Perú : Débil regulación de oro en un país soberano sobreregulado

A mayor abundamiento sobre la participación del Estado empírico en el manejo de la cosa pública y el abismo social como causas generadoras de los problemas del Perú, haré referencia a la investigación escrita por Fiorella Montaño Pastrana en el marco del proyecto Construyendo mejores prácticas de gobernanza del sector extractivo en Perú EITI . En el estudio que comprende cinco años, se estaría probando que Perú exporta tres (03) veces más toneladas de oro de lo que produce.

Entre el 2015 y el 2019, se produjeron 720 toneladas de oro, según los registros oficiales del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, en ese mismo periodo, el país exportó 2242 toneladas de oro. La notoria diferencia tiene como una de las razones más saltantes que los mineros informales que no tienen concesiones no reportan el oro que extraen y termina cruzando las fronteras. Después de varios años de una débil regulación, el Estado ha dispuesto que aquellos que no están formalizados declaren cuánto extraen a partir de diciembre del 2020.

"Chala es un distrito ubicado al norte de la región Arequipa en el que bulle la compraventa de oro. A diario llegan kilos del mineral extraído en distritos colindantes, donde progresa la minería informal. También viene el preciado recurso de otras partes del país, y hasta de Bolivia. Pero este comercio activo no parece reflejarse en la calidad de vida de la gente: las calles son polvorientas y muchos no tienen los servicios básicos.

El agua es vendida por camiones cisterna a 25 soles el metro cúbico. Durante un mes una familia promedio llena su pozo hasta 3 veces. Las personas que comercializan el agua lo extraen del subsuelo y lo purifican con un poco de cloro. Otra dificultad que se tiene en el distrito, ubicado en la provincia de Caravelí, es la falta de médicos. Su posta no tiene personal asistencial por la noche. Si alguien tiene alguna emergencia debe conducir 3 horas hacia Nazca o 5 horas hasta Camaná, donde sí hay médicos.

En este poblado, ubicado frente al Océano Pacífico, hay sólo 3 colegios de nivel secundario, pero 33 procesadoras de mineral grandes, medianas y pequeñas. Chala está cercado por plantas procesadoras de oro, algunas, incluso, están en pleno corazón del distrito. Los ciudadanos viven rodeados de plantas que utilizan cianuro en sus procesos.

En los últimos años, en la región Arequipa no sólo han proliferado las plantas procesadoras, sino también las personas figuran en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un padrón de mineros que pueden dedicarse a la actividad con el compromiso de formalizarse. Juan Muñiz, gerente regional de Energía y Minas de Arequipa, señala que la región tiene la mayor cantidad de inscritos de todo el país, más de 13 mil.

Sin embargo, la gerencia estima que el grueso de mineros artesanales de Arequipa no está inscrito en el REINFO. Sus proyecciones apuntan a 50 mil personas dedicadas a la actividad y un movimiento diario de 9 millones de dólares. El Estado, en la mayor parte de los casos, no se beneficia con la extracción, pues los informales no pagan regalías ni canon.

Exportamos más de lo que producimos

Arequipa no es la única región donde la minería informal florece. En el país, la producción artesanal también se concentra en Madre de Dios, Puno y Piura.

La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) estima que, por lo menos, el 11% de la producción de oro del 2019 pertenecería al sector artesanal. No obstante, es un cálculo discreto, ya que únicamente se toma en cuenta a los mineros artesanales que tienen alguna concesión, sin considerar a aquellos que no la tienen, que son la mayoría.

El Decreto Supremo N° 001-2020-EM, publicado en enero pasado, busca superar este vacío de información. La norma dictaminó que, a partir del 31 de diciembre de 2020, los mineros artesanales en vías de formalización están obligados a declarar cuánto producen, del mismo modo en que lo hacen las empresas formales.

Ante la falta de información sobre la actividad informal, conviene comparar la cantidad de oro que se produce, según el MINEM, con la que se exporta. El resultado da una idea de cuánto oro se produce a espaldas de las autoridades.

