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lunes, 26 de febrero de 2018

Necesarias nuevas políticas y estrategias para acceder a licencia social

La necesidad de romper paradigmas, adecuar políticas y estrategias en función a una nueva focalización de pobreza en Perú para identificar hasta hoy en día a los pobres invisibles por el Estado peruano y que explicáramos como producto de mis investigaciones en "Incremento de pobres invisibles en Perú por inmisión en cuencas" fue acreditada el 21 de Febrero del 2018 en los alcances del "Estado situacional de la calidad del agua superficial" por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en su Resolución Jefatural N° 068-2018-ANA.

Calidad del agua de los RRHH del Perú

ANA precisa su diagnóstico técnico en los siguientes términos :
"El crecimiento demográfico y las actividades económicas asentadas en las cuencas hidrográficas vienen afectando los recursos hídricos, por el uso indiscriminado del agua, la producción y manejo inadecuado de residuos, aguas residuales y residuos sólidos y aquellos procedentes de pasivos ambientales,minería informal,entre otras; que al ser dispuestas en los cuerpos de agua,alteran su calidad afectando los diferentes usos y afectando los ecosistemas acuáticos.
(...) A la fecha 2017 se han intervenido en ciento treinta y un (131) unidades hidrográficas de las ciento cincuenta y nueve (159) existentes a nivel nacional.
Los resultados de los parámetros monitoreados tomando como referencia los Estándares de Calidad Ambiental del agua (ECA-agua) y la clasificación de los cuerpos de agua superficiales y marino costero correspondientes a los años 2012 al 2016 determinaron que los parámetros coliformes termo tolerantes,nitrógeno amoniacal, escherichia coli, fosfatos,aceites y grasas,hierro,manganeso,plomo,aluminio y arsénico,superan frecuentemente los ECA-agua".

Pagpag vs Licencia Social

Una suerte de pagpag con modelo propio peruano se presenta en comunidades excluidas que fueron desplazadas por el impacto de la contaminación en cuencas hidrográficas, poblaciones que merecen la atención del Estado, pues su situación de sitúa como altamente vulnerable por la pérdida de su salud.
La posición de Perú como productor minero podría mejorar con nuevas políticas sociales. 
Los pobres invisibles por contaminación en cuencas hidrográficas, no necesariamente se refiere a un accionar exclusivo del sector minero, por lo que el origen de su existencia es determinada por diversos factores que ya explicamos en este espacio.
Es evidente que los proyectos de inversión estancados en diversos sectores productivos y extractivos - entre los que se encuentra el sector minero- requieren de un alineamiento con las comunidades para dinamizarse, y es en ese contexto que se hacen necesarias nuevas políticas sociales de lucha contra la pobreza y estrategias adecuadas para acceder prontamente a la licencia social y así el Perú siga creciendo económicamente y desarrollando de cara al futuro.

viernes, 16 de febrero de 2018

Incremento de pobres invisibles en Perú por inmisión en cuencas

Como resultado de mis investigaciones sobre el tema de "exclusión social" en la región de las Américas y particularmente en Perú, en el año 2011 difundí las causas que originaban las debilidades presentadas para realizar un diagnóstico correcto de la misma, lo cual requería de instrumentos para entender y mensurar un fenómeno que escapaba a las estadísticas generalmente utilizadas en ese entonces.
Mi diagnóstico teórico sobre exclusión social y pobreza, quedó validado en la práxis a partir del año 1991, cuando la séptima pandemia de cólera llegó a Latinoamérica; el primer caso se registró en Perú el 23 de enero. Los casos de Perú indicaron el inicio de la primera epidemia de cólera en América Latina del siglo pasado. El 7 de febrero de 1991, se confirmó la presencia de un brote de cólera en Perú, al aislarse la bacteria por primera vez simultáneamente en las ciudades de Chancay, Piura y Chimbote.
Transcurrido un cuarto de siglo, en Perú no se avanzó mucho en materia de Salud y Saneamiento, en consecuencia obtuvo reducidos logros en la lucha contra la pobreza, pese a la transferencias de conocimientos y experiencias que expertos peruanos trasladamos a otros países latinoamericanos, como fue en el caso del Acuerdo Sanitario Perú-Brasil de lucha contra El Cólera, cuyos alcances se publicó en CEPIS, de la OPS/OMS , organismo especializado de Naciones Unidas (ONU).
Como Coordinador Nacional a partir del Sector Salud, publiqué Informes de la sub comisión de Saneamiento, cuyas experiencias fueron bien aprovechada por Brasil para impulsar su modelo de atención y herramientas operativas a fin de alcanzar el bien común y desarrollo,especialmente en materia de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos  naturales por pueblos originarios en la cuenca Amazónica, lo que a su vez permite mantener su modo de vida. 
Las poblaciones dispersas de las zonas de los ríos en la Amazonía y zonas rurales de sierra peruana,así como los bolsones de pobreza en zonas urbanas, fueron el espacio donde focalizamos nuestra atención, aplicando políticas y estrategias adecuadas, con un tablero de control que permitió el seguimiento y evaluación para mitigar impactos.
La intervención integral efectuada en el país, mereció el reconocimiento internacional a profesionales que participamos de esta experiencia de El Cólera. Japón fue uno de ellos.
En el 2018, se visualiza que la falta de sostenibilidad de los programas sociales se  mantiene en términos del  bajo cumplimiento de metas previstas a alcanzar por los diferentes programas implementados en sucesivas administraciones  y la inadecuada calidad de gasto asignado por los presupuestos públicos orientados, con filtraciones y sin capacidades de sintonía con los beneficiarios de dichos programas sociales.
En este contexto, los excluidos extremos o "pobres invisibles del Perú", aquellos que no son detectados por el radar que miden su presencia en términos de pobreza monetaria y sí son susceptibles de ser percibidos multidimensionalmente, se incrementaron con el consecuente riesgo que ello implica para el país.
En cabo leveau a la margen izquierda del río Huallaga-Región San Martín-Perú

3,6 millones de "pobres invisibles" no detectadas por la pobreza monetaria

Ya el año 2012, se cuantificaba en Perú a los pobres invisibles para el Estado, en una publicación de El Comercio, atribuido al director de la Maestría en Gestión de Inversión Social de la Universidad del Pacífico, Enrique Vásquez, precisó:"el Estado diseña sus políticas para atender a 8,3 millones de pobres en términos monetarios. Con ese sistema –agregó– 3,6 millones “son invisibles para el Estado” o no estarían siendo atendidos en esos programas de lucha contra la pobreza, a pesar de que no tienen servicios de salud, electricidad y agua, que usan leña y que el jefe del hogar solo estudió primaria o menos.

