abundantes recursos hídricos que, sin embargo, no logra convertirlos en seguridad ni en desarrollo sostenible. Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del Estado para planificar el futuro.

Seguridad Hídrica como eje central de la política pública

La seguridad hídrica debería ser un eje central de la política pública, articulando inversiones en infraestructura gris, pudiendo ser represas, reservorios, trasvases y otras opciones con soluciones basadas en la naturaleza, como la siembra y cosecha de agua.

Asimismo, se requiere promover esquemas de financiamiento innovadores, incluyendo la participación del sector privado en proyectos multipropósito que beneficien a múltiples usuarios. 

Persistir en la inacción tiene un costo creciente. Cada año que pasa sin ampliar la capacidad de almacenamiento es un año en el que el país se vuelve más vulnerable frente a sequías, más dependiente de condiciones climáticas inciertas y más expuesto a crisis que podrían evitarse con planificación. 

El país requiere retomar la política de almacenar agua para que no se pierda

El Perú no necesita descubrir nuevas fuentes de agua, tampoco necesita de masivos costosos proyectos de desalinización de agua de mar, necesita, con urgencia, aprender a almacenar la que ya tiene, así como tratar las aguas residuales para darle valor en diversos usos.

Esa es la verdadera base de la seguridad hídrica y, también, una de las claves más importantes para garantizar su desarrollo en el siglo XXI.

Crisis en política de los residuos sólidos municipales

A escasos 24 días de las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que el país de los Incas elegirá presidente de la república, senadores, diputados y representantes al parlamento andino y, en términos prácticos, una nueva conducción del Estado peruano, resulta importante poner en agenda uno de los problemas estructurales más graves y persistentes de América Latina y particularmente en Perú: la gestión de los residuos sólidos municipales - RSM.

Durante el periodo 2001–2026, el Perú ha experimentado un importante crecimiento económico, acompañado de una expansión urbana acelerada y altamente fragmentado territorialmente con 196 municipios provinciales y 1890 municipios distritales.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido respaldado por un fortalecimiento equivalente del Estado, generando una crisis silenciosa pero profunda en la gestión de RSM. 

Hoy enfrenta una realidad crítica en la que cada vez genera más residuos sólidos mientras la responsabilidad de su disposición final recae en sus 196 municipalidades provinciales que, en su mayoría, no cuentan con capacidades técnicas ni financieras suficientes, lo que ha derivado en la persistencia de vertederos o botaderos a cielo abierto en gran parte del país y en el desaprovechamiento de la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de estos residuos. 

A ello se suma la alta morosidad ciudadana en el pago de arbitrios, lo que debilita aún más el sistema, así como la corrupción en gobiernos locales que ha contribuido a decisiones que agravan el problema. Uno de los aspectos más graves y menos discutidos es el enterramiento de residuos en zonas inundables de la costa norte peruana, justamente donde son recurrentes eventos como el Fenómeno El Niño y el Fenómeno El Niño Costero. 

Estas prácticas han generado la dispersión de residuos durante inundaciones, la liberación de lixiviados altamente contaminantes y la consecuente contaminación de agua, suelos y zonas habitadas, afectando directamente a la salud de la población más vulnerable.No es casualidad que, en contextos críticos como la pandemia de COVID-19, las zonas con mayor precariedad ambiental y competencia municipal hayan registrado niveles dramáticos de morbimortalidad, lo que evidencia una relación directa entre mala gestión pública, degradación ambiental y vulnerabilidad sanitaria.

A pesar de que el país cuenta con un marco normativo claro, como el establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que obliga a priorizar la valorización de los residuos antes de su disposición final, la realidad en los 196 municipios provinciales del país muestra un incumplimiento sistemático de estas disposiciones. Este no es un problema aislado ni técnico; es una expresión directa de las debilidades estructurales de las políticas públicas que arrastra el Estado peruano sujeto a una alta rotación de los tomadores de decisión en este extremo que amerita un serio debate con algunas ideas fuerza expresadas seguidamente:

La primera, que debe quedar claramente establecida, es que existe una brecha crítica entre la norma y la realidad, producto de una combinación de limitaciones presupuestales, falta de capacidades técnicas y ausencia de planificación de largo plazo. Para muchos gobiernos locales, enterrar residuos sigue siendo la alternativa más sencilla y menos exigente en el corto plazo, aun cuando ello comprometa la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la economía futura. La valorización, que implica reciclaje, compostaje y reaprovechamiento, requiere inversión, conocimiento y gestión eficiente, elementos que no han sido priorizados en la mayoría de las municipalidades provinciales.

La segunda, es la debilidad institucional del sistema de control y fiscalización. Entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Contraloría General de la República no han logrado generar mecanismos efectivos, continuos y disuasivos que obliguen a los gobiernos locales a cumplir con la normativa vigente. La falta de supervisión oportuna y de sanciones ejemplares ha permitido que el incumplimiento se normalice.