En el 2019, el MINEM contabilizó una producción de 128 toneladas de oro en los sectores de van desde la gran minería hasta los artesanales en vía de formalización. Pero el mismo año se exportaron 403 toneladas correspondientes a la partida arancelaria “Oro en demás formas en bruto”, es decir, el mineral ya procesado, comúnmente en lingotes.

La notable diferencia entre la producción y la exportación no fue sólo el año pasado. Desde el 2015 se ha visto un abismo entre ambas. Entre ese año y el 2019, se ha registrado ante las autoridades una producción total de 720.41 toneladas de oro, sin embargo, en el mismo periodo, el Perú ha exportado 2242 toneladas. No se sabe quién extrajo las 1521 toneladas restantes, el 68% de lo exportado.

Para este reportaje se constituyó una base de datos con la información de la producción anual publicada por el Ministerio de Energía y Minas y la exportación de oro cuya información es entregada por Aduanas y procesada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Un estudio de la ONG CooperAcción estimó, que durante el periodo 2003-2014, la producción total de oro en el Perú habría sido mayor en 12.6% con respecto a la cifra oficial. El economista Víctor Torres Cuzcano señaló que la diferencia entre la producción y la exportación se podía explicar con la minera artesanal. Aunque el consultor minero Walter Casquino aclara que también podría estar incluida la producción que guardan las mineras de años anteriores. Y recuerda que hay mucho oro que no se registra ante las autoridades que entra de contrabando de Brasil y Bolivia, principalmente.

¿Cómo es que el mineral logra ingresar al mercado formal? Leonidas Wiener, investigador y especialista legal de CooperAcción, señala que las plantas procesadoras del mineral son un mecanismo por el cual el oro informal se blanquea y entra al sistema formal. Luego termina en países como Suiza y China.

En el sur, la producción de oro artesanal se concentra en Arequipa, Puno y Madre de Dios. La  presentación del mineral mayormente utilizada es la del oro refogado, es decir, aquella que resulta de un proceso en el que se aplica mercurio, un metal altamente contaminante, explica Patricia López, directora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Católica Santa María.

El mercurio es empleado para recoger las partículas del oro, con lo que se forma una amalgama. Los mineros usan sopletes para quemar el mercurio y quedarse con el mineral dorado. Esta técnica de explotación, la preferida de los informales, es sencilla y no requiere mucha logística.

Una vez obtenido el oro, los mineros tienen diversas formas de venderlo, señala el economista e investigador Víctor Hugo Pachas. Un camino es darlo a los "recolectores", acopiadores que merodean las zonas de explotación artesanal y se ofrecen como compradores.

Otra opción es venderlo a mineras o personas que cedieron sus concesiones a los informales, explica Leonidas Wiener. Esta es una práctica muy común. Antes de explotar el recurso ellos mismos, algunos titulares de concesiones mineras dan permiso a los informales para que trabajen en sus terrenos. Luego, los formales les compran la producción, cuenta Luis Coaquira, un minero del distrito de Río Grande, en la región Arequipa.

En el despacho de la Fiscalía del Medio Ambiente de Arequipa figuran diversas denuncias realizadas por concesionarios contra mineros artesanales, quienes en un primer momento tuvieron permiso de los titulares para explotar el recurso, pero luego no quisieron dejar los terrenos.

El 2019, en Arequipa se produjeron 12.02 toneladas de oro, según registros del Minem.  La unidad minera con mayor rendimiento  fue “Veta Dorada”, perteneciente a Dynacor Gold Mines Inc. Se ubica en Chala. Esta empresa produjo  2.33 toneladas en el año, superando la producción que Buenaventura tuvo en una unidad minera de Tambomayo.

El año pasado se dio a conocer que “Veta Dorada” formaba parte de una investigación que el Ministerio Público había iniciado a mineras que compraban oro ilegal y lo blanqueaban en su producción. La empresa aseguró al medio de comunicación Mongabay Latam que compraba el recurso a pequeños mineros formales.

Exportadoras que no producen

Otra opción que tienen los informales, decíamos, es vender el oro a las plantas procesadoras. Julia Cuadros, directora ejecutiva de CooperAcción, dice que muchas de ellas, asentadas en zonas de activa producción artesanal, se desenvuelven entre lo formal y lo informal.