Incremento de pobres invisibles por acciones de inmisión en cuencas

El acto de contaminación ambiental por inmisión ( del latin IMMISSIO,ONIS = echar adentro) , aplicada como una categoría social y vista como injerencia perjudicial o dañina de origen antropogénico, diseminada por medios naturales que sobrepasan los límites máximos permisibles por el ordenamiento legal vigente, afectando a personas, sus bienes y la salud pública en una determinada cuenca hidrográfica; deviene en una condición de desequilibrio ecosistémico incrementando en número a pobres invisibles.
En esencia, parte de la población peruana en situación de pobreza,vulnerabilidad y marginación, pasan de una necesidad de urgencia a un estado de emergencia, que en contadas ocasiones son identificadas sectorialmente por la declaratoria de un estado temporal de emergencia sanitaria y/o emergencia ambiental.
Este nuevo enfoque de inmisión en cuencas aplicada en la Escuela de posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) sobre la pobreza multidimensional (no incorporada aún en programas sociales del Perú), es potente para explicar el incremento de los conflictos sociales en el interior del país, especialmente en zonas rurales de sierra y selva (allí donde la resiliencia ecosistémica,seguridad alimentaria y cadena trófica son extremadamente frágiles), pese al crecimiento económico con la óptica de interés social.
El estado de situación que atraviesa con la crisis política actual, demanda que tanto la gobernabilidad y gobernanza se fortalezca en el país de los Incas y se realicen esfuerzos públicos adicionales a los sistemas permanentes del Estado para cerrar las brechas en pobreza,desigualdad, vulnerabilidades y riesgos.

martes, 16 de enero de 2018

Crisis política peruana tras Minería & exclusión social

2011...

En el año 2011 presenté hechos históricos en Minería & exclusión social a efectos de hacer notar - tras décadas de recorrer el territorio nacional y contrastar las distintas realidades en diferentes pisos altitudinales del país- que la pobreza y la exclusión en el Perú presenta características singulares a otras latitudes del Planeta; lo cual implica mensurarlas en su real dimensión en el marco de un modelo propio, para alcanzar efectivos resultados generacionales hasta lograr superarlas. 
Es así que como un efecto de una inadecuada lectura de indicadores de operatividad subrayé "el recurrente bajo cumplimiento de metas sociales previstas a alcanzar por los diferentes programas sociales en las sucesivas administraciones del gobierno central peruano y la inadecuada calidad de gasto asignado por los presupuestos públicos orientados sin presentar capacidades de sincronización, resiliencia, sintonía y mucho menos armonizada con las situaciones extremas (naturales y antrópicas) por las que transitan las colectividades asistidas como beneficiarios de dichos programas". 
Es preciso recordar que el año 2011 el precio internacional del metal y particularmente el Oro, alcanzó máximos históricos,beneficiando la economía de la Nación, sin embargo, el rostro humano de la población excluida siguió alimentando cifras estadísticas en rojo.
En América Latina, diversos países, abordaron la inclusión y el desarrollo humano a través de concentrar la dirección de las políticas y programas sociales bajo un sólo organismo, delegando en éste la función de ente planificador, coordinador y rector de estas políticas y Programas.
Perú, al seguir esta corriente, aplicó un modelo similar al de Chile y México.
En este escenario, el Congreso de la República peruana aprobó (22 / 08/2011) el dictamen que dispuso crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS-Ley 29792), para concentrar los principales programas sociales que ejecuta e implementa el Gobierno. Así se le adscribe el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES ; organismo que fuera creado por Decreto Legislativo N° 657 del año 1991 bajo el nombre de Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social-FONCODES, sustentado en la situación de pobreza que afrontaba el país a inicios de la década del 90. Un año después, el Decreto Ley N° 26157, lo ubica como un organismo descentralizado autónomo, dependiente de la Presidencia de la República, con autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y técnica. Una década después (2002), la Ley N° 27793 le da forma de Organismo Público Descentralizado (OPD) a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 060-2003-PCM (2003) y el Decreto Supremo N° 004-2004-MIMDES (2004), quedó absorbido por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
Siguiendo la tendencia de constantes cambios, mediante Decreto Supremo N° 002-2012-MIDIS y Decreto Supremo N°010-2012-MIDIS, pusieron en  evaluación y reorganización a los programas sociales de FONCODES; asimismo, con Resolución Directoral N° 228-2012-FONCODES, se prioriza la pobreza monetaria focalizada en hogares rurales, atendiendo los requerimientos de ese entonces del MIDIS.
Cabe mencionar que en Perú se definió originalmente como la "Inclusión Social", a la incorporación económica, social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables a la comunidad nacional, con plenos derechos y acceso a los mercados, que requieren un esfuerzo público adicional a los sistemas permanentes del Estado para cerrar las brechas en la pobreza, desigualdad, vulnerabilidades y riesgos.

2018...