La tercera, es la ausencia de un mercado sólido y formal para la valorización de residuos. Sin cadenas de valor estables para los materiales reciclables, los municipios carecen de incentivos económicos para apostar por sistemas de reaprovechamiento. A ello se suma la persistencia de la informalidad en el reciclaje, que, si bien cumple un rol importante, no ha sido adecuadamente integrada en modelos formales e inclusivos de gestión. 

La cuarta, es la débil cultura ciudadana en materia de segregación en la fuente. Sin participación activa de la población, cualquier esfuerzo de valorización se vuelve más costoso y menos eficiente. Este componente, fundamental para el éxito de cualquier sistema moderno de gestión de residuos, ha sido históricamente relegado. 

Una quinta idea fuerza que no puede seguir siendo omitida: la corrupción estructural que atraviesa la gestión de residuos sólidos en el país y que alcanza, en mayor o menor medida, a los 196 municipios provinciales. La contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final, así como la ejecución de proyectos de infraestructura como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento, representan espacios altamente vulnerables a prácticas corruptas.La transparencia opaca en los procesos, la colusión con proveedores, la sobrevaloración de proyectos y la falta de rendición de cuentas han convertido a la basura en un negocio antes que en un servicio público. Esta realidad distorsiona completamente los incentivos, desincentivando soluciones sostenibles como la valorización, que suelen ser menos rentables desde una lógica corrupta.

Nos encontramos, por tanto, ante una crisis sistémica que combina fallas institucionales, debilidad financiera, corrupción, mala planificación territorial, pérdida de oportunidades económicas como la valorización energética de residuos y graves impactos ambientales y sanitarios. 

En síntesis, objetivamente me reafirmo en la convicción que el crecimiento económico y el aumento sostenido de los RSM no han sido acompañados por un fortalecimiento del Estado. La asignación de responsabilidades a municipalidades sin capacidades, sumada a la morosidad, la corrupción y prácticas no sanitarias como el enterramiento de residuos en zonas inundables, ha generado una crisis estructural que incrementa la vulnerabilidad de la población y desperdicia oportunidades de desarrollo. 

En este contexto, resulta indispensable que los múltiples candidatos a la presidencia, al Congreso y a los distintos niveles de gobierno se pronuncien de manera clara, técnica y verificable sobre cómo enfrentarán este problema.

No basta con declaraciones generales; el país necesita propuestas concretas que aborden el financiamiento de la valorización, el fortalecimiento de capacidades municipales, la reforma de los sistemas de fiscalización, la formalización de los recicladores, la educación ciudadana y, de manera central, la lucha frontal contra la corrupción en la gestión de residuos sólidos municipales.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048 

CIP N° 38874

  

La administración pública ante eventos climáticos extremos

Hoy 4 de marzo, en el día mundial de la ingeniería para el desarrollo sostenible comparto las siguientes reflexiones en momentos en que diversos gobiernos locales a nivel nacional del país de los Incas se encuentran en emergencia para fortalecer la respuesta del Estado ante intensas lluvias y a escasos 39 días para las elecciones generales de una nueva administración de la cosa pública en Perú.

Administración pública en 482 años

La administración pública en los tiempos del virreinato del Perú como máxima entidad territorial y administrativa duró oficialmente 282 años, pues después de crearse el virreinato en 1542, se activó administrativamente con el primer virrey en 1544; por lo que su duración administrativa efectiva fue de 280 años, comprendiendo total o parcialmente en su máxima extensión territorial (siglos XVI–XVII) a los territorios de seis países actuales en la región andina de sudamérica y a partir del siglo XVIII, su territorio se redujo ante la creación del virreinato de Nueva Granada (1717) y el virreinato del Río de la Plata (1776).

Desde entonces, la administración pública del virreinato del Perú quedó concentrado principalmente en los actuales Perú y Bolivia, hasta su desaparición en 1824.

Constituye un hito la conmemoración de los 200 años de la independencia peruana su declaración de independencia en 1821  y la consolidación de su libertad en 1824; motivo por el cual se estima en libertad hasta la actualidad la vigencia de 202 años en que esta fase de la administración  pública participó en el proceso de crecimiento y desarrollo del país.

Periodos de retorno de los eventos climáticos

Registros históricos arqueológicos y sedimentológicos de efectos climáticos ocurridos en el periodo colonial sobre la costa peruana asociados con el fenómeno El Niño, caracterizado por intensas lluvias, grandes avenidas e inundaciones, fueron anotados en apuntes no instrumentales desde el año 1578, seguidos en 1607–1608; 1619–1620; 1630–1631; 1650; 1671; 1687 ; 1701;1720;1728;1761;1784–1785;1791.

Durante el periodo republicano temprano (siglo XIX), se registraron en los años: 1803–1804; 1828;1844–1846;1857–1858;1864;1871;1877–1878;1884–1885;1891.

