Este Blog construido desde el año 2010 por el doctor Javier Prado Blas es para aquellas personas que desean enterarse y/o contribuir con el debate alturado sobre el desarrollo con seguridad y reducción de riesgos de uno de los principales sectores gestores del avance económico peruano. Descubramos que tanto hay de cierto de los mitos sobre la minería que se transmite por los medios de comunicación en el país de los Incas.
Urge redoblar esfuerzos para llevar a la práctica un manejo más responsable e integral del agua para diversos usos en el Perú y particularmente en su capital Lima, a la luz del impacto que viene actualmente soportando la EPS SEDAPAL que abastece de agua para consumo humano en Lima y callao.
En esta oportunidad, la población de Lima sufre la falta de agua en razón a un problema de comunicación generado en el marco del proceso de la realización de una obra programada consistente en el empalme en la tubería de hierro ductil matriz de agua de dos metros de diámetro. Labor ejecutada en dos frentes, el reservorio OVNI y la cámara Ford; con la cual se mejoraría el servicio de abastecimiento de agua para los usuarios en la zona de influencia de La Atarjea y Villa El Salvador, ubicado al sur de Lima.
Empalme en tubería matriz para el reservorio OVNI en la Atarjea
Empalme en la cámara Ford a la altura del Puente Santa Anita.
Corte y racionamiento de agua por emergencia
El planeta, la región de la américas y en consecuencia el Perú, están advertidos desde hace décadas sobre el proceso seguido del estrés hídrico a la escasez de agua dulce.
En ese sentido, se exhortó al manejo responsable del recurso agua para sus diversos usos, sin embargo, por una serie de eventos de público conocimiento, las diferentes administraciones de los distintos gobiernos en países de la región, ralentizaron inversiones para ejecutar proyectos que aseguren el acceso y disponibilidad al recurso agua en el marco de una política de Estado ajustado al desarrollo sostenido de los pueblos.
En el caso peruano, Lima es altamente vulnerable ante acciones antrópicas que incrementan los riesgos para impactar en términos de calidad y cantidad del agua, así como su poca resiliencia ante eventuales fenómenos naturales, dada la presión demográfica que ostenta y la informalidad en muchas de sus edificaciones.
Como caso anecdótico de reuso del agua dulce, Lima que está localizada en un desierto, después de tratar sus aguas residuales en las plantas de tratamiento de Taboada y La Chira, las arroja al oceano pacífico empleando emisarios submarinos.
Otros episodios de Lima sin agua
La capital de la república peruana, Lima, ya pasó en años anteriores por las amargas experiencias de quedarse con el servicio de agua para consumo humano restringidos; siendo uno de los episodios más dramáticos los acontecidos en el año 2004 ante la falta de lluvias y la poca capacidad de almacenamiento del recurso hídrico en ese entonces. Transcurridos casi dos décadas, no se podría afirmar categóricamente que el servicio de agua potable de Lima se encuentra garantizada, ya que pese al esfuerzo realizado por los actores sociales y múltiples instituciones responsables, existen millones de peruanos en Lima, que en pleno siglo XXI aún carecen al acceso a los servicios básicos de agua en sus domicilios, pese a que su norma constitucional indica que el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable, garantizándole este derecho.
El caso peruano, que presenta la mas alta letalidad per cápita del mundo con la actual pandemia del COVID-19, sirve como ejemplo didáctico para las actuales y futuras generaciones de cara al 2030 y 2050 ; a los efectos de mitigar la letalidad en la presente y venideras pandemias aplicando medidas preventivas, una de ellas es referida a imperiosa necesidad de mejorar la gestión de los servicios que brindan las empresas prestadoras de servicio de agua para consumo humano.
Confusión de roles en la gestión del agua potable
Las deficiencias en el tema del agua potable se evidencian al contrastar indicadores de cobertura, cantidad, calidad, continuidad, costos (tarifa) del agua, entre otros de caracteres económicos y financieros en el país, se viene arrastrando desde antes del arribo del COVID-19 en marzo del 2020, tan es así que diferentes administraciones del Estado empírico peruano optaron por declarar en estado de emergencia los servicios de agua y saneamiento, sin mayores avances por el alto componente político que se incorporó en su gestión.
Instituciones como el regulador SUNASS, Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento - OTASS y otras en los gobiernos locales, se vieron complicadas en su gestión al confundirse los roles de los recursos humanos políticos con la burocracia asignada a los servicios, así como la pobre actuación de un ministerio del ambiente que no da la talla con el tema del agua para consumo humano.
Deficiencias evidentes en términos de calidad y cantidad del agua para consumo humano.
Vinculación entre la deficiente gestión del agua y alta letalidad por COVID-19
En Perú está demostrada técnicamente la relación directa existente entre la deficiente gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el extremo de agua potable y la alta letalidad por COVID-19.
En la tabla siguiente se podrá apreciar algunos indicadores que reflejan las deplorables condiciones en que se manejan las EPS localizadas en la zona cero y que contribuyen en la alta morbi-mortalidad por COVID-19 registrada en esta parte de la costa desértica peruana.
La calificación como mayor letalidad per cápita del mundo con la actual pandemia , se verifica del hecho que en Tumbes sólo se tiene 9 horas al día el servicio de agua para consumo humano de las 24 horas del día ; así mismo en Ica que con 15 horas de acceso al servicio de agua presenta 13.9 % de letalidad por COVID-19, la mas alta en Perú.
Sin perjuicio de mencionar a la calidad del servicio de agua, focalizare los registros del indicador relación de trabajo que fue deteriorándose con el tiempo y sin tener visos de mejora en el corto plazo.
Relación de trabajo
Este indicador
financiero se define como la relación que existe entre el costo operativo
(costo de ventas, gasto de ventas y gastos administrativos) en el que incurre
una empresa, sin incluir la depreciación y provisión de cobranza dudosa del
período, y los ingresos operacionales totales que obtiene. Es decir, nos indica la proporción de los
costos y gastos desembolsables que logran ser cubiertos por los ingresos
operacionales que percibe la empresa. Este indicador es de gran importancia
para garantizar la sostenibilidad de los servicios, puesto que si es mayor que
100 % , la empresa no estaría cubriendo la totalidad de sus costos y gastos
desembolsables con la tarifa que estarían aplicando, lo cual pondría en riesgo
las operaciones de la empresa, impidiendo asimismo la ejecución de inversiones
con recursos propios, lo cual contribuye a la desmejora de la calidad de los
servicios. Como se podrá apreciar en tumbes se tiene 121 % ; Lambayeque 98% , Piura 93 % y así respectivamente, corroborándose el mal estado de las Empresas y por consiguiente , el deficiente servicio de agua que brindan a la población.
Urgente necesidad del cambio en el modelo de gestión
Hace quince años atrás, publiqué los resultados de mis investigaciones alertando de la penosa situación que pasaría el Perú si es que no mejoraban los servicios en el sector agua y saneamiento.
Cité en ese entonces que la empresa Aguas de Tumbes presentaba una relación de trabajo del 115% y que en la actualidad su situación desmejoró llegando a 121%.
Asimismo indiqué que ante el incremento de la inversión se
produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta
inversión no es persistente y se acompaña con una ineficiente gestión empresarial, esta
cobertura no será sostenible en el tiempo. En ese sentido los estudios tarifarios aprobados por el regulador SUNASS en el 2021 que involucran inversiones ascendentes a 2,859.3 millones de soles para aplicarse en el periodo 2021-2025, no alcanzaría a mejorar las áreas críticas impactadas por el COVID-19 en la franja desértica costera del país y con ello la elevada morbimortalidad por efecto de las enfermedades infecciosas respiratorias y diarreicas agudas por falta de agua, se mantendrán endémicas en el tiempo.
