Crisis ambiental se intensifica en Perú

La falta de prevención y atención a la crisis ambiental, que de un estado agudo pasa en la actualidad a un nivel crónico en Perú, se evidencia con el recurrente pronunciamiento de illustres instituciones que agrupan a profesionales especialistas y expertos en la materia,tanto del sector público como del privado.

Antes, con fecha 18 de abril del 2022, el Colegio de Ingenieros del Perú se habia pronunciado en defensa de la ingeniería nacional,contra la corrupción y por la reactivación del país.

Entre otras consideraciones, se planteaba reducir la tendencia a contratar obras con estudios muy preliminares, para reducir riesgos de mayores costos y las variables a los que pueden estar expuestas. Transcurrido el tiempo, continúan colapsando carreteras, puentes y afectando obras emblemáticas del país por adolecer de una necesaria planificación. 

Así el 4/4/ 2023 en este espacio nos preguntabamos ¿ Existe el Ministerio del Ambiente frente al desastre por cambio climático? refiriéndonos a la institución creada el 2008. 

En esta ocasión, con fecha 26 de febrero del 2025, la Sociedad Peruana de Derecho - Comisión de derecho ambiental, muestra su profunda preocupación por las recientes tragedias que golpean diversas regiones del país por deficiencia del Estado para prevenir la crisis ambiental.

Deficiencia del Estado en planificación ambiental  

Suscribo la posición de ambas instituciones, pues existen innumerables evidencias que demuestran con hechos objetivos el deterioro de la crisis ambiental que sufre el país de los Incas.

Es de público conocimiento la recurrente crisis política de cada administración que arrastra el país en el periodo 2010-2025, donde ocho presidentes de la república peruana desarrollaron esfuerzos para frenar la galopante corrupción que llegan a inficionar a los tres niveles de gestión del Estado. En este lapso, pese haberse triplicado el presupuesto de la administración pública, la falta de transparencia y boyante corrupción, logró neutralizar el accionar de los operadores de justicia, ralentizando su accionar en el extremo de la dimensión ambiental, hecho comprobado con el crecimiento de las economías ilegales como la tala ilegal de bosques,minería ilegal, entre otras.

Desacierto en planeamiento que pone en riesgo la seguridad alimentaria en Perú

En gobernanza y gobernabilidad: Leyes declarativas y mapas del siglo pasado publicado en julio 2016, así como en una sola fuerza por la regulación del agua en Perú publicado en abril del año 2017, mencioné sobre la importancia que tiene una actualizada base de datos y manejo de información (AGRIMONITOR), para poder contar con una política agropecuaria que garantice la seguridad alimentaria al país. 

Pasado un lustro, en Perú se continúa sin contar con los elementos necesarios para realizar un eficiente planeamiento en estos temas de cara al futuro.

Censo nacional agropecuario-CENAGRO

A la reconocida gestión sobre los recursos agua y suelo, en la época del imperio Inca, le siguió una etapa de laguna en el manejo de información que se aclaró recién por el año 1961, fecha en la cual se desarrollo el primer CENAGRO. 

La actualización se produjo en lapsos de 11, 22 y 18 años respectivamente hasta llegar al cuarto censo nacional agropecuario en 2012.

Este IV CENAGRO se ejecutó sin perjuicio de la creación del sistema integrado de estadística agraria (SEIA) en el año 2008 y su reglamento un año despues con el DSN° 021-2009-AG; los cuales sufrieron alteraciones el año 2020 con la  la Ley 31075 que creó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en lugar del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

Así nació el Viceministerio de políticas y supervisión del desarrollo agrario, encargado de formular políticas, normas sectoriales, supervisión y evaluación de resultados a fin de impulsar la mejora de la actividad agropecuaria nacional. También vió la luz el viceministerio de desarrollo de agricultura familiar e infraestructura agraria y riego, para implementar políticas nacionales y la gestión sobre materias específicas, priorizando la agricultura familiar, bajo un enfoque de gestión descentralizada e integral del territorio.

Entonces, de los problemas en las estimaciones y apreciaciones alejadas a la realidad que presenta el sector Agricultura en Perú, podemos inferir su origen en la carencia de información actualizada como una de las razones que la mantienen postrada frente a la competitividad mostrada por otros países de la región.