Asimismo en el periodo instrumental temprano (1900–1950) se suscedieron en los años : 1902;1905–1906;1911–1912;1918–1919;1925–1926; 1930;1932;1939–1941 y en el periodo instrumental moderno (1950–2000) las anotaciones datan de : 1951;1953;1957–1958;1965–1966;1969–1970;1972–1973;1976–1977;1982–1983;1986–1988;1991–1992;1997–1998.

Al llegar el Siglo XXI , con el soporte de equipos e instrumentos de alta confiabilidad científica se obtuvieron registros en los años : 2002–2003;2004–2005;2006–2007;2009–2010;2014–2016 ;2017–Niño Costero; 2018–2019;2023–2024, 2026.

De la misma manera, eventos extremos de sequías constituyen una característica repetitiva del espectro climático peruano durante milenios, habiéndose registrado en el último medio siglo, eventos con intensidades de moderada a extremadamente seco en departamentos andinos para los años : 1982,1983,1985,1987,1988,1990,1992,2004,2005 y 2016; considerando que su impacto está en función a la capacidad de gestión del agua. 

Registro histórico y sedimentológico de efectos climáticos en el desierto de Nazca

Entrando en contexto, es una verdad irrefutable que en territorio peruano, tanto en la antigua como en la nueva administración pública , tuvieron que gestionar los impactos climáticos y en la medida del avance científico, es posible establecer rangos de ocurrencia y patrones probabilísticos que hacen posible que la administración pública no actúe reactivamente ante intensas lluvias o sequías severas , ya que es perfectamente posible prevenir y gestionar el riesgo de ocurrencia con rangos aceptables para los eventos extremos. 

Gestión del recurso agua

En la época preinca, los mecanismos utilizados para captar agua de la escorrentía subterránea en ríos estacionales de la costa desértica fue mediante puquios, reservorios y canales; en tanto que en la zona alto andina de la sierra, fueron usadas las qochas,amunas,waru waru y andenería. En la época Inca se perfeccionaron las terrazas agrícolas con andenes, la siembra y cosecha del agua mediante amunas, el uso de reservorios alto andinos y camellones  o waru waru, así como los sistemas de drenaje; todos ellos en el marco de un modelo de gestión de riesgo climático integrado a la estructura política y administrativa del Estado. 

Así,en el tahuantinsuyo al gestionar sistémicamente la ecuación tierra y agua, se relacionaba con el clima anticipándose a eventos extremos,distribuyendo su impacto territorialmente,de tal manera que el suceso producido se amortiguaba y compensaba socialmente.

Durante el virreinato, la gestión del agua pasó del modelo territorial integral andino a un modelo jurídico productivo colonial, convirtiéndose en un recurso económico estratégico, regulado y su uso concentrado en haciendas y centros mineros.

En la época republicana, la gestión del agua discurrió de un modelo agrícola-sectorial hacia un modelo legal, institucional y técnico especializado integrado por cuencas.

Así, los instrumentos jurídicos y normativos se dieron a través del código de aguas de 1902, la ley general de aguas de 1969 y la ley de recursos hídricos de 2009; los instrumentos institucionales que cuentan con las empresas prestadoras de servicios supervisadas por el organismo regulador, los consejos de recursos hídricos de cuenca y la autoridad nacional del agua; los instrumentos técnicos y de planificación con los planes de gestión de recursos hídricos por cuenca, estudios hidrológicos y económicos ; los instrumentos de infraestructura hidráulica mayor conformado por los proyectos de trasvase e irrigación como Choclococha de Huancavelica-Ica (1950), Chira-Piura (1970), Majes-Siguas (1980), Olmos del río Huancabamba al río Olmos (2000).Un tratamiento especial se identifica en la infraestructura de trasvase alto andinos de Marcapomacocha para la capital del país - Lima.

Los precitados proyectos de trasvase fueron acompañados entre otros por represas y reservorios para la costa como : San Lorenzo (Piura-1958), Tinajones (Lambayeque 1968),Poechos (Piura-1978), Condoroma (Arequipa-1985), Gallito ciego (Cajamarca-1988),Chavimochic (La libertad-1997),Limón (Lambayeque-2009).

A lo largo de este proceso, la administración pública coadyuvó en los esfuerzos para controlar avenidas y sequías; regular caudales, mantener el caudal ecológico, expandir la frontera agrícola, general energía, entre otros y en estricto  gestionar el riesgo climático mitigando los fenómenos meteorológicos,atmosféricos e hidrológicos que se presentan a nivel nacional en sus 159 cuencas hidrográficas.

Desafíos de la nueva administración pública

La gestión de la nueva administración pública en Perú,supone grandes desafíos con agenda pendiente por atender frente a los eventos climáticos extremos que las sociedades prehispánicas desarrollaron en armonía con la naturaleza.

Pese a que en la modernidad se cuenta con una combinación de avances científicos,tecnológicos y de gestión que permiten monitorear,predecir y mitigar el cambio climático asi como a los fenómenos el niño, el niño costero, la niña, entre otros; la desatención del impacto climático combinado sobre el crecimiento del PBI peruano en el periodo 2001-2026 es en el orden del 9 % del PBI acumulado.