La crisis política que viene arrastrando actualmente el Perú, agudiza el malestar popular, alimentada ésta con el indulto del ex presidente Fujimori, efecto Odebrecht, el embate de El Niño costero, sismos y otros eventos que impactan al país en el actual periodo de gobierno.
Es indudable los buenos deseos y esfuerzo institucional realizado por el Estado peruano, a través del tiempo y  en sus tres niveles de gestión, para atender las necesidades de la población excluida del país, sin embargo, esa suma de voluntades no logró obtener sus frutos por que el esfuerzo sin contar con una adecuada planificación hicieron que la frustración se traslade a sectores estratégicos como es la que se encuentra bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Riego. Un sector que involucra la mayor cantidad de mano de obra no calificada del país, con altos niveles de pobreza, desigualdad extrema en zonas rurales, prominentes vulnerabilidades y elevados riesgos; habida cuenta que poblaciones nucleadas y dispersas de hombres y mujeres del campo no cuentan con servicios básicos. Situación que se agrava con las lagunas de información de precios de sus productos, llevándolos al final del día a subsidiar a las ciudades y desfinanciar a las parcelas agrícolas.
La carencia de una visión prospectiva y planificación estratégica, hacen que los programas sociales ejecuten mirando el espejo retrovisor y de esa forma no se logra alcanzar la cobertura de los beneficiarios.
En resumen, las normas y políticas existen en el papel, sin embargo estas no se cumplen por razones diversas, asi que el Plan Operativo,Presupuesto Institucional,Planes Estratégicos y otros instrumentos de gestión como el Plan Estratégico Sectorial Multianual son en la praxis elementos burocráticos que no cumplen los objetivos para los cuales fueron diseñados.
La energía por frustraciones acumulada en el tiempo, hacen que las poblaciones excluidas se agrupen exteriorizando su malestar y voz de protesta, tal como sucedió en el pasado y recientemente con productores de arroz y papa, éstos últimos acordaron con autoridades del ejecutivo la adquisición de excedentes de producción mediante los gobiernos regionales para la distribución en los programas sociales.
En este contexto, el desarrollo minero está en función de la estabilidad en la agricultura, pues podrá avanzar en sus diferentes fases en la medida que se reduzca reclamaciones a políticas públicas con toma de carreteras o litigios por uso agua en territorios con tradición minera y fundamentalmente que los programas sociales logren las coberturas deseadas de beneficiarios, mitigando las protestas sociales y socio ambientales que puedan destrabar proyectos mineros que se encuentran en cartera.

lunes, 5 de mayo de 2014

Crónica de inversión y pobreza

Pese a que en el periodo 2006-2013 el gobierno central peruano transfirió más de 31 mil millones de soles a las regiones del país, algunas de ellas manifestaron su disconformidad, tal es el caso de Ancash. El punto es que algunas regiones se transformaron en centros de recepción de ingentes recursos, que se pueden gastar sin control adecuado, convirtiéndose literalmente en un botín. Lo mismo pasa con las alcaldías. Los mecanismos de control y regulación con que cuenta el Estado peruano, como la Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ; pese al esfuerzo que desarrollan, no logran evitar un alto nivel de desorden que hoy impera en la mayoría de las regiones, envueltas en escándalos, corrupción y crímenes.
La transferencia de fondos a las regiones debe ser mejor regulada.

DATOS DEL INEI

En este escenario descrito, sale el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con datos parciales de la incidencia de pobreza monetaria por grupo de departamentos en el periodo 2012-2013. Se indica que en ocho de las 24 regiones del Perú el porcentaje de pobres se incrementó en lugar de reducirse, pese a que la pobreza se redujo en el Perú a 23.9% en el 2013. Pasco presentó el mayor incremento de pobreza. Aquí, el aumento de los pobres fue de 4.7%. En las 16 regiones restantes, el resultado más resaltante fue el de Apurímac. En 2012 era la región más pobre del Perú, situación que se revirtió en 2013, pues la pobreza cayó en 12.7%. Con el resultado de Apurímac, la región Cajamarca pasó a ser la más pobre del Perú, ya que el52.2% de su población está en esta situación.
Al propalarse la información en forma distorsionada, tal como se presenta en las siguientes figuras, se intensifica el discurso antiminero indicando que la mayor cantidad de pobres se encuentran en zonas de influencia minera, confundiendo a la opinión pública nacional e internacional. 
Datos de incidencia de pobreza monetaria en el lapso 2012-2013
Una interpretación de la pobreza monetaria en Perú 
El INEI, para tratar de aclarar el panorama, propala una nota de prensa precisando que a nivel nacional alrededor de 500 mil personas dejaron de ser pobres en el periodo 2013; De esta manera la pobreza afecta al 23,9% de la población del país, que comparada con el año 2012 disminuyó en 1,9 puntos porcentuales. 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA

La metodología empleada para medir la pobreza es un tema en cuestión por el tema de la dimensiones de la pobreza y su motilidad en Perú. Sin perjuicio a mencionar que es la misma metodología empleada por el INEI en anteriores oportunidades, el Estado peruano se encuentra empleando una estrategia para revertir el problema de la calidad en el gasto de la cosa pública y que la inversión llegue a las grandes mayorías nacionales, en particular a las poblaciones mas excluidas del país. En este contexto, aplica el concepto de obras por impuestos , contemplado en la Ley 29230 la cual fue reglamentada el año 2009.Asimismo,existe ya una tendencia _ que viene de administraciones anteriores_ para activar la acción empresarial del estado utilizando mecanismos de asociación Público -privada, que en lugar de competir con la actividad privada se asocia con ellas, aprovechando sinergias en proyectos conjuntos. La actual administración del Estado peruano_ en el lapso que va de su gestión adjudicó proyectos de asociaciones público privadas por US$ 11548 millones 

PARTICIPACIÓN DE SECTOR MINERO

El sector minero no esta exento de estos procesos y coadyuva en los esfuerzos de largo aliento para sacar de la pobreza a los peruanos que aún se encuentran en esta situación.
Tan es así, que a partir del año 2007 se le reconoce  una mayor participación de las actividades económicas en el PBI.
La nueva estructura con base en el año 2007 para el sector minería, es incrementada cerca a 10 puntos porcentuales respecto al año base 1994 ; según el INEI corresponde la siguiente distribución: 
El sector minero tiene mayor participación en el PBI.
Algunos atribuyen responsabilidades absolutas a la minería en el tema de la pobreza con el discurso "La riqueza se va y la pobreza se queda". Se coloca el caso de la Región Cajamarca como ejemplo del porqué una localidad con tradición minera por décadas pueda ocupar el primer lugar en pobreza en el país.
La posición antiminera traslada este tipo de análisis a la tragedia que estarían pasando otras regiones como Pasco , Huancavelica, Apurimac,entre otras.
Sin llegar a tratar de desatar el nudo gordiano formado por la presentación del INEI con datos dispersos relacionados a departamentos y pobreza monetaria, en la información precedente se deja expresa constancia sobre el aporte del sector minero que coadyuvó en reducir los niveles de pobreza,pobreza extrema y exclusión desde la posición que le compete en su nueva relación con el Estado peruano.