La variabilidad de la realidad megadiversa, en términos de pisos ecológicos, climas, suelos, acceso y disponibilidad al recurso agua en las ciento cincuenta y nueve (159) cuencas que comprende el territorio peruano, contribuye con asociar la importancia que tiene el manejo de datos actualizados, información oportuna y real conocimiento del estado de las cosas; elementos que permitan los principios de prevención y precaución frente a los impactos evidentes del cambio climático.

En este contexto, con el DS N° 009-2022-MIDAGRI de junio del año 2022, la administración Castillo reconoce las deficiencias antes expuestas aprobando el Plan Estratégico Agrario Nacional 2022-2026 del Sistema Integrado de Estadística Agraria.

Desaciertos por falta de adecuado planeamiento

Los retos y desafíos que enfrenta Perú en el sector Agricultura podrían superarse si es que se contara con un sistema de monitoreo fortalecido sobre las políticas agropecuarias, como lo vengo precisando desde el año 2016.

Asimismo, debemos tener presente que cualquier sistema complejo es en estricto una gran cadena de recursos interdependientes y es en ese sentido que contar con data incierta sobre estimados de unidades agropecuarias, superficie agrícola, necesidad de recurso hídrico alineados con los regantes, semillas, fertilizantes, padrón de productores agrarios en proceso de actualización, entre otros; llevan al país a contar con los recurrentes conflictos como el ultimo paro nacional agrario por 48 horas efectuados los dias 18 y 19 de julio del 2022.

Adquisición de fertilizantes para la campaña agrícola 2022-2023 

Un ejemplo del desorden en el manejo de información clave en el sector agricultura en perú, constituye el proceso seguido por el programa desarrollo productivo AGRO RURAL del actual MIDAGRI para la adquisión de fertilizantes agrícolas (UREA); donde difieren las cifras sobre la importación que supera 1.2 millones de toneladas de fertilizantes sintéticos al año para cubrir las necesidades de la agricultura y el déficit de 180,000 TM de urea que presenta la industria agrícola peruana, datos discordantes frente a las solicitaciones del área usuaria del MIDAGRI en mayo del 2022, que en su primera y segunda convocatoria para el concurso de compra previó la adquisición de 73.529 TM , que luego bajó a 65.587 TM en su tercera convocatoria.

En el extremo de esta tercera convocatoria , con plazo de adjudicación para el 29 de Julio del 2022, se tiene el añadido que la entrega se produciría en dos lotes de 41.372 TM y 24.215 TM respectivamente para la misma campaña agrícola 2022-2023. Las diferencias en las cantidades precitadas responderían al sinseramiento del registro actualizado en el padron de productores agrarios.

Suelos, agua, fertilizante.....son interdependientes para la seguridad alimentaria

¿ Política integral o sectorizada en materia de Residuos sólidos ?

Perú continúa con sus esfuerzos legislativos para revertir la informalidad que no le permiten hasta la fecha encontrar la mejor solución, a fin de resolver los graves problemas de contaminación ambiental y salud pública en áreas degradadas por residuos sólidos.

El ejecutivo, mediante el DS N°023-2021-MINAM , puso del conocimiento público las cifras oficiales del manejo y gestión de su residuos, indicando que sólo 52% de sus residuos sólidos municipales son dispuestos adecuadamente; y del resto, se recupera el orden del 1% y más del 47% se estarían disponiendo sin ajustarse a las normas sanitarias.

Los efectos se evidencian con el incremento de áreas degradadas por la contaminación de suelos, aire y agua provocando la externalidades conocidas ante la ineficiencia de la gestión de residuos sólidos en términos económicos, sociales, ambientales y de salud pública.

Los esfuerzos de políticas y planes integrales o sectoriales

Para cambiar esta deplorable realidad, la administración castillo, a través  del DS N° 001-2022-MINAM, acaba de modificar el ordenamiento legal que regula la gestión de residuos sólidos, incorporando reglas sobre material de descarte.

En este extremo, considera material de descarte a todo subproducto, merma u otro de similar naturaleza, peligroso o no peligrosos, resultante de las actividades productivas, extractivas o de servicios, siempre que se constituyan un insumo directamente aprovechable en actividades del mismo rubro o giro u otras actividades productivas, extractivas o de servicios.