Según registros del MINEM, hasta mayo del 2020 en Arequipa se contabilizaban 608 empresas registradas para vender, comprar y refinar oro. Las leyes peruanas (Decreto Legislativo Nº 1107 y Decreto Supremo N° 027-2012-EM) señalan que la comercialización de productos minerales es libre, para hacerlo no se requiere solicitar una concesión. Sunat es la encargada del control y fiscalización.

Esto explica que en regiones donde hay un auge de la minería artesanal se tenga a empresas que no registran ni una tonelada de producción de oro al MINEM, pero exportan grandes cantidades del mineral.

En Arequipa, la principal exportadora de oro es Procesadora Sudamericana, que en el 2019 llevó a Canadá y Estados Unidos el 23.87% de los envíos de oro de la región. Registros de Aduanas desde el 2015 muestran que esta empresa realiza, en su mayoría, exportaciones a cuentas de terceros. Es decir, otros productores pequeños utilizan a esta empresa como intermediaria para llegar a mercados extranjeros.

Otra empresa que no produce pero saca el mineral fuera del Perú es Dana Gold, ubicada en Madre de Dios, que registra el 61.72% de las exportaciones de la región. En Puno, mientras tanto, la principal exportadora es la minera Tiahuanaco.

Metodología

Los titulares de las concesiones mineras, independientemente del estrato al que pertenezcan (gran, mediana y pequeña minería, así como minería artesanal formalizada), se encuentran obligados a declarar anualmente su producción ante la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. El documento se llama Declaración Anual Consolidada. Estos datos consolidados están en la página web del ministerio.

En cuanto a la información referente a la exportación del oro, fue obtenida a través de una solicitud de acceso a la información pública remitida al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esta cartera procesó la información en base a datos de Aduanas. El oro se exporta en dos partidas arancelarias: “Minerales de oro y sus concentrados” (codificada como 2616901000) y “Oro en bruto” (codificada como 7108120000). Para efectos de la comparación entre producción y exportación, solo se tomó en cuenta la partida “Oro en bruto”, que corresponde a las barras de oro, ya que la partida “Minerales de oro y sus concentrados” incluye varios materiales, entre ellos tierra, piedras sin valor y otros minerales.

Para esta investigación periodística se estandarizó la unidad de medición en toneladas, ya que los registros del Ministerio de Energía y Minas se encontraban en gramos finos (10 gramos = 0.00001 toneladas). Y con el fin de disminuir la distorsión que se pudiera generar por reservas que tuviesen las mineras en años anteriores, se realizó el comparativo por un periodo de 5 años: del 2015 al 2019.

Para poner en contexto la marcada diferencia entre producción y exportación, se consultó con especialistas, autoridades, representantes de gremios mineros y personas relacionadas a la actividad. Este reportaje revela estas inconsistencias por ser de gran interés público".

Voto latino 2020 en USA & manejo de la cosa pública en América Latina

En un escenario en que demócratas latinos se encuentran impulsando a su candidato que enfrenta al presidente Donald Trump-al cual muchos ven como una amenaza por su retórica antinmigrante-a quien se le atribuye la supuesta cita : "La gente emigra ilegalmente a los Estados Unidos porque sus países son un asco y es por culpa de los corruptos que se roban el dinero. Si los países se manejaran bien, la gente se quedaría en su país”.

Sin perjuicio del registro de fecha, lugar y circunstancia donde el mandatario supuestamente hiciera esta declaración considerada como bulo, rumor o fake news, a juicio de muchos -entre los que me incluyo-  su eventual apreciación no estaría muy alejada de la verdad fáctica para el caso de Latinoamérica.

Para sustentar esta posición, me apoyaré en las teorías de las restricciones (caos) , de la dependencia y en el diagnóstico que hiciera el historiador peruano Jorge Basadre, identificando como un problema general de América latina a la falta de autonomía en el pensamiento y manejo de los recursos. 

EL CASO PERUANO

Basadre en su análisis de "Historia de la República del Perú" que data de la década de los cuarenta del siglo pasado- identifica al Estado Empírico y al abismo Social, como causas generadoras de los problemas del Perú, que después de ochenta años, sigue manteniendo palpitante actualidad.