EL DATO

  • En Motilidad de la pobreza & Minería explicamos la dimensión generada por la carencia de una linea base que sustente científicamente a los programas sociales propuestos e implementados desde el gobierno de turno.Precisamos que en el periodo 2006-2010 el gobierno central transfirió 17,858 millones de soles a las regiones, las cuales presentaron problemas de capacidad de gasto en las administraciones de gobiernos regionales. 
  • En Minería & exclusión social, describimos como el sector minero en Perú viene haciendo lo suyo en los esfuerzos para tratar de reducir la pobreza en los espacios territoriales donde interviene, sin embargo poco o muy poco podría singularmente hacer éste para resolver problemas en escenarios que involucran a otras dimensiones sociales.
  • En Descentralización & botín minero, indicamos que 13,261 millones de soles fueron transferidos por el gobierno central en el periodo 2011-2013.

lunes, 19 de agosto de 2013

Contradicciones del Canon minero

Desde algunos de los países a donde llegaron nuestros últimos comentarios sobre "Historia de la minería ambiental en Perú", se nos pide desarrollar con una mayor aproximación sobre el tema del canon minero y del porqué mencionamos que la situación jurídica creada con la distribución de los recursos económicos por canon minero en el país vulnera el derecho de propiedad sobre los recursos naturales (mineros) como bienes integrantes del Dominio Público, afectando los interese nacionales y dilatando el crecimiento y desarrollo en las poblaciones más vulnerables del país.
Con todo gusto procederemos a dar mayores elementos de juicio para contrastar datos e información adicional sobre el tema en cuestión.
Transferencia de recursos económicos por Canon minero_periodo 2000_2011.
Con el agregado de 5,201 (2012) y 3,806(2013) millones de soles_ para las respectivas "proyecciones" de los dos últimos años_ se completa las cifras programadas para la trasferencia de Canon Minero desde el año 2000 hasta el presente.
El Canon Minero es la participación a que tienen derecho los gobiernos regionales, los gobiernos locales y universidades públicas sobre los ingresos y rentas que obtiene el Estado por la explotación de los recursos mineros en determinadas jurisdicciones departamentales.
Los índices de distribución de dicho recurso son elaborados de acuerdo a los criterios y porcentajes establecidos en la Ley Nº 27506 - Ley de Canon (julio del 2001), y sus normas complementarias, así como información remitida por el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de la Producción, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
A modo de ejemplo, en el marco de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público 2011, los recursos del canon debieron ser destinados a: financiar o cofinanciar proyectos de inversión pública,mantener la infraestructura de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica y elaborar perfiles de los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertados.
Continuando con el ejemplo del año 2011 para la distribución a nivel de departamentos, los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas más beneficiados con estos recursos fueron los correspondientes a los departamentos de Ancash, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Moquegua, Tacna y Puno, que concentran el 80% de este recurso.
A merito de lo expuesto, es que consideramos que la forma de distribución del denominado canon minero separa a las poblaciones que "en teoría" manejarán mayores recursos económicos que otros para atender sus requerimientos de crecimiento y desarrollo.
Además de la exclusión, los temas de eficacia, eficiencia y efectividad en los niveles de gestión,así como la calidad del gasto y niveles de corrupción, entre otros, involucran el adecuado manejo de recursos económicos del canon minero distribuido en el proceso histórico seguido.
El actual ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, dijo que las regiones favorecidas con el canon minero tienen S/.4000 millones que aún no utilizan.
Estos recursos económicos simplemente no llegaron a cumplir con los fines y objetivos para los cuales se constituyó el canon minero.
Esto demuestra que el Estado ha tenido una débil capacidad de gestión para gastar a nivel local, regional y nacional. 
Es decir, un monto mayor equivalente a la totalidad del canon minero distribuido en todo un año _si tomamos el año 2009 como referencia que fue 3,515 millones de nuevos soles_ es el que no utilizan los "Departamentos o Regiones" relegando a la postración a las poblaciones que demandan atención_con justo derecho_ por parte de los diferentes niveles de administración del gobierno, ya sea esta regional, provincial o local.
En este escenario no solamente se perjudica la población no atendida, sino que impacta directamente en los proyectos mineros en ejecución y los proyectos en cartera enfrentan oposición por los potenciales conflictos sociales.  
Lo antes mencionado, explica en parte los factores internos que combinados con factores externos inciden en la desaceleración de la economía peruana.
Perú se sostiene en un modelo económico primario exportador y la reducción de los precios internacionales de los minerales impactan directamente en la recaudación fiscal.
Para sustentar el extremo de la afectación de los intereses nacionales y la exclusión que evidencia la separación, distribución y transferencia del canon minero , esta vez nos apoyaremos en la declaración de un grupo de patriotas de lo que hoy en día es un país desarrollado, los Estados Unidos de Norteamérica, que decían:
"Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, y que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
Su actual presidente Obama reconoce que sin embargo, aunque estas verdades puedan ser evidentes por sí mismas, la historia nos dice que nunca se han ejecutado por sí mismas. 
Nuestra Nación,al igual que el hermano país del norte, por siglos ha transitado por difíciles jornadas para sortear el significado de las palabras precitadas con las realidades de nuestro tiempo. Sin embargo algunos peruanos no hemos aprendido en estricto el significado que ninguna Unión fundada en los principios de libertad e igualdad puede sobrevivir mientras exista la desigualdad y exclusión.
El canon minero no coadyuva a la existencia de una competencia justa de un libre mercado en Perú. Favorece a algunos y discrimina a otros, siendo todos integrantes de una nación unitaria, lo que hace es desproteger y descuidar a los mas vulnerables del país, a los que debería de atender prioritariamente.

¿Qué necesitamos?