Abona a obtener esta realidad la recurrente crisis política que influye directamente en la suficiencia del Estado, donde la inestabilidad institucional incrementa los impactos económicos y sociales derivados de la reducción en su capacidad de resiliencia climática.

Evolución de la política pública para la gestión del agua

A través de los tiempos, el recurso agua se convirtió en una de las fortalezas que acompañó el crecimiento y desarrollo de los pueblos localizados en America latina y particularmente en la superficie donde floreció el imperio de los Incas y que en la modernidad, en parte cubre el territorio peruano, donde el acceso y la disponibilidad del recurso hídrico ostentan una paradoja estructural: el Perú cuenta con abundante recurso hídrico a escala nacional, sin embargo la mala distribución natural, el cambio climático y las limitaciones en la gestión pública, producen importantes brechas con agenda pendiente por resolver.

Para lograr ello, pese al sincretismo del agua en el Perú,  este recurso atravesó por un proceso que tras evidenciar la sabiduría hidráulica pre inca e inca, aspira a que actualmente fuera progresiva y adecuadamente distribuida para sus diversos usos.

Entre los años 200 a.C. y 600 d.C

Asi, en la época preinca se tiene como registro los acueductos de Cantalloc en Nazca como parte del sistema hidráulico subterráneo que permitió a la cultura Nazca dominar el desierto, toda vez que les permitía captar y conducir agua de consumo humano, también para irrigar sus campos de cultivo y de esta manera permitir el asentamiento de centros poblados establecidos en zonas extremadamente áridas.

Sistema de ingeniería hidráulica subterránea de Cantalloc_ Cultura pre inca Nazca 

Entre los años 1200 d.C. y 1533 d.C

Durante el imperio Inca se aplicó el modelo sostenible de gestión integrada del agua basado en un riguroso planeamiento territorial y enfoque participativo, donde el trabajo comunitario daba cuenta de su  cosmovisión sistémica, incorporando sinérgicamente agua y tierra.

En el Tahuantinsuyo los procesos productivos y cadenas de valor, consideraron al agua como elemento integrador para el desarrollo de los sistemas de andenes y sistemas de distribución del agua; en el marco de  diversos climas, pisos ecológicos, cuencas; conectando los cuerpos de agua según la estacionalidad que presentaba el ciclo hidrológico dentro de su territorio que en su máxima expansión abarcó seis países de la actual latinoamérica. De esta manera, el  agua fue considerado como un elemento sagrado,recurso estratégico del Estado y bien común.

Sistemas de distribución del agua en el imperio Inca.

La gestión integrada del agua evitó la erosión en adenes, permitiendo la agricultura en grandes pendientes.

Entre los siglos XVI y XVIII

Durante el periodo del Virreinato del Perú, el agua fue tratada como un recurso estratégico controlado por el poder político de la corona española. En esta época colonial el recurso hídrico fue gestionado priorizándolo para el uso minero, en molinos, fuentes y acequias que abastecían a ciudades coloniales; para el riego de haciendas agrícolas y en comunidades indígenas.

Las edificaciones y camino inca se construían en partes altas evitando inundaciones por lluvias.

Entre los siglos XIX y XX

Lograda la independencia peruana en 1821, el Estado asumió el rol que tenía antes la corona y la joven república en forma limitada reconoció al agua como bien público,sin embargo, prosiguió con el modelo colonial de gestión del agua en una primera etapa hasta 1902, fecha considerada como un punto de quiebre con el Código de aguas al marcar un hito en la política hídrica republicana. Esta regulación declaró al agua como un bien de dominio público,introduciendo el sistema de concesiones y licencias; sin contar con el ordenamiento territorial que permitiera contemplar un enfoque de cuenca.

En la costa desértica peruana prima el ecosistema de oasis impactado por eventos climáticos extremos

En el transcurso del siglo XXI

Entre los años 2001 y 2026, el Perú pasó de una gestión sectorial del agua a una gestión integrada por cuencas, el acceso universal y la sostenibilidad ante el cambio climático.

En el 2008 fue creada la Autoridad Nacional del Agua , institución que regula el uso del agua en el marco de la Ley de Recursos Hídricos promulgada el año 2009; norma que suplió a la Ley General de Aguas de 1969. 

El año 2014 se promulgó la Ley N° 30215 sobre el uso de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos - MERECE, vistos como instrumentos para generar,canalizar e invertir en acciones orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, como fuente de servicios ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes y retribuyentes.

Con el ilustre congresista César Yrupailla Montes, tras la aprobación de iniciativa MERECE

El acceso al agua para el consumo humano se integró en la Constitución Política del Perú en el año 2017 mediante Ley N° 30588 , reconociendo el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable.

Bajo estas consideraciones se promueve un enfoque climático fortaleciendo la gobernanza con mayor inversión a los efectos de cerrar brechas y mejorar la calidad del agua.

