Políticas públicas sobre valorización energética de RRSS en Perú

Continuando con el aporte de la ingeniería peruana para el desarrollo de América Latina y el Caribe, ciñiéndome a las evidencias objetivas encontrada en la investigación realizada sobre el tema, presentaré algunas reflexiones sobre el proceso peruano que devino en la inaplicación de políticas públicas destinadas originalmente alcanzar el buen manejo y eficiente gestión de los residuos sólidos urbanos, a los efectos de evitar el grave problema ambiental que produce su desatención por parte de las instituciones responsables que hace necesario mejorar el sistema que controla la aplicación de políticas públicas y el uso eficiente de los recursos y bienes del Estado.

Resulta inobjetable la inoperatividad que tienen principalmente los municipios provinciales y distritales responsables en el extremo de la disposición final de los residuos sólidos, situación que se agrava con la recurrencia de fenómenos atmosféricos, climatológicos e hidrológicos que producen lluvias intensas e inundaciones, y pese al esfuerzo esteril desplegado en las dos primeras décadas del tercer milenio para la adecuación y cumplimiento del ordenamiento legal y la capacitación académica de recursos humanos atendiendo el avance de la ciencia y el desarrollo tecnológico existente en el planeta.

En razón a los hechos fácticos producidos, amerita un replanteamiento en las Políticas públicas destinadas alcanzar un eficiente manejo de RRSS municipales en Perú, particularmente en cuanto a la disposición final y valorización energética que haga sostenible su gestión integral en el presente y de cara al futuro.

La información expuesta en razón a la cooperación horizontal, es susceptible de ser contrastada en el tiempo para realidades similares con otros países de la región.

Evolución de políticas,planes y programas sobre RRSS municipales.

Para referirme al tema, debo remontarme al proceso de crecimiento de las ciudades que en las últimas ocho décadas revirtieron el porcentaje de la población que vivían en áreas rurales, pasando a conformar las grandes zonas urbanas, particularmente en Lima y otras ciudades densamente pobladas situadas en la franja costera del país que el 2021 cumpliera su bicentenario de vida republicana; asi mismo, a la génesis de acciones para la creación de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental - AIDIS, en el marco de la identificación interdisciplinaria de profesionales comprometidos en la búsqueda del bienestar de los pueblos, formalizándose en sendas reuniones regionales de Ingeniería Sanitaria en Río de Janeiro y Caracas en 1946, oficializándose al aprobarse los estatutos en el primer Congreso AIDIS en Chile - 1948.

La sección peruana se creó el 2 de marzo de 1948, con la participación de ilustres ingenieros egresados de la especialidad iniciada un 21 de Enero del año 1937 en la escuela de Ingenieros del Perú entre los que se econtraban : Luis Mantilla Fernandini,Alfonso Pons Muzzo, Alejandro Vinces Aráoz, Enrique Jimeno Blasco, Edmundo Elmore Lujan y Jorge Pflucker Holguín, a éste último le toco presidir ante 265 participantes de 17 países el quinto Congreso desarrollado en Perú -1956.

Seis años antes, mediante el Decreto Supremo N° 08 del año 1950, se había instituido el departamento de ingeniería sanitaria, lo que a fines de la década del pasado siglo fuera DITESA con su DIVICO Suelo y hoy el desconcentrado órgano de línea del Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud Ambiental- DIGESA.

Mediante Ley N° 14086 de 1962 se crea el Colegio de Ingenieros del Perú, constituyéndose desde ese entonces en una institución que patrocina el manejo eficiente del conocimiento, con especialistas capacitados para orientar a la sociedad peruana y a los tomadores de decisiones para cautelar los altos intereses de la nación.

En ese entonces las tareas prioritarias que se confrontaban en la región y en Perú era el acceso de agua potable y alcantarillado, pues su escasez o nula presencia en la mayoría de los países americanos, y las enfermedades de origen hídrico , así como la malaria frenaban el desarrollo económico.

El prestigio de la ingeniería sanitaria peruana, motivó a la Organización Panamericana de la Salud OPS para establecer en Lima -Perú en 1969, su Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente- CEPIS. No fue sino hasta el doceavo Congreso desarrollado en Venezuela -1970 en que la gestión de RRSS toma presencia al ver que la incineración de residuos sólidos incidiera notablemente en la contaminación del aire, recomendándose fijar normas y otros requisitos en el establecimiento de incineradores en edificaciones.

De esta manera, se llegó al quinceavo Congreso efectuado en Argentina - 1976, donde se solicitó a las secciones nacionales gestionar ante los consejos profesionales, el estudio de una legislación adecuada para organismos especializados en limpieza urbana, además de estimular la formación de técnicos de distinto nivel en materia de residuos sólidos para desarrollar programas de educación en forma permanente, difundiendo a través del CEPIS, los programas de capacitación, adiestramiento e investigación.

OPS realizó, previo al XVIII Congreso AIDIS, un Simposio Regional sobre Recursos Humanos en Julio de 1982, para entonces, se agrupaban más de diez mil profesionales en veintidos países del continente, aprobándose en ese entonces un nuevo reglamento para normar la configuración de la División Técnica Internacional de Residuos Sólidos-DIRSA.

Había pues a inicio de la década de los 90 del siglo pasado, la imperiosa necesidad de articular y regular los esfuerzos desarrollados tanto por el sector público como el privado en la gestión del saneamiento, para lo cual se creó como organismo regulador de los monopolios naturales a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, mediante Decreto Ley N° 25965 del año 1992, motivo por el cual se incluyó inicialmente dentro de sus funciones reguladoras, la de proponer normas para la prestación de limpieza pública,incluyendo facultades fiscalizadoras y sancionadoras según lo estableciera la legislación sanitaria.

El mismo año 1992, Perú suscribe el Convenio de Basilea, entrando en vigencia el año siguiente para proteger la salud de las personas y el medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, que involucra en su anexo II a los desechos recogidos de los hogares que tienen una consideración especial y se encuentran en el ámbito municipal.

Coincidiendo en diciembre de 1994, se dieron la Ley N° 26410 - Ley Consejo Nacional del Ambiente CONAM y la participación del sector privado en la administración del primer relleno sanitario privado en el país a través de la empresa petramas,disipándose posteriormente el aporte de capitales privados en este concepto ante una débil gobernanza institucional en el territorio nacional, pues se desconocía en ese entonces las graves consecuencias ulteriores de la carencia de rellenos de seguridad y el contar con una ineficiente disposición final de RRSS incapacitado de minimizar el efecto acumulativo y potencial de la exposicion a los RRSS tóxicos y peligrosos derivados de los pasivos ambientales en el extremo municipal.

Este escenario encuentra al Perú en 1998 con su ingreso dentro de las economías de los países que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico-APEC y el reto que representaba a inicios de la década de los noventa con el problema agudo de la disposición final de los residuos sólidos municipales, pues solamente contaba con dos (02) rellenos sanitarios para atender a una población de 21 millones de habitantes, asentada 69% en zona urbana y 31% en el área rural.

Mientras tanto la acumulación de residuos sólidos urbanos en botaderos a cielo abierto seguían en progreso. 

A inicio de la primera década del dos mil, las políticas públicas para el manejo y gestión de RRSS se orientaron atender al orden de veintiseis millones de personas situadas en el país, dictándose la Ley N° 27314 (2000) - Ley general de RRSS; Ley N° 27972 (2003) - Ley orgánica de municipalidades y el DS N°057-2004-PCM (2004)- Reglamento de la Ley general de RRSS.

Del Informe analítico de Perú-OPS-Evaluación regional de los servicios de manejo de residuos sólidos municipales del año 2002 se desprende que el principal factor de los problemas observados apuntaban a replantear los esquemas de costeo y cobranza de los municipios , dada la falta de credibilidad de las municipalidades, la débil gestión sanitaria, aunada con la indiferencia y morosidad de pago de la población.