Además de revisar el tema del canon minero, suscribo en lo sustantivo con lo expuesto por el ex presidente peruano_ en el periodo 2001-2006_ doctor Alejandro Toledo,  al mencionar que se debería fortalecer la capacidad gerencial del Estado, diversificar la inversión en sectores con mayor valor agregado y mano de obra intensiva como agroindustria, eco-turismo y manufactura; y generar confianza.
Confianza para invertir y confianza para gobernar. Es momento de poner todos el hombro.

viernes, 16 de agosto de 2013

Historia de la minería ilegal en Perú

A inicios del presente siglo, en países de la Región de las Américas y específicamente en Perú se continúan presentando una serie de esfuerzos legislativos ambientales y acciones puntuales para frenar a la minería ilegal, que en forma aislada tratan de solucionar la crisis ambiental, con un nivel de acatamiento tan bajo en la población, que hace necesario tener una mayor aproximación sobre el tema para saber lo que está ocurriendo con este problema recurrente.
La destrucción del ambiente por los efectos nocivos de la minería ilegal,crearon espacios políticos para nuevas demandas sociales, como es el caso de las demandas ambientales, constituyéndose en permanente tema de reflexión; por lo que en búsqueda de encontrar argumentos consistentes, invitamos a meditar sobre la necesidad que el país cuente con una Política de Estado sobre el particular que se constituya en un Norte de la suma de voluntades para reducir el impacto de este flagelo que viene azotando importantes partes del territorio peruano.
La Cordillera de los Andes, que atraviesa longitudinalmente todo el país de norte a sur, contribuye de modo inexorable que Perú seas un productor polimetálico a través de su historia.
La evolución de la estructura del estado y el derecho impuesto concerniente a la explotación y comercio del producto de las minas de oro y plata establecida en las Leyes de Indias, generó en territorio peruano no solamente el manejo formal de los recursos mineros, sino que dio paso a la informalidad e ilegalidad en el aprovechamiento de los recursos mineros ya sean estos públicos o privados.
El sello que identifica el proceso seguido en el manejo de los recursos mineros se manifestó en la gestión de productos de minas de plata y fundamentalmente para la producción de las minas de oro.
La escasez relativa del oro determinaba la disposición al pago, intercambio o trueque y en suma, su precio competitivo frente a otros minerales, materias primas o commodities.
Lo antes mencionado se presentó desorganizadamente al inicio en la época pre Inca (6,000 a.c-1450 d.c) donde la población al pasar de grupos de nómades se fueron sedentarizando y formaron entre otras, las culturas Paracas,Nazca,Wari e Ica-Chincha.
Posteriormente, esta última estableció un triángulo comercial entre la sierra sur andina altiplánica (Bolivia) y el límite de la costa norte (Ecuador),constituyendo los albores del comercio internacional peruano; productos como el oro peruano y el mullu Ecuatoriano (Conchas del Spondylus) para fines religiosos, fueron transacciones que generaron importantes actividades económicas.
En el proceso histórico seguido a través de las ruinas en la cultura pre incaica_costa norte de Perú_se  registró gran cantidad de oro enterrado junto con los muertos en las tumbas, muchas de las cuales fueron profanadas por huaqueros, quienes se constituyeron en una suerte de precursores de la minería ilegal al saquear el oro de los restos arqueológicos.
Registros de piezas de oro como la Venus de frías, máscara del señor del Señor de Sipán y el Tumi o cuchillo de Illimo son evidencias de la majestuosidad con que se trabajaba el oro en diversas culturas pre incas hasta llegar a la cultura Inca.

Sin embargo, en aquella época no se supo cómo organizar la actividad minera ni administrar los productos. Fue en la época del incanato, donde recién se instauró una administración minera organizada bajo dominio del Inca, asignando áreas de explotación, surgió el criterio de propiedad de los recursos mineros obtenidos, se fiscalizó la calidad del mineral resultante y sobre todo, existió el desarrollo armónico y respeto con la Pacha Mama (Madre Tierra), Yaku Mama (Abuelita Agua), Pacha Kamac (deidad del mundo subterráneo) y la naturaleza toda donde se depositaban  las lágrimas del Dios Sol (oro).
La mayor producción de oro provenía de la cordillera de los Andes y de la Selva alta, en las entrañas de la Pacha Mama.
Petroglifos de Montecristo_Shunté,registran minería de oro en cuencas de selva alta y sierra Liberteña . 
Debido a su naturaleza divina relacionada con el Inti (dios Sol), en ese entonces, el Inca fue sujeto de adoración por su pueblo, quienes le ofrendaban tesoros religiosos concernientes en productos de oro y plata.
En este escenario, los pueblos conquistados y sometidos por los Incas fueron adaptados al incanato, sin embargo, existieron los mitimaes que fueron grupos de familias separadas y desplazadas de sus comunidades por el imperio inca con fines políticos y estratégicos.
Sin duda, fue entre otras, una de sus funciones el proteger la cuota de tesoros religiosos cuando las funciones de estos colonos fueran de carácter productivas y de defensa.
En la época de la conquista española y tras el episodio de rescate pagado por Atahualpa_ a precios actuales del oro,se podría considerar que este pago fue el mayor de la historia de la humanidad por rescatar a una persona_ los conquistadores encontraron las minas de oro donde los incas desarrollaban labores mineras y que posteriormente asumieron los conquistadores utilizando la mita.
Con el sistema de la mita se logró reclutar ingentes recursos humanos para la extracción de minerales.Dichos mineros fueron llamados Mitmas (Sierra) y Cori (Costa).
La población indígena fue reducida considerablemente con el ritmo de trabajo impuesto por el sistema, hecho que contribuyó sustantivamente en la desintegración cultural. 
Se considera que fueron las minas de Plata en Porco (Bolivia) las que más se explotaron en la época Inca y el oro en múltiples minas diseminadas superficialmente y en algunas labores subterráneas. Para poder excavar la tierra, los mineros de ese entonces usaron cuernos de ciervo y cuernos cosidos en forma de sacos para sacar el mineral.
En las labores mineras se excavaron entre 10 a 20 brazas (16.7 a 33.4 metros) sin luz natural y con espacios reducidos para movilizarse, tal como realiza actualmente la minería artesanal en los socavones del tipo de minería subterránea.