Agenda pendiente

Al efectuar una disección ambiental sobre el proceso evolutivo de las políticas públicas para la gestión del agua, se pone en evidencia la agenda por desarrollar de cara al futuro : 

Poner en valor el recurso agua para diversos usos.

La norma peruana considera uso primario,poblacional,productivo,recreativo y medicinal.

Reforzar la política de prevención en la gestión pública

Cerrar brechas de infraestructura 

Incluye problemas de retroceso de glaciares andinos,contaminación,conflictos entre usuarios

Por consiguiente, los retos y desafíos que enfrenta el país pasa por contar con una gestión integrada por cuencas hidrográficas ; inversión en infraestructura de almacenamiento y tratamiento ; protección de fuentes naturales de agua, reducción de desigualdades territoriales en acceso al agua ; y fortalecimiento de la gobernanza del recurso hídrico.

US$ 30 mil millones en proyectos mineros podrían activar la economía peruana

Un informe del instituto peruano de economía (IPE) publicado hoy en El Comercio, mencionó que retrazos de inversiones por US$ 30 mil millones en proyectos mineros son atribuidas a razones ajenas a las empresas, precisando que un ochenta por ciento de estos proyectos se encuentran localizados en Cajamarca (37%), Apurimac (24%),Piura (9%) y Arequipa (9%).

El IPE estima que unos veintitres proyectos en cartera, hacen una inversión conjunta a la cifra antes mencionada de treinta mil millones de dólares, las cuales se encuentran retrasadas principalmente debida a la tramitología y conflictividad social.

Superar estas restricciones permitirá activar la economía peruana y recuperarse de la caída en el índice de atractivo minero a la inversión minera del Instituto Fraser , en el cual Perú pasó del 83% de jurisdicciones evaluadas en el año 2018 al 31% en el año 2023, bajando 52% en ese lapso.

¿Dónde va nuestra basura en las inundaciones?

El grave problema ocasionado por los residuos sólidos municipales (RRSS) que no llegan a ser dispuestos sanitariamente en América Latina es ampliamente conocido por sus efectos contaminantes que impactan en la salud pública; sin embargo, cuando esta basura expuesta en la vía pública sobre botaderos a cielo abierto sin control ante ocurrencia de inundaciones, multiplican sustantivamente las áreas degradadas generando externalidades con elevados costos económicos, sociales y ambientales.

Grave situación en la gestión y manejo de RRSS   

Prestigiosas instituciones de cooperación multilateral en América Latina y el Caribe manifestaron oportunamente su preocupación para que los países más vulnerables de la región puedan tomar las acciones preventivas ante los efectos del cambio climático.

En las ultimas décadas, el Estado peruano tomó conocimiento de ésta grave situación y realizó esfuerzos para mitigar los impactos en algunas ciudades como en el caso ocurrido en el año 2013 con el aval del Banco Mundial, en un proyecto en Lima para convertir la basura en energía.

En Lima se pudo mitigar el impacto de sus RRSS con un proyecto convirtiendo basura en energía

Sin embargo, la situación en otras regiones, provincias y ciudades del país aún requieren de la actuación oportuna del Estado peruano, tal como lo manifiesta la defensoría del pueblo en su Informe defensorial N° 181 publicado en el año 2019.

En el precitado informe se advierte sobre la grave situación en que se encontraba la gestión y manejo de RRSS en el país, escenario que se complicó aún mas con el arribo de la pandemia del COVID-19 al Perú en marzo del 2020.

Es así que la existencia de los residuos biocontaminados se sumaron a los residuos tóxicos y peligrosos que ya formaban parte de los RRSS vertidos en los espacios donde el control de la autoridad municipal no tiene presencia.

Prevención en zonas inundables- El caso de Piura

El ejecutivo peruano se encuentra actualmente en el esfuerzo de desarrollar un trabajo preventivo, en ese sentido transfirió dos mil novecientos sesenta y un millones de soles para atender la emergencia climática en las regiones e instituciones especializadas como es el caso del Ministerio del Ambiente a quien se otorgará doce millones de soles para la gestión de residuos sólidos. Asimismo, se difundió que habría noventa y cinco intervenciones para ejecutar limpieza y descolmatación en Piura con un presupuesto de ciento ochenta y dos millones de soles.

Se tiene conocimiento que la región Piura genera diariamente un mil doscientos trenta y tres toneladas de residuos sólidos municipales y que sólo en las provincias de Piura y Sullana se producen cada día ochocientos setenta y siete toneladas de RRSS.

De otro lado, se conocen las áreas críticas altamente vulnerables a sufrir inundaciones en la región Piura, por lo que es pertinente y válida trasladar en consulta la pregunta ¿ Dónde se tiene previsto disponer finalmente la basura en las inundaciones que estarían por producirse durante la emergencia climática 2023-2024? a los funcionarios responsables según la ley orgánica de municipalidades.

El Dato

La norma peruana , Ley N° 27972 - Ley orgánica de municipalidades establece atribuciones en gestión de RRSS a las autoridades provinciales. 