Seguidamente expondré -referenciándolo con data gráfica- el particular caso peruano frente al manejo de la cosa pública, tomando como hito el impacto en salud pública de la epidemia COVID-19 frente al modelo de crecimiento histórico aplicado en el país próximo a cumplir su bicentenario de vida republicana.

ESTADO EMPÍRICO

Referido como la Nación jurídicamente organizada y vista como un estamento jurídico macrocefálico lleno de gente - en su mayoría - improvisada, que escuda bajo el manto de corrupción e informalidad, su incapacidad de formular y aplicar políticas públicas que mantenga de cara al futuro horizontes comunes a las grandes mayorías nacionales.

En ese sentido, los males del Perú son crónicos, recurrentes, de larga data y que se agudizan con el cambio en las formas, manteniendo las causas originales en el modelo de crecimiento adoptado. 

 

El modelo de crecimiento se concentra en la costa y Lima.

La presión demográfica se centraliza en la costa y  Lima.

Perú, un país que históricamente ha concentrado su acción política, económica, intelectual en una ciudad, primero en Cusco y luego en Lima, abandonando las provincias y zonas periféricas de la ciudad de Lima. (" La multitud, la ciudad y el campo"-Jorge Basadre).

Previo al arribo de la epidemia del COVID-19, la contraloría de la república del Perú estimó en veintitrés mil millones de soles la pérdida del Estado por corrupción e inconducta funcional en el año 2019. Esta suma supera al costo de un proyecto ubicado en el noreste peruano que contendría mas de seis millones de onzas de oro, cuya inversión fuera estimada en el orden de cinco mil millones de dólares. 

A partir de esta cifra es relativamente fácil estimar las pérdidas del Estado peruano en las últimas décadas y tentar dar una explicación a la razón del porqué se contaba con menos de cien camas para cuidados intensivos con ventilador disponible para los treinta y tres millones de habitantes de todo el país, esperando a la ola epidémica de esta enfermedad infecciosa COVID-19 iniciada en China.

Pérdida de vidas humanas por deficiencias del sistema de salud pública - covid19

Impacto económico por su conocida vulnerabilidad en el manejo de la cosa pública. 

En el proceso histórico seguido en el transcurso de los doscientos años, se consolidaron los poderes fácticos que con el soporte del militarismo y preeminencia de grandes empresas, impusieron y controlaron la agenda país, manteniendo el statu quo influyendo decisivamente en los niveles de educación y salud en una población que se mueve por inercia de factores externos e internos.   

En este escenario, el control de los medios de comunicación influyeron para hacer posible que en las últimas décadas asumieran el poder, autoridades - en los tres niveles de gestión del Estado empírico- que posteriormente tuvieron que enfrentar sendos procesos ante la justicia.

                  Últimos presidentes del Perú, salvo Vizcarra (en ejercicio) y García (suicidado), 

                                              el resto se encuentran presos  o sufrieron prisión.

Parte del Perú moderno y democrático, era pues consiente de las causas que originaban las distorsiones en la sociedad peruana antes del arribo de la epidemia del COVID-19, ocurrido en el mes de marzo del 2020. 

              Antes del COVID-19 se registraba elevada percepción respecto a la Corrupción.

ABISMO SOCIAL

Definida por la enorme diferencia que existe en la sociedad peruana, la misma que a través del tiempo  va profundizándose e incrementando esta brecha social, separando los hechos de los derechos de la persona humana. 

Las fallas en la distribución y redistribución de la riqueza del país se incrementan y evidencian en los niveles de calidad de vida existentes en la sociedad peruana.

LA LUCHA AMBIENTAL

La explotación irracional de los recursos del país a través de la historia [Caucho-Guano-Salitre-Pesca-Bosques-Petróleo-Gas-Oro (...)],como un efecto de la inacción del Estado empírico, incrementa progresivamente las protestas socioambientales y genera un mayor distanciamiento social.

El desarrollo mal entendido, genera una mayor presión demográfica en ciudades como Lima, haciéndola altamente vulnerable.