El precitado informe, registró que el total de RRSS del ámbito municipal urbano a nivel nacional, excluyendo residuos de construcción y demolición en el 2001 producían 12.986 Tn/día , de los cuales solamente el 65.7% recibían alguna forma de disposición final, es decir 8.531 Tn/día , de las cuales el 30%, 2.559 se disponían en rellenos sanitarios mientras que el otro 70%, 5.972 se disponían en botaderos a cielo abierto.

Ese mismo año 2002 se creó ProInversión en la linea de impulsar mayores inversiones para el país, con la expectativa que parte de las nuevas inversiones se destinaran a mejorar la gestión de los residuos sólidos municipales. Ya desde ese entonces se asignaba a las Municipalidades Provinciales la función de regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. Para ello tenía la potestad de administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de limpieza pública y tratamiento de los residuos sólidos, cuando por razón económica sea más eficiente centralizar el servicio a nivel provincial. Asimismo, la municipalidad, tanto provincial como distrital, era responsable por la gestión y manejo de los residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos originados por otras actividades. La voz de alerta de lo que se estaba gestando se da en el año 2007, cuando la defensoría del pueblo, mediante su informe defensorial N° 125 denominado "Pongamos la basura en su lugar", da cuenta de la grave situación en la gestión de los RRSS en el país, señalando que esta crisis rebasaba las funciones y capacidades de los gobiernos locales.

Punto de quiebre a partir del año 2008 para mejorar la gestión de RRSS

Aplicando información de los avances científicos propuestos por la ingeniería especializada en el tema ambiental, el año 2008, para atender los requerimientos de veintiocho (28) millones de habitantes en 195 municipios provinciales y 1639 municipalidades distritales existentes en ese entonces, entre otras razones, por la situación crítica en la gestión de RRSS municipales, se dictó el  Decreto Legislativo N° 1013 creando el Ministerio del Ambiente -MINAM y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, ese mismo año se da el Decreto Legislativo N° 1065-Modificatoria de la ley de RRSS , el DS N° 021-2008-MTC - Reglamento nacional de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, así como la Ley N° 29263 - Ley que modifica el Título XIII del Código Penal peruano, con su artículo 306 sobre incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, y el artículo 307 sobre tráfico ilegal de residuos peligrosos. También en el 2008 fueron creados mediante el DecretoLegislativo N° 1088 el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y su órgano rector, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

En este escenario, el 2008 Perú se convirtió en el cuarto país de la región latinoamericana en adherirse a la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional.

En patio de palacio de gobierno del Perú-2008, con el aporte técnico para el desarrollo del país. 

Pese a que las cifras en el año 2008 producían expectantes números que explicaban la expansión económica en 8.73% en el mes de octubre de ese año, acumulando un 9.94% anual, resultado del auge minero, crecimiento del sector construcción, desarrollo de la agroexportación, impulso de la gastronomía, y otros, que respaldaban al denominado "milagro económico peruano", las inversiones públicas en RRSS municipales continuaban requiriendo soporte operativo.

El año 2012, con el objetivo de reforzar el tema de inversiones y las acciones efectuadas desde la creación de proInversión una década antes, se dió la Ley N° 29968 que creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE , también este año se aprobó el DS N° 001-2012-MINAM-Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos Eléctricos y Electrónicos.

En el marco del proceso de modernización, se emitieron el Decreto Legislativo N° 1278 (2016) - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de gestión integral de residuos sólidos y sus modificatorias la Ley N° 30552 (2017) y el Decreto Legislativo N° 1501 (2020); DS N° 014-2017-MINAM-Reglamento del Decreto Legislativo N°1278 y el DS N° 023-2021-MINAM – que aprobó la Política Nacional del Ambiente al 2030, reconociendo el ejecutivo peruano que un elevado porcentaje de los residuos sólidos eran dispuestos inadecuadamente en botaderos a cielo abierto.

El reconocimiento va en la línea de tres presupuestos en este proceso que justifican el replanteamiento de las Políticas públicas aplicadas en Perú, el primero está en concordancia con el análisis que fuera hecho sobre la eficiencia de la gestión municipal de residuos sólidos en el Perú y sus determinantes, difundido el año 2018 por INEI, en el cual indicaba que "el servicio de manejo de residuos sólidos municipales - RSM está lejos de ser el idóneo para la población peruana, en la medida de que no existen suficientes rellenos sanitarios y maquinaria adecuada para la correcta gestión de dichos RSM"; el segundo que trae a colación la actuación de la Contraloría General de la República del Perú, que luego de su experiencia al formar parte de la organización latinoamericana del caribe y de entidades fiscalizadores superiores (OLACEFS), pudo visualizar holísticamente los pasivos ambientales generados por residuos sólidos municipales al evidenciar el año 2022 marcadas deficiencias en el servicio de limpieza en un muestreo de 696 municipalidades provinciales y distritales del país expresado en su Informe N°3583-2022-CG/AGR-SOP y el tercero, constituye las cifras inadmisibles que alcanzara el país al presentar la mayor tasa de mortalidad per cápita del planeta por la pandemia del COVID-19 que encontró personas con bajas defensas inmunológicas asentadas en áreas vulnerables producidas por la contaminación ambiental, cuyo registro de muertes se contabilizó a partir del primer fallecimiento ocurrido el 19 de marzo del 2019.

Contrastando con esta realidad, CEPLAN difundía datos del porcentaje de hogares urbanos a nivel nacional que disponían adecuadamente sus residuos sólidos domésticos, manifestando que se elevó de 36.8% en 2014 a 41.5% en el año 2019. 

Con DS N° 009-2019-MINAM se dictó el régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que coadyuvó a monitorear el volumen de RAEE en el país. En este tipo de residuos, para el lapso de seis años del periodo 2015 a 2021 se produjo 1.3 millones de toneladas de RAEE.

Siguiendo el esfuerzo legislativo desplegado con adecuaciones normativas, el año 2022 se dió el DS N°001-2022-MINAM modificando el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante DS N° 014-2017-MINAM.

Mientras tanto, la debilidad de la parte operativa en la gestión de RRSS municipales se agudiza con la falta de equipos y maquinarias que se requieren para operar los rellenos sanitarios existentes, fallas que se evidenciaron con los embates de los eventos extraordinarios del fenómeno El Niño en los años 1982-83; 1997-98 y el Niño Costero del 2017. 

La actual administración del ejecutivo peruano anunció a inicio de año en el 2023 la construcción de una planta de valorización de RRSS y relleno sanitario en Piura, localidad altamente vulnerable que cuenta en el distrito de Castilla como indicador del cumplimiento de las iniciativas propuestas.

Necesaria reingeniería para operativizar la valorización energética

La valorización energética es la conversión de aquellos residuos no reciclables en energía, ya sea en forma de electricidad, vapor o agua caliente para uso doméstico o industrial. Las tecnologías utilizadas en lograr ésta pueden emplear tratamiento biológico y/o térmico de los residuos sólidos. Pueden efectuarse tratamientos biológicos usando el compostaje y la digestión anaerobia, en tanto que se aplican tecnologías térmicas empleando gasificación, incineración, y pirolisis.

Puede entenderse a la valorización energética como operaciones destinadas a emplear residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético, tales como: Coprocesamiento, coincineración, generación de energía en base a procesos de biodegradación, biochar, entre otros.

En el caso del coprocesamiento, es el uso de materiales de desecho adecuados en los procesos de producción con el fin de recuperar energía y recursos y, por consiguiente, reducir el uso de combustibles fósiles y materias primas.

El año 2003 en el ex botadero "La Cucaracha" ubicada en la provincia del Callao, pudo convertirse en un relleno sanitario modelo con el aval del Banco Mundial , lamentablemente el proyecto no fue replicado para cubrir la alta demanda existente en el manejo eficiente de los RRSS municipales.