Como es ya sabido, Perú como país megadiverso, viene siendo afectado por efectos del cambio climático y externalidades de origen antrópico, ya que la inadecuada gestión de sus recursos naturales produjo el nivel de contaminación que hoy en día la Pandemia por COVID-19 evidenció al situarlo como el país con la más alta mortalidad per cápita por millón de habitantes en el mundo.
Necesidad de infraestructura resiliente
Una de las acciones necesarias tras la eventual probable declaratoria de emergencia climática y ambiental es invertir en infraestructura resiliente, que permita poder contar con una capacidad operativa en las zonas urbanas adaptable a la realidad que viene sufriendo el país de los incas. A modo de ejemplo, citaré el caso de la autonomía de abastecimiento de agua a las ciudades del país, como es el caso de Lima y Callao.
La cuenca del río Rímac, la más estudiada del país, es la fuente que abastece de agua a la capital de la República, que en la época de avenidas, cuenta con episodios de turbiedad trasladando en sus aguas gran cantidad de sólidos en suspensión, obligando a su planta de tratamiento de agua potable adoptar medidas para garantizar la continuidad del servicio y eliminar posibles interrupciones del suministro de agua a la ciudad.
Estado de situación y caudal del río Rímac al 15 de Noviembre del 2021
Es así que la limpieza del cause para evitar posibles inundaciones no resultan siendo suficientes si es que de evitar restricciones de agua para consumo humano se refiere a los diferentes distritos que conforman Lima metropolitana y el callao.
En tal sentido, se hace altamente recomendable ejecutar medidas inmediatas en el manejo y gestión de las aguas superficiales y subterráneas, que incorporen infraestructura resiliente garantizando el recurso hídrico para diversos usos en la ciudad capital y ciudades inidentificadas como altamente vulnerables a los efectos del cambio climático en el resto del país.
Desde este espacio saludo que la actual administración en transición del Estado peruano atendiera nuestra petición y decidiera finalmente sincerar la cifra de muertes por COVID-19.
Afectación pulmonar por COVID-19,limita oxigenación y pone en riesgo la vida de la persona.
El subregistro fue compensado con el importante número de muertes ocurridas en viviendas y enterrados en cementerios informales ante el colapso de los servicios de atención a la salud pública, así como con el reporte del sistema nacional de defunciones e informes del interior del país que cuenta con una compleja geografía, especialmente en las áreas rurales andinas y zonas dispersas de los ríos en la amazonía.
Poblaciones vulnerables
El COVID-19 cambió en la praxis la denominación de poblaciones vulnerables, que se limitaba a poblaciones de extrema pobreza y a pueblos originarios; así como a personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, que se encuentran limitados para ejercer su derecho natural.
La pandemia hace necesario repensar esta definición en Perú y vincular la vulnerabilidad a los impactos generados por el COVID-19 en virtud al espacio geosocial ocupado por poblaciones en cuencas altamente vulnerables por efectos del cambio climático.
Además de la falta de atención por el colapso en los servicios de salud pública y la carencia de oxígeno, la escasez e inadecuada calidad de agua resultaron decisivas para coadyuvar en las muertes acontecidas por la enfermedad infecciosa y potenciales muertes de cara al futuro.
La franja costera peruana - desde Tumbes hasta Ica - donde es alta la presión demográfica y existe poca disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano directo, influyeron decididamente en las cifras presentadas, donde Lima y callao continúan siendo claramente las mas afectadas por el número de muertes registradas.
Agenda pendiente
Además de la inmunización a través de la vacunación masiva y oportuna, la siguiente administración del estado peruano que se elegirá este 6 de junio y entrará en funciones a partir del 28 de julio, deberá atender prioritariamente a las poblaciones mas vulnerables y así evitar el galopante incremento de muertes directas e indirectas ocasionadas por la Pandemia que en Perú se encuentra en su denominada segunda ola, siendo factibles la recurrencia de subsiguientes olas que deberá enfrentar con prevención y precaución en todos los niveles de gestión del Estado, incluyéndose a la participación activa de todas las organizaciones y fuerzas vivas del país en los sectores público y privado.
Transcurrido un año desde el arribo del virus al país, los hechos y las cifras que arrojan el manejo y gestión para el control de la enfermedad infecciosa provocada por el COVID-19, ha demostrado ser un evidente fracaso por parte del Estado peruano. Pese al heroico esfuerzo desplegado por patriotas hombres y mujeres - que ofrendaron sus vidas al enfrentarse directamente al enemigo invisible - no se ve luz al final del túnel pues hasta la fecha se observa una lucha asimétrica.
En este contexto, deviene en sustantiva la necesidad de ajustar la política de salud en el tiempo mirando al hombre y a su entorno, para evitar el exterminio deliberado de los desposeídos localizados en territorio peruano.
De las partes en conflicto
Por un lado, tenemos a la Nación peruana y refugiados venezolanos, con un sistema de salud colapsado con antelación, así es, pues el virus encontró a la salud pública peruana desprotegida, no es nueva mi afirmación, pues ya desde hace tres décadas atrás lo vengo sustentando en mi paso por el Ministerio de Salud, enfrentando a la epidemia de El Cólera, reiterando posterior y recurrentemente esta situación caótica en diversos escenarios, como en el Congreso de la República, Palacio de Gobierno en el Gobierno Central y las aulas universitarias en mi labor docente.
El activismo de los tomadores de decisión, no les permite escuchar a quienes por la experiencia indicamos que la salud pública debe verse en forma integral, pues tiene características sistémicas.
Atender a la salud de las personas demanda esfuerzos holísticos; incorporando a la importante labor curativa asistencial, acciones para lograr la recuperación y rehabilitación de las mismas, así como la fundamental salud preventiva, de la que tanto se habla pero que en la praxis no se ejecuta a cabalidad. Es así que alcanzar el completo bienestar físico y mental de las personas en Perú se torna en quimera.
De otro lado, se encuentra el SARS-CoV-2, que fortalece su cepa inicial en el tiempo con sus mutaciones, habiéndose adecuado a la realidad peruana con la variante brasileña.
Las reacción lenta y poca capacidad de respuesta por parte del Estado peruano, alienta avanzar decididamente al enemigo representado por la enfermedad infecciosa, aprovechando de éste el valioso tiempo que pierde por la ausencia de planeamiento, actuando entre urgencias y emergencias, desplegando el temor con la amenaza de hacerse endémica en parte de su territorio.
Sobre los hechos y cifras
Resulta dramática las cifras de caídos directa e indirectamente que presenta Perú en su lucha frente al virus. Las 114.943 defunciones existentes pre-COVID-19 en el país (Año 2019) se incrementó a 211.736 (Año 2020) y progresa a 77.523 ( primer trimestre del 2021).
Un dato importante que anotar en lo que va de este último año 2021, es la proporción de defunciones producidas en Lima y Callao (38.699) respecto a las defunciones ocurridas en el resto del país (38.824).
De continuar esta tendencia, las muertes durante todo el año 2021 superará la cifra de doscientos mil defunciones, presentándose la mitad de estas en Lima y Callao.
Es un hecho que el COVID-19 , con su variante brasileña es la que se acentúa en territorio peruano, dejando en menor escala a las variantes inglesa, sudafricana e india de doble mutación; y eventualmente otras que se vayan identificando.
Sin perjuicio de los subregistros existentes por la Pandemia en Perú, cabe precisar que Perú (1.500) supera a Brasil (1.400) en el número de muertos por millón de habitantes, pese a que Brasil supera en 6.4 veces en población a Perú.
