Due diligence & Compras de minas

En Due Diligence & conflictividad minera (Julio del año 2011), presentábamos algunas reflexiones sobre propuestas de lineamientos de políticas públicas a efectos de recuperar la capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la ley minera.
Transcurridos casi dos (02) años, con una importante agenda minera pendiente aún por cumplirse en Perú, se presenta una coyuntura que fue prevista y es graficada por el suplemento especializado Dia1 del diario El Comercio, en los siguientes términos:
La industria minera sufre lo indecible ante el doble embate de los declinantes precios de los metales;y los crecientes costos en el sector.
Sin embargo, los mineros peruanos no han considerado retraer sus inversiones en el exterior; por el contrario, vienen evaluando nuevos objetivos, desde el desierto mexicano de Sonora hasta la Patagonia argentina.
Día_1 ha conseguido documentar la incursión de empresas mineras con capitales peruanos en casi toda Latinoamérica.
Las inversiones conjuntas de estas compañías ascenderían a más de US$2.000 millones, solo en adquisición de activos y construcción de minas y proyectos al 2015.
Dicha inversión está concentrada en cinco jurisdicciones: Chile(más de US$1.200 millones),Brasil(US$470 millones),Argentina(US$150 millones),Colombia(US$65 millones). A los países mencionados cabría agregar un sexto:Panamá, nación que viene registrando “un ‘boom’ exploratorio sin precedentes en donde participan capitales peruanos”, según reveló Leopoldo Monzón, gerente general de la consultora minera Proesmin.
También hay mineras de capitales peruanos explorando activamente en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y EE.UU, a pesar de la crisis que remece fuertemente al sector minero.

TIEMPO PARA COMPRAR

Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver Mines, productor canadiense-peruano que opera la minas San José (México) y Caylloma(Perú), sostiene que “ya es tiempo de que los mineros se sacudan la resaca de los altos precios de los metales”.
No solo venimos trabajando con precios más bajos, sino que la inflación de costos en la minería peruana ha sido la más dramática de toda Latinoamérica en los últimos 3 o 4 años.
Las mineras experimentan inflaciones de costos de 20% a 25% al año. Esto es insostenible, pues están destrozando los márgenes de las empresas”, exclama.
Si la situación es tan adversa, ¿por qué entonces los mineros peruanos se arriesgan a invertir fuera del país? Diego Benavides, presidente de Minera IRL, productor australiano-peruano que desarrolla el proyecto Don Nicolás en Argentina, considera que “es ahora cuando las mineras deben aprovechar las oportunidades que se les presentan, para crecer una vez que los precios de los metales vuelvan a repuntar”.
De igual opinión es Miguel Cardozo, presidente de la (minera) junior peruano-canadiense Alturas Minerals, que explora los proyectos La Corina, Quispe y Marilin, en Chile.
Él sostiene que la minería peruana confía en que los precios de los metales volverán a subir, “a pesar de los problemas en Europa, EE.UU. y la desaceleración de la economía china”. Con igual claridad, Monzón asegura que este es el “momento perfecto para los ‘due dilligence’, es decir, para evaluar la compra de minas y proyectos". 
“Cuando los precios de los metales caen, los mineros están obligados a bajar sus costos de capital (CAPEX) y de operaciones (OPEX). Por tanto,es el momento ideal para comprar minas y proyectos. Además, podemos usar los precios actuales de los metales para determinar el valor presente de un proyecto y ganar con su adquisición si los precios se mantienen o suben. Esa es la razón por la cual este es un mercado de compradores”, sentenció.

Due diligence & conflictividad minera

El proceso de investigación y análisis para desarrollarse en minería ante la posibilidad de inversión en el país deberá tener presente un eventual futuro escenario en el marco de alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, respetuoso de los derechos de las poblaciones y comunidades vecinas a los proyectos u operaciones mineras.

Para superar la situación de conflictividad minera, parte de la sociedad civil organizada en ONGs , lanzó las siguientes alternativas de trabajo.  

Por un lado, presentan propuestas de lineamientos de políticas públicas a efectos de recuperar la capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera.