Pese a que el ordenamiento legal peruano establece que la valorización de residuos sólidos municipales debe priorizarse frente a la disposición final de los mismos y que los residuos que no pueden reciclarse ni tratarse, se deban disponer finalmente en rellenos sanitarios; en la práxis la legislación que obedece a la política pública de fomento y promoción de la valorización energética queda en el papel, toda vez que en el lapso de seis años que comprende el periodo 2014-2020, se incrementó en 43 rellenos sanitarios operativos, pasando de 9 a 52 la cantidad de rellenos sanitarios; soslayando el componente de la valorización y entre ellas a la valorización energética, justificando así una aparente eficaz, eficiente y efectiva respuesta al incremento del gasto público en gestión de RRSS. 

Así,  el número de municipios que reportaron al sistema de información para la gestión de resíduos sólidos-SIGERSOL fue de 43.7% en el año 2014 y se redujo a 38.3% para el 2019 ; también, pesquisas claves que acompañan a los planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos - PIGARS  con los cuales se prepararon y aprobaron proyectos de inversión pública en el marco del sistema nacional de inversión pública para el periodo de análisis, logrando efectivamente aumentar el porcentaje de residuos sólidos dispuestos adecuadamente pasando de 41.3% en el año 2013 a 54.9 % en el 2020, sin embargo solo 37% del total de municipios intentaron efectuar una suerte de valorización de residuos sólidos ya sea orgánicos y/o inorgánicos. 

Gasto nacional para la gestión integral de RRSS en el sector público

Pese  a que en dos décadas (periodo 2004-2024) el presupuesto nacional del sector público peruano aumentó en 5.5 veces, al contar en promedio con una reducida parte del gasto de capital destinado a proyectos que pudieran atender oportunamente el problema agudo producido en la gestión de RRSS  municipales, éste paso a un estado crónico en términos de deficiencia operativa que conlleva a los niveles insanitarios detectados, toda vez que en veinte años (periodo 2001-2021) los RRSS en el ámbito municipal urbano a nivel nacional  pasaron de  producirse 12.986 Tn/día (2001) a 22.505 Tn/día (2021),incrementándose en 9.519 Tn/día en ese lapso y en consecuencia se incrementaron las áreas degradadas, estimándose en el orden de dieciocho (18) millones de hectáreas de ecosistemas que presentan algún nivel de degradación causando un riesgo potencial a la seguridad alimentaria y al avance de la agroindustria de exportación, especialmente la frutícola y la gastronomía nacional que se vería afectados con la disminución de los bienes y servicios ambientales que proveen los ecosistemas impactados.
Las proyecciones del gasto nacional para la gestión integral de RRSS del sector público estimadas utilizando modelos matemáticos elaboradas a partir de datos levantados del portal de transparencia del ministerio de economía y finanzas , permiten construir escenarios para maximizar la operatividad en la gestión integral de los RRSS municipales.

Con los proyectos e inversiones adecuadas, incorporando al sector privado, sólo de la última década se podrían haber aprovechado de los setenta y cuatro (74) millones de toneladas de RRSS municipales producidas, los cuarenta (40) millones de RRSS municipales orgánicos desechados, de los cuales gran parte fueron dispuestos en botaderos a cielo abierto o a cuerpos de agua o quemados, con la consecuente contaminación del ambiente.

Forjando el futuro

Perú contaría en el año 2050 con cuarenta millones de habitantes , quienes generarían 40.591 Tn/dia de RRSS municipales generando inconveniencias para el Perú de no tomarse medidas urgentes tal como lo viene sugeriendo el Banco Mundial desde el año 2018 a los países del orbe.

El año 2022, para atender los requerimientos de treinta y tres (33) millones de habitantes en 196 municipios provinciales y 1694 municipalidades distritales existentes, continúan las evidencias de la existencia de un elevado porcentaje de RRSS municipales que son dispuestas insanitariamente en botaderos a cielo abierto pese al esfuerzo constructivo de rellenos sanitarios (54) que no logran cubrir las necesidades actuales y futuras por el crecimiento poblacional en las áreas urbanas, agravadas por la recurrente crísis política del país, crisis económica y otros factores que agravan el impase subsistente en el tema tratado.

Este mismo año 2022 el secretario general de la OCDE, Mathías Cormann, dirigió una carta al Presidente peruano invitando al Perú a iniciar el proceso de adhesión para ingresar a la organización.

En este contexto, las políticas públicas en Perú deben apuntar a fortalecer la operatividad de los gobiernos locales : Cumpliendo y haciendo cumplir las leyes existentes en materia de RRSS municipales; convocando a la actividad privada e incorporando a miles de los recursos humanos, en particular jóvenes especialistas formados en centros de capacitación públicos y privados; consolidando información técnica como el caso del poder calórico de RRSS municipales necesarios para su valorización mediante Waste to Energy (WtE) o coprocesamiento ; reduciendo la carga burocrática de organismos del Estado que no cumplen con las funciones para las que fueron creadas.

En estas tareas, tanto el ministerio público y el poder judicial tienen la palabra, asimismo,la representación nacional en el Congreso de la República tiene adicionalmente la gran tarea de dinamizar la función del control político con que cuenta en el extremo tratado, a efectos de lograr la descontaminación de las áreas degradadas, logrando el desarrollo sostenible deseado por los pueblos del país.

No puedo concluir sin antes mencionar a los partidos políticos y el rol que tienen que cumplir en este proyecto nacional, sin soslayar el liderazgo con que cuenten los numerosos candidatos que se presentan en cada jornada electoral para asumir la administración de este país milenario lleno de riquezas, desafíos y oportunidades.

POLÍTICA AMBIENTAL EN PERÚ AL 2030

El conversatorio online organizado por el grupo ATHENA y Perú Sostenible, que fuera programado para el día de hoy a las 8 PM (hora de Lima) quedó postergado para el 28 de diciembre a las mismas horas a fin de incorporar mayores elementos para el análisis; el tema sobre la Política ambiental en Perú al 2030 generó saludables opiniones diversas que merecen todas la debida atención en democracia, motivo por el cual  en este espacio se permiten comentarios que serán tomados en cuenta tanto por la doctora Nathaly Torres López y el suscrito Dr. Javier Prado Blas.

Los andes peruanos y la amazonia como reserva del recurso agua dulce en el planeta.

