Newmont, representa la propuesta de inversionistas con visión de una nueva minería en Perú, considerando el paradigma del desarrollo sostenible, armonizando la moderna inversión privada con responsabilidad social y el respeto a la naturaleza; sin embargo, las dudas presentadas en stakeholders por influencia de experiencias vividas en el siglo pasado y localizadas en territorios sin mayor tradición minera, generaron su postergación sustentado en un problema de fondo: la falta de credibilidad.
Para reducir los márgenes de desconfianza _entre otros objetivos_ el ejecutivo peruano plantea la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, (SENACE).
Esta entidad estaría encargada de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados en el marco de la ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que establece las condiciones referidas a este tipo de estudios.
SENACE estaría adscrito al Ministerio del Ambiente pero contaría con un Consejo Directivo integrado por seis ministros de Estado de los sectores productivos y sociales.
La presidencia de este Consejo Directivo recaería en la figura del ministro del Ambiente y la vicepresidencia en el titular de Economía y Finanzas.
Su funcionamiento sería gradual y su implementación se realizaría en etapas y con tareas precisas.
SENACE aspira convertirse en un modelo de certificación ambiental y en un órgano respetado por el servicio que prestará en el futuro.
En teoría se estaría buscando cumplir con el precepto de la Ventanilla Única, un mecanismo que ha sido reclamado por inversionistas y ambientalistas, pero la praxis indica que el Ministerio de energía y minas mantiene su espacio, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) continúa en el ministerio de Agricultura, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el Ministerio del Ambiente (MINAM) y de esa manera persiste la dispersión de las "autoridades nacionales ambientales competentes", confundiéndose roles en la función del estado que busca por un lado incrementar la producción y de otro, utilizar, preservar y conservar sus recursos sin trasladar mayores contaminaciones ni externalidades a las futuras generaciones de peruanos.
En síntesis, se estaría ampliando el proceso de la burocracia estatal _ ahora con funcionarios públicos de mayor nivel_sin llegar a resolver los otros problemas de fondo que se vienen arrastrando desde el pasado: la corrupción encubierta con el manto de la incompetencia.
A modo de ejemplo, la minería del pasado_en función del tiempo transcurrido y de la eventual contaminación generada_ estaría retratada en el informe de un consultor del Gobierno Regional de Huánuco quien habría supuestamente estimado el daño ambiental generado en la cuenca del río Marañón la minera RAURA en los más de cincuenta (50) años de labores mineras, específicamente en sus operaciones en el centro poblado menor de Raura Nueva, ubicado en el distrito de San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha_ Región Huánuco.
Las informaciones contemplan registros de las comunidades campesinas de Lauricocha que demandan a la minera Raura una indemnización para las familias cuyos miembros tienen elevados niveles de plomo en la sangre.
En este contexto, el pasado 12 de Julio del 2012 se efectuó una visita conjunta a la zona de influencia de las lagunas y donde viene operando la minera RAURA,con participación de representantes del Gobierno Regional Huánuco , MINAM y OEFA.
Posteriormente, el 24 de Agosto del 2012, el presidente del Gobierno Regional Luis Picón se reunió con el presidente peruano Ollanta Humala , para tratar _ entre otro temas de agenda_ la probable contaminación generada en la localidad antes mencionada.
Los medios de comunicación regionales y redes sociales reportan que el presidente regional de Huánuco Luis Picón, habría puesto en considerado que el informe sería hecho de público conocimiento y que serviría para definir el monto de la indemnización por la cual se estaría demandando a la compañía minera.
La población huanuqueña entonces conocerá la magnitud del daño y con ellos la población peruana en general.
Nos preguntamos si SENACE asumiría el pasivo de las externalidades generadas por las certificaciones ambientales de labores mineras del pasado, pues la agenda pendiente de recuperación de la credibilidad en los proyectos mineros modernos persiste en el mecanismo para determinar el daño ambiental con sujeción a las leyes peruanas vigentes.
Es así que para las comunidades localizadas en las zonas de influencia de nuevas concesiones mineras, existe el impase subsistente sobre la materia de pertinencia en protocolos de controles,supervisiones y fiscalizaciones ambientales seguidos, los cuales podrían ser o no vinculantes para determinar la responsabilidad administrativas o penales para los que resultaran responsables de la acción o inacción de los hechos acontecidos incumpliendo leyes ambientales durante los años que durara la concesión minera, sin perjuicio de los actuados para realizar un adecuado cierre de minas.
Finalmente, en las comunidades campesinas de Lauricocha se encuentran poblaciones excluidas del desarrollo de Huánuco y siendo la región Huánuco precisamente uno de los territorios donde se presentan altos porcentajes de pobres extremos, problemas de desigualdad, desatención de los servicios básicos, altos niveles de desnutrición, mortalidad infantil y población analfabeta; sería un escenario propicio para poder recuperar la confianza de una población peruana que aspira creer en sus autoridades de turno.
La próxima sesión descentralizada del Consejo de ministros que estaría agendada para efectuarse en la región Huánuco podrían sentar las bases de los indicadores del gran cambio que se pretende efectuar en el sector minero.