De los factores que influyen en la lucha asimétrica
Las limitaciones existentes en el acceso a la inmunización a través de vacunas para mitigar casos extremos de enfermedad producida por COVID-19, es sólo comparada con el limitado acceso en el tiempo al agua para consumo humano en el país.
Diez por ciento (10%) de la población peruana no tiene acceso al agua por red pública, estamos hablando de una cifra superior a tres millones de personas, las mismas que se encuentran focalizadas en espacios altamente vulnerables a enfermedades infecciosas producidas por virus y/o bacterias.
El hacinamiento en las viviendas, sumado a la falta de agua segura, constituyen caldo de cultivo para la propagación del COVID-19 y las consecuentes defunciones derivadas de los estados críticos de la enfermedad.
En la fecha, se registra 2.276 pacientes en estado crítico y se supera los dos mil enfermos que se encuentran esperando un espacio en las unidades de cuidados intensivos, ante el colapso de los servicios de atención públicos de salud en el país.
Esta situación obliga al tratamiento domiciliario de los enfermos, los cuales demandan de oxígeno y medicamentos diversos para el tratamiento de la enfermedad.
A la población que no cuenta con agua en Lima, se le añade el dato de trescientos cincuenta mil personas que se abastecen de agua a través de camiones cisterna, los cuales no aseguran necesariamente su potabilidad y dejan abierta la posibilidad de enfermarse, continuando con el ciclo perverso de la propagación de enfermedades; y todo esto sin perjuicio del contagio intrahospitalario que también se encuentra latente.
De la mitigación de defunciones
De los reportes epidemiológicos oficiales se toma conocimiento que el COVID-19 se encuentra diseminado en todo el territorio nacional, sin embargo, existen las condiciones para planificar y aplicar nuevas estrategias sustentadas en una política de salud vinculada a la realidad peruana que tome en cuenta al hombre y su entorno en las diferentes áreas geosociales, pisos altitudinales y cuencas del territorio peruano, de tal modo que se pueda ir ganando espacios al virus, liberando zonas de la presencia del enemigo invisible y así dinamizar su economía ralentizada en espacios importantes del país andino - amazónico y que tiene la mayor parte de su población asentada en una costa desértica sin mayor acceso y disponibilidad al recurso agua.
En tanto transcurra el tiempo entre olas virales y cuarentenas, seguirán cayendo sanitaristas, como es en el caso del ingeniero Gustavo Sergio Sedano Fabián, quien laboraba en el área de operación y mantenimiento de la empresa prestadora de servicios de saneamiento SEDAPAL en San Juan de Lurigancho, el distrito mas grande del país localizada en Lima.
Ing. CIP Gustavo Sergio Sedano Fabián, descansa en paz.
Seguidamente presento el resumen de las lecciones aprendidas de las experiencias en América Latina y el Caribe, expuestas en el documento para discusión N° IDP-DP-00845 publicada por la División de Agua y Saneamiento del BID, respecto a la provisión de agua potable a las poblaciones sin acceso a redes durante la emergencia por COVID-19 :
En situación de crisis sanitaria, el Derecho al Agua y al Saneamiento se vuelve imprescindible
para asegurar la salud pública, y pone en relevancia el esfuerzo focalizado a
la implementación del mismo.
Los gobiernos, a través de sus prestadores, deben
propender a conseguir un acceso seguro a los servicios de agua y saneamiento
para sus poblaciones.
Para los prestadores pequeños resulta clave fomentar la
asociatividad entre varios de ellos con el fin de fortalecer sus capacidades
administrativas, operativas y financieras, lo que pueda mejorar su gestión en
sostenibilidad y enfrentar con mayor solvencia adversidades como la pandemia.
En tiempo de crisis
se vuelve muy importante mantener la comunicación y buena relación entre el
prestador y el usuario del servicio, para solucionar en forma viable los
problemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Durante la pandemia
se ha visto la necesidad de reforzar la seguridad física de las instalaciones
de agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión de estos servicios,
en razón del incremento de robos y vandalismo generados por la crisis económica
y social.
Las soluciones alternativas para la dotación de agua a
poblaciones sin servicio continuo no son las más eficientes desde el punto de
vista técnico, económico, logístico y social; pero se vuelve necesarias en
situaciones de emergencia.
Los prestadores deben disponer de estudios y diseños para
proyectos de agua potable y saneamiento previo a la consecución de un
financiamiento, esto permite la ejecución rápida de obras, especialmente en
casos emergentes como los ocasionados por la pandemia.
Los prestadores han
experimentado durante esta crisis sanitaria la necesidad de reforzar el trabajo
de protección de fuentes sustentado en lineamientos apropiados que garanticen
la disponibilidad de agua para sus clientes y para poblaciones vulnerables sin
acceso a servicio a través de redes.
Los prestadores han visto la necesidad de realizar
programas permanentes de consumo responsable del recurso agua, debido al
incremento en la demanda, que generó el cambio de hábitos sanitarios durante la
pandemia.
Los prestadores asimilaron durante esta pandemia la
importancia de disponer de planes para la entrega de agua en situaciones
emergentes y en especial para poblaciones vulnerables que no disponen de
servicio a través de redes.
Las entidades prestadoras deben contar con opciones de
abastecimiento de agua mediante acciones que realizan tener redundancia en sus
sistemas, por ejemplo circuitos hidráulicos, interconexión entre plantas,
tanques y redes, pozos en reserva, y reservorios emergentes.
Los prestadores deben gestionar oportunamente el
financiamiento y avales para intervención en soluciones de provisión de agua y saneamiento
para poblaciones vulnerables sin acceso a servicios mediante redes.
Los prestadores
deben prever la asignación de recursos financieros y recursos humanos a nivel
de los cuadros técnicos de reserva para la atención de situaciones emergentes.
Cada prestador
debe identificar y definir las necesidades y las mejores soluciones para
dotación de agua y saneamiento a sus poblaciones según sus características
sociológicas, culturales, regionales y geográficas.
La provisión de agua potable a poblaciones sin acceso a redes usando camiones cisterna es el más utilizado por emergencia-COVID-19
A modo de reflexión
La situación sanitaria ocasionada por la pandemia evidenció la necesidad de que los prestadores de servicios de agua y saneamiento cuenten con planes de emergencia para la provisión de agua a sus poblaciones y en especial a los más vulnerables que no cuentan con servicio a través de redes.
Se ha identificado claramente que en esta condición de crisis sanitaria el abastecimiento de agua potable ha adquirido una importancia muy relevante priorizando este servicio por sobre el de saneamiento por parte de los prestadores de servicios.
La provisión de agua potable a poblaciones vulnerables sin acceso a servicio mediante redes ha demandado de los operadores de la región la implementación de soluciones alternativas para cumplir con una responsabilidad social y de salud pública, debido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto al lavado frecuente de manos con agua y jabón en el afán de Contribuir a mitigar el contagio de la COVID-19.
El futuro de parte de las reservas de agua que tiene Lima, la segunda ciudad poblada más grande del planeta enclavada en un desierto, se decidirá ante una jueza constitucional, donde las partes en controversia, sustentarán sus posiciones frente al proyecto de una represa de relaves mineros que amenazaría reservas de agua para abastecer a la capital de la república peruana.
Características del proyecto Ariana.
La represa de relaves forma parte del proyecto Ariana, una mina subterránea de cobre y zinc propiedad de la empresa Southern Peaks Mining (SPM), ubicada por encima de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar en la región central de Junín, en los Andes peruanos. El proyecto Ariana contaría con reservas de 6.2 millones de
toneladas de mineral y tiene previsto procesar dos mil toneladas métricas diarias
para producir concentrados de cobre y zinc, con un plazo de explotación estimado de diez años.