Un adelanto del conversatorio online

Hoy es un día muy especial, pues nos encontramos en el día 21 del año21 del siglo21; a ocho (8) años para llegar al 2030 y al hacer un ejercicio prospectivo de la política ambiental en el Perú, es necesario recrear un escenario ubicándonos en tiempo y espacio.
En este contexto se necesita auscultar los alcances, cumplimientos y tendencias de las actividades realizadas en el pasado a la luz de la política nacional y sectorial ambiental, es así que acudimos a indicadores para ver el cumplimiento del país para alcanzar los ocho (8) objetivos de desarrollo del Milenio (ODM/2000-2015) incidiendo en el extremo del objetivo 7 para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; asimismo, los diecisiete (17) objetivos de desarrollo sostenible (ODS/2015-2030) focalizando en el objetivo 6 para garantizar agua limpia y saneamiento, objetivo 11 impulsando ciudades y comunidades sostenibles y el Objetivo 13 vinculado con la acción por el clima; los mismos que al concordar con indicadores que muestran el progreso social me lleva afirmar que en el país se percibe en la praxis la ausencia de una política ambiental de Estado, existiendo en su lugar una suerte de hoja de ruta con esfuerzos dispersos para dar cumplimiento a políticas ambientales fijados por cada gobierno de turno.
Transcurridos los últimos ocho (8) años, en el periodo 2014-2021, donde se sucedieron seis (6) administraciones: Humala-PPK-Vizcarra-Merino-Sagasti y Castillo, observamos que con esta alta rotación, las administraciones en turno están lejos de sentar las bases para un eficiente planeamiento y dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos para mejorar la calidad ambiental transfrontera y dentro del territorio nacional.
Lo expresado por el suscrito es sin perjuicio de la denominada Política de Estado N° 19 desarrollo sostenible y gestión ambiental, del acuerdo nacional que establece el compromiso del Estado peruano a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del país.
La respuesta a la pregunta qué hacer con el ambiente en el Perú, vinculando al hombre con su medio ambiente en equilibrio con la naturaleza, pasa por diversas etapas, que van desde la época pre Inca, el imperio Inca, la colonia y la vida republicana que este año se encuentra cumpliendo su bicentenario.
El avance tecnológico y satelital que nos da la modernidad nos permite observar el territorio que ocupa actualmente el Perú con sus 159 cuencas hidrográficas y podemos contrastar con el manejo que se dio en la época del imperio incaico, sobre un área andina tres veces mayor que la actual, teniendo en cuenta que Perú es un país andino y amazónico, el cual comparte los recursos que otorga la cuenca más grande del planeta conjuntamente con siete países de la región.
Adicionalmente, la cordillera de los Andes alberga ingentes recursos que hacen del Perú un país con recursos mineros, sumados a los recursos ictiológicos de un mar peruano reconocido mundialmente por su diversidad y que por sus 38 climas y múltiples pisos altitudinales le dan disponibilidad y acceso al agua-alimentos y energía, sin embargo, de acuerdo a su evolución demográfica, presenta problemas de distribución y gestión de los recursos agua, suelo y aire, los cuales agravan los impactos de origen natural y antrópicos, principalmente por la presión demográfica de las grandes ciudades situadas en la costa desértica peruana y en particular su capital Lima, cuyo crecimiento desordenado le ha hecho altamente vulnerable a impactos ambientales.
En este espacio geo social se sucedieron los ciclos de bonanza económica : oro, plata, guano y salitre, caucho, algodón y azúcar, petróleo, pesca y minería; también las pandemias de la peste bubónica (1720), El Cólera (1820), la gripe española (1920) y el Covid-19 (2020) con el añadido de la epidemia de El cólera de 1991 y la serie de enfermedades endémicas con registro  epidemiológico generalmente soslayado por los gobiernos de turno, observándose una salud pública venida a menos por el desequilibrio ambiental que se agudiza a través del tiempo por efecto de malas prácticas del ser humano que afectan la conservación o rehabilitación de los ecosistemas naturales.
La débil gobernanza y gobernabilidad del país se agrava con los problemas del ordenamiento territorial, los límites referenciales y su división política que a través del tiempo no resuelve los cuellos de botella que se forman con el centralismo de zonas urbanas y la atomización de poblaciones aisladas y dispersas en zonas rurales, donde la conectividad y operatividad de los servicios básicos son escazas, en no pocas de las cuales la ausencia del Estado formal se evidencia.
En este escenario se perciben en el país los efectos del cambio climático, así como con las externalidades resultantes en el planeta de los mil millones de habitantes que cada doce años incrementan la presión sobre los recursos naturales y los residuos que se generan.   
Así, dentro de ocho años la población peruana para el año 2030, estaría alcanzando 37 millones de habitantes, los cuales necesitan tener un ambiente sano para poder vivir adecuadamente. Las generaciones pasadas hicieron lo suyo y es tarea de las actuales generaciones el poder ordenar la casa común, el planeta tierra y en particular, el territorio peruano.
La actual constitución política del Perú del año 1993, la ley orgánica del poder ejecutivo, así como el decreto legislativo 1013 del año 2008, dieron espacio al Ministerio del Ambiente para diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial del ambiente, el cual desde su creación y pasados trece años, contó con diez ministros que se encargaron en su momento de gestionar una cartera compleja que no termina de constituirse, lo que ralentiza sus actividades; el 2009 mediante DS N° 012-2009-MINAM se aprobó la Política Nacional del Ambiente, teniendo como objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables en el largo plazo y cuenta en la actualidad con el DS N° 023-2021-MINAM del 25 de julio del año 2021 para establecer la Política Nacional del Ambiente al 2030.   
Los esfuerzos legislativos sobre medio ambiente son de larga data, sin embargo tienen bajo cumplimiento de parte, tanto de los productores como de los consumidores legales, dada la informalidad que cubre con su manto de impunidad la contaminación producida por actividades que no se ajustan a los compromisos asumidos por las políticas, planes, programas y proyectos que tienen como objetivo cautelar la salud pública y mantener un espacio armónico en la relación del hombre con su medio ambiente que lo rodea.
Diversos indicadores permiten asociar los impactos generados por pasivos ambientales, el cambio climático y el Covid-19, destacándose la tendencia creciente de defunciones a nivel nacional en el último quinquenio, donde se duplicó el número de defunciones; pasando de cien mil a doscientos mil defunciones y a la espera de cien mil nuevas defunciones como efecto del eventual sismo de 8,8 magnitud momento a producirse en Lima.
Cabe precisar que la relación hombre-medio ambiente contaminado influye sustantivamente en el incremento de muertes, las mismas que se focalizaron para este mismo periodo en la franja costera entre Tumbes y Arequipa. En ese orden de influencia, se tiene a ciudades con problemas en la gestión de agua y disposición sanitaria de residuos sólidos: Piura, Lambayeque e Ica como las localidades que presentan la más alta letalidad por Covid-19 en el país más afectado por muertes per cápita del mundo.
Los problemas especificados en el diagnóstico de situación del problema público reporta una merma en el bienestar de la población, para lo cual se debe enfrentar los problemas ocasionados por la pérdida de la diversidad biológica, el deterioro de la calidad ambiental, el incremento de riesgos e impactos ante peligros de origen natural y antrópicos, débil gobernanza, aumento de procesos productivos de bienes y servicios no sostenibles, y finalmente los comportamientos ambientales no sostenibles de los ciudadanos.
Los precitados problemas se mantienen subsistentes y se agudizan porque, entre otros se distingue un  marco normativo ambiental no armonizado entre los sectores, situación que origina inseguridad jurídica percibida por la inversión privada participante del modelo económico que impulsa a la economía social de mercado donde las industrias extractivas generan pasivos ambientales que el Estado, por diversos factores y consideraciones, no atiende oportunamente.
Para ver la inercia con que se maneja este tema, basta revisar el presupuesto nacional del sector público en un periodo que no alcanza a las últimas dos décadas, donde éste se cuadruplicó pasando de 44 mil a 197 mil millones de soles , priorizando el gasto corriente y el servicio de la deuda , castigando al gasto de capital que se encuentra en el orden del 24% , lo que hace materialmente inviable atender las urgentes necesidades que demanda el país para atender a sectores prioritarios para dinamizar su economía y por consiguiente, soslayando el componente ambiental en el desarrollo nacional.
La política ambiental de los sucesivos gobiernos aplicada en Perú, se encuentra alejada a las soluciones basadas en la naturaleza, en rigor se encuentra llenas de inconsistencias pues no reflejan la real situación ambiental del país que evidencia la pandemia del Covid-19. En ese sentido se hace necesario el sinceramiento de las cifras y socializar las mismas, poniendo sobre la mesa  la cara real de los problemas que impactan sobre la salud de las personas y su medio ambiente. La transición de estrés hídrico a escasez de agua, el retroceso de glaciares, la contaminación de aguas subterráneas, la pérdida de suelos por erosión ante la salvaje deforestación de bosques de protección, así como de bosques amazónicos ante el peligroso avance de cultivos de coca, entre otros.
La descentralización y manejo del presupuesto público para el tema ambiental sólo es la punta del iceberg donde se percibe las brechas existentes en la concentración del PBI, el uso del presupuesto público y grandes diferencias en el índice de desarrollo humano existentes en los antes denominados departamentos y hoy regiones del país.
Este 2021, la sociedad peruana dejó un mensaje claro al votar por el cambio estructural en el manejo de la cosa pública, para que los gobernantes de turno puedan revertir la forma demagógica con que se presentan los objetivos prioritarios y lineamientos de la política nacional del ambiente sin tener la capacidad de materializar las recomendaciones de la organización para la cooperación y el desarrollo Económico y mucho menos atender los problemas estructurales que la población reclama en las calles con las protestas socioambientales, algunas extremas que afectan los derechos de terceros, entre ellos a capitales de países amigos y socios comerciales del Perú.