Fuentes puntuales y difusas de contaminación del aire - como el parque automotor que en su mayoría aún usan derivados de petróleo - producen elevados índices metropolitanos de calidad del aire registrados en Lima, una de las ciudades más impactadas por la enfermedad infecciosa viral COVID-19.

Evaluación exante y expost que alcanza el periodo 2019-2020 

La expoliación de los recursos naturales, como es en el caso de los millones de acres de bosques amazónicos, no sólo genera al país pérdidas económicas, sino que significa una alteración dramática de los ecosistemas en las cuencas altas, que producen deforestación y sus consecuencias como es el caso de las inundaciones en las cuencas bajas.

Hace cinco décadas atrás se explota hidrocarburos comercialmente en Perú, y en ese lapso se han acumulado residuos peligrosos que fueron dispuestos a cielo abierto, inicialmente sin tratamiento alguno, este impacto es adicional a las descargas de agua de producción y derrames de petróleo en zonas críticas identificadas en la amazonía peruana.

     Los pasivos ambientales en la amazonía son causa de recurrentes protestas ambientales.
El Estado empírico, al no planificar, actúa reactivamente ante las solicitaciones ambientales, deja los sucesos dependientes expuestos al ensayo-error y soslaya las fluctuaciones estadísticas, pese a evidencias científicas que le indican la necesidad de aplicar principios de prevención y precaución ante riesgos inminentes por la existencia de pasivos ambientales. 

Asimismo por riesgos ambientales de origen natural, especialmente por acción de la placa de nazca y la ubicación de importantes ciudades en zona sísmica.

EL FUTURO PERTENECE A LOS PATRIOTAS

Finalizando este recorrido sobre el manejo de la cosa pública en América Latina y particularmente en Perú, quisiera citar las frases de Donald Trump , expresadas ante la asamblea general de la ONU indicando que " El futuro pertenece a los patriotas, no a los globalistas" y en ese sentido, suscribo la posición que sustenta : “Si quieren libertad, sientan orgullo de su país. Si quieren democracia, agárrense a su soberanía. Si quieren paz, amen a su nación. El mundo libre debe abrazar sus cimientos nacionales”.

El modelo de crecimiento y desarrollo aplicado a lo largo de doscientos años en Perú debe revisarse en el marco de la mejora contínua, lo cual le permitirá no sólo hacer frente a nuevas epidemias producidas por virus o bacterias que afecten a la salud pública, sino que permitan no solo lograr un crecimiento económico, sino alcanzar un desarrollo sostenible, cautelando y haciendo uso real y beneficioso de los recursos naturales que forman parte de un país democrático y soberano. 

Tráfico marino, identificando barcos pesqueros de bandera extranjera

frente a costas peruanas en septiembre del 2020.