Asimismo, el propio ejecutivo en su diagnóstico de la realidad presentada por el DS N° 023-2021-MINAM  expresa como asunto a corregir , la existencia de un marco normativo no armonizado, así como la limitada atención a los pasivos ambientales, entre los que se encuentran los pasivos ambientales mineros; sin embargo, con el reciente DS N° 001-2022-MINAM en cuestión de las reglas de gestión integral de residuos sólidos sobre material de descarte, indica que su aprovechamiento en las actividades mineras únicamente se sujetan a las normas sobre el sistema nacional de evaluación del impacto ambiental y/o a los alcances, condiciones u otros aspectos regulados por la autoridad sectorial que norma sobre residuos sólidos. Sin perjuicio a ello, precisa que los residuos propios del proceso minero se deben manejar de conformidad con los procesos de evaluación ambiental y las condiciones de manejo dispuestos en los reglamentos sectoriales.

Datos e información oportuna para la toma de decisiones

A la luz de los cambios normativos se continúa en los esfuerzos de implementar el sistema de información para la gestión de residuos sólidos municipales y no municipales - SIRGESOL, y en tanto éste no se implemente los datos serán remitidos al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. 

Todo lo actuado se deberá ajustar al plan nacional de gestión integral de residuos sólidos, el mismo que debiera revisarse para que la información se traduzca en acciones inmediatas y concretas, permitiendo a los niveles de gestión nacional, regional y local, actuar oportunamente guiándose con indicadores para ejecutar proyectos que viabilicen el cambio de cara al futuro.

En ese sentido, resulta válida la necesidad que tienen los sectores público y privado del país, para contar con un norte de leyes y reglamentos que obedezcan a políticas y planes integrales de residuos sólidos más que continuar con planeamientos sectoriales, las cuales no dieron eficientes resultados a la luz de la deteriorada realidad ambiental que presenta la mayoría de regiones y provincias del Perú.

Aprovechamiento del material de descarte en minería no ingresa en la gestión integral de RRSS.

Planificación ante efectos del cambio climático & eventos naturales

Las externalidades que se presentan en el planeta por efecto del cambio climático y los impactos de origen antrópico, exigen a los líderes mundiales, mirar con atención la realidad peruana para no verse reflejados en sus experiencias sufridas, que por falta de una adecuada planificación estratégica, viene  siendo impactado dramáticamente ante eventos de origen antrópico y naturales , poniéndose en recurrentes estados de urgencia y emergencia.

Urgencias y emergencias

En los últimos tiempos, la población peruana viene tomando con normalidad las publicaciones hechas por sus autoridades sobre declaratorias de  estado de excepción originadas por estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria a nivel nacional. Ya expliqué antes en este espacio, sobre la necesidad de no confundir temas urgentes con emergencias . La carencia de sistemas de alerta temprana e imprevisión se hacen evidentes con los indicadores irrefutables, algunos que dan cuenta del nivel de talla mundial referido a la actual pandemia del covid-19 que registra 5.984 muertes por millon de habitantes, la mayor del planeta.

Países megadiversos como es el caso peruano, se encuentran altamente vulnerables en la medida que no lleguen a internalizar la necesidad de asociar al hombre con su medio ambiente que lo rodea.

Hechos recurrentes

El cambio climático influye sustantivamente en los diferentes pisos altitudinales del país andino y amazónico , que cuenta con 38 climas en sus 159 cuencas hidrográficas; las cuales responden en forma distinta a los eventos naturales como es en el caso del fenómeno de El niño, sequías, sismos, entre otros.

En los doscientos años de su vida republicana, el Perú tiene identificado sus pasivos ambientales como producto de sus actividades económicas, las cuales afectan la salud pública y la calidad de vida,  particularmente en las zonas donde la contaminación ambiental no se encuentra regulada por el Estado.

Cancha de relave de minería informal colapsada en área andina peruana.

En este contexto, la mezcla de la informalidad, el desconocimiento de información científica y la inadecuada gestión pública, constituyen un cóctel que gatilla las protestas socioambientales, haciendo que la contaminación se incremente y con ellos, aumente los costos de remediación.