Reservas de agua para Lima, vienen siendo vistas por el poder judicial peruano.
Posición de la EPS SEDAPAL de Lima
La revista especializada Energiminas publicó - en agosto del 2018 - que la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado de Lima (EPS SEDAPAL) remitió una carta al ministro de Energía y Minas de ese
entonces, mostrando su preocupación por las condiciones en las que se construiría y operaría el depósito de relaves del proyecto minero Ariana.
Esta preocupación
se sustenta básicamente en el depósito de relaves del futuro proyecto, situada en
la cuenca del alto Mantaro (Junín),depósito que es
adyacente al Túnel Trasandino Cuevas, una de las principales fuentes de
trasvase de agua con que cuenta la EPS SEDAPAL para abastecer de agua a Lima y
Callao.
A mayor
abundamiento, el agua de la cuenca del alto Mantaro es trasvasada hacia el río
Santa Eulalia de la cuenca del río Rímac, usando el túnel trasandino
Cuevas-Milloc del sistema Marcapomacocha, y en la zona del proyecto.
SEDAPAL
indica que el Túnel Trasandino representa el 62% del volumen total de la reserva de aguapara su uso durante
los meses de estiaje (de mayo a noviembre) en Lima, por lo que es vital asegurar que no se vea interrumpida el agua que llega Lima.
SEDAPAL solicita que la minera adopte elevados estándares, tomando
en cuenta que el diseño de cimentación de la represa de relaves se encuentra
sobre una capa de depósito lacustre, habiendo riesgo de rotura de la represa,
licuación estática de los residuos mineros y su fuga del depósito, que podría
afectar el agua que se conduce por el túnel Cuevas.
Asimismo, SEDAPAL solicitó que SPM presente garantías de
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Ariana debido a sus
antecedentes en la unidad minera Quiruvilca, en La Libertad.
Posición de Ariana Operaciones SAC.
La posición de Ariana Operaciones Mineras SAC, subsidiaria
de SPM – en septiembre del 2018- considera que las preocupaciones de SEDAPAL
no tiene sustento, en razón a que la empresa minera no solo cumplió con todos los requisitos técnicos y legales para la obtención de sus
autorizaciones y permisos, sino que desde el año 2015 y durante la tramitación
de los procesos para desarrollar Ariana, ha participado SEDAPAL y a lo largo de estos años no manifestó oposición alguna, pese a que conocía de la construcción de la represa de relaves y de su exacta ubicación.
La represa de relaves, al igual que todos los demás componentes, se
construirá y operará con los estándares técnicos y legales exigidos para dichas
obras, habiéndose evaluado los riesgos y vulnerabilidades dentro de los
procedimientos sectoriales, motivo por el cual el Ministerio de Energía y Minas otorgó las autorizaciones respectivas.
En ese sentido, se cuenta con el Estudio de Impacto
Ambiental detallado (EIAd) aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en
mayo del año 2016 y con la opinión
favorable de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Agricultura y
Riego; la autorización de construcción desde el 10 de julio del 2018 y la
aprobación de modificaciones del EIA correspondientes a dos Informes Técnicos
Sustentatorios -ITS aprobados en enero 2019 y marzo 2020.
Sobre las garantías de cumplimiento solicitadas
Las garantías solicitadas por SEDAPAL se relaciona con el incumplimiento
de obligaciones ambientales de la Compañía Minera Quiruvilca S.A, quien no
ejecutó el plan de cierre de la mina Quiruvilca, compañía minera que en ese
entonces habría sido empresa subsidiaria de la empresa SPM, propietaria del Proyecto Minero Ariana que ejecuta la empresa Ariana
Operaciones Mineras SAC.Este eventual incumplimiento _ explicados en documentos
anexados al Informe 005-2021-GRLL-GRDN-SGDC/SLM, que sustenta la solicitud de
prórroga de la Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente ante
la contaminación del río Moche (Oficio 348-2021-GRLL/GOB dirigida al Jefe de
INDECI) - generaría niveles de
contaminación de las aguas, pues desde enero 2018 a enero 2021, lapso durante
el cual los materiales tóxicos de la relavera se filtraron y vienen contaminando
las aguas del río Moche; hecho que pondría en duda la responsabilidad ambiental de
SPM, toda vez que su subsidiaria la Compañía Minera Quiruvilca S.A, a fines del 2017, quien
después de haberse declarado en quiebra, dejo de operar y abandonó los
componentes mineros sin cumplir con el plan de cierre de la mina.
Dos escenarios de riesgo ante el eventual colapso de la represa de
relaves
El primer escenario de riesgo, se presentaría en la subcuenta del río
Mantaro cuyos impactos se extenderían al río Mantaro e instalaciones
adyacentes, en Junín. El segundo escenario; sería
la obstrucción y colapso de la infraestructura que traslada agua de la cuenca de Junín al Túnel Trasandino, tales como la bocatoma de
aguas y los canales que transportan el agua, identificándose al más vulnerable
el canal Tucto; generando el colapso temporal y/o contaminación de las reservas
de aguas que abastecen Lima y Callao. Para mitigar el riesgo de colapso de la represa de relaves,
la ingeniería del depósito de relaves contempla un dique principal antisísmico con una base de 200 metros, altura de 28
metros y la operación con un borde libre de 4 metros. Para atender la vulnerabilidad del canal
Tucto, se ha previsto la implementación de tres diques de contención
antisísmicos adicionales.
Controversia ante los tribunales
A inicios de 2019, empezó la construcción del proyecto en el distrito de Marcapomacocha (Junín) y en mayo del mismo año, se presentó la demanda ante el Sexto
Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual fue interpuesta por un colectivo con la pretensión que
se disponga el cese inmediato del proyecto polimetálico Ariana, por representar una amenaza cierta e inminente a los derechos a la vida en un
ambiente adecuado y equilibrado, y al derecho de acceso al agua potable. La demanda es contra el Ministerio de Energía y Minas, y específicamente en contra la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM),
contra la Dirección General de Minería (DGM), y finalmente contra la Empresa
Ariana Operaciones Mineras S.A.C., representada por su Presidente de
Directorio; pidiendo se declare la nulidad de la Resolución Directoral Nº
127-2016-MEM/DGAAM, de fecha 29 de abril de 2016, con la cual la DGAAM del MEM
aprobó el EIA para la etapa de explotación del Proyecto Ariana; la Resolución
Directoral No 0137-2018-MEM-DGM, de fecha 31 de mayo del 2018, emitido por el
Director General de Minería, mediante la cual se autoriza el plan de minado del
proyecto de explotación Ariana y; la Resolución No 0602-2018-MEM-DGM/V, de
fecha 10 de julio de 2018, emitido por el Director General de Minería, mediante
la cual se autoriza a la mina Ariana la construcción de la Planta de Procesos
Metalúrgicos, Deposito de Relaves e instalaciones auxiliares.
Puntos controversiales
El principal punto en controversia está referido a los estudios sobre posibles fallas de represas de relaves en Perú y su aseguramiento en términos de su resistencia ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural u antrópico, que podrían desestabilizarla y hacerla colapsar. Asimismo, las consideraciones que se habrían obviado en la operación y mantenimiento post análisis de estabilidad sísmica que debieron ser incluidas en el Plan de mitigación de daños. Finalmente , sobre el adecuado margen de seguridad para evitar accidentes ante intensas precipitaciones que pudieran presentarse ante evidencias del cambio climático en los Andes.