Inversiones verdes en el mundo: el caso peruano

Las inversiones verdes vienen posicionándose con una mayor dinámica y conquistan mercados financieros del planeta. En el año 2020 se alcanzó un nuevo record al invertirse más de trescientos mil millones de dólares en empresas y proyectos verdes. Los inversores no solo buscan mayor rentabilidad, también desean que el mundo sea un mejor lugar para vivir.

Es así que esta dinámica se traslada al financiamiento para la sostenibilidad ambiental, adaptación ante el cambio climático, energía renovable, investigación, desarrollo e innovación tecnológica, eficiencia energética y reducción de carbono mediante electro movilidad. 

En este contexto, para los últimos tres años las inversiones en activos sostenibles se cuadriplicaron en Europa y se vienen activando las políticas ambientales en países de la región de las Américas y el caribe.

El caso peruano

La crisis ambiental acumulada en Perú , que  se agudizó por la pandemia del COVID-19 y eventos naturales causantes de inundaciones, sequías, incendios forestales y sismos; no resultan tan dañinas a la inversión verde como las causas antropogénicas, focalizadas con la recurrente crisis política  en el país de los incas, que se deriva en incertidumbre e inestabilidad sobre diversos frentes.

Perú cuenta con un enorme potencial para aplicar a las inversiones verdes existentes , sin embargo al contar con su economía ralentizada por la falta de planificación, alta rotación de funcionarios públicos, carencia de proyectos sostenibles, entre otros; limitan sus opciones.

Retos y desafíos ambientales 2021-2026

Perú será el día de mañana viernes 9 de julio, el punto focal del evento virtual con participación libre internacionalmente por medio de la plataforma zoom (ID de reunión : 84646890659;código de acceso:Perú2021) en donde se tocara el tema "Retos y Desafíos Ambientales en el 2021-2026".

El arribo de la actual Pandemia a la región de las Américas y el Caribe pudo evidenciar problemas de pasivos ambientales recurrentes en el tiempo, que se encuentran en la agenda pendiente por resolver y que demanda el esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado, con mayor incidencia en algunos países, como el caso peruano que presenta el número de muertes per cápita mas alto del mundo por COVID-19. 

Seguidamente me referiré a uno de los interesantes temas programados, sobre los pasivos ambientales generados por los residuos sólidos municipales e industriales, constituyéndose para algunos países de latinoamérica un problema vigente de gestión y que en otras latitudes del planeta ya pudieron resolver, empleando avances científicos para convertir la basura en materia prima y generar recursos económicos con una eficiente gestión de la misma.

De la cultura en residuos sólidos 

La presión demográfica sobre los servicios básicos, sumada a la incipiente cultura en el manejo y gestión de los residuos sólidos, hace que el ciudadano se desprenda de su basura y la arroje a diversos cuerpos de agua. 

También se dispone la basura en espacios abiertos y muy poca llega a los escasos rellenos sanitarios habilitados. De esa forma miles de toneladas de basura son dispuestas diariamente en forma inapropiada, incrementando los problemas de salud pública.

Las externalidades que genera esta situación que se viene agudizando por la ralentización de la economía, empuja en el caso peruano a más de tres millones de personas a la situación de pobreza.

Parte de la pobreza económica puede resolverse incorporando mecanismos ECF de limpieza ambiental, por sus siglas en inglés ECF (Environmental Clean Energy Facility), que es la exposición que toca el tema "Generar energía a partir de la basura".

El modelo peruano para el manejo y gestión de residuos sólidos, pese al esfuerzo legislativo realizado, no logra resolver su problema sobre residuos sólidos, pues a la informalidad en la gestión sistémica, carencia de rellenos sanitarios , escombreras, entre otros, se complica con el tema del cambio climático que dificulta la operación y mantenimiento de los mismos, elevando sus costos en todo el proceso.

Manejo de residuos sólidos en otras realidades: El caso de Alemania

La primera fase corresponde al almacenamiento intradomiciliario de residuos sólidos, de modo tal que se tiene calendarizada el recojo por parte de la empresa encargada del transporte de los mismos. 

Los colores de las tapas de los recipientes identifican la basura clasificada

Los carros recolectores trasladan los residuos sólidos a las plantas de transferencia y de allí a las instalaciones donde se procesa el residuo sólido como materia prima para los diversos usos en el marco de una economía circular.

Los recursos humanos que intervienen en cada fase del proceso, son debidamente preparados y calificados para realizar una eficiente labor. 

En el caso específico de la generación de energía a partir de la basura, se cuenta con la tecnología implementada en diferentes países del planeta que permiten dar valor a los residuos sólidos y al mismo tiempo solucionar los problemas que tuvieron en el siglo pasado y que en Sudamérica aún persisten, esperemos por poco tiempo.

El expositor William New dará mayores luces sobre el particular.

De otro lado, los temas de educación ambiental, instrumentos de gestión en áreas protegidas municipales, descontaminación del aire, reforestación, entre otros, desarrollados por ilustres expositores de diversos países, hacen una opción atractiva el precitado evento virtual.

Estrés hídrico se incrementó en Perú con el COVID-19

El término estrés hídrico se usa cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad de la que se dispone o cuando su utilización es restringida por la contaminación que reduce su calidad. Es conocido que en Perú, el acceso y disponibilidad al recurso agua ya era restringida en su costa desértica, alli donde se localiza la mayor cantidad de individuos.

Factores que inciden en elevar el estrés hídrico de referencia

El arribo de la pandemia COVID-19 al territorio peruano, fue una de las causas que contribuyeron a elevar el estrés hídrico. Perú ya se encontraba categorizado en un nivel de medio alto antes que la enfermedad infecciosa viral impacte dramáticamente al país, colocándolo con su paso en un nivel de alto estrés hídrico. A los efectos del cambio climático y  la salvaje deforestación de bosques, se unen la presión demográfica y la contaminación de las fuentes de agua por efectos naturales y actividades antrópicas, principalmente de actividades industriales extractivas sin una adecuada gestión humana de los recursos hídricos. En este contexto, los pasivos ambientales constituyen un componente que no debe soslayarse en los programas de gobierno de cara a la próxima administración de gobierno a iniciarse en Julio del 2021.

Perú se adelantó en 20 años al pronóstico del WRI

Según un estudio de World Resources Institute (WRI),  aproximadamente la quinta parte de los países del mundo sufrirán problemas relacionados con el acceso al agua en 2040. 

Con las evidencias del caso, Perú se adelantó en veinte años a este pronóstico realizado por este prestigioso instituto de recursos mundiales.

El enfoque de cuencas como unidad de gestión, nos permite visualizar que los proyectos de transvase de las aguas para llevar el recurso agua al desierto costero, no fueron lo suficientemente adecuados para resolver los problemas de gestión generados para los diversos usos del agua. El tiempo nos dió la razón cuando indicábamos en diversos foros, que el cambio de la Ley general de aguas (DL N° 17752) a la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) no sería suficiente para mejorar el manejo del agua si es que no se reforzaba la gobernanza, involucrando a los actores sociales en los procesos de cambio.

Así, la creación de MINAM,ANA,OEFA,SENACE ... no terminan por funcionar sistémicamente y la falta de interoperabilidad colocan en compartimentos estancos a los sectores público y privado, lo cual se traduce en una evidente falta de inversión en todo lo que se relacione al cada vez mas escaso recurso agua en la costa peruana, con especial énfasis en el área de saneamiento.

Desinformación y pánico afectan más que Coronavirus (COVID-19)

Antecedentes

La humanidad pudo superar históricamente enfermedades que produjeron desde muchos siglos atrás hasta nuestros días, pandemias documentadas tales como : Peste, Viruela, Cólera, Lepra, Rabia, Sífilis, Malaria, Polio,TBC,SIDA, Ebola, (...) afectando en diversos grados y magnitudes a la región de las Américas y particularmente a países amazónicos como el Perú con enfermedades virales metaxenicas como la Fiebre amarilla, Dengue, (...) y virales exantemáticas como Sarampión. El hecho es que en poco más de los últimos dos siglos (Lapso de 1800 a 2020), la población mundial pasó de 910 millones  a 7,700 millones de habitantes.