Inversión extranjera en residuos sólidos para generar energía de la basura orgánica

Los problemas que se presentan para captar inversión extranjera de proyectos de gran porte en Perú no son exclusivos del sector minero, sino que alcanzan también al sector energético y otros. La alta rotación de funcionarios públicos, constituye una de las trabas importantes que se puede identificar en el país de los incas, así como el nivel de conocimientos limitados que presentan algunos de ellos, los cuales mantienen como paradigmas a conceptos que se manejaban en el planeta a inicios del siglo pasado y que con el desarrollo tecnológico alcanzado por las naciones en el mundo moderno, quedaron desfasados.

Rafael López Aliaga, flamante alcalde de Lima tiene la opción de mejorar la gestión de RRSS.

El proceso seguido tras una de las experiencias de invitación a invertir en Perú 

En sendas reuniones de altos funcionarios peruanos con empresarios e inversionistas realizadas en New York y Washington en fecha setiembre del año 2021, permitieron que en octubre del 2021 se presentara ante el despacho presidencial peruano la iniciativa para transformar los residuos sólidos en materia prima para producir energía limpia.

En Noviembre del 2021, después de trámites internos registrados en la referencia documentaria, que incluyó la Carta N° 00904-2021-MINAM/VMGA/DGRS fechado el 16 de noviembre del 2021, se hicieron votos para que en el año 2022 pudieran ejecutarse proyectos de desarrollo que incorporen la gestión de residuos sólidos urbanos para generar energía limpia.

Con fecha diciembre del 2021, se informa como reacción desde palacio de gobierno, que la documentación fue derivada a la Presidencia del Consejo de Ministros para su atención y evaluación correspondiente.

El siguiente año, en febrero del 2022, tras la documentación registrada en la referencia, el Ministerio de Ambiente, a través de la dirección general de gestión de resíduos sólidos, se pone a disposición para coordinar y programar una nueva fecha para exponer alcances del proyecto para la inversión extranjera en cuestión.

 

Al inicio del año 2003, el Perú cuenta con nuevos funcionarios públicos en sus tres niveles de gestión, incluyendo una presidenta y ministros de Estado, así como nuevos gobernadores y alcaldes provinciales y distritales. Sólamente la representación nacional de 130 congresistas en el Congreso de la República se mantiene desde julio del 2021 a la fecha

Del Plan Nacional y Financiamiento existente para residuos sólidos

Según lo referido por el Plan Nacionalde Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024, a nivel nacional la inversión en el sector RRSS durante el periodo 2006 - 2014, fue de S/. 1 560 268 925,27 soles para la construcción de infraestructura y dotación de servicios de limpieza pública. Solamente el 42,76% de los montos aprobados y registrados en el banco de proyectos de inversión pública fueron destinados a la construcción de infraestructuras, tales como rellenos sanitarios, plantas de reaprovechamiento y estaciones de transferencia.

Asimismo, en el año 2022, mediante el Decreto Supremo N° 019-022-EF se autorizó la operación de endeudamiento hasta de cincuenta (50) millones de Euros para financiar parcialmente el programa de inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, Coronel portillo (Ucayali) y Tacna.

Generación de resíduos

Según cifras oficiales del Minam, el año 2019, a nivel nacional, se generaron 7 781 904,29 toneladas de residuos sólidos municipales. De ese total, 1 750 458,41 fueron inorgánicos (22.49 %) y 4 252 200,47 fueron de tipo orgánico (54.64 %) aprovechable para genenerar energía limpia. En este escenario, el 77.13% de lo generado puede ser valorizable.

De esta manera, aplicando conceptos de economía circular y valorización de residuos sólidos urbanos producidos por localidades peruanas como : Lima y callao, Arequipa, La Libertad (Trujillo), Lambayeque (Chiclayo), Loreto (Iquitos), Piura, Cusco , entre otros, podría utilizarse la denominada basura orgánica para producir energía limpia, evitando la contaminación ambiental y así mejorar la gestión de RRSS y salud pública en Perú.

El Dato

►Según el INEI, la inflación medida por la variación en el índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana, cerró el 2022 en 8,46 % , la más alta en los últimos 26 años, no siendo más una opción dejar de valorizar la materia prima generada por los RRSS. 

► El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, refiriéndose al estado de situación en que recibió la administración de la comuna limeña, indicó que "entramos a una municipalidad realmente quebrada", por lo que es importante mejorar la gestión municipal en la capital de la república peruana dándole valor a la materia prima que constituye los residuos sólidos orgánicos para producir energía limpia.

Inminente emergencia alimentaria ante déficit de agua y contaminación hídrica

El diario especializado en economía "Gestión" en su publicación del jueves 20 de octubre del 2022 bajo el título " Perú sin plan articulado para afrontar inminente crisis alimentaria" señala que actualmente más de tres millones de adultos recurren al menos una vez por semana a comedores populares u ollas comunes para alimentarse.

Asimismo, menciona que en el último foro mundial de FAO, el presidente Castillo reconoció que en el Perú,un país de 33 millones de habitantes, alrededor de dieciséis (16) millones de personas viven en inseguridad alimentaria.