Cabe precisar que el precitado Túnel Trasandino no está considerado
como una fuente de agua y en consecuencia no tiene las salvaguardias correspondientes, pese a que representa un importante aporte como porcentaje al volumen total de la reserva de agua para su uso durante los meses de estiaje en la capital de la República peruana.
Estado de situación
En agosto del 2020, se realizó la audiencia, con la participación del Ministerio de Energía y Minas , la empresa minera Ariana y el colectivo de los demandantes. A la fecha se espera la sentencia, en cualquier escenario ambas partes se preparan para recurrir a instancias superiores, una situación que es esperada en procesos constitucionales y judiciales. En este sentido, si la demanda fuera rechazada, sería impugnada ante la Sala Civil competente de la misma Corte de Lima, pudiendo confirmarse o revocarse la sentencia. Si la sala revoca y le da la razón a los demandantes, el proceso queda ahí.
Si la sala confirma la sentencia del juez de primera instancia que rechazó la demanda, es posible apelar ante el Tribunal Constitucional el cual se pronuncia en última y definitiva instancia a nivel nacional; por lo demás, quedan las instancias supranacionales para zanjar un tema que no tendría que haberse producido si es que se hubiera atendido el "expediente Ariana" resolviendo las inconsistencias de carácter técnico con la diligencia y en la oportunidad debida, salvo mejor opinión.
El Dato
► Gran parte de ciudadanos en Lima y Callao, desconocen este problema del agua en ciernes.
► Sería importante conocer la opinión sobre el particular de los candidatos presidenciales en las actuales elecciones generales 2021 y así mismo; de los postulantes al Congreso por las circunscripciones electorales de Lima y Junín.
La vulnerabilidad de Lima fue
incrementándose progresivamente hasta que en los últimos treinta años, se
encuentra en cuidados intensivos, pues vivir allí implica una constante
lucha por la supervivencia. Los gobiernos populistas en Perú,
hicieron galopante la presión demográfica sobre los servicios básicos en un
espacio geográfico caracterizado como ecosistema de oasis, donde el recurso
agua resulta cada vez más escaso en cantidad y calidad. Históricamente Lima jugó un papel
preponderante en las elecciones de los mandatarios en Perú, las elecciones del
2021 no serán una excepción pues Lima representa actualmente el orden del 30%
de la población electoral total del país que supera los 25 millones de
personas.
Viviendas construidas con anuencia del gobierno Local en riveras del río Rímac-Lima.
El discurso político por dotar con
el servicio para consumo humano directo y lograr la cobertura con el servicio
de este vital recurso, fue una constante para ganar las elecciones
presidenciales durante los doscientos años de vida republicana en el país de
los incas y particularmente en su capital Lima.
Actualmente millones de personas
tienen aún lejanas sus opciones de lograr acceso y disponibilidad al agua en este
escenario, motivo por el cual se eleva los riesgos potenciales de vivir en
Lima. Ello, en razón a que no existe en cartera inversiones importantes
previstas para mejorar los servicios de agua en la capital peruana; asimismo,
no se muestra capacidad ni calidad en el gasto público que hiciera pensar en
una mejora de los servicios de agua en el corto plazo. Hace tres décadas atrás escribí
algo similar en razón de la epidemia de cólera que azotaba Perú y Lima en
particular, recomendando en ese entonces dar mayor importancia a las inversiones
que permitieran cerrar las brechas en infraestructura para dotar de agua en
puntos críticos de Lima; pasado el tiempo, con la epidemia del COVID-19 se
encontró nuevamente a Lima sin agua, permitiendo el arrollador avance del
virus, dejando una estela de muerte y desolación a su paso. El reporte total de muertes anuales
en Lima, se incrementó 10% en el periodo 2019-2020, con grandes probabilidades
de seguir incrementándose en el 2021 y posteriores años. El desborde de la corrupción de
la cosa pública en el manejo del agua constituye uno de los elementos que
atribuye el inconsciente colectivo como causa de la inacción en las sucesivas
administraciones de gobierno para tratar el tema álgido del recurso hídrico en
Lima, agravándose con el pasar del tiempo por efectos del cambio climático elevando
los niveles críticos de la inadecuada gestión del agua.
Resultaron infructuosas nuestras recurrentes advertencias para prevenir la crónica de las muertes anunciadas, pues el Estado empírico actúa reaccionando ante los hechos consumados.
Prevención en caso de sismo en Lima
Pende como una espada de Damocles, la probabilidad de presentarse un sismo de importante en Lima, el cual considera un escenario sísmico en Lima metropolitana y Callao de 8.8 Mw que se encuentra documentado y difundido oficialmente por el sistema de defensa civil desde el año 2017.
No cabe duda que el agua jugará un importante rol para evitar los miles de muertes proyectados ante la ocurrencia de este evento.
Un elocuente indicador en Lima, es el marcado desbalance existente entre el número de unidades de bomberos con capacidad de atender en forma simultánea incendios de grandes proporciones , versus la presión de agua en lugares críticos, en donde o no hay hidrantes, no se cuenta con facilidades en las vías de accesos para atender las emergencias, o simplemente se carece de agua para sofocar las llamas.
Todo ello sin perjuicio de la imperiosa necesidad por atender con el servicio de agua a una población sensibilizada post desastre, a los efectos de evitar mayor presencia de enfermedades epidémicas de origen hídrico o por carencia de agua.
Latinoamérica viene viviendo el paso de la Pandemia del COVID-19, y en algunos países tardará la recuperación deseada tras la crisis de salud, social, económica, ambiental y política en que nos ha sumido en esta parte del planeta la enfermedad transmisible infecciosa, que amenaza en convertirse en una enfermedad endémica para la región.
Ruido Político
Quienes trabajamos hace décadas por hacer posible que el agua de consumo humano llegue a las poblaciones mas vulnerables de latinoamérica, vemos con preocupación que grupos de poder persisten en mantener excluidas a poblaciones desplazadas por el sistema implantado por un crecimiento y desarrollo mal entendido.
Bolivia, se declaró en Estado de catástrofe nacional atribuyendo a la sequía e incendios forestales, por lo que tiene acceso a la ayuda internacional para paliar esta situación; otros países latinos declararon sus territorios en emergencia nacional, sin embargo podrían alcanzar el nivel de catástrofe de no mediar las acciones preventivas necesarias post emergencia.
Los cambios en las administraciones de los gobiernos latinos, generan un ruido político que podría desestabilizar aún mas la frágil salud pública de la región, en razón que los tecnócratas priorizan políticas económicas para impulsar la producción y soslayan el alto costo social que representa continuar relegando a poblaciones vulnerables que se encuentran en los bolsones de pobreza junto a las ciudades, muchas de las cuales alcanzan el estándar de ciudades del primer mundo.
La disponibilidad y acceso al agua y saneamiento devienen en fundamentales para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas, esto lo repito transcurrido tres décadas después que apareciera la epidemia de cólera en Perú, cuando logramos contenerla con acciones inmediatas, las cuales pasaban necesariamente por brindar una AGUA SEGURA.
Agua Segura
Dotar de agua segura a la población en general es absolutamente indispensable para mantener niveles adecuados en la salud pública, esto lo sabemos por experiencia de campo los especialistas que trabajamos en escenarios como Perú y otras realidades similares de América Latina.
