Este Blog promovido por el doctor Javier Prado Blas es para aquellas personas que desean enterarse y/o contribuir con el debate alturado sobre el desarrollo con seguridad y reducción de riesgos de uno de los principales sectores gestores del avance económico peruano. Descubramos que tanto hay de cierto de los mitos sobre la minería que se transmite por los medios de comunicación en el país de los Incas.
miércoles, 13 de mayo de 2026
RRSS municipales & transición energética andina
jueves, 19 de marzo de 2026
Crisis en política de los residuos sólidos municipales
A escasos 24 días de
las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que el país de los
Incas elegirá presidente de la república, senadores, diputados y representantes
al parlamento andino y, en términos prácticos, una nueva conducción del Estado
peruano, resulta importante poner en agenda uno de los problemas estructurales
más graves y persistentes de América Latina y particularmente en Perú: la
gestión de los residuos sólidos municipales - RSM.
Durante
el periodo 2001–2026, el Perú ha experimentado un importante crecimiento
económico, acompañado de una expansión urbana acelerada y altamente fragmentado
territorialmente con 196 municipios provinciales y 1890 municipios distritales.
Sin
embargo, este crecimiento no ha sido respaldado por un fortalecimiento
equivalente del Estado, generando una crisis silenciosa pero profunda en la
gestión de RSM.
Hoy
enfrenta una realidad crítica en la que cada vez genera más residuos sólidos
mientras la responsabilidad de su disposición final recae en sus 196
municipalidades provinciales que, en su mayoría, no cuentan con capacidades
técnicas ni financieras suficientes, lo que ha derivado en la persistencia de
vertederos o botaderos a cielo abierto en gran parte del país y en el
desaprovechamiento de la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de
estos residuos.
A ello se suma la alta morosidad ciudadana en el pago de arbitrios, lo que debilita aún más el sistema, así como la corrupción en gobiernos locales que ha contribuido a decisiones que agravan el problema. Uno de los aspectos más graves y menos discutidos es el enterramiento de residuos en zonas inundables de la costa norte peruana, justamente donde son recurrentes eventos como el Fenómeno El Niño y el Fenómeno El Niño Costero.
Estas prácticas han generado la dispersión de residuos durante inundaciones, la liberación de lixiviados altamente contaminantes y la consecuente contaminación de agua, suelos y zonas habitadas, afectando directamente a la salud de la población más vulnerable.No es casualidad que, en contextos críticos como la pandemia de COVID-19, las zonas con mayor precariedad ambiental y competencia municipal hayan registrado niveles dramáticos de morbimortalidad, lo que evidencia una relación directa entre mala gestión pública, degradación ambiental y vulnerabilidad sanitaria.
A pesar de que el país cuenta con un marco normativo claro, como el establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que obliga a priorizar la valorización de los residuos antes de su disposición final, la realidad en los 196 municipios provinciales del país muestra un incumplimiento sistemático de estas disposiciones. Este no es un problema aislado ni técnico; es una expresión directa de las debilidades estructurales de las políticas públicas que arrastra el Estado peruano sujeto a una alta rotación de los tomadores de decisión en este extremo que amerita un serio debate con algunas ideas fuerza expresadas seguidamente:
La primera, que debe quedar claramente establecida, es que existe una brecha crítica entre la norma y la realidad, producto de una combinación de limitaciones presupuestales, falta de capacidades técnicas y ausencia de planificación de largo plazo. Para muchos gobiernos locales, enterrar residuos sigue siendo la alternativa más sencilla y menos exigente en el corto plazo, aun cuando ello comprometa la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la economía futura. La valorización, que implica reciclaje, compostaje y reaprovechamiento, requiere inversión, conocimiento y gestión eficiente, elementos que no han sido priorizados en la mayoría de las municipalidades provinciales.
La segunda, es la debilidad institucional del sistema de control y fiscalización. Entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Contraloría General de la República no han logrado generar mecanismos efectivos, continuos y disuasivos que obliguen a los gobiernos locales a cumplir con la normativa vigente. La falta de supervisión oportuna y de sanciones ejemplares ha permitido que el incumplimiento se normalice.
La tercera, es la ausencia de un mercado sólido y formal para la valorización de residuos. Sin cadenas de valor estables para los materiales reciclables, los municipios carecen de incentivos económicos para apostar por sistemas de reaprovechamiento. A ello se suma la persistencia de la informalidad en el reciclaje, que, si bien cumple un rol importante, no ha sido adecuadamente integrada en modelos formales e inclusivos de gestión.
La cuarta, es la débil cultura ciudadana en materia de segregación en la fuente. Sin participación activa de la población, cualquier esfuerzo de valorización se vuelve más costoso y menos eficiente. Este componente, fundamental para el éxito de cualquier sistema moderno de gestión de residuos, ha sido históricamente relegado.
Una quinta idea fuerza que no puede seguir siendo omitida: la corrupción estructural que atraviesa la gestión de residuos sólidos en el país y que alcanza, en mayor o menor medida, a los 196 municipios provinciales. La contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final, así como la ejecución de proyectos de infraestructura como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento, representan espacios altamente vulnerables a prácticas corruptas.La transparencia opaca en los procesos, la colusión con proveedores, la sobrevaloración de proyectos y la falta de rendición de cuentas han convertido a la basura en un negocio antes que en un servicio público. Esta realidad distorsiona completamente los incentivos, desincentivando soluciones sostenibles como la valorización, que suelen ser menos rentables desde una lógica corrupta.
Nos encontramos, por tanto, ante una crisis sistémica que combina fallas institucionales, debilidad financiera, corrupción, mala planificación territorial, pérdida de oportunidades económicas como la valorización energética de residuos y graves impactos ambientales y sanitarios.
En síntesis, objetivamente me reafirmo en la convicción que el crecimiento
económico y el aumento sostenido de los RSM no han sido acompañados por un
fortalecimiento del Estado. La asignación de responsabilidades a
municipalidades sin capacidades, sumada a la morosidad, la corrupción y
prácticas no sanitarias como el enterramiento de residuos en zonas inundables,
ha generado una crisis estructural que incrementa la vulnerabilidad de la
población y desperdicia oportunidades de desarrollo.
En este
contexto, resulta indispensable que los múltiples candidatos a la presidencia,
al Congreso y a los distintos niveles de gobierno se pronuncien de manera
clara, técnica y verificable sobre cómo enfrentarán este problema.
No basta
con declaraciones generales; el país necesita propuestas concretas que aborden
el financiamiento de la valorización, el fortalecimiento de capacidades
municipales, la reforma de los sistemas de fiscalización, la formalización de
los recicladores, la educación ciudadana y, de manera central, la lucha frontal
contra la corrupción en la gestión de residuos sólidos municipales.
! Dios
bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !
Dr. Msc.
Ing. Javier Prado Blas
DNI N°
08186048
CIP N°
38874
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¡Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus
gobernantes !
Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas
DNI N° 08186048
CIP N° 38874
