Covid-19 & crisis política en Perú

La reciente publicación hecha en el Washington Post, bajo el título “La promesa anticorrupción llega a su fin en Perú” escrita por Jonathan Castro, servirá como preámbulo del próximo reporte explicando el escenario previo al COVID-19 y la dinámica registrada en la ecuación conformada por la corrupción e informalidad que impacta en su crecimiento. "La última crisis política peruana tiene como origen las contrataciones de un cantante, Richard “Swing” Cisneros, por el Estado. Por esto, el país podría quedarse sin presidente este viernes 18 de septiembre, cuando el Congreso ha programado la votación de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, acusándolo de incapacidad moral permanente. Cisneros, quien además de cantante es coach, es un personaje excéntrico incluso para la clase política peruana. Sin mucho talento ni gran fama, Cisneros estuvo contratado por el Ministerio de Cultura desde 2018 (entre otras cosas, para dar charlas motivacionales y organizar algunos eventos), cuando Vizcarra asumió la presidencia, por un total de 155,400 soles (aproximadamente 44,000 dólares estadounidenses). ¿Cómo había obtenido estos contratos que incluso se extendieron hasta los inicios de la pandemia? Una foto con el presidente, registros de visitas a Palacio de Gobierno y declaraciones de Cisneros y Vizcarra dieron luz a una relación entre ambos más o menos cercana, dependiendo de quién lo diga. Al margen del desenlace de la votación de este 18 de septiembre, esto representa un punto de inflexión en el legado de Vizcarra. El referéndum para la reforma de justicia y para evitar la reelección de congresistas, los proyectos de reforma del sistema político y la disolución del Congreso —principales gestos de su gobierno— vinieron con una promesa: mejorar la clase de representantes políticos de la mano de la lucha anticorrupción. Esa promesa es ahora una desilusión. La Fiscalía y una comisión investigadora del Congreso llevan a cabo indagaciones por estos hechos. Pero la semana pasada, el congresista Edgar Alarcón, presidente del grupo investigador del Legislativo, presentó en una sesión pública del Parlamento unos audios en los que se escucha a Vizcarra y su entorno cercano coordinando las versiones sobre las visitas de Cisneros a Palacio de Gobierno. En respuesta, el Congreso aprobó el inicio de la moción de vacancia. Esto sucede en el último año de su mandato y a siete meses de que se produzcan las elecciones generales de 2021. La hemorragia de grabaciones —hechas por una asistente del presidente— ha continuado desde ese día, y probablemente prosiga en los próximos. En estas grabaciones se escucha a los funcionarios de Palacio de Gobierno planificando el encubrimiento de las visitas de Cisneros a Vizcarra. Pero el proceso que se ha seguido en el Congreso ha sido rápido y cuestionable. El trámite de vacancia inició el mismo día que se presentaron los audios, y el artículo de la Constitución al que apeló —la incapacidad moral permanente— puede ser un cajón de sastre para justificar cualquier acusación. Si bien los hechos que allí se describen ameritan investigaciones fiscales para determinar si hubo delitos de colusión y obstrucción de la justicia, la percepción que habrá sobre los audios tendrá un manto de oscuridad. La sospecha tiene justificación popular, pues la historia sobre la que se asientan los últimos 20 años de democracia está marcada por grabaciones que revelaron hechos ilícitos: en el 2000, por estas mismas fechas, los “vladivideos” demostraron el pago de sobornos en el régimen de Alberto Fujimori; en el 2008, los “petroaudios” revelaron un faenón petrolero durante el gobierno de Alan García; en el 2018, los “mamanivideos” propiciaron la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra, un presidente sin partido ni bancada en el Parlamento, se ha enfrentado varias veces a la oposición con una sola arma: poner a la opinión pública a su favor con base en la popularidad de la que goza un hombre que se enfrenta a la corrupción. Ahora, ha quedado desnudo. Su bandera anticorrupción ha quedado manchada. Y aunque, según una encuesta de la empresa Ipsos, 79% de los encuestados considera que Vizcarra debe continuar con su presidencia, la opinión pública difícilmente volverá a mostrar un apoyo mayoritario mientras la población peruana siga luchando por sobrevivir durante la crisis sanitaria y económica generada por el nuevo coronavirus. Este caso también forma parte de una ruptura sistemática de la primera parte de la promesa: mejorar la clase de representantes políticos. Por lo tanto, Vizcarra tiene parte de la responsabilidad de tener frente a él a este Congreso. En 2018, Vizcarra impulsó un referéndum que, entre otros temas, prohibió la reelección de parlamentarios. Hoy, la única cámara está conformada por una amplia mayoría de legisladores sin experiencia en el cargo y sin posibilidades de reelección. Tienen una mirada de corto plazo, como lo han señalado varios analistas. Por otro lado, tras la disolución del Parlamento en septiembre de 2019, Vizcarra convocó a elecciones pero se hizo de lado. A pesar de tener una mayoría de aprobación presidencial, no buscó alianzas con partidos políticos que levanten las reformas políticas que impulsaba. Su idea para implementar una renovación de la representación nacional parecía un viejo chiste de la serie televisiva The IT Crowd: “¿Has intentado apagarlo y encenderlo de nuevo?”. En los seis meses que tiene en funcionamiento, el nuevo Parlamento ha demostrado la misma arbitrariedad que tenía el anterior. Sus decisiones en materia económica son un peligro para la estabilidad fiscal, y han permitido que se encumbren personajes cuestionables en el terreno político. Edgar Alarcón, el presidente de la comisión investigadora, fue destituido del cargo de contralor general de la República por faltas graves, tiene investigaciones fiscales por enriquecimiento ilícito, y llegó al Parlamento de la mano de un partido aliado del golpista Antauro Humala. Al no disputar el espacio político, el Parlamento se llenó de grupos fragmentados, algunos con más beligerancia que la que hubo en el periodo anterior. Vizcarra no tiene aliados allí, ni mecanismos para un entendimiento político. En ese tránsito, Manuel Merino, presidente del Congreso y sucesor de Vizcarra en caso de ser destituido, se intentó comunicar con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para informarles sobre el proceso. El Ministerio de Defensa calificó esos hechos como temerarios por pretender involucrarlos en un proceso político. Luego, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, reveló que dos personas del partido político de Merino se comunicaron con él para señalarle que él podría continuar en el cargo si destituyen al presidente. Lo que Vizcarra no ha podido ganar en la política, ahora pretende hacerlo en los tribunales. La oposición no tiene los votos suficientes para destituirlo, pero en lugar de convencer a los indecisos, se ha optado por otra vía. El lunes, el Ejecutivo presentó una medida cautelar y una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para detener el proceso de vacancia, recursos que serán vistos en las próximas sesiones aunque podrían durar unos tres meses en resolverse. Este proceso no es excepcional, pues ya el Congreso pasado había presentado un pedido similar contra la disolución, pero fue desestimado. Aún así, profundizar la judicialización de la política es un camino que no tiene retorno. La polarización de la opinión pública pretende que solo se mire las irregularidades de un lado. Vizcarra rehusó la necesidad de una organización que le dé respaldo político, y se refugió en un pequeño círculo de confianza que se ha ido destartalando. Aún así, si este viernes prospera la vacancia, este periodo será recordado igual que el del turbulento siglo XIX, cuando los gobernantes cambiaban con tal frecuencia que sus nombres han pasado al olvido para los peruanos".