Desinformación que crea pánico

Existe un grave problema en relación con el COVID-19, pues se dicen muchas cosas sobre el coronavirus - principalmente parciales e incorrectas -  que buena parte de los medios masivos de comunicación propalan con versiones de "especialistas" y "políticos" que agregan dramatismo y crean un pánico inútil, distorsionando en no pocos casos la información difundida por OMS.

El problema no es el idioma, ni el mensaje técnico-científico particularmente publicado en un país, sino ; en la confusión galopante de la comunicación pública que mezcla las etapas donde se encuentra la evolución de la enfermedad infecciosa en un determinado espacio geosocial.

La enfermedad viral infecciosa evoluciona acompañando al ser humano 

El COVID-19 se trató de manejar inicialmente en la fuente del paciente cero -identificado en China- por lo cual se implementó un prudente cerco sanitario, sin embargo, éste cerco fue superado en razón a la existencia de pacientes asintomáticos. Una vez cruzadas las fronteras, absolutamente todos los casos son importados y éstos se transmiten en función a los factores antropogénicos y condiciones ambientales en donde aterriza el ser humano; es así que se propagó hasta la fecha en 104 países del planeta con mas de cien mil casos. 

Una vez diseminada la enfermedad en una localidad, las estrictas barreras sanitarias impuestas en puertos y aereopuertos devienen en estériles ; lo que implica aplicar una estrategia de intervención apropiada para esta etapa subsecuente de la enfermedad.

Aplicar una medida ineficaz en éste escenario, causará perjuicios económicos inicialmente a las compañías de transporte aéreo y marítimo, pasando luego afectar a todo el sector turismo en zonas focalizadas y endémicas.

De las medidas de prevención y precaución

Sin perjuicio de aplicar cuarentena para evitar que se extienda el COVID-19, las medidas a ser aplicadas dependerá del estado de situación de salud en que se encuentra la ciudad, toda vez que el comportamiento del virus estará en función a sus características sui géneris.
En este contexto, es fundamental el sinseramiento del diagnóstico de riesgo y garantizar que los ciudadanos se mantengan oportunamente informados de los riesgos actuales y potenciales. 
Por citar algún caso, tenemos que la inadecuada información transmitida a la población de una determinada localidad situada en una cuenca  o ecoregión, que pudiera estar en época de estiaje y en presencia de elevada temperatura climática, generará problemas de acceso y disponibilidad al agua. Así, el mensaje de lavado frecuente de manos tendrá que estar acompañado de alternativas para atender una mayor demanda del servicio por el incremento de almacenamiento. Incrementar temores en la población limitará el acceso a productos de desinfección y accesorios de protección como es el caso de las mascarillas faciales, filtros de aire; restricciones en uso de transportes masivos, condicionamiento a la asistencia para espectáculos públicos en ambientes cerrados; entre otros.

Las máscaras y filtros serán efectivos si están operativos en casos específicos.

Actuación del Estado frente a grupos vulnerables

La actuación del Estado en sus diferentes niveles de gestión, deben implementar medidas de acción oportunas para la atención de la salud integral frente a las particulares características del COVID-19 y el ecosistema donde se encuentre focalizado. Sin perjuicio a la atención de los casos en pacientes identificados, se debe prestar atención especial a los grupos vulnerables que constituyen los seres humanos con el sistema inmunológico afectado, especialmente de ancianos, a los cuales se les debe como prioridad estimular hidratándolos, proporcionándoles alimentos y frutas con alto índice de vitamina C, entre otros. Es necesario entonces respetar los derechos humanos y rescatar los valores de integridad, solidaridad, cooperación, compromiso  y empatía para quienes vienen siendo  afectados  y a los que atacará el COVID-19.

Controlar enfermedades infecciosas es posible sin soslayar una correcta información.

Inseguridad hídrica, economía y sostenibilidad del país

El País- red de expertos, recientemente publicó bajo el título "El país del agua se enfrenta a su mayor prueba" en referencia a la economía de Panamá, indicando que las consecuencias de los desastres climáticos se intensifican cuando no se gestionan adecuadamente las cuencas.
Al igual que Panamá, y otros países en la región de las Américas, Perú no deja de ser un país vulnerable a la inseguridad hídrica, con el agravante de la inadecuada gestión de sus cuencas, lo cual supone un riesgo para la salud pública y  economía nacional.

La amenaza de un futuro con escasez de agua es temible para cualquier país, pero haciendo un símil con la realidad panameña donde el agua es el combustible de su economía, que depende de abundantes recursos hídricos para la operación del canal de Panamá, su principal motor económico; en el país de lo Incas el agua dulce mueve no sólo su economía sino su propia sostenibilidad sistémica.

Imagen del año 2004 que muestra inseguridad hídrica en subcuenca de costa desértica a 400 km al sur de Lima.

Gestión del recurso hídrico en los últimos dos siglos

Desde la época pre Inca y particularmente en los últimos dos siglos, en Perú se evidenciaron eventos extremos climáticos relacionados con el recurso hídrico, asociados con la presencia del fenómeno El Niño (FEN). Carranza en 1891 por la Sociedad Geográfica de Lima, registraba "... nubes tempestuosas, que ocasionaron las grandes inundaciones de abril y mayo"; los mismos que influyeron en eventos recurrentes y en consecuencia previsibles de las grandes sequías e inundaciones. Con el desarrollo de las modernas tecnologías, fue posible catalogar los eventos de carácter débil, fuerte y extraordinarios; éstos últimos como los sucedidos en el periodo 1982-83 y luego de quince años, en 1997-98; gradualidad influenciada por efectos del cambio climático. Cabe mencionar que a la alta vulnerabilidad a desastres naturales (FEN,sismos), se le añade los impactos de origen antrópicos activados por el cambio climático.
Las lecciones aprendidas impulsaron tomar a la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, sin embargo, en la praxis se mantiene la división política por departamentos en el marco de un proceso descentralista trunco. 

Esfuerzo legislativo con Leyes de bajo cumplimiento

En la primera década del siglo pasado y hasta la actualidad se verifica que se han presentado una serie de esfuerzos legislativos ambientales que en forma aislada trataron de aportar su cuota en la solución de problemas vinculados a los usos del agua, con un precario nivel de acatamiento en la población menos informada, en especial a poblaciones rurales dispersas menores a cien habitantes.

Los dispositivos legales, conformados por miles de normas con carácter ambiental , crearon espacios políticos para nuevas demandas sociales, como es el caso de las demandas ambientales por el recurso agua.

Asimismo, instituciones del Estado asumen una actitud pasiva para hacer cumplir las normas o revertir la ineficacia del orden jurídico ambiental menoscabando la legitimidad de la norma. En suma, la restricción al acceso de información Jurídica ambiental afecta la actitud activa por parte del Estado para la aplicación y el cumplimiento de las normas ; la escasa, inapropiada y en algunos casos nula recepción de normas legales ambientales resta legitimidad, efectividad y ejecutoriedad de la norma ; y , las definiciones empleadas en Leyes ambientales planteadas en lenguaje de difícil comprensión para el ciudadano, limitan su accionar para impedir la violación o incumplimiento de la ley ambiental .

Un bajo acatamiento de las Leyes Ambientales en Perú es un hecho irrefutable y consecuencia de una legislación ambiental dispersa. En este escenario se gestaron leyes vinculadas al agua, como es el caso de la Ley general de aguas - Decreto Ley 17752 (1969) que fuera remplazada por la Ley de recursos hídricos - Ley 29338 (2009),  Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento - Decreto Legislativo 1280  (2016), la Política Nacional de Saneamiento-DS N° 007-2017-VIVIENDA (2017) y otras normas alineadas con marchas y contramarchas, como se evidencia con el DS N° 018-2018-VIVIENDA (2018) y DS N° 009-2019-VIVIENDA (2019). En Perú se dieron progresivamente normas para poder dinamizar la disponibilidad y el acceso al agua para consumo humano y saneamiento a millones de peruanos que aún en la actualidad carecen de estos servicios básicos.