Tomando en consideración  la definición de crisis alimentaria como la dificultad que tienen las personas al acceso a limentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias para contar con una vida activa y sana, procederé a explicar el contexto en que se desarrolla esta situación compleja que llevó aseverar al actual presidente que el 70% de los distritos del Perú presentan altos niveles de vulnerabilidad y de inseguridad alimentaria.

Acciones tomadas en el último año 

Según la publicación, la actual administración Castillo tomó dos acciones para hacer frente a esta situación : iniciar la segunda reforma agraria y la entrega de bonos.

Ambas medidas en el corto plazo se encuentran en la agenda pendiente , precisándose que el lunes último se oficializó la transferencia de S/ 1.170 millones de soles para pagar el bono alimentario de S/ 270 a aproximadamente 4.4 millones de personas.

Las críticas realizadas por ex funcionarios responsables de la administración del estado peruano, refieren que estaríamos ante acciones aisladas, sin un plan articulado.

Las cifras que anotan siguiendo los datos de FAO al 2021 es que 6.8 millones de peruanos padecen de inseguridad alimentaria grave y como dato puntual que la intención de siembra de papa para la campaña agrícola 2022-2023 , según la encuesta del MIDAGRI, cayó en -2.9 %; evento que se trata de revertir con el apoyo de fertilizantes a la producción agrícola, tratándose de hacer efectiva la compra de urea por cuarta vez y distribuirla oportunamente.

Advertencia que data de hace 25 años

En el año 1997, hace un cuarto de siglo atrás, FAO en su publicación "Sostener el agua, aliviar la escasez" advertía al Perú y al mundo, sobre la probabilidad de la ocurrencia del estrés hídrico y escasez de agua, para lo cual los países tendrían que tomar las medidas oportunas del caso.

En el año 2022, las evidencias en Perú, dan cuenta que las advertencias realizadas por FAO (1997) e internamente la información alcanzada por diversas instituciones vinculadas a la gobernanza del agua y la agricultura a través  del tiempo, como es en el caso de ONERN (1962), INRENA (1992) y ANA (2008), permiten corroborar los escenarios descritos agravados por los impactos generados ante el cambio climático en términos del aumento de temperatura del planeta y la afectación en la dinámica del ciclo hidrológico en diferentes cuencas hidrograficas del país andino y amazónico.

La pérdida de los hielos de altas cumbres en los nevados para formar lagunas es una tendencia. 

Bajo este contexto, en el país de los incas se sucedieron en las últimas décadas una serie de Programas: PNCSACH (1981) , PRONAMACCS (1988) , PRONAMACHCS (1991) y AGRORURAL (2008); así como Proyectos : Sierra verde (2000), Mi riego (2013) y Sierra Azul (2017).

En este proceso, recien en el año 2018 con la Ley N° 30754 y seguidamente el 2019 con el DS N° 013-2019-MINAM se contó con una ley marco sobre cambio climático y su reglamento respectivamente.

Impactos generados en el tiempo

En este proceso histórico, en el país se presentaron fenómenos que impactaron en la agricultura y la seguridad alimentaria con : la reducción de hielo en los glaciares sin reposición, aumento de volumen de agua en lagunas y la pérdida de recursos hidricos influenciada por altos niveles de contaminación, afectando la capa arable de los suelos y diversos tipos de erosión. No es posible soslayar en consecuencia la pérdida de cobertura vegetal creciente, pues sólo en los últimos diecisiete (17) años se extinguieron más de dos (2) millones de hectáreas de bosques amazónicos como consecuencia de la suma de estas acciones de origen natural y antrópicas.

Retroceso Glaciar

La unidad de glaciología y recursos hídricos da cuenta de algunos indicadores del retroceso glaciar en Perú, monitoreando el glaciar PASTORURI (Catac) dentro del parque nacional Huascarán, que en dos décadas perdió el sesenta por ciento (60%) de su superficie glaciar.

Retroceso del Glaciar Pastoruri al Sur de la Cordillera Blanca_ Ancash.

Aumento del tamaño y volumen de lagunas

De otro lado, a modo de ejemplo se registra que en cuatro décadas la laguna PALCACOCHA incrementó treinta y cuatro (34) veces su tamaño.

Déficit hídrico

Los recientes decretos supremos que dan cuenta de la progresiva escasez de agua o déficit hídrico en Perú se registraron con : DS N° 089-2016-PCM (7/2/2016) ; DS N° 149-2020-PCM (13/9/2020); DS N° 185-2020-PCM (30/11/2020); DS N° 122-2022-PCM (13/10/2022).

Contaminación hídrica

Los últimos decretos supremos que ilustran la progresiva contaminación de agua en Perú se acreditaron con : DS N° 103-2021-PCM (23/5/2021); DS N° 106-2021-PCM (28/5/2021); DS N° 204-2020-PCM (27/12/2020); DS N° 035-2021-PCM (25/2/2021); DS N° 081-2021-PCM (23/4/2021); DS N° 125-2021-PCM (24/6/2021); DS N° 175-2021-PCM (28/11/2021).