Perú, un país donde renace la esperanza

Si sumáramos los difíciles momentos por los que le tocó vivir al país de los Incas y los tiempos que le ha tomado recuperarse de las recurrentes crisis vividas, la realidad del Perú sería significativamente otra. 

Me piden que me pronuncie sobre la reciente crisis política que vive hoy en día la sociedad peruana y, le respondo a mis dilectos amigos del exterior e interior de la patria, en los mismos términos sistémicos en que como hace décadas atrás expongo mis ideas públicamente, en diversos foros, aulas universitarias, medios de comunicación masivos, redes sociales e inclusive haciendo uso de cartas públicas dirigidas a funcionarios públicos de diversos niveles de gestión.

Atendible preocupación  

Es razonable la preocupación que tienen los capitales (extranjeros y nacionales) en estos momentos de crisis mundial, donde algunos países son más vulnerables que otros.
En el caso del Perú - que está a pocos meses de cumplir el aniversario de su bicentenario de vida republicana- se conjugaron a su crisis de salud pública, las crisis: social,ambiental,económica y política; las cuales no son efecto exclusivo de la Pandemia que azota actualmente al mundo.
Las restricciones e impacto de la crisis sistémica con anterior data, se intensifica con la transmisión de la enfermedad infecciosa que evidencia las brechas estructurales existentes magnificadas por los hombres de Derecho, las mismas que pasaré a explicar apoyándome en un párrafo de la carta remitida sesenta años atrás por Felipe Benavides al Embajador del Perú en Holanda, señor Manuel Seoane, con fecha 11 de julio de 1960, que dice:
" No cabe duda que para obtener capitales y defender los que están invertidos en el Perú, las compañías extranjeras tienen que aprender nuestra forma de vivir y lo que necesitamos en el Perú es mayor número de public relations men y no abogados que ( con el debido respeto profesional) creo se rigen demasiado a la letra de la ley y no al espíritu de la misma".

Perú es más grande que sus problemas

Rescatando la frase del eminente historiador don Jorge Basadre, suscribo la posición que sustenta que Perú es un país donde renace la Esperanza por alcanzar solucionar sus problemas, pues cuenta con los recursos para ello, sólo es cuestión de integrarse en el tiempo para ponerlos en valor.