Muchos especialistas estimamos que futuras normas debieran ir dirigidas a cambios estructurales de modelos de gestión y rompiendo paradigmas, pues el balance de la gestión integral del agua no arrojan resultados positivos, habida cuenta que la gestión por cuencas es hasta la fecha incipiente y es en este contexto en que Perú se encuentra inmerso en la estimación de cara al año 2025 que realiza la Organización Mundial de la Salud al indicar que " la mitad de la población mundial vivirá en países con alto estrés hídrico".
En este universo de dispositivos legales, constituye un hito el Decreto Supremo N° 031-2010-SA dado el año 2010 y seis años después la Resolución Ministerial N° 923-2016/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria N° 075-MINSA/DIGESA-V.01- "Procedimiento para la declaración de emergencia sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano"; toda vez que da la voz de alerta oficial a una realidad que ya visualizamos hace casi tres décadas atrás un grupo de expertos que participamos en la lucha contra el Cólera, utilizando información de campo y aplicando una suerte de prospectiva estratégica , relacionamos la secuencia : mayor deforestación - incremento de erosión - contaminantes químicos - enfermedades que afectan a la salud pública, entendidos hoy como un efecto del cambio climático en el país andino.
Sin perjuicio a lo expuesto, en décadas recientes , ha habido un  importante progreso orientado hacia el cumplimiento de una agenda de biodiversidad, pero manteniendo un débil sistema de monitoreo para el cumplimiento de las normas. En este contexto, el año 2018 se promulgó en Perú la Ley Marco sobre cambio climático - Ley 30754 , en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Deforestación,incremento de erosión y contaminación del agua

Perú se encuentra entre los países mas vulnerables al cambio climático del planeta , tanto por la distribución del recurso agua y el asentamiento de la mayor parte de su población en la franja desértica costera, allí donde justamente el acceso y disponibilidad del agua es mas escasa y su modelo de desarrollo seguido : trasvasar, almacenar, tratar y arrojar el agua dulce tratada al mar ( PTAR Taboada,La Chira), se ve alterada por efectos del cambio climático. La preocupante pérdida de glaciares en las últimas décadas complican a las fuentes de abastecimiento de agua para diversos usos.
La tala indiscriminada de bosques en algunas cuencas y subcuencas, sumadas a otros factores afectados por el clima, dan cuenta de la variabilidad y discontinuidad de los volúmenes de agua en el tiempo, siendo más crítico en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes que descarga al océano Pacífico.
El efecto sistémico se evidencia en el impacto económico para aprovechar las fuentes de abastecimiento ( Superficiales y subterráneas provenientes de : Pozos, manantiales y galerías filtrantes) por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), las cuales presentan problemas de sostenibilidad. Los contaminantes químicos, resultan en este escenario un alto riesgo, toda vez que está demostrado que algunos como en el caso del arsénico inorgánico es cancerígeno para los seres humanos.

Contaminación hídrica y estado de emergencia

El ruido político generado en las últimas décadas influyeron en la débil gobernanza y gobernabilidad del país en el extremo de la gestión del agua, lo cual impacta sustantivamente en sectores extractivos y productivos. 
Las alarmas se activaron en forma de emergencias intermitentes a través del tiempo, hechos que constituyen un indicador del riesgo sobre la economía y sostenibilidad del país.
Decretos supremos que dan cuenta del nivel de estado de emergencia temporal en los últimos dos años para algunas localidades del país son como sigue: DS N° 005-2018-SA (Doce distritos de la provincia de Pasco y Daniel Alcides Carrión del departamento de Pasco), DS N° 019-2018-PCM (dos distritos, provincia Loreto, departamento de Loreto) , DS N° 127-2018-PCM, DS Nº 047-2018-PCM, prorrogado por DS N° 066-2018-PCM,DS N° 089-2018-PCM y DS N° 106-2018-PCM (Localidades de Mórrope, provincia de Lambayeque; departamento de Lambayeque), DS N° 157-2019-PCM_( dos localidades , un distrito en la provincia de Loreto, departamento de Loreto), DS N° 188-2019-PCM  (Cinco distritos, provincia General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua).

Las mismas que pueden escalar judicializándose los casos vinculados a los metales pesados , como lo sucedido en la localidad de Espinar en Cusco.

Plomo, arsénico, cadmio y mercurio en sangre

La contaminación de la tierra , el agua y su impacto en salud pública es un tema que está en agenda de la gobernanza ambiental en Perú y que cada vez preocupa más a la opinión pública. El día de hoy , el diario Gestión difunde una noticia relacionada en los siguientes términos: 

La contaminación de la tierra y el agua en Cerro de Pasco y el consecuente daño a la salud de sus pobladores han posicionado a esta ciudad andina como una o quizás la mas contaminada en el mundo, según la cadena televisiva británica BBC.

"No puede caminar, no puede mover la rodilla y los nervios se están paralizando", afirma Irma Estrella al describir el estado de salud de su hijo Jhan.

"Mi niño tiene cantidad de plomo en sangre, además de arsénico, cadmio y mercurio". La tierra y agua en Cerro de Pasco muestran alarmantes niveles altos de metales pesados. Según la BBC, los médicos aconsejan a los pobladores afectados que no regresen a la ciudad, pero los que han hablado con la cadena británica dicen que no tienen a dónde ir.

El Gobierno peruano ha declarado la región en estado de emergencia sanitaria en tres ocasiones distintas, pero no ha aceptado que la actividad minera es la responsable de dicha contaminación, informó la BBC.

"Volcan opera la mina en la ciudad y la gigante minera Glencore tiene una participación mayoritaria", detalló la cadena.Según dijeron las compañías a la BBC, Volcan ha estado trabajando de cerca con los actores clave para entender las condiciones ambientales en la ciudad y ha tomado medidas apropiadas para abordar los problemas ambientales.

Génesis y causas

En el siguiente enlace, para tratar de explicar esta problemática, expondré el marco teórico de mis investigaciones que tienen que ver con el aplanamiento de montañas y el cambio climático que aceleran los procesos naturales e intervención antrópica concentrando sus impactos sobre la salud de las personas.

Agricultura & Minería en la administración PPK

La administración del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK), no puede seguir gobernando con teorías y grados académicos que desconocen y divergen de las verdaderas necesidades del país, por lo cual es importante volver los ojos para atender los retos y desafíos actuales y futuros que se presentan en el país de los Incas.

El desafío planteado para el relacionar la minería y la agricultura, desarrollando operaciones en un mismo espacio geográfico, es un tema pendiente a diecisiete meses del mandato PPK. 

Este reto no es actual, tiene como un importante hito el año 2002, cuando la protesta social en el departamento de Piura consiguió la cancelación de Tambogrande, el frustrado proyecto aurífero de la minera canadiense Manhattan, que perdió sesenta millones de dólares en el proyecto que reposaba sobre parte de un valle de producción agrícola.

Luego del fracaso de varios ministros de Estado en la cartera de Agricultura y riego de los últimos tres periodos presidenciales, el desafío mantiene renovada vigencia.

Los pasados Ministros y el actual que estaría por dejar el cargo, no pudieron conectar la posición política descentralista y la viabilidad económica de importantes proyectos de la gran minería que se mantienen estancados por el enfrentamiento entre agro y minería, teniendo a los recursos agua y suelo, como elementos en discordia. Este estancamiento del orden de veinte proyectos mineros en el país, causan perdidas por sesenta y siete mil millones de dólares al erario nacional.

Las funciones en el despacho ministerial de Agricultura están claramente definidas, sin embargo esta cartera se encuentra ejecutando las políticas de gobierno mirando el espejo retrovisor, toda vez que sus actividades se focalizaron en remediar los daños causados por el Fenómeno El Niño 2017 y actividades de prevención descolmatando causes de ríos, actividades en donde Contraloría General de la República advirtiera riesgos de corrupción.

Ventanas de oportunidades con efectos del cambio climático

El nuevo titular de la cartera debe considerar la tarea de lograr que la agricultura familiar sea la principal responsable de la comida que llegue a las mesas de las familias peruanas, tarea que se ha venido postergando lamentablemente en  el tiempo.