La historia se repite.Ese es uno de los errores de la historia 

En la época Republicana y actual, los conocidos traslados forzados de poblaciones, de una zona a otras son determinados por el incremento de motilidad en los niveles de exclusión y pobreza extrema que dan cuenta los números de centros poblados menores de cien (100) habitantes registrados por los Censos Nacionales en Perú:44.519 (1981), 55.000(1993) y 73.611 (2007).
Registros actualizados a Diciembre del año 2012, consideran familias desplazadas a la población que vive en centros poblados de menos de cuatrocientos (400) viviendas, ubicados en el quintil más bajo de pobreza,habla en lengua nativa y tiene bajo nivel educativo. Estamos hablando entonces de 4.78 millones de peruanos ; es decir, el 16% de la población peruana.
A mayo del año 2013, la actividad minera formal en Perú permitió el sustento de un total de 3 millones y medio de personas, entre empleos directos e indirectos. Sin embargo la minería ilegal, se nutre de una gran parte de los mencionados recursos humanos excluidos y pobreza extrema,característica que explicáramos antes en informalidad minera organizada y cachorreo en los altos andes.
Decíamos entonces que en Perú, se evidencia el accionar de la informalidad minera como un intermedio entre la actividad minera legal y la actividad minera ilegal, sobre la base del uso de medios y fines.

Las actividades mineras formales tienen fines legales,pero algunas son conducidas ilegalmente porque es difícil para los concesionarios mineros cumplir con regulaciones oficiales en el marco de las múltiples autoridades competentes y la inadecuada regulación ambiental.No es que tengan previsto actuar bajo el radar de las normas ambientales peruanas,es que simplemente en ciertos proyectos mineros no se ha logrado internalizar la licencia social producto del conocimiento real de la existencia de pasivos ambientales.
La falta de una apropiada comunicación entre los actores sociales impide un accionar concensuado respecto del impacto producido por labores mineras que deben ser atendidas ajustadas a Ley.
Las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.Por ello en base a mimetismo,simbiosis y sinergias,penetran e inficionan a personas naturales y jurídicas; aprovechando fallas de mercado y débil presencia del estado en algunas partes vulnerables del territorio peruano, donde coludiéndose con otras formas ilícitas conforman lo que en estricto significan las asociaciones ilícitas para delinquir, articulándose sistémicamente con el contrabando hormiga,Tráfico Ilícito de Drogas (TID), trata de personas, sicariato, lavado de activos y distintas otras formas de corrupción ("diezmos" por proyectos y obras de infraestructuras en algunas regiones y municipios, "promotores" de conflictos sociales con toma de carreteras, extorsionadores, traficantes de concesiones mineras y tierras...) que se encuentran amparadas bajo el manto protector de la cooperación y alianza estratégica entre mafias nacionales e internacionales del narcotráfico y grupos armados extremistas que en Perú tomó el nombre de narcoterrorismo.

Cabe mencionar que el manto de impunidad no solamente se extendió por el gran poder económico demostrado en el accionar de organizaciones criminales, sino que también debido a infiltraciones en organismos tutelares de la nación y en el propio Congreso de la República.
Esta denominación de "informalidad minera" tiene como soporte el hecho que sólo pueden ser considerados como infracciones las contenidas expresamente en normas de la misma naturaleza.Es así que la infracción,bajo la óptica del derecho general es considerado como toda acción u omisión que importe violación de normas, de allí subyace lo prescrito en la infracción penal e infracción tributaria.
Toda vez que el oro se encareció un 149% entre 1998 y el 2008 (casi el doble del crecimiento de otras materias primas durante el mismo periodo) y alcanzó un precio máximo de todos los tiempos en el año 2011, hecho que dinamizó e incentivó la dimensión de la minería ilegal presente desde épocas pasadas en Perú.

Minería ilegal,Canon minero y exclusión

La Minería ilegal se desarrolla y evoluciona a través de la historia sin otorgar consideración alguna por ningún impuesto creado o por crearse de acuerdo a Ley. Su esencia es moverse dentro de la ilegalidad y al margen de las normas tributarias y todo ordenamiento jurídico que significa el uso de la Ley como instrumento del derecho para producir justicia.
La ya derogada constitución de 1979 creó la figura del canon y en consecuencia dió origen al “canon minero”, asignando con ello una suerte de derecho de propiedad sobre la explotación formal del recurso minero focalizado en una localidad frente a otros territorios del país que no cuentan con minerales.
A la ineficaz demarcación política territorial se le agregó la separación entre los departamentos (hoy en proceso trunco de convertirse en regiones) con recursos mineros y quienes no lo tienen, lo que finalmente influyó en separar a las poblaciones que "en teoría" manejaran mayores recursos económicos que a otros, para atender sus requerimientos de crecimiento y desarrollo.   
Así entonces, la legislación peruana consideró el canon minero como un porcentaje del impuesto a la Renta _Inicialmente fue el 25% y actualmente representa el 50%_que pagan las empresas formales al explotar los recursos mineros que retornan a la localidad donde se realizan las labores mineras, en suma donde se realiza la producción del mineral
Este derecho generó pues contradicciones y exclusiones que se originaron, por un lado, no tomando en cuenta los procesos de traslado de recursos mineros de una cuenca a otra fuera de la demarcación política (ya sea por carácter natural o de naturaleza antrópica que actúan fuera del alcance del radar de la ley) y por otro, desprotegió jurídicamente a los recursos naturales (mineros) y bienes que conforman el dominio público como Patrimonio de toda la Nación; dando sustento a la tesis promovidas por intereses particulares que indican "el Estado no tiene la propiedad sobre los recursos naturales sino un dominio eminencial, eminente o vigilante". Esta situación jurídica además de vulnerar el derecho de propiedad del Estado sobre los recursos naturales (minerales) como bienes integrantes del Dominio Público afecta los intereses nacionales y dilata el crecimiento y desarrollo en las poblaciones más vulnerables del país. Un indicador constituye el hecho irrefutable que faltando ocho años para cumplir los 200 años de independencia del Perú, aún existan poblaciones en territorio peruano que carezcan de servicios básicos, muchos de los cuales se encuentran en zonas de influencia de proyectos mineros. Esta brecha de desigualdad no puede alargarse en tanto se visualiza que una gran mayoría de peruanos siente de cerca el progreso.
En el 2013, los efectos volátiles externos que generaron la caída de los precios internacionales de los minerales y la dinámica interna de conflictos sociales e inercia burocrática, produjeron una suma de efectos relacionados al incremento de costos de producción, reducción de exploración y explotación minera, entre otros que sumados al impuesto extraordinario, redujeron sustantivamente el canon minero.
En tanto el canon minero se cae,la minería ilegal y las poblaciones excluidas relacionadas a su existencia, subsisten en el tiempo.