El caso peruano se viene agravando peligrosamente desde hace décadas atrás por las inadecuadas políticas implementadas en el sector y la deficiente gestión realizadas en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
Los expertos ya habíamos manifestado con detalles las deficiencias existentes en el agua para consumo humano antes del arribo del COVID-19 al Perú, la cual impactaba reduciendo el sistema inmunológico en poblaciones afectadas por carencia de agua o con problemas de calidad de agua; el COVID-19 sólo evidenció esta situación ante los ojos del mundo, al situarlo entre los países mas impactados del mundo.
Agenda pendiente
Las nuevas administraciones en la región, deben estudiar con detenimiento el manejo político y nada técnico de la gestión del agua en Perú, donde es necesario redoblar esfuerzos para mejorar la gobernabilidad y gobernanza en este extremo. En este espacio pude explicar la dicotomía del agua en términos de cantidad y calidad que políticamente están encargados, por un lado, al sector agricultura que incorpora temporalmente a una autoridad nacional del agua que con sus autoridades locales de agua y las autoridades administrativas de agua, se encuentran en tránsito para ser incorporados por un Ministerio del Ambiente que no termina por "crearse" y por otro lado, tenemos al sector salud que mira la calidad del agua, sin embargo, por cuestiones de los diversos usos del agua, tenemos a un ministerio de vivienda y construcción saneamiento, quien se encarga de promover la instalación del suministro de agua y alcantarillado en todo el país, vale decir, de atender a las zonas urbanas y rurales del Perú. De otro lado tenemos al regulador, que tiene bajo su radar regulador a las denominadas Empresas Prestadoras de servicios de Saneamiento (EPS), mas no a las atomizadas zonas rurales que escapan de su efectivo control. A esto se le agrega el manejo político de las EPS por parte de los alcaldes provinciales y el manejo político de un Estado que impulsa las inversiones en sectores productivos y extractivos, ralentizando el accionar de instituciones como OEFA,SENACE,OTASS, entre otras que polarizan un escenario donde el recurso agua es cada vez mas escaso, particularmente en la costa peruana, donde los efectos del cambio climático, la contaminación de las aguas y la falta de cultura del agua, franquearon el paso a la crisis del agua que ya se deja sentir en varias localidades del país.
Para superar esta crisis del agua y mejorar el estado de la salud pública , es fundamental que las nuevas administraciones de gobierno, incluyendo los organismos multilaterales que apoyan el desarrollo de países de la región, impulsen políticas integrales de desarrollo, priorizando la gestión del agua, dándole un rostro humano y el respeto a la naturaleza donde habitamos.
Los principales indicadores que permiten comparar el
grado de acatamiento de la cuarentena a nivel mundial señalan no sólo que
el Perú no estuvo entre los países que mostraron menores niveles de disciplina
social, más bien lo contrario. La disposición al acatamiento y al sacrificio de
la población fue relativamente elevada. Si se quiere entender el porqué de la
mala situación del país, tal vez se debería observar con más cuidado a otros
componentes, como es el caso del estrés hídrico. El alto estrés hídrico en Perú, con especial énfasis en la costa desértica peruana, puso al país como uno de los mas afectados por el COVID-19 en el planeta.
Mediante diversas fuentes e indicadores se observó la medida
en la cual los peruanos tuvieron una conducta coherente con una cuarentena
estricta.
Una encuesta de IEP , tomada en mayo del 2020, mostraba que
el 75% de los peruanos consideraba que la principal razón por la que no se ha
podido controlar la epidemia de la COVID-19 es “por los ciudadanos
irresponsables que no cumplen con las disposiciones del gobierno”. Es decir, la
inmensa mayoría de los peruanos considera que el contagio extendido de COVID-19
se debe a la baja disposición de la población para acatar las medidas de
aislamiento social y de cuidado personal necesarias para reducir su propagación.
Hay quienes explican esto en función a múltiples causas, entre las que se
encuentran la alta informalidad, precarias condiciones de vida de gran parte de
la población, la falta de educación o el sistema de valores de la población.
Dado que el impacto de la COVID-19 en el Perú ha estado entre
los más fuertes del mundo se esperaría que el acatamiento de la cuarentena
estaría entre los más bajos también.
Mediante diversas fuentes e indicadores se observó la medida en la cual los peruanos tuvieron una conducta coherente con
una cuarentena estricta. Hemos encontrado que, a diferencia de lo que muchos
creen, el acatamiento de la cuarentena en
el Perú fue más respetado que en los países más exitosos de la región.
El primer indicador consiste en Google Community Mobility
Report, el cual acopia datos respecto al desplazamiento de las personas con
celulares con sistema Android. Para los primeros sesenta días de cuarentena,
justamente cuando la epidemia se propagó con mayor rapidez, se puede observar
que el Perú se encontró entre los países con mayor reducción de visitas a
tiendas, supermercados, parques, estaciones de transporte y lugares de trabajo
del mundo.Se argumenta que estos reportes no son válidos
para el Perú puesto que gran parte de la población no tiene acceso a
smartphones, sin embargo, la penetración de smartphones en hogares a nivel
nacional es 73.4% y en el caso de Lima, una de las ciudades más golpeadas
por COVID-19 del mundo es 91.2%. En Lima la reducción en el desplazamiento
en el periodo mencionado llego al 75.7%.
Otra fuente de información consiste en el reporte de Big
Data del BBVA Research que recolecta información respecto a la conducta de
gastos en el Perú. Al analizar el reporte se observó que la caída más
abrupta en pagos con tarjeta en físico (-75%) fue en el caso peruano. También
tuvo la caída más fuerte en retiros de dinero de cajeros automáticos, lo cual
se halla fuertemente asociado a las actividades del sector informal, llegándose
a una caída de 61%.
Otros indicadores de desmovilización se pueden obtener del
Tablero de Impacto del Coronavirus del BID. El primer indicador llamativo
consiste en el de intensidad de Congestión de Tráfico por país.Esto
nos señala la severa reducción en el uso de vehículos que se dio durante la
cuarentena en Lima.
Otro indicador llamativo mostrado por el BID es el referente
a disminución en la emisión de dióxido de nitrógeno. Este compuesto químico
está asociado al uso de combustibles fósiles, es decir, su caída es un
indicador de la disminución de uso de vehículos. Se acopió datos de 7 ciudades
importantes de Latinoamérica, mostrándose que fue Lima en la cual se dio la
caída más dramática en las emisiones.
Hay quienes podrían afirmar que datos de celulares y uso de
vehículos no reflejan la conducta de la mayoría de los peruanos sino de los
sectores más acomodados. En esta visión tendríamos sectores medios y altos con
elevados niveles de acatamiento y sectores populares con bajísimos niveles.
Pero esta visión no es coherente con los estudios de seroprevalencia en Lima
que mostraron niveles de exposición a la COVID-19 sin diferencias
significativas entre diversas zonas de
Lima independientemente del nivel económico.
Población sin acceso al agua potable
Para sustentar el tema del estrés hídrico y su influencia decisiva en el impacto del COVID-19 en el Perú, me apoyaré en una publicación titulada "Falta de agua en Lima : Análisis y soluciones" que tiene el sello de El Comercio, difundida antes del arribo a territorio peruano del COVID-19.
En esta publicación que data de abril del 2019, se indica que 870 mil viviendas no cuentan con agua potable, lo que implica el orden de 2 millones seiscientos mil habitantes tienen estas limitaciones, especialmente en zonas críticas como es el caso de Lima, ciudad levantada sobre un desierto.
La escasez de agua en Lima se presentan básicamente en los cerros y en viviendas construidas informalmente. En estos lugares la población llega a pagar un precio elevado hasta ocho veces más que la población que cuenta con el servicio de agua en sus domicilios.