Registros de instituciones gubernamentales y ONGs dan cuenta del problema de contaminación hídrica.

Impacto económico y en la salud pública

Los pasivos ambientales que afectan zonas identificadas del país, generan importantes costos económicos y sociales, especialmente a productos agrícolas de exportación y consumo interno.

El 02 de octubre del 2022, fueron elegidas 13.032 autoridades regionales y municipales, que se suman a las autoridades del nivel central, con las cuales conforman los tres niveles de gestión encargadas de dinamizar las funciones de un Estado empírico que hace décadas hace esfuerzos por resolver un problema recurrente que tiene al recurso agua como unidad de gestión en las ciento cincuenta y nueve (159) cuencas hidrográficas del territorio peruano.

El Dato

►Con fecha 17 de agosto del 2022, en Perú se aprobó la Ley N° 31565 que en su artículo segundo prescribe que el Ministerio de salud y sus órganos competentes y los gobiernos regionales se encuentran obligados a informar mensualmente a la población y a la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República sobre el estado situacional de los indicadores de contaminación por metales pesados u otras sustancias químicas y el nivel de afectación de los ciudadanos. Queda pendiente su reglamentación.

►Esta en el tintero una Política Nacional de seguridad alimentaria de cara al 2050 donde se estima que el país alcanzaría cuarenta millones de habitantes.

¿ Política integral o sectorizada en materia de Residuos sólidos ?

Perú continúa con sus esfuerzos legislativos para revertir la informalidad que no le permiten hasta la fecha encontrar la mejor solución, a fin de resolver los graves problemas de contaminación ambiental y salud pública en áreas degradadas por residuos sólidos.

El ejecutivo, mediante el DS N°023-2021-MINAM , puso del conocimiento público las cifras oficiales del manejo y gestión de su residuos, indicando que sólo 52% de sus residuos sólidos municipales son dispuestos adecuadamente; y del resto, se recupera el orden del 1% y más del 47% se estarían disponiendo sin ajustarse a las normas sanitarias.

Los efectos se evidencian con el incremento de áreas degradadas por la contaminación de suelos, aire y agua provocando la externalidades conocidas ante la ineficiencia de la gestión de residuos sólidos en términos económicos, sociales, ambientales y de salud pública.

Los esfuerzos de políticas y planes integrales o sectoriales

Para cambiar esta deplorable realidad, la administración castillo, a través  del DS N° 001-2022-MINAM, acaba de modificar el ordenamiento legal que regula la gestión de residuos sólidos, incorporando reglas sobre material de descarte.

En este extremo, considera material de descarte a todo subproducto, merma u otro de similar naturaleza, peligroso o no peligrosos, resultante de las actividades productivas, extractivas o de servicios, siempre que se constituyan un insumo directamente aprovechable en actividades del mismo rubro o giro u otras actividades productivas, extractivas o de servicios.

Asimismo, el propio ejecutivo en su diagnóstico de la realidad presentada por el DS N° 023-2021-MINAM  expresa como asunto a corregir , la existencia de un marco normativo no armonizado, así como la limitada atención a los pasivos ambientales, entre los que se encuentran los pasivos ambientales mineros; sin embargo, con el reciente DS N° 001-2022-MINAM en cuestión de las reglas de gestión integral de residuos sólidos sobre material de descarte, indica que su aprovechamiento en las actividades mineras únicamente se sujetan a las normas sobre el sistema nacional de evaluación del impacto ambiental y/o a los alcances, condiciones u otros aspectos regulados por la autoridad sectorial que norma sobre residuos sólidos. Sin perjuicio a ello, precisa que los residuos propios del proceso minero se deben manejar de conformidad con los procesos de evaluación ambiental y las condiciones de manejo dispuestos en los reglamentos sectoriales.

Datos e información oportuna para la toma de decisiones

A la luz de los cambios normativos se continúa en los esfuerzos de implementar el sistema de información para la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales - SIRGESOL, y en tanto éste no se implemente los datos serán remitidos al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. 

Todo lo actuado se deberá ajustar al plan nacional de gestión integral de residuos sólidos, el mismo que debiera revisarse para que la información se traduzca en acciones inmediatas y concretas, permitiendo a los niveles de gestión nacional, regional y local, actuar oportunamente guiándose con indicadores para ejecutar proyectos que viabilicen el cambio de cara al futuro.

En ese sentido, resulta válida la necesidad que tienen los sectores público y privado del país, para contar con un norte de leyes y reglamentos que obedezcan a políticas y planes integrales de residuos sólidos más que continuar con planeamientos sectoriales, las cuales no dieron eficientes resultados a la luz de la deteriorada realidad ambiental que presenta la mayoría de regiones y provincias del Perú.

Aprovechamiento del material de descarte en minería no ingresa en la gestión integral de RRSS.