Formalización minera e interdicción

Como producto de la acción o inacción histórica de los encargados de combatir la ilegalidad minera en el país, se presentó la creciente tendencia de la minería ilegal como cuellos de botella multiplicados en los procesos dinámicos identificados.
En la actualidad es un tema que ya no se circunscribe solo a regiones como Madre de Dios y Puno, sino que se extiende a todas las regiones del país.
El delito de la minería ilegal moviliza el orden de los tres (03) mil millones de dólares al año en el país y genera unos veinte (20) delitos conexos.
El oro producido ilegalmente se "formaliza" tanto en el interior como en el exterior del país.
Los efectos combinados de sucesos dependientes y fluctuaciones estadísticas quedaron registradas, pero lamentablemente la información existente se encuentra dispersa en diferentes autoridades competentes y se continúa reaccionado sin mayor planificación en el tema de Formalizar a los mineros que se encuentran laborando al margen de las leyes peruanas.
Fuentes oficiales del ejecutivo indicaron que la ley de formalización de la minería ilegal del año 2001 fue un fracaso porque no ofreció los incentivos correctos para cumplir con los fines propuestos.
En el país existen plazos perentorios para formalizar a miles de mineros que vienen realizando labores informalmente en territorio peruano,particularmente en la minería de oro, y desde el 08 de mayo del 2013 la Presidencia del consejo de ministros tiene un asesor para asuntos de interdicción de la minería ilegal.
Hay consenso entre las fuerzas vivas del país al considerar que son necesarios esfuerzos conjuntos para reducir el impacto de la minería ilegal, sin embargo persisten algunas dudas respecto a limitaciones de condiciones de trabajo y restricciones previstas en tiempo y espacio.
Recientemente, el gobierno nacional peruano, dictó una serie de medidas para generar resultados de impacto inmediato,haciendo énfasis en destrabar la ejecución de inversiones_incluidas las inversiones mineras_con un equipo especializado de seguimiento a proyectos de inversión .
Asimismo estableció sanciones a los funcionarios que apliquen arbitrariamente barreras burocráticas, agilizando la aprobación de trámites y reformulando reglas del mecanismo de obras por impuestos.
Existe manifiesta voluntad de continuar el proceso de formalización de los pequeños mineros artesanales con una perspectiva de inclusión social.
De otro lado, el presidente Humala expresó "la firme decisión de luchar contra la minería ilegal, lacra que viene depredando nuestro medio ambiente y destruyendo nuestro Patrimonio Nacional. Se aplicará todo el peso de la ley y se intensificarán las interdicciones",manifestó en su discurso presidencial a la nación del 28 de Julio último.

Agenda pendiente

Para atacar las causas estructurales que originan la minería ilegal, es preciso "un real y efectivo conocimiento del manejo y gestión de cuencas hidrográficas" por la heterogeneidad de las variables en los distintos pisos altitudinales que presenta el paso de la Cordillera de los Andes por territorio peruano.
Pasa también por despolitizar el tema de la Ley de consulta previa y sobre todo, no se puede ni debe soslayar el factor humano, aquellos seres humanos excluidos y desplazados que son utilizados por la minería ilegal.
En este sentido, se hace necesario e indispensable contar con proyectos y medidas inmediatas que incorporen una alianza público-privada para captar a los recursos humanos manejados en la clandestinidad por la minería ilegal. De esta manera se podrá recuperar a la población vulnerable y distinguirlos de aquellos que se enriquecen a costa de su postración.
Esperar los plazos burocráticos previstos por los proyectos de inversión pública para estos casos especiales, eventualmente generaría inestabilidad política que podría afectar la gobernabilidad del país.
Inteligencia financiera deberá manejar la linea base de los nuevos millonarios que continúan surgiendo de actividades directas o conexas a los delitos relacionados con la minería ilegal.   
Sin perjuicio de lo antes mencionado, es necesaria el accionar de líneas de trabajo lógicas,secuenciales y sistémicas;estableciendo jerarquías valorativas en términos de costo social, mirando de cerca el proceso de aprendizaje de las cosas positivas y negativas que nos dejara el Programa de Desarrollo Alternativo Participativo  y los múltiples operativos de erradicación forzada o voluntaria de la hoja de coca,destrucción y quema de centros de procesamiento y laboratorios, control aéreo en la lucha contra el TID, por citar algunos.
Debemos tener presente que el control de insumos químicos y combustibles,el seguimiento y represión del lavado de activos, control de plantas concentradoras y pistas aéreas clandestinas,las interdicciones, entre otras acciones , constituyen parte de un todo, ese universo que también involucra la judicialización de los "negocios" que devienen en delitos ambientales.
En resumen, se podrá reducir y controlar la minería ilegal si se planifica la intervención en diversos escenarios de la realidad peruana, hacer esto demandará no sólo la acción concertada de las fuerzas vivas del país, sino el decidido apoyo de la sociedad civil organizada toda.
Caso contrario, sólo se estaría repitiendo la historia de la minería ilegal y dilatando en el tiempo el buscar una solución que históricamente es demandada por diversas localidades del país y millones de peruanos que buscan incorporarse al crecimiento y desarrollo que viene logrando el Perú de hoy. 