Otro componente que influye en la falta de agua es la poca cultura hídrica existente, que genera pérdidas de agua y el uso irracional de este recurso, pese a que por efectos del cambio climático, los deshielos de los glaciares ubicados en la zona central del país, que constituyen las fuentes que proporcionan agua a la ciudad de Lima pueden desaparecer antes del 2045.
Necesario aumento en la capacidad de respuesta frente al COVID-19
En este sentido, se hace muy necesario difundir la cultura hídrica en el país, incorporando transversalmente valores inherentes al eficiente uso del agua, reuso , control de fugas, almacenamiento adecuado, ahorro, costo del agua (...) en los diferentes niveles de gestión de la administración del Estado y la sociedad civil. Asimismo, tender puentes para que el sector privado internalice la necesidad de sumar esfuerzos para mitigar la contaminación de las aguas que constituye un importante componente en el alto estrés hídrico que presenta el país, especialmente en la franja costera.
Los especialistas, ingenieros sanitarios y ambientales del Perú, indicamos con antelación las medidas que debieran adoptarse con el agua, incidiendo en los mejores hábitos de consumo, con énfasis en Lima, lo cual fue recogido en el año 2014 por una publicación de WWF bajo el título " Un frágil ciclo, agua energía y población en Lima", expresando su preocupación respecto al consumo y provisión
de agua de la ciudad de Lima y principalmente los cambios en los
ecosistemas naturales que la sustentan, es decir, la infraestructura verde que
almacena, regula y provee el recurso, todo esto antes del arribo del COVID-19 al país, lo cual se mantiene en la agenda pendiente para incrementar la capacidad de respuesta del país frente al COVID-19.
¿Porqué mientras el Planeta entero está en la tarea de usar los residuos sólidos y convertirlos en energía con grandes beneficios económicos y ambientales, en Perú lo vemos como problema para su adecuada gestión y disposición final? ; en los escasos rellenos sanitarios autorizados no llegan toda la basura producida diariamente en el país, siendo esta arrojada indiscriminadamente en botaderos a cielo abierto, causes de los ríos, cuerpos de agua,calles y plazas de las ciudades. Algo similar sucede con los residuos sólidos y peligrosos que no llegan a ser dispuestos en los pocos rellenos sanitarios especiales y de seguridad. Esto sucede pese a que existen leyes ambientales y sectoriales que asignan las funciones y responsabilidades para su gestión adecuada y disposición final. No es por desconocimiento, se debe a paradigmas que manejamos y el temor al cambio que debemos revisar y superar. El estado de las cosas hace que sigamos enseñando en universidades como se hace un relleno sanitario que posiblemente nunca se podrá construir y entrar en funcionamiento.
Con fecha 19 de diciembre de 1992 se creó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) mediante decreto ley Nº25965 a fin que proponga las normas para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria de excretas,rehúso de aguas servidas y limpieza pública,fiscalice la prestación de los mismos, evalúe el desempeño de las entidades que los prestan, promueva el desarrollo de esas entidades, así como aplique las sanciones que establezca la legislación sanitaria y recaude las multas y tasas que esa misma legislación
disponga.
Desde esa fecha, SUNASS se ha visto incapacitada de cumplir los fines para la cual fue creada por ley, y fue limitándose a reducir sus funciones, contribuyendo en acumular las condiciones que alimentaron la futura crisis ambiental que vivimos en el presente. Es muy facil identificar los cientos de miles de toneladas de residuos acumulados por años en quebradas que fueron activadas, las mismas que colmataron con sucesivos "huaycos" acompañando las escorrentías y avenidas que finalmente produjeron las inundaciones. Los registros de información, identifican grandes masas de escombros (no existen "escombreras" de residuos de construcciones en el país) y residuos sólidos como antesala a las aguas con alta turbieda desplazandose aguas abajo de los cuerpos de agua en diferentes cuencas hidrográficas afectadas en el país.
Así llegamos al 2017, con los embates de El Niño Costero entrando el sector en "crisis que agudiza la crisis crónica y acumulada". Sin embargo, los funcionarios que tuvieron la oportunidad de hacer algo por ordenar y reducir los niveles de crisis, se mantienen en los niveles de decisión con el rótulo de "personal con experiencia".
Agenda pendiente
La actual administración del gobierno central peruano se encuentra en un proceso de redefinición del sector agua y saneamiento en el país señalado por el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, enmarcado en la Política Nacional de Saneamiento establecida mediante Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA. Será un proceso traumático y duro por el temor al cambio.
Asimismo, se encuentra en proceso de elegir al nuevo presidente del consejo directivo del regulador SUNASS por cinco años, tiempo que estará marcado por la tarea de reconstrucción de los daños ocurridos en 908 distritos declarados en emergencia.
Este nuevo funcionario deberá asumir el activo y pasivo de la administración de la anterior administración que presenta problemas de capacidad y en calidad del gasto público.
Se gastan sólo seis de cada diez soles asignados para proyectos de agua y saneamiento en el país y se pierden dos por efectos de la penetración de actos de corrupción, particularmente en obras de construcción; eso hace que sólo llegue al usuario efectivamente 4 de cada 10 soles provisionados. Algunos en el país desean que esta situación permanesca invariable.
El Estado se defiende
Los poderes fácticos que tuvieron bajo control los fondos públicos destinados al agua y saneamiento, necesitan asegurar su continuidad, pero el Estado de derecho se defiende, identificando,denunciando y sancionando a través del poder judicial a malos funcionarios, entre los que se encuentran gobernadores (ex presidentes de gobiernos regionales), Alcaldes y otros tomadores de decisiones.
En este contexto, la necesidad de controlar a los organismos reguladores es muy alta, pues para subsistir necesitan de funcionarios obsecuentes que les permitan actuar bajo el radar de las leyes.
Acompañamiento mas no enajenación de funciones
Priorizar las prioridades es una necesidad en un escenario de crisis y en este sentido, es imperativo que el regulador SUNASS acompañe por un lapso determinado para la reconstrucción de los sistemas al ente Rector, el MVCS , quien es a su vez el coordinador del desarrollo e
implementación de la Política Nacional de Saneamiento. Este, propicia espacios de articulación intersectoriales, con todos los niveles de
gobierno y con la sociedad civil para la implementación, monitoreo y evaluación
del cumplimiento de dicha política.
No podrá entonces confundirse las funciones del regulador,que son razón de su existencia, estando que la gestión de riesgos no pueden seguir siendo soslayadas en los planes maestros optimizados, no siendo sólo una opción sino una necesidad para asegurar la continuidad y sostenibilidad de los servicios al usuario.
De las tarifas en el periodo de reconstrucción
Las tarifas por el servicio brindado por las empresas bajo regulación de SUNASS deben reflejar las necesidades que tiene el país para abrir una ventana de oportunidades al reconstruir en breve plazo las instalaciones y capacidades de las EPS que aprovechando economías escala puedan ser sostenibles. Las tarifas deben ser lo suficientemente atractivas para abrir paso a la inversión privada casi inexistente en el sector agua y saneamiento, de esta forma se podrá reducir los niveles de vulnerabilidad que presentan los sistemas y afianzar el agua tanto de fuentes superficiales como subterráneas, evitando cortes del suministro como sucediera en grandes ciudades de la costa peruana, incluyendo a Lima.
Este accionar podrá permitir que los recursos del Estado también puedan dirigirse hacia la zona rural, donde poblaciones nucleadas y dispersas en territorio nacional, demandan de los servicios básicos de agua y saneamiento.
Intervención de SUNASS en zonas rurales
De las lecciones aprendidas con el encargo de la limpieza pública y residuos sólidos a SUNASS, se desprende que hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos, en este caso para atender las zonas rurales, no es una opción aconsejable a tomar.