Las inundaciones en el país se hacen mas frecuentes integrados a otros eventos.

Las soluciones intermedias no resultan adecuadas ante una realidad que es más que evidente, por lo cual en estas zonas inundables no pueden funcionar los sistemas de disposición de residuos sólidos en depósitos que deben ser enterrados, debiendo utilizar otro tipo de sistemas de manejo y gestión que nos brinda la modernidad y el desarrollo tecnológico.

Estos sistemas son altamente ineficientes que afectan al medio ambiente y la salud humana.

   Los pasivos ambientales deben ser gestionados oportunamente evitando externalidades negativas.

LIMA TIEMBLA SIN MAYOR PREVENCIÓN

En “Impacto post sismo de lo altamente improbable en Lima” haciendo uso de la metáfora del cisne negro, publicado hace dos años atrás - un jueves 18 de octubre del 2018- indiqué que era muy necesario desarrollar una agenda de trabajo para aplicar acciones preventivas ante un eventual sismo de gran magnitud que podría afectar fundamentalmente a las áreas plenamente identificadas como zonas rojas en caso de desastres.

Para graficar la importancia del tema, tomé como referencia al estudio "Escenario sísmico para Lima Metropolitana y Callao" del año 2017 realizado por INDECI, en el cual los expertos suscribimos que de liberarse la energía sísmica acumulada desde el gran terremoto del año 1746, se podría generar un sismo de magnitud hasta de 8.8 Mw (magnitud momento).

Como escenario del evento sísmico para Lima, el estudio estima un total que se aproxima a los diez millones de habitantes y se tiene a más de dos millones de viviendas expuestas, y para el Callao; un total que se aproxima al millón de habitantes y supera las doscientos mil viviendas expuestas.

Construcciones en suelos sin capacidad de carga aumenta los riesgos en Lima y Callao

De producirse este evento el efecto de los daños previstos por el precitado estudio para Lima Metropolitana y Callao , impactaría con más de cien mil muertos; los heridos superan los dos millones de personas, más de trescientos mil viviendas destruidas y las viviendas inhabitables superan en número a los seiscientos mil.

Escenario Dantesco

El impacto que deja el paso de la actual Pandemia de la enfermedad infecciosa, medidas en términos de crisis en salud pública, económica, social, ambiental , sumadas a la crisis política; se verían multiplicadas , toda vez que si bien la Pandemia desde marzo a octubre en todo el Perú provocó a la fecha el orden de treinta y cuatro mil muertes, este evento natural triplicaría esta cantidad de muertes en una lapso sumamente corto sólo en Lima Metropolitana y el Callao.

El manejo post desastre natural implicaría la necesaria gestión adecuada de los servicios y logística en salud que se verían nuevamente colapsados. La atención de más de dos millones de heridos implica un manejo especial, de igual manera, la disposición sanitaria de los muertos para evitar focos infecciosos epidémicos. 

El escenario post desastre, indica la necesidad de servicios básicos, en particular del agua para consumo humano. La destrucción de edificaciones y viviendas generarán un trabajo efectivo de los equipos de rescate y la simultaneidad de incendios dotará de arduo trabajo a las compañías de bomberos existentes en Lima y Callao que se ven fácilmente superadas respecto al número de estaciones de gas, petróleo y gasolina existentes.

El proceso de demolición y disposición adecuada de las edificaciones destruidas demandará impactos adicionales por la remoción de escombros y evacuación final; todo ello sin perjuicio a la disposición sanitaria de los residuos sólidos municipales e industriales que deben ser atendidas. Un tema sustantivo será el manejo de los desagües municipales  y aguas residuales industriales que deberán ser atendidos con prontitud para evitar la formación de plagas de insectos y controlar los olores que emanan las aguas negras.

El abastecimiento de alimentos a las zonas vulnerables ya identificadas en los bolsones de pobreza extrema demandará una acción coordinada de la defensa civil y otros organismos del sistema de control y prevención de riesgos existentes en el país.

