Vacunagate mantendrá persistencia del COVID-19 en Perú

Las condiciones existentes en algunos lugares del planeta, como es en el caso de Perú, aseguran una alta probabilidad de prolongar la actual Pandemia con olas recurrentes de la enfermedad infecciosa respiratoria viral producida por el SARS-CoV-2 (COVID-19).
Lograr la inmunización de la población objetivo a través de la vacunación, tomará un tiempo prudencial que podría medirse en términos de años, tal como sucede con el proceso para dotar de agua potable a su población.

Sin contar con vacunas y sin agua para higiene personal, en espacios donde se localizan poblaciones de alto riesgo, se hará altamente improbable que pueda controlarse el impacto epidémico en el corto plazo.

A este escenario, se suma el colapso del sistema de salud pública de las personas por carencia de recursos logísticos y humanos.

Es dramática las circunstancias por las que pasan las familias afectadas por una cuarentena impuesta anti técnicamente sin considerar mercados monopólicos de insumos como el oxígeno, que logra alcanzar importantes costos para su aplicación, así como el acceso a medicinas como el tocilizumab [producido por Roche bajo el nombre comercial de Actembra/Roactembra] en ampollas como antiinflamatorios de la reacción del sistema inmunológico al virus, cuyo uso implica $ 1.663 dólares en aplicación de tres dosis según protocolo recomendado.

Para agravar la situación, se visualiza el denominado vacunagate como el festinamiento del procedimiento de vacunación por parte de ex-funcionarios públicos (algunos en actividad), sumándose al manto de secretismo vinculado al costo y procedimiento de compra de diversas marcas de vacunas.

Bajo estas consideraciones previas, lo que redunda en un crecimiento acelerado de casos y fallecidos, la administración transitoria en Perú, dispuso a través del DS 009-2021-SA, prorrogar el Estado de Emergencia Sanitaria en Perú hasta el 2 de septiembre del 2021.

Paradigma de la función pública en Perú

El paradigma sobre la función pública en Perú, constituye un modelo mental que arrastra una descripción de creencias compartidas por una comunidad de servidores públicos - que promueven y venden los medios de comunicación masivos- los cuales los presentan como especialistas y expertos con capacidad de producir avances significativos en la gestión pública sectorial, con nociones y experticias obtenidas en años de servicios carentes de experiencias exitosas, que le otorgan conocimientos recurrentes, los cuales tienen su génesis en teorías utilizadas por la comunidad científica.

Esta red de creencias teóricas que permiten situar a las mismas personas para resolver problemas sectoriales especializados en gestión pública, es un aporte de lo que no se debe hacer para lograr el crecimiento y desarrollo sostenible en países con realidades similares a las de Perú.

Aplicación en materia ambiental

Los impactos que resultan de la alta rotación en la función pública en materia ambiental, constituyen un riesgo evidente para los negocio en marcha y potenciales inversiones previstas, motivo por el cual se hace necesario prevenir o reducir los efectos no deseados o los riesgos potenciales que pudieran aparecer como consecuencia de cambios normativos en aplicación de nuevas políticas implementadas por el recurso humano del gobierno en turno, sin perjuicio de los niveles de gestión involucrados en el proceso.

De ello, se desprende que es necesario identificar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión ambiental, en el marco de la mejora continua.

La experiencia peruana en la alta rotación de funcionarios públicos, grafican en la praxis que los aspectos ambientales, no resultan ser los únicos riesgos que afronta el Sistema de Gestión Ambiental. En este contexto, es preciso identificar los riesgos sectoriales que deben ser abordados, priorizándolos de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, lo que hace necesario planificar acciones para gestionarlos adecuadamente.