Esto,si no antes, se tomara las acciones de acondicionamiento y adecuación correspondientes. De mi paso por DIGESA del Ministerio de Salud, se puede rescatar algunas experiencias de los programas de la ex Dirección de Saneamiento Básico Rural, institución con amplia experiencia en zonas rurales del país, que contó con apoyo de países cooperantes con el Perú y proyectos que en sucesivas etapas con la agencia para el desarrollo internacional- AID de los estados unidos; así como la experiencia de agua para todos en zona rural, se pudo aterrizar con valiosas experiencias que dan cuenta de la frágil sostenibilidad de los programas en zonas rurales si es que no se toman en cuenta la intervención multisectorial en los espacios de intervención (MVCS-Salud-Educación) y el nexo agua-alimento-energía para estos poblados, donde la recuperación de la inversión se hará en términos de elevación de calidad de vida de los beneficiarios.
En este contexto, el primer paso que debería realizar SUNASS es atender las lagunas de información existentes en zonas rurales respecto a JASS y afines , con plataformas y programas similares a la captura y manejo de información AGRIMONITOR,una base de datos creada por el BID, la cual tiene la función de brindar información pertinente sobre política agropecuaria, seguridad alimentaria y cambio climático en 18 países de América Latina y el Caribe.
Las políticas y normas sobre tarifas de agua deben adecuarse a
fin de garantizar la disponibilidad, acceso y el suministro para el consumo
humano y otros usos.
Luego de haberse declarado estado de emergencia en
cuarenta y tres por ciento (43%) del total de distritos existentes en el país,
por causa de las lluvias, huaycos e inundaciones; millones de peruanos sufren actualmente
por el abastecimiento del agua potable.
Esta situación evidenció los graves
problemas que tienen las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS)
y la reguladora (SUNASS), con el Estudio Tarifario que contiene la evaluación
técnica de los planes maestros optimizados (PMO) formulados por las EPS y aprobados por SUNASS, tras la determinación
de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, incluyendo
programas de inversiones aplicables a cada EPS, aterrizando con las tarifas de
agua que finalmente es lo que siente el usuario, porque afecta su economía.
De las causas
El diagnóstico de las causas es similar desde hace un cuarto de siglo atrás en Perú, deficiente gestión de las
EPS e inadecuada regulación haciendo insostenible los servicios, que tiene como
punta del iceberg a las tarifas que deben pagar finalmente los usuarios del agua.
La escasez
del agua dulce en la franja costera ( donde se encuentran dos de cada tres
peruanos), con el mayor usuario del agua
(sector agrícola) que pierde importantes volúmenes de agua al regar por inundación
cultivos inapropiados para la costa, carencia de cultura del reuso de agua ,
uso ineficiente del agua tratada, problemas de operación y mantenimiento en
sistemas vulnerables al cambio climático, completan algunas contribuciones a las causas, con el añadido de la continúa presión ejercida por el crecimiento de las
grandes ciudades demandando mayores servicios de agua
potable.
En este
escenario, la figura del regulador queda distorsionada al atender las solicitaciones del usuario, el
estado y de una exigua presencia del inversionista (en contraste con otros
sectores regulados).
Las tarifas
de agua deben garantizar el costo social del servicio
De las tarifas
SUNASS al soslayar criterios de ingeniería adaptada a ecosistemas locales en la evaluación de cada EPS para la asignación de sus tarifas, terminó distorsionando aún más las fallas de mercado y las variables que intervienen en el proceso de tarificación para determinar el costo del servicio del agua.
El desequilibrio que hace deficiente las corridas del proceso regulatorio, se puede observar en la tarifa actual del agua distribuida por redes en Lima (costo promedio de S/2.81 soles por metro cúbico); que aún aplicando los subsidios cruzados, se termina afectando la economía de las poblaciones de menores recursos. La falta de medidores domiciliarios, es un factor adicional para generar incertidumbres y mayores costos al usuario en épocas de interrupción en el servicio de agua. El precio del agua se incrementa en cinco o seis veces el costo promedio por metro cúbico de agua servido por redes, en poblaciones que acceden al agua (sin calidad asegurada) a través de camiones cisterna, las mayores distancias recorridas por el vehículo influyen en el incremento del costo, así como la escasez prolongada. Existen lagunas de información al respecto en el área rural.
De los indicadores
La ineficaz aplicación de políticas y normas adaptadas a las realidades de ecosistemas locales por parte del regulador SUNASS, no permitió a las EPS ampliar las coberturas con el servicio de agua potable a través de redes a los peruanos sin agua; tampoco incentivar el uso eficiente del recurso y cubrir el costo del servicio a través de las tarifas aprobadas.
Datos duros proporcionados por la actual administración del gobierno central corroboran las precisiones antes mencionadas:
Reducida capacidad de gasto_De los once
mil seiscientos millones de soles asignados para proyectos
de agua y saneamiento en el país en el periodo 2011 al 2016, solo se invirtieron
seis mil seis cientos sesenta y dos millones de soles, lo
que representa un nivel de ejecución de cincuenta y siete por ciento ( 57%).
Deficiencia en calidad de gasto_ Pese a los dieciocho mil millones de soles transferidos por el gobierno central a las EPS en el periodo 2009 al 2014, la calidad de los servicios no mejoró para el
usuario en términos de cobertura,cantidad,calidad,continuidad y costo del agua. En este contexto, nuevamente las tarifas aprobadas por el regulador SUNASS sólo atendieron coyunturas y no sumaron para atender la sostenibilidad del servicio.
Cabe anotar que la penetración de altos niveles de corrupción en la industria de la construcción ligada al sector agua y saneamiento, contribuyeron sustantivamente en la calidad del gasto público en las EPS.
Cadena crítica
El usuario que no tiene un buen servicio, tiene poca disponibilidad a pagar por ese servicio, y por consiguiente reduce los ingresos por facturación de las EPS; al mermar estos ingresos por facturación de las EPS , se reduce el aporte por regulación al regulador SUNASS y en esta secuencia de sucesos dependientes surgen las fluctuaciones estadísticas vistas en los periodos de retorno de las grandes avenidas en la franja costera del país y particularmente en el norte, incidiendo como efecto combinado en los sistemas de producción del servicio de agua para el consumo humano y donde el costo del agua y las tarifas en emergencia deben internalizar el costo social del servicio.
Condición sine qua non para la reconstrucción
Resulta fundamental fortalecer capacidades de los veintiséis consejos de cuencas con igual número de asambleas de usuarios para que emitan opinión respecto a las tarifas agrarias actuales que permiten el uso ineficiente del recurso agua. La ubicación e identificación por parte de la Autoridad Nacional del Agua, de mas de un mil trescientas presas construidas en el país debieran inventariarse en su totalidad y definir la finalidad de uso, priorizando el suministro de agua de fuente superficial para consumo humano.
El uso real,efectivo, beneficioso y sostenible de las aguas subterráneas debieran incorporarse en zonas altamente vulnerables,con especial énfasis donde la napa freática fue sobrexplotada.
En este contexto, las tarifas deben reflejar necesariamente las necesidades que tiene el país para abrir una ventana de oportunidades al reconstruir en breve plazo las instalaciones de las EPS que aprovechando economías escala sean sostenibles en el tiempo. Las tarifas deben ser lo suficientemente atractivas para abrir paso a la inversión privada en el sector agua y saneamiento, de tal modo que los recursos del estado también puedan dirigirse hacia la zona rural, donde poblaciones nucleadas y dispersas en territorio nacional, demandan de los servicios básicos.