Prevención para evitar pasar de la Emergencia al Desastre

Reitero que la aplicación de los principios de prevención y precaución devienen en altamente recomendables, la actual experiencia dejada para el control de la enfermedad infecciosa y la eventual segunda ola sobre la zona caliente de Lima y Callao, nos permite sugerir en la mejor de las formas a los actuales funcionarios y autoridades en curso, redoblar esfuerzos para mitigar el potencial impacto que afectaría directa e indirectamente a casi un tercio de la población peruana y cerca a la mitad del PBI nacional. 

La proximidad de la estación de lluvias en la sierra central implica actividades "rutinarias" de descolmatación de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín; sin embargo debo insistir en el hecho que Lima tiembla sin mayor prevención y que la próxima administración del Estado peruano debe aterrizar con una adecuada planificación aplicando políticas, Planes y programas adecuados a esta realidad que pende como una espada de Damocles sobre los futuros aspirantes a la casa de Pizarro.

Reporte del sismo de ayer martes 27 de octubre del 2020 

Reporte del sismo del sábado 24 de octubre del 2020.

Crecimiento minero en crisis política:El caso peruano

Es indudable que la crisis política sostenida en Perú - para los años recientes - está causando grandes impactos en su economía ya ralentizada por la incertidumbre generada en los agentes económicos y  las inversiones de capitales (tanto de fuentes nacionales como extranjeras) previstas en diversos sectores de la actividad nacional.

En este contexto, resulta interesante percibir que el sector minero mantiene un perfil propio y sostiene un expectante crecimiento en tiempo de crisis, aunque este incremento resultaría frágil si se toma en cuenta las dimensiones y aspectos relativos a la exploración, el aseguramiento de nuevos yacimientos minerales y las reservas comprobadas de minerales.

Planificación que hace la diferencia 

A diferencia de otros sectores, en el sector minero formal - aquel que se encuentra regulado y actúa bajo el radar de las leyes peruanas - su accionar  es planificado para diversos escenarios. Constituye un factor motivador para inversionistas y ciudadanos, tomar conocimiento que Perú tiene un potencial minero restante que permitiría al Estado peruano obtener 547 Mil millones de dólares hasta el año 2050; sin embargo, el éxito alcanzar pasa por resolver una agenda pendiente que debe ser trabajada alineada con responsabilidad social, para que las inversiones en el país sean viables en el largo plazo.

Los elevados intereses del país se encuentran por encima de coyunturas políticas.

Planeamiento inclusivo

El sector minero no presenta un efecto isla y  tiene un desarrollo transversal en el país, por ello le impacta directamente el incumplimiento de los mandamientos de PPK con la paradoja explicada en la "figura del fondo de adelanto social", donde el Estado excluye a su propio Ministerio de desarrollo e inclusión social (MIDIS) , cuando trata de inversiones a futuro dedicadas a la reducción de brechas sociales. Esta figura, debería cambiarse incorporando a poblaciones normalmente excluidas y colocarlas como prioridad, empezando por aliviar la situación de pobreza de los pobres invisibles por el Estado en un país donde existen identificadas personas que sufre hambre que alcanzó los 2,5 millones en promedio para el periodo 2014/2016, lo que supone un incremento de 100 mil personas con respecto a la medición anterior (2013/2015) según FAO. 

En este orden de ideas, las personas  con discapacidad - se incluyen las personas que perdieron su salud por efecto de la contaminación en cuencas- debieran ser consideradas en extrema pobreza, y contar con atención prioritaria en todos los programas de lucha contra la pobreza implementadas o por crearse en el país.

Construcción de capacidades

La importancia de contar con respuesta a las demandas sociales de los pobres invisibles por el Estado y así reducir niveles de conflictividad, se sustenta en la construcción de capacidades que lleven a entender la operatividad sistémica y atender una agenda común vinculada al daño ambiental por contaminación antropogénica y naturales en las cuencas hidrográficas, en estricto, mirar de cerca la agenda ambiental del trinomio agua-aire-suelo en su relación con el hombre; de esta forma se reducirán los conflictos socioambientales.