                    

Políticas públicas aportantes a la continuación o rebrote de infecciones

Una advertencia al mundo entero sobre la implementación de medidas de políticas públicas erradas constituyen los casos de Lima (Latinoamérica-Perú) y Madrid (Europa-España) que influyen en la continuación o en la nueva oleada de infecciones epidémicas por COVID-19.

Reacciones con estrictas cuarentenas

Perú, que al inicio de la pandemia, a mediados de marzo, su gobierno reaccionó rápido y decretó una de las cuarentenas más restrictivas en Latinoamérica; en tanto que al principio, el gobierno español tardó en responder al coronavirus, pero posteriormente impuso una de las cuarentenas más estrictas en Europa, llegando  aplanar la curva y después comenzó a flexibilizar las restricciones.
Actualmente, España tiene nuevamente el nivel más elevado de infección en Europa, la peor tasa de mortalidad del continente, y un repunte de casos en localidades como Madrid. En tanto en Perú - que nunca se llegó a aplanar la curva - pese a las disposiciones para usar cubrebocas y medidas de confinamiento dada por el Estado de emergencia fueron similares, ocupa los primeros lugares entre los países actualmente más afectados por COVID-19 en todo el mundo.

¿Qué sucedió?

En el caso de España, las autoridades regionales, que controlan las políticas sanitarias, calcularon erróneamente la llegada de una probable segunda oleada en otoño, y no implementaron medidas sanitarias adecuadas para cubrir las vacaciones.
En el caso de Perú, las autoridades aplicaron erróneamente medidas que confunden urgencia-emergencia-catástrofe-desastre en escenarios megadiversos, las cuales causaron impacto inmediato, ampliando la crisis de la salud pública, a los campos social, político, económico y ambiental.

Emergencia que franquean paso a la corrupción en Perú

Faltan once meses para que el Perú conmemore su Bicentenario de Independencia, lapso en que vivió episodios históricos de corrupción sistémica, los cuales inficionaron a instituciones tutelares de la Nación, comprometiendo autoridades y funcionarios en los tres niveles de gestión: Nacional, Regional y local,  muchos de los cuales purgaron condena efectiva y otros continúan en procesos judiciales.
Con la aparición de la Pandemia, se levantaron voces interesadas pidiendo el estado de emergencia en todo el territorio nacional para lo que en estricto constituían urgencias en ecosistemas locales, diferenciándose de las verdaderas emergencias en áreas altamente vulnerables como en la cuenca baja del río Rímac donde se ubica la zona estratégica de Lima metropolitana y Callao. Hoy primero de setiembre, se cumplen ciento sesenta y nueve días del Estado de Emergencia en Perú, periodo en que se proyectó destinar entre el 9% y el 12% de su PBI para apoyar a las personas que hubieran perdido su empleo (o autoempleo) y a las empresas que se hubieran quedado sin ingresos por la ralentización de la economía y evitar que se rompa la cadena de pagos. Perú lideraba la lista regional de América Latina de mayor gasto fiscal frente a la pandemia con un nueve por ciento (9%) del PBI, en tanto que según proyecciones del Banco Mundial, Perú caería 12% y sería el país con mayor caída de PBI en Sudamérica este año 2020.

Incumplimiento e informalidad asumida por la sociedad

Haciendo un símil de la dinámica de incumplimiento asumida frente al COVID-19 por la sociedad española en cuanto al ruido provocado por el tema de vacaciones y turismo ; los problemas preexistentes de la informalidad asumida por la sociedad peruana ayudan a entender por qué en Perú persiste el brote y explican por qué tiene la mayor tasa de mortalidad entre los más afectados por la pandemia en el mundo.

Un factor que incrementa los efectos por acción u omisión de las medidas tomadas obedece al desarrollo mal entendido, con un crecimiento sustentado en el marco de la informalidad multisistémica que no se limita a definirla como toda empresa no constituida en sociedad y cuyos trabajadores no gozan de beneficios laborales, sino que se amplía e incorpora aspectos educativos, sanitarios, económicos, sociales y toda aquella actividad que se ejecuta bajo el radar de las leyes, por lo que esa informalidad involucra su ejercicio independientemente del sector público o privado en el que se desarrolla.

Informalidad sistémica que incide en persistencia del brote epidémico en Perú.