Asimismo, promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas,realizar una reforma tributaria y fiscal minera, atender la problemática de la pequeña minería informal y artesanal.

Lo antes mencionado , constituye parte de la siguiente agenda mínima que se está proponiendo:

1. El  país  necesita  recuperar  capacidad  de  regulación pública.   El Estado peruano debe asumir su rol y representar legítimamente el interés público, protegiendo los derechos al desarrollo de todos los peruanos y peruanas.
2. En materia ambiental, necesitamos contar con una verdadera autoridad que tenga autonomía, capacidades, competencias, recursos y decisión política. Esta nueva autoridad ambiental debe impulsar una gestión transectorial, que evalúe con independencia los estudios de impacto ambiental; que revise los límites de emisión y los estándares de calidad ambiental; que fortalezca la fiscalización, la descentralice y que interactúe con las autoridades regionales y locales.
3. Igualmente es urgente ordenar el uso del territorio, discutir en serio dónde sí y dónde no conviene que se desarrollen actividades extractivas. Para ello se debe implementar una política de ordenamiento territorial (OT) y aprobar la normatividad correspondiente que le dé a los planes de OT un carácter obligatorio para toda medida o acto del sector público y privado; respetando las atribuciones de los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Compartimos la demanda de producir cambios sustantivos en la política de concesiones y en la Ley Minera, que se han convertido en fuente permanente de conflictos. Desde Lima se concesiona gran parte del país, sin ningún tipo de interacción y consulta con las instancias regionales y locales, menos aun, con las poblaciones y comunidades, y sin considerar los procesos económicos y de planificación territorial de las regiones.
5. Se necesita promulgar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, aprobada por el Congreso de la República en mayo del 2010, a fin de que se permita implementar plenamente el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995, y que fue suscrito por el Perú en 1994.
6. Se requiere realizar una reforma tributaria y fiscal que permita un reparto equitativo de la renta minera entre empresas y Estado. Ello supone la eliminación del óbolo minero, la incorporación del impuesto a las sobreganancias, el incremento y la obligatoriedad de las regalías, la creación de impuestos ambientales para los contaminadores, entre otras posibilidades.
7. Se debe abordar como política de Estado la problemática de la minería informal, artesanal y en pequeña escala, que ante la falta de otras oportunidades de trabajo se viene expandiendo por casi todas las regiones del país, generando en un gran número de casos, impactos sociales y ambientales negativos, explotación de trabajo infantil y graves problemas de salud pública.
8. Los excedentes generados por la minería deben reorientarse a otras actividades productivas, generadoras de empleo intensivo que potencien el mercado interno, y a la mejora de servicios sociales y ambientales. Es necesario invertir en la reconversión y diversificación productiva de las zonas dedicadas a la minería, con actividades que promuevan el desarrollo sostenible y sean respetuosas del ambiente, las fuentes de agua, los lugares con valor religioso y cultural y los recursos naturales.

De otro lado, ciertas autoridades regionales, como en el caso de Junín, apuntan a modificar el escenario actual y plantean normas de nivel local para construir un nuevo rol a la minería. Tal es el caso del reglamento para regular los alcances de la Ordenanza Regional Nº 108-2011-GRJ/CR, que declara de interés, utilidad pública y necesidad regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el desarrollo de sus actividades en el departamento de Junín. Considera que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias que desarrollan sus actividades económicas en el departamento de Junín, deberán suscribir compromiso previo en forma de Declaración Jurada, mediante el cual se compromete entre otras cosas a fomentar preferentemente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal. También plantean que las empresas del sector privado y/o sucursales que desarrollan sus actividades económicas en el área de influencia del departamento de Junín, deben señalar su domicilio fiscal en la sede productiva y/o de funcionamiento.

La nueva administración del Estado peruano, que inicia labores a partir del 28 de Julio del 2011, tienen una agenda pendiente por atender y hacemos votos por que se desarrollen en los mejores términos para mantener el crecimiento del sector minero y del país en general dentro del marco de un desarrollo sostenible.