Realidades que no perciben ni miden los indicadores de pobreza monetaria

Los pobres invisibles por el Estado peruano, se ven impactados por la inopia estatal que soslaya en forma sistémica las alteraciones y desequilibrios producidos en el tiempo por las siguientes consideraciones :
»Las descargas contaminantes de efluentes (municipales,agrícolas e industriales) contaminan cuerpos de agua (ríos amazónicos, de sierra y costa; y lagos, hasta alcanzar la zona pelágica del mar de Grau). En algunos, el transporte de sedimentos contaminados bacteriológicamente es de tal magnitud  que consume el oxígeno disuelto en agua, convirtiendo los cuerpos de agua en condiciones anóxicas. En suma, son "cuerpos de agua muertos". (inexistencia de peces y otras formas  de vida acuática que necesitan oxígeno), en estas condiciones se encuentran algunos ríos emblemáticos del país y van aumentando en número a medida que transcurre el tiempo.
»El incremento de pasivos ambientales y la existencia de labores mineras ilegales que generan trazas de metales como mercurio,cromo,cadmio,plomo,Zinc... , cuya concentración superan tanto al estándar de calidad ambiental establecido en el D.S. N° 004-2017-MINAM como el límite máximo permisible  del reglamento de la calidad de agua para consumo humano establecido en el D.S. 031-2010-SA ; asimismo, producto de labores agrícolas que contaminan con Fósforo y Nitrógeno generados por pesticidas y fertilizantes, los cuales también generan eutrofización de las aguas. Este fenómeno se produce ante la sobre producción de algas que impiden la transferencia de oxígeno;También impacta negativamente el efecto contaminante de hidrocarburos que por diversos motivos-como los recurrentes derrames de petróleo-dañan las cuencas hidrográficas y los ecosistemas que viven en el,incluyendo al humano.
»Los miles de toneladas por día de residuos sólidos municipales que se disponen a cielo abierto y muchos de ellos llegan a parar a cuerpos de aguas,contaminándolos. Mención especial merecen la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos que no son dispuestos adecuadamente en rellenos especiales, hechos que suman negativamente en el impacto a la población más vulnerable. Con el fenómeno El Niño,  se evidencia recurrentemente que el desplazamiento de cientos de miles de toneladas de residuos sólidos, escombros de construcciones... colmatan las cuencas bajas y los sistemas de alcantarillado,colapsándolos. 
»Las pérdidas de nevados y reducción de caudales en cuerpos de agua de regímenes irregulares por efectos del cambio climático, materializan la disminución y hasta pérdidas en los usos del agua medidos en reducción en el acceso y disponibilidad al recurso hídrico. Esta condición, sumadas a las anteriormente expuestas no solamente generan contaminación bacteriológica a las aguas sino que disminuyen la calidad química del agua, hasta hacer que poblaciones enteras se desplacen a otras localidades buscando mejores condiciones de vida.
Estas poblaciones vulnerables son desplazadas por la contaminación de ecosistemas impactados y conforman parte de las poblaciones dispersas  menores de cien habitantes registradas por los censos nacionales y que aumentan progresivamente en el tiempo.
»Con el registro de mis investigaciones realizadas con el fenómeno El Niño en la década de los 80 (CEPIS-OPS/OMS-ONU) y la epidemia de El Cólera en los 90 (MINSA-Perú), pude acreditar que las aguas contaminadas tanto bacteriológica como químicamente representan altos riesgos para la salud humana. El nivel de afectación dependerá de la dosis letal y la alteración de la cadena alimentaria puede generarse por vías de consumo del agua y otras formas definidas toxicológicamente.

Reacciones y efectos colaterales

Para una muestra del estado de situación, se tomó conocimiento recientemente que :
►víctimas de contaminación minera de Pasco se atrincheraron en el Ministerio de Salud y lograron que su titular, el ministro de salud en turno , se comprometiera a gestionar atención inmediata para los afectados.
►Se produjo un derrame de 50,000 m3 de relave minero en la zona del paraje de Huancapetí y la quebrada de Sipchoc en Áncash, confirmada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
►La empresa Petroperú comunicó un nuevo derrame de petróleo en el tramo I del Oleoducto Norperuano, cerca al km 20. El hecho ocurrió sobre el territorio de la comunidad kukama San Pedro, y es el tercero luego de los ocurridos en noviembre de 2016 (km 15) y junio 2014 (km 20).
►Se declara en Emergencia Sanitaria por el plazo de noventa días calendario en treinta y un comunidades nativas de los distritos de Urarinas y Parinari de la provincia de Loreto, departamento de Loreto.
►El 22 de Agosto de 2017 se creó con RM N° 701-2017/Minsa la comisión encargada de la gestión y seguimiento del Modelo de Atención de Salud Integral e Intercultural de las Cuencas de los Ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira en la Región Loreto 2017 - 2021.
►El 01 de Setiembre de 2017 con RM N° 754-2017/Minsa se derogó la RM N° 701-2017/Minsa por causal de la existencia de un Comité de Gestión, el cual tiene similares funciones a las asignadas a la Comisión.