jueves, 6 de octubre de 2011

Javier Prado Blas _ Agua,exclusión & mineria

En el mundo entero el Agua dulce es un recurso muy sensible, en Perú no es la excepción. Es mas, constituye un recurso estratégico que en los últimos tiempos ha sido ligado con carencia de democracia y la exclusión social. Habiéndose inclusive generado la frase popular " sin agua potable no hay democracia".
El sector minero, con la minería responsable y como uno de los usuarios del recurso hídrico, participa de su manejo sostenible en territorio peruano. 
Uno de los componentes sustantivos en su manejo, viene a ser la gestión del agua para consumo humano por parte de las Empresas prestadoras del Servicio de Saneamiento (EPS).
Experiencias de asociación del sector privado a las EPS del país hay varias, algunas de ellas se desarrollaron en Arequipa y Cajamarca por citar dos casos en que funcionó la alianza público-privada en el tema del agua gestionado por empresas públicas municipales denominadas EPS. El gobierno central participa en la gestión de la EPS SEDAPAL (Atiende a la capital de la República - Lima) y en el caso de Tumbes es administrada por privados, pues la EPS fue dada en concesión.
Los resultados positivos son evidentes, ya que los servicios de saneamiento brindados por la EPS en las localidades con funcionamiento de alianzas público-privadas lograron importantes avances.
Sin embargo, en otras partes del país, como en el caso de Piura, no se pudo efectivizar programas de trabajo coordinados por las EPS con el componente privado , como es en el caso del sector minero responsable.
Episodios como el acontecido en Tambogrande - Piura, hizo replegar ese tipo de alianzas público - privadas entre EPS y sector minero regulado.
El resultado es la lamentable situación que se vive en localidades que no cuentan con un adecuado servicio de agua potable y alcantarillado sanitario; y esto pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno Peruano, que en la pasada administración invirtió en los últimos cinco años - entre agosto de 2006 y julio de 2011-  la suma de cinco mil novecientos millones de nuevos soles en proyectos donde aplicó el modelo que prioriza la inversión pública sobre la privada para "coberturar" obras en infraestructura sanitaria.
Nuestra investigación publicada en el año 2008  sobre la Concesión de EPS de Tumbes y el Desarrollo Sostenible en el Sector Saneamiento ya daba cuenta de lo siguiente:
  1. El modelo aplicado para el incremento de cobertura en la prestación de servicios, se sustenta necesariamente en el incremento de las tarifas y al no haber inversiones eficientes se reduce la capacidad de ampliar la cobertura.
  2. El proceso de participación privada permite elevar los indicadores en la prestación de los servicios de saneamiento mejorando la gestión empresarial sin necesariamente elevar mayores niveles de inversiones
  3. Se verifica que ante el incremento de la inversión se produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta inversión no es persistente y se acompaña con una  ineficiente gestión empresarial, esta cobertura no será sostenible en el tiempo.
El tiempo y los resultados de la actual situación del sector saneamiento en el País, corrobora lo antes indicado, que anticipa el efecto producido por el modelo aplicado - genera compartimentos estancos y una marcada división entre los sectores público y privado en saneamiento - lo cual inhibe la participacion de importantes capitales del sector privado - entre los que se encuentra el sector minero - en comparación a su intervención en otros servicios como transporte, telecomunicaciones, entre otros.
En este contexto, reiteramos la existencia de serias limitaciones en el modelo aplicado en este monopolio natural y que merecería una revisión por parte del actual gobierno peruano.
La primera, referida a la sostenibilidad de la inversión estatal. Ya que las tarifas actuales no garantizan que la infraestructura sea operada y mantenida adecuadamente. La segunda, tiene que ver con la deficiente gestión de las EPS. La tercera, se sustenta en la necesidad que tiene el Estado peruano de recuperar y fortalecer su función reguladora.
Para tener una idea de la gravedad del tema, podemos mencionar los casos de las EPS en Huancavelica, Moquegua y Pisco que tienen pérdidas superiores al cincuenta y cinco por ciento (55%) por agua no facturada.
Otro detalle a tomar en cuenta es que existen noventa localidades en 32 EPS de provincia, cuyo nivel de tratamiento de aguas residuales es cero por ciento (0%).
Es evidente el impacto que pueda suponerse en el ambiente y la salud humana, por la contaminación bacteriológica que generan los vertimientos de aguas residuales municipales sin tratamiento alguno a los cursos de agua que posteriormente serán aprovechados en diversos usos. 
En este contexto, el premier Salomón Lerner Ghitis - durante el foro de la Cámara Peruano Británica - anunció que el Ejecutivo trabaja para que las empresas de agua y saneamiento de provincias se conviertan en empresas público-privadasporque no es hora de seguir manteniendo a empresas que no dan buen servicio y no tienen rentabilidad”.
Explicó que con ese objetivo, el Gobierno Central y el Gobierno Regional de Piura llegaron a un acuerdo con el fin de establecer una alianza para que la EPS Grau de Piura se convierta en una empresa público-privada.
Asimismo, anotó que estos cambios son básicos para lograr la inclusión social.
Consideramos que el anuncio hecho por el representante del Ejecutivo constituye una buena señal que envía el gobierno a los actores sociales , reconociendo implícitamente la situación caótica -técnicamente quebradas - en que se encuentran gran parte de las EPS en provincias.
Hacemos votos para que se tomen las decisiones adecuadas a fin de revertir el estado de situación anteriormente descrito.
Ad portas del año 2012, el país cuenta con datos oficiales de saneamiento al año 2009 para las EPS, por lo que sólo es un estimado que aún el 24% de la población peruana no contaría con un servicio de agua potable con la calidad adecuada y el 44% no estaría conectado a ningún sistema de alcantarillado.
Para reducir la exclusión social existente en el extremo de la prestación del servicio básico de agua potable y alcantarillado es importante que la actual administración del Estado peruano tienda puentes para que la inversión privada coadyuve en los esfuerzos de alcanzar el orden de S/. 14 mil millones de nuevos soles que aún se requeriría para atender con servicios de saneamiento a la población peruana que aún carece de este servicio básico.
En ese orden de ideas, debemos considerar la necesidad de alcanzar la sostenibilidad de la infraestructura de saneamiento , lo que implica manejar adecuadamente el tema tarifario y mejorar la gestión de las EPS, para lo cual se debe fortalecer el marco regulatorio y utilizar las estrategias que han demostrado dar buenos resultados para un modelo gestado de la realidad nacional.