Tendencias con impactos negativos mineros

En Alta Rotación & Minería de febrero del año 2014 y abril del 2015, manifestamos que en Perú se estaba desarrollando una tendencia a la alta rotación de funcionarios que ocuparon en su oportunidad la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Registrábamos en ese entonces la juramentación del séptimo primer ministro desde el año 2011; hechos corroborados con los efectos negativos registrados en los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que reportaba sobre las exportaciones peruanas, las cuales disminuyeron 28.19% en febrero como resultado de los menores envíos de productos tradicionales (-35.40%) y no tradicionales (-9.65%). El sector Minería e Hidrocarburos disminuyó 2.40% en febrero del 2015, debido a la menor producción del subsector Minería Metálica en 1.01% por la menor producción de cobre (-11.73%), molibdeno (-5.31%) y estaño (-10.49%). A la precitada tendencia a la alta rotación de funcionarios, se le agrega los impactos negativos generados por la pandemia y el ruido político que causa la volatilidad de contar con cuatro administraciones de gobierno central en el periodo 2018-2020, agudizando los efectos que deberá registrarse con los datos oficiales de cierre de año este 2020.

Javier Prado Blas. Malas prácticas que perjudican al sector minero formal.

El decano de la prensa Nacional "El Comercio", el pasado viernes 30 de Marzo del 2012 publicaba lo siguiente:

Primer ministro señaló que se están iniciando acciones conjuntas con la Contraloría en caso del renunciante funcionario, dueño de la mayor exportadora de oro del país.
“Se le ha exigido su renuncia, ya no es funcionario público, estamos iniciando las acciones con la Contraloría porque un conflicto de esta naturaleza tiene que ser visto por Contraloría. Los funcionarios públicos no pueden tener ese doble papel”, respondió hoy el primer ministro Óscar Valdés.
Fue al ser consultado sobre el caso del -hasta anoche- director general de Hidrocarburos, Luis Zavaleta Vargas, quien además es propietario de la principal exportadora de oro del país, la misma que tiene sucursales en zonas de minería ilegal de Madre de Dios, según denunció El Comercio.
Valdés señaló que el Estado tiene cerca de 20 mil funcionarios y aseguró que el control es continuo. “Lamentamos que esto haya sido detectado primero por la prensa y se nos hayan adelantado”, se limitó a responder en relación a los filtros del Ejecutivo para evitar conflicto de intereses en la contratación de funcionarios públicos.

SOBRE ‘CHUPONEO’

Valdés también afirmó que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben adoptar acciones drásticas contra los responsables de interceptaciones telefónicas.

“Nosotros deploramos que estas malas prácticas se sigan dando en el Perú”, expresó en conferencia de prensa ofrecida tras la sesión del Consejo de Ministros.

De otro lado en este espacio, se ha probado la infuencia directa negativa que tiene sobre el sector minero y los conflictos sociales,la ineficiente gestión de las Empresas Prestadoras de servicio de Saneamiento y el organismo Regulador en el sector saneamiento.  

SOBRE ‘SANEAMIENTO’

La presidencia del Consejo de Ministros através de una Resolución Ministerial,involucró a un funcionario (Jesús Vidalon Orellana) ex vice ministro del sector el año 2006, especialista en el sector saneamiento ligado a un Ministro (Hernán Garrido Lecca)  que se encuentra,según la prensa, investigado por una megacomisión en el Congreso de la República, con evidentes conflictos de intereses formando parte del prestigioso grupo encargado a determinar la lista de postulantes seleccionados  para elegir al nuevo presidente del organismo regulador por los próximos cinco años.

SOBRE ‘OTROS CASOS_ CONGA_DOE RUN"

La necesaria transparencia en las prácticas de la presente administración del estado peruano, permitirá que importantes inversiones puedan ser colocadas en los diversos sectores de la economía peruana y en especial en el sector minero.

En unos días , se debe estar presentando el informe del peritaje respecto al caso  Conga, donde el presidente de la República, Ollanta Humala, aseguró que el gobierno esperará estos resultados para evaluar una solución al conflicto minero de Cajamarca.

Hacemos votos porque se llegue a la mejor solución en este y otros casos sonados como lo es DOE RUN, donde se requiere ante todo la integridad en la actuación del funcionario público por el bien y la salud de la gobernabilidad del país.