Hechos complejos de connotación ambiental acontecidos en diferentes cuencas hidrográficas, motivo por el cual en anterior reporte, recomendé sincerar las cifras de la línea base de pobreza con indicadores que incorporen los derechos civiles de los pobres invisibles por el Estado, aquellos que no son detectados por la "pobreza monetaria", habiéndose visto afectados , tanto en sus derechos reales de propiedad, como en la salud de familias enteras, sintiendo que la ausencia del Estado no los sacó de la pobreza pero si los hizo más pobres o pobres extremos.

Finalmente, para el registro de la crisis política en los anales de la historia del Perú, consignamos el segundo pedido de vacancia presidencial en menos de dos años, que independiente del resultado que se obtenga ante el Congreso de la República, con los ajustes y adecuaciones correspondientes, el Perú minero continuará con su franco proceso de desarrollo demostrado siguiendo el legado del imperio de los Incas.

Crisis Política en Perú-Segundo pedido de vacancia Presidencial

Rectificación de temas mineros

Como mencionáramos en Historia de la minería ilegal en Perú : " Se podrá reducir y controlar la minería ilegal si se planifica la intervención en diversos escenarios de la realidad peruana....caso contrario, sólo se estaría repitiendo la historia de la minería ilegal y dilatando en el tiempo el buscar una solución que históricamente es demandada por diversas localidades del país y millones de peruanos que buscan incorporarse al crecimiento y desarrollo que viene logrando el Perú de hoy.
Para muestra del consenso que se va alcanzando sobre el particular, tomaremos dos opiniones de actualidad que coinciden con lo antes mencionado.
La primera, que da cuenta de la opinión del especialista en derecho ambiental Dr. Pierre Foy, sobre el escenario legal:
"Resulta curioso que haya pasado inadvertida la enorme fisura y contrariedad que conlleva la Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (SENACE), Ley N° 29968.

En efecto, si el espíritu de dicha norma se supone está orientado a garantizar una mirada múltiple e intersectorial para la aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d), superando el enfoque sectorial (“ventanilla única”) que se había establecido desde inicios de los noventa y que por ejemplo, permitía la aprobación de los EIAs por sólo un ministerio, pues ahora la propia ley en mención se encarga de (auto) sepultar sus buenos propósito, al dejar abierto un inocultable forado o boquerón.

No hay que ser muy letrado para identificar cómo lo que se hace con una mano se borra con la otra y lo más llamativo y sin mayor rebuscamiento, es que todo esto se señala en el mismo artículo que crea dicho servicio.

Mientras por un lado en el artículo 1° inciso 3°, lo crea señalando:“El SENACE es el ente encargado de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) regulados en la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (...);por otro lado, más adelante continua el dispositivo “ ...salvo los Estudios de Impacto Ambiental detallados que expresamente se excluyan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del sector correspondiente, los que serán evaluados por el sector que disponga el referido decreto supremo.

Es decir, tanta batahola y alharaca garantista por crear un mecanismo de aprobación de los EIA-d (que por definición son complejos y comprometen diversas aristas sectoriales) con el objeto de contar con una nueva mirada de ventanilla múltiple, etc. para que sin que hayan transcurrido siquiera unas cuantas líneas del mismo artículo 1° inciso 3 la propia norma se encarga de abrir un “portón” para regresar a la ventanilla única, sin mayor argumento y dejándolo todo a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, el cual reglamentariamente podría hacer lo que mejor le plazca.

Necesitamos una mayor racionalidad en la generación de las normas legales –no solo respecto las que tienen rango de Ley, sino de todas las normas jurídicas en general– pues luego se desencadenan problemas aplicativos, reglamentarios o interpretativos, que ciertamente son propios del quehacer normativo, pero que para muchas situaciones esenciales o básicas se pueden prever y no ser tan ostensibles sus contrariedades".
La segunda y en el mismo orden de ideas, recoge el editorial "tres errores" publicado el día de hoy en el diario El comercio: 
"La semana pasada vimos cómo entre 7 mil y 8 mil mineros de regiones como Ica, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ayacucho bloquearon carreteras y participaron en enfrentamientos (con heridos de por medio) para exigir la derogación de una norma que establecía el procedimiento de formalización de la minería informal.
El gobierno, finalmente, llegó a un acuerdo con ellos y, con motivo de este, publicó un decreto supremo que flexibiliza los requisitos que deben cumplir estas personas para ser formales. Según el ministro del Ambiente, esto sería un éxito, pues habría “30 mil mineros informales camino a la formalización”.
El problema de la minería que opera fuera de la ley,nadie puede negarlo, es enorme y difícilmente cualquier gobierno podrá eliminarlo de un solo zarpazo. Pero es importante tener en cuenta que tampoco se podrá avanzar si, al margen de los acuerdos a los que se pueda llegar con los mineros y de las normas que se emitan, el gobierno comete tres errores recurrentes.
El primero de ellos es que sus declaraciones y leyes en favor de una minería ambientalmente responsable a menudo no suelen verse respaldadas por la fuerza pública.
De nada sirve proclamar que la minería ilegal está prohibida en teoría si el gobierno no pone a los policías necesarios para que esté prohibida en la práctica. Por ejemplo, como ya hemos informado antes, según la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral, se estima que en el 2012 la minería ilegal destruyó 1.973 nuevas hectáreas de la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, 48% más que el año anterior. Y este año ya serían 872 las hectáreas devastadas. Esto, principalmente, sería consecuencia de que el gobierno no asigna los recursos necesarios para combatir a esta lacra. De los 500 policías que llegaron a esa zona el año pasado para luchar contra esa actividad, hoy solo quedan 80. Un número claramente insuficiente si se tiene en cuenta que existen diversos campamentos mineros ilegales que desalojar y que en el más grande de los asentados en la zona de amortiguamiento trabajan 5.000 personas. Esta situación resulta aun más complicada si consideramos que, desde hace dos años, la fiscalía ambiental que opera en Puerto Maldonado cuenta solo con un fiscal especializado y un adjunto, a pesar de que la carga procesal de la misma supera los 2.500 casos.
El segundo error recurrente del gobierno es su tendencia a tolerar manifestaciones violentas y bloqueos de carreteras por parte de quienes reclaman algún tipo de beneficio.
¿Cómo sería el país si cada vez que un ciudadano quiere presentar un reclamo que a él le parece justo toma para ello una carretera y afecta la libertad de tránsito y la seguridad del resto de peruanos? En lo que va de su administración, el gobierno viene enviando la señal de que la forma más efectiva de hacerse escuchar es amenazar los derechos de terceros. Y eso no solo significa una escasa capacidad de proteger a la población y al Estado de derecho, sino también que los ilegales saben que tienen una buena chance de que, usando ese mecanismo, el Estado se haga de la vista gorda con ellos.
Finalmente, el tercer error del gobierno es no percatarse (o hacerlo tardíamente) de que, en algunos casos, muchas de sus mismas disposiciones conducen a los mineros a la informalidad.
El señor Jiménez reconoció que “existió deficiencia e irresponsabilidad” en emitir el decreto cuya suspensión pedían los manifestantes, razón por la cual se habrían flexibilizado los requisitos de la formalización. Asimismo, las barreras burocráticas que enfrentan los mineros artesanales para poder ser formales desincentivan a muchos de ellos de operar en una situación en que se pueda fiscalizar que cumplen la normativa ambiental.
El combate a la minería ilegal es algo que debe unir a todos los peruanos que creemos en un país desarrollado y respetuoso del medio ambiente y de la vida de los ciudadanos. Pero, para tener éxito en esa lucha, es importante que el gobierno aborde absolutamente todos sus flancos".