No puede soslayar los impactos generados por el cambio climático que se encuentra vigente en el país y transfrontera, tampoco las lagunas de información interna sobre la materia pudiendo utilizar herramientas para el análisis de las políticas agropecuarias latinoamericanas como es el caso de AGROMONITOR.

Efectos de los fenómenos climatológicos adversos en la producción y el comercio de los alimentos es un tema que deben considerarse en la futura gestión,tomando en consideración que los efectos negativos deben mitigarse oportunamente y los positivos deberían potenciarse en la medida que Perú es un país megadiverso y cuenta con los recursos para lograr competitividad en el sector Agrícola compartiendo sinergias con el sector minero.

Gestión de sitios contaminados en Perú

La gestión de sitios contaminados en Perú se inicia bajo un enfoque sectorial. El sector minero energético es el primero que, preocupado por los posibles impactos negativos de sus actividades, procede a regular la gestión de sus pasivos ambientales.
Para poder pasar del anhelo a una realidad en la gestión de sitios contaminados en Perú, es preciso tener la visión completa en tiempo y espacio de la dimensión y gradualidad del daño ambiental producido.
Debemos tener presente que el recurso suelo esta asociada directa o indirectamente al agua y que los diversos conflictos socio ambientales producidos, actuales y potenciales atribuidos a la causalidad del impacto en este binomio, lo tienen también que resolver los gobiernos regionales y gobiernos locales que deben participar en la solución de los conflictos atendiendo a criterios objetivos y congruentes del objeto de las Leyes.

Según el  D.S. N° 002-2013-MINAM

Un sitio contaminado es aquel suelo cuyas características químicas han sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias químicas contaminantes depositadas por la actividad humana, en concentraciones tal que en función del uso actual o previsto del sitio y sus alrededores represente un riesgo a la salud humana y el ambiente.

Las causas, se encuentran  asociadas a las prácticas inadecuadas en el manejo y disposición final de sustancias químicas o residuos peligrosos, como resultado de actividades de producción, comerciales o agropecuarias, actuales o pasadas. Otras causas pueden ser los eventos inesperados, accidentes, emergencias, derrames, incendios…. que liberan agentes contaminantes al ambiente.

Según RM N° 212-2017-MINAM

El Ministerio del Ambiente (MINAM), con Resolución Ministerial N° 212-2017-MINAM, publicó el proyecto de Decreto Supremo que aprueba Criterios para la Gestión  de Sitios Contaminados, a fin de recoger los comentarios, aportes y sugerencias de la ciudadanía, el cual abre ventanas de oportunidades para alinear los criterios que asocian suelo y agua en los planes para la remediación de sitios contaminados, originados por uno o varios proyectos de inversión o actividades, pasadas o presentes.

La propuesta normativa tiene por objeto establecer criterios para la prevención, así como para la evaluación y remediación de sitios contaminados por actividades humanas, con la finalidad de reducir los riesgos y proteger la salud de las personas y el ambiente.
Según esta propuesta de norma, un sitio contaminado, es el area en el cual el suelo, el agua subterránea subyacente o los sedimentos contienen contaminantes provenientes de actividades antrópicas, en concentraciones que pueden representar riesgos para la salud o el ambiente.

Pasivos ambientales

Son conocidos como pasivos ambientales los impactos negativos sobre el medio ambiente ocasionados por las diversas actividades económicas como la minería, la industria y la pesca, entre otros; por otro lado en el caso de la actividad minera, éstos, son ocasionados por operaciones mineras en inactividad temporal o abandonadas en las que no se haya llevado a cabo un adecuado cierre de minas; con lo cual pueden comprometer la calidad del suelo y del agua de una determinada zona y la salud humana, entre otras consecuencias.

Pasivos ambientales mineros

En estricto, según la Ley 28271 (2 de julio del 2004) , los pasivos ambientales mineros (PAMs) son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.
La misma que fue reglamentada por el DS N° 59-2005-EM (8 de diciembre 2005) y su modificatoria DS N° 003-2009-EM (15 enero 2009),asimismo regulada mediante el Decreto Legislativo N° 1042  (26 de Junio 2008) y el Decreto Legislativo N° 1101 (29 de Febrero 2012); este último referido al fortalecimiento de la fiscalización ambiental en la lucha contra la minería ilegal. PAMs pueden ser botadero de desmontes, deposito de relaves o escorias, pilas de lixiviación, labores subterráneas, tajos abiertos, entre otros.Los concesionarios mineros  responsables de  PAMs suscriben contratos de remediación con el Ministerio de Energía y Minas_Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA). Los responsables de los PAMs deben preparar estudios para  controlar, mitigar o eliminar los efectos negativos de los PAMs (conseguir la estabilidad física y química del terreno), asimismo, controlar o mitigar permanentemente sus efectos negativos.En el caso de los PAMs a cargo del Estado, el financiamiento de la remediación ha sido delegado al Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), una institución creada ad hoc para estos fines.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, al definir un pasivo ambiental minero, hace referencia a los impactos ambientales generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño u operador identificables y en donde no se hayan realizado un cierre de minas reglamentado y certificado por la autoridad correspondiente.Asimismo,ilustra las rutas criticas seguidas por las autoridades de Perú, en la construcción de una arquitectura administrativa que maneje y dirija las acciones públicas alrededor del concepto de pasivos ambientales.

Evolución de pasivos ambientales mineros en el periodo 1920-2017 

El cumplimiento de la normativa sobre inventarios de pasivos ambientales RM N° 290-2006-EM/DM, RM N° 487-2007-MEM/DM, RM N° 079-2008-MEM/DM,  RM N° 164-2008-MEM/DM,  RM N° 591-2008-MEM/DM...; permite tomar conocimiento que al año 2014 el Ministerio de Energía y Minas, da cuenta de la existencia de ocho mil quinientos setenta y un (8,571) pasivos ambientales que fueron abandonados por mineros desde 1920 extendidas a lo largo de cuarenta y dos cuencas hidrográficas del territorio peruano.
De otro lado, la información oficial reporta que 1.28% del territorio nacional (1´650,000 ha) tiene actividad minera,en tanto que 12.8% de su territorio se encuentra concesionado a la minería (16´441,000 ha) a agosto del 2017.

De la data gráfica correspondiente a los últimos sesenta y siete años, se puede apreciar las fluctuaciones e incremento de unidades mineras distribuidas en territorio peruano.

Unidades mineras - año 1950

Unidades mineras-año 1970

Unidades mineras - año 1990

Unidades mineras - año 2001

Unidades mineras - año 2013

Unidades mineras - año 2017

Agenda pendiente de pasivos ambientales

Publicada la Ley N° 28271 en el año 2004, los esfuerzos del gobierno en sus tres niveles de gestión, apuntaron a organizar los pasivos ambientales de la actividad minera, a efectos de regular la identificación de los PAMs, la responsabilidad y el financiamiento para la remediación de áreas afectadas por éstos, destinados a su reducción y/o eliminación, mitigando los impactos y externalidades negativas a la salud de la población, al medio ambiente.

El plan de cierre de pasivos ambientales mineros es un instrumento de gestión ambiental cuyo objetivo es establecer diversos mecanismos con la finalidad de efectuar la remediación ambiental de las áreas con pasivos ambientales mineros inactivos o abandonados, y que hayan sido generadas por personas naturales o jurídicas, que anteriormente realizaron trabajos de minería; dicha actividad deberá ser ejecutada por remediadores voluntarios o el mismo Estado cuando no se cuente con responsables identificados o remediadores voluntarios.

Es en este contexto en que transcurridos trece años, el Estado peruano se encuentra actualmente en la tarea de promover conjuntamente con el sector privado el reaprovechamiento de los pasivos ambientales mineros, como una forma de remediación, lo cual generaría ingresos económicos, reduciría la contaminación ambiental,evitaría los conflictos socio ambientales y con ello destrabaría importantes proyectos mineros que se encuentran en cartera en el